La política peruana está bastante podrida. El pacto corrupto entre Boluarte, el congreso derechista y el poder económico aún se mantiene a pesar del repudio ciudadano. La urgencia del momento es desmontar esa dictadura con elecciones adelantadas, sin dejar de responder a las causas profundas del deterioro de la democracia peruana. Una salida a la crisis actual, siendo una respuesta a la coyuntura, debe tener miras mayores para luego no tropezar nuevamente con la misma piedra.

Una causa conocida de la actual crisis es un sistema político carcomido por corrupción e influencias indebidas y donde el congreso tiene a la presidencia por el cuello. Otra bastante obvia es el desprecio racista de las clases dominantes hacia las mayorías nacionales, bien sazonado con un autoritarismo marcado. Propongo que hay otro elemento adicional, indispensable para entender lo sucedido y pensar alternativas: una estructura y modelo económicos que mantienen la pobreza y desigualdad y favorecen la informalidad.

Hoy son comunes las críticas a las leyes permisivas de la minería informal que se asocian a la violencia extrema en Pataz; se ve mal que varios grupos en el congreso estén promoviendo leyes para favorecer a los colectiveros; es visto como espantoso que salgan leyes favoreciendo la tala ilegal en la amazonia. De acuerdo; se trata de tres muestras claras del deterioro de la política en el Perú. Pero faltan explicaciones al foso de podredumbre en que nos encontramos. Vayamos más allá de Dina Balearte y este congreso que todo el Perú odia. ¿Por qué hay tantos colectiveros, mineros y taladores ilegales, y porqué ellos han reforzado en este periodo sus presiones para obtener leyes especiales a su favor? Esta es una pregunta sustancial porque hay un tema de fondo: siendo cierto que la crisis de hoy se debe principalmente a los malos políticos, no podemos dejar de reconocer que problemas como la corrupción y el irrespeto a la ley están asentados en sentidos comunes y comportamientos generalizados entre los peruanos.

Informalidad, razones y críticas

¿Por qué hay tantos informales? Porque luego de tres décadas de neoliberalismo, leyes especiales para la gran minería y subsidios a los agroexportadores, la pobreza sigue rampante, los salarios no alcanzan para nada y quienes tienen la suerte de conseguir un empleo no pueden organizar un sindicato porque los despiden (como ha sucedido recientemente en Frecuencia Latina). ¿Qué pretenden entonces los que hoy se espantan ante leyes en favor de grupos informales, pero no se inmutan ante esta realidad social? ¿Que esa enorme mayoría de peruanos se resigne en la pobreza extrema mientras reza para que no tenga la mala suerte que una enfermedad crítica afecte a su familia? ¿Qué no luchen con uñas y dientes, como lo hacen hoy, por buscarse un pequeño espacio donde sobrevivir y con suerte alguna opción de mejora para sus familias?

Conviene recordar que la posición de la derecha neoliberal frente a esas leyes pro-informalidad ha sido completamente hipócrita. La Confiep y sus escribidores se indignan contra los colectiveros y la minería informal, pero defienden a capa y espada que quienes ilegalmente se han traído abajo bosques amazónicos ahora queden libres de polvo y paja y puedan volverlo a hacer. Es mucha casualidad que tras la deforestación haya grandes conglomerados como el grupo Romero y la trasnacional tramposa Ocho Sur. La derecha neoliberal también suele quejarse de las contribuciones que deben hacer los empleadores, que dicen incentiva la informalidad. Pero cuando se desfinancia Essalud para regalar millones a las agroexportadoras, agravando así las colas y desabastecimiento que sufren los asegurados, eso no importa. Tampoco les llama la atención que las AFPs cobren comisiones abusivamente altas, por el contrario, las defienden argumentando una supuesta preocupación por los adultos mayores (los del futuro, porque las ínfimas pensiones de hoy les tienen sin cuidado). Lo cierto es que, por más intentos de ocultamiento que hagan, su hipocresía les sale por todos los poros, casi como si llevaran un Rolex o un Cartier (que a la ultraderecha les parecen pequeños detalles irrelevantes). Con su práctica y su discurso han develado que su crítica no es a los desastrosos efectos ambientales y sociales de muchos informales e ilegales, solo es un argumento a medida de los intereses de las grandes empresas.

Crisis política, pobreza y desigualdad

Lamentablemente, esa actitud de quienes dominan nuestro país ha ido generando a lo largo del tiempo una reacción negativa en muchos peruanos: “de qué me hablan de cuidar el ambiente y respetar la ley, si viene la gran empresa minera, la trasnacional con ventajas o el tramposo norteamericano que saca madera sin permiso y no pasa nada”. Por eso el tremendo avance de la anomia social y la falta de respeto a la ley, con las motos de delivery pasándose la luz roja sin ningún problema y colectiveros con decenas de multas circulando. El mal ejemplo se contagia, en especial el de quienes ejercen un rol de mando.

La pobreza por un lado y la actitud ventajista de los dueños del Perú por el otro, son esenciales para entender la crisis política actual. ¿Cómo si no podemos explicar las reacciones de quienes sienten amenazado ese terrenito al que migraron en la selva, esa forma de sostenerse circulando su carrito viejo, esa única posibilidad de juntar algo que les permita pagar la universidad de sus hijos y sostenerse en su vejez? ¿Acaso debieran quedarse inmóviles mientras siguen otros dos siglos de oprobio, y para lograrlo su sumisión aplicar sentencias como la sufrida por Jean Valjean al inicio de Los Miserables?

El pueblo peruano ha estado buscando alternativas, de manera colectiva y de manera individual.  Ha votado buscando cambios para ser traicionados una y otra vez las últimas dos décadas. Hubo decenas de miles protestantes entre diciembre 2022 y enero 2023, cientos fueron abaleados, muertos y heridos, y con esa sangre se afianzó el poder de quienes siempre dominaron el Perú y que habían perdido las elecciones. Este año se han retomado movilizaciones contra la privatización del agua, en defensa de los derechos de las mujeres, de comunidades frente a la minería y contra la corrupción.  

Pero muchos peruanos y peruanas hoy se concentran en sus propias economías. El 2022 la pobreza en Lima era 27 por ciento, casi el doble que en 2019, y aunque no tenemos los datos del 2023 es obvio que ese indicador ha vuelto a subir dada la recesión de la construcción y la industria que cayeron en 8 por ciento. Las proyecciones para este año es que esos dos sectores claves para el empleo urbano terminarán todavía 5 por ciento por debajo del nivel que lograron el 2021: la calle sigue muy dura. Los peruanos priorizan su economía individual porque necesitan subsistir y les han cerrado todas las demás puertas. Algunos se van del país y, sí, otros buscan opciones en el transporte informal, la tala ilegal, la pequeña minería y hasta en la delincuencia. Esa respuesta social a la crisis agrava los problemas del orden necesario para un progreso nacional. Pero responder a esta situación exige algo más que simplemente clamar porque se les cierren más las puertas de la sobrevivencia y la esperanza a amplios sectores nacionales. Se necesita abrirles opciones. Sobre las estrategias y medidas necesarias para lograrlo volveremos la próxima semana.

Las mujeres, en todo el mundo y en el Perú, ahora tienen menos hijos que antes y cada vez más es más común que no tienen ninguno. Es un cambio tremendo en un asunto básico para la sociedad humana, del que se habla poco. Se trata de una buena noticia, de esas que necesitamos y no vienen mucho: significa menos presión sobre un planeta recalentado y con biodiversidad en declive. Además, nuevos estudios económicos muestran que eso puede ser positivo para el crecimiento. La disminución de la natalidad es al mismo tiempo resultado del empoderamiento femenino y un factor que lo refuerza, así que todo indica será una tendencia que se mantendrá por varias décadas.

Entre 1950 y 2021, en el mundo entero la tasa global de fecundidad se redujo de 4,8 a 2,2 hijos por mujer en edad fértil. Ha caído en todos los países (¡todos!) durante los últimos setenta años. En Corea del Sur ahora la tasa es 0,8 y sigue cayendo. En Perú hace cuatro décadas esa tasa era 4,3 y ahora es 1,9 (último dato disponible correspondiente al 2022), cuando para que la población se mantenga en el largo plazo la tasa debe ser de 2,1. China ya está debajo de eso. En Estados Unidos la tasa de fecundidad es de 1,66, en Europa 1,5 y en España e Italia 1,3 hijos por mujer. Nuevos cálculos y proyecciones mundiales – publicados recientemente en la prestigiosa revista de salud pública The Lancet – muestran que la tendencia futura en el Perú y el mundo es a una mayor reducción.

BUENA NOTICIA

Es una muy buena noticia para el planeta. El planeta está ardiendo, ya llegamos a la barrera de 1,5 grados de calentamiento global el año pasado, y ese nivel es el que era el tope para evitar daños irreversibles según el Panel Internacional de científicos. Pero la humanidad ya pasó ese límite y ya es seguro que el calentamiento va a seguir los próximos años. Evitar daños mayores requiere una transición energética global y un consumo menos nocivo, actuando frente a los super ricos del mundo que emiten un millón de veces más gases de efecto invernadero que el 90% de menores ingresos. Pero cambiar las estructuras económicas y la desigualdad enfrenta muchas resistencias de los poderosos y la situación política no está ayudando, e incluso puede agravarse mucho si Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos este noviembre. El que la población mundial crezca más lentamente – el pico se alcanzaría aun en unos 25 años – y luego decrezca será de gran ayuda para que la quema de petróleo y el consumo desenfrenado vayan más lento.

Que haya menos nacimientos también es buena noticia para el Perú. Muchos peruanos no encuentran trabajo y sólo en la primera mitad del año pasado 400 mil peruanos se fueron al exterior buscando mejores perspectivas. La recesión de Dina los botó de su patria, pero la crisis de la economía peruana no es solamente de corto plazo y dar trabajo a los millones que lo requieren es un gran reto. Demasiados peruanos que no encuentran un trabajo digno buscan sobrevivir en el Perú como sea, incluso deforestando nuevas áreas en la amazonia, agravando los problemas ambientales. Y no es sólo un tema de trabajo: los hospitales desbordan de pacientes, Lima y las grandes ciudades sufren un tránsito espantoso con alta contaminación producida por tanto vehículo incontrolado, millones no tienen siquiera agua potable mientras los cerros de Lima se llenan de viviendas a las que será mucho más difícil y costoso abastecer del líquido elemento por la altura de su cota. A pesar de la menor fecundidad actual la cantidad de peruanos seguirá aumentando durante un par de décadas debido a la acumulación poblacional previa, y podríamos ser unos 6 a 7 millones adicionales — pero si es un poco menos, eso ayudaría a mejorar las condiciones de vida y reducir la pobreza. Las niños y niños también ganan con este cambio. En familias más pequeñas las madres y padres puedan dedicar más tiempo de cuidado a cada uno de los hijos, que las aulas escolares sean de menor tamaño y cada estudiante reciba mejor atención, que haya menos colas para llegar a una atención de salud. No se trata, por supuesto, de obligar a nadie sobre temas tan personales y yo me siento muy feliz de tener tres hijas maravillosas. Pero es bueno conocer el sentido de este cambio tan profundo que vivimos.

Desde grupos conservadores se ha afirmado que si la población deja de aumentar la economía entraría en crisis. La historia reciente de Japón y Corea del Sur han desmentido esa afirmación. Corea del Sur tiene ahora un PBI per capita casi 5 veces el de Perú y su economía ha seguido creciendo a pesar de que ya su fecundidad es la menor del mundo y su población se está reduciendo año tras año. La población de Japón viene disminuyendo hace más de 15 años y su PBI per capita ha crecido 30 por ciento en este lapso. Para avanzar económicamente el asunto no es ser más personas en un país, si no tener mayor productividad y eso requiere progreso tecnológico y un estado capaz con base social. Pero si nuestro estado no puede ni dar salud básica ni agua potable a su población ¿qué respaldo puede pretender que le otorguen sus ciudadanos?

¿PORQUÉ?

En Perú la caída de la fecundidad es un fenómeno generalizado, aunque algunos grupos estén atrás de otros: en las ciudades el promedio es de 1,7 hijos por mujer y en la costa 1,7, pero también se ha reducido fuertemente en las zonas rurales y en la sierra. La razón más de fondo de este cambio, en el Perú y en el mundo, es que la fuerte carga que significa criar hijos recae mayoritariamente sobre las mujeres mientras muchos hombres asumen poca responsabilidad al respecto. Además, en el sistema económico en el que vivimos, cuando una mujer tiene un hijo sus ingresos caen enormemente. Se han acumulado las investigaciones en diversos países demostrando que, tras tener un hijo, en el año siguiente los sueldos de las mujeres caen hasta 50% y se mantienen bajos por 10 años más en un tercio. Frente a tanta injusticia y a pesar de todas las trabas que se les siguen poniendo a su derecho a decidir, las mujeres cada vez más buscan su desarrollo, autonomía y felicidad, dedicándose a su educación y trabajo.

En diversos países del mundo, y también en el Perú, una corriente ideológica y política de ultra-derecha, quiere volver el reloj atrás en cuando a empoderamiento femenino. Son los que hablan de una supuesta “ideología de género” y bajo la falsa bandera de “Con mis hijos no te metas” quieren regresar a las mujeres a la cocina. Aunque el feminismo les da dura pelea, en nuestro país han logrado socavar la educación sexual en los colegios. Felizmente, con sus decisiones reproductivas las mujeres están ganando otras victorias. Al hacerlo están cambiando el mundo para bien. No solo ganan ellas, gana la humanidad entera.

SORPRESA DEL FMI AL PERÚ

La economía peruana está en muy mal estado, por más que haya ministros, autoridades y bancos soltando “pastillitas para elevar la moral”.  Pero eso no es novedad. Tampoco es noticia que los medios concentrados estén haciendo todas las morisquetas posibles para sostener el gobierno, dar más poder a los conglomerados financiero, privatizar el agua potable y hacer una reforma de pensiones favorable a las AFPs.  La sorpresa económica de la semana es, en realidad, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) se distancie claramente de varias de las letanías que recitan repetidamente esos amigos de la Confiep.

Sorprende porque, como es sabido, si de algo no puede acusarse al FMI es de ser izquierdista, centrista o ‘caviar’; es un organismo dominado por los Estados Unidos y Europa occidental que fue clave en la imposición del neoliberalismo en muchos países subdesarrollados en los años 90 y siguió en esa línea en las siguientes décadas. Pero, al menos a veces, sus técnicos tienen pensamiento propio y miran la realidad sin conflictos de interés tan directos como los asesores de grandes empresas que salen a los medios fungiendo de analistas independientes.

Empecemos por las perspectivas para el año: el MEF y el BCR insisten en que este año podríamos crecer 3 por ciento. El FMI proyecta un crecimiento de la economía peruana de apenas 2.5% por ciento. La diferencia no es poca; son 5 mil millones de soles menos de producción en el Perú. Sustenta esta proyección el FMI en que “solo se prevé una recuperación moderada del consumo y la inversión privada, puesto que la incertidumbre política continúa minando la confianza de los consumidores y las empresas”. Y eso que la misión del FMI visitó al Perú antes del escándalo de los Rolex y las penosas y evasivas respuestas de Boluarte y sus escuderos ministros.

El FMI también tiene una postura crítica frente a la política del nuevo ministro de economía, que es la austeridad fiscal. En una línea del FMI: “Mejorar la orientación de la política fiscal también podría afianzar su credibilidad”. El asunto es que mientras la ley dice que el tope de déficit fiscal este año es 2.0 por ciento del PBI, el déficit hoy está en 3.0 por ciento. Esta diferencia significa la friolera de 10 mil millones de soles. La razón principal del déficit es la baja y reducida recaudación tributaria en el Perú, que hoy es apenas 15,2% del PBI, mientras el promedio de los seis países grandes de Latinoamérica (entre los que nos encontramos) es de 28,5% del PBI y el de la OCDE es 34,1%. Lo más grave es que ya estábamos casi a la cola en cuanto a ingresos fiscales a nivel internacional y ahora estamos con dos puntos del PBI menos que hace un año, con la recaudación perforada por un tribunal constitucional que regaló 12 mil millones de soles a las grandes empresas y dio el mensaje a estas corporaciones que más les conviene no pagar y estafar al fisco que cumplir con el país.  A ello, este congreso le ha sumado otro “regalito” a los grandes exportadores de unos 2 mil millones de soles anuales por cinco años, que se recarga sobre los asegurados a EsSalud que tendrá todo este dinero de menos para comprar medicinas y equipos y contratar médicos que faltan a gritos. Ojo, el problema de este gran déficit no es el gasto público, que el año pasado se redujo en 1,1 por ciento del PBI, son los bajos ingresos.

Es evidente entonces que, si nuestro presupuesto en salud, educación y carreteras es bajísimo, y el gasto público va cayendo porque el pago de impuestos de las grandes corporaciones y mineras se ha reducido, la solución debe ir por recuperar esos ingresos tributarios. Pero no. El gobierno va en dirección contraria y lo que quiere es cortar el gasto y la inversión pública. Por si acaso, aunque el gobierno habla de un posible “impuesto Netflix, eso solo daría unos 150 a 200 millones de soles anuales frente a un hueco de 10,000 millones. Y no han dicho ni una palabra frente a las granjerías y beneficios regalados el año pasado, y por muchos años más, a los grandes empresarios. La prioridad del MEF está puesta en una política de “austeridad fiscal”, que se promulgó hace poco mediante un Decreto de Urgencia, contra lo que apenas hace pocos meses había aprobado el congreso, a solicitud de Dina Boluarte, en la ley de presupuesto 2024.

EL FMI PROPONE REFORMAS TRIBUTARIAS

¿Y qué opina el FMI de la política del MEF de reducir el déficit sólo mediante el recorte del gasto? Cita textual: “Sería preferible que la consolidación prevista tuviera una composición más equilibrada, habida cuenta de la relativa baja recaudación fiscal en Perú. Para incrementar los ingresos, las autoridades podrían considerar ampliar la tributación de la economía digital; armonizar las tasas de impuesto sobre la renta del capital y el trabajo; y reducir los beneficios tributarios sectoriales, los regímenes especiales y otros gastos tributarios”. Desmenucemos y traduzcamos del ´economés´ al español. Por “reducir os beneficios tributarios sectoriales” se refiere precisamente e medidas tales como el regalo recién aprobado a los agroexportadores, entre los que se cuenta notoriamente, como se sabe, el ex-secretario general de Fuerza popular y ex-ministro de agricultura de Fujimori, el señor José Chlimper.

Clave es, en las propuestas del FMI; la de “armonizar las tasas de impuesto sobre la renta del capital y el trabajo”. Bajo esta terminología, el FMI resalta esta gran inequidad: mientras de nuestros ingresos por trabajo estamos obligados a pagarle al fisco hasta 30 por ciento, para los privilegiados que pueden ganar millones alquilando decenas oficinas, locales comerciales o departamentos, o que obtienen ganancias de cientos de millones por vender acciones, solo se les exige pagar 5 por ciento.  Empezar a corregir esta inequidad fue una de las medidas claves incluida en la propuesta de reforma tributaria que hicimos el 2021 y que el congreso rechazó, junto a la de elevar las contribuciones de la gran minería que sigue teniendo ganancias extraordinarias y puede pagar sin que perdamos competitividad frente a otros países en esa actividad (como lo estableció en su momento un informe del propio FMI).

Por el lado del gasto, el FMI resalta algo que está fuera del radar de este gobierno y sus autoridades económicas: “el gasto en cuestiones relacionadas con el clima continúa siendo escaso, en los planes presupuestarios no se tienen debidamente en cuenta los costos de medidas fundamentales para la adaptación, y se debe mejorar la planificación territorial. Ampliar las inversiones en adaptación y resiliencia ante el cambio climático permitiría generar importantes aumentos del producto potencial y ahorros fiscales a largo plazo”. En cuanto los topes de déficit, “postergar un año la consolidación fiscal (con una meta para 2024 de 2,5% en lugar de 2,0%) podría ayudar a la recuperación del crecimiento y a reducir el riesgo de un nuevo incumplimiento de la meta”. En esencia, el FMI propone no poner el énfasis en la austeridad fiscal y poner más balas en apoyar el crecimiento.

LA AUSTERIDAD Y LOS TONTOS ÚTILES

Termino analizando el plan de austeridad del gobierno. Las medidas anunciadas no llegan ni cerca a los 10,000 millones necesarios para cortar hasta el tipo fiscal. Más allá de las medidas demagógicas de siempre, lo principal es su zarpazo para desfinanciar a las empresas públicas quitándoles 1,400 millones de soles de utilidades que ellas lograron generar y que debieran servir a su capitalización. Repiten lo hecho el año pasado de quitarle 1,000 millones al Banco de la Nación, cortándole cualquier posibilidad de que se le meta competencia a los bancos privados.

Por otro lado, el mismo gobierno que le jala la alfombra a aquellas empresas públicas que sí han tenido buenos resultados, le abre la chequera por 1,400 millones de soles a Rafael López-Aliaga. Así, las cifras de la austeridad no cuadran. Para forzar el ajuste, en nuestra historia siempre se ha recurrido a la inversión pública descentralizada. Los gobernadores regionales que han salido a apoyar a Dina Boluarte estos días pensando que así “se ganan alguito”, se darán cuenta muy pronto que, como no tienen os votos de Renovación Popular en el parlamento, para ellos no habrá chequera abierta sino cierre del caño presupuestal. Solo han sido tontos útiles de la actuación de Boluarte y López-Aliaga.

Pontificia Universidad Católica del Perú[KK2] [UdW3] 

Publicado en Observatorio del Financiamiento para el desarrollo Nota Técnica 6, Universidad Central del Ecuador https://www.observatoriofinanciero.org/wp-content/uploads/2024/03/Nota-Tecnica-No6.pdf

Resumen: El pobre desempeño de las economías latinoamericanas, y en especial del Perú, los últimos años, nos regresa a la necesidad de analizar el financiamiento para el desarrollo interno. Este breve informe busca presentar los cambios que, durante y después de la pandemia, han tenido las instituciones y mecanismos de financiamiento púbico al desarrollo en el Perú. Repasamos brevemente la historia previa, la respuesta a la pandemia y su transformación posterior. Se discute la fuerte respuesta de financiamiento público a la crisis económica de la pandemia, como los mecanismos adoptados no facilitaron una modernización institucional y las condiciones políticas posteriores han llevado a su rápido retorno a la situación anterior con escasa presencia de políticas públicas y predominio de una banca privada altamente concentrada.

Palabras clave: financiamiento, programa Reactiva, pandemia, Perú

1. Banca pública en Perú antes de la pandemia

Un excelente balance analítico de este tema es el de Dancourt y Jiménez (2017). Lo resumo brevemente. Luego de un par de décadas de estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, con un ingreso del Estado como ente promotor y planificador del desarrollo, “a principios de los 80, los créditos de las entidades financieras estatales, que ejercían las funciones de banca de desarrollo, llegaron a representar 15% del PIB.” (2017).  La década de los 80s fue de crisis de deuda, hiperinflación y recesión. Entre 1990 y 1993 se aplicaron las muy radicales reformas estructurales neoliberales de la dictadura de Alberto Fujimori, incluyendo una amplia privatización y liquidación de varios de los bancos de fomento entonces existentes. Así, el crédito de las entidades financieras estatales se redujo a 3% del PIB en 1993; desde esa fecha tuvo algunas subidas y bajadas, pero al 2015 seguía debajo de 4% del PBI, frente a 35% del PBI prestado por la banca privada.

Para Dancourt y Jiménez, “En la economía peruana actual, las principales fallas de mercado del sistema financiero están aún relacionadas al financiamiento de largo plazo, al financiamiento agrícola y al financiamiento de las pequeñas empresas”, incluyendo además “las relacionadas al financiamiento de la necesaria diversificación productiva de la economía o de la mitigación del cambio climático”. Se añade a esto que el mercado financiero está dominado por un oligopolio, con cuatro bancos concentrando más del 80% del crédito, sosteniendo spreads elevados y con altas rentabilidades sobre el patrimonio (a niveles del 20% anual de manera sostenida). La escasa presencia del Estado en el mercado financiero favorece ese dominio oligopólico en el sector bancario.

• La pandemia y el programa Reactiva

Para enfrentar el duro golpe a la economía de la pandemia, el Estado peruano tomó medidas extraordinarias que implicaron un cambio profundo en su participación en el crédito a las empresas, que merece resaltarse en el análisis por su gran magnitud respecto a la historia previa.

La pandemia fue extraordinariamente fuerte en el Perú; la mortalidad producto de la pandemia, medida como “exceso de muertes” – la diferencia entre las muertes estimadas y las muertes esperadas llega en el Perú a 873 por cada cien mil habitantes de manera acumulada durante 2020-2021, la cifra mayor en la comparación de 194 países realizada por la OMS (Msemburi et al., 2023). Sólo a partir de las campañas de vacunación aplicadas en el 2021, y con cobertura amplia desde el segundo semestre de ese año, la mortalidad debida a la pandemia fue controlada. El PBI peruano cayó en 11% durante el 2021, primer año de la pandemia, con distintos niveles de afectación y tiempos de recuperación entre las actividades económicas. Por ejemplo, el sector agropecuario y la pesca lograron sostener permanentemente niveles de producción superiores a los niveles registrados previos a la pandemia; sectores como comercio, minería e hidrocarburos, y servicios mantienen niveles de PBI por debajo de lo registrado el 2019 durante los dos años 2020 y 2021; mientras los sectores de construcción, electricidad y agua, y manufactura pasan de caídas en el PBI durante el 2020 a superar los niveles de PBI pre-pandemia durante el 2021.

El 2021 sin embargo fue de rápida recuperación, gracias a las políticas monetarias y fiscales expansivas. Durante 2020, en comparación a la región, Perú es uno de los países con mayor caída de PBI, y, a pesar de eso, tiene una recuperación rápida en el 2021. Si agrupamos a los países según el resultado de la variación del PBI al 2021, tenemos tres grupos: países con niveles de PBI desde que se inició la pandemia por debajo de los niveles de 2019 (Argentina y Bolivia), países que en el 2021 produjeron un poco más que el 2019 (Brasil y Perú), y países con crecimiento moderado al 2021 (Chile y Colombia)^[2]. El PBI del Perú en el 2021 llegó a ser 0.9% superior al del 2021.

Gráfico 1: Comparativo del PBI regional, 2020-2021 (variación respecto de 2019 %)

Nota: Variación anual calculada en términos de moneda local constante

Fuente: World Bank – Data Bank

Elaboración: Propia

En el contexto de choque externo de la pandemia sobre la actividad económica local e internacional, la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú – BCRP desde el inicio de la pandemia hasta julio de 2021 fue fuertemente expansiva, con  “reducción del costo de financiamiento, provisión de liquidez al sistema financiero y la disminución de la volatilidad de las tasas de interés de largo plazo y del tiempo de cambio” (Banco Central de Reserva del Perú, 2021, p. 101). La tasa de interés de referencia del Banco Central se rebaja 2 puntos porcentuales rápidamente hasta un mínimo histórico de 0.25% en el contexto de estímulo a la economía.

En el contexto del  periodo de política monetaria expansiva del BCRP, el Gobierno lanzó el Programa de Garantía del Gobierno Nacional para la Continuidad en la Cadena de Pagos “Reactiva Perú”^[3], el cual buscaba asegurar la continuidad de la cadena de pagos durante la pandemia (Banco Central de Reserva del Perú, 2021) y contribuyó a transmitir la reducción en la tasa de interés de la política monetaria al sistema financiero (Montoro, 2020, p. 3).

Las características del programa Reactiva se pueden resumir (Montoro 2020) de la siguiente manera: (i) ser un programa de garantía estatal masivo; (ii) determinar de forma simple de las necesidades de financiamiento de cada empresa según sus obligaciones tributarias; (iii) reducir la incertidumbre al absorber riesgo (el Gobierno garantizaba entre el 80% a 98%); (iv) alentar el buen comportamiento al incluir criterios ligados a buen contribuyente y deudor previo a la pandemia; y, (iv) brindar condiciones favorables a las empresas (liquidez a largo plazo, mecanismos de subasta competitivas para dar tasas de interés bajas y periodos largos de financiamiento). El programa Reactiva le brindó estabilidad al sistema financiero y aseguró salvaguardar la cadena de pagos. Por ejemplo, a setiembre de 2020, el programa permitió a las entidades financieras expandir el crédito (+14% en septiembre de 2020), fortalecer su posición patrimonial (redujo la probabilidad de no pago) e incrementar la liquidez de las entidades participantes (Nivín et al., 2020, p. 5).

Junto a Reactiva hubo medidas complementarias para facilitar liquidez y crédito. Considerando el total de las operaciones de inyección de liquidez del BCRP en el contexto de la pandemia, estas llegaron al 9.4% del PBI al 31 de enero de 2021, mientras que al 12 de diciembre de 2022 representaban el 4.6% del PBI (Banco Central de Reserva del Perú, 2022b, p. 90) . 

Gráfico 2: Saldo de operaciones de REPO del BCRP durante los primeros años de la pandemia (en millones de soles)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Reportes de inflación 2020/2022

Elaboración: Propia

Con ese apoyo, los créditos de las empresas bancarias al sector privado en moneda nacional durante el periodo 2020-2021 alcanzaron un gran crecimiento, con un pico durante el periodo de lanzamiento del programa Reactiva Perú.

Gráfico 3: Evolución del crédito de las empresas bancarias al sector privado

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Series Estadísticas.

Elaboración: Propia

El programa Reactiva^[4], en sus fases 1 y 2, parece haber sido una de las principales herramientas para inyectar liquidez a las empresas, dar apoyo a su solidez patrimonial y promover una rápida reactivación.

El programa Reactiva Perú operó en el marco de una política monetaria expansiva; el BCRP baja rápidamente (entre el 19 de marzo y el 9 de abril 2020) su tasa de interés de referencia de 2.25% a 0.25%, lo que es complementado por el programa Reactiva y otras medidas de inyección de liquidez, reducción de encajes y expansión monetaria. A lo largo del 2020 el BCRP inyectó liquidez por S/ 64.8 mil millones (9.1 por ciento del PBI), de los cuales la mayor proporción están constituidos por S/ 50.7 mil millones de Reactiva y programas con garantía del Gobierno Nacional^[5]. El BCRP (2022a, p. 103) resalta que “el saldo total alcanzado de operaciones de inyección de liquidez (S/ 64,8 mil millones) es 8 veces superior al máximo saldo de estas operaciones alcanzado durante la crisis financiera internacional de 2008-2009 (S/ 7.9 mil millones)”. Como resultado de estas medidas, al 15 de septiembre las tasas de interés en soles cayeron fuertemente, en promedio en 10 puntos porcentuales (Banco Central de Reserva del Perú, 2020a) mientras el crédito a empresas privadas en el 2020 aumentó en 22%.

Reactiva Perú fue un programa de crédito con garantía fiscal y fondos provistos por el BCRP, siendo COFIDE el operador financiero público que administra las garantías fiscales y el sistema financiero privado (incluyendo bancos, financieras y cajas, aunque no cooperativas de ahorro y crédito) quien canaliza los créditos. El esquema de Reactiva consistió en entregar fondos prestables a las empresas del sistema financiero bajo un esquema de subasta que asigna los fondos a quienes ofrecieron cobrar menor tasa de interés a sus clientes. Otorgaba garantías según se señala en el siguiente cuadro, siendo el máximo posible de un préstamo el de 10 millones de soles:

Tabla 1

Nivel de cobertura de garantías de Reactiva Perú según crédito por fase

Créditos por empresa (en soles)	Garantías (%)
Fase 1	Fase 2
Hasta 30,000	Hasta 90,000	98%
De 30,001 a 300,000	De 90,001 a 750,000	95%
De 300,001 a 5,000,000	De 750,001 a 7 500,000	90%
De 5,000,001 a 10,000,000	De 7,500,001 a 10,000,000	80%

Fuente: Elaboración propia en base a normativa de Reactiva Perú.

Los créditos de Reactiva no podían ser usados para pagar otros créditos, las empresas no debían tener cobranza coactiva de SUNAT (administración tributaria peruana) por más de 1 UIT y no podían tener clasificación de riesgo alto por la SBS (solo las clasificadas como “normal” o “con problemas potenciales”), ni estar en la Ley 30737 para empresas corruptas. Los préstamos se otorgaban hasta por 36 meses con gracia de hasta 1 año de principal e intereses.

En total en cinco meses Reactiva Perú otorgó 55 mil millones de crédito (de los 60 mil millones u 8.4 % del PBI) facilitados por el Estado y con una tasa de interés promedio muy baja, menor al 1.5% anual promedio. La amplitud y rapidez del programa son sin duda factores destacables. Las subastas comenzaron el 23 de abril del 2020 para la primera fase de hasta 30 mil millones de soles; la segunda fase de otros 30 mil millones bajo condiciones que facilitaron mayores préstamos a PYMES empezaron el 30 de junio de 2020 y a inicios de agosto ya se habían entregado 52 mil millones de soles. La cantidad de fondos otorgados  en Perú (7.9% del PBI) es muy superior a la de otros países como México (4.2% del PBI), Brasil (0.9% del PBI) o Colombia (0.8% del PBI)(datos al 15/09/2020 Banco Central de Reserva del Perú, 2020a), y el que no se hubieran llegado a colocar todos los fondos indica que los montos asignados fueron suficientes aunque sectores como PYMES, agro y turismo requirieron programas específicos por sus particularidades productivas, de demanda y de vinculación al sistema financiero.

Dada su magnitud e impacto, constituyéndose en la mayor medida de financiamiento público en Perú de las últimas décadas, merece detenerse en un par de discusiones al respecto. Estas tienen como tópico central la existencia de un trade-off o intercambio entre la rapidez necesaria que debía tener el programa por un lado, mientras por otro lado estaba el objetivo de establecer las condiciones más adecuadas para reducir malos préstamos, llegar a las PYMES y asegurar el empleo digno.

¿Debió otorgarse una garantía de 100% para facilitar que los bancos prestaran los fondos?

Apenas aprobado el programa Reactiva, hubo una discusión pública sobre el porcentaje de garantías; los ex-ministros de economía Alonso Segura y David Tuesta consideraron que la garantía estatal debía haber sido del 100% para acelerar el desembolso de los fondos, mientras que el ex-ministro Alfredo Thorne estuvo a favor del esquema aprobado (diario El Comercio, 14 de abril de 2020). Por otro lado, para Segura:

 Hay una concepción distinta. El BCRP propuso un programa de liquidez que cubra sobre todo a empresas pequeñas con garantías al 100%. Se priorizaba la rapidez en el desembolso y la mayor cobertura posible para evitar quiebras. Pero se bajó la cobertura al 98%, [con lo que] se genera exposición de capital a las financieras, se demora porque tendrán que ver las operaciones con mayor detalle y hasta se reduciría la cobertura. Se tiene una carrera contra el reloj, pero parece que no se dan cuenta de la urgencia de quienes necesitan esto.

Sin embargo, el problema de garantizar el 100%, como está establecido en la literatura sobre el tema del crédito, es que eso implicaría un problema de riesgo moral: los bancos no tendrían absolutamente nada en juego de aprobar un mal crédito, lo que incentiva el préstamo incluso a quien no podrá pagarlo o tiene pésimo historial previo, que fue lo argumentado por el Ministerio de Economía y Finanzas en ese momento (diario El Comercio, 14 de abril de 2020).

En resumen, la discusión giró en torno a la necesaria rapidez con la que debían entregarse los créditos, lo que efectivamente era un asunto muy importante, versus el problema de riesgo moral bancario. El resultado de haberse entregado 55 mil millones de soles, casi 8% del PBI, en créditos en cinco meses, indica que las garantías del 98% al 90% no fueron un freno que demorara o redujera la cobertura en el otorgamiento de los créditos de manera significativa.

Es difícil establecer el contrafactual y saber si, ante unas garantías del 100%, los problemas de riesgo moral se habrían agravado. Sabemos, eso sí, que el programa parece haber sido efectivo en evitar que la banca enfrente problemas de riesgo sistémico (a lo cual también contribuyeron la rebaja de tasas de referencia, la reducción de encajes y medidas especiales para poder dar apoyo de emergencia a su liquidez y fortalecimiento patrimonial en caso necesario). El resultado ha sido que la banca ha mantenido buenas utilidades, “S/ 10,947 millones a agosto 2022 […] La utilidad neta también se encuentra por encima de lo generado antes de la pandemia (S/ 10,339 millones a febrero 2020) […] El ROEA [rentabilidad anualizada sobre patrimonio] se situó en 14.5% a agosto 2022”  (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2022, p. 23) una tasa bastante halagüeña. El que la banca haya asumido un pequeño riesgo, de entre 2% y 20% en el programa Reactiva, no parece haberle generado un problema de rentabilidad.

¿Se pudo y debió poner mejores medidas para ampliar el alcance a las PYMES?

En la fase 1 de Reactiva, de los 30,000 millones colocados, solo el 3-9% fue a créditos orientados a las PYMES con garantía de 98%, mientras 29.1% fue para créditos a corporaciones con garantía del 80% y 46,7% a grandes empresas con garantía del 90% (Banco Central de Reserva del Perú, 2020a). Como se puede ver, esta distribución inicial estuvo sesgada hacia un sector empresarial de gran tamaño. Frente a ello, la fase 2 de Reactiva tuvo otros resultados, en parte debido a que ya se había satisfecho buena parte de la demanda de corporaciones y grandes empresas y también debido a que se establecieron mejores condiciones de acceso a las PYMES. En esta segunda fase de Reactiva un 23% fue para créditos muy pequeños con garantía de 98% y solo 3% para créditos corporativos dirigidos a las más grandes empresas. Con esta mejor cobertura de la fase 2 de Reactiva, el crédito total del programa Reactiva sumando sus fases 1 y 2 tuvo finalmente un sesgo hacia las grandes empresas pero de menor magnitud: según BCRP (2020b, p. 108), el 49% de Reactiva fue a grandes empresas, mientras a las PYMES llegó el 43%. Las tasas de interés, muy inferiores a las previamente cobradas, eran de 1.1% anual para grandes empresas con garantía del 80% y 2.6% para PYMES, lo que se relacionaría al mayor costo operativo de otorgar pequeños préstamos.

En la fase 1, la regla para favorecer a las pymes era la siguiente:

se otorga la garantía del Gobierno Nacional, de acuerdo a un porcentaje (entre 98 y 80 por ciento), el cual varía de manera decreciente al monto del préstamo. Así, para los préstamos de menor tamaño, los cuales se encuentran también asociados a las empresas más pequeñas, el porcentaje de garantía es mayor. [Además] se determinó un monto de préstamo máximo de S/ 10 millones, por lo que las empresas más grandes tienen un menor acceso relativo (Banco Central de Reserva del Perú, 2020a).

Dados los resultados, eso no parece haber sido suficiente. En la fase 2, las nuevas condiciones para favorecer a las PYMES habrían sido las siguientes:

el monto de los préstamos se encuentra relacionado a las necesidades de capital de trabajo. Dicho monto se determinó en una primera etapa según las contribuciones a EsSalud[KK4] [6] (3 meses) o las ventas declaradas a la SUNAT[7] (1 mes) del año 2019 […)]. En una segunda etapa del programa el monto fue ampliado a 3 meses de ventas declaradas, o para el caso de microempresas a 2 veces el saldo promedio de deuda de 2019. […] Estos cambios en la determinación del monto de préstamo favorecieron principalmente a las empresas más pequeñas, las cuales pudieron acceder a un monto de préstamo mayor de acuerdo a su historial crediticio” (BCRP, 2020a).

Como resultado de las diversas medidas tomadas en la política monetaria y crediticia, al 15 de septiembre las tasas de interés en soles cayeron 24 puntos porcentuales para las microempresas, 13 pp para las pequeñas y casi 1 pp para el crédito corporativo (Banco Central de Reserva del Perú, 2020a). En cuanto al monto de crédito a empresas privadas, para las grandes éste creció en 8%, a las medianas en 51% y a las PYMES en 24%; el año anterior 2019 pre-pandemia crecieron 4%, 1% y 8% respectivamente. Resalta el crecimiento del crédito a las PYMES, que pasó de crecer 8% (el microcrédito tuvo una buena dinámica los quinquenios anteriores) a un muy fuerte 24%, y a las medianas, más aún.

Como hemos visto, Reactiva 2 llegó mucho más a las PYMES. Hay que recordar, además, que aunque el gobierno había establecido hasta 60 mil millones de créditos para el programa, sólo se colocaron 55 mil millones; en otras palabras, si hubo PYMES a las que no se llegó no fue por falta de fondos públicos con garantía si no porque a la banca privada evaluó que no le convenía incurrir en gastos y/o riesgos adicionales para llegar a nuevos sectores. En efecto, sólo 6% de los créditos Reactiva fueron a empresas que no habían tenido antes créditos en el sistema financiero. Para quienes no habían tenido experiencias de préstamos bancarios previos, el acceso a Reactiva fue limitado y no se dieron mecanismos especiales (tales como incluir a las cooperativas de ahorro y crédito de buena calificación de riesgo o dar apoyo patrimonial a las cajas municipales) o facilidades adicionales que redujeran los costos unitarios de las empresas del sistema financiero para que les fuera más atractivo prestar a PYMES y a nuevos clientes. Una medida en este sentido fue el FAE-Mype, que bajo un concepto similar daba fondos de créditos garantizados, e incluyó la posibilidad de que estos fueran usados por cooperativas de ahorro y crédito que en algunas zonas y casos son más accesibles a las PYMES; sin embargo, el presupuesto asignado de solo 800 millones fue muy pequeño en comparación con Reactiva que fue quien marcó el paso de esta experiencia de crédito con garantía estatal.

¿Pudo haberse reforzado la institucionalidad pública en financiamiento al desarrollo con Reactiva?

El mecanismo para el otorgamiento de los créditos de Reactiva fue a través de la banca privada, que operaba con garantías brindadas por COFIDE, entidad financiera estatal “de segundo nivel” financiada por el Ministerio de Economía y Finanzas. La sólida posición fiscal del Perú, con activos púbicos financieros del orden del 14% del PBI antes de la pandemia, lo facilitaban. El MEF estimó originalmente que el costo de las garantías podía acercarse a 2% del PBI, aunque luego de la recuperación del 2021 ha hecho que nuevas estimaciones que indican montos bastante menores.

Es llamativo sin embargo que en este programa, a pesar de que las garantías las brindaba el fisco, no haya habido mayor esfuerzo ni medida para que bancos públicos de “primer nivel” como el Banco de la Nación o el Agrobanco tuvieran un rol de tal manera que canalizaran recursos a sectores prioritarios. Para dar mayor respaldo a sectores particularmente afectados, como el turismo, la agricultura o las PYMES, se hicieron posteriormente (2021 y años siguientes) nuevos programas vía Cofide o asignación de fondos presupuestales al Agrobanco pero con coberturas muy limitadas que no alcanzan ni el 5% de lo que alcanzó Reactiva.

Un balance en términos de la relación público-privado en el programa Reactiva indica que dejó de lado las oportunidades que se abrían para un rol de mayor orientación, priorización o promoción de sectores o iniciativas determinadas por el Estado. Reactiva fue el mayor programa de financiamiento público que se ha visto en el Perú en varias décadas, pero su orientación no tuvo ninguna conexión con algún nivel de planificación estratégica, visión de desarrollo o intento de transformación productiva; se limitó a ser una respuesta de emergencia para evitar una quiebra masiva de empresas privadas productivas y financieras, cargando la mayor parte del riesgo al Estado.

• Del 2022 en adelante

A partir del segundo semestre del 2021, coincidiendo con un alza en la inflación internacional y nacional, y también con un cambio de gobierno, el Banco Central modificó rápida y sustancialmente su política monetaria. La tasa de interés de referencia se elevó hasta 7,75% en enero 2023. El saldo de las operaciones de inyección de liquidez del BCRP ha bajado de 9,1% del PBI a 3,3% del PBI (a noviembre 2023). Como resultado, el crédito a empresas cayó 1,4% el 2022 y 2,3% el 2023 (diciembre-diciembre), que en términos reales significa una caída de casi 10 por ciento el 2022 y de cinco por ciento adicional el 2023. El efecto ha sido fuertemente recesivo, siendo claro que no había exceso de demanda sino choques de oferta como causantes de la inflación.

En el contexto de un nuevo gobierno que entró en funciones el 28 de julio del 2021 con un programa de cambios progresistas, se planteó al Congreso diversas medidas económicas y financieras, incluyendo una reforma tributaria progresiva y, entre otras, que se permitiera dar las leyes necesarias para el fortalecimiento de Banco de la Nación. Particularmente, se planteó al Congreso ampliar sus funciones:

“a fin de otorgar financiamientos directos e indirectos a las micro y pequeñas empresas y a beneficiarios de Programas Sociales del Estado, realizar operaciones bancarias y servicios financieros (…) señalados en el artículo 221 de la Ley N°[KK5] 26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros a favor de entidades empresas públicas, trabajadores y pensionistas del Estado, proveedores del Estado que reciban sus ingresos a través del Banco de la Nación en cualquier punto del país y, en general, a favor de personas naturales y jurídicas donde la demanda de cualquiera de esas operaciones bancarias y servicios financieros sea insatisfecha”.

Se planteaban estas medidas en el marco de reformas para asegurar “la sostenibilidad del Banco mediante una sólida gobernanza corporativa desde su Directorio y Gerencia y solvencia patrimonial a largo plazo, así como a través de la modernización de sus instrumentos de gestión de recursos humanos, logísticos y tecnológicos.” (Proyecto de Ley 0583/2021-PE).

Algunas de las propuestas alcanzadas, bastante iniciales en cuanto a repensar las estrategias de desarrollo pero que significaban un primer paso para ampliar el alcance del financiamiento público e introducir competencia en el sistema financiero, incluían financiar proyectos inmobiliarios para trabajadores o pensionistas del Estado, otorgar créditos productivos, a los beneficiarios de los programas sociales del Estado y  otorgar créditos y otros servicios financieros (como compra de deuda) a las pequeñas empresas. Uno de los mecanismos planteados era la posibilidad de aliarse [KK6] [UdW7] y/o, inclusive, adquirir total o parcialmente otras empresas del sistema financiero dedicadas a las microfinanzas y/o fintechs.

Ninguna de las propuestas referidas en el párrafo anterior, sin embargo, fue aprobada por el Congreso, orientado desde un primer momento a socavar y golpear al gobierno de Pedro Castillo y mantener las políticas neoliberales[KK8] . A las organizaciones políticas que dominaban el Congreso, vinculadas a los grandes conglomerados económicos y financieros, les interesaba bloquear cualquier posibilidad de que una banca púbica se despliegue y pueda reducir su poder de dominio sobre el mercado de crédito de estos grupos. Al respecto es oportuno recordar que el presidente del directorio y principal accionista del mayor banco del Perú, el Banco de Crédito del Perú, entregó 3,6 millones de dólares en 17 maletines en efectivo a la candidata Keiko Fujimori, cuya bancada es la más grande entre las fuerzas conservadoras en el congreso.

El gobierno de Castillo, por su parte, luego de unos meses dejó de lado las propuestas de reforma. En diciembre 2022 se instaló un nuevo gobierno con la antes vicepresidenta Dina Boluarte en alianza con el Congreso. Toda propuesta que pudiera afectar al oligopolio financiero fue totalmente negada. A fines del 2023, el gobierno dispuso que utilidades del Banco de la Nación por 1,000 millones de soles fueran extraídas del mismo para absorberlas como ingresos fiscales y así aparentar que el déficit fiscal de ese año fuera menor al real, al mismo tiempo cortando la posibilidad de que fueran reinvertidas para mejorar y ampliar sus servicios. Algunas iniciativas aisladas de congresistas para permitir una ampliación de las operaciones del Banco de la Nación no han sido aprobadas.

REFERENCIAS

Banco Central de Reserva del Perú. (2020a). REPORTE DE INFLACIÓN: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2020-2021 (Setiembre de 2020). Banco Central de Reserva del Perú. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2020/setiembre/reporte-de-inflacion-setiembre-2020.pdf

Banco Central de Reserva del Perú. (2020b). REPORTE DE INFLACIÓN: Panorama actual y  proyecciones macroeconómicas 2020-2022 (Diciembre 2020). Banco Central de Reserva del Perú. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2020/diciembre/reporte-de-inflacion-diciembre-2020.pdf

Banco Central de Reserva del Perú. (2021). Memoria anual 2020. Banco Central de Reserva del Perú. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2020/memoria-bcrp-2020.pdf

Banco Central de Reserva del Perú. (2022a). Memoria anual 2021. Banco Central de Reserva del Perú. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2021/memoria-bcrp-2021.pdf

Banco Central de Reserva del Perú. (2022b). REPORTE DE INFLACIÓN: Panorama actual y  proyecciones macroeconómicas 2022-2024 (Diciembre 2022). Banco Central de Reserva del Perú. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2022/diciembre/reporte-de-inflacion-diciembre-2022.pdf

Banco Central de Reserva del Perú. (2023). Base de datos de estadísticas del BCRP [Data set]. Banco Central de Reserva del Perú. https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/index

Dancourt O y Jimenez R (2017) The Experience of Development Banking in Peru: 1990-2015 [La Experiencia de la Banca de Desarrollo en el Perú: 1990-2015], en Griffith-Jones y Ocampo (Eds.), The Future of National Development Banks (pp. 196-228). Nueva York: Iniciative for Policy Dialogue y Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198827948.003.0008

Montoro, C. (2020). El programa Reactiva Perú. Revista Moneda, 182, 24–33. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-182/moneda-182-04.pdf

Msemburi, W., Karlinsky, A., Knutson, V., Aleshin-Guendel, S., Chatterji, S., & Wakefield, J. (2023). The WHO estimates of excess mortality associated with the COVID-19 pandemic. Nature, 613(7942), 130–137. https://doi.org/10.1038/s41586-022-05522-2Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (2022a).

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[1] Profesor principal del departamento de economía de la Pontifica Universidad Católica del Perú, magister en economía, ex-ministro de economía y finanzas del Perú.

^[2] La recuperación leve sería aquella con un crecimiento menor al 2% respecto a 2019, mientras que la moderada sería aquella superior al crecimiento de 2% respecto a 2019.

^[3] El programa se crea el 6 de abril de 2020 mediante el Decreto Legislativo N° 1455 y se modifican los montos máximos y criterios de elegibilidad mediante el Decreto Supremo N° 124-2020-EF el 28 de mayo de 2020.

^[4] Creado por Decreto Legislativo 1455 del 6 de abril de 2020, con una primera cantidad de 30 mil millones de soles (luego se ampliaría y ajustaría sus reglamentos). Varios aspectos de topes y condiciones se modificaron por Decreto Supremo N° 124-2020-EF del 28 de mayo para darle mayor flexibilidad.

^[5] Del total de 7.9% del PBI en estas operaciones de crédito, 7.5% corresponde a Reactiva y 0.4% a la suma de otros programas (Banco Central de Reserva del Perú, 2020a). Concentramos por eso nuestro análisis en Reactiva.

[6] Contribuciones a la seguridad social que por ley ascienden a 9 por ciento del valor de la remuneración bruta.

[7] La SUNAT es la entidad encargada del cobro de impuestos.

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 [KK1]Puedes poner una pequeña biografía como nota al pie por favor

 [KK2]Esta es tu adscripción?

 [UdW3]Si, soy professor principal

 [KK4]Puedes poner una nota al pie para explicar de qué se trata?

 [KK5]Me parece que falta el número de la Ley

 [KK6]Fusionarse?

 [UdW7]Aliarse, ya corregido en texto

 [KK8]Las anteriores mencionadas? Se puede dar un poco más de detalleo

El nombramiento de Jose Arista como ministro de economía, junto al de Rómulo Mucho en el ministerio de minas, confirman la alianza del gobierno de Dina Boluarte con la ultra-derecha y el fujimorismo, revelada por el propio Alberto Fujimori recientemente. Arista es muy cercano al ex-ministro y vocero de campaña de Keiko Fujimori el 2021, Luis Carranza, y fue ministro en el breve régimen golpista de ultra-derecha de Manuel Merino en diciembre de 2020. Su amplia experiencia en gestión pública y esta cercanía con partidos que hoy tienen gran influencia en el congreso, le dan más fortaleza que la que tenía el anterior ministro Alex Contreras.

Tras un año de gobierno de Boluarte la economía está en recesión, el crecimiento del PBI fue de -0,6 el 2023, con sectores en crisis aguda como construcción -8% e industria -7%, sectores claves en la generación de empleo formal urbano. La caída de los salarios reales y la demanda interna explican este resultado, por lo que se requiere una política fiscal expansiva y medidas para mejorar la capacidad negociadora de los trabajadores, hay nula debido a la expansión de la informalidad y la legislación anti-laboral heredada del fujimorismo. En el sector financiera, la reducción de tasas de interés del banco central ha sido muy lenta por lo que aún no se traslada a la mayoría de las empresas y consumidores.

El 2023 la presión tributaria cayó fuertemente de ,17,2 a 15,1% del PBI, causando que el déficit fiscal fuera de 2,8% del PBI por encima de la meta de 2,4% del PBI. La meta de déficit establecida por ley para el 2024 es de 2,0% del PBI y se han aprobado varias leyes con exoneraciones tributarias, se requieren medidas para recuperar la recaudación y la inversión pública. Arista ha anunciado buscaría un nuevo pacto fiscal con el congreso pero anunciando medidas de austeridad (como comprar menos vehículos) que son poco efectivas en términos de contener el gasto corriente y tienen un tono más bien populista.

El congreso agarrándonos de sorpresa aprobó un proyecto de ley para facilitar la deforestación de nuestra amazonia. Como si no fuera suficiente que perdamos 200 mil hectáreas de bosque cada año y que ese ritmo se encuentre en alza. Esta ley anti-amazonia se ha aprobado con el apoyo entusiasta de Patricia Chirinos, el fujimorismo, APP de Acuña, Renovación Medieval y los partidarios de Cerrón. 

Se trata, como en otras leyes de este congreso, de apoyar a los tramposos, informales e ilegales. Este proyecto de ley facilitaría que quienes han deforestado miles de hectáreas puedan tener título de propiedad y legalizar sus negocios, aún cuando no tengan un permiso legal para que esas tierras cubiertas de bosque puedan dedicarse a otros fines. En otras palabras, incluso luego de haber talado de manera ilegal o prendido fuego a miles de hectáreas de bosque amazónico con el fin de poner ganado o palma aceitera en forma masiva, ahora se podrán convertir en legales. El mundo acababa de terminar la reunión mundial COP 28 buscando acuerdos para enfrentar el calentamiento global y apenas dos días después estos congresistas de vergüenza promueven la deforestación de nuestra amazonia. Su descaro no tiene límites.

Nuestras emisiones de gases de efecto invernadero provienen en su mayoría (51 por ciento) de la deforestación y maltrato de los bosques. Por eso hemos firmado diversos acuerdos ambientales y comprometido a cuidar la amazonia, junto a los pueblos indígenas, como forma de colaborar con el esfuerzo mundial frente al calentamiento global y la protección de la biodiversidad. Pero a nuestros congresistas que se la pasan viajando por el mundo con nuestro dinero eso no les ha importado un pepino.

CONFIEP MIOPE

De entrar en vigencia, esta ley también tendría repercusiones económicas negativas. La Unión Europea ya ha establecido la prohibición de importar productos que provengan de áreas deforestadas después del 2020, y nosotros les vendemos mucho cacao, café, aceite de palma y otros productos provenientes de la amazonia. Esta ley aprobada por el congreso de Acuña, Fujimori y Cerrón va a hacer mucho más difícil para un productor probar que no está dentro del grupo prohibido; ya no bastará ser legal, porque los deforestadores también serán legales.

Hay que recordar, además, que el Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos incluye cláusulas referentes a la protección del bosque amazónico. Aunque no hay una vinculación tan inmediata en este caso, el proyecto de ley aprobado también abre un frente de riesgo por este lado. Por su parte, el Reino Unido (Inglaterra) ha anunciado que desde 2027 cobrará un impuesto adicional a los productos que generen emisiones de carbono, como sucede con la deforestación. Hay que tener claro que este tema no es menor en términos de nuestra relación con el mundo. El calentamiento global es la mayor amenaza actual a la humanidad, razón por la cual en mi gestión como ministro el 2021 nos afiliamos a la alianza mundial de ministros de finanzas frente al cambio climático e incorporamos el tema al Marco Macroeconómico Multianual.

¿Cómo entender que en esas condiciones la Confiep haya salido en defensa de este absurdo proyecto de ley? Bueno, no por gusto lo hizo casi en secreto, sin dar cuenta a la opinión pública sino sólo a sus aliados del congreso, y no han dado la cara en entrevista alguna al respecto. Resulta que la gran empresa trasnacional llamada Ochosur SA, que ha sembrado palma aceitera en zonas deforestadas y está acusada de usurpar tierras indígenas, tiene gran interés en este proyecto de ley que le permitiría legalizar su abuso.  Hay detrás de estas decisiones también una visión pasadista de la economía. El presidente de la Confiep es un agroexportador que ya consiguió que este congreso le regale a su sector 200 millones de soles anuales de EsSalud. Respaldar esta ley es insistir en un modelo económico de extracción y exportación de materias primas sin mayor procesamiento, valor agregado o dinamismo tecnológico, aunque tengan efectos muy negativos sobre el ambiente. Ese modelo nos ha llevado a una economía estancada, atrapada en los nudos que ha generado. No tiene que ser así. Nuestra amazonia puede ser fuente de un nuevo modelo de desarrollo aprovechando nuestra biodiversidad. Hace años resuena en mi mente el contraste de lo que tenemos en el Perú con la empresa brasileña Natura, de gran crecimiento, basada en aprovechar los recursos de la biodiversidad amazónica y hacerlo cuidando el ambiente. Brasil lo ha logrado en base a una educación pública superior de alta calidad, muy sólida en biología y ciencias del ambiente.  En el Perú no tenemos nada parecido, aunque tenemos una biodiversidad aun mayor y enormes potencialidades en turismo sostenible y cultural, en nuevos productos alimenticios, gastronomía, medicinas y cuidados de la salud y el cuerpo.  Ese potencial económico se está viendo también sacrificado con la deforestación creciente en la amazonia, ahora promovida por el Congreso, Patty Chirinos y la Confiep.

En vez de promover la deforestación debemos detenerla. Combatir la tala ilegal en la amazonia con un mayor control es importante. Pero nuestros bosques seguirán sufriendo una fuerte presión para su deforestación si no hay alternativas de progreso económico para los millones de peruanos que buscan progreso, sobre todo de la selva y la sierra donde la pobreza es mayor. Por varias décadas ha habido una migración importante hacia la selva por parte de jóvenes y adultos buscando mejores oportunidades, muchos en la agricultura, para lo cual deforestan el bosque, usualmente mediante la quema con un alto impacto ambiental. Es indispensable, por esta y otras razones, un fuerte plan de desarrollo de la sierra peruana con una inversión pública grande y sostenida en caminos rurales y carreteras, en pequeñas irrigaciones y sistemas de riego mejoradas, capitalización del agro, innovaciones tecnológicas y promoción de diversificación productiva rural.

INFORMALIDAD E ILEGALIDAD

La deforestación ha venido avanzando de mano de los taladores ilegales y empresarios tramposos, algunos de los cuales son delincuentes ambientales y hasta asesinos de indígenas defensores del ambiente. Esta nueva ley permitiría que ahora pasen sus negocios de origen ilícito, como legales. El congreso hace eso justo cuando la informalidad se ha agudizado y las economías ilegales se han disparado agravando la inseguridad ciudadana. Ahora se daría nuevamente un mayor incentivo a actuar al margen y en contra de la ley; se da el mensaje de que quien paga coimas para que pase madera ilegal o deforesta pero logra evitar controles a pesar de estar en tierras robadas, puede luego blanquear su negocio y hacer que lo ilegal se convierta en legal.

Al cierre de este artículo, la congresista izquierdista Ruth Luque, una de las pocas voces honestas y decentes en este congreso, ha presentado un pedido para que se reconsidere la votación que aprobó ese proyecto de ley anti-amazonia. Luque insiste que, mientras eso no suceda, la ley no sea promulgada. Ojalá sea escuchada.

La ley 31541 establece que el déficit fiscal este año no debe sobrepasar el 2,4 por ciento del PBI. Es evidente desde hace varios meses que esa ley será violada este año. El déficit ha crecido persistentemente desde que este gobierno entró al poder, llegando estos últimos meses a 2,8 por ciento del PBI. Eso significa 4 mil millones de soles adicionales de déficit, que no es poca cosa. La consecuencia directa es que como el gobierno gasta más que lo que recauda como ingresos, habrá 4 mil millones extra de aumento de la deuda pública o de vaciamiento de los ahorros estatales guardados para situaciones de emergencia.

¿Por qué el mayor déficit? Este 2023 el gasto real del gobierno se ha reducido, en especial en un tema clave como la salud pública donde se ha recortado el gasto del 2022 en 2 mil millones de soles. El aumento del déficit se debe a que se está cobrando 7 mil millones de soles menos de impuestos a las grandes empresas que el año pasado, mientras que otros 3 mil millones más se pierden porque la reforma tributaria que propusimos fue desechada por el congreso el 2021 por defender a las grandes mineras y dueños de fortunas.

Como Boluarte y Otárola repiten como loros en su discurso que todos los problemas económicos son responsabilidad del anterior gobierno, aclaremos esto. En el 2021 redujimos el déficit fiscal en 6,4 por ciento de PBI, la mayor cifra de la Alianza del Pacífico; el año pasado el déficit fiscal se siguió reduciendo y bajó a 1,7 por ciento de PBI. El Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas que aprobó este gobierno en abril decía que el déficit sería este año de 2,1 por ciento del PBI, es decir, unos 7 mil millones menos de lo que es ahora. También dijeron que el PBI crecería 2,5 por ciento y ya sabemos que el 2023 cerraremos la producción nacional en negativo. Esas proyecciones las hicieron a cinco meses de gobierno, cuando ya había pasado la oleada de protestas de diciembre-enero, el Yaku y el Niño Costero. ¿Si este mayor déficit de varios miles de millones de soles, al igual que la recesión, fueran culpa del anterior gobierno y los desastres climáticos, como se explica que en abril dijeron que creceríamos 2,5 por ciento y el déficit sería 7 mil millones de soles de lo que es? ¿Acaso todo lo que pasó el 2002, las protestas y los desastres climáticos no eran conocidos en abril? Si los resultados son mucho peores de lo que ellos mismos proyectaron en abril y de lo que mantuvieron al presentar el presupuesto 2022 a fines de agosto, no tiene lógica culpar a lo que sucedió varios meses antes de esas fechas. La responsabilidad es de este gobierno.

CONGRESO PERFORADOR E IRRESPONSABLE

La ley fiscal 31541 fue aprobada por este Congreso hace poco más de un año, con el respaldo completo de la alianza derechista que hoy sigue dominando ese poder. La ley dice claramente que el tope de déficit es 2,4 por ciento del PBI para el 2023. Pero es este mismo congreso el que ha aprobado exoneraciones tributarias y presupuestos adicionales que aseguran que se violará la ley e incumplirá la meta este año.

La principal razón del déficit no es un exceso de inversión pública o gasto corriente, los que se han reducido en términos reales. La causa del mayor déficit es la caída fuerte de los ingresos tributarios. Se han desplomado. Este congreso con los votos de la alianza entre la ultraderecha (Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Alejandra Tudela y Maricarmen Alva) y los seguidores de Vladimir Cerrón (incluido su hermano Waldemar) nombró al Tribunal Constitucional que perdonó 12 mil millones de soles de deudas tributarias a las más grandes empresas – y que luego liberó a Fujimori. El mismo Congreso aprobó leyes dando exoneraciones tributarias a los grandes hoteles y restaurantes, sin aliviar la carga de los pequeños dueños de alojamientos y puestos de comida. Han seguido aprobando nuevas leyes de exoneraciones tributarias y facilitando la evasión, promulgados con la complicidad de Boluarte-Otárola, regalando hasta 8 mil millones de soles que se necesitan para que los pueblos puedan tener carreteras y caminos, obras de agua y desagüe, salud y educación. No les importa mientras se transfiera millones a los alcaldes consentidas de Nicanor Boluarte, el que puede hacer “lo que le da la gana” a decir de su hermana dictadora.

La irresponsabilidad del Congreso no ha parado ahí. Hace poco aprobaron el presupuesto 2024, con una repartija en la cual añadieron 200 millones al presupuesto del Congreso (es decir, para ellos mismos, sus viajes y allegados) y añadieron mil millones a la lista de sus proyectos preferidos. Este presupuesto es excesivamente optimista en cuanto a los ingresos dada la recesión y la tendencia de la recaudación tributaria. Pero no ha comenzado a ejecutarse y ya empezaron a perforar sus ingresos. El Congreso acaba de aprobar una nueva ley exonerando de varios impuestos a un sector de empresas, junto a lo cual está regalando cientos de millones de soles de la seguridad social (EsSalud) a los agroexportadores que provocarán aún peores atenciones de salud y menos medicinas a todos los trabajadores en planilla y sus familias. Anteriormente calculé este regalo era de unos 400 millones de soles en base a la propuesta del “Plan Unidos” del gobierno de dar este subsidio por dos años, pero ahora el congreso lo ha aprobado por cinco años. Uno de los beneficiarios del regalito es José Chlimper, quien fuera secretario general de Fuerza Popular y candidato a la vicepresidencia con Keiko Fujimori, junto a su hermano que puso 200 mil dólares a la campaña keikista por traerse abajo los resultados de las elecciones del 2021. Vaya, vaya, qué coincidencia.

En estos días, ha salido a luz una polémica entre el MEF y el Presidente del Consejo Fiscal. Curiosamente, en esta discusión no se dice nada de la brutal caída de los ingresos tributarios ni de los regalazos del congreso a los grandes empresarios, que generan un desfinanciamiento enorme de las inversiones sociales que necesita con urgencia el Perú. ¿Queremos o no mejor educación, mejor salud pública, agua para todos, caminos y carreteras llegando hasta los pueblos más alejados? ¿Eso acaso no requiere de presupuesto, que en un país tan desigual como el nuestro debiera ser financiado con aportes de quienes concentran la riqueza y obtienen ganancias extraordinarias? ¿Hay posibilidades de crecimiento económico y construcción de nación sin cubrir los déficits básicos de infraestructura, capital humano y justicia social? Eso es lo que este gobierno congresal está sacrificando, y con ello, nuestro futuro.

Una de las propuestas del “Plan Unidos” recientemente presentado por el gobierno Boluarte-Otárola es regalarle a las agroexportadoras entre 2024 y 2025 unos 400 millones de soles de EsSalud, institución que nos da atención de salud a los trabajadores. Sería un subsidio de los trabajadores peruanos a las grandes agroexportadoras. Porque si EsSalud pierde 400 millones de soles, eso significa que habrá 400 millones de soles en medicinas, ecografías, exámenes de laboratorio y atenciones de salud que los trabajadores no tendremos, obligándonos a comprarlos (si podemos) al sector privado de salud dominado por grandes monopolios.

Revisemos la ley actual y los cambios que este gobierno quiere hacer, según lo presentado por este gobierno y que el Congreso debe aprobar o rechazar. La ley 31110 vigente establece que las agroexportadoras con ventas superiores a 8 millones y medio de soles, así que no estamos hablando de ningún pequeño o mediano agricultor, deben contribuir a la seguridad social – EsSalud con 8 por ciento del salario durante los años 2023 y 2024, y recién en el 2025 debieran igualarse a la tasa de 9 por ciento que paga cualquier otra empresa, incluso pequeñas y microempresas, así se dediquen a rubros prioritarios como la educación, la salud o la innovación. La propuesta del gobierno es rebajarle a los grandes agroexportadores esa tasa de contribución a 6 por ciento durante los años 2024 y 2025, es decir, que paguen 2 por ciento menos el 2024 y 3 por ciento menos el 2025 de lo que está establecido en la ley. No habría ningún beneficio para los pequeños y medianos productores agropecuarios, a quienes no se propone reducirles la tasa de contribución a la seguridad social en salud; es sólo para los grandazos.

Es un subsidio de esos que los neoliberales suelen odiar y oponerse a rajatabla salvo cuando beneficia a las grandes empresas a las que se defienden. Lo peor de este subsidio es que no lo da el gobierno – nos obliga a que se los demos todos los trabajadores del país. Porque la rebaja de tasa hará que los grandes agroexportadores se guarden unos 400 millones de soles, por lo que los trabajadores vamos a recibir menos atención, medicinas y exámenes por laboratorio por ese valor. Cuando necesitemos una pastilla o jarabe para recuperar nuestra salud, con mayor probabilidad nos dirán que no hay y que tenemos que comprarlo en la farmacia privada de afuera – muy probablemente del monopolio propiedad del mayor billonario peruano Carlos Rodríguez Pastor. Cuando necesitemos un examen de laboratorio, unos rayos X o una ecografía, será más común que nos digan que los insumos se acabaron o que el equipo se malogró, y que vayamos a hacérnoslo afuera – quizás a una de las grandes cínicas del grupo Romero o del grupo Brescia. Las empresas agroexportadoras se llevan 400 millones de soles, los monopolios privados de la salud ganan porque venderán más a precios elevados y los trabajadores que ganan un salario mínimo y se llevan a su casa menos de mil soles mensuales y les falta algunos días comida en la mesa se quedarán sin atender su salud.

Ya hoy, aun sin la propuesta del gobierno Boluarte-Otárola, la situación es injusta, con los agroexportadores pagando menos a la seguridad social y obteniendo un subsidio de los trabajadores; solo que según la ley 31110 ese subsidio debe ser 1 por ciento el 2024 y terminarse el 2025, y ahora quieren que vuelva a ser 3 por ciento esos años. Vale la pena recordar el origen de esa injusticia. En el año 2020 José Chlimper era ministtro de agricultura del régimen de Alberto Fujimori cuando este fue re-re-reelecto por tercera vez de manera fraudulenta. Chlimper tenía una agroexportadora llamada Agrokasa, y sacó una ley a favor de si mismo, dando exoneraciones de impuestos y esta exoneración de contribuciones a Essalud que representa un subsidio de los trabajadores a las agroexportadoras. Chlimper luego fue candidato a vicepresidente y secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular en las elecciones de 2016 y la bancada de FP (con el respaldo de PPK) bloqueó todo intento de retirar ese subsidio de los trabajadores a los grandes agroexportadores todos esos años. Vizcarra incuso les prorrogó ese abuso antilaboral. Tras enormes protestas, recién el 30 de diciembre del 2020 el congreso presidido por Mirtha Vásquez modificó la ley y aprobó el retiro (gradual) de esos subsidios. Cuando fueron las elecciones del 2021, el apoyo de los Chlimper a la sra Fujimori continuó, en este caso aportando varios miles de dólares a la bolsa que juntaron para buscar anular las elecciones cuyo resultado no les gustó.

La medida propuesta por Boluarte-Otárola para obligarnos a los trabajadores a subsidiar más a los grandes agroexportadores es injusta y recesiva. ¿Cómo puede considerarse justa una medida para transferir 400 millones de soles de los trabajadores, la mayoría de los cuales gana apenas mil o dos mil soles mensuales, sea transferido a grandes empresas agroexportadoras con ganancias de cientos de millones de dólares? ¿Cómo puede considerarse adecuado empeorar la atención de salud a quien gana un salario mínimo que en neto apenas llega a 900 soles mensuales y a veces no puede poner comida en la mesa de su familia? Además, de esa manera, los trabajadores obligados a comprarse medicinas (importadas) que EsSalud ya no les dará, van a comprar aún menos ropa, zapatos y alimentos que ahora, agravando la recesión. Lo que se necesita para enfrentar la recesión es exactamente lo contrario, promover que los trabajadores puedan comprar más productos en el mercado, no menos.

Tras la pandemia, una de las cosas que evidentemente debían hacerse era fortalecer el sistema de salud. Hemos perdido a 300 mil peruanos debido al Covid-19, la mortalidad en el Perú por esa causa fue la mayor del mundo, nos fue muchísimo peor que a los demás países latinoamericanos cuya mortalidad fue en promedio la sexta parte que la de nuestro país. Causa principal de este desastre fue que nuestro sistema de salud pública es sumamente débil; tenemos la tercera parte de médicos por diez mil habitantes (8.2) que Ecuador (21.1), Colombia (22.2) o México (25.5), la quinta parte que Argentina (39.9) y la sexta parte que Uruguay (49.4). Tenemos 16 camas hospitalarias por cada diez mil personas, Argentina tiene 50. En esos otros países durante la pandemia no hubo durante meses gente sentada en sillas de ruedas en la calle en medio del frío y la llovizna conectadas a un balón de oxígeno que sus familias compraron en forma privada a precios exorbitantes; allá tenían a sus pacientes dentro del hospital en una UCI si lo necesitaban. Por esa deficiencia, la tasa de mortalidad fue tan mayor al promedio de la región que murieron 250 mil personas más. ¿Y apenas dos años después se propone acogotar más a un sistema de salud paupérrimo, que tiene solo 3,5% del PBI de apoyo presupuestal mientras la recomendación aprobada por todos los ministros de salud de las Américas es que sea 6%? 

Nos quieren quitar atención de salud para que ese dinero se lo queden las grandes agroexportadoras. Justo cuando hay más pobreza, recesión y enfermedades. Es inaceptable.