La Comisión de Protección Social nombrada por Alfredo Thorne ha dado a luz un informe que en su acápite de pensiones ha logrado muy pocas adhesiones. Para quienes queremos un sistema de seguridad social que ponga por delante la solidaridad, eliminar el Sistema Nacional de Pensiones que administra la ONP no nos parece bueno. A los defensores a sueldo de las AFPs, la propuesta de reforma orientada a reducir las comisiones que cobran las AFPs les resulta un anatema. Quienes ven la coyuntura macroeconómica de manera ortodoxa, incluyendo al MEF de hoy, la propuesta de la CPS al añadir costos en un momento de déficit fiscal parece inadecuada y riesgosa. Analicemos esta propuesta de reforma pensionaria con detenimiento.
SISTEMA SOLIDARIO O SOLO PENSIÓN BÁSICA
El informe de la Comisión de Protección Social (CPS) plantea extender el esquema de Pensión 65 a toda la población y al mismo tiempo cerrar el Sistema Nacional de Pensiones (de la ONP), obligando a todos (independientes e informales incluidos) a ahorrar en fondos privados de inversiones como los que hoy manejan las AFPs. La primera medida es buena, ya que Pensión 65 al ser un programa “focalizado” genera problemas como el negar una pensión mínima, hoy en míseros 125 soles mensuales, porque alguna anciana no calificó como pobre porque vive con algún familiar, aunque viva sin condiciones de autonomía, afectos ni relaciones valiosas, lo que atenta contra derechos básicos.
Al mismo tiempo, la CPS propone cerrar el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que maneja la ONP. Siendo cierto que el SNP hoy hace barbaridades tales como negarle pensiones a quien contribuyó 19 años o menos, lo que es absolutamente injusto, eso no quiere decir que hay que botar al bebé con el agua sucia; sería muy sencillo cambiar las reglas del SNP para poder otorgar pensiones de manera proporcional a las contribuciones realizadas.
También es perfectamente factible tener simultáneamente una pensión básica que no depende de contribuciones (como Pensión 65 pero universal) y un pilar solidario que otorgue pensiones adicionales a quienes realicen contribuciones. Un sistema de este tipo no es incompatible con que las personas puedan adicionalmente, voluntaria u obligatoriamente, ahorrar para su vejez en inversiones financieras. Uruguay y México lo hacen así bajo un sistema obligatorio, otros países como Brasil, Estados Unidos o Inglaterra tienen aportes voluntarios con ventajas tributarias. Así, lo público y lo privado pueden complementarse en los sistemas de pensiones. Para el Perú hay publicado un estudio detallado (http://bit.ly/2AGGfZ7) con cálculos actuariales, es decir estimando las contribuciones y pagos necesarios a futuro, que muestra que una reforma de este tipo le ahorraría al estado 5 mil millones de dólares.
LA PROPUESTA CPS Y LAS AFPS
Si la Comisión de Protección Social propone cerrar la ONP y obligar a todos los trabajadores a contribuir a un sistema privado de pensiones, y además quiere dar subsidios para que la gente contribuya a estos fondos privados ¿por qué las AFPS han sido tan críticas de su informe?
Dejamos de lado, por cierto, a los supuestos ultraliberales que en esta coyuntura desnudan su verdadero perfil, defendiendo a las AFPs a pesar de que éstas tienen secuestrado nuestro dinero sin darnos la libertad de disponer de él como queramos. El argumento de la “libertad” (que serían las AFPs) vs el estatismo (la reforma de la CPS) no resiste el menor análisis cuando vemos que los trabajadores estamos obligados a contribuir y nuestro dinero es manejado por las AFPs sin considerar para nada nuestros deseos como supuestos dueños de los fondos, incluso llevándose el dinero al exterior en vez de invertirlo en el Perú para promover nuestro desarrollo económico.
Hay dos razones de la oposición de las AFPs al informe de la Comisión de Protección Social. Por un lado, la CPS hace un balance muy crítico de las AFPs: dice que tienen “elevadas comisiones para los trabajadores y elevadas ganancias” que las obtienen “tomando muy poco riesgo”, “con gestión de portafolio cortoplacista” y sin dar “información y asesoría financiera adecuada”. “Durante el período 1998-2015, los gastos administrativos anuales promediaron S/ 160 por cotizante, pero las AFP cobraron un promedio de S/ 454 por año por cotizante”, dice la CPS. Los dueños de las AFPs, gracias al esquema montado por Alberto Fujimori y Carlos Boloña (quien luego de dar la ley inmediatamente se hizo socio de una AFP), han obtenido ganancias extraordinarias con una rentabilidad de 37% promedio durante los últimos 15 años. Un abuso total, sacando anualmente del bolsillo de los trabajadores 1,200 millones de soles de comisiones. Para los neoliberales, esto es “eficiencia del sector privado”: ¡que tal raza!
Pero el punto que a las AFPs más les duele es el que va directamente a sus bolsillos: la CPS propone reducir sus comisiones en más de la tercera parte. Para lograrlo, la CPS propone que una sola entidad centralice la recaudación, es decir, los cobros, lo que en otros países se ha demostrado genera grandes economías de escala, es decir, reduce los costos. Es fácil de entender: piensen ustedes que si una empresa retiene tramposamente los descuentos de los trabajadores, cada una de las cuatro AFPs tiene que perseguirla, notificar y hacerle un juicio para que paguen, en vez de ser un solo trámite. Por otro lado, para una pequeña empresa ¿no es evidentemente más fácil y menos costoso hacer un solo trámite de transferencia de las contribuciones retenidas, que hacer uno para cada AFP, debiendo calcular distintas comisiones en cada caso? ¿No es obvio que un trámite es más barato que cuatro? ¿No que era indispensable “destrabar”? ¿En qué quedamos?
La segunda parte de la propuesta de la CPS al respecto es que inmediatamente ese dinero sea entregado a AFPs u otras administradoras de fondos de inversión, pero que la asignación de esos fondos se haga por concurso público, concurso al que podrían entrar bancos y otras financieras. Si bien se deja de lado la posibilidad de que una parte se destine a un esquema solidario de pensiones públicas, se trata de una propuesta que ha mostrado en el Perú y en varios otros países generar una competencia más efectiva y reducir las comisiones. No hay que ir demasiado lejos para darse cuenta porqué las AFPs se oponen tanto que hasta inventan fantasmas.
En efecto, la tremendista y mentirosa campaña de las AFPs ha dicho que hay el riesgo de una “nacionalización de los fondos” de los trabajadores. Pero la CPS ni siquiera ha planteado que la entidad centralizadora de aportes sea estatal, dejando la puerta abierta para que sea privada, de una asociación de AFPs o mixta.
LA COYUNTURA FISCAL Y POLÍTICA
El informe de la CPS, sin embargo, nació muerto. Por el lado económico, tiene un costo significativo, que solo en pensiones superaría el 1% del PBI en los primeros años, lo que en un escenario de déficit fiscal, bajísima recaudación con un gobierno que no se anima a enfrentar este serio problema y una mayoría fujimorista que por beneficiar intereses como el de LAN no le importa hacerle más huecos al tesoro público, parece imposible.
Sin embargo, la Comisión de Protección Social claramente indica también que la parte de mayor costo – universalizar la pensión básica y subsidiar las contribuciones – podría dejarse para más adelante sujeto a la disponibilidad fiscal, mientras que se pone por delante la reforma destinada a reducir comisiones de las AFPs.
El tema acá es claramente político. Los defensores de las AFPs levantan la ideología de que se va a quitar a los trabajadores la opción de elegir. Pero los trabajadores ya han señalado muy claramente que es lo que definitivamente no quieren: prácticamente no hay independientes que sean cotizantes a las AFPs y prácticamente todos los afiliados, al tener la opción de sacar su dinero a los 65 años, se lo han llevado a otro lado. Las AFPs no convencen ni a quienes han sido sus clientes forzados durante décadas.
A pesar de ello, parece improbable que PPK se vaya a enfrentar a las AFPs, considerando además que la actual presidenta de la Asociación de AFPs es una destacada colaboradora de su campaña presidencial (lo que difícilmente puede considerarse una mera coincidencia). El fujimorismo también ha mostrado que, más que regular o controlar a los grandes intereses económicos, juega a su favor (salvo que se metan con Keiko). Una de las grandes AFPs es propiedad del grupo Romero, el mismo en el que su fiel escudero Rafael Rey fue gerente y cuyos intereses en Alicorp defiende con denuedo con sus ataques a la ley de alimentación saludable. Acogotado entre el déficit fiscal y los intereses de las AFPs, y sin tampoco proponer un esquema realmente solidario que se acerque a las izquierdas, la propuesta de reforma pensionaria de la Comisión de Protección Social padece de una orfandad absoluta.
(publicado en Hildebrandt en sus Trece el 1ro de diciembre de 2017 con el título “Enésima mentira de las AFPs”
Agregue un comentario