Vivimos una emergencia. Debemos hacer todos los esfuerzos para salvar vidas y recuperar la economía, y si para eso necesitamos usar los ahorros fiscales acumulados, hay que hacerlo. Como una familia que tiene a uno de los suyos necesitando oxígeno, este es el momento de romper el ´chanchito´ porque la vida está en juego, y eso también vale no solo para salvar empresas y empleos. Pasada la emergencia, cuando ya hayamos recuperado los 3 millones de empleos perdidos y promovido el mercado interno para que las microempresas levanten sus ventas, podremos rellenar nuestros ´chanchito´ de ahorros fiscales.
Esa es la propuesta de Verónika Mendoza y Juntos por el Perú: usar parte de los 70 mil millones de soles que tiene el tesoro público depositado en bancos en nuestro país, para oxígeno, medicinas, médicos, enfermeras y vacunas, para alimentar y sostener a las familias necesitadas e inyectar dinero al mercado para que las microempresas vendan más. Igual que un trabajador enfermo, en riesgo de muerte, sólo si la salud de nuestra economía se recupera se podrá levantar ingresos y equilibrar el presupuesto.
El tema fiscal, por cierto, no se agota ahí, porque nuestro país tiene un problema desde antes: nuestro estado es demasiado pobre, y por eso la salud pública, educación, seguridad y carreteras son muy malas. El estado peruano gasta en salud 3,5% del PBI cuando la meta acordada en la Organización Panamericana de la Salud hace más de una década es 6%, en educación gastamos 4% cuando necesitamos que sea al menos 6%, y hay más de un millón de adultos mayores sin pensión alguna. A la base de eso está nuestra baja capacidad de obtener recursos: el estado peruano cobra impuestos por apenas 14% del PBI; en Argentina y Uruguay es 29%, en Bolivia 25%, en Chile y Ecuador 21%, el promedio de América Latina es 23% y de los países de la OCDE, el club capitalista desarrollado, es de 34%: estamos recontra atrasados en esa materia. No hay ningún país desarrollado, ni medianamente avanzado, con tan baja inversión pública en salud, educación y seguridad social, ninguno, revisen las cifras de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur. Para atender ese déficit social es necesario tener ingresos fiscales¸ ya sabemos que de ninguna manera se puede recurrir a que el BCR ponga la plata, para asegurar lo cual éste debe seguir siendo autónomo. Por eso la propuesta es combatir la evasión y elusión que le saca la vuelta al estado con más de la mitad del impuesto a la renta y el IGV, revisar exoneraciones tributarias a casinos, mineras y otros grandes negocios, y poner un impuesto a grandes fortunas mayores a 100 millones de dólares.
Claro que estas medidas no le gustan a gente como López-Aliaga, que ha amasado una fortuna cobrando precios abusivos en su monopolio ferroviario a Machu Picchu, debe 28 millones a la SUNAT y tiene sus empresas basadas en paraísos fiscales para poder negar la información de sus ganancias. Pero aunque no le convengan, deben hacerse.
LAS DOS HISTORIAS DEL AHORRO FISCAL
Hay al menos 3 fuentes peruanas que informan de abundantes ahorros fiscales: las estadísticas regulares del BCR que en el cuadro 8 de la llamada “Nota Semanal” indican 70 mil millones de soles del fisco depositados en bancos peruanos; el “Reporte de Inflación” del BCR de diciembre 2020 que indica en su cuadro 30 que los depósitos públicos son 12,6% del PBI lo que equivale a cerca de 90 mil millones de soles; y el marco macroeconómico multianual del MEF que informa que esos ahorros alcanzan 105 mil millones, cifra mayor porque no incluye sólo lo depositado en bancos sino también en otras instituciones privadas.
Se puede, por eso, desde el estado hacer una respuesta rápida y fuerte ante esta emergencia. Para los desconfiados, acá les copio lo que dice el Fondo Monetario Internacional – FMI en su evaluación de la economía peruana del mes pasado: “la posición fiscal sigue siendo sólida… según indicadores convencionales, Perú tiene espacio para proporcionar un mayor apoyo fiscal.” Detalla el FMI que “el aumento de los riesgos sanitarios y la menor actividad económica exigen políticas macroeconómicas de apoyo. Al hacer uso del amplio espacio fiscal disponible, la política fiscal debería responder a la nueva emergencia sanitaria y continuar respaldando los ingresos de los hogares para reducir la pobreza y protegerse de los riesgos a la baja del crecimiento”. Más adelante el FMI precisa que: “se necesita ayuda adicional para los hogares a fin de aliviar el impacto de la pandemia en la mayoría de los grupos vulnerable. Según las estimaciones preliminares del Banco Mundial, la pobreza aumentó significativamente en 2020. Una tercera ronda del Bono Universal ayudaría a reducir la pobreza a los niveles anteriores a la pandemia. Más aún, el gobierno debe preparar medidas de contingencia ante una materialización de los posibles riesgos a la baja. Estas medidas incluyen una mayor aceleración en la ejecución de las inversiones públicas que contribuyeron en gran medida a la recuperación dela actividad económica en el segundo semestre de 2020”. La coincidencia del FMI, el principal organismo multilateral en temas financieros, muy distante de cualquier postura izquierdista, con las propuestas que ha planteado Vero Mendoza de otorgar más bonos universales y un aumento de la inversión pública de 15 mil millones de soles son nítidas. Es que es cuestión de una respuesta sensata de política macroeconómica ante una emergencia y depresión enormes, nada más.
FISIÓCRATAS Y LEY DEL EMBUDO
¿Por qué entonces tanto ataque contra las propuestas de una política fiscal que alivie la emergencia de las familias y levante el mercado para sostener la creación de empleos? La primera razón es ideológica: nuestra derecha, e incluso el centro, se han comprado la ida de la austeridad fiscal permanente. Esa era la postura tradicional del FMI, pero se han dado cuenta que esta situación de emergencia no puede tener la misma respuesta que en tiempos normales. Pero nuestros economistas neoliberales siguen “esclavos de un economista muerto” hace más de dos siglos, en frase genial de John Maynard Keynes.
La otra razón es la ley del embudo: se exige a la izquierda demostrar minuciosamente los costos y financiamiento de su propuesta, como lo hemos hecho, pero se calla totalmente sobre el resto. Forsythe promete agua y desagüe para todos, pero no dice de donde saldrían los 71,500 millones que eso cuesta. Al mismo tiempo tiene un programa de ajuste fiscal, como si pudiera volver cuadrado a un círculo y sin percatarse que en esta emergencia y con tanta falta de demanda eso es un absurdo en términos macroeconómicos, como dice hasta el FMI.
Lescano, por su parte, en su plan de gobierno es otro que ofrece la cuadratura del círculo: habla de “una política expansiva …con la ejecución de los proyectos de inversión pública… para alcanzar 5 millones de puestos de trabajo” (toda una obra de ciencia ficción) pero afirma que “ya no tenemos ahorros nacionales” página 14 de su plan), lo que como hemos visto ha sido tajantemente desmentido por el FMI. Además, plantea reducir la deuda de 38% a 26% del PBI, es decir destinar 85 mil millones de soles a pagar la deuda externa. O sea, gastar mucho, sin que haya ahorros y reduciendo la deuda, ¿cómo lograr todo eso cuando además no propone ninguna política frente a las exoneraciones tributarias especiales o los paraísos fiscales y negándose a la posibilidad de un impuesto a las grandes fortunas? Es imposible. No cuadra.
A la fecha, sólo Verónika Mendoza ha detallado las cifras precisas para atender la emergencia: 15 mil millones de soles en bonos y ayuda alimentaria a ollas comunes en los primeros dos meses para levantar el mercado, 200 mil empleos temporales en los primeros tres meses al costo de 2 mil millones y acelerar la inversión pública al ritmo de un adicional de 15 mil millones anuales. Eso, junto a un programa masivo de crédito a muy bajas tasas de interés (1% a 2%) de 30 mil millones y dos años de gracia para todos los préstamos de Reactiva, harán la diferencia. Hay ahorros fiscales y capacidades para hacerlo.
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