El cobre ha superado la barrera de los 4 dólares 50 centavos la libra, algo nunca antes visto. Es el doble de su nivel de un año atrás, cuando al inicio de la pandemia un cobre a 2,20 era tan atractivo que las grandes mineras se la jugaron con todo a seguir explotando, generando una ola de contagios. Hoy con el doble de precio las sobreganancias mineras serán enormes.
El aumento del precio del cobre a 4,50, cuando la producción se ha recuperado y nuevas minas como Justa, la ampliación de Toromocho y Quellaveco entrarán a producir próximamente, significará unos 9 mil millones de dólares anuales adicionales. Esto es una burrada de plata; supera lo que se gasta anualmente en la salud pública peruana incluyendo todas las medicinas, equipos e inversiones y las remuneraciones de cientos de miles de enfermeras, médicos, profesionales y trabajadores del sector.
No es solamente el caso del cobre: también el oro, el zinc y el plomo tienen muy buenos precios ahora. Es probable que los altos precios de los metales sigan, dado el crecimiento retomado de China, el plan de Biden de una gran inversión en infraestructura y los cambios tecnológicos acelerados que aumentan su demanda. En este contexto, la pregunta clave es ¿quiénes serán los principales beneficiarios de esa bonanza: los peruanos o las trasnacionales y grandes empresas mineras? ¿Qué proporción de la renta minera irá para los peruanos, 20 por ciento, la mitad, 70 por ciento?
PROPUESTAS
Analicemos la situación: sin que haya habido mejoras de gestión, nueva inversión o tecnología, por pura suerte las empresas mineras que explotan nuestros recursos van a obtener unas ganancias que van mucho más allá de lo que se considera normal. En inglés llaman a esto “windfall profits”, nombre que viene desde el siglo XV cuando sucedía en alguna oportunidad que el viento se trajera abajo las frutas y el esfuerzo de recogerlas fuera mucho menor.
Insistamos en que las ganancias que las mineras sacarían del cobre son realmente extraordinarias. Las minas de Cobre en el Perú suelen tener un costo por libra de cobre de entre un dólar y un dólar 50 centavos la libra, y por eso con el precio a dos dólares cincuenta del año pasado tenían buenas ganancias. Un cálculo simplísimo indica que una mina que a 2,50 la libra de cobre tenía un margen de alrededor de 1 dólar por libra extraída, ahora con el precio a 4,50, su margen de ganancia es de 3 dólares, el triple. Es cierto que con el impuesto a la renta (que deben pagar cuando ya han recuperado toda su inversión), las regalías y el impuesto especial establecido en 2012, un 40 por ciento de esa ganancia va para el estado. Pero eso les sigue dejando utilidades enormes, del triple de lo que habían estimado que lograrían y con lo que se sentían bien pagados por su inversión. Y esto cuando tenemos un sistema de salud que requiere una gran inversión y refuerzo de personal, una educación deficiente que en el modo virtual no llega a muchos niños por falta de internet y equipos, y hemos perdido dos millones y medio de empleos adecuados. Recordemos además que en diciembre de 2016, PPK con el apoyo de la bancada del keikismo otorgó un beneficio adicional a las empresas mineras para que gocen de una devolución de impuestos súper acelerada. Con esta ley, el año pasado les dieron 1,534 millones y en el primer trimestre de este año otros 1,238 millones, rapidito nomás, mientras a la gente le falta oxígeno, un despropósito que debe corregirse.
¿Qué más hacer? Una opción es un impuesto a las ganancias extraordinarias, algo que en Estados Unidos lo estableció Carter en 1980 y estuvo vigente durante el gobierno neoliberal a ultranza de Reagan. Un reciente informe del área fiscal del FMI, firmado por Alexander Klemm, Shafik Hebous, Geerten Michielse y Narine Nersesya, señala que “un impuesto a las ´ganancias extraordinarias´ podría asegurar la contribución de las empresas que prosperan durante o después de la crisis”.
César Flores y José de Echave presentaron este febrero el libro “Minería y tributación en tiempos de pre y post pandemia” y proponen dos alternativas para una mejor distribución de la renta minera en favor de los peruanos. Una es que las regalías ya no se apliquen solo sobre las utilidades, sino que se cobren sobre el valor de producción, algo que permitiría captar mayores ingresos para el fisco y facilita la fiscalización. La otra es un nuevo impuesto “sobre la renta de los recursos naturales” o RRT, que se aplica cuando las utilidades de las empresas se encuentran por encima de una tasa básica de retorno. Este impuesto fue propuesto por el FMI al Perú el 2006, cuando recién empezaba el super-ciclo de precios de las materias primas que duró hasta el 2012.
Como vemos, hay varias fórmulas posibles. Aclaremos que para la minería, posiblemente a diferencia del gas o del caso particular del litio, no se trataría de un asunto que deba renegociarse para cada mina, sino de un cambio general de la política tributaria frente a la minería. ¿Puede ser eso producto de una renegociación con la Sociedad de Minería en pleno? Un antecedente de ese tipo es lo que hicieron Alan García y Jorge del Castillo (entonces primer ministro) recién llegados al gobierno en el 2006, con una serie de reuniones a puerta cerrada con las grandes mineras que dieron a luz la estafa del “óbolo minero”.
LA REPARTIJA DEL CANON Y SUS VERDADERAS RAZONES
Siendo la cuestión el cómo logramos que una mayor proporción de la renta minera se quede para los peruanos, Keiko Fujimori ha realizado una maniobra de distracción con su propuesta de dar parte del canon a la población de manera directa. Aclaremos en primer lugar que el canon no es, repito, NO es, una contribución de las empresas mineras. El canon es un mecanismo legal mediante el cual el fisco entrega a provincias y distritos donde hay minería, una parte de los impuestos pagados por las empresas mineras. Así, se trata de dinero del estado, no de las empresas.
La propuesta de Keiko no quita ni un ápice a las empresas mineras que se llevan la parte del león de nuestras riquezas. A quien quiere quitarle es al estado, y al plantear redistribuir el canon, su propuesta implica restarle recursos a la inversión descentralizada en carreteras, hospitales, colegios e irrigaciones. Es por ello una propuesta anti-inversión y contra el crecimiento económico.
Pero Keiko no da puntada sin hilo. Por algo ella busca distraer a la opinión pública del tema de fondo, que es acabar con los beneficios tributarios especiales de las mineras y lograr que nuestras riquezas naturales sirvan a nuestro desarrollo humano. La razón es simple: ha recibido millones de dólares de las grandes empresas mineras. Lo sabemos porque cuando Jorge Barata, el mandamás de Odebrecht en el Perú, decidió hablar, echó a varios de estos señorones. Declaró a la fiscalía que la Confiep había armado una bolsa de 2 millones de dólares para apoyar la elección de Keiko y que Odebrecht puso 200 mil dólares. Otros 200 mil los puso Roque Benavides, el dueño del local, quien tenía muy buenas razones para hacerlo; durante el fujimorismo Vladimiro Montesinos lo ayudó a quedarse con 25 por ciento de las acciones de Yanacocha que eran de la empresa pública francesa BRGM, para lo cual manipuló el voto de un magistrado de la corte suprema de justicia. Esa acción le valió a Roque Benavides y su familia varios cientos de millones de dólares.
Otro grupo con intereses mineros importantes, los Brescia, pusieron una suma similar. Quien los representaba en la reunión era Humberto Speziani, recién elegido presidente de la Confiep. También aportó otra gran empresa minera, el grupo Volcan, que maneja las minas que contaminan con plomo a la población de Pasco. Otra empresa minera que puso cientos de miles de dólares para Keiko fue Southern Peru, la que quiere sacar Tía María a sangre y fuego y que en el pasado ha generado fuerte contaminación alrededor de Ilo. Quien les firmó certificados de donación a cada uno de ellos fue Ricardo Briceño, presidente y gerente general en Perú de una gran trasnacional minera, Glencore, quien lo tuvo que confesar a la fiscalía.
La propuesta de reparto del canon de Keiko es mala para nuestro país y sus regiones, al reducir la inversión pública en salud, educación, carreteras y riego que tanto necesitamos. Su verdadera intención es distraer la atención para sacarle las castañas del fuego a las grandes mineras, las mismas que ya antes han puesto millones a la señora Fujimori y que probablemente estén haciendo exactamente lo mismo ahora. No hay que dejarse confundir.
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