Han pasado dos años desde el inicio de la pandemia y nuestro país ha acumulado 250 mil muertos, aunque hemos finalmente logrado una amplia vacunación. La economía y el empleo formal se fueron al piso el 2011 pero lograron recuperarse plenamente el segundo semestre del año pasado; la pobreza sin embargo sigue fuerte sobre todo en esa amplia mayoría de informalidad y sobrevivencia económica en el autoempleo. Estamos finalmente regresando a clases presenciales, no sin dificultades y arrastrando nuestros niños y niñas serios problemas y déficits educativos. La inseguridad ciudadana y el transporte caótico han regresado, pareciera con ánimos recargados de hacernos la vida más difícil.
En todo este tiempo, las enormes desigualdades e injusticias sociales que laceran nuestra patria se han manifestado con crudeza. Acceder a oxígeno o a una cama UCI, y por lo tanto a mantenerse con vida, en muchos casos sólo fue posible si se pagaba sumas exageradas, que no estaban al alcance de todos y revertían en beneficio de unos pocos. La pérdida de empleos e ingresos fue muy dura para los más pobres, los informales y los que no han podido asegurar sus derechos laborales por diversas razones. Los niños y niñas en muchos poblados rurales no tenían tabletas o no tenían internet para acceder al ´Aprendo en Casa´. Los créditos de apoyo tampoco llegaron a muchos microempresarios que lo necesitaban, debido a que tenemos un sistema financiero poco inclusivo.
La vacunación universal gratuita, la entrega de bonos de una manera amplia, los programas de empleo temporal, las medidas en favor de controlar la evasión y elusión tributaria, el cobro de más de 6,500 millones a grandes deudores del fisco, el apoyo a las instituciones de microfinanzas y el permitir el factoring para las pymes, la entrega de pensiones a quienes han aportado 10 y 15 años, han sido algunas acciones realizadas el año pasado que van en el sentido de la igualdad. Pero la mayoría han sido apenas medidas de emergencia, claves ante la situación vivida, pero no podemos quedarnos ahí; hace falta mucho más.
Sucede además que nuevos problemas no paran de venir, y no son sólo los derrumbes y desastres que en esta temporada, como todos los años, azotan diversas localidades del país. Me refiero a la guerra de Rusia contra Ucrania que, aunque beneficia a las grandes empresas mineras con mejores precios internacionales, golpea a la enorme mayoría de peruanos con alzas de los combustibles, el pan y el aceite, cuestión frente a la cual el gobierno no puede dejar de responder con un sentido social. Si se suma a esto el alza de tasas de interés del Fed (el BCR estadounidense), tenemos en marcha un golpe recesivo que requiere ser contrarrestado con una lógica macroeconómica de generación de empleo. Hay que estar muy alerta también frente a una cuarta ola del Covid, que tiene una nueva alza fuerte de casos en China y en Europa, posiblemente asociada a la variante Omicron B2, situación que resalta la gran importancia de seguir poniendo todo el énfasis en completar la tercera dosis, o dosis de refuerzo, que tiene aún coberturas muy bajas en muchas regiones del país, y también de ir preparando la cuarta dosis.
VOLVER AL PASADO
Frente a esta situación hay quienes quieren dicen que la política económica de los últimos treinta años fue buenísima, como si la escasez de presupuestos para salud no tuviera nada que ver con la falta de médicos, hospitales y oxígeno, y tampoco tuviera nada que ver con los privilegios y ventajas tributarias otorgadas a las grandes mineras ni con la evasión y elusión tributaria de quienes poseen grandes fortunas. Como si el haber sido permisivo con los monopolios y los abusos de empresas privadas no estuviera atrás de la falta de oxígeno y las facturas elevadísimas por camas UCI. Como si la corrupción no se hubiera dado con todos esos presidentes neoliberales y Odebrecht no hubiera tenido como socia preferida a Graña y Montero, en cuyo directorio de sentaba quien fuera ministro fujimorista otorgador de exoneraciones tributarias a la agroexportación y luego secretario general del partido fujimorista. Como si las AFPs fueran la gran maravilla.
Una política donde lo ´social’ de la ‘economía social de mercado’ que establece la Constitución no vale un cobre, como ha pasado en décadas anteriores, tendría consecuencias negativas sobre la desigualdad este año. Porque esa política de libre mercado quiere decir que nuestra economía bailará al son de las tendencias internacionales. Los mejores precios del cobre, el oro y el zinc, servirán principalmente para engordar los bolsillos de las mineras que en el último año ya han percibido 17 mil millones de dólares de ingresos extraordinarios, que les han caído del cielo cual lotería sin que hayan tenido que invertir un sol más, relegando al fisco y las necesidades de salud pública, educación y obras regionales. Por otro lado, el alza en el precio mundial del petróleo, ya en 130 dólares el barril, aumenta el precio de los combustibles – ya la gasolina y el diésel subieron el 10 de marzo pasado en 12 por ciento – afectando a los transportistas y empujan la inflación a lo largo de toda la cadena logística. También la subida del precio del trigo ya hizo que el pan pase de 5 panes por sol (20 céntimos cada uno) a 4 por un sol o hasta 30 céntimos la unidad; se suma a eso el alza del maíz y el pollo, y de los aceites, y tenemos un fuerte golpe a las economías populares. Se benefician pocos, se afecta la mayoría. La desigualdad aumenta. Y este golpe a los pobres viene cuando todavía no se han recuperado del golpe del Covid, cuando el empleo formal se ha recuperado pero los ingresos informales no, y cuando una caída en la economía mundial afectará a nuestras exportaciones no tradicionales y el turismo, sectores importantes en la generación de empleos.
Ya sabemos la respuesta ideológica ante esta situación: la desigualdad no importa, el sufrimiento de muchas familias no importa, debemos dejar que las mineras se lleven todas las sobreganancias extraordinarias obtenidas de pura suerte por una guerra que nadie previó, porque sólo así vendrá la inversión privada. Pura ideología: no hay estudio alguno que la respalde; lo que sí sabemos es que cuando los precios de los metales suben la inversión privada, minera y no minera sube, lo cual no debe llamar la atención a nadie porque su rentabilidad sube. De hecho, el 2021, el año en que la derecha y la Confiep bramaban contra un supuesto gobierno comunista, la inversión minera creció fuertemente, y la no minera también. Como está a la vista, y las propias empresas mineras lo dicen, el principal problema que afrontan no son los impuestos sino la conflictividad social, que es adonde hay que poner el foco. Y en términos de comparación internacional, un estudio encargado al FMI dice claramente que el Perú puede subir impuestos a la minería sin perder competitividad frente a otros países.
Vale aclarar que no es cierto que los impuestos sean una especie de expoliación; son nada menos que la base del Estado de Bienestar. Esas sobreganancias mineras en su mayoría no se quedan en el Perú sino que se van al exterior, ya sea como remesas de las trasnacionales, ya sea porque los grandes grupos de poder económico nacionales prefieren llevarse sus riquezas a algún paraíso fiscal. Por eso, cuando se pone un impuesto a las sobreganancias mineras no es cierto que la economía nacional pierde dinero y se frena; más bien con esos recursos el estado puede invertir en salud y educación y así ampliar el mercado nacional.
El asunto de fondo, en términos económicos, es este: ¿es mayor el crecimiento cuando hay una enorme desigualdad, los trabajadores son explotados, las empresas pagan mínimos impuestos y las ganancias se quedan en pocas manos? La respuesta de la ciencia económica es la inversa: los países crecen más cuando la desigualdad se reduce, sobre todo cuando se logra que haya salud y educación para todos y se aumenta así el capital humano, y donde hay un sistema de seguridad social y de pensiones de cobertura universal que nos brinde seguridad económica y permita a todos invertir sin jugarse la vejez en una timba. Para que eso suceda, el estado debe poder cobrar más impuestos a quienes concentran la riqueza y asignarlo a la inversión social. El asunto es que de esta manera no sólo podemos avanzar en los dos objetivos de redistribuir y crecer de manera independiente; ambas políticas se refuerzan y tendríamos una mejor distribución aceleradora del crecimiento.
GOBERNABILIDAD Y CAMBIOS
No es sólo en economía, por cierto, donde se ve como aumenta desigualdad y los poderes económicos refuerzan su dominio. Un fallo del Tribunal Constitucional pone en cuestión el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. El desastre ambiental de Repsol fue hace más de dos meses y ni el gobierno ni el Congreso ni la justicia han respondido con la fuerza necesaria. Con tal de quedarse en el cargo, el ministro de salud lanza elogios al responsable de haber esterilizado forzosamente a miles de mujeres. La remuneración mínima vital sigue sin subir cuando estamos ya por terminar el tercer mes del año.
En favor de ese “libre mercado” como un río revuelto donde ganan los más pillos están en acción grandes fuerzas: la ultraderecha congresal, la repartija, la corrupción y el desgobierno. Es tiempo de que la ciudadanía vuelva a alzar fuerte su voz. Hay que mantenernos firmes en la lucha por los cambios que el Perú necesita, para que la justicia social con oportunidades para todos se abra camino y donde el crecimiento y la reducción de desigualdades vayan de la mano.
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