Dos gobiernos progresistas se han recién inaugurado en países vecinos. Gabriel Boric lleva ya algunos meses en Chile y Gustavo Petro juramentó el domingo pasado en Colombia. Ambos han ganado por un buen margen las elecciones y han sido reconocidos prontamente por los perdedores, a diferencia del Perú. Ninguno de ellos tiene mayoría propia en ambas cámaras de sus congresos, han instalado gobiernos con alianzas hacia la centro-izquierda y el centro, y sus discursos son de cambios en concertación. Ambos promueven una reforma tributaria. Veamos en qué consisten sus propuestas, habiendo tratado en nuestro artículo anterior las reformas recientes de gobiernos de derecha en Colombia y Ecuador.
BORIC EN CHILE
Gabriel Boric hizo de la reforma tributaria un tema central de su campaña. Luego de unos meses en el gobierno, ha presentado la propuesta detallada al congreso. Figura clave en este proceso es el ministro de hacienda Mario Marcel, un hombre de centro progresista.
“La reforma tributaria busca una mayor equidad y cohesión social en base a un nuevo pacto fiscal que nos permitirá avanzar en derechos sociales”, explicó el presidente Boric. Para el ministro Marcel, “responde a la idea de un pacto fiscal que aporte al desarrollo del país, que ayude a modernizar el sistema tributario, que le dé más justicia al sistema y que sea eficiente tanto en la recaudación como en el uso de los recursos”. De aprobarse sus medidas se estima que la recaudación fiscal de Chile aumentará un 0.6 por ciento del PBI el 2023, 1.8 por ciento al 2024 y 3.1 por ciento al 2025, para llegar a 4.1 por ciento adicional al final del gobierno.
Una primera propuesta es la de un impuesto a las grandes fortunas, como el que propusimos con Verónika Mendoza la campaña pasada pero que Pedro Castillo rechazó. Según la propuesta de Boric, las personas con un patrimonio mayor a los 5 millones de dólares pagarán 1% de su riqueza y las que tienen un patrimonio superior 14 millones y medio de dólares pagarán 1,8%. Esta medida afectará a las 6,300 personas más ricas de Chile, menos del 0.05 por ciento de la población.
También se propone un aumento de impuestos a las personas que tienen altos ingresos, que afectará sólo al 3 por ciento que ganan más de 4 mil 200 dólares mensuales. La tasa máxima de este impuesto a la renta pasará de 40 por ciento a 43 por ciento; en el Perú esta tasa es de 30 por ciento y nuestra propuesta de subirlo a entre 33 y 35 por ciento fue resistida por la derecha congresal. Además, en Chile se establecerá un impuesto a las rentas del capital equivalente a un 22 por ciento, que se aplicará a los dividendos pagados por las empresas cuando distribuyan sus ganancias a personas naturales o no residentes; acá también planteamos elevar las tasas a los ingresos de capital.
Boric propone también un nuevo régimen tributario para la gran minería, con dos componentes. Un componente ad valorem, es decir sobre el valor total de las ventas, tendrá tasas entre 1% y 2% para los productores entre 50 mil y 200 mil toneladas de cobre y entre 1% y 4% para aquellos con más de 200 mil toneladas. El otro componente será sobre la renta minera, con tasas de entre 2% y 32% sobre la rentabilidad operacional, según sea el precio del cobre. Precisamente la propuesta que presentamos a fines del año pasado para mejorar la tributación minera consistía en elevar las tasas sobre la rentabilidad operacional, con la misma lógica que ha señalado el ministro chileno Marcel: “El diseño mantiene los incentivos a la inversión que permitirán seguir desarrollando el sector minero, considerando tasas de retorno sobre patrimonio que se encuentran, en todo momento, por sobre los límites que las compañías consideran a la hora de tomar sus decisiones de inversión”. Efectivamente, el esquema propuesto tanto acá como allá, de imponer tasas sobre el margen operativo, asegura que el estado obtiene más cuando los precios suben pero no se ahoga financieramente a las empresas mineras cuando los precios bajan. En nuestro caso, para asegurar que la competitividad de la minería peruana se mantuviera, encargamos al FMI un estudio comparativo internacional que determinó que era factible la propuesta; ahora tras la reforma chilena, el margen para aumentar tasas en nuestro país sin afectar nuestra competitividad en el mundo se agrandará.
Finalmente, en Chile se ha propuesto un cambio en el régimen tributario para pymes muy similar al que propusimos acá, simplificando el sistema, aplicando el impuesto sobre el flujo de caja (que puede pre-calcular la SUNAT) y permitiendo una depreciación acelerada de las inversiones en un año.
PETRO EN COLOMBIA
Gustavo Petro anunció semanas atrás que su ministro de hacienda sería José Antonio Ocampo, un economista progresista reconocido internacionalmente. Apenas iniciado el gobierno, ya se anunció la propuesta de reforma tributaria “para la igualdad y la justicia social”.
También en este caso se propone un impuesto a las grandes fortunas, de 0.5% para patrimonios mayores de 700 mil dólares y de 1% para patrimonios superiores a 1 millón 200 mil dólares. Varios países ya han puesto impuestos así en la región y Colombia mismo ya tuvo algo así antes. Nuevas medidas sobre los ingresos de las personas de clase alta también están consideradas por el gobierno de Petro, quien está poniendo el énfasis en recortar diversos beneficios especiales que allá permiten que quienes ganan más de 2,500 dólares mensuales, que es apenas el 2 por ciento de la población, terminen aportando poco al fisco.
Para la minería de oro y carbón, y sobre todo para el petróleo que es su principal producto de exportación, la reforma de Petro plantea un impuesto del 10% a la exportación de esos bienes cuando los precios internacionales se disparen (como sucedió con el cobre y el petróleo el semestre pasado). Además, se busca elevar el impuesto a las ganancias de esas empresas, estableciendo que ya no podrán deducir las regalías como costos al momento del cálculo del impuesto. Son medidas que van en la misma línea de la propuesta chilena y la que hicimos acá, orientadas a captar para el estado las sobreganancias mineras y petroleras.
También se ha anunciado en Colombia un nuevo sistema simplificado para pymes, un impuesto a productos azucarados (como ya hay en Perú) para controlar la obesidad, y un impuesto al carbono vinculado al gran compromiso con la lucha contra el cambio climático que ha mostrado Petro.
NUEVO CICLO PROGRESISTA
Con estas iniciativas se va perfilando, como una característica de este nuevo ciclo de progresismo latinoamericano, la insistencia en reformas tributarias dirigidas a captar mayores aportes de quienes concentran la riqueza para así poder ampliar derechos sociales y oportunidades económicas. Hay para ello razones del contexto: la situación económica internacional no asegura una bonanza fiscal con poco esfuerzo tributario, como sucedió durante el anterior ciclo izquierdista que se dio en Latinoamérica durante el boom de precios de las materias primas.
Este nuevo progresismo trae otros cambios, como una mayor amplitud de alianzas, un perfil más ecologista y en favor de los derechos de los pueblos indígenas, y nuevas iniciativas industrialistas para reducir nuestra dependencia del extractivismo. Eso está muy bien. Con una recesión amenazando la economía mundial y la inflación golpeando los bolsillos populares, el reto es tremendo. Lamentablemente el Perú va quedando fuera de esta nueva mirada latinoamericana de transformación.
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