Un programa económico de izquierda democrática para el momento actual

En las elecciones del 2016, los integrantes del equipo económico que desde el Frente Amplio acompañamos la candidatura de Verónika Mendoza precisamos nuestra propuesta de gobierno con medidas en tres ejes, que eran Reactivación, Redistribución y Diversificación productiva. Los objetivos eran atender los problemas de falta de empleo y desigualdad y cambiar el modelo extractivista que además genera poca dinámica tecnológica y serios daños socioambientales. Esos tres ejes siguieron siendo válidos el 2021 y se mantienen ahora, pero la coyuntura obliga a marcar prioridades adecuadas al momento. 

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Recordemos la lógica, importancia y articulación de los tres ejes. La reactivación tiene como objetivo que toda la capacidad productiva de sectores fundamentales como los servicios, la agricultura, la industria y la construcción funcionen a plena capacidad para generar empleos; y ello requiere una dinamización del mercado interno, con políticas macroeconómicas – monetarias y fiscales – expansivas, protección frente a importaciones dumping e inversión pública en infraestructura económica, comunicaciones, telecomunicaciones e irrigaciones. La redistribución apunta a reducir las enormes inequidades económicas existentes; y las medidas claves para lograrlo son una reforma tributaria que establezca impuestos justos a las sobreganancias de la minería y las grandes fortunas y una acción firme contra la evasión y elusión, usando luego esos recursos para asegurar el derecho a la salud, la educación y la protección social a todos y todas.  La diversificación productiva se orienta a enfrentar un extractivismo que genera enclaves, poco empleo, daño ambiental y social y excesiva concentración de la riqueza; y para ello se deben promover sectores como el turismo, la agricultura, la industria nacional y los servicios, en especial pequeña y mediana empresas, que son más intensivos en empleo y donde debe empujarse un avance tecnológico vinculado a la riqueza de nuestra diversidad ecológica y cultural, para lo cual fomentar cooperativas y asociatividad es fundamental.

La propuesta de tres ejes implica un ordenamiento lógico, pero hay medidas claves que sirven a varios objetivos al mismo tiempo; por ejemplo, políticas para mejorar los salarios mediante una actualización de la RMV y facilitar la sindicalización y negociación colectiva, sirven a los tres ejes, ya que elevan la demanda interna y favorecen así la reactivación, mejoran la distribución del ingreso e incentivan que la industria y otros sectores procuren mejores tecnologías. Otro ejemplo es la inversión en infraestructura para la masificación del gas natural, que reduce los costos empresariales de manera descentralizada favoreciendo su reactivación, sustenta una diversificación hacia nuevos rubros como la petroquímica y a la vez reduce los costos de energía de los hogares populares; y similar sentido tiene una necesaria política para aprovechar nuestras potencialidades en energías limpias como la solar, la eólica y la geotérmica. 

En las elecciones del 2021, la propuesta que hicimos para la candidatura de Verónika mantuvo estas mismas líneas matrices, pero se adecuó a las condiciones de la coyuntura que, recordemos, estaban marcadas por una pandemia que se llevó a más de 200,000 compatriotas mostrando la fragilidad extrema de nuestro sistema de salud pública y estado, y generó una enorme pérdida de empleos, aguda recesión y empobrecimiento masivo, agravados por la negativa a dar un apoyo oportuno y suficiente a los hogares populares como el ´bono´ universal de mil soles que en su momento propusimos desde el Nuevo Perú y la izquierda democrática. En ese momento, los primeros meses del 2021, las principales medidas inmediatas consistían en reforzar muy fuertemente el sistema de salud y poner todo el empuje necesario en lograr una vacunación universal lo más pronto posible, junto con otorgar un bono de amplia cobertura, dirigido a los ciudadanos superando los limitados bonos familiares anteriores. La propuesta apuntaba a reactivar la economía atendiendo tanto los problemas de oferta – afectada por la pandemia y las medidas de distanciamiento físico – como los de demanda, con una inyección rápida de dinero a las economías populares. Habiendo quedado fuera en la primera vuelta, aplicamos esas medidas en los primeros meses del gobierno de Castillo teniendo como compañero firme al entonces ministro de salud Dr. Hernando Cevallos. Logramos en corto tiempo una vacunación amplia que hizo que la tercera ola del Covid19 tuviera un nivel de hospitalizaciones y mortalidad muchísimo menor y que logremos acelerar el crecimiento económico, cuya proyección para el 2021 había sido establecida por el gobierno anterior en 10,0 por ciento y que alcanzó el 13,3 por ciento, con plena recuperación del empleo formal. 

La propuesta era, sin embargo, empalmar ese esfuerzo de corto plazo en el marco de una emergencia nacional, con una propuesta de mediano plazo, para lo cual se plantearon hacia el cuarto trimestre del 2021, ya asegurados los objetivos anteriores, dos iniciativas fundamentales, la Reforma Tributaria para que la minería y el gran capital paguen algo justo y se facilite el aporte de las pymes, y la Segunda Reforma Agraria, que consistía en una política de fuerte promoción a la pequeña agricultura familiar, que es la que alberga más pobreza, genera más empleos y se orienta principalmente a abastecer el mercado interno. El entonces presidente Pedro Castillo no asumió a cabalidad ninguna de las iniciativas, y apenas iniciado el 2022 les dio totalmente la espalda, optando por una política de componendas con grupos de diverso pelaje ante acusaciones de corrupción referidas a personajes cercanos a él y con indicios de su propio involucramiento. 

¿Qué ha cambiado hasta hoy, avanzado el 2023, pensando en una propuesta de programa económico? Empecemos por lo más obvio. Tenemos un gobierno, basado en un pacto Ejecutivo-Congreso-Poder Económico, ilegítimo y repudiado por la enorme mayoría de peruanos. Pero, aunque la enorme mayoría de gerentes de grandes empresas apoya el gobierno y su retorno a una política neoliberal anti-trabajadores, los datos muestran que no invierten en las condiciones actuales de alta ingobernabilidad e inestabilidad política. Hoy, el primer punto de cualquier propuesta económica es político, siendo indispensable retornar a un nivel de gobernabilidad democrática que sólo puede ser conseguido mediante nuevas elecciones generales, mientras antes mejor. 

La segunda característica de la coyuntura es que, nuevamente, estamos en recesión. Logramos salir el 2021 pero ya volvimos a caer. El PBI se ha ido para abajo desde fines del 2021; en los primeros ocho meses de este año ha caído en – 0,6 por ciento según la cifra oficial del INEI.  Entre enero y agosto la industria no primaria produjo 9 por ciento menos, la construcción 9 por ciento menos y la agricultura 4 por ciento menos, siendo muy seriamente afectados los medianos y pequeños productores de arroz (-5 por ciento), papa (-12 por ciento) y maíz (-10 por ciento).  

La recesión en el sector industrial y construcción se debe a una demanda interna reducida, debido a que los salarios no han subido el último año mientras la inflación de 5% se ha comido su capacidad de compra. Enfrentados a menor demanda, los empresarios reducen su producción. A su vez, esto afecta el empleo; debiendo producir menos, las empresas reducen horas extras, no renuevan contratos y postergan inversiones. Por eso -junto con lograr un gobierno y un congreso legítimos- una alternativa económica nuevamente tiene que poner un énfasis importante en la reactivación; que en el corto pasa por elevar la demanda. Elevar de manera efectiva la inversión pública, mejorar en serio la educación y salud pública para que la necesidad de enfrentar problemas urgentes no drene los bolsillos de las familias y tener una política laboral activa que mejore los sueldos y salarios, son las medidas clave en este sentido. El costo del crédito debe reducirse, con un giro acelerado en la política monetaria y nuevos mecanismos financieros masivos (y no a cuentagotas e ineficaces) para las pymes y el agro.

Siendo estas medidas reactivadoras, deben engancharse con la propuesta redistributiva. Las propuestas señaladas generan costos al presupuesto público, lo que resalta la necesidad de una reforma tributaria (como logró Gustavo Petro en Colombia). De esta manera, además, se tiene que lograr la sostenibilidad fiscal de las políticas necesarias para que el derecho a la educación, la salud y la protección social estén efectivamente garantizados, y también para la promoción de sectores económicos que diversifiquen nuestra producción. 

En las políticas de diversificación productiva, resulta esencial darle prioridad a los pequeños y medianos agricultores de la costa, sierra y selva. Es un grupo en el cual los niveles de pobreza y vulnerabilidad son más altos. Es además un grupo que sufre exclusión histórica y que por ello tiene un enorme descontento respecto a lo (poco) que queda de la democracia peruana, por lo que requiere, lo antes posible, un estado que responda ante sus problemas. Añadamos a esto el cambio climático que vemos ahora, y el probable Fenómeno El Niño que se nos viene, los va a golpear nuevamente, y lo mejor es actuar desde ahora. Logrando una mayor producción de alimentos básicos como arroz y papa se ayudará a controlar la inflación en estos rubros clave que afectan mucho a los trabajadores urbanos. Hay además potencialidades por nuestra diversidad ecológica y cultural. Otorgarles créditos y seguros accesibles, mejores sistemas de comercialización y articulación con mercados urbanos, promoción de nuevas tecnologías, caminos rurales e irrigaciones de mediano y pequeño tamaño, tienen una urgencia mayor ahora. El riesgo de una seria escasez hídrica ya lo tenemos encima, y hay opciones de captura de agua, de represas y canales mejorados, de riego tecnificado, que deben ponerse en marcha ahora y no cuando se agrave su empobrecimiento y afecte el abastecimiento de las ciudades. 

Otros sectores, como la industria, los servicios, el turismo y la construcción, también requieren una política promocional. Sólo con más crecimiento en sectores urbanos intensivos en empleo y con nuevas políticas hacia las pequeñas y medianas empresas en general, las cooperativas y asociaciones, podremos avanzar en reducir la informalidad. Hay varias medidas necesarias en ese sentido que hemos sustentado en el pasado y que aún no se han aplicado ampliamente, como crédito facilitado por un banco de desarrollo, mejor infraestructura y adecuar las normas tributarias y regulatorias, a lo que hoy debe añadirse la promoción y regulación de nuevas herramientas de Inteligencia Artificial en la innovación tecnológica. También será necesario un giro en nuestra política comercial en concordancia con la nueva realidad internacional, marcada por el fin del “libre comercio basado en normas de la OMC” y la transición hacia un mundo basado en bloques, frente a lo cual el reforzamiento de las relaciones en la región adquiere la mayor importancia. En ese marco, una minería cuidadosa del ambiente y respetuosa de los pueblos y sus decisiones puede servir para una reubicación del Perú en el mundo, como ha hecho Gabriel Boric en Chile aprobando una estrategia nacional del litio y firmando acuerdos con China para su industrialización.

Termino recordando que el Perú se encuentra en un momento particularmente difícil, aún más que por la economía, por la política. Enfrentamos un gobierno ilegítimo, con clara responsabilidad en decenas de asesinatos de peruanos que protestaban en ejercicio de sus derechos, amarrado a un congreso totalmente repudiado y donde predominan intereses particulares. Este gobierno, que combina la defensa de los grandes monopolios con beneficios especiales a sus allegados, sólo agrava los problemas del país, sumando recesión, desempleo y empobrecimiento a su socavamiento de la democracia, y por eso el repudio que provoca sólo irá creciendo. La supuestamente “verdadera izquierda” de Cerrón ha mostrado un total oportunismo, aliándose al fujimorismo y la ultra-derecha por unas cuantas migajas de poder que ese personaje cree le ayudarán a librarse de las sentencias de corrupción que acumula. Ante esta situación, se necesita una estrategia de defensa y recuperación de la democracia, la que debe ir acompañada de propuestas orientadas a ampliar oportunidades económicas para las mayorías, atender sus necesidades básicas y reducir las desigualdades. Sólo así se logrará la convocatoria popular indispensable; y es en esa línea que desde una posición de izquierda democrática aportamos con estas ideas para abrir un diálogo sobre alternativas concretas para la economía nacional.   

Salarios a la Baja – y quieren seguirlos bajando

¿Cómo le ha ido a los trabajadores en planilla este último año? El salario promedio es de sólo 2,688 soles, de acuerdo a la planilla electrónica de agosto registrada por la SUNAT, pero debemos advertir que lo que llega a sus manos es bastante menor ya que para las AFPs se descuenta 13 por ciento, es decir, en promedio unos 360 soles. Al trabajador le quedan entonces apenas 2,300 soles. Este es el promedio, que incluye desde la gran cantidad que gana el mínimo (apenas 1,025 soles) o poco más, y los gerentes que pueden llevarse 30, 50 o 100 mil mensual.

En este año de cogobierno Dina-Congreso el salario promedio real de quien está en planilla ha caído en 4 por ciento. ¿Qué quiere decir “real”? Que un trabajador durante el gobierno de Dina ha podido comprar, con su salario, 4 por ciento menos que el año anterior; eso para el trabajador promedio es como si le hubieran sacado 100 soles de su bolsillo. ¿Cómo así ha pasado esto? Sucede que mientras las empresas han subido sus precios en 5 por ciento, prácticamente no han dado ningún aumento a sus trabajadores.

Si este es el promedio, peor es lo sucedido con quienes ganan el salario mínimo. Ellos hoy siguen ganando los mismos 1,025 soles que en febrero 2021; desde esa fecha hasta ahora ellos ya han perdido 12 por ciento de su salario real. Los que están sufriendo con la crisis económica son sobre todo los trabajadores.

En estas condiciones de ingresos reducidos de los trabajadores ¿no es lógico que las ventas locales desde hace varios meses estén deprimidas? ¿que los restaurantes estén con menos clientes? ¿que la demanda por ropa, zapatos y muebles se haya reducido afectando a las pequeñas empresas que fabrican y comercializan esos productos? Las consecuencias de la caída de los salarios reales sobre la demanda, y por esa vía sobre la industria, la construcción y los servicios urbanos, es nítida, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay otros factores detrás de la recesión, como la caída de la inversión, las altas tasas de interés y el descrédito del gobierno, pero este achicamiento de la capacidad de compra de los trabajadores es una causa básica.

Frente a esta situación ¿no queda sino resignarse al “libre mercado”? ¿no es posible tomar medidas en defensa de los salarios? En Estados Unidos, los trabajadores de la industria automotriz, un sector importante, han sostenido una larga lucha por mejorar sus salarios afectados por la inflación y el presidente Joe Biden ha ido hasta el piquete de huelga a apoyarlos. Finalmente han logrado aumentos de salarios de 25 por ciento y también que los contratados de manera temporal pasen más rápidamente a trabajadores permanentes. En Alemania, la inflación supera el 6 por ciento este año pero los salarios no se han quedado atrás. En México se fijaron nuevos salarios mínimos a inicios de este año con un aumento de 20 por ciento; además del mínimo nacional hay montos mayores en zona de frontera y para más de 60 ocupaciones específicas. En Colombia a inicios de año se reajustó el salario mínimo en 16 por ciento y en estos días se negocia el aumento para el 2024 que estaría entre 9 y 11 por ciento. Pero no hay que irse tan lejos, en nuestro país los trabajadores de construcción civil han firmado un convenio colectivo con los empresarios del sector agrupados en CAPECO, logrando un reajuste salarial mayor al 5 por ciento y algunos beneficios adicionales, lo que les permite defenderse de la inflación sin las grandes pérdidas que han tenido los demás trabajadores. Sin embargo, fuera de este caso, en el Perú las organizaciones sindicales son pocas y débiles, estando sus dirigentes y miembros siempre amenazados por un despido fácil y ahora además por la represión brutal de este régimen que ya dejó sesenta muertos.

PRESIONES AGROEPORTADORAS POR REGRESAR A LA LEY CHLIMPER

Para empeorar las cosas, desde poderosos grupos empresariales hay ahora presiones para recortar aún más los derechos laborales, en particular en el sector agroexportador. Recordemos que hasta fines del 2020 regía la fujmorista “ley Chlimper”, por la cual a sus trabajadores no les daban gratificaciones en julio y diciembre ni les hacían depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). También les permitió pagar menos contribuciones a EsSalud que cualquier otro empleador, lo que significa que el 2019 obtuvieron 250 millones de soles gracias a este beneficio, subsidio que pagamos todos los asegurados en la forma de menos medicinas disponibles, colas de espera más largas y peor atención. Además, esta ley exoneraba a los agroexportadores de la mitad del impuesto a las ganancias empresariales (renta de tercera categoría), concepto por el cual el 2019 se ganaron con 383 millones de soles adicionales.

Esta acumulación de privilegios cambió un poco tras una potente movilización de trabajadores, que fueron brutalmente reprimidos en una acción policial que causó tres muertos en Virú (Jorge Muñoz Jiménez, Kauner Rodríguez y Reynaldo Reyes). Hoy los trabajadores siguen sin tener asegurado que recibirán gratificaciones o CTS en su momento y en la práctica carecen de derechos sindicales, pero reciben una bonificación de 300 soles y debieran tener este 2023 una participación de 5% en las utilidades de la empresa. Con algunos ajustes, las agroexportadoras siguen subsidiadas en su aporte a EsSalud que el resto y mantienen niveles de exoneración tributaria privilegiada. Las agroexportadoras que venden hasta 8 millones de soles anuales (hasta el 2028 según la ley) siguen teniendo el mismo subsidio de 3 por ciento de su aporte a EsSalud a costa de los demás asegurados y siguen exoneradas de la mitad del impuesto a las ganancias hasta el 2031; las agroexportadoras más grandes para este año y el próximo aún mantienen un subsidio en cuanto a sus aportes a EsSalud de 1% de la planilla y una exoneración de un tercio del impuesto a las ganancias.

Ocultando que mantienen esos privilegios, el gremio que agrupa a estas empresas (AGAP) ha lanzado una ofensiva mediática y política para que, como cangrejos, volvamos al pasado de la Ley Chlimper. ¿Está acaso en crisis la agroexportación? El BCR registra que en los ocho primeros meses de este año, de enero a agosto, los precios a los que venden sus productos en el exterior han subido en 0,6% y la cantidad (toneladas) exportadas ha aumentado 1,4 por ciento; en total la exportación no tradicional agropecuaria va aumentando 100 millones de dólares en un contexto de condiciones climáticas muy negativas (Yaku y El Niño costero). No les va mal, en particular si comparamos con la situación de los trabajadores. Regresar al pasado del fujimorismo económico no tiene justificación alguna.

Lo que necesitamos para acelerar el crecimiento agrario es en primer lugar agua, para lo que se necesita inversión pública y buena gestión hídrica, y apoyo a los pequeños agricultores de sierra y selva impulsando su asociatividad y articulación a empresas promotoras de nuevas tecnologías y mercados. Las relaciones laborales deben basarse en el respeto a los derechos de los trabajadores, promoviendo su organización y la negociación colectiva, como en el sector de construcción civil donde ha habido buenos resultados. Insistir en el “cholo barato” para concentrar más ganancias es, social y ambientalmente, un camino insostenible.

Will a New Stimulus Plan Spur Peru’s Economic Growth? – a commentary for the Latin America Advisor

https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2023/11/LAA231101.pdf

Acá una versión en castellano – La industria y la construcción muestran caídas pronunciadas del 9% (a setiembre) y la agricultura de 4%, mientras la minería ha crecido por la nueva mina Quellaveco haciendo que la recesión peruana medida por el PBI sea ligera (-0,65%). Estos datos señalan claramente que la causa inmediata de la recesión es la fuerte caída de la demanda interna, en especial del consumo privado, debido a que los salarios nominales en el último año no han subido nada mientras la inflación ha sido de 5%. También la inversión privada ha caído por el alza de tasas de interés del banco central y la inestabilidad política generada por un régimen que está socavando la democracia y ha provocado 60 muertos violando derechos humanos. Mientras tanto, la inversión y gasto público han venido cayendo, agravando la recesión, al tiempo que el déficit fiscal ha subido hasta 2,8% del PBI debido a una fuerte caída de los ingresos tributarios causada por nuevas exoneraciones e incentivos a la evasión. Frente a esta recesión, el Congreso ha aprobado un presupuesto adicional pedido por el Ejecutivo de 0,5% del PBI sin medidas para recuperar los ingresos tributarios, aunque la ley actual fija un tope de déficit de 2,4% y no se ha modificado. Retomar el crecimiento requiere una política fiscal y monetaria reactivadora acelerando la inversión pública fuertemente y rebajando las tasas de interés, aprobar una reforma tributaria progresiva y anti-elusión y establecer una política industrial para promover nuevos sectores productivos aprovechando nuestra biodiversidad.

Dos Miradas de la Inversión Privada

La recesión que finalmente tuvo que reconocer el gobierno ha abierto la discusión sobre las opciones frente a esta situación, y en particular, las distintas miradas que existen sobre la inversión privada. Habiendo diversidad, remarquemos que es un consenso que una causa fundamental de la recesión es la inestabilidad política, el desprestigio internacional y el repudio nacional al gobierno Boluarte – Otárola- Congreso. El asesinato de 60 compatriotas y el arreglo de impunidad de tales crímenes en las alturas del poder que ha sido observado por las Naciones Unidas y la OEA, la acentuada corrupción en el Congreso y sus decisiones de acabar con la democracia controlando la Junta Nacional de Justicia y a través de ella el Poder Judicial, las fiscalías y el Jurado Nacional de Elecciones son lo que nos ha llevado a este deterioro institucional de profundas consecuencias sobre la economía y la inversión.

Ante la crisis económica la propuesta más difundida en los medios concentrados de comunicación por voceros neoliberales y de las grandes empresas dice que la clave es recuperar “la confianza de los inversionistas” y para ello proponen rebajarles impuestos y recortar derechos laborales. Ya el gobierno anuncia medidas y leyes en este sentido para sectores específicos. Otros reclaman imponer como sea los proyectos mineros que han sido rechazados en algunos territorios. Tales medidas no recuperarán nuestra economía por varias razones. Primero, olvidan que ya los ingresos del estado en Perú son muy bajos, como porcentaje del PBI son la mitad que el promedio de la OCDE y un tercio menos que el promedio latinoamericano; si estos bajan más aún habría que reducir la inversión pública en carreteras, educación y salud pública aún peores de las que tenemos ahora ¿acaso con pésima infraestructura, educación pública y salud se genera un ambiente propicio a la inversión privada? En segundo lugar, hoy que la innovación y las nuevas tecnologías marcan la pauta del crecimiento económico en el mundo, el progreso no pasa por “cholo barato y sumiso” sino por aprovechar las potencialidades humanas en las empresas con un trato justo y dialogante. En tercer lugar, hay un enorme descontento social producto de la desigualdad, el centralismo y los abusos de los grandes poderes económicos, agravar esa situación sería como echar gasolina al fuego. Porque si bien las protestas sociales fueron acalladas con balas asesinas, muchos sienten la injusticia más a flor de piel y junto a la pobreza en aumento eso promueve conductas delictivas, minería ilegal y narcotráfico, e inestabilidad política. Hasta el Financial Times en un artículo reciente sobre el Perú ha resaltado eso.

Por otro lado, no debemos olvidar que 15 millones de peruanos (dos tercios del total de trabajadores) están empujando por sacar adelante sus pequeñas y microempresas, y que aún estando en pobreza la mitad de ellos, producen un 40% del PBI nacional. Ellos también producen e invierten. Estos emprendedores peruanos no tienen la opción de los dueños de la Confiep de sacar su plata del país para llevársela a algún paraíso fiscal. Para el pequeño agricultor familiar, su futuro pasa por que crezca su rebaño de ovejas, vacas o alpacas, tecnificar su sistema de riego, sacar de donde sea para comprar fertilizante y/o cambiarse a producir paltas poniendo un pequeño capital que para ellos es un gran esfuerzo y esperar un par de años hasta que las plantas produzcan. Para el esforzado emprendedor que fabrica muebles en Villa El Salvador, es también necesario invertir para renovar su maquinaria, buscar un nuevo mercado para sus productos, adecuarse a nuevos materiales y deseos de los consumidores. Lo que necesitan ellos para invertir es que las carreteras y caminos sean rehabilitados y tengan buen mantenimiento para bajar sus costos de transporte hacia las provincias, sus hijos puedan tener mejor educación para apoyar con sus conocimientos al negocio familiar que y sus trabajadores tengan la salud asegurada para que se concentren en producir mejor sin la preocupación aguda de un familiar enfermo que carece de atención, y todo eso necesita más inversión pública. Hoy les resulta urgente que el consumo nacional aumente para que puedan vender con facilidad sus productos, acceder a crédito a tasas de interés más bajas, recibir un apoyo para vincularse a cadenas de valor y mejoras tecnológicas y que pagar impuestos justos no sea un vía crucis mientras los grandes monopolios consiguen que sus deudas tributarias por 12 mil millones de soles les sean anuladas.

Desde una mirada de mayor alcance, la discusión nacional sobre la inversión, la recuperación económica y el sector privado requiere ponerse a tono con un mundo que ya dejó de creer en un estado mínimo y que la economía sea exclusivamente asunto de grandes empresarios privados. Ya no sólo es China quien ha dado ejemplo de crecimiento con inversión privada sustancial pero donde el estado orienta el desarrollo, apoya con toda fuerza las grandes innovaciones tecnológicas, impulsa la transición hacia las energías renovable y pone un pare a los nuevos billonarios cuando adquieren excesivo poder. Estados Unidos está gastando 3 billones de dólares en subsidios a sus industrias para que avancen tecnológicamente y se vuelvan menos nocivas al ambiente. Mariana Mazzucatto, quien ha adquirido mucha fama con sus libros y trabajo en una universidad londinense (UCL), ha convencido que se debe orientar el desarrollo mediante “grandes misiones” con una nueva relación de cooperación entre estado y empresas donde los beneficios del cambio tecnológico sean repartidos con más equidad entre los privados y lo público.

Insistir en ideologías del siglo pasado que priorizan la exportación de materias primas sin industrializar, con trabajadores sin derechos y bajos impuestos para que las grandes corporaciones que se llevan nuestras riquezas obtengan sobreganancias aún mayores, es cerrar los ojos ante las transformaciones mundiales y a nuestra propia historia de subdesarrollo y corrupción. Hay grandes intereses en quienes ganarán miles de millones con esas medidas, que hoy abraza el gobierno Otárola-Congreso pensando que sólo así podrá mantener un tiempo más el único apoyo real que tiene, el de la Confiep. Quizás lo logre por unos meses, pero una política que agrave inequidades tiene pies de barro, no traerá progreso y sí grandes riesgos políticos para nuestra patria.

El Trilema Fiscal del Gobierno

Ya no cabe duda que este gobierno nos ha llevado a una aguda crisis económica. Nuevamente las cifras oficiales publicadas esta semana indican una caída de la producción de -0,6 por ciento de crecimiento en agosto. La cifra es un promedio de tendencias sectoriales muy dispares, con la construcción cercana a 10 por ciento de caída, la industria no primaria destinada al consumo interno cayendo 9 por ciento y la agricultura agravando su deterioro reduciendo su producción en 4 por ciento mientras la minería e hidrocarburos crecen 5 por ciento. Así, el golpe es mayor donde se genera más empleo, mientras donde se concentra la propiedad y las ganancias las cosas van muy bien, porque además los metales mantienen excelentes precios a nivel internacional.

Esta recesión tiene indicios de agravarse, ya que el PBI total, de la construcción y de la industria no primaria ha caído más que en meses anteriores y sectores que antes estaban en positivo han pasado a negativo, como los restaurantes y hoteles y las telecomunicaciones. El conjunto del sector servicios cae 0,6 por ciento según la última cifra del INEI para agosto. Datos más recientes, parciales pero indicativos, tampoco son favorables, por ejemplo la venta de pollo en Lima se redujo 2,7 por ciento en setiembre y 5,2 por ciento en la primera quincena de octubre. En suma, las cifras indican que la caída de la demanda interna y en particular del consumo, producto del empobrecimiento de la clase trabajadora, se profundiza y amplía. El cogobierno Boluarte-Otárola-Congreso fujicerronista, que siguió a pie juntillas los intereses de los grandes empresarios condonándoles impuestos por miles de millones y archivando cualquier intento de reforma tributaria, que se sintió feliz con los aplausos de los economistas neoliberales en la prensa concentrada, ha conducido al país a una recesión industrial de una magnitud que no veíamos hace mucho tiempo. Vamos camino a unas fiestas navideñas y de fin de año que pueden ser bastante sombrías para muchas familias y pequeños comercios.

Todos los datos apuntan a que la causa esencial de esta recesión es el desplome de la demanda interna. La explicación es directa – cuando las empresas venden menos, luego de que durante unas semanas se acumulan sus productos en sus almacenes, reducen su producción. En esas condiciones se inicia un círculo vicioso – si las empresas producen menos entonces deben reducir personal u horas pagadas, lo que a su vez contrae aún más la demanda, lo que a su vez afecta más las ventas empresariales. ¿Por qué está cayendo la demanda interna? La mayor parte de la demanda interna es el consumo, es decir nuestras compras de alimentos, ropa, zapatos, libros y servicios como restaurantes, peluquerías o entretenimiento. Sucede que hay en marcha un ajuste fuerte en el consumo de los hogares peruanos, por la sencilla razón que los salarios cada vez alcanzan para menos. Mientras la inflación ha carcomido fuertemente los salarios reales, el bloque derechista pro-Confiep que nos gobierna sigue pensando que lo mejor para el país es un “cholo barato” sometido con la amenaza de despidos primero, balas y terruqueo si aun así salen a reclamar. Para los medios de comunicación concentrados, a pesar de que los trabajadores por las mismas horas de trabajo ganan hoy menos 5 por ciento menos que el año pasado, es un anatema hablar de reajustar la remuneración mínima vital o apoyar que los trabajadores se organicen en sindicatos y planteen pliegos de reclamos y negociaciones colectivas, como sucede en cualquier país democrático. Hasta Joe Biden, presidente del país más capitalista del mundo, ha ido a mostrar su apoyo a la huelga de los trabajadores automotrices de su país en demanda de mejores salarios. En cambio en Perú, a pesar de que tenemos el ejemplo exitoso de negociación colectiva por rama en construcción civil, prevalece más actitudes como el de la empresa Gloria, a quien se ha descubierto pagando a empleados para que se infiltren en el sindicato y lo saboteen. El ministro de trabajo, por supuesto, no ha dicho ni pío de tremenda violación a la libertad sindical y los derechos de los trabajadores a organizarse en forma autónoma.

La inversión privada que es menos de un tercio del consumo privado, sin embargo, tiene el valor adicional de ampliar la capacidad productiva a futuro. El problema es que, aunque los grandes empresarios han obtenido del congreso fujicerronista y su gobierno miles de millones de condonaciones de impuestos y nuevas exoneraciones, la inversión privada se ha reducido. La compra de máquinas y equipos del exterior ha retrocedido 5 por ciento en el año; la producción nacional de maquinaria eléctrica ha caído 25 por ciento. Este resultado muestra que, aunque se han otorgado beneficios especiales para los grandes grupos monopólicos, en el conjunto de empresarios, incluyendo los grandes y pequeños, pesan más la inestabilidad generada por los sesenta asesinatos de este gobierno, la tasa de interés elevada y que el mercado interno se está achicando.

Las malas noticias, sin embargo, no acaban ahí. Para complicar la situación, el balance fiscal muestra un marcado deterioro. El déficit fiscal ya se encuentra en 2,8 por ciento del PBI, cuando el tope establecido por ley es de 2,4 por ciento del PBI. El estado peruano ha pasado de un rojo de -318 millones de soles en agosto a un resultado negativo de -2 417 millones en setiembre. ¿Se debe esto a que el gobierno está gastando mucho? No, en setiembre el gobierno general ha gastado 175 millones de soles menos que el año anterior, una caída real del 6 por ciento. La inversión pública, en términos reales, se ha reducido, a pesar de la enorme necesidad existente. ¿Si no hay más gasto sino todo lo contrario, como es que hay más déficit fiscal? La razón es la fuerte disminución de los ingresos del estado, es decir, se está cobrando mucho menos impuestos, como resultado de tantos favores a los grandes empresarios y de la ausencia de una reforma tributaria, con el agravante de la propia recesión.

En esta situación hay tres orientaciones de política fiscal posibles. La primera es ajustar más la inversión pública, profundizando lo que se ha hecho en setiembre; el problema es que eso reduce aún más la demanda y agrava la recesión – si hay menos obras públicas habrá menos trabajadores de construcción recibiendo su paga y menos producción de fierro, cemento y vidrio. La segunda opción es acelerar la inversión pública sin reforma tributaria, lo que ayudaría a reactivar el mercado interno pero llevará a incumplir la meta de déficit – sería ilegal pero como este gobierno lleva sesenta asesinatos sin que al respecto la Fiscal de la Nación haya hecho nada en serio pueden pensar que no una raya más al tigre no importa. La tercera y buena opción es acelerar la inversión pública al mismo tiempo que se combate la evasión y elusión de los grandes empresarios y se cobra lo justo a las trasnacionales mineras que hoy tienen ganancias extraordinarias. Así se promovería una reactivación con responsabilidad fiscal. Pero para eso se necesitaría un gobierno cuya mirada esté puesta en el interés nacional; es decir, otro gobierno.

QUÉ HACER PARA RETOMAR EL CRECIMIENTO

Precisemos primero que debemos apuntar a un crecimiento verde reduciendo la desigualdad y los riesgos y que facilite una gobernabilidad democrática. Se puede y debe crecer así. Volver a crecer dañando el ambiente y con una alta desigualdad que promueve inseguridad, conflictos, economías ilegales e informalidad, causa grandes males y hace el crecimiento insostenible. Es por esa vía de degradación institucional que hemos terminado con un gobierno como el actual que comete gravísimas violaciones a los derechos humanos y degrada la democracia.

La clave para ese nuevo crecimiento es poner en marcha nuevos motores económicos. La prioridad debe estar en aquellos sectores que generan mayor cantidad de empleo y donde los efectos positivos en inclusión social y dinamismo tecnológico sean mayores, tales como industria, servicios, agricultura, construcción y turismo. Hoy debemos dar particular importancia a la agricultura familiar y regiones de sierra y selva donde la inequidad se siente de manera más profunda. La mala conexión de los pueblos rurales, donde los caminos son apenas una huella sin mantenimiento y el internet no llega, debe resolverse mediante una masiva inversión pública. Junto a ello deben promoverse nuevas técnicas productivas agropecuarias y rurales, con fitotoldos, mejor uso del agua, agroecología y cultivos que obtengan mejor precio en los mercados, como palta, café y cacao orgánicos, quinua, piscigranjas, turismo cultural y tantos otros.

En las ciudades, para la industria y los servicios compete promover la productividad y la innovación, adaptando a nuestro país las nuevas tecnologías de la información y la inteligencia artificial, con programas públicos conectados a empresas privadas. Nuestras universidades deben desarrollar investigaciones e innovaciones que permitan dar valor a nuestra biodiversidad de manera sostenible, con nuevos productos para la salud y el cuidado personal, la gastronomía y el turismo cultural y ecológico. Las pymes y jóvenes emprendedores deben acceder a crédito barato, con un programa masivo similar a lo que fue Reactiva 2, y para las microempresas una reforma de la tributación debe hacerla justa y fácil.

En lo inmediato, corresponde reactivar nuestra industria y servicios con una recuperación de la demanda interna, tanto del consumo como de la inversión pública y privada. Reactivar el consumo requiere políticas laborales activas orientas a recuperar los salarios reales, y reformas de la salud pública y la seguridad social que reduzcan los riesgos y costos que recaen sobre los hogares. La inversión pública debe dar un salto de 1 a 2 puntos del PBI con eficacia. Para la inversión privada deben reducirse las tasas de interés y lograr una mayor estabilidad política, hoy seriamente en cuestión con una presidenta y un congreso rechazado por el 90 por ciento de la población. Un buen crecimiento necesita de un gobierno democrático que actúe en función del interés público, construya consensos ciudadanos incluyendo a regiones, trabajadores y pueblos originarios, y se relacione provechosamente y sin corrupción con el sector privado.

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