https://canaln.pe/actualidad/exministro-pedro-francke-estamos-caida-economia-que-no-veiamos-hace-tiempo-octavomandamiento-extitular-ministerio-economia-pedro-francke-cuestiono-medidas-que-ha-tomado-actual-gobierno-ante-recesion-y-senalo-que-existe-deficit-fiscal-28-ademas-caida-recaudacion-tributaria-pais-n467006

Ya no cabe duda que este gobierno nos ha llevado a una aguda crisis económica. Nuevamente las cifras oficiales publicadas esta semana indican una caída de la producción de -0,6 por ciento de crecimiento en agosto. La cifra es un promedio de tendencias sectoriales muy dispares, con la construcción cercana a 10 por ciento de caída, la industria no primaria destinada al consumo interno cayendo 9 por ciento y la agricultura agravando su deterioro reduciendo su producción en 4 por ciento mientras la minería e hidrocarburos crecen 5 por ciento. Así, el golpe es mayor donde se genera más empleo, mientras donde se concentra la propiedad y las ganancias las cosas van muy bien, porque además los metales mantienen excelentes precios a nivel internacional.

Esta recesión tiene indicios de agravarse, ya que el PBI total, de la construcción y de la industria no primaria ha caído más que en meses anteriores y sectores que antes estaban en positivo han pasado a negativo, como los restaurantes y hoteles y las telecomunicaciones. El conjunto del sector servicios cae 0,6 por ciento según la última cifra del INEI para agosto. Datos más recientes, parciales pero indicativos, tampoco son favorables, por ejemplo la venta de pollo en Lima se redujo 2,7 por ciento en setiembre y 5,2 por ciento en la primera quincena de octubre. En suma, las cifras indican que la caída de la demanda interna y en particular del consumo, producto del empobrecimiento de la clase trabajadora, se profundiza y amplía. El cogobierno Boluarte-Otárola-Congreso fujicerronista, que siguió a pie juntillas los intereses de los grandes empresarios condonándoles impuestos por miles de millones y archivando cualquier intento de reforma tributaria, que se sintió feliz con los aplausos de los economistas neoliberales en la prensa concentrada, ha conducido al país a una recesión industrial de una magnitud que no veíamos hace mucho tiempo. Vamos camino a unas fiestas navideñas y de fin de año que pueden ser bastante sombrías para muchas familias y pequeños comercios.

Todos los datos apuntan a que la causa esencial de esta recesión es el desplome de la demanda interna. La explicación es directa – cuando las empresas venden menos, luego de que durante unas semanas se acumulan sus productos en sus almacenes, reducen su producción. En esas condiciones se inicia un círculo vicioso – si las empresas producen menos entonces deben reducir personal u horas pagadas, lo que a su vez contrae aún más la demanda, lo que a su vez afecta más las ventas empresariales. ¿Por qué está cayendo la demanda interna? La mayor parte de la demanda interna es el consumo, es decir nuestras compras de alimentos, ropa, zapatos, libros y servicios como restaurantes, peluquerías o entretenimiento. Sucede que hay en marcha un ajuste fuerte en el consumo de los hogares peruanos, por la sencilla razón que los salarios cada vez alcanzan para menos. Mientras la inflación ha carcomido fuertemente los salarios reales, el bloque derechista pro-Confiep que nos gobierna sigue pensando que lo mejor para el país es un “cholo barato” sometido con la amenaza de despidos primero, balas y terruqueo si aun así salen a reclamar. Para los medios de comunicación concentrados, a pesar de que los trabajadores por las mismas horas de trabajo ganan hoy menos 5 por ciento menos que el año pasado, es un anatema hablar de reajustar la remuneración mínima vital o apoyar que los trabajadores se organicen en sindicatos y planteen pliegos de reclamos y negociaciones colectivas, como sucede en cualquier país democrático. Hasta Joe Biden, presidente del país más capitalista del mundo, ha ido a mostrar su apoyo a la huelga de los trabajadores automotrices de su país en demanda de mejores salarios. En cambio en Perú, a pesar de que tenemos el ejemplo exitoso de negociación colectiva por rama en construcción civil, prevalece más actitudes como el de la empresa Gloria, a quien se ha descubierto pagando a empleados para que se infiltren en el sindicato y lo saboteen. El ministro de trabajo, por supuesto, no ha dicho ni pío de tremenda violación a la libertad sindical y los derechos de los trabajadores a organizarse en forma autónoma.

La inversión privada que es menos de un tercio del consumo privado, sin embargo, tiene el valor adicional de ampliar la capacidad productiva a futuro. El problema es que, aunque los grandes empresarios han obtenido del congreso fujicerronista y su gobierno miles de millones de condonaciones de impuestos y nuevas exoneraciones, la inversión privada se ha reducido. La compra de máquinas y equipos del exterior ha retrocedido 5 por ciento en el año; la producción nacional de maquinaria eléctrica ha caído 25 por ciento. Este resultado muestra que, aunque se han otorgado beneficios especiales para los grandes grupos monopólicos, en el conjunto de empresarios, incluyendo los grandes y pequeños, pesan más la inestabilidad generada por los sesenta asesinatos de este gobierno, la tasa de interés elevada y que el mercado interno se está achicando.

Las malas noticias, sin embargo, no acaban ahí. Para complicar la situación, el balance fiscal muestra un marcado deterioro. El déficit fiscal ya se encuentra en 2,8 por ciento del PBI, cuando el tope establecido por ley es de 2,4 por ciento del PBI. El estado peruano ha pasado de un rojo de -318 millones de soles en agosto a un resultado negativo de -2 417 millones en setiembre. ¿Se debe esto a que el gobierno está gastando mucho? No, en setiembre el gobierno general ha gastado 175 millones de soles menos que el año anterior, una caída real del 6 por ciento. La inversión pública, en términos reales, se ha reducido, a pesar de la enorme necesidad existente. ¿Si no hay más gasto sino todo lo contrario, como es que hay más déficit fiscal? La razón es la fuerte disminución de los ingresos del estado, es decir, se está cobrando mucho menos impuestos, como resultado de tantos favores a los grandes empresarios y de la ausencia de una reforma tributaria, con el agravante de la propia recesión.

En esta situación hay tres orientaciones de política fiscal posibles. La primera es ajustar más la inversión pública, profundizando lo que se ha hecho en setiembre; el problema es que eso reduce aún más la demanda y agrava la recesión – si hay menos obras públicas habrá menos trabajadores de construcción recibiendo su paga y menos producción de fierro, cemento y vidrio. La segunda opción es acelerar la inversión pública sin reforma tributaria, lo que ayudaría a reactivar el mercado interno pero llevará a incumplir la meta de déficit – sería ilegal pero como este gobierno lleva sesenta asesinatos sin que al respecto la Fiscal de la Nación haya hecho nada en serio pueden pensar que no una raya más al tigre no importa. La tercera y buena opción es acelerar la inversión pública al mismo tiempo que se combate la evasión y elusión de los grandes empresarios y se cobra lo justo a las trasnacionales mineras que hoy tienen ganancias extraordinarias. Así se promovería una reactivación con responsabilidad fiscal. Pero para eso se necesitaría un gobierno cuya mirada esté puesta en el interés nacional; es decir, otro gobierno.

• 

Precisemos primero que debemos apuntar a un crecimiento verde reduciendo la desigualdad y los riesgos y que facilite una gobernabilidad democrática. Se puede y debe crecer así. Volver a crecer dañando el ambiente y con una alta desigualdad que promueve inseguridad, conflictos, economías ilegales e informalidad, causa grandes males y hace el crecimiento insostenible. Es por esa vía de degradación institucional que hemos terminado con un gobierno como el actual que comete gravísimas violaciones a los derechos humanos y degrada la democracia.

La clave para ese nuevo crecimiento es poner en marcha nuevos motores económicos. La prioridad debe estar en aquellos sectores que generan mayor cantidad de empleo y donde los efectos positivos en inclusión social y dinamismo tecnológico sean mayores, tales como industria, servicios, agricultura, construcción y turismo. Hoy debemos dar particular importancia a la agricultura familiar y regiones de sierra y selva donde la inequidad se siente de manera más profunda. La mala conexión de los pueblos rurales, donde los caminos son apenas una huella sin mantenimiento y el internet no llega, debe resolverse mediante una masiva inversión pública. Junto a ello deben promoverse nuevas técnicas productivas agropecuarias y rurales, con fitotoldos, mejor uso del agua, agroecología y cultivos que obtengan mejor precio en los mercados, como palta, café y cacao orgánicos, quinua, piscigranjas, turismo cultural y tantos otros.

En las ciudades, para la industria y los servicios compete promover la productividad y la innovación, adaptando a nuestro país las nuevas tecnologías de la información y la inteligencia artificial, con programas públicos conectados a empresas privadas. Nuestras universidades deben desarrollar investigaciones e innovaciones que permitan dar valor a nuestra biodiversidad de manera sostenible, con nuevos productos para la salud y el cuidado personal, la gastronomía y el turismo cultural y ecológico. Las pymes y jóvenes emprendedores deben acceder a crédito barato, con un programa masivo similar a lo que fue Reactiva 2, y para las microempresas una reforma de la tributación debe hacerla justa y fácil.

En lo inmediato, corresponde reactivar nuestra industria y servicios con una recuperación de la demanda interna, tanto del consumo como de la inversión pública y privada. Reactivar el consumo requiere políticas laborales activas orientas a recuperar los salarios reales, y reformas de la salud pública y la seguridad social que reduzcan los riesgos y costos que recaen sobre los hogares. La inversión pública debe dar un salto de 1 a 2 puntos del PBI con eficacia. Para la inversión privada deben reducirse las tasas de interés y lograr una mayor estabilidad política, hoy seriamente en cuestión con una presidenta y un congreso rechazado por el 90 por ciento de la población. Un buen crecimiento necesita de un gobierno democrático que actúe en función del interés público, construya consensos ciudadanos incluyendo a regiones, trabajadores y pueblos originarios, y se relacione provechosamente y sin corrupción con el sector privado.

Luego de muchos años, sin que haya un shock externo, estamos en recesión, el PBI está cayendo y sectores como la industria muestran caídas enormes de hasta el 14 por ciento. El empobrecimiento es fuerte. La apuesta de quienes realmente gobiernan, el trípode DBA – Confiep – medios de comunicación concentrados, era que con un gobierno “a quien no le tiemble la mano” (como dice Otárola) para meter bala y asesinar a decenas de ciudadanos, lograría la “confianza de los empresarios”, la inversión privada vendría a raudales y con ella el crecimiento económico. Pero aunque seis de cada diez gerentes corporativos dicen que apoyan a Dina Boluarte, cuando se trata de invertir no ponen su dinero como habla su boca; la inversión privada este año caería en 5 por ciento (según la versión optimista del BCR). En comparación, el 2021 logramos que la inversión privada alcanzara 20,4 por ciento del PBI, más que todo el periodo posterior al boom minero, y el PBI creció en 13,3 por ciento, lo que no fue “efecto rebote” pues el BCR pronosticaba a mediados de ese año 3 puntos menos de crecimiento.

Sin duda hay razones coyunturales para esta frenada en seco del 2023. La inflación ha empobrecido a los trabajadores, trayéndose abajo el consumo y con ello las ventas en el mercado interno; responsables son el gobierno y los empresarios DBA que estaban felices congelando los salarios, dejando que la remuneración mínima perdiera valor real y – como siempre – frenando cualquier intento de reclamo con despidos. El gasto público real para servicios públicos de salud y educación, pensiones y otras ayudas sociales, se ha reducido junto a la muy necesaria inversión infraestructura, agravando la caída de la demanda; sucede que la ausencia de una reforma tributaria y las exoneraciones y perdones de deudas a los grandes empresarios le han quitado fondos al estado. El alza de tasas de interés dispuesta por el BCR ha encarecido el financiamiento de la inversión privada y la frena. Dar un giro hacia una política de reactivación con un sentido social, que vuelva a levantar la demanda y la producción para generar empleo, es urgente.

No basta sin embargo con volver a prender los motores del mismo modelo económico de las décadas anteriores. Hay un diagnóstico común que indica que el crecimiento potencial, basado en los avances de productividad, se ha ralentizado; a lo que desde la izquierda sumamos la crítica a las condiciones de desigualdad, escasa creación de empleos dignos y poco dinamismo tecnológico que produjo el modelo neoliberal. Mejorar los salarios y el gasto para educación, salud y servicios básicos ayudará a hacer realidad derechos sociales y también a reanimar la demanda y la producción, pero para lograr progresos sostenibles el estado debe tener ingresos que sólo vendrán con una reforma tributaria. Enfrentar la desigualdad, brindar derechos sociales y reactivar la demanda y el empleo son objetivos que pueden lograrse simultáneamente con un paquete de reforma tributaria, inversión pública, reformas en los sectores sociales y mejor gestión.

Apuntar a un mayor crecimiento, más equitativo y sostenible, requiere otra condición, la de animar nuevos motores productivos, que vayan más allá y superen las limitaciones del modelo extractivista. Hay que poner en marcha un desarrollo productivo diversificado. No se trata de dejar de lado la minería, que debe crecer respetando el ambiente y donde la voluntad de los pueblos lo acepte; se trata de darle prioridad a la industria, los servicios y la agricultura, donde hay mucho mayor potencial de generación de empleo y las nuevas tecnologías abren amplios espacios de progreso.

Todo esto no pasa de una ilusión si no tenemos un Estado capaz, conectado con la gente y sus esfuerzos productivos, que no esté sometido a la corrupción como sucede hoy.  El Perú tiene hoy su problema mayor con el deterioro de su débil democracia y cohesión interna, que además han afectado seriamente su capacidad estatal. Somos menos Nación que hace unos años; y a la base del problema institucional que tenemos está la discriminación, el racismo y el terruqueo contra los provincianos y provincianas. La casta de políticos que hoy nos domina desde el Congreso, con sus fiestas que terminan en asesinato, mochasueldos, viajes a Rusia y otros destinos turísticos, favores a sus amigotes y su prioridad por sacarse de encima los juicios por corrupción que tienen encima, más temprano que tarde se irán. Pero eso no resolverá todos nuestros problemas, porque la nación tiene heridas profundas y no sólo por los asesinatos de Otárola y Boluarte. Hay que tener alternativas para construir nación y estado luego de su salida.

¿Es este un problema ajeno a la política económica? ¿Todo se resolvería con reformas políticas? No. A la base de las debilidades y falencias de nuestro estado hay, entre otros problemas pero como un asunto primordial, una situación grave de exclusión económica y social, cuya resolución pasa por cambios en la política económica. Hoy, en particular, es necesario darle prioridad a una política que defienda y promueva la agricultura de la sierra y la selva, fundamentalmente de pequeños productores, comunidades y cooperativas en la ceja de selva. Son varios millones de peruanos, entre quienes se concentra la pobreza, la exclusión y la discriminación, y que son terruqueados cuando protestan. Son también quienes no han cejado en sus afanes de progreso y con su propio esfuerzo han ido elevando su productividad lentamente, pero que podrían avanzar mucho más si tuvieran caminos decentes, sistemas de riego y proyectos para que mejoren su producción. Es también un sector que ha sido muy golpeado los meses pasados por el alza de precio de los fertilizantes, inundaciones y sequías, que podrían volver a presentarse los meses que vienen con un posible Fenómeno El Niño Global. Desarrollar una gran iniciativa para mejorar y mantener sus caminos y riego, y promover mejores técnicas productivas, permitiría en el corto plazo generar empleos temporales e ir recuperando cohesión social y confianza en el estado; a mediano plazo mejorarían sus ingresos y condiciones de vida y se controlarían las migraciones que han sobrepoblado las ciudades.

En resumen, hay dos grandes orientaciones, para una economía que traiga progreso y contribuya a construir la nación con justicia y cohesión social. La primera es reactivación con reducción de la desigualdad y educación y salud de calidad para todos. La segunda, promover un desarrollo productivo diversificado dando prioridad en el corto plazo a la pequeña agricultura y a las zonas rurales de sierra y selva.

            Estamos en medio de una muy fuerte recesión donde el sector más afectado es la industria, pero la atención económica de estas semanas se ha centrado en la minería. La principal reunión anual del gremio minero, Perumin, motivó protestas de la población en Arequipa. Fue también oportunidad para que el gobierno diera mensajes contradictorios; mientras el ministro de energía y minas anunciaba que el proyecto Tía María se iniciaría el premier Otárola negaba que estuviera en la agenda del gobierno al tiempo que decía que “no le temblaría la mano”, como diciendo que a las decenas de muertos de las que él es responsable podrían añadirles varias más. El “broche de oro” de este momento minero han sido las declaraciones del presidente de Sothern, gran empresa productora de cobre en la costa sur y propietario de Tía María, diciendo que si el proyecto Tía María no está en la agenda del gobierno, “pues habrá que cambiar de gobierno”. Aunque concuerdo que nos convendría que se vaya el actual gobierno, viniendo esas palabras de alguien que no es ciudadano peruano, semejante intromisión en los asuntos internos del Perú me parece de una insolencia francamente inaceptable. La ultraderecha que se muestra indignada cuando organismos internacionales de derechos humanos, de quienes soberanamente hemos decidido formar parte, se pronuncian sobre las masacres de este gobierno, por supuesto que no dicen ni pío frente a esta declaración que es realmente una afrenta a nuestra soberanía.  

            Centrémonos sin embargo en la actual situación económica y en los asuntos que debieran ser principales en su discusión, empezando por algunos datos básicos.  El PBI ha caído -1,3 por ciento en julio, acumulando en el año una retracción del -0,6 por ciento. Pero el desempeño ha sido sumamente desigual y esos datos, que son una suma de toda la economía, promedian resultados abismalmente distintos entre minería e industria. Entre enero y julio la producción minera metálica ha aumentado en 12 por ciento, fundamentalmente gracias a la entrada en plena operación de la mina Quellaveco en el segundo semestre del año pasado, de tal manera que ese crecimiento no puede adjudicarse al actual gobierno. Quellaveco produjo entre enero y julio de este año 168 TMF (toneladas de contenido fino de cobre) mientras los mismos meses del año pasado aún no producía nada significativo; sin esa mina el crecimiento de la minería este año sería sólo de entre 2 y 3 por ciento y el PBI global sería 0,8 por ciento menos que lo estimado, de tal manera que la caída del primer semestre sería el doble de la registrada. En suma, si se ven las cifras con mayor detalle el resultado económico que tiene el gobierno Dina-Otarola-Congreso es desastroso.

            Esta conclusión resulta aún más nítida cuando se analiza lo que le ha pasado a la industria este año. Los datos más recientes indican que la manufactura no primaria, es decir la dedicada al mercado interno y no aquella de refinación de metales u otras materias primas para la exportación, cayó en -6,6 el primer trimestre, -8,8 el segundo trimestre y -12,2 en julio; lo que indica una recesión fuertísima y que se ha venido agravando. Una primera conclusión que se obtiene de ver estas cifras junto con las de la minería, es que la minería no “jala” a la industria; puede haber crecimiento minero y recesión industrial al mismo tiempo, incuso en las magnitudes elevadas, de dos cifras en ambos casos. Durante nuestra gestión en el MEF y coordinando estrechamente con el sector industrial, instalamos una Mesa Ejecutiva para promover una mayor articulación entre ambos sectores, buscando en particular que la minería le compre insumos – alimentos, equipos personales, insumos diversos, maquinaria – a la industria nacional, lo que nos permitiría un mayor crecimiento. Países como Australia y Chile han sido exitosos en esa promoción industrial; lamentablemente este esfuerzo ha sido abandonado por el estado aunque hay innovadoras industrias privadas que persisten en avanzar por este camino.

              La caída de la industria peruana es generalizada. La producción de consumo masivo se ha reducido en 5 por ciento y la de insumos ha caído en 13 por ciento. De los 16 rubros dedicados al consumo masivo interno, todos ellos producen menos ahora que el año pasado, siendo los mayores retrocesos (en 16 por ciento) en la producción de aceites, de fideos y de artículos de papel y cartón. Entre los insumos los rubros más afectados son el procesamiento de madera (36 por ciento menos) y, en medio de una crisis agrícola, los fertilizantes y plaguicidas (22 por ciento menos); pero todos los 15 rubros de producción de insumos están en rojo. La producción de ropa que se hace tanto para vender acá (lo poco que le permite la invasión de productos asiáticos) como para exportar ha caído 22 por ciento. Debido a la caída fuerte que también ha tenido la construcción, la producción industrial de cemento ha caído 12 por ciento. Esta situación hace que las fábricas estén manteniendo parte de tiempo sus máquinas paradas, hayan reducido personal contratado mediante ´services´ o tercerización, eliminado turnos y cortado horas extras si las tenían. ¿Por qué las industrias han recortado su ritmo de producción? No es porque ya no sea negocio producir, es porque sus ventas han caído fuertemente; las empresas han terminado con 50% más productos en sus almacenes y su demanda está mucho más baja que lo esperado, según lo indica la encuesta de “expectativas macroeconómicas” que mensualmente hace el BCR a los empresarios. En esas condiciones, con máquinas paradas y productos sin vender, ¿por qué debiera sorprender que muchas industrias posterguen sus proyectos de inversión?

            La causa de la recesión industrial, de la construcción y de muchos servicios, está clarísimo, es que la demanda interna se ha reducido dramáticamente este año. La caída del consumo, que arrastra al sector de insumos, se debe al deterioro de los salarios reales. Los datos más recientes, comparando el segundo trimestre de este año con el del año anterior, indican que los trabajadores formales han perdido 5 por ciento de su capacidad de compra, una reducción bastante fuerte considerando que tras la pandemia apenas habíamos logrado recuperar totalmente el valor real de estos salarios en noviembre del 2021. Esta caída de los salarios reales es producto de la inflación, de que se mantiene una remuneración mínima vital (RMV) congelada y de una política neoliberal que impide cualquier reclamo laboral bajo la amenaza de despido del trabajador.

            El actual gobierno ha llevado a un empobrecimiento tal que, según la última encuesta del IEP, si en junio del año pasado el 44 por ciento de hogares pasaban algunos días sin alimentos, esa cifra era 46 por ciento en junio 2023 y ahora es 57 por ciento; es decir, 4 millones más de peruanos hambrientos. Hoy la mayoría de peruanos compra menos aceite, fideos y ropa porque sus ingresos ya no le alcanzan, y eso significa menos demanda para las industrias. Este gobierno ha empobrecido masivamente al pueblo y ha provocado una recesión industrial de proporciones no vistas en treinta años, y ni siquiera le importa la gravedad de nuestra situación económica actual.

Comentario para el Latin America Advisor

https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2023/09/LAA230920.pdf

PINOCHET Y EL PERU DE HOY

Esta semana se recordaron 50 años del golpe de Augusto Pinochet. Su dictadura duró 17 años, mató o hizo desaparecer a más de 3 mil personas, produjo 30 mil víctimas de tortura y otras violaciones de derechos humanos y 300 mil exiliados. Fue brutal.  El golpe tuvo el apoyo de los Estados Unidos, las grandes empresas trasnacionales y chilenas y medios de comunicación tradicionales muy cercanos a ellas como “El Mercurio”. El aplastamiento de cualquier protesta le permitió a Pinochet hacer una política económica neoliberal extrema, con la asesoría del gran gurú neoliberal Milton Friedman, eliminando derechos laborales, privatizando las pensiones con las AFPs y la seguridad social en salud, desregulando la economía y dando todas las facilidades a las trasnacionales y grandes grupos financieros.  

Hay varios parecidos en esta historia de Chile con la del Perú de ayer y hoy. Fujimori también dio un golpe que acabó con la democracia e implantó una dictadura que asesinó e hizo desaparecer cientos de personas. Gracias a su control militar pudo aplastar sindicatos y organizaciones populares, matando líderes como Pedro Huillca y Saúl Cantoral, recortar al mínimo los derechos laborales y los salarios reales, imponer su política neoliberal, eliminar el crédito agrario e, igual que Pinochet, promulgar una Constitución a su medida.

En el Perú de hoy, como en Chile, hay quienes justifican el golpe, la dictadura, los asesinatos y las violaciones de derechos humanos. Uno de sus argumentos fundamentales es que la economía estaba en crisis, iba por mal rumbo, y por eso dicen ellos que era y sigue siendo indispensable aplicar el neoliberalismo a rajatabla, así se acumulen daños ambientales, corrupción y descontento. Debido a que un gobierno matando gente se ve pésimo, algunos buscan separar las dos cosas, rechazan el golpe pero aplauden el neoliberalismo, o analizan la economía de manera aislada y se olvidan de la dictadura. Sin embargo, ambas historias muestran nítidamente que sin dictadura no habríamos tenido un neoliberalismo tan extremo y su Constitución, ni en Perú ni en Chile. En ambos países, también, aunque se ha recuperado la democracia, no se ha logrado un cambio de fondo del modelo económico ni de la Constitución; las dictaduras de Pinochert y Fujimori lograron que el neoliberalismo perdurara en el tiempo hasta mucho después que los pueblos los botaran del poder.

Los balances sobre el resultado de décadas de neoliberalismo también muestran discusiones similares en Chile y Perú. En ambos casos, el crecimiento económico fue importante pero con un alto grado de desigualdad y con derechos sociales a la educación, a la salud y a la seguridad social negados para muchos. Para algunos, el crecimiento es todo lo que importa y éste por si solo traerá todo lo bueno, solo hay que esperar con paciencia. Para otros, entre los que me cuento, la equidad y los derechos sociales, son imperativos éticos cuya atención no puede postergarse, y además su negación genera conflictos sociales crecientes y crisis de las democracias. Las protestas masivas en Chile hace pocos años y las de los peruanos contra este gobierno, tienen como base un similar rechazo a la desigualdad y la discriminación.

EL PERÚ DE HOY

Tanto en Chile como en el Perú dictaduras extremadamente autoritarias y corruptas lograron por varios años, en base al uso brutal de la fuerza, impedir toda protesta social.  A un sector de la clase empresarial, de las trasnacionales y los grandes capitalistas, eso les gustó mucho; contar con ´cholo barato´, bajos impuestos y contactos cercanos al poder para resolver cualquier traba les resultaba muy conveniente. Esto no es algo que sea ajeno al Perú de hoy, cuando matando sesenta peruanos han logrado generar miedo a protestar (¡como no tenerlo!), la represión sigue fuerte frente a cualquier movilización opositora, los derechos laborales se vuelven a recortar, los salarios reales se reducen y los privilegios de las grandes empresas se refuerzan.

Comenzando este año uno de los voceros oficiosos de la Confiep, Diego Macera, dijo “hay condiciones para que el 2023 sea un año bueno”, habiendo “una buena oportunidad para retomar indicadores de confianza”. Recordemos que para esa fecha ya el gobierno Boluarte – Otárola habían dejado varias decenas de muertos en diversas regiones del Perú, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de la OEA) tras un análisis in situ consideró que “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y calificarse como una masacre”. A este economista neoliberal le parecía que, luego que el régimen había herido y asesinado a decenas de compatriotas (varios por la espalda), la ‘confianza’ de los grandes inversionistas se recuperaría y por eso este sería un buen año para la economía. Es obvio que su pronóstico fue errado, pero vale la pena preguntarse ¿ese guión en el que tras tremendas masacres se ‘recupera la confianza empresarial’ no recuerda a unos dictadores sudamericanos cuyos apellidos empiezan con P y con F? 

Hoy Macera se ha visto obligado a reconocer que “Es muy difícil encontrar otro período en la historia económica nacional reciente en el que las expectativas hayan caído tan fuerte y tan rápido sin que medie una crisis financiera internacional, un fenómeno natural devastador o una pandemia.” Pasados estos meses, ya este sector podría empezar a darse cuenta que las masacres pueden haber generado una calma temporal pero ahondan la justa demanda histórica de nuestros pueblos oprimidos, erosionan la democracia y agravan la incertidumbre respecto a cómo será nuestro gobierno en los años venideros, afectando así la inversión y el crecimiento.  

Sin embargo, es notorio el respaldo de la derecha empresarial más dura, de la Confiep y la Sociedad de Minería, a la reciente ofensiva del fujicerronismo y la ultraderecha por controlar el Poder Judicial y los organismos electorales (JNE y ONPE) mediante la destitución de la Junta Nacional de Justicia. Su silencio total frente a este atentado a la democracia es un verdadero estruendo. El presidente de la Confiep en un artículo reciente no dice ni una palabra sobre como este Congreso repudiado está destruyendo el equilibrio de poderes al buscar destituir a la Junta Nacional de Justicia, como ya lo hizo antes al impedir la ´cuestión de confianza´ del Poder Ejecutivo ante el Congreso. Ese silencio también se puede ver diariamente en las primeras planas de sus diarios “El Comercio” y “Peru21”. La Confiep sigue dominada por los grandes exportadores de materias primas y no les importa el mercado interno, la industria nacional ni la construcción que están en profunda recesión gracias a este gobierno; solo quieren explotar nuestros recursos pagando los menores impuestos posibles.

Hasta el momento de escribir estas líneas, estos grandes empresarios apoyan una línea de ultraderecha que busca copar el poder, para así tener más políticas económicas en su favor. En este setiembre, a 50 años de que Salvador Allende ofrendara su vida en defensa de la democracia, ojalá puedan darse cuenta que apoyar violaciones masivas de derechos humanos y promover dictaduras es algo que carece de ética y que, por más balas que nos disparen, mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.

La política fiscal está en punto crítico. El déficit fiscal ha estado aumentando mes a mes durante todo este año y ha llegado ya a ser 2.5% del PBI, sobrepasando el tope del límite legal establecido por ley 31541, que dice que en este año el déficit no debe ser mayor a 2.4%. Sabemos además que, todos los años, en los meses finales se acelera la inversión pública y se pagan aguinaldos navideños, de tal manera que el déficit se amplía. El gobierno insiste que todo irá mejor los próximos meses, pero la trayectoria que vienen registrando las cuentas fiscales apuntan a que el gobierno termine el 2023 violando la ley. 

Simultáneamente, la economía está en recesión. La fuerte caída en el primer semestre de la producción industrial (menos 7. 7%) y de la construcción (menos 9%) se debe a la marcada retracción de la demanda interna. Uno puede ver muy nítidamente revisando la situación de las industrias de bienes de consumo masivo; por ejemplo la producción de fideos cayó 15.6%, los aceites y grasas se redujeron en 16.7%, se produjeron menos 20.7% menos prendas de vestir. En todos estos casos la producción se redujo aún más en el segundo trimestre, es decir, no sólo hay recesión sino que la tendencia es a la baja. ¿Por qué sucede esto? Porque las ventas han disminuido, y luego de unos meses de ver que los productos se quedan en sus almacenes sin salir, las empresas reducen su producción. Es la acción lógica desde el punto de vista empresarial. Pero ¿por qué se vende menos fideos y menos aceite? la respuesta obvia es “porque los hogares populares tienen menos dinero en los bolsillos para comprar”; ante el mayor desempleo y menores salarios e ingresos, se ven obligados a sacrificar hasta su alimentación. La última encuesta Ipsos muestra que 54% de peruanos dice que en los últimos doce meses sus ingresos han disminuido y apenas 7% que han amentado; frente a las posibilidades de encontrar empleo 72% considera que está peor y sólo 4% que está mejor.

                REACTIVACIÓN Y POLÍTICA MACROECONÓMICA

Frente a una recesión, la respuesta de cualquier libro de macroeconomía es que se debe hacer una política reactivadora de la demanda. Esa fue la gran lección que el mundo sacó de la gran recesión mundial de 1930, a partir del genial análisis de John Maynard Keynes. Sólo con mayor demanda interna, sectores claves como la industria, la construcción, el comercio y los servicios, que emplean a más del 90 por ciento de los trabajadores urbanos, podrán recuperarse. La política macroeconómica tiene dos brazos para mover la demanda interna. Uno es la política monetaria del BCR, expresada en su tasa de interés de referencia; cuando suben esa tasa de interés – como ha hecho los últimos dos años – el crédito total se frena y cualquier préstamo se vuelve más caro, lo que a su vez retrae el consumo y la inversión privada; teniendo que pagar mucho más en intereses muchas inversiones privadas pasan a tener una rentabilidad nula o negativa. El que la inversión privada haya caído 8.3 % el trimestre pasado tiene causas vinculadas a la inestabilidad política pero también ha sido claramente afectada por el alza de tasas de interés del BCR de 0,25% a 7,75%. El efecto negativo de tasas de interés más altas sobre la inversión es algo ya claramente establecido por investigaciones en el Perú y en el mundo, habiendo sido el propio BCR pionero en varias de esas investigaciones. La política monetaria que el BCR aplica de manera autónoma involucra otra discusión cual es la política anti-inflacionaria, análisis que dejamos para otra ocasión, pero que el alza de tasas de interés es causa importante de la caída de la demanda interna y la recesión es una verdad que no debe seguir siendo ocultada.

Hay otro brazo importante de política macroeconómica que influye sobre la recesión y/o reactivación de la economía, cual es la política fiscal. El control de la política de ingresos y gastos fiscales la tiene el gobierno, es decir el Poder Ejecutivo Boluarte-Otárola, en cogobierno con el congreso derechista basado en la alianza de Keiko Fujimori con Vladimir Cerrón, César Acuña y Renovación Popular de Rafael López-Aliaga. ¿Cuál ha sido la política fiscal realmente aplicada por este gobierno? Entre enero y julio, los datos oficiales muestran que la inversión pública ha caído, en términos reales, es decir considerando que ha habido un el alza de precios, en 2 por ciento. Cuando la inversión pública cae, se contratan menos trabajadores de construcción civil, lo que deprime el consumo, y se compra menos cemento y fierro, afectando a las industrias que los producen. Una reducción similar, del orden del 3 por ciento real, ha tenido en estos siete primeros meses del año el llamado “gasto corriente” del gobierno, en el que se registran los sueldos, los contratos CAS, los alimentos para Qali Warma y otros programas sociales y la multiplicidad de compras del estado como medicinas y equipos médicos. Al recortar estos gastos, la consecuencia es que se deteriora la atención en salud y se obliga a más pacientes a buscarse de manera particular sus propias medicinas o exámenes médicos, y para cubrir estos gastos esas familias tendrán que comprar menos fideos, aceite y ropa. En resumen, la política fiscal efectivamente llevada a cabo, la que muestran los datos y no la de los anuncios gubernamentales hechos con bombos y platillos pero escasa efectividad, es que hay menos inversión pública y menos gasto en servicios básicos, lo que deprime el consumo y la demanda, agravando la recesión.

¿Cómo así, entonces, si el gasto se ha reducido, el déficit se ha ampliado? ¿Si los gastos se reducen, no debiera haber menos déficit? La explicación está en la política tributaria, que es la otra parte de la política fiscal aplicada por la alianza fujicerronista. La medida clave en materia de impuestos de este periodo se concentra en la decisión del Tribunal Constitucional que perdonó 12 mil millones de soles a los grandes deudores tributarios. Se trata del TC que eligió la alianza Keiko-Cerrón y que actúa de acuerdo a sus mandatos. Su decisión regaló esta enorme cantidad de dinero a un puñado de grandes empresas, pero además generó un incentivo muy claro a estos sectores, ya que ahora está muy claro que más les conviene evadir impuestos y luego hacer un larguísimo proceso de reclamación judicial antes que pagar lo que deben al fisco. El resultado ha sido que los ingresos tributarios han caído en 6,700 millones de soles entre enero y julio de este año. Es por esos menores ingresos fiscales, de una gran magnitud, que ahora tenemos un déficit fiscal creciente. Mientras tanto, las utilidades de las empresas trasnacionales en este primer semestre del 2023 han sido de 8,157 millones de dólares; solo en el segundo trimestre ganaron 569 millones adicionales a sus ya granes utilidades del 2022, siendo 230 millones ganancias adicionales del sector minero. Como sabemos, este congreso se rehusó a establecer impuestos más justos a la minería y quienes tienen gran acumulación de capital cuando se propuso una reforma tributaria a fines del 2021, luego de lo cual los gobiernos de Castillo y Boluarte han archivado totalmente la necesidad de un sistema tributario más justo.

En resumen, vivimos una fuerte recesión causada por una demanda interna que ha disminuido 1.8% el primer trimestre y 3% el segundo trimestre, una caída aún mayor cuando las protestas sociales no fueron fuertes. Sesenta muertos impunes impiden que haya confianza en el gobierno por lo que una salida política democrática con adelanto de elecciones es indispensable para que la economía se levante, pero sin cambios en la política macroeconómica es improbable que los resultados sean muy distintos.

LA RECESIÓN Y SUS SALIDAS

Estamos en recesión, aunque a varios la palabra les asuste. Esto quiere decir que la economía peruana no está creciendo, sino que la producción total se ha achicado, se ha ido para abajo, en los primeros seis meses del gobierno de Dina Boluarte. Como se sabe, la cifra es un negativo de – 0,5 por ciento según la cifra oficial del INEI. También se ha tratado de decir que eso sucedió en el pasado pero ya pasó, pero las cifras también desmienten esa afirmación la caída de la producción en el mes de junio, el último para el que hay un cálculo publicado, ha sido aún mayor, de -0,6 por ciento.  Y aunque todavía no hay datos completos de julio, los avances no son favorables, la inversión pública real cayó 13 por ciento (¡) y el sistema electrónico de transacciones registra un valor menor en 14 por ciento a mediados de mes de agosto y menos 23 por ciento en julio.

Lo más grave es que sectores productivos claves, los más importantes, en la generación de empleo e ingresos para las mayorías han tenido retrocesos muy fuertes. La manufactura, es decir el sector industrial, produjo en el primer semestre 6 por ciento menos, pero la caída se ha ido agravando y en junio produjo 14,6 por ciento menos. Hace más de tres décadas que no se veían cifras de esta magnitud en la industria. En la construcción la caída del primer semestre es de 9 por ciento; sólo en Lima el último dato de empleo muestra que hay 84 mil personas menos trabajando en este sector (entre los meses mayo a julio). Estos dos datos indican que la situación en las ciudades, y en particular en Lima, es de fuerte golpe a las economías populares. Pero en el campo, la situación es también crítica ya que en los primeros seis meses de este año la producción agrícola cayó en 4,6 por ciento, siendo la mayor parte de estos alimentos producidos por millones de pequeños agricultores.  Laos grandes agroexportadores de arándanos, uvas y mango no se han visto afectados y más bien siguen aumentando su producción (bien por eso), pero son los medianos y pequeños productores de arroz (-3 por ciento), papa (-14 por ciento) y maíz (-16 por ciento) los seriamente afectados. 

Lo primero es reconocer el problema y su gravedad; hay un problema y este es serio. Parte de la caída de la producción, en especial agrícola, se debe al Niño Costero, pero la respuesta gubernamental de apoyo y promoción ha sido mínima, y manteniéndose un cambio de clima fuerte y siendo probable que enfrentemos un Fenómeno El Niño en el próximo verano, una fuerte y efectiva política de soporte es clave y no se le ve por ningún lado. La recesión en el sector industrial y construcción, sin embargo, en particular la que se ha seguido viendo en los últimos meses de mayo, junio y julio, no tiene nada que ver ni con el Niño costero ni con las justificadas protestas sociales a las que Dina Balearte y Alberto Matárola respondieron con 60 compatriotas asesinados meses atrás. Se debe a que el mercado interno está recesado, disminuido, ajustado, con una demanda interna reducida; en la respuesta que los propios empresarios dan al BCR en la encuesta que hace mensualmente, ellos indican que su nivel de demanda respecto a lo esperado esta en negativo hace varios meses y ha caído entre mayo y julio; de todos los indicadores que recoge el BCR este es el que más se correlaciona con el PBI. ¿Debiera llamar la atención que, cuando la inflación ha reducido sustancialmente los salarios reales sin que haya ninguna medida del gobierno para favorecer a los trabajadores si no todo lo contrario, esto haya pasado? No, claro que no; si se reducen los ingresos que sustentan las economías populares, estos hogares se ven obligados a reducir su consumo y, en consecuencia, las empresas venden menos – menos ropa, menos comida, menos casas, menos muebles. Enfrentados a menos demanda, los empresarios reducen su producción. A su vez, esto afecta el empleo; debiendo producir menos, las empresas despiden gente, reduce horas extras, no renuevan contratos, postergan inversiones. El proceso mediante el cual una caída en la demanda afecta la producción no es ningún misterio y está en todos los libros de macroeconomía básica.

ALTERNATIVAS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO

En el corto plazo, cualquier alternativa macroeconómica pasa por reactivar la demanda. Se ha puesto mucho énfasis en la inversión privada y está bien, es indispensable motivar y mejorar las expectativas en ese sentido, pero hay que tener claro que un empresario constructor o industrial que ve su demanda caída, que tiene decenas de departamentos sin vender o cuyos almacenes están llenos de zapatos que no logra que salgan en el mercado porque la gente está misia, no tiene incentivo alguno en ponerse a ampliar su fábrica. Elevar de manera efectiva la inversión pública, mejorar en serio la salud pública para que la necesidad de enfrentar problemas urgentes no drene los bolsillos de las familias y tener una política laboral activa que mejore los sueldos y salarios, son las medidas clave en este sentido; y los costos que esto genera al presupuesto público deben ser cubiertos con una reforma tributaria y medidas para reducir la evasión de los grandes tramposos contra el fisco. Una vez más, como también fue el caso el 2021, darle un nuevo empujón al carro de la economía nacional es indispensable, de lo contrario, todas las promesas y frases de que “ahora sí ya el futuro económico es promisorio” no se harán realidad.

Considero esencial ponerle especial atención a los pequeños y medianos agricultores de la costa, sierra y selva. En un grupo en el cual los niveles de pobreza y vulnerabilidad son más altos. Logrando una mayor producción de alimentos básicos como arroz y papa se conseguirá que la inflación ben estos rubros clave no afecta tanto a los trabajadores urbanos. Es además un grupo que, justificadamente, se ha sentido particularmente agraviado y ha respondido con más fuerza ante este cogobierno Boluarte- Congreso (o quizás más precisamente Otárola – fujicerronismo), pero cuyo malestar responde a una exclusión histórica y que requiere, lo antes posible, un estado que responda ante sus problemas. Añado a esto que el cambio climático que vemos ahora, y el probable Fenómeno El Niño que se nos viene, los va a golpear nuevamente, y lo mejor es actuar desde ahora. Si desde hace décadas requieren, y no tienen, un apoyo en créditos y seguros accesibles, en mejores sistemas de comercialización y articulación con mercados urbanos, en promoción de nuevas tecnologías y en irrigaciones de mediano y pequeño tamaño y menor costo en las alturas y laderas de los andes, hoy la urgencia es mayor. El riesgo de una seria escasez hídrica ya lo tenemos encima, y hay opciones de captura de agua, de represas y canales mejorados, de riego tecnificado, que deben ponerse en marcha ahora y no cuando se agrave su empobrecimiento y se afecte el abastecimiento de las ciudades. Otros sectores, como la industria, los servicios, el turismo y la construcción, las pequeñas y medianas empresas en general, las cooperativas y asociaciones, también requieren una política promocional fuerte. Hoy que estamos en recesión, una política que promueva el empleo y apoye a las economías populares es más urgente que nunca.

El Perú es un país altamente desigual en múltiples dimensiones. La diferencia de ingresos promedio entre hombres y mujeres es de 26% y un afroperuano gana en promedio 500 soles mensuales menos. En ingresos, el coeficiente de Gini es cercano al 0.7 en las investigaciones Seminario, Cruz-Saco y Campos (2018) y de Alarco y colaboradores (2019). Aunque cifras recientes del ‘Informe sobre la Desigualdad Global 2022’ que nos ponen en el cuarto nivel más alto de desigualdad del mundo aún están siendo debatidas, no cabe duda que tenemos una desigualdad extremadamente grade: apenas dos personas concentran el 15% de toda la riqueza que hay en el país.

El estado hace muy pocos esfuerzos para reducir esta desigualdad. Un estudio de Lustig (2017) para 16 países latinoamericanos muestra que el estado, cobrando impuestos y aplicando su gasto social, apenas reduce el Gini en Perú en 4%, el de menor redistribución en toda Sudamérica. Argentina reduce su Gini en 18% y Brasil en 12%. La razón esencial para ello: el bajo gasto social en Perú, mucho menor al de sus vecinos regionales; en Europa y Estados Unidos el esfuerzo social del estado es sustancialmente mayor.

Una de las desigualdades más fuertes en el Perú está en su dimensión regional. La tasa de mortalidad infantil en Puno es 3.6 veces más alta que la de Lima. Según la encuesta IEP-Oxfam 2020 de percepción de desigualdades, la mayoría de peruanos considera muy graves las desigualdades ricos y pobres (72%), entre ciudades y zonas rurales (61%) y entre Lima y el resto del país (56%). La pobreza rural es 40% frente a 22% en las ciudades, menos de uno de cada tres colegios rurales tiene luz, agua y desagüe y el porcentaje de hogares rurales con una computadora (5%) es la sétima parte que las ciudades. Han faltado políticas articuladas y de largo plazo para el desarrollo económico rural, así como provisión de servicios básicos e inversión pública en infraestructura. La discriminación a los pueblos y culturas originarias sigue siendo muy fuerte.

Esta enorme desigualdad y lo poco que hace el estado para reducirlo, es un factor esencial para que la ciudadanía sea muy crítica de nuestra democracia. Apenas 11% de peruanos está “muy” o “más bien” “satisfecho con la democracia” según el Latinobarómetro 2018. Más del 85% de peruanos ha opinado consistentemente, desde inicios del milenio hasta el 2020 (último dato) que “se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio”. Somos el país latinoamericano donde mayor porcentaje cree que quien tiene más poder son las grandes empresas (55%) antes que el estado. No es sólo un problema del Poder Ejecutivo; apenas 16% tiene “mucha” o “algo” de confianza en el Poder Judicial y la confianza en el Congreso es de apenas 8%, el porcentaje más bajo de los 18 países encuestados de la región.

Si la enorme mayoría de peruanos cree que el gobierno actúa para beneficio de grupos poderosos y tiene poquísima confianza en él, no debiera extrañar que existan resistencias y protestas airadas en determinados momentos, así como informalidad e ilegalidad en la economía. Adolfo Figueroa, gran estudioso de la realidad peruana, propuso una teoría al respecto.  “Usualmente se escucha decir ´en el Perú necesitamos un gobierno fuerte que ponga orden’. Pero, ¿por qué hay desorden? (…) la desigualdad marcada está a la base de ese desorden social.” (1995).

“En una crisis distributiva (…) las masas considerarían que la distribución del ingreso es injusta y se rebelarían contra el orden social. También se incrementarían las prácticas del ingreso no contractual, es decir, la corrupción. (…)”. Por eso, Figueroa concluyó que “Sociedades con un alto grado de desigualdad serán sociedades inestables y, por ello, autoritarias; sólo así se podría hacer funcionar la sociedad. La democracia será, en esos casos, muy frágil”.

Desde luego, hay consideraciones políticas, referidas a la normatividad y condiciones legales de los partidos, la representación y la participación ciudadana, así como recorridos históricos, que son de gran importancia. Pero un análisis social que mire el largo plazo de nuestra historia y las estructuras económicas y sociales, indica que para poder tener una democracia sólida necesitamos construir una república con iguales derechos civiles y políticos, económicos y sociales y culturales, que realmente sean gozados por todos y todas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.

Alarco, G., Castillo, C y Leiva,F (2019). Riqueza y desigualdad en Perú – visión panorámica. Oxfam. Lima.

Cruz Saco, M. A., Seminario, B. & Campos, C. (2018). Desigualdad (re)considerada. Journal of Economics, Finance and International Business. 2(1), 12-52.

Figueroa, A (1995). Desigualdad y democracia. En El Perú frente al siglo XXI, G. Portocarrero y M. Valcárcel editores, pp. 53 a 76, Fondo editorial PUCP. Lima

Instituto de Estudios Peruanos – Oxfam (2022). I Encuesta nacional de percepción de desigualdades 2022. Lima.

Lustig, N (2017) . El impacto del sistema tributario y el gasto social en la distribución del ingreso y la pobreza en América Latina. Una aplicación del marco metodológico del proyecto Compromiso con la Equidad (CEQ). El Trimestre Económico, vol. LXXXIV (3), núm. 335, julio-septiembre de 2017, pp. 493-568

PUBLICADO POR IDEHPUCP – https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis1/desigualdad-y-democracia/