La pandemia no está contenida. Los casos y las muertes de Covid-19 se reducen en algunas regiones pero aumentan en otras, e incluso hay diferencias entre provincias de la misma región. A nivel nacional, aún no estamos seguros si lo que las últimas semanas parece ser una meseta se mantendrá.  Es posible que el uso generalizado de mascarillas nos ayude y lleve a un lento declive de la enfermedad, diferenciándonos de lo que hoy pasa en Estados Unidos y otros países. Pero la negativa a dar mayor apoyo de bonos a una población empobrecida y el levantamiento de la cuarentena han llevado a una circulación masiva de gente que en paraderos y combis corre serio riesgo de contagio. El transporte público es ahora el lugar más crítico de nuestro país, donde estamos jugándonos un posible rebrote de fatales consecuencias. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo debemos cuidarnos y que podría hacer de manera urgente el gobierno?

CUIDARSE

Hay dos medidas esenciales que debemos tomar para reducir el riesgo de contagiarnos al transportarnos. La primera es obvia: reducir los traslados al mínimo. Todo lo que requiera viajes y no sea urgente o de suma importancia, mejor postergarlo hasta nuevo aviso. En la medida que podamos trabajar desde casa, el llamado teletrabajo, mejor. Toda chamba que pueda ser hecha así debe alentarse y promoverse; las empresas y entidades públicas deben invertir en equipos y software que lo permitan y faciliten. Los empresarios deben ser conscientes de que trabajar de esta manera cuida la salud de sus trabajadores, colabora con la sociedad y los va poniendo en mejor pie competitivo para los siguientes años. En el estado, desde luego, es un despropósito mayúsculo, que la opinión pública debiera castigar severamente, obligar innecesariamente a que los trabajadores viajen, como con estas payasadas de “sesiones descentralizadas” bamba del congreso.

Yo hago mis clases desde la sala de mi casa (no tengo un sitio mejor), conectado desde mi laptop a este nuevo sistema de reuniones virtuales llamado Zoom. No es fácil adaptarse pero es un esfuerzo que vale la pena hacerla porque, además, nos dará réditos mucho más allá de este año, durante décadas. Personalmente estoy por hacer algunas inversiones en nuevos equipos que mejoren mi trabajo. El gobierno debe dotar a profesores y funcionarios públicos de equipos, laptops y conexiones de internet, y promover todo lo posible el teletrabajo. Pero hay muchas otras cosas que pueden hacerse desde casa hoy, desde un comercio electrónico que se ha multiplicado, hasta espectáculos y creaciones artísticas en vivo, preparación de salsas, mermeladas y comidas en la cocina de casa, artesanías y obras de arte, etcétera.

La segunda medida para evitar subirse a un microbús es usar otros medios de transporte: ir a pie, en monopatín, escúter, bicicleta o, si es ya demasiado lejos, moto. Lo más contaminante y que ocupa más espacio en las calles es el carro, así que trato de reducir su uso al mínimo. Salvo que las distancias sean demasiado grandes, voy a pie o en bicicleta, que es lo más saludable y lo mejor para reducir la congestión y la contaminación. En cuanto al Covid-19, es muy seguro, usando la mascarilla y manteniendo la distancia, algo que se hace casi naturalmente yendo en bici. El gran tema es el riesgo en las ciudades debido al tráfico y mal manejo, por eso es urgente que se hagan ciclovías por toda la ciudad, en estos meses aunque sea de manera temporal separando espacios con conos.

SUBIENDO AL BUS

Lamentablemente, para muchas personas ninguna de esas soluciones es viable. Menos del uno por ciento de los viajes de transporte urbano en el Perú se hacen en bicicleta,. Esta cifra puede aumentar bastante pero en muchos casos las distancias para ir al trabajo o visitar un familiar son demasiado grandes. Incluso para ir de compras, la bicicleta tiene sus limitaciones en cuanto a la carga que se puede llevar, lo digo por experiencia (me falta comprarme parrilla, caja y alforjas). Como se necesita un transporte motorizado y comprar un auto para muchos está fuera de su alcance, la mayoría tiene que andar en ómnibus.

El problema es que nuestro sistema de transporte, privatizado y desregulado desde la reestructuración neoliberal decretada por Fujimori, reforzado en Lima por las tres gestiones de Castañeda, es un desastre mayúsculo. Desordenado, lento, congestionado, ha convertido las calles en escenario de la “guerra del centavo” que genera accidentes por centenares. Los buses, ´coasters´ y microbuses son una apretujadera, espacio privilegiado para que una serie de machitos pendejos acosen sexualmente a las mujeres. Ahora estos buses y micros son el mejor sitio para que el Covid-19 se reproduzca, ya que el virus se trasmite con facilidad en espacios cerrados pequeños que tienen mucha gente dentro durante un largo rato (la misma razón por la cual los restaurantes son otro espacio en el que hay que tener muchísimo cuidado). Nos hemos mal acostumbrado a un sistema de transporte público que está, honestamente, entre los peores del planeta, muchísimo peor que el de cualquier país vecino. El enorme tiempo perdido y el nivel de maltrato al que son sometidos los limeños no se vive en Santiago, Quito, La Paz, Bogotá, Buenos Aires o Sao Paulo, ni de lejos, y eso que ellos tampoco tienen sistemas de transporte como los europeos.

Al inicio de la cuarentena, en marzo, el gobierno estableció que en el transporte público nadie podía ir parado y sólo podía usarse la mitad de los asientos, estableciendo un distanciamiento social. Pero eso se ha relajado y ahora se permite el uso de todos los asientos. El problema de base es que, con la circulación de gente ampliada, no había forma de que la flota de buses y micros actual cubriera a toda la demanda de transporte usando sólo la mitad de los asientos. Incluso es probable que en unas semanas, cuando haya aún más movimiento, ni siquiera usando todos los asientos pero impidiendo que haya pasajeros parados se pueda cubrir la demanda. Desde luego, a más pasajeros y más congestión, aumentan exponencialmente las probabilidades de contagio; algo se podría ganar si se abren las ventanas porque el flujo de aire se lleva los virus al exterior. Si se suben a un bus o micro, háganse un favor y lleven una buena mascarilla bien ajustada, protectores faciales con su mica transparente adelante, vayan abrigados y pidan que abran las ventanas: no es por ser dramático pero su vida está en juego.

Algo más se puede ganar si se amplían los corredores exclusivos para buses, lo que permite que vayan más rápido, reduciendo el tiempo de exposición de los pasajeros y permitiendo un flujo de aire mayor.

ENTRE LO ESTRUCTURAL Y LAS NECESIDADES DEL MOMENTO

El tema de fondo, desde luego, es similar a lo sucedido con la salud: décadas de mínima inversión pública y predominio del “libre mercado” nos están pasando la factura, y se hace más urgente que nunca una verdadera reforma del transporte con fuerte participación estatal. Que no se arañe nadie por considerar que un sistema predominantemente privado no es eficiente; como sucede en cualquier metrópoli, en Lima ya tenemos un Metro y un Metropolitano subsidiados.  Ahora tenemos que ampliar y mejorar un sistema de transporte público que realmente sea eso, público en el sentido de estar pensado en servir a la comunidad y regulado y financiado en consonancia.

Pero no se puede lograr ese objetivo en un corto plazo, y nuestro transporte urbano YA es el principal foco de contagio del Covid-19. No se trata, por cierto, de algo desconocido para la salud pública: hace ya bastantes años que se maneja la hipótesis de que en esos micros congestionados contagia la tuberculosis, igualmente trasmitida por pequeñas partículas en el aire emitidas por los enfermos al toser.

Las posibles medidas adicionales quedan todas fuera del ámbito del sector transporte o del sector salud. Corresponden a la economía y la producción: para evitar que por obligaciones de trabajo la gente se aglomere en el transporte urbano se puede paralizar temporalmente algunos sectores productivos u obligar a algunas empresas e instituciones a atender en horarios diferenciados, comenzando labores muy temprano o hasta muy tarde. Medidas antipáticas, incómodas y con sus costos. El problema es que, hasta donde alcanza mi análisis, no hay otras que puedan ser efectivas.

Las decisiones son difíciles y pueden volverse más difíciles. En lo que no cabe duda es que hay que poner ahora todo el empeño en modificar al máximo posible nuestro transporte para enfrentar los nuevos riesgos traídos por el coronavirus; si queremos sobrevivir no podemos seguir como antes.

Un balance a medio año, aún preliminar, de la pandemia, muestra claramente que el continente más golpeado es América, en sus dos partes: los Estados Unidos de Norteamérica y Latinoamérica. Algunos datos: el país con más casos de Covid-19 en el mundo es Estados Unidos, llegando a los 2 millones 750 mil casos, le sigue Brasil con un millón y medio. Todo el continente pasó los 5 millones de casos. Medido por millón de habitantes, en América hay en promedio 15 veces más casos que en el resto del mundo. Si nos fijamos en la mortalidad, Estados Unidos ya pasó los 130 mil muertos y el continente el cuarto de millón, y eso que en varios países como Perú, México y Brasil hay muchos fallecidos por Covid-19 que no han sido contabilizados.

Comparen con China, cuya población excede a la de toda América en 300 millones de personas. Allá empezó la pandemia así que uno esperaría que, por la sorpresa y desconocimiento, fueran los más golpeados, mientras que nuestro continente, con el anuncio de lo que se venía y lo aprendido en el pellejo de otros, podría hacerlo mejor. Pero no. En China los muertos por Covid-19 no llegan a 5 mil, la cincuentava parte que en América. No es solo China, ojo: el primer caso de coronavirus en Corea del Sur se dio el mismo día que fue el primer caso en EEUU, pero si alguien se trasladaba ese día de EEUU a Corea su probabilidad de morir (a la fecha) hubiese sido apenas una setentava parte que quedándose donde gobierna Trump.

La tendencia en nuestro continente, además, es desfavorable. Los tres países más poblados, Estados Unidos, Brasil y México, están en una dinámica de aumento de casos, en Estados Unidos con el agravante de que se trata de una segunda ola que por su magnitud parece un tsunami. 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Lo que sucede en Estados Unidos es increíble. Se trata de una “potencia”, es decir, un centro de alto poder: tienen una gigantesca economía, son los primeros en tecnología, su moneda es la base de las finanzas y comercio mundiales. Pero aunque tienen una democracia que se acerca a los 250 años de vida, ahora son los campeones en número de casos y de muertos, y su tasa de mortalidad por millón de habitantes va camino a ser también la mayor (hay varios países europeos adelante pero todos ellos han logrado doblar la curva y controlar los casos a la fecha).

Tampoco es que les vaya mejor en su economía: el FMI proyectó que caería 8 por ciento este año, pero esa proyección fue antes de que este segundo tsunami se desatara, con esta evolución de la epidemia seguramente habrá un par de puntos más de caída (China es la única gran economía que crecería este año según el FMI). EEUU empezó junio con 20 mil casos nuevos de coronavirus por día, y cerró el mes con el doble: 40 mil casos diarios. Su primera ola fue entre mediados de marzo y fines de abril, donde la epidemia cayó durísimo en Nueva York y estados aledaños, donde ya la curva bajó. Pero ahora el Covid-19 se ha desatado en muchos otros estados, con algunos grandes del sur y oeste como Florida, Texas y California muy afectados. Dada la amplitud de los centros de contagio y considerando que allá están en verano que es cuando los coronavirus se expanden menos, las perspectivas no son alentadoras.

La razón está clara: su estupidísimo presidente, que se la ha pasado ninguneando a la enfermedad, negándose a usar mascarilla y a legislar su uso obligatorio, promoviendo medicamentos sin prueba de eficacia y hasta hablando de inyectarse cloro, y dejando de lado los consejos de expertos y del CDC (Centro de Control de Enfermedades). La semana pasada, en un mitin de campaña que por cierto le salió muy mal en Tulsa, Oklahoma, Trump tuvo el descaro de decir que, como al hacerse más pruebas se descubrían más casos, le había dicho a sus colaboradores que no hicieran tantas pruebas. No deja de sorprenderme que una potencia mundial con democracia consolidada no haya podido tenido “checks and balances”, equilibrios de poder, que aseguren una actuación mínimamente racional de su gobierno.

Para agravar las cosas, en un estado federal como son los EEUU varios gobernadores de su partido republicano (como en Texas y Florida) se han rehusado a promover el uso de mascarillas y permitido reuniones masivas que favorecen el contagio. Otra parte del problema han sido grupos que tras un discurso hiper-individualista se rebelan contra cualquier medida social como las mascarillas, sumado a una enorme ola de protestas desatada por el brutal asesinato de un afroamericano detenido por la policía, asesinato que fue grabado en video y que se suma a una larga historia de racismo y discriminación. Las protestas eran totalmente legítimas, pero muchas de ellas se hicieron sin las medidas de cuidado que ahora se necesitan contra el Covid-19.

¿Se recuperarán los Estados Unidos? La vacuna, que esperamos llegue y que no demore tanto, resolvería muchos problemas, y dado su poder los EE.UU. estarán entre los primeros en tenerla. Pero hasta entonces, la epidemia seguirá cobrando muchas vidas y su economía seguirá medio parada por medidas de seguridad. Esperemos que las elecciones saquen a Trump, pero es dudoso que Joe Biden tenga la capacidad como para re-enrumbar a los EEUU como es necesario. A nivel internacional, su reputación ante el resto del mundo ya ha quedado mellada por largo tiempo.

LATINOAMÉRICA

América Latina también está fatal. Hay de todo, es cierto, con países exitosos contra el coronavirus como Uruguay y Costa Rica, pero vamos, ellos siempre fueron más europeos que latinos. De los países grandes, Argentina es a quien le está yendo menos mal, mientras que en México aplican desde un inicio eso de hacer pocas pruebas y dejar de registrar casos. A Brasil y los países de la comunidad andina, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia, no nos está yendo nada bien. Varios tenemos muchísimos muertos y estamos bien arriba en la tabla de fallecidos por millón de habitantes, caso de Chile, Perú y Brasil. Bolivia y Colombia tienen menos casos y menor mortalidad total pero una curva claramente ascendente. Ya sea por donde estamos o por hacia donde se dirigen, ninguno de nuestros vecinos pinta bien.

Uno podría explicarlo porque de alguna manera padecemos los mismos males, pero en cierto sentido cada caso es único. Los males comunes: herencias coloniales, estados débiles, altos niveles de desigualdad, democracias endebles, baja industrialización, atraso tecnológico. Estos problemas se agravaron con las políticas neoliberales aplicadas desde los años 90 del siglo pasado; el Perú destaca como caso grave tanto por su historia como por la aplicación ininterrumpida de esas políticas por tres décadas. Ninguno en Latinoamérica tenía la capacidad de China y otros países asiáticos (Japón, Corea, Singapur) y algunos europeos (Alemania, Dinamarca) de aplicar una fuerte política de pruebas, seguimiento de contactos y aislamiento, de controlar de manera efectiva territorios con fuerte contagio, y de tener sistemas de salud capaces de responder al nivel requerido.

Argentina, pese a la pésima situación económica en la que la dejó el derechista Macri, mantenía un mejor sistema de salud y quizás un liderazgo sensato con asentamiento social, y aunque le va mejor no ha podido controlar la epidemia. A Chile le ha pasado fuerte la factura la respuesta pro- empresarial de Piñeira, que con la misma mirada de mantener los grandes consorcios operando, se resistió a aplicar una cuarentena hasta que la epidemia explotó al punto, que ahora tienen los peores indicadores de la región. Chile tiene un estado mucho más fuerte que el peruano; pero como en Estados Unidos, eso no sirve para nada si quien lo dirige no opta por defender la vida de la gente, sobre todo ante tanta desigualdad como la que ellos tienen. Es como los fondos fiscales acumulados por el Perú, esos que se dice eran nuestra gran fortaleza de los años anteriores, pero que al no usarse para aliviar la extrema necesidad de la gente, terminan siendo inútiles, desperdiciándose la potencia que hubieran podido tener contra la epidemia y la recesión.

Brasil es quizás el peor caso. En cifras totales es puntero en enfermos y muertos, viéndolo por millón de habitantes su mortalidad está entre las mayores del mundo. Tienen, para la región, un sistema de salud que no es tan malo, su estado tiene una base económica fuerte y la industria (con capacidad para producir medicinas y equipos médicos incluso) es la más potente. Pero su presidente Bolsonaro, un derechista caudillo y autoritario tipo Trump, le gana a ese en idiotez y en su terquedad en negarse a reconocer la epidemia y su gravedad. A los brasileños no les ha ido peor sólo porque varios gobernadores importantes, siendo un estado federal, han tomado medidas. 

FUTURO INCIERTO

Este es un balance muy preliminar de la epidemia Covid19 en las Américas. Vivimos tiempos de gran incertidumbre, así que es posible e incluso probable que en pocos meses buena parte de lo acá escrito pierda validez. La India, un país subcontinente de 1,300 millones de habitantes, con altos niveles de pobreza y congestionamiento urbano, registra una epidemia baja pero creciente sumamente preocupante que puede cambiar el mapa mundial.

Aún con todo lo particularmente brumoso que resulta el futuro cercano, hay que irle tomando el pulso a lo que viene sucediendo. Esta epidemia va camino a convertirse en una gran debacle que marcará el siglo XXI y que afirma las posibilidades de que esta se defina como la centuria del lejano oriente.

El Sistema Nacional de Pensiones que administra la ONP es lo que se conoce como un sistema de reparto, similar a los sistemas de pensiones de Europa, EEUU, Japón y otras partes. Consiste en recoger las contribuciones de los trabajadores y ese dinero dárselo a lo jubilados. Por eso se llama de reparto. Por eso no se puede devolver: ya no está.

Lo que no puede aceptarse es que gente con 19 años de contribuciones no reciba nada. Deben establecerse pensiones, con menores montos, a quienes han contribuido menos. A quienes tienen muy pocos años de contribución, a la edad de jubilación se les podría dar una cantidad de dinero por única vez, similar a lo que han aportado.

Lo más importante, sin embargo, es establecer un sistema de pensiones solidario, público y de amplia cobertura. Si algo nos debiera enseñar esta crisis es que necesitamos más estado y más solidaridad, no más individualismo y “sálvese quien pueda”.

¿Significa eso defender la actual ONP? Todo lo contrario. La ONP aguanta y niega pensiones, y mantiene unas pensiones bajísimas. La razón principal es que 1) el MEF no le da los fondos necesarios 2) que se necesitan porque el sistema de AFPs hizo que muchos trabajadores dejaran de cotizar a la ONP, desequilibrando el sistema. La ONP opera como un brazo del MEF en vez de un sistema de pensiones, y eso debe cambiar dándole autonomía y un mecanismo de financiamiento adecuado.

Por otro lado, hay mucha gente que tiene mucha necesidad ahora, eso es verdad. Para ellos, el gobierno debe dar un BONO UNIVERSAL no solo una vez, sino al menos 3 veces.

En otras palabras:¿el actual sistema de la ONP tiene problemas serios? Sí. ¿Los aportantes tienen gran necesidad? Sí. ¿La solución es pretender una devolución imposible? No. Lo que se necesita es reformar la ONP y el sistema de pensiones.

Se ha documentado con bastante detalle los serios problemas en el manejo de los 30 mil millones de soles del programa del estado ReactivaPerú. El domingo el premier Zeballos, preguntado el premier sobre “¿Qué van a hacer para que la segunda fase de Reactiva Perú no presente los mismos problemas?”, respondió “Definitivamente eso está en revisión….si por un lado alentamos la economía, el pago de las remuneraciones, por el otro no se puede despedir a los trabajadores”. Inmediatamente, Roque Benavides, apoyado por un coro de operadores de la Confiep, salió a decir que el gobierno tenía un “sesgo anti-empresa” y pidió la cabeza del premier mientras respaldaba a la ministra de economía diciendo que “hace mucho esfuerzo, pero pareciera estar muy solitaria en el gabinete con gente que tiene otras ideologías”. Apenas dos días después, el martes pasado, un nuevo decreto supremo (DS 154-2020-EF) del ministerio de economía y finanzas establecía que ReactivaPerú seguirá bajo las mismas condiciones hasta setiembre con 30 mil millones adicionales. Mientras tanto, luego de 100 días de cuarentena y con la pobreza y el desempleo golpeando brutalmente a millones de peruanos, la entrega del Bono Universal sigue sin llegar a 5 mil millones de soles y un indispensable segundo bono “está en evaluación”.

CASOS CRÍTICOS DE REACTIVA PERU

Se han difundido varios casos absolutamente cuestionables respecto del uso de estos fondos del estado. Resalta el dinero entregado al estudio de Horacio Cánepa, un abogado del PPC que lideraba los arbitrajes por los cuales Odebrecht y socias sacaron miles de millones del estado, arbitrajes por los que cobraba jugosas coimas. Tal vez una de las peores es la entrega de fondos a las empresas CESEL S.A. y HOB Consultores S.A., que recibieron 10 millones y 3,2 millones de soles de ReactivaPerú. Estas empresas eran las encargadas de supervisar las obras de Odebrecht, OAS y otras constructoras corruptas, pero les daban el visto bueno validando que habían hecho una serie de obras y trabajos inexistentes por los que cobraron cientos de millones de soles. Estas empresas supervisoras cobraban harto del estado, en la Transoceánica Sur casi US$ 150 millones, pero igual promovieron adendas con sobrecostos a favor de Odebrecht y socias por más de US$ 800 millones, adendas que luego fueron aprobadas en Ositran por Juan Carlos Zevallos, encarcelado por haber recibido US$ 780 mil dólares de coimas de Odebrecht.

Otro roche ha sido el que se haya dado harto dinero a empresas que han reaccionado despidiendo masivamente a trabajadores. El grupo El Comercio, por ejemplo, ha recibido más de 38 millones, la mayoría mediante el Banco de Crédito, y ha despedido un centenar de periodistas y trabajadores. El mayor accionista del grupo El Comercio es el corrupto José Graña, coimerazo, principal socio peruano de Odebrecht. El Comercio tiene un juicio por ser monopolio y un proceso por prácticas anticompetitivas, ambos paralizados ante la fuerza mediática del grupo. 

Particularmente criticable me parece el caso del grupo Intercorp, propiedad de Carlos Rodríguez Pastor (conocido en el argot empresarial como CRP), el mayor billonario del Perú cuya fortuna personal supera los 12 mil millones de soles. Es decir, plata no le falta, para nada, como para darle respaldo a sus empresas y mantener el pago a sus trabajadores. Pero no, prefirió estirar la mano y pedir plata del gobierno fácil y barata. En total, nueve empresas de CRP recibieron el tope de diez millones de soles cada una. Aunque tiene muchísimo dinero y le sacó 90 millones al estado, igual dos de sus empresas, los hoteles Casa Andina (Nessus Hoteles Perú) y la cadena de cines Cineplanet (Cineplex SA), dejaron de pagarle a sus trabajadores con la llamada suspensión perfecta de labores, que  no es otra cosa que un despido encubierto. CRP es además dueño del Interbank, el cuarto banco más grande del Perú, que ha sacado más de 3 mil millones de soles del BCR con garantía del MEF para darle a sus clientes, cobrando su extra de tasa de interés, comisiones y demás cargos, por supuesto. Lo llamativo de este caso es que de acuerdo al Decreto Legislativo 1455 del 6 de abril los fondos de ReactivaPerú no podían ser destinados a empresas vinculadas a bancos, pero apenas cinco días después el DL 1457 cambia esa norma para permitir que sí se pueda prestar esos dineros a empresas de grupos que controlan bancos. ¿Norma con nombre propio? Por lo menos, está totalmente claro quien ha sido de lejos el principal beneficiario del DL 1457, con 90 millones de soles: el primer billonario del país, el mismo que no pagará impuesto a la riqueza gracias a que la Confiep y la ministra Alva se han opuesto tajantemente a que esa medida de justicia social se establezca.

ACLARACIÓN NECESARIA

Para justificar tamaño despropósito, los allegados a la Confiep y a los bancos aducen que Reactiva Perú son préstamos que serán devueltos, por lo que según ellos no hay ningún problema. Tal afirmación oculta más que lo que dice. En primer lugar, porque siendo esos 60 mil millones de soles dinero del estado, es perfectamente legítimo si están siendo bien utilizados y si no hay quienes los merecen más. Millones de peruanos pagan créditos hipotecarios, de consumo o de carro a tasas de interés que son tres o diez veces más que los otorgados a esos millonarios ¿por qué no hay para ellos? Nuestros agricultores y microempresarios necesitan mucho más esos recursos para producir y remontar la crisis ¿no es obvio que debió dirigirse a ellos prioritariamente el dinero?

En segundo lugar, porque es falso que esto no le cueste nada al fisco. Claro que le cuesta y le costará, porque esos préstamos son garantizados por el Tesoro Público, es decir, por el dinero de nuestros impuestos. Los bancos privados casi no corren riesgos en esta movida porque si no les pagan, entre el 90% y el 98% se lo cobrarán al MEF. Sin embargo, aunque los riesgos son principalmente del estado, no hay una línea en los decretos o contratos respectivos para que compartan las posibles ganancias con quien pone la plata. Apuesto públicamente que sumarán miles de millones lo que los bancos privados le cobrarán al ministerio de economía y finanzas (vía COFIDE) por este negocio.

CONCENTRACION Y EXCLUSION

La gran mayoría de este dinero ha ido a las grandes empresas y solo una porción muy minoritaria a las pequeñas y microempresas. Más del 80 por ciento de los fondos ha ido a medianas y grandes empresas, dejando de lado a las pymes, entre las cuales menos del 3 por ciento de las formalizadas ha accedido a esos fondos. La realidad ha estado muy lejos de lo que anunció el gobierno cuando presentó este programa Reactiva Perú:  dijo que llegaría a 350 mil pymes y no ha llegado ni a la sexta parte de esa cantidad, cobrándoles por cierto una tasa de interés mayor que la facilitada a las grandes empresas. Apenas un tercio de los fonos se ha prestado fuera de Lima.

Buena parte del dinero del estado se ha ido a empresas que no lo necesitaban realmente. La minera Volcan que ha tenido ganancias extraordinarias por décadas gracias a la privatización de Centromin, la trasnacional Chinalco que cuenta con el respaldo de los inagotables recursos del estado chino o las clínicas privadas que en esta temporada han hecho un negoción y han sacado grandes ganancias con la epidemia cobrando precios exorbitantes. ¿Es razonable que cuando millones de pequeños y microempresarios la están pasando durísimo y vean quebrar sus emprendimientos por falta de dinero, el estado peruano esté dándole plata fácil a grandes millonarios y a trasnacionales que ni siquiera se han visto mayormente afectadas?

Esta concentración y esta exclusión no ha sido algo decidido por bancos en competencia. Más del 90 por ciento de los fondos ha ido a los cuatro bancos que dominan el sistema financiero, y más de la mitad a un solo banco, el BCP. Poco han recibido las cajas municipales, y nada ha sido para los bancos públicos como el Banco de la Nación o el Agrobanco, o para las cooperativas de ahorro y crédito que bien administradas son las que más llegan a las zonas rurales y microempresarios. La política del MEF y el BCR ha estado orientada a favorecer a los grandes bancos, otorgándoles un enorme poder. Ha sido el grupo Credicorp, con sede en el paraíso fiscal de las Islas Bermudas y de donde salieron los 3 millones 600 mil dólares que su presidente Dionisio Romero le entregó a Keiko Fujimori en maletines llenecitos de billetes verdes, el que ha decidido a quien darle y a quien negarle 14 mil millones de soles, más de la mitad del total otorgado por el estado. De esa manera se ha alentado una mayor concentración en el negocio bancario, rubro en el cual ya existe un oligopolio que nos contra altas comisiones y que por una década ha venido obteniendo ganancias extraordinarias del orden del 20 por ciento anual.

La responsabilidad directa de estos hechos recae en el BCR, con su presidente Julio Velarde y los directores fujimoristas José Chlimper y Rafael Rey, ya que es el BCR quien ha asignado estos fondos. La ministra de economía y finanzas, por su parte, es la responsable política de los decretos y las garantías otorgadas.  No es de extrañar que para Roque Benavides, el adalid de la Confiep, Velarde sea “un prohombre de nuestra patria” y la ministra de economía alguien que “hace mucho esfuerzo”. En lo que no tiene razón, definitivamente, es cuando dice que Alva está “muy solitaria en el gabinete”, como se ve tras el decreto DS 154-2020-EF dando continuidad sin cambios a un Reactiva Perú que hasta el premier Zeballos señaló que debía revisarse.

Hay tres datos importantes esta semana para entender lo que pasa. Uno, que la epidemia no está controlada ni nada parecido, sino que sigue golpeándonos con ferocidad. Dos, que al levantamiento fáctico de la cuarentena se suma el anuncio de Vizcarra del plan “Arranca Perú” que refuerza esta política, sin haberse resuelto el problema de contagio en los mercados y el transporte público ni asegurar que las empresas apliquen protocolos sanitarios. Se oficializa así que la vida y la salud han dejado de ser la prioridad número uno. Tres, el balance de ReactivaPerú, que entregó el 62% de los fondos a un solo banco ((18 mil millones de soles para el BCP), 150 millones de soles prestados a las empresas del ultramillonario Carlos Rodríguez Pastor y dando menos del 3 por ciento de las micro y pequeñas empresas, lo que revela de la reactivación de quiénes estamos hablando.

LO PRIMERO: CUIDARSE Y NO HACER DAÑO

Dada la fuerza de la epidemia, la cantidad de gente en las calles y el aumento de riesgos que trae el invierno, es necesario insistir en el cuidado personal.

Cuando hay más enfermos y más circulación, hay más gente que contagia. El invierno trae frío y tendemos a cerrar las ventanas de las casas, negocios y ómnibus. Pero en un ambiente cerrado, los virus se quedan más tiempo en el aire; una persona tose o estornuda en el “coaster” y millones de virus (literalmente cierto: ¡son millones!) salen y se quedan flotando en el aire, generando un alto riesgo de contagio. Con el fuerte hacinamiento y pequeños espacios en los que viven muchísimos peruanos, la persona que llega a una casa respirando y conversando suelta el virus, que con las ventanas cerradas permanece ahí y es fácilmente respirado por sus familiares. El riesgo, en invierno, crece; eso lo sabemos de los resfriados de todos los años y este coronavirus no es la excepción. Si tuviéramos el bono universal, y al igual que hacen Chile, España, Francia, Italia, Estados Unidos y muchos otros países, el estado le diera a los trabajadores para subsistir tres o cuatro meses, mucha gente no estaría obligada a exponerse a ese riesgo, pero el ministerio de economía y finanzas no quiere soltar el puño.

Hay que tener muchísimo cuidado y forzarnos a cambiar nuestras costumbres: el micro, el negocio y la casa con las ventanas abiertas (nosotros con doble chompa si hace falta); salir lo menos posible y con mascarilla N95, de esas que algunos llaman quirúrgicas (ya han bajado de precio).

Los médicos tienen esta frase en latín: Primun Non Nocere. Lo primero es no hacer daño. Al demorar el Bono Universal y negarse a sostenerlo varios meses la ministra Alva se ha olvidado de este principio ético básico, pero nosotros no debemos tener similar desprecio por la vida humana. Con la mascarilla también cuidamos a los demás, sobre todo si usamos una de buena protección; no usen esas con filtro de respiración que están orientadas a que no pase el polvo o el humo pero sí facilitan que salga el aire que se exhala (que es donde están los virus!). Añado que en esta temporada hay que tener mucho cuidado con las toses y estornudos, que expulsan virus en grandes cantidades y son principal fuente de contagio: si tienen que hacerlo, háganlo sobre el brazo y no de frente hacia sus seres queridos o el ambiente público.

LA EPIDEMIA Y EL CONTRASTE

En Beijing, China aparecieron apenas 70 casos y se ha cuarentenado una gran parte de la ciudad, aunque allá el estado no abandona a la población a su suerte y les lleva alimentos y medicinas puerta por puerta. En Perú tenemos diariamente unos 6 mil nuevos casos (100 veces más) y unos 200 muertos, pero la Confiep quiere su reactivación neoliberal y la pasa de contrabando junto a la extrema necesidad de los pauperizados sin bono.

En China hacen pruebas y siguen contactos masivamente, con gran efectividad porque los casos nuevos son pocos, tienen un estado fuerte con sólidas bases territoriales y una población que colabora ampliamente con el estado. Ellos tienen capacidad de respuesta demostrada, pero aún estando en verano impone duras cuarentenas. 

¿Estamos haciendo lo suficiente en el Perú para defendernos contra la muerte? Debido a la multiplicación de la epidemia, tenemos más de mil personas en UCI con ventilador luchando contra la muerte. El aumento de casos ha llevado a que muchos sufran falta de oxígeno y nuestros hospitales tengan una sobrecarga agravada por el práctico levantamiento de la cuarentena de veinte días atrás, pero el MEF manda de la mano de la Confiep e impone su reactivación.

 ECONOMIA, EMPLEO Y BONO

La reactivación neoliberal actual, “dejando libre al mercado” y favoreciendo a las grandes empresas, es de alto riesgo, y también de poco empleo y mucha desigualdad como lo demuestra nuestra experiencia anterior. Hay otra opción: poner por delante la salud y la economía de la gente, no las ganancias de las grandes empresas y la riqueza de los billonarios.

Recordemos porqué es que no se ha logrado éxito en el martillazo para doblar la curva de la epidemia y hacer que los casos y muertos empiecen a bajar: porque la gente desesperada por subsistir salió a vender lo que sea a calles y mercados, multiplicando contagios. Bajo el nombre de “reactivación económica” se ha levantado prácticamente la cuarentena y eso es lo que ha causado que la epidemia agarre nuevo impulso; como bien anotó Farid Matuk fue exactamente a los 18 días del fin real de la cuarentena cuando el número de fallecidos repuntó. Al mismo tiempo, la Confiep y las grandes empresas aprovecharon para volver a hacer negocios sin garantizar el cuidado de la salud pública, con el combustible de los 30,000 millones de soles que el MEF les ha dado vía ReactivaPerú.

¿Qué hacer? Empecemos por el Bono o Ingreso Universal, recordando que Chile acaba de aprobar una política de este estilo para varios meses, que España la ha aprobado permanentemente y que organismos internacionales como el BID y las Naciones Unidas promueven un apoyo económico masivo para las familias en Latinoamérica. En el Perú todos los “bonos” (hay cuatro en una suma de parches) dados a la fecha no suman 5 mil millones de soles cuando a la banca y grandes empresas les han dado ya 30 mil millones y aprobado darles 30 mil más, así que hay fondos y es viable dar el bono varios meses más en Perú, mientras contenemos y derrotamos al coronavirus.

Junto con ello, es de altísimo riesgo una reactivación con levantamiento de cuarentena sin las salvaguardas necesarias en relación a los serísimos problemas de contagio, enfermedad y muerte que pueden generarse. ¿Cómo se van a transportar en Lima y otras grandes ciudades toda la gente para desplazarse a sus trabajos, siendo obvio que en las condiciones actuales se generarían grandes concentraciones de gente que llevarían a un contagio masivo? ¿Cómo van a resolver el problema de los cientos de miles de comerciantes minoristas, para los cuáles ante la ausencia de una ayuda económica como el bono o una estrategia inteligente de empleo seguro, solo oscilan entre darles palo o permitirles un contagio masivo a ellos y a sus clientes?

En las actuales circunstancias, no podemos pensar en una economía gobernada por el “libre mercado” sin un mínimo de planificación, aunque sea en relación al objetivo de controlar los contagios manteniendo un mínimo de distanciamiento físico y protocolos de cuidado de la salud pública, junto con el de generar empleo y desarrollo social. Abrir este camino requiere primero darle un sustento económico a la gente, para que pueda comer y no esté angustiada: eso es el bono universal sostenido. Eso lograría, además, reestablecer una conexión y una confianza de la ciudadanía en el estado.

Con esa base, el estado tiene que reorganizar los puntos críticos de los mercados y el transporte, algo que implica que todos aceptemos una reorganización de los horarios de trabajo y compras, y asegurar que todas las empresas medianas y grandes tengan protocolos sanitarios adecuados y fiscalizar con sanciones draconianas.

Si queremos cuidar la salud y la vida, recién logrado eso debiéramos lanzarnos a reactivar sectores productivos y promover nuevas ramas, sobre todo en servicios a distancia y otros rubros donde el riesgo a la salud pública sea bajo. En ese sentido habría que reorientar los esfuerzos de diversificación productiva, una política que para generar empleos ahora adquiere mayor importancia pero apuntando en nuevas direcciones. Por ejemplo, las industrias culturales tienen que pensar en servicios y espectáculos en línea, la artesanía tiene que vender por delivery y la educación debe reestructurarse con clases a distancia lo que también le amplía sus posibilidades y horizontes enormemente. En un enfoque de este tipo, una nueva mirada a las economías regionales, que ponga énfasis en las zonas de altura donde siempre ha habido mayor pobreza y que ahora son las menos afectadas por este coronavirus, resulta indispensable.

Es el momento de apoyar la respuesta nacional al Coronavirus. Estoy encerrado en mi casa avanzando investigaciones y preparándome para dar clases virtuales. Creo que también puedo cooperar con ideas sobre cómo enfrentar esta difícil y compleja crisis. Debemos ser capaces al mismo tiempo de respetar estrictamente la cuarentena y también de discutir con tolerancia son las mejores medidas a tomar en adelante.

URGENCIA DE MEJORAR EL SISTEMA DE SALUD

Los epidemiólogos explican que la cuarentena, y en general todas las medidas de distanciamiento social, no acaban con la epidemia pero evitan que haya muchos casos en muy poco tiempo. Eso es clave porque la amenaza del coronavirus, como se ha visto estas semanas con toda su crudeza en Italia, es que haya una gran cantidad de enfermos que necesitan hospitalización, cuidados intensivos y en muchos casos ventiladores y ayudas respiratorias. Cuando eso sucede, el sistema de salud no tiene la infraestructura, equipos y personal necesarios para atender a toda esa gente, muchos se quedan sin los cuidados necesarios, y fallecen. En Italia con un sistema de salud de primer nivel ya van más de 2,500 fallecidos.

Como resultado de muchos años de acogotamiento presupuestal por parte de políticas neoliberales, el Perú tiene un sistema de salud sumamente débil, que no asegura derechos básicos y cuya capacidad de respuesta a emergencias es baja. A la fecha de escribir este artículo solo había 3 casos en cuidados intensivos, pero se dispararán. La cantidad de diagnosticados con coronavirus seguirá creciendo, inevitablemente, porque esas personas ya tienen el virus, solo no tienen síntomas o estos no son de gravedad. Además los casos graves, que son lo preocupante, no se producen inmediatamente después del contagio o de los primeros síntomas sino luego de varios días, así que algunos enfermos con síntomas leves van a agravar su situación al transcurrir el tiempo. 

Es por ello de primerísima prioridad mejorar el sistema de salud. Ha hecho bien el gobierno establecer, como ha hecho España y otros países, que las clínicas y servicios privados de salud deben ponerse a disposición de la salud pública. Ojalá que eso se haga efectivo y que las empresas y profesionales colaboren a toda su capacidad, como es su responsabilidad ciudadana y legal; como parte de ello las farmacias deben estar bien abastecidas de gel y otros materiales y venderlos a precio justo. Están bien las carpas e instalaciones temporales ampliando capacidad en algunos hospitales y los bonos al personal. Pero muy probablemente dentro de algunas semanas eso no será suficiente. Como dije la semana pasada, urge la contratación de más médicos y personal de salud, nacional o extranjero, residente en el Perú o que pueda traerse de Cuba. Urge comprar medicinas, equipos, insumos y materiales, y buscar la cooperación de China, Cuba u otros países al respecto. Para todo eso, el gobierno debe ser claro en poner a disposición del ministerio de salud bastante más que los 100 millones de soles de presupuesto adicional al sector y conformar un equipo gerencial con las mejores capacidades nacionales en salud pública. Es momento, en la salud en especial, de un gobierno de emergencia nacional.

LA CUARENTENA DEPENDE DE TODOS

Mientras tanto es clave evitar la concentración de casos y para eso la medida drástica de la cuarentena. Todos debemos hacer el máximo esfuerzo por colaborar y tenemos la obligación de respetar las normas, pero es evidente que quienes por quedarse en casa dejan de percibir cualquier ingreso, sobre todo si tienen nulos ahorros y obligaciones por pagar, se verán más tentados a incumplir la cuarentena. Esto lo debiera poder entender con facilidad el Ministerio de Economía y Finanzas: es un asunto de incentivos. Como ha escrito Greg Mankiw, un conocido economista de Harvard y ex –asesor de Bush, “Ayudar a las personas en sus dificultades económicas actuales puede mantener más gente en casa, reduciendo la difusión del virus. En otras palabras, hay razones de eficiencia tanto como de equidad para la seguridad social”. Una llegada amplia a los informales es necesaria no solo por razones de equidad y justicia, de solidaridad humana, sino también para asegurar que la cuarentena funcione.

Vizcarra parecía estar en eso cuando anunció ayuda a 9 millones de personas e insistía en que estaría del lado de la población. Pero luego la ministra de economía dijo que en un tuit que eran 3 millones y salió un decreto diciendo que solo será para los que estén considerados como pobres dentro de una base de datos de gobierno llamada SISFOH (por Sistema de Focalización de Hogares). Este listado es bastante imperfecto y además no considera que muchas familias que el mes pasado lograban juntar los 370 soles per cápita necesarios para no ser considerados pobres (esa es la paupérrima línea de pobreza de la estadística oficial), con la cuarentena ya no los reciben.

La cuestión esencial es que la ayuda económica debe llegar a todos los trabajadores y no solo a un grupo minoritario. Ya en Estados Unidos se preparan a mandar un par de cheques totalizando más de 2 mil dólares a cada ciudadano. La idea de programas sociales excluyentes fue precisamente la que Vizcarra quiso corregir cuando declaró la “universalización de la salud”, porque hasta noviembre pasado para tener el SIS – Seguro Integral de salud había que ser “pobre registrado en el SISFOH”. Si era una mala idea y un mecanismo problemático para el seguro de salud ¿por qué creen que funcionaría para una emergencia que golpea a todos, o casi todos, los peruanos?

Para los trabajadores formales, corresponde que nos sigan pagando nuestro sueldo, completo, con todos los derechos. Haremos el máximo esfuerzo por trabajar a distancia, pero en los casos en los que eso no sea posible, es una situación que escapa a nuestra voluntad y por eso debe estar cubierta por la seguridad social. Tampoco es aceptable que la cuarentena sirva de pretexto para despedir trabajadores. Siendo la mayoría informal, tanto independientes como asalariados de microempresas, el estado debe asegurar una ayuda económica para ellos. Hay dinero guardado del fisco, sobrado, para financiarlo. ¿Cómo hacerlo? Basta tener el listado general de DNIs, sacar de ahí a los asegurados en EsSalud (que son trabajadores formales) y transferir dinero a las cuentas bancarias o ponerlo a disponibilidad en las ventanillas de los bancos para que se pague a la presentación del DNI.

Hay otras áreas de ayuda necesarias. El pago de la luz y el agua es algo que puede subsidiarse sobre todo a las zonas más pobres (ya hay un reciente mapa de pobreza para identificarlas). En el caso del agua, esto es indispensable para lavarse las manos y frenar la trasmisión del virus, pero muchas familias no tienen conexión de agua potable. Por eso se debe subsidiar la entrega de agua por camiones aguateros, lo que puede ser fiscalizado por municipios y organizaciones populares con ayuda de la Policía y las Fuerzas Armadas. Para los que reciben Pensión65 y otras pensiones de jubilación, un pago extra de 200 soles los ayudaría a enfrentar una situación que sabemos en esa edad va a ser particularmente crítica.

LAS EMPRESAS EN LA CUARENTENA

Que la salud pública sea lo prioritario no quiere decir que la producción y la economía no deban interesarnos. No se puede obviar que la cuarentena es un fuerte golpe económico a muchas empresas que no tendrán ningún ingreso estas dos semanas, mientras que las deudas, los alquileres, los servicios que deben continuar, la planilla no cubierta por la seguridad social, igual tienen que pagarlas. Para los grandes conglomerados, monopolios y trasnacionales que tienen muchos activos y patrimonio, no hay problema. Pero ¿y las pequeñas y medianas empresas? Si quiebran eso significaría no solo un alto costo personal y familiar sino también económico y social, la organización y crecimiento empresarial no se logra de la noche a la mañana y tiene un alto valor.

Diversos países, Italia, Francia, China, Corea, ahora Estados Unidos, han tomado fuertes medidas de apoyo, en especial a las pequeñas empresas. Las medidas más comunes son: que el gobierno asume parte o todos los costos de la seguridad social e incluso parte del costo de la planilla, que se prorrogan o exoneran diversos impuestos, y que se habilitan créditos y fondos de financiamiento especiales y abundantes. El gobierno peruano ha iniciado algunas de esas acciones pero aún muy débiles. Son necesarias medidas mucho más fuertes en impuestos que no sólo deben prorrogarse sino exonerarse, y reduciendo las tasas de interés, algo en lo cual el Banco Central de Reserva debería actuar ya!. La Reserva Federal, el BCR estadounidense, ya rebajó 2 veces la tasa de interés, ahora es tan baja como cero, y ha facilitado 700,000´000,000 dólares de financiamiento, mientras acá el BCR todavía nada.

¿CÓMO SALIMOS DE LA CUARENTENA?

Aunque parezca pronto, hay que pensar y discutir qué hacer el 31 de marzo. Si cumplimos bien la cuarentena, es probable que la trasmisión de virus se vea frenada sustancialmente. Pero en ese momento, la gran pregunta será ¿si volvemos a actuar como antes no pueden surgir otra vez nuevos casos, que se van contagiando hasta que nuevamente la ola va creciendo hasta sumar miles? La respuesta de la epidemiología es que, efectivamente, eso sucedería. Sólo cuando una gran parte de la población haya desarrollado la inmunidad, tras haber sufrido la enfermedad o por haber sido vacunada (cuando esta posibilidad exista), el riesgo de contagio se hace mínimo.

Entonces ¿qué hacemos? Poco se ha dicho en el Perú al respecto y casi no hay experiencia internacional a la fecha; el mundo mira a China que enfrenta este reto ahora que la zona de Wuhan-Hubei ha salido de la emergencia. Una opción es un muy fuerte control fronterizo, con un seguimiento total de los casos y sus posibles contactos y asegurar que toda la población cumpla con mucha constancia todas las medidas de prevención (lavado de manos, cubrirse la boca con el antebrazo al toser, permanecer en casa a los primeros síntomas). Con suerte eso podría hacer que no pasemos de la fase 2, con un número bajo de casos importados y pocos casos nacionales de origen conocido. ¿Fronteras cerradas por más tiempo, que se van abriendo sólo a países que han controlado la epidemia y cuarentena a los pasajeros que llegan? ¿Medidas que ayudan al distanciamiento social, como el cierre de algunas actividades, en particular las más masivas?

En los mensajes económicos prevalecientes, incluyendo nuestra ministra, se ha asumido que esta epidemia es exclusivamente temporal. Las proyecciones de crecimiento económica que hay, parten de que más allá de un trimestre no habrá efectos. Creo que es muy temprano para aseverar eso y que, aun sin cuarentena, no es seguro que vayamos a regresar a la normalidad social y económica tan rápido. Por ejemplo, sospecho que el turismo no regresará tan pronto y que habrá más trabajo y educación a distancia. El futuro podría ser más distinto de lo que pensábamos.

Shougang Hierro Perú fue la primera gran inversión china en el Perú cuando compró la mina Marcona hace 27 años.  Ha tenido un comportamiento propio de un imperio colonizador en toda su brutalidad, haciendo tropelías gracias un estado débil y autoridades complacientes. Un reciente documental titulado “Entre el Hierro y el Mar” lo presenta descarnadamente.

No es que los abusos de Shougang sean recientes. Cuando esta empresa estatal china compró Hierro Perú en una de las primeras privatizaciones del gobierno de Fujimori, Shoungang ganó la licitación porque ofreció una inversión importante. La cláusula 9 del contrato en su inciso 1 decía que ““El comprador está obligado bajo el presente contrato a efectuar inversiones en aportes al capital para futuros desarrollos en un monto de ciento cincuenta millones de dólares americanos (US$ 150,000,000.00) en un plazo de tres (3) años contados a partir de la Fecha de Cierre”. No lo hizo, ni estuvo cerca: lo que invirtió sólo fue la quinta parte de esa suma. Tampoco completó el compromiso tras firmar una adenda que le otorgó tres años más de plazo, a pesar de que luego de la compra-venta Shougang consiguió mediante los Decretos Ley 25887 y 25976 (firmados por Fujimori cuando no había congreso) que el estado asumiera más de 250 millones de dólares en deudas de la empresa. Recordemos que la conexión del “chino” con los chinos tuvo varios canales de corrupción, como en el caso de la compra de medicinas y maquinarias por el cual su primer ministro Victor Joy Way fue condenado a ocho años de prisión.

ABUSOS LABORALES

Las reiteradas huelgas y denuncias que han hecho los obreros de Marcona han sido notorias y varias de ellas han llegado hasta las calles de Lima a pesar que la mina queda a 450 kilómetros de la capital. Shougang es la empresa que más huelgas ha afrontado los últimos veinte años.

La salud y seguridad de los trabajadores sufren grandes riesgos. Un estudio del Ministerio de salud del 2004 encontró que un tercio de los obreros de Shougang sufren neumoconiosis, tienen polvo contaminado en los pulmones, y un 29 por ciento tiene los oídos afectados. El 2014 el obrero Ronny Ampuero murió en un accidente de trabajo al explotar una bomba de presión. En 5 años hubo 1274 accidentes dejando 110 discapacitados. En junio pasado hubo un incendio y los trabajadores denunciaron que no había extintores.

Lo que no sabía y me indignó al ver “El Hierro y el Mar” es que Shougang se niega a pagar, 9 años después, una sentencia judicial que le obliga a cumplir un laudo arbitral que otorgó un aumento de remuneraciones a sus obreros. Ha pasado tanto tiempo que varios trabajadores ya han fallecido. Shougang adeuda ya 70 mil soles a cada trabajador, según dice el sindicato, lo que no me extraña porque se han acumulado más de quinientas semanas de trabajo. Es una burla total de la empresa a las leyes peruanas. Los sindicatos le han iniciado más de 160 juicios a la empresa por incumplimiento de obligaciones laborales, razón por la cual Shougang gastó el año pasado casi 200 mil soles solo en pagarle a los abogados externos, aparte de las abultadas remuneraciones de quienes tiene en planilla.

La actitud de Shougang desde hace años ha sido de franca agresividad contra los sindicatos, algo seguramente relacionado a que en China no existen sindicatos independientes que puedan negociar con los jerarcas dominantes. Parece que los gerentes chinos han trasladado al Perú el trato vertical y despótico de la dictadura china, así como la pesada historia de contaminación de sus peores industrias. Acá echan mano a todas las tretas y argucias, en un escenario en el que la corrupción ha dominado nuestro sistema judicial, para frenar la lucha de los trabajadores por sus derechos. Hace unos años (2012) llegaron al extremo de iniciarle un juicio a Cristian Sánchez porque desde un cargo de dirección en el ministerio de trabajo puso coto a algunas de estas triquiñuelas anti-laborales, juicio que desde luego no prosperó y el Dr. Sánchez luego fue ministro de trabajo.

IMPACTO AMBIENTAL

Aunque Shougang opera en una zona desértica y podría pensarse que no tiene mayor impacto ambiental, eso sería un error: su efecto es grande sobre dos reservas naturales marítimas. Resulta que Marcona es una de las bahías más profundas de toda la costa del Pacífico Sur y por eso hay afloramiento de corrientes marinas frías que vienen de la Antártica. Hay allí lobos de mar y pingüinos de Humboldt así como gran variedad de aves. Marcona produce macroalgas con alto nivel de proteínas, vitaminas, ácido fólico y calcio; actualmente los pescadores de la zona exportan entre 600 a 700 toneladas mensuales de algas y mariscos como chanque, lapa y pulpo.

Shougang genera una alta contaminación sobre este espacio marino-costero. Hace un año, debido a que el transporte del concentrado producía mucho polvo que iba hacia la bahía de San Nicolás, la OEFA – el organismo fiscalizador del ambiente – ordenó que se paralizara esas operaciones. El 31 de julio pasado su subsidiaria Shauxin derramó relaves mineros altamente tóxicos. El documental “El Hierro y el Mar” cuenta bien esta historia, con bellas imágenes del paisaje y la biodiversidad, relatos de los esfuerzos de los pescadores por innovar y progresar y registros de la espantosa contaminación que se cierne sobre ellos.

La propia ciudad de Marcona, similar a lo que sucede en Cerro de Pasco, no puede lograr un desarrollo urbano debido a que la minería tiene concesionado el 78 por ciento del territorio del distrito. Cuando la Municipalidad Provincial de Nazca trató de promover la habilitación urbana II Etapa del AA.HH San Martin de Porres, fue impedida por la mina, razón por la cual la municipalidad ha denunciado a Shougang por usurpación agravada. Me impactó del documental las imágenes de una no-ciudad, precaria y desordenada, sin hospital y con escasez de agua porque Shougang no les abre el caño.

Nada de esto se debe, por si acaso, a que la mina tenga problemas económicos. Shougang tuvo utilidades, solo entre enero y setiembre del año pasado, por 740 millones de soles. Es decir, le alcanza y le recontra sobra para darle salud, seguridad y sueldos dignos a sus trabajadores, cuidar el ambiente y colaborar con el desarrollo urbano de una ciudad de la cual depende, ya que sin ella no habría trabajadores que contratar. También podría fácilmente pagar sus multas, que suman 15 millones de soles entre las aplicadas por SUNAFIL (laborales), OEFA (ambientales) y OSINERGMIN (seguridad).

NUEVA MINERÍA

En los últimos años hemos ido conociendo otras historias ambientales terribles de la minería peruana. La realizadora de “El Hierro y el mar”, Magali Zevallos, ya nos había contado una en su documental multimedia “La vida no vale un cobre” sobre la historia de contaminación en la provincia de Espinar, región Cusco. La contaminación producida en el pasado por Southern Copper es conocida por la población que por eso resiste con todo a la amenaza de Tía María, del mismo modo que el rechazo a Conga tenía su anclaje en el pésimo historial ambiental de Yanacocha: siembra vientos y cosecharás tempestades. El problema generado por Las Bambas en Cotabambas y Chumbivilcas con cientos de enormes camiones llenando de polvadera los pastos y sembríos de los campesinos de la zona es conocido; también en este caso se trata de una empresa china.

Para empeorar las cosas, el aporte económico de la minería al estado peruano se ha reducido sustancialmente. El impuesto a la renta pagado por la minería se ha reducido en 40 por ciento el año pasado. Sólo aportaron el 11 por ciento del total del impuesto a la renta recaudado, frente a más de 20 por ciento el 2018. Al mismo tiempo, recibieron 4,643 millones de soles por devoluciones de impuestos, casi 900 millones de soles más que el año anterior.

La necesidad de una nueva política y legislación minera salta a la vista. En setiembre del año pasado, frente al resurgimiento de la movilización social en el valle del Tambo cuando se otorgó la licencia de construcción a Tía María, el gobierno nombró una comisión consultiva para revisar la política y legislación minera. Ya la comisión entregó su informe hace más de quince días. Es tiempo de iniciar un debate sobre el tema; tenemos que asegurar que la minería se haga mejorando la vida de los peruanos y cuidando el ambiente, y donde no es así pues que no se haga.

Aún más importante, es urgente promover nuevos motores que empujen la economía peruana, en sectores como pequeña y mediana agricultura, turismo, servicios e industria, con innovación tecnológica y aprovechamiento sostenible de nuestra diversidad biológica y cultural. Seguir con una política que privilegia la minería confiando en que ésta saque a nuestra economía del estancamiento y nos traiga progreso social es absurdo; peor todavía cuando tenemos malas empresas como Shougang abusando con impunidad.

Odebrecht tiene la frescura de enjuiciar al Perú en tribunales internacionales a pesar de los miles de millones de ganancias indebidas que amasó en base a coimear a todos los ex – presidentes y muchos más. Su socia Graña y Montero dice que no le gusta su propio nombre y aunque pocos creen en su honestidad igual GyM se embolsica todo lo que pagamos en el Metro de Lima. Indecopi procesa a 35 empresas del “club de la construcción” por una repartija mafiosa de 112 obras por 13 mil millones de soles, pero igual todas ellas siguen postulando a licitaciones de obras públicas como si nada hubiera pasado. Algo está muy mal en la lucha contra la corrupción.

SI LA JUSTICIA ES LENTA EL EJECUTIVO DEBE ACTUAR

En el Perú, ningún dueño o gerente de empresa constructora corrupta, extranjera o nacional, está en la cárcel. Ya sabemos que nuestro país la justicia es lenta, que las investigaciones toman tiempo y luego vienen juicios que se hacen interminables. ¿No puede mientras tanto el presidente y sus ministros, o este renovado congreso, tomar medidas al respecto para que al menos no se sigan llevando nuestra plata?

Si usted pone su aviso y alquila un departamento a alguien y luego esta persona resulta acusada de robo, ¿renovaría el contrato de alquiler mientras el tipo apela una y otra vez? ¿lo contrataría para que le haga alguna obra? No, claro que no. Pero el estado sí lo hace.

Frente al escándalo de Odebrecht, el gobierno de PPK sacó el Decreto de Urgencia 003-2017, luego reemplazado por la ley 30737 aprobada con votos del fujimorismo, Apra, congresistas PPK y APP. El reglamento lo hicieron con participación de la AFIN, la “Asociación de Fomento de la infraestructura Nacional” que agrupa a las grandes constructoras y de la cual Jorge Barata de Odebrecht fue vicepresidente: como poner al gato de despensero. Pero estas normas no le dan armas de presión económica a los fiscales que persiguen la corrupción ni establecen medidas para impedir que estas empresas corruptas sigan contratando y cobrando del estado y el público. De las treinticinco empresas del “club de la construcción”, siguen funcionando como si nada, absolutamente nada, hubiera pasado. Apenas Odebrecht y sus tres socias peruanas (GyM, JJC e ICCGSA) tienen que separar una partecita de lo que nos cobran a un fondo destinado a la reparación civil y no pueden llevarse así nomás su dinero. Pero OAS, Andrade Gutiérrez, Galvao Engenharia y Camargo Correa que son las otras grandes brasileñas corruptas y las nacionales Cosapi, Aramayo, Obrainsa y demás empresas del “club de la construcción” siguen sin ninguna fiscalización especial o barrera legal. Encima, las coimas las hicieron pasar como gastos legales de tal manera de evadir IGV e impuestos a la renta, pero la SUNAT no muestra estar moviendo un dedo al respecto.

Ahora en los nuevos contratos de obras públicas se establece una cláusula anticorrupción, pero cuando el gobierno ha querido que esa cláusula se incluya en los contratos antes firmados, todas las empresas se han negado. Son campeonas para pedir renegociaciones a su favor y se llenan la boca diciendo que ahora sí son limpias y honestas, pero cuando el estado quiere que sus contratos se cancelen si se descubren actos de corrupción se niegan a firmar; su moralidad no llega hasta su billetera. Eso son ellos, pero ¿hasta cuándo seguiremos con un ministerio de economía que agacha la cabeza frente a las trasnacionales y grandes empresas en vez de ponerse firme contra la corrupción?

EL ARGUMENTO DE LOS DEFENSORES

Defendiendo la ley 30737, la entonces ministra de economía Claudia Cooper, sustentó que “necesitamos (…) darle predictibilidad a los agentes económicos para poder tomar decisiones que les permitan garantizar la cadena de pagos y sus inversiones” (sic). En otras palabras, no se trataba de detener la corrupción sino sólo de “garantizar inversiones”, aunque fueran del tipo de Odebrecht y Graña y Montero.

Para el ex – ministro Edmer Trujillo, “si las empresas del club de la construcción salen del país ¿con qué construimos?”, seguido de “Si sacas al ‘Club de la Construcción’ has acabado con todas las empresas del país. Así de simple es el tema”. Discurso muy parecido al ´roba pero hace obra´ esta vez en versión ´sólo los rateros pueden hacer obras públicas´. Trujillo salió después de decir estas frases, pero luego Vizcarra lo volvió a nombrar ministro.

Por su parte, Roberto Abusada, director de Graña y Montero que ha estado durante todos los años de corrupción y asociación con Odebrecht, lo que ha habido es un “manejo absurdo de la corrupción que destruye empresas, que son activos nacionales”. Pobre Graña y Montero, destruida (¿?) porque no nos dimos cuenta que era de toda la nación…aunque las ganancias, claro, eran para unos pocos. “El Comercio” sigue publicando a Abusada sin decirle a sus lectores el serio conflicto de interés que significa que el representante de José Graña en el directorio de GyM tenga espacio preferencial en el diario del que José Graña es el accionista número uno.

LA REPARACIÓN CIVIL Y LAS EMPRESAS

Será difícil tener las pruebas de todas y cada una de las coimas en esas 112 obras del “club de la construcción”. Estos tipos no son unos angelitos que confesarán todo sino unos rateros tratando de zafarse de la cárcel resguardando lo más posible lo robado. Pero además de robarnos han generado daños inconmesurables al país: ¿cuántos cientos de millones en elefantes blancos hemos pagado? ¿cuánta gobernabilidad hemos perdido con cinco ex – presidentes en cana o con limitaciones una su libertad? ¿cuánta desconfianza en el estado y delincuencia han provocado sus raterías? ¿cuántas empresas, gerentes y directivos se han contagiado del virus de la corrupción que han esparcido por todas partes?

Eso es lo que deben repararnos económicamente, y en mi opinión el daño es muy grande, quizás 10 o 20 veces más que el robo mismo. Lo que se ha pedido de reparación a Odebrecht no debe ser la medida; estos han sido rateros mayores pero también los primeros en cantar y dar mucha información para meter a corruptos a la cárcel y eso es muy valioso. Quienes se han resistido y se siguen resistiendo a colaborar, deben ser castigado más fuertemente, con penas mayores de cárcel pero también con mayores reparaciones económicas. Esta es una discusión crucial sobre cuánto valoramos la ética pública que la ciudadanía y el congreso debe acometer.

Siendo así, sospecho que muchas de estas empresas le deben a los peruanos bastante más que lo que es su patrimonio actual. Porque lo más seguro es que la mayor parte de los robos de José Graña y los demás señorones del “club de la construcción” está hace tiempo en alguna cuenta secreta en un paraíso fiscal.

Una reparación civil justa, que realmente empiece a compensar el enorme daño que han hecho a nuestra patria, podría llevar a que Graña y varios dueños de constructoras corruptas pierdan su propiedad, como lo hacen los accionistas de cualquier empresa que no puede pagar sus deudas. Esto no es una medida “socialista” ni nada por el estilo. En Estados Unidos la empresa Purdue de la familia Sackler sobornó a médicos para que engancharan a decenas de miles como drogadictos de Oxycontin, llevando a muchos a la muerte (hay 60 mil muertos por opioides al año en EEUU), han sido enjuiciada por 500 estados, condados y grupos sociales que buscan reparaciones. Purdue ya se declaró en bancarrota, la familia Sackler dejó el control de la compañía y han ofrecido pagar de su propia fortuna pagar 3 mil millones de dólares, suma que ha sido rechazada por insuficiente por varios de los estados demandantes. En esta meca del capitalismo a nadie se le ocurre decir que esto sería un “manejo absurdo que destruye empresas, que son activos nacionales”.

Es necesario también iniciar otras discusiones. ¿Por qué no hay una ley o decreto que realmente nos defienda de estos sinvergüenzas obligándolos a revisar arbitrajes trafeados y precios exagerados? ¿Qué tal si el que no quiere incluir la cláusula anticorrupción en los contratos anteriores tampoco puede postular a nuevas licitaciones? ¿Por qué no les ponemos como condición básica a todos estos investigados por la fiscalía y por Indecopi, que si quieren seguir postulando a licitaciones públicas deben aceptar un fiscalizador público al interior de las mismas empresas?

En todo el mundo, la idea que las empresas solo deben pensar en darle ganancias a sus accionistas está en retirada. En el propio Estados Unidos, la meca del capitalismo, el “Business Roundtable” que agrupa a 181 grandes empresas norteamericanas (similar a la Confiep) declaró a finales del año pasado que las empresas no deben solo velar por las ganancias de los accionistas sino también por el bienestar de los trabajadores, la sociedad y el ambiente. La ética ya la daban por descontada, algo que en el Perú no podemos hacer y que tiene que ser el punto de partida para un nuevo comportamiento empresarial. Pero si no empezamos por ponernos firmes y hacerles pagar caro el daño hecho, nada cambiará.

Odebrecht ha tenido la sinvergüencería de enjuiciar al estado peruano en un tribunal internacional. Parece que no tiene posibilidades de ganar. Hay que ser conscientes, sin embargo, que Odebrecht se está aprovechando de leyes y tratados vigentes que favorecen a muchas trasnacionales hasta el absurdo. Más allá de la coyuntura hay varias características colonialistas que tiene este arbitraje internacional que es indispensable cambiar.

LUXEMBURGO

Un primer asunto resaltante es que la filial de Odebrecht que firmó el contrato por el Gasoducto del Sur es una compañía establecida en Luxemburgo y ahora invoca el tratado que el Perú firmó con ese país. ¿Cómo? ¿Acaso Odebrecht no es una empresa brasileña y tanto el papá Emilio como el hijo Marcelo nacieron en Brasil y tienen esa ciudadanía?

Luxemburgo tiene menos habitantes que San Lurigancho, Ate-Vitarte o San Martín de Porras pero es rico porque es un paraíso fiscal usado por trasnacionales de todo el mundo para evadir impuestos. Un reciente estudio del FMI: “What is Real and What is Not in the Global FDI Network?”, muestra cómo los supuestos inversionistas de ese país no son realmente de ahí sino que sólo se registran en Luxemburgo para pagar menos tributos y ocultar sus negociados. Hay que anotar que Odebrecht no es la primera empresa corrupta operando con filiales en Luxemburgo. La empresa argentina Techint, a través de su subsidiaria Teneris domiciliada en Luxemburgo, ya fue acusada de sobornos. El Tax Justice Network coloca a Luxemburgo en el puesto 6 de los países que mayor secreto guardan cuando se trata de proteger evasores fiscales. No por gusto allí es donde Vladimiro Montesinos tenía 15 millones de dólares escondidos y Eliane Karp una cuenta oculta.

Adivinen de qué país pretendían evadir impuestos Odebrecht en este caso: ¡del Perú, obviamente!  Gracias a un convenio llamado “convenio de doble tributación”, pueden legalmente dejar de pagarnos impuestos al Perú si pagan allá. Fina cortesía del neoliberalismo y sus años de mantener la cerviz doblada para “atraer inversiones extranjeras” como dice en su hoja web.

Luxemburgo es realmente un paraíso fiscal, como revelaron los llamados #LuxLeaks el 2014 y establece un informe de Oxfam, pero como ese país es parte de la OCDE y su ex – primer ministro Jean-Claude Juncker fue presidente de la Comisión Europea, han conseguido que el Perú no trata legalmente a Luxemburgo como el paraíso fiscal que es. Otra clara señal de nuestra subordinación a los imperios económicos de occidente. Porque ni ellos hacen lo que nosotros hacemos: hace unos años un tribunal europeo encontró que Amazon estaba escudándose en ese paraíso fiscal de Luxemburgo para evadir impuestos y obligó a que pagara 250 millones de euros. ¡Aún así el Perú otorga beneficios especiales a las empresas que se registran en Luxemburgo!

¿Y QUIÉNES SON LOS JUECES?

Hay otro elemento importante en esta historia, algo que todos sabemos tiene una importancia decisiva en el resultado de cualquier juicio: quiénes son los jueces. ¿Acaso estos han sido designados por un cuerpo elegido democráticamente luego de un proceso transparente? ¿Corresponden a un cuerpo multinacional como las Naciones Unidas donde todos los países tienen igual voz y voto? ¿De alguna manera su designación recoge nuestros intereses nacionales? La respuesta es no, no y no.

Odebrecht ha interpuesto su demanda ante el CIADI, un organismo del Banco Mundial. El presidente del Banco Mundial y del CIADI designa a los árbitros que deciden los reclamos de las trasnacionales. En sus 70 años de existencia el Banco Mundial sólo ha tenido presidentes de una nacionalidad: los Estados Unidos. Todos ellos han sido hombres, ninguno afrodescendiente, latino o nativo originario.

La decisión de quién será presidente del Banco Mundial y del CIADI ni siquiera pasa por el Congreso de los Estados Unidos sino que es puesto a dedo por el presidente de esa potencia imperial. El actual presidente del Banco Mundial y del CIADI fue impuesto por Donald Trump; es David Malpass, miembro del Partido Republicano y antes funcionario de segundo nivel del gobierno Trump. Malpass años atrás había sido economista jefe del banco Bear Sterns hasta que éste colapsó en el 2008 con pérdidas billonarias que terminaron siendo cubiertas por el estado.

En resumen, ¿de quién depende a final de cuentas el resultado del juicio iniciado traicioneramente por Odebrecht? De un hombre de confianza de Trump. El gobierno de la potencia hegemónica más imperialista de décadas es quien decide. Esas son las condiciones que el Perú ha aceptado en un tratado firmado con Luxemburgo, y que se aplicarían a cualquier otra empresa trasnacional (o nacional) sinvergüenza que vaya a registrar su empresa allá. A similares condiciones estamos sometidos frente a inversionistas registrados en decenas de otros países.

Puede ser que en este caso, el juicio termine siendo ganado por el Perú. Pero ¿por qué en relación a un contrato del estado peruano con un privado, quien decide es un tipo designado por Donald Trump? El que ni siquiera sea un inversionista norteamericano termina siendo la cereza del pastel que celebra la total sumisión a esa potencia imperial. La otra cereza es que quien firmó el contrato con Odebrecht que permite esto haya sido el “nacionalista” Ollanta Humala, llevado de la (bien aceitada) mano de Nadine Heredia.

SOBERANÍA

Un tema más de fondo es el tema de soberanía y de derechos ciudadanos. ¿Por qué una empresa trasnacional tiene más derechos que un peruano y se le permite abrir juicios económicos contra el estado peruano fuera de la justicia nacional? Tome nota amigo lector que si usted o yo tuviéramos alguna controversia de dinero con el estado peruano, digamos que la SUNAT sostiene que debemos impuestos o que hay un contrato en disputa, podemos recurrir a los tribunales pero solamente al sistema de justicia peruano. Tenemos derecho a recurrir a un juez y luego seguir toda la cadena hasta la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, como ha sucedido varias veces, pero no podemos ir a un tribunal internacional. ¿Por qué entonces alguien que registra su empresa en algún paraíso fiscal para evadir impuestos sí puede hacerlo? 

El estado peruano tiene ya casi una veintena de juicios por parte de inversionistas en tribunales internacionales; tantos que se ha tenido que establecer un área especial del ministerio de economía y finanzas para defendernos pagando abogados que nos cuestan millones de dólares. Una investigación de Hiperactiva Comunicaciones encontró información que mostraba que el costo de las defensas de sólo 4 juicios era de más de 50 millones de soles.

Estos tribunales de arbitraje internacional se deben a cláusulas de Tratados de Libre Comercio o lo que se conoce como “Tratados bilaterales de inversiones”. Pero aunque en el papel implican un trato con ventajas hacia ambas partes ¿cuántos juicios hay de inversionistas peruanos en Luxemburgo, en Estados Unidos o en cualquier otra parte, con este mecanismo? Ninguno.

Se sostiene que estos tribunales y estas medidas deben aplicarse para dar confianza a los inversionistas. ¿Acaso cuando Estados Unidos, los países europeos, Japón o Corea del Sur estaban desarrollándose, aplicaron estas políticas? No. Acaso China que tanto ha crecido económicamente los últimos años tiene estas políticas? No, y tienen más de 2 trillones de dólares de inversión extranjera. Creer además que un tratado con el pequeñísimo Luxemburgo va a atraer inversiones de ahí, es ridículo. Pensar que una empresa registrada en un paraíso fiscal, donde las leyes están diseñadas para atraer sinvergüenzas, deba tener ventajas especiales basadas en un tratado para “atraerlas dándoles confianza”, es un despropósito completo. Eso solo se le pasa por la cabeza a quienes creen que toda empresa trasnacional es buena, limpia y positiva, como la Confiep y el MEF, pero vamos, la evidencia ya es demasiado contundente como para seguir sosteniendo esa idiotez colonialista.

Terminemos sacando algunas lecciones de política. La primera es que el estado peruano no debiera firmar contrato alguno ni permitir el ingreso de una empresa domiciliada en Luxemburgo o cualquier otro paraíso fiscal, ya que ninguna de esas empresas realmente opera físicamente en esos países, es solo una treta para pagar menos a la SUNAT y mantenerse operando sin la transparencia debida. Todos los contratos suscritos de esa manera deben ser revisados y modificados, antes que tengamos otra fea sorpresa como esta que nos ha propinado Odebrecht. La segunda conclusión es que el Perú no debía tener ningún convenio de “doble tributación” o de “protección de inversiones” con países que son paraísos fiscales; denunciar esos tratados sería un buen inicio del nuevo Congreso.

El gobierno ha decretado este año 2020 como el año de la “Universalización de la Salud”, tras haber sacado en noviembre un decreto con ese mismo objetivo. Salud para Todos es algo necesario para la vida, la justicia social, la democracia y el bienestar de los peruanos que ha sido tontamente postergado por siglos. Hay sin embargo un GRAN problema: este anuncio gubernamental no tiene presupuesto. Y aunque sería lindo que la salud no tuviera costos, la realidad es otra: profesionales, medicinas, hospitales y equipos cuestan, y bastante. Hasta el momento, sin embargo, el presidente Vizcarra olvida la verdad elemental de que no hay “lonche gratis” y la salud no es una excepción.

Aclaremos algo de entrada: el decir que la salud cuesta no significa, para nada, que ese costo deba ser cubierto por los pacientes en el momento de la atención. Los peruanos estamos mal acostumbrados a que tengamos que sacar de nuestros bolsillos fuertes sumas de dinero si queremos curarnos o tomar medidas preventivas, pero no tiene que ser así: en la mayor parte del mundo es el gobierno y/o la seguridad social quienes cubren esos costos. La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial establecen que un buen sistema de salud es aquél en el cual las personas no pagan en el momento de la atención y tienen el costo cubierto por seguros o gobiernos. Es lógico, una base necesaria para universalizar la salud es que los cobros no sean una barrera infranqueable para los pobres y enfermos. Es imprescindible reconocer que la salud cuesta justamente para que tengamos formas de enfrentar esa realidad que no sean el asalto directo a la billetera.

El dato sencillo

Por un lado, con el decreto de noviembre el gobierno ya ha afiliado 2 millones 500 mil personas al Seguro Integral de Salud, cifra que seguirá aumentando los próximos meses. Es obvio que si es necesario atender a 3 millones de personas más, incluso en las malas condiciones actuales es necesario mayor presupuesto para las medicinas, los insumos de laboratorio y el trabajo de los médicos y profesionales. Pero no hay: el presupuesto para el SIS ha disminuido de 2,274 millones el 2018 a 1,893 millones el 2020. ¿Cómo demonios creen que se puede atender a tres millones de personas adicionales sin dinero para medicinas, equipos y personal?

Por si acaso, si alguien cree que eso es porque ese presupuesto destinado no se ha gastado, como sucede en otros sectores, se equivoca: el año pasado el SIS ejecutó el 99 por ciento de su presupuesto, una de las instituciones con mayor porcentaje de gasto ejecutado en el país. Es que falta plata, pues, así que rascan la olla.

Tampoco sucede que el sector salud, el ministerio y los gobiernos regionales, tengan un presupuesto amplio, holgado o siquiera que llegue a lo mínimo necesario. El gasto público en salud es apenas 2,3 por ciento del PBI, es decir, de cada 100 soles de producción e ingresos nacionales solo 2 soles con 30 céntimos se destinan a la salud pública. El promedio latinoamericano es de 4 por ciento, Ecuador y Bolivia están en 4,5 por ciento, Colombia supera el 5 por ciento, Uruguay y Costa Rica están encima del 6 por ciento y Cuba supera el 10 por ciento. Estanos hasta las cangallas. Por cierto, la necesidad de dedicar más presupuesto a la salud con el objetivo de la universalización forma parte de un acuerdo regional auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud el 2014 llamado “Estrategia para el acceso universal a salud y cobertura universal de salud”, acuerdo que plantea destinar 6 por ciento del PBI a salud pública, algo a lo que el Perú ni se acerca.

Que el presupuesto de salud es insuficiente en el Perú pueden dar fe cada día miles de peruanos. Basta ir a cualquier centro de salud u hospital público y ver cantidad de gente que sale con su receta a buscar donde comprarla o busca algún sitio donde pueda tomarse unos rayos X, prueba de laboratorio, tomografía u otro examen porque en el hospital no hay o la espera es de semanas o meses.

La Universalización: Objetivo y Resultados Previsibles

Antes de la nueva política de “universalización” había unos 13 millones de afiliados al SIS según la información del Censo Nacional. Aunque los registros del gobierno arrojan cifras mayores, el Banco Mundial ha calculado que hay 3 millones de asegurados en el SIS que ni saben que tienen este beneficio. Este año el SIS llegará a unos 16 millones y pico, con un aumento del 25 por ciento de los afiliados; por cada 4 asegurados el año pasado, el 2020 habrá uno más.

Si no hay más presupuesto, ¿qué pasará? Será como echarle más agua a un caldo ya muy ralo. Si ya faltaban medicinas, aumentan los pacientes y el presupuesto no mejora, lo que sucederá es que habrá más gente “asegurada” en el SIS a la que no le darán los remedios que necesita. Si ya faltaban equipos, ahora faltarán más. Si ya había mucha espera para determinados exámenes o procedimientos, eso se agravará.

La letra chica por definirse

Hay una “letra chica” de la universalización de la salud que aún no está definida y que, según el decreto del gobierno, debe resolverse en este primer trimestre del año. Se trata de la lista de enfermedades, problemas de salud y tratamientos que van a estar legalmente cubiertos por el Seguro Integral de Salud y otros sistemas de seguros. El nombre técnico de esto es “Plan Esencial de Aseguramiento en Salud” y se le conoce en el sector por su acrónimo, “PEAS”. Es un asunto de gran importancia, igual que todos esos detalles que nunca leemos cuando contratamos un seguro privado pero que luego nos estallan en la cara: que tal cosa no está cubierta, que el seguro no lo considera porque ya venía de antes, que eso recomendado por el médico no está considerado en la póliza, etcétera, etcétera, etcétera.

La ley de hace una década dice que el PEAS debiéramos tenerlo todos los asegurados. Es lógico: es un plan “esencial”.  Y aunque la ciudadanía no lo sabe, ya existe un listado detallado de “PEAS” establecido por ley. Pero ¿sirve de algo? Para hacer este artículo, entré a la hoja web de Susalud, la supervisora de salud, a ver cómo era mi seguro: como profesor soy afiliado a EsSalud y en la universidad tenemos una aseguradora privada (EPS). Resulta que, según me informa Susalud, yo no tengo el PEAS. Ha pasado una década de la ley de aseguramiento en salud y un seguro privado todavía no cumple lo que dice la ley. Algo tan importante como el plan básico de salud parece que es simplemente letra muerta. En cuyo caso ¿para qué lo van a revisar y reformular ahora? Dicho sea de paso la ley de hace una década decía que el PEAS debía revisarse cada 2 años y nunca se ha hecho.  

Sin Estrategia

Terminemos señalando que otro problema principal de la “universalización de la salud” planteada es que carece de una estrategia integral en salud pública. Si queremos llevar salud para todos, lo que es un objetivo correcto e importante, tenemos que saber de dónde partimos y cómo hacerlo. Las enfermedades hoy prevalecientes son males crónicos como cánceres, diabetes, enfermedades del corazón, el esqueleto, el aparato nervioso y mentales, ya no tanto las trasmitidas por virus y bacterias. Hoy hay mucho más ancianos que antes requiriendo atención. Frente a estos males tenemos un presupuesto muy bajo pero también un sistema de salud mal planteado. Tenemos unos hospitales grandes e ineficientes junto a centros de salud que pueden resolver muy poco; este sistema debe modernizarse y reacomodarse en nuevas redes de atención. La prevención es hoy más importante que nunca pero ya no es solo cuestión de vacunar a los niños sino de mejorar la alimentación y evitar el sobrepeso, tener chequeos anuales y cuidar permanentemente nuestros riesgos de salud, y para todo esto las personas y familias necesitamos nuevos conocimientos y prácticas.

Si se planteara una estrategia que redujera obesidad, contaminación, estrés, violencias y accidentes, y un sistema de salud que tuviera médicos integrales de familia y una fuerte red de policlínicos para atención y seguimiento especializados y con equipos modernos de diagnóstico, se podría avanzar bastante en universalizar la salud y lograrlo con un aumento de presupuesto público a nuestro alcance. Porque recordemos que si el Seguro Integral de Salud- SIS tiene menos de 2 mil millones de soles de presupuesto anual, cada año las exoneraciones tributarias para la banca suman una cifra similar y se van otros 2 mil millones más para los dueños de las universidades-negocio (como Cesar Acuña y Pepe Luna de Podemos Perú) de un total de exoneraciones tributarias de 17 mil millones anuales. Está claro que plata hay, es cuestión de priorizar la salud y de usarla bien con una estrategia bien pensada.

La universalización es un gran objetivo, pero sin una estrategia sanitaria integral y un buen respaldo presupuestal, mucho me temo que haber nombrado el 2020 como el año de la “universalización de la salud” no pase de ser una de esas buenas intenciones de las que está empedrado el infierno. Para evitar el agravamiento de los males crónicos en la atención de salud se necesita más presupuesto, AHORA.