La licencia otorgada a Tía María,
más allá del caso puntal, nos indica que la política económica seguirá siendo
la de favorecer que las trasnacionales extraigan más y más materias primas
aunque contaminen el ambiente y paguen pocos impuestos. Esta posición refleja
un mal entendimiento de la economía por parte del presidente Vizcarrra. En
especial porque, por omisión, nos dice también lo que el gobierno no hará:
reactivar la inversión pública, rebajar intereses, facilitar crédito al agro,
promover innovación tecnológica y diversificar la economía, ausencias que
aseguran que seguiremos sin mejoras en el empleo y los ingresos populares.
Al priorizar el apoyo a la
trasnacional Southern e insistir en un mal llamado “plan de competitividad”
orientado a reducir aún más los derechos laborales, Vizcarra se une a la Confiep y respalda al
ministro de economía Carlos Oliva a pesar de los múltiples indicadores del
fracaso de su política.
Los propios indicadores que le
gustan al MEF indican que la gestión de Oliva ha fracasado. El crecimiento del
PBI de mayo no llega ni al 1 por ciento; el último dato disponible que fue
publicado por el INEI esta semana indica que fue de solo 0,6 por ciento. La
industria sigue yendo para atrás como los cangrejos ya que en mayo retrocedió
casi 7 por ciento; esta tremenda caída se registra luego de cinco años de
estancamiento industrial habiendo producido menos el 2018 que el 2013. Aunque
hace pocas semanas el ministro Oliva declaró que “los datos que tenemos es que
el consumo sigue fuerte”, lo cierto es que en mayo la industria de bienes de
consumo cayó 1,3 por ciento, manteniendo un negativo para todo el año. La construcción
también mostró un retroceso en mayo, mientras que la actividad agrícola este
año está estancada, sin crecimiento real. Este desastre tiene un responsable
político, el ministro Oliva.
TÍA MARÍA NO ES LA SOLUCIÓN
Desde la derecha neoliberal, le
han vendido a Vizcarra y Del Solar la idea de que, como la economía está mal y
le está pasando factura al gobierno, había que hacer algo al respecto, y eso
era aprobar Tía María. La primera proposición es correcta: gracias a la errada
política económica, de corte neoliberal, dirigida por Carlos Oliva, el 65% de
la gente cree que la economía va por rumbo equivocado, porcentaje que sube a
71% en la clase media. No es asunto menor, ya que frente a la pregunta de
cuáles son los principales problemas de su familia, en primer lugar está la
falta de empleo (26%) y en segundo lugar que “no les alcanza el dinero” (24%),
según la encuesta Pulso Perú de junio.
El error está en la segunda
proposición: Tía María no va a resolver los problemas de las economías
populares, en primer lugar porque aun si saliera adelante no genera muchos
empleos ni jalará la industria sino que afectará negativamente el agro que es
de donde más peruanos lograr su sustento. Pongamos en perspectiva la inversión
de Tía María: si se hace en 3 años representará solo el 1 por ciento de la
inversión prevista para 2020-2022. Además, el tremendo conflicto social que ha
desatado no va a recuperar la “confianza empresarial” y mucho menos la
inversión privada. La inversión minera depende sobre todo de que buenos precios
internacionales les den rentabilidad y, para otros sectores, que haya un
mercado en ampliación que genere más oportunidades de negocios, cosas que no se
resuelven con Tía María.
PONCIO PILATOS
La caída de la actividad
productiva en este año no, por cierto, sino una caída más dentro de una
economía estancada que no genera empleos desde el 2015, de acuerdo a las cifras
del ministerio de trabajo.
¿Por qué nuestra economía ya no
crece? Un análisis de coyuntura dice que nuestra economía está en recesión
porque, como era previsible que sucediera tarde o temprano, los precios de las
materias primas han caído; por ejemplo, la libra de cobre se vendía a 3 dólares 10 centavos cuando
Vizcarra asumió el gobierno y hoy no llega a 2 dólares 70 centavos, una caída
del 15 por ciento. Nuestra economía es altamente dependiente del exterior y que
crezca o no depende sobre todo de como vayan los vientos de la economía
internacional. Una mirada más de largo plazo y estructural de nuestro
crecimiento económico muestra que este modelo extractivista de recursos naturales
no dinamiza la industria ni el avance tecnológico que necesitamos para generar
empleos.
La otra causa de la recesión es
que el MEF y el BCR se rehúsan a aplicar políticas fiscales y monetarias para reactivar
la economía. Una política fundamental es la inversión pública que genera
empleos y mueve la demanda interna, contrarrestando así estas recesiones
causadas por caídas de precios internacionales. Pero vamos muy mal en este
aspecto, ya que en mayo el gasto de capital del estado fue 28 por ciento menos
que el año pasado según el INEI.
Oliva y sus amigos dicen que no
es culpa del MEF sino de los gobiernos regionales y locales que no gastan. Esta
propaganda, que sigue el viejo guión de Poncio Pilatos, oculta dos cosas. La
primera, que en lo que va del año las municipalidades han tenido mucha mejor
ejecución del presupuesto de inversiones que el gobierno central. La segunda,
que un estudio del propio BCR sobre la inversión pública, publicado en
setiembre del año pasado, muestra que si los gobiernos regionales y locales
tienen más presupuesto su inversión aumenta, pero si les ajustan el presupuesto
tienen que frenar o postergar proyectos. Esto parece obvio, pero el ministro
Oliva le echa toda la culpa a la baja de la inversión pública a los
gobernadores regionales, alcaldes y los demás ministros, lavándose las manos de
su responsabilidad. La gestión de los fondos de inversión pública sin duda no
carece de problemas, pero si el MEF ajusta el presupuesto como lo viene
haciendo hace años, lo único que le queda a cualquier ministro o alcalde es
reducir su cartera de proyectos y avanzar más lento.
La inversión pública peruana es
ahora apenas 4 por ciento del PBI, un punto menos (equivalente a 7 mil millones
de soles) que hace cinco años. Está muy
por debajo de la que mantiene Bolivia (14 por ciento en 2016-2017) o tuvo el
Ecuador de Rafael Correa (13 por ciento del PBI entre 2013-2016). Eso se debe
principalmente a la política económica ¿o acaso podemos creer que todos los
alcaldes y gobernadores regionales de Ecuador y Bolivia son tres veces más
capaces que los peruanos, como se deduce si seguimos la versión propagandística
del MEF?
IDEOLOGIAS
En vez de aplicar políticas de
reactivación, se prioriza la licencia a Southern para Tía María. Dos malas
ideas sustentan una decisión de este tipo. La primera es que los negocios de
cualquier empresa son siempre positivos para la sociedad y deben ser apoyados por el estado sin dudas
ni murmuraciones. Esta es la ideología que, llevada a su extremo, resulta
medular en la mente de Pedro Pablo Kuczyski, quien está convencido que haber
ayudado a Odebrecht era bueno para el país y que por lo tanto considera que el
haber recibido un par de millones de ellos mientras era ministro de economía no
tenía nada de malo. Igual actuó PPK en relación a Southern, empresa de la que
fue director y luego, siendo presidente, nombró al funcionario de Southern y director
de Relaciones Institucionales del proyecto Tía María, Guillermo Fajardo Cama,
como Director Nacional de Inteligencia (DINI). En ese cargo, Fajardo organizó
una reunión de PPK con él y uno de los alcaldes del valle de Tambo en el propio
despacho presidencial, evidentemente buscando sacar adelante Tía María para así
favorecer a la trasnacional de la que
ambos habían cobrado grande.
Esta ideología que plantea que
hay una total coincidencia entre los intereses de las grandes empresas y del
estado se refleja bien en la famosa frase “lo que es bueno para la General
Motors es buena para los Estados Unidos”. Si se trata de extraer minerales
contaminando brutalmente el ambiente como en Tía María, si son nuevos
monopolios mundiales explotando nuestros datos personales y privados y
evadiendo impuestos como Google y Facebook, eso no importa. Lo único muy importante
es mucho dinero concentrado, siempre ocultando lo más posible como esos
millones van a muy pocas manos y repitiendo hasta el cansancio el discurso
sobre las infinitas bondades del “libre mercado” frente al cual “no hay
alternativa”.
La segunda idea es aquella que
subordina la democracia a esta economía. Si la gente no quiere, no importa.
Cuando hay miles de millones en juego la opinión pública es irrelevante.
Quienes desde el neoliberalismo empujan medidas contra la economía popular
incluso aplauden cuando se asumen “costos políticos” por incumplir promesas e
ir contra la democracia. Es el caso del otorgamiento de la licencia a Southern
para Tía María en el que Vizcarra cede a las presiones de la Confiep en vez de
consultar al pueblo del valle de Tambo, incumpliendo sus promesas y haciendo
caso omiso a sus consejeros políticos y comunicacionales. Las ganancias
millonarias que espera obtener Southern de Tía María se impusieron a la
voluntad popular. Vizcarra pagará un alto costo político por esta decisión, en
especial en el sur del país donde la empresa Southern se ha ganado en décadas
de contaminación, abuso y corrupción un rechazo masivo. Para los neoliberales,
eso no tiene nada de malo; para ellos los grandes negocios son más importantes
que la democracia.
VIZCARRA Y LA HISTORIA
Vizcarra mostró capacidad
política al inicio de su gobierno en relación a la lucha contra la corrupción y
la banda aprofujimorista, pero ahora ha mostrado su enorme limitación al no
entender la necesidad de un giro reactivador y popular en la política
económica. El error es de magnitud histórica. Le vendría bien enterarse de la
historia de Franklin D. Roosevelt, el New
Deal y la política económica reactivadora y popular que sacó a Estados
Unidos de la gran depresión.