Desde año y medio atrás anunciamos en estas páginas que una inmigración venezolana incontrolada sería un problema serio para nuestro país. En aquellos tiempos propusimos poner un tope de 500 mil al número de inmigrantes y ser rigurosos en el control. Pero los gobiernos de PPK y Vizcarra le han preferido decirle chicheñó a las pretensiones de Trump, que tiene la desfachatez de cerrar sus fronteras pero exigir a los sudamericanos que dejemos entrar millones como si se estuvieran paseando por su casa.

Igual han presionado Jorge Del Castillo y la derecha dura de “El Montonero” y “Lampadia”. Sin duda pensaron que ganarían políticamente con el ingreso de miles de venezolano afectados por el régimen de Maduro que reforzarían las críticas al “chavismo”. No repararon, claro, ni en el enorme daño generado al pueblo peruano ni en las reiteradas críticas de Verónika Mendoza al autoritarismo de Maduro.

Hoy tenemos un serio problema. Yo no pienso que los venezolanos sean más asesinos o peores personas que los peruanos y me conmueve la situación humanitaria de muchos de ellos, en especial los que han venido con niños y con problemas de salud a cuestas. Recuerdo también que muchos en estas costas descendemos de inmigrantes y que dos millones de peruanos salieron a vivir al exterior cuando la gran crisis del primer gobierno de Alan García y el fujishock. Nada de eso quita, sin embargo, que tener 700 mil venezolanos trabajando en el Perú y con pretensiones de quedarse para siempre, sin que haya habido filtro alguno para evitar que entre ellos llegue gente mala y alguna gente realmente muy mala, causa severas consecuencias económicas y sociales. No es por gusto que en todas partes del mundo se controlan los pasos fronterizos y se gestionan los movimientos humanos, y eso es así desde que existen los estados nacionales.

SEGURIDAD CIUDADANA

Yo del tema de seguridad ciudadana no sé nada más allá de lo que todo limeño sufre en su vida cotidiana. Pero por sentido común me pregunto, si ya estábamos con una inseguridad ciudadana muy alta ¿para qué agravarla permitiendo el ingreso de delincuentes? Eso todavía sucede hoy, por cierto, ya que no se exige certificado de antecedentes para un venezolano que quiere entrar al Perú.

La delincuencia es un fenómeno social y económico. Las bandas operando en Venezuela que ven que allá ya no hay negocio pues migran como bandas organizadas y si hay asesinos descuartizadores allá pues cuando vengan acá es probable que sigan el mismo modus operandi. Por otro lado los ladrones y sicarios en Perú tienen una forma de operar que ya la policía conoce; ahora hay grupos cuyas formas de acción, comunicación y organización son distintas y que hay que intenta entender para poder desbaratarlas. Lo que era complicado ahora es más difícil aún.

EMPLEO

Llevamos varios años sin que se generen nuevos puestos de trabajo urbanos debido a la parálisis de la industria y la construcción. La cosa va para peor ante la pésima política económica del MEF y el BCR. Mientras tanto, cada año unos 300 mil jóvenes se suman a buscar trabajo, la enorme mayoría sin encontrarlo. Incluso si lográramos un crecimiento económico de buen ritmo, diversificado y creador de empleo, la verdad es que nunca hemos logrado crear más de 300 mil empleos al año. Ahora tenemos 700 mil venezolanos que persiguen esos mismos puestos de trabajo, que se pelean por vender aguas y galletas en las mismas esquinas y que piensan quedarse en el Perú para siempre. Es obvio que eso genera un agravamiento del desempleo y subempleo mayúsculo.

Los malos empresarios aprovechan esta situación para bajar salarios y recortar derechos. No reparan en despedir un peruano para contratar dos venezolanos, como dicen. El problema se agrava porque hoy sabemos que hay malos empresarios por todos lados: mineros eluden impuestos y contaminan, constructoras coimean a diestra y siniestra, agroexportadores aprovechan que el presidente de congreso es uno de ellos para rebajarse las contribuciones a la seguridad social, cadenas de boticas cobran precios abusivos, grandes empresas evaden impuestos por millones. Un asco. En ese escenario la masiva inmigración venezolana abre las puertas a una mayor sobreexplotación de los trabajadores, llenando la ciudad de motos repartidoras que no respetan luces rojas porque con la miseria que les pagan, sólo así sacan para la comida del día. La Confiep están felices con esta oleada inmigratoria que les permite pagar menos y explotar más, ante un ministerio de trabajo que sigue fiscalizando poco o nada en defensa de los derechos laborales, ahogado presupuestalmente por el MEF con esa intención.

¿QUÉ HACER?

La carga de inmigrantes se concentra excesivamente en el Perú. Casi 900 mil venezolanos han llegado al Perú mientras Estados Unidos no ha permitido entrar ni 100 mil, aunque tiene diez veces más población y treinta veces más economía y tienen la sinvergüencería de presentarse como los defensores de los venezolanos. Eso no puede seguir, debe hacer un acuerdo hemisférico para abordar el tema de manera justa y ya el Perú asumió mucho más de lo que debería.

Así como en el mundo entero, en el Perú ya somos muchos. Hay un déficit de empleo, de infraestructura y de servicios enorme. Necesitamos resguardar nuestros recursos naturales y nuestra biodiversidad y la presión poblacional es una de las grandes causas de fondo de la contaminación y la deforestación. Íbamos camino a estabilizar nuestra población porque la tasa de crecimiento iba reduciéndose a buena velocidad, aunque se mantiene un 13 por ciento de embarazo adolescente y un 9 por ciento de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar, dos problemas que debieran atenderse con prioridad. Pero bueno, íbamos creciendo en unos 330 mil peruanos año y de repente se nos vienen 3 años de crecimiento poblacional de golpe. Como digo, peor aún es la perspectiva del mercado de trabajo, porque la enorme mayoría de venezolanos está en edad de trabajar y chambea como sea.

Mientras tanto, hay que controlar nuestras fronteras. Las medidas tomadas tardíamente por el gobierno funcionan poco y mal, por dos razones: aún hay diversas formas y mecanismos de que los venezolanos entren legalmente al país con diversos pretextos y muchas ventajas, y hay además una coladera en la frontera que es una verdadera vergüenza para la soberanía nacional. Esto es clave, en particular, por el tema de la seguridad: ¿para qué sino he pasado controles migratorios centenas de veces?

¿Y con los que permitimos quedarse acá y con quienes están temporalmente mientras se consigue su reubicación en otras latitudes, que hacemos? Es claro que la política ultra-liberal, tan a tono con la informalidad, de dejar que hagan lo que quieran adónde quieran, no le hace un favor a nadie. Hay que establecer una redistribución territorial de manera que aquellos que son profesionales o técnicos puedan ayudar al desarrollo descentralizado en las provincias, y que parte de la mano de obra no calificada en vez de estar añadiendo a la congestión en Lima y las grandes ciudades, vaya a apoyar el trabajo agropecuario.

Claro que eso solo sería un paliativo al problema del empleo. La propia situación económica  nacional clama por una política económica de reactivación de la industria y la construcción, de diversificación hacia el agro, el turismo y los servicios, que retome el crecimiento teniendo el objetivo de crear al menos 300 mil empleos anuales. La inmigración venezolana hace eso aún más urgente, pero Oliva del MEF y Velarde del BCR no mueven un dedo al respecto. También hay que reforzar la fiscalización laboral, recordando que la ley peruana vigente dice que una empresa no puede tener más de 20% de trabajadores extranjeros.

Hay por cierto también una presión adicional sobre los colegios y los hospitales, sobre los servicios educativos y de salud, que se carga sobre el presupuesto nacional. Es necesario aprobar fondos adicionales, sustancialmente mayor, para los sectores sociales, ya que se trata de servicios públicos deteriorados y con baja calidad debido al ahogamiento presupuestario de décadas. El financiamiento debería provenir, en primer lugar, de los Estados Unidos y países ricos, y en segundo lugar de la clase empresarial peruana, de los dueños de grandes empresas que hoy se benefician pagando menos salarios y sobre-explotando trabajadores.

¿SEGUIMOS CON APPS CORRUPTAS?

En recuerdo de Roberto Machado de quien proceden muchas de las ideas acá vertidas

Un par de semanas atrás, el ministro de economía y finanzas organizó un gran evento de auto-bombo en torno a su Plan de Competitividad. El presidente Vizcarra fue pero inteligentemente evadió la ‘papa caliente’ de ese plan que plantea quitarnos las gratificaciones de julio y diciembre bajo el engaño del ‘prorrateo’. Prefirió dedicarse a hablar del “Plan Nacional de Infraestructura”, resaltando el monto de inversiones que propone y el listado de obras. En esa presentación, Vizcarra ocultó que en la lista de 52 obras por casi 100 mil millones de soles no hay un solo colegio ni un solo hospital.

La segunda notoria omisión de Vizcarra fue la prioridad dada a que las carreteras, puertos y represas sean privatizadas mediante las llamadas ‘Alianza Público-Privadas’ (APPs) pagadas por el estado,  igual como se han hecho las Interoceánicas Sur y Norte y Olmos con enormes sobrecostos tras millonarias coimas pagadas por Odebrecht, Graña y Montero y asociadas.

APPS PARA LA CORRUPCIÓN

Increíblemente, el Plan nacional aprobado pretende que dos terceras partes de la infraestructura se haga mediante estas APPs a pesar del alto nivel de corrupción generado en ellas.

Cómo no recordar que el aeropuerto de Chinchero fue contratado como APP con la empresa Kuntur Wasi, que luego quiso levantarse varios cientos de millones de dólares elevando los costos financieros absurdamente, y que tras la indignación ciudadana PPK en persona insistió para que el estado les ponga más del 80 por ciento del capital necesario. No era la primera vez que PPK hacía trafa de esta manera; como ministro de Toledo aprobó los contratos de APPs de Odebrecht para la Interoceánica y para Olmos, haciendo que luego de firmado el contrato el estado cubriera buena parte de los riesgos y costos financieros con bonos garantizados y pagos adelantados de la obra mediante un mecanismo llamado los CRPAOs, por cuyo “diseño” el mismo PPK cobró (vía su empresa Westfield Capital).

La lista de escándalos en APPs es larga. Empezó con la llamada “Vía Expresa del Callao” de Alex Kouri, quien hoy está en prisión por ese robo (15 años atrás cuando aún era alcalde Kouri me enjuició por difamación por denunciar tal latrocinio). El robo en los peajes urbanos no acabó ahí, repitiéndose con Odebrecht y OAS en Lima, donde aún continúan. A estas obras el ministerio de economía y finanzas las llama “APPs autofinanciadas”, como si no fuéramos los peruanos quienes pagamos el robo cada vez que pasamos por la caseta de peaje y como si estos sinvergüenzas no hicieran caja con las tarifas que nos cobran mucho antes de invertir, caso del aeropuerto Jorge Chávez cuya segunda pista aún no empieza a construirse aunque el consorcio LAP se embolsa las tarifas cobradas a los usuarios (incluidas en los pasajes) desde hace ya 18 años.

Estos mecanismos financieros que facilitan el robo en las APPs son importantes por dos razones. La primera es que estas cláusulas financieras no aparecen en las obras públicas sino sólo en estas obras privatizadas de APPs. En las carreteras y obras hechas por inversión pública no es raro que haya corrupción, pero en las APPs o concesiones privatizadas nos pueden robar dos veces, una en el monto de la obra y otra en el financiamiento. Parece obvio que conviene limitar las oportunidades de robo, ya que como dicen “en arca abierta el justo peca”.

FACILIDADES PARA LA CORRUPCIÓN EN LAS APPS

La segunda es que la ley actual, establecida por PPK para “destrabar” estos robos (DL 1251) y perfeccionada por el actual ministro del MEF Carlos Oliva (DL 1362), permite que se firmen contratos y adendas sin los controles mínimos.

Por ejemplo, el DL 1362 establece que “todas las fases de una Asociación Público Privada, incluyendo las modificaciones contractuales…se encuentran en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos”. En otras palabras, los funcionarios de Pro-Inversión deciden a su antojo, y no solamente en la fase de planeamiento y contratación, sino también en todas las “adendas” que quieran añadirse posteriormente.

Los plazos para evaluar las propuestas de las grandes contratistas son perentorios, las opiniones de los organismos reguladores no son vinculantes y si cualquier organismo del gobierno no emite su opinión en 10 días simplemente se pasa por encima de ellos. Pro-Inversión y los comités privatizadores pueden evaluar sentados juntos a las grandes empresas privadas los cambios que éstas piden a los contratos, pero la Contraloría General de la República no puede ni siquiera presentar una opinión sobre temas técnicos.

La ley actual ni siquiera obliga a que estas obras sean sujetas a una licitación sino que puede ser cualquier “mecanismo competitivo” (art 34.1 de DL 1362), el que puede definirse por unos funcionarios “en el ámbito de la discrecionalidad”, es decir cómo quieran. Así, es perfectamente posible que haya un solo postor o dos postores que en realidad están amarrados entre sí, o que se modifiquen las condiciones e información para concursar horas antes del plazo (cosas que pasaron en las Interoceánicas cuando PPK era ministro al mismo tiempo que recibía millones de Odebrecht).

Peor aún, tras todo este manto de corrupción estas trasnacionales, gracias a que tienen “contratos–ley” y “garantías de inversiones”, pueden demandar al estado peruano en fueros internacionales, caso de Kuntur Wasi que nos ha enjuiciado por Chinchero ante el CIADI (organismo creado por el Banco Mundial).

MANDATO PRIVATIZADOR

Siguiendo la misma política inaugurada por Alberto Fujimori, el “Plan Nacional de Infraestructura” y la ley de APPs tienen un claro sesgo privatizador. Es decir, considera que si algo viene de la gran empresa privada, automáticamente es mejor. Olvidan que, por poner dos proyectos claves, la masificación del gas y la Red Dorsal para descentralizar internet, fueron contratados por APPs y no funcionan.

En este Plan los proyectos no han sido priorizados exclusivamente en función del interés público y el desarrollo nacional, como debe ser, sino que las obras propuestas por empresas privadas tienen automáticamente mayor prioridad. En otras palabras si Odebrecht, OAS o  Graña y Montero dijeron que una obra les gusta, esa sola declaración levanta ese proyecto entre las prioridades nacionales. Increíble, pero cierto.

Hace años, además, que ya se quitó la obligación de que haya un “comparador público-privado” que determine si no es más económico hacer el proyecto como inversión pública. Nuestros neoliberales del MEF no quieren saber si es así porque eso acabaría con algunos grandes negocios.

Por cierto, bajo la ley vigente de APPs también hay obras que no están priorizadas ni planeadas por el estado sino que la presenta la gran empresa porque le conviene. Ojo que estamos hablando de contratos en los cuales el estado va a poner una parte (que como pretendieron en Chinchero puede ser de más del 80%) o la van a financiar con lo que nos cobren de peajes o tarifas a los usuarios, es decir que las pagamos todos los peruanos aunque quien decide es la gran constructora privada. En este caso si nadie objeta en 90 días (según DL 1251) ya el contrato solo puede ser con quien tomó la iniciativa, plazo muy corto que impide que haya reales posibilidades de competencia.

También dice el DL 1362 que “El inversionista puede explotar los bienes objeto del contrato de Asociación Público Privada, directamente o a través de terceros”; es decir alguien puede actuar simplemente como intermediario, lo que obviamente tiene sentido sólo si actúa como el ‘contacto’ de la corrupción igual que en los negociados de compra de armas. Además el privado que se hace de uno de estos contratos puede vender libremente su parte del contrato; eso es justamente lo que hizo OAS con su contrato-robo de la “Línea Amarilla”, antes que la justicia la caiga encima lo vendió. Ahora fue vuelto a vender y el nuevo dueño dice que no tiene nada que ver con la corrupción y por eso tiene derecho a seguir robándonos en los peajes. De esta manera, aunque Odebrecht, OAS, Graña y Montero, COSAPI o cualquier otra empresa de pésima reputación no esté en el contrato original, igual pueden ser después las que cobran.

Hay también que decir que la ley de APPs establece que si dos proyectos, digamos una de la municipalidad y otra privatizada a alguna empresa del “club de la corrupción”, requieren permisos, el funcionario público está obligado “bajo responsabilidad” a otorgarle prioridad en los permisos y licencias que requiera a la coimera.

PÉSIMA APUESTA – OTRA VEZ

Cuando PPK inició su gobierno, su gran apuesta fue el “destrabe” de estos granes proyectos privatizados vía APPs. Fue un desastre. Les daba ventajas a los contratistas corruptos pero estos querían más y más. PPK llevó Chinchero al extremo del robo pero la ciudadanía lo detuvo. Pero ahí se cayeron dos cosas: el gobierno de PPK y sus magras posibilidades de reimpulsar el crecimiento económico. Sacrificó la inversión pública esperando que la inversión llamada “privada”, subsidiada y pagada por el estado en obras de infraestructura, sacara a la economía del estancamiento. No funcionó.

La misma política se repite ahora. Vizcarra, siguiendo a Carlos Oliva y el neoliberalismo de la Confiep, hace la misma apuesta privatizadora. Por este camino, el naufragio económico está asegurado. Ojalá que tenga más inteligencia y capacidad en la lucha contra la corrupción aprofujimorista.    

PD: Nos vemos mañana en la marcha 3 pm. ¡QUE SE VAYAN TODOS!

Mauricio Macri era la estrella de la derecha pro-empresarial latinoamericana junto con Pedro Pablo Kuczynski y Sebastián Piñeira. Nombró un “gabinete empresarial” con gerentes de grandes trasnacionales, para quienes representaba la esperanza tras la “larga noche kirchnerista” en la segunda economía más grande de Sudamérica. Fue el niño mimado que recibió el apoyo financiero más grande que nunca haya hecho el FMI y resultó ser, igual que PPK, un desastre económico.

Las últimas medidas son la mejor representación de su fracaso. Macri, quien basó su campaña criticando el control de cambios de Cristina Kirchner e inició su gestión eliminando toda limitación a la salida de dólares, se ha visto obligado ahora a establecer lo que antes repudió: ahora nadie en Argentina puede comprar más de 10 mil dólares sin un permiso especial y todos los exportadores deben vender sus dólares al banco central. Son medidas de emergencia, tomadas porque Macri ha llevado a su economía a una situación crítica, graficada en un dólar que en pocas semanas se había disparado pasando de 42 a 60 pesos por dólar (cuando Macri inició su gobierno el tipo de cambio oficial era apenas 9 pesos por dólar). Esta disparada del dólar fue claramente responsabilidad del propio Macri, ya que como confirmó Martín Redrado, ex – presidente del Banco Central, fue él quien dio la orden de “dejar correr el tipo de cambio sin tener techo…para que los argentinos aprendan a votar”, despechado por el triunfo de la dupla opositora Fernández-Fernández en las elecciones primarias.

Pero a la economía argentina las cosas ya le iban muy mal desde el año pasado, ante los primeros vientos en contra de la economía internacional. Bajo la vieja (pero no por eso menos tonta) idea de que toda economía de “libre mercado” tiene “sólidos fundamentos” al haber aplicado las “reformas estructurales” que se necesitan, Macri consiguió durante sus dos primeros años de gobierno que inversionistas internacionales compraran bonos públicos y metieran dinero en Argentina. Como suele suceder en estos esquemas neoliberales, la liberalización fue de la mano de fuertes medidas en beneficio de las grandes corporaciones y en contra de las mayorías populares. En el caso del gobierno de Macri, quienes concentran la riqueza recibieron como “regalito” una rebaja del impuesto a la renta de 35 a 25 por ciento y la devolución anticipada del IVA (lo que nosotros llamamos IGV). Los que más beneficios recibieron fueron los grandes exportadores, ya que los dólares que al final del gobierno anterior los cambiaban a 9 soles en pocos días pasaron a cobrar 14 pesos por dólar, y además les quitaron el impuesto a las exportaciones mineras y agrarias, manteniendo solo una tasa reducida 5 por ciento a la soya (que es donde están los mega negocios). Particularmente polémico fue la entrega de más de 9 mil millones de dólares a los llamados “fondos buitre”, especuladores internacionales que sabotearon el anterior acuerdo (de 2004) de Argentina respecto de la deuda. Para la gente, lo que les tocó fue un “shock” de tarifas públicas de transporte, gas y electricidad, que llegó en algunos casos hasta el 500%, al mismo tiempo que frenaba los salarios para que no recuperaran su poder de compra.

Así, la esencia de la política económica macrista fue aplicar liberalizar la salida de capitales, favorecer a los especuladores internacionales y aplicar un ajustón contra el pueblo, al mismo tiempo que favorecía enormemente a los grandes exportadores de materias primas. Es decir, aplicó un paquetazo pro-empresarial similar pero mayor al que entre 2014 y 2016, entre fines del gobierno de Humala e inicios de PPK, se aplicó en el Perú, donde también hubo rebaja del impuesto a las ganancias empresariales (aunque no tan fuerte como en Argentina) y devolución de IGV a las mineras (que ahora se hace en sólo un día). En cuanto al modelo económico, Macri ha significado el regreso a un neoliberalismo con priorización de los exportadores de materias primas, similar al modelo peruano.

Como en el Perú, la derecha neoliberal dijo que con esas medidas se recuperaría la “confianza empresarial” y vendrían más inversiones; igual que en el Perú estas medidas no trajeron un aumento de las inversiones ni una recuperación económica. En Argentina las medidas fueron más duras y los efectos económicos peores. Luego de que Macri asumió la presidencia en diciembre 2015, al año siguiente el PBI se redujo 2,4 por ciento, caída que fue revertida el 2017 pero para seguir cayendo 2,5 por ciento el 2018 y otro 2 por ciento este año. La inflación fue 25 por ciento el 2017, 34 ciento el 2018 y según las proyecciones el FMI alcanzaría el 2019 la cifra de 44 por ciento, lo que otros países latinoamericanos acumulan en una década. La pobreza en su gobierno aumentó un 15% según la Universidad Católica Argentina UCA, siendo que Macri dijo al iniciar su gestión que por este indicador debía ser juzgado su gobierno.

EL FMI Y EL DÓLAR

Macri no se puede quejar de un congreso obstruccionista como Vizcarra, ha tenido mayoría para poder aprobar sus leyes. La oposición kirchnerista ha estado a la defensiva tras sustanciales denuncias de corrupción que alcanzan a la propia ex -presidenta Cristina Fernández. Macri inclusive logró en las elecciones parlamentarias intermedias en 2017 mantener esa mayoría.

El 2018 se hizo patente que la economía argentina no era sólida. Las medidas de Macri habían permitido que entraran capitales financieros, vendiendo con éxito bonos pagaderos en cien años. Pero entre los fondos buitre y fuerte la fuga de capitales argentinos, no acumularon muchas reservas. Cuando a inicios del año pasado la Reserva Federal de los EEUU empezó una subida de tasas de interés generando un movimiento mundial de capitales hacia ese país, los “mercados emergentes” sufrieron los efectos de la “corrida” al norte y un par de los más débiles enfrentaron crisis, Turquía y Argentina. Su situación era endeble. La abrupta salida de capitales generaba fuertes presiones al alza del tipo de cambio, devaluándose su moneda. Luego de algunos meses de enfrentar la salida de capitales vendiendo sus propias reservas para evitar una disparada mayor del dólar, Argentina recurrió al apoyo del FMI.

A diferencia de Turquía, la política económica argentina era “música celestial” para los oídos neoliberales del FMI, que decidió respaldar a Macri con el mayor préstamo nunca aprobado por esa institución. El FMI aprobó apoyarlo con 55 mil millones de dólares, una suma enorme. Era una apuesta arriesgada. Ahora el gobierno argentino ya despilfarró casi todo ese dinero y el muy probable ganador de las próximas elecciones, Alberto Fernández, ya ha dicho que renegociará esa deuda y no la pagará en las condiciones establecidas. Eso pasa cuando la ideología y los intereses empresariales de corto plazo predominan; lamentablemente quien debiera limpiar el desastre que es Christine Lagarde porque aprobó esos préstamos, ya dejó de ser directora-gerente del FMI para irse a presidir el banco central europeo.

PROBLEMAS IRRESUELTOS

Una mirada latinoamericana más amplia muestra algunos elementos comunes y varios países con problemas similares a los de Argentina. Casi todos los países de la región son exportadores de materias primas; unos mineros (Perú, Chile), otros petroleros o hidrocarburíferos (Bolivia Ecuador, Venezuela), otros agrícolas (Brasil, Argentina). Entre 2006 y 2013 hubo un boom de precios de materias primas, que gobiernos de izquierda aprovecharon para amplios programas de infraestructura y desarrollo social, lo que no pasó en el Perú tras la traición de Ollanta Humala. Luego, los precios internacionales cayeron.

El mayor problema es que ninguno, ni de izquierdas ni de derechas, trabajó desde temprano y con fuerza en diversificar su producción y cambiar su estructura productiva. Así que cuando cayeron los precios internacionales de las materias primas, todos salieron golpeados. Sin embargo, los que habían acumulado reservas internacionales y no se endeudaron, es decir guardaron “pan para mayo”, han tenido más espaldas financieras para enfrentar la crisis. Claramente no fue el caso de Venezuela, causa central de su tremenda crisis. Ecuador guardó algo y luego Correa consiguió préstamos que le permitieron mantener una fuerte inversión pública y un buen nivel de crecimiento; pero ahora su sucesor (y traidor) Lenin Moreno ha girado hacia el FMI y empieza a aplicar una política de ajuste que se viene recontra fea. Ellos tienen el agravante de que la dolarización les quita la posibilidad de que algún nivel de devaluación ayude a su competitividad y equilibrio. Evo Morales fue quien aplicó una política económica más precavida y acumuló más reservas, y gracias a eso ha podido invertir y crecer fuerte los últimos años, pero todo llega a su fin y Bolivia va a tener que hacer ajustes el próximo año.

En todos esos casos, no habiendo cambiado la estructura primario-exportadora, resulta muy difícil reequilibrar sus cuentas externas sin un shock que aumente la pobreza ni un esquema hipercontrolista que desordene la economía con mercados negros y carestía generalizada. Las respuestas no son fáciles, pero lo que la experiencia de Argentina con Macri deja claro una vez más es que el viejo esquema neoliberal de elevar ganancias empresariales esperando que vengan capitales para levantar la economía, no es la solución.

“En particular, se propone otorgar mayores contenidos al reglamento del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Fomento de Empleo, en relación a una serie de aspectos tales como la determinación prorrateada mensual de beneficios laborales tras acuerdos con el empleador”. Así dice el Plan Nacional de Competitividad promulgado a fines de julio y presentado este martes en un evento a toda pompa con Vizcarra presente.

La frase es totalmente rebuscada y su significado escapa a la enorme mayoría de trabajadores, algo que no puede ser casualidad. ¿Qué quiere decir eso de la “determinación prorrateada de beneficios laborales”? La palabra “prorrateado” indica que el monto de las gratificaciones en vez de pagarse en julio y diciembre como es ahora, se pagaría por partecitas, dando un poquito cada mes. El problema es que muchas empresas, por diversos mecanismos, podrán dejar de pagar las “gratis” de julio y diciembre sin aumentar el pago mensual a los trabajadores, simplemente diciendo que esa “partecitas” de las gratificaciones ya están consideradas en el pago de fin de mes.

El Plan de competitividad dice que el prorrateo solo valdría “tras acuerdos con el empleador” pero en las condiciones actuales de aguda falta de empleo ¿cuántos peruanos podrían decir que no cuando les ofrezcan un salario de mil o mil doscientos soles mensuales con la indicación de que ahí están incluidas sus gratificaciones? Muy pocos. Y no solo se trata de quienes buscan un nuevo empleo; el 70% de los trabajadores formales en el Perú están bajo contratos temporales y a ellos el empleador apenas termine su contrato actual les podrá decir que ahora las gratificaciones están “prorrateadas” en su salario mensual y les hará firmar el “acuerdo” que así lo diga.

Los ultra-liberales seguramente dirán que si el trabajador aceptó sin ser coaccionado ¿por qué el estado podría oponerse? Con ese mismo argumento se debiera permitir que “tras acuerdos con el empleador” se paguen salarios de 500 o 300 soles mensuales, las vacaciones se eliminen o se quite el derecho al descanso por natalidad. Es obvio, sin embargo, que quien no tiene medios para subsistir no tiene las condiciones para rehusar las condiciones de trabajo que le imponen. Así, no hay igualdad de condiciones entre el trabajador y el empleador para llegar a un acuerdo equilibrado. Además, hay objetivos sociales detrás de las gratificaciones, como por ejemplo asegurar que los hijos de los trabajadores no pasen una navidad con hambre. Por esas razones en ninguna parte del mundo se acepta que los derechos laborales se pierdan “tras acuerdos con el empleador”, ni en los países europeos ni en Estados Unidos ni en ningún país latinoamericano ni en la India ni en la ‘Cochinchina´. Pero los neoliberales peruanos, encabezados por el MEF defienden semejante despropósito porque conviene a los intereses de grandes empresas.

DERECHOS Y PRETEXTOS EMPRESARIALES

Declaraciones antiguas de Vizcarra y más recientes de la ministra de trabajo han insistido en que no se recortarán derechos laborales. Reveladoramente, sin embargo, la sencilla frase ‘se respetarán los derecho laborales vigentes’ o similar no es parte del Plan Nacional de Competitividad. Lo que ese Plan manda es “revisar y adecuar el marco regulatorio y los servicios de empleo en función a las necesidades del mercado laboral”; como si el mercado laboral fuera un organismo vivo con “necesidades” mientras dejan totalmente fuera las necesidades de la gente.

Según ha declarado la ministra de trabajo Sylvia Cáceres “ésta es una [propuesta] que beneficia más a las empresas cuyo tamaño o volumen de ventas les hace difícil asumir desembolsos importantes en julio y diciembre”. Pero si el “prorrateo” fuera real, la empresa debería pagar entre enero y junio cada mes un sexto de la gratificación de julio y hacer de manera similar con la ´grati´ de diciembre en el segundo semestre del año. A ninguna empresa le costaría absolutamente nada ir depositando esos dineros en un banco mes a mes y luego en julio sacar lo que acumuló entre enero y junio y dárselo como gratificación al trabajador, y hacer exactamente lo mismo en la segunda mitad del año. Es más, la empresa ganaría intereses. La idea de que esta medida es necesaria porque algunas empresas sufren para pagar en julio y diciembre y tienen más facilidades haciéndolo todos los meses no se sostiene lógicamente.

¿En qué caso este supuesto prorrateo sería beneficioso a las empresas? Sólo cuando reducen su pago anual a los trabajadores. Es decir, cuando los trabajadores reciben menos soles en el año. No es de extrañar que este objetivo se escriba en un rococó tan ininteligible como decir que “se otorgan mayores contenidos a aspectos tales como la prorrateada mensual de beneficios laborales”.

DEBATES MINISTERIALES

Cuando en julio pasado puse estas observaciones en mis redes sociales, la ministra de la mujer Gloria Montenegro dijo que era “información tendenciosa”, respaldándose en que “como se propone modificar el reglamento y no la ley, no se podría rebajar el piso de 2 UITs para poder establecerla”. Se refiere a que la ley actual (DL 728 modificado por el DL 855) ya establece el “prorrateo” pero solo para quienes ganan más de 8,400 soles mensuales, que es una pequeña minoría. Montenegro insistió en que ese piso mínimo no podía rebajarse.

Me hizo dudar Montenegro, la verdad. Porque efectivamente el Plan de Competitividad habla de modificaciones por decreto supremo pero esta norma del prorrateo está contenida en una ley, y las leyes no se pueden cambiar por decreto supremo porque son normas de menor rango. Algún sustento tenía pero no me convenció porque ¿si no iban a hacer cambios para qué lo pusieron en el Plan de Competitividad? Era muy raro.

La semana pasada las dudas se acabaron cuando en una entrevista le preguntaron a la ministra de trabajo: “El prorrateo se aplica para trabajadores que ganan por encima de S/8,400. ¿Están planteando que pueda utilizarse para trabajadores que ganan menos?”. Su respuesta fue contundente y clara: “Así es”. Clarísimo. Así que la información tendenciosa fue la circulada por la ministra Montenegro, quien como miembro del gabinete debiera saber bien a qué se refieren las frases arcanas del Plan de Competitividad.

¿Cómo van a lograr la cuadratura del círculo para cambiar una ley con un decreto supremo? Esos son misterios del Orinoco, usted no lo sabe y yo tampoco, pero la intención del gobierno de quitaros las gratificaciones ya no está en discusión.

RECORDATORIO

Los intentos del ministro de finanzas Carlos Oliva y la Confiep por cortar derechos laborales vienen de hace tiempo. En diciembre pasado Oliva lanzó la idea de recortar las vacaciones de 30 días a 22 días, propuesta que generó tanto rechazo que la dejaron fuera del Plan de Competitividad. Para sustentar su idea nos han querido engañar con el cuento de que no se generan empleos por “el alto costo laboral no salarial, que triplica el de los pares de la Alianza del Pacífico” cuando en realidad un trabajador peruano (incluyendo todos los beneficios de ley) gana menos de 7 mil dólares por año, mientras en Chile sacan 15 mil dólares y en Colombia 9 mil dólares.

La falta de empleos no se deba a que los trabajadores peruanos ganemos mucho, lo que es a todas luces falso. Los puestos de trabajo son escasos porque no se han aplicado políticas macroeconómicas anticíclicas que mantengan el crecimiento industrial, hay muy poca inversión pública y social, el BCR no reduce las tasas de interés y no hay medidas contundentes en favor del agro y las pequeñas empresas. Y encima hay 800 mil venezolanos.

LA POLÍTICA

Ya el ministro Carlos Oliva metió a Vizcarra en tremendo problema con Tía María, al comprometerlo con un proyecto rechazado por la mayoría de peruanos. Le hizo meter la pata a fondo, provocando en la región un enorme movimiento social de rechazo y haciendo que el presidente pierda 20 puntos de popularidad en el sur.

Ahora,  el ministro de finanzas empuja al gobierno a otro callejón sin salida provocando a los trabajadores y el movimiento sindical, cuya fuerte respuesta frente a estos intentos de cortar beneficios y derechos ya la vimos a inicios de año y que frente a la amenaza de dejarlo sin gratificaciones sin duda saldrán masivamente a protestar la calle.

Uno no puede dejar de preguntarse ¿Oliva es idiota o se hace; se trata de un gravísimo error o es algo conversado con la Confiep y su ´pataza´ Olaechea? ¿No se da cuenta Vizcarra de adónde lo están llevando? Según el Plan de Competitividad el plazo máximo para que tengamos las respuestas a estas preguntas es octubre, mes en el que debe salir pre-publicado el decreto supremo del “prorrateo”.

“No tiene sentido meterle plata a la inversión pública” declaró el ministro de economía  y finanzas Carlos Oliva hace unos días. Justo lo contrario a lo que desde estas páginas venimos insistiendo hace meses y que es central en la propuesta económica que Verónika Mendoza presentó al país a mediados de julio pasado. No es sólo una propuesta de izquierdistas. A esta línea se sumó poco antes de 28 de julio el macroeconomista Waldo Mendoza quien escribió que “en lo inmediato, el MEF y el BCRP deben empujar la inversión pública y abaratar el crédito si no quieren que la economía se paralice” y también el ex – ministro Alfredo Thorne quien dijo la semana pasada que “el Perú necesita implementar un plan de estímulo fiscal de US$2.000 millones dentro de los próximos seis meses para proteger a su economía, que se debilita rápidamente, del riesgo de recesión”.  

Necesitamos más inversión pública por dos razones. La primera es de coyuntura, ya que nuestra economía viene perdiendo empleos en vez de crearlos y para empeorar las cosas ahora tenemos gélidos vientos del exterior soplando en contra. Es el momento de una política fiscal contracíclica, que haga crecer la construcción y amplíe el mercado interno, reactivando así las industrias y generando oportunidades para que se prendan nuevos motores en la economía peruana.  La segunda razón para aumentar la inversión pública es la enorme cantidad de pistas y carreteras que necesitan reparaciones o asfaltados urgentes, de colegios que requieren baños y refuerzos frente a posibles sismos, de hospitales por renovar, de centros de salud que deben repotenciarse y de barrios y pueblos que claman por agua potable.

PRETEXTOS VANOS

Desde hace meses el discurso del ministro Oliva y del bloque neoliberal ha sido que la caída de la inversión pública es responsabilidad de los gobernadores regionales y los alcaldes y no del manejo presupuestal del  ministerio de economía y finanzas. Cuando se les hace ver que el gobierno nacional tiene una ejecución menor que los gobiernos locales, el MEF resalta que el problema es de todos los ministros. Lo que nunca revelan es que el sector economía y finanzas del cual Oliva es directamente responsable sólo ha ejecutado (a julio) el 22 por ciento de su presupuesto, menos que los sectores justicia, interior, relaciones exteriores, educación, agricultura, energía y minas, defensa, mincetur, transportes y comunicaciones, producción y de la mujer y poblaciones vulnerables; menos que 14 gobiernos regionales; menos también que centenares de municipios como las 7 alcaldías provinciales de Apurímac, una región pobre, rural y de altura donde hay mucho menos facilidades que en las lujosas oficinas del jirón Junín.

Más allá de estas comparaciones, odiosas pero no por ello menos reales, hay un asunto previo. Desde mediados del año pasado, cuando se empezó a discutir el presupuesto 2019, ya se señalaba que como todos los gobernadores regionales y alcaldes empezaban su gestión este año la inversión pública allí enfrentaría mayores dificultades. ¿No era entonces lo lógico que se tomaran medidas para agilizar la gestión de las inversiones y darles más espacio presupuestal a todos los niveles de gobierno? ¿No es totalmente insensato quedarse sin hacer nada cuando se sabe que vienen problemas?

Lo peor es que persiste en su error. Ahora Carlos Oliva ha dicho que “en este momento no tiene sentido meterle plata a la inversión pública [porque] esa probable inversión pública nueva se va a demorar seis, ocho o diez meses en consolidarse”. Es decir, no piensa asignar más fondos sino hasta que empiece el presupuesto 2020, de tal manera que siguiendo la lógica de sus propias declaraciones recién tendremos más inversión pública a fines del 2020. Eso sería muy tarde para la economía porque, dado el fuerte shock externo negativo que se acaba de agravar, ya para entonces estaremos en franca recesión. Desastroso.

PROCESO PRESUPUESTAL

Oliva ha añadido que “todavía tenemos casi un 70% del presupuesto que no se ha gastado. Si tenemos un 68% de presupuesto que no se ha gastado, qué sentido tiene meter más plata para la inversión pública”.

Nuestro ministro de finanzas apela a un sentido común: si no has gastado la plata que te di, para que te doy más. Pero el sistema de presupuesto público no funciona como el de una familia, debido a las restricciones burocráticas establecidas por el mismo ministerio de economía y finanzas que dirige Oliva. Un ministro, gobernador o alcalde que decide hacer una obra pública antes de la licitación para la misma debe “separar” el dinero mediante lo que en el sistema del presupuesto público se llama la “certificación”; si no se hace así el funcionario respectivo afrontará cargos administrativos y hasta penales. Esa “certificación” la da el MEF y nadie más y es necesariamente previa. Pero si por alguna razón la licitación de esa obra se atraca (por observaciones de aun postor, ajustes al proyecto, etc.) ese ministro, gobernador o alcalde no puede fácilmente reasignar ese dinero ya “certificado” a otra obra, como haría cualquiera con su presupuesto familiar, sino que nuevamente tiene que pedírselo al MEF. La traba es aún mayor en el caso que el proceso de inversión haya avanzado hasta haberse hecho la licitación y declarado un ganador, lo que requiere que además de la “certificación” presupuestal se obtenga del MEF otro paso burocrático presupuestal más llamado “compromiso”. Pero si ese alcalde o ministro afronta entonces un reclamo del contratista, mientras ese reclamo no se resuelva (y pueden pasar muchos meses en ello dadas las leyes vigentes) el ministro o alcalde no puede usar ese presupuesto para otro proyecto.

En resumen, el presupuesto público de inversiones no es como un hogar o una empresa en la que el jefe puede decidir que cuando un proyecto no está avanzando usa los fondos para otro. En el estado peruano no se puede hacer así debido a que las reglas presupuestarias establecidas y administradas por el MEF, dirigido por Oliva, no lo permiten.

Lo que digo no es nada nuevo. Viene de años atrás. Por ejemplo, en el año 2017 el “gobierno de lujo” de PPK en el que Pedro Olaechea era ministro apenas se ejecutó 67 por ciento y se quedaron 15 mil millones de soles presupuestados que no se gastaron. El propio Olaechea como ministro de la producción terminó ese año con 100 millones de soles de su presupuesto de inversiones sin gastar y en el programa clave para apoyar la pesca y acuicultura no ejecutó ni el 60 por ciento. El gobierno PK en esto fue malo pero no el peor; en veinte años nunca se ha ejecutado el 80 por ciento del presupuesto de inversiones.

RESPONSABILIDADES Y SOLUCIONES

“El gobierno trabajará en la segunda mitad del año en mejorar el nivel de ejecución del presupuesto de cada sector” ha dicho Oliva.  El ministro pretende darles lecciones a todos los ministros aunque su gestión de inversiones, como hemos visto, es de las peores. Aún si supiera algo de lo que quiere enseñar, es patética su brutal demora en hacerlo. Si se sabía desde hace más de un año que era necesario elevar la inversión pública ¿por qué no empezó hace meses a facilitar y apoyar su ejecución?

Ahora bien, reconozcamos que el sistema de presupuesto y gestión de las inversiones públicas es como esas viejas redes de cañerías de agua potable o canales de agua que se atoran, tienen pérdidas y no funcionan muy bien. Muchas de las cañerías de agua en nuestras casas ya están un poco angostadas por el sarro y la grasa pero eso no quiere decir que no pase el agua. De hecho, la inversión pública fluye al punto que el año pasado pasaron por ella 33,481 millones de soles.

Nuestra inversión pública sólo es poco mayor el 4 por ciento del PBI, frente a más del 5 por ciento que tuvimos el 2013, 6 por ciento promedio en países del Asia y 10 por ciento en el Ecuador de Correa o 13 por ciento en la Bolivia de Evo. ¿Qué hacer para aumentar la inversión pública? Una idea es mejorar el sistema, es decir la red de cañerías por donde fluye el presupuesto. Esa fue la propuesta del pepekausa Alfredo Thorne, quien cambió el pedazo de la cañería para la formulación y aprobación de proyectos de inversión, reemplazando el llamado SNIP (“Sistema Nacional de Inversión Pública”) por un nuevo mecanismo llamado “Invierte.pe”. Los expertos discuten si el cambio fue bueno o no pero claramente durante su periodo no mejoró la ejecución sino que se frenó el flujo de inversiones durante varios meses. Pensar en un nuevo cambio de este tipo ahora traería similares consecuencias y sería suicida.

Sin embargo, se podrían hacer ajustes parciales que permitan “desatorar” presupuestos. Por ejemplo, dando más facilidad para que los ministros, gobernadores regionales y alcaldes reorienten los presupuestos que están congelados en obras trabadas hacia otros proyectos. Esto podría hacerse tanto en la etapa de certificación presupuestal como en la de “compromisos”. Otra política sería facilitar a contratación de expertos en inversiones, proyectos y licitaciones, algo que las actuales “normas de austeridad” del presupuesto – fijadas por el MEF y aprobadas por la mayoría aprofujmoristas del congreso – impiden.

Pero hay una forma más sencilla y simple de elevar la inversión pública: aumentar el presupuesto. En la analogía del sistema de agua potable, es como abrir las compuertas de “La Atarjea” o el reservorio central  para que salga más agua, en vez de intentar muchos pequeños arreglos. En mi casa, como en muchas quintas de Lima, a veces sale poca agua, y no es sólo porque mis cañerías estén algo viejas, que lo están. Es porque falta presión, y lo sé porque hay horas en las que sí hay más agua, lo que quiere decir que las cañerías sí soportan un mayor flujo. Lo mismo sucede con cientos de miles de agricultores peruanos que tienen sistema de riego; casi todos ellos tienen canales que no son óptimos, que tienden a llenarse de barro por lo que hay que limpiarlos luego de la época de lluvias y que tienen fugas porque les falta un buen revestimiento. Pero aun así, si les das más agua, llevan más agua; tienen capacidad y no están al tope. Muchos gobiernos regionales y municipalidades y ministerios están en esas condiciones respecto de las inversiones que pueden hacer. Es verdad que no están en condiciones óptimas, pero denles más fondos y harán más obras.

Un momento, ¿pero no era que ya los ministerios, gobiernos regionales y municipios tienen presupuesto y no lo están gastando? Sí, pero en muchos casos tienen ese dinero atorado en proyectos con “certificación” que no avanzan o licitaciones “con compromiso” atoradas. ¿Qué hacer? Fácil: asignarles más presupuesto para que puedan avanzar otros proyectos mientras resuelven los problemas de los “atorados”.

NO HAY PIERDE AUMENTANDO PRESUPUESTO

Supongamos que estoy equivocado y que Oliva tiene razón, que nada de lo que digo es cierto y que aumentar el presupuesto sería inútil porque hoy a todos los gerentes públicos les sobran fondos. No lo creo pero digamos que es así. En ese caso, si se les aumentara el presupuesto, ¿qué problema habría? Si lo que dice Oliva es verdad, pues no pasaría nada. Tendrían mayores cantidades en su presupuesto que no se gastarían y punto, un puro asunto de cifras más grandes en una hoja Excel pero que nunca se trasladan a la realidad.

En otras palabras, si se aumenta ahora, ya, el presupuesto para inversiones, dos cosas pueden pasar. Un análisis, el de Oliva, dice que no pasará nada. Otro, el nuestro, dice que aumentaría la inversión pública. ¿Por qué no intentarlo, entonces, si no hay nada que perder?