Llevamos 110 mil fallecimientos por la pandemia del Covid y los muertos se apilan al ritmo de más de mil diarios. Las camas UCI están repletas, la gente viaja de Lima hasta Pisco por oxígeno, el contagio no cesa. Se han perdido 3 millones de empleos adecuados. No veo, sin embargo, que ni el gobierno ni la mayoría de candidatos estén proponiendo o haciendo algo al respecto: actúan como si no estuviéramos en emergencia.

El golpe de la traición de Mazzetti ha sido duro. El problema del oxígeno sigue sin enfrentarse como se debe, obligando a todas las empresas privadas a poner su capacidad de producción en lo inmediato a producir oxígeno medicinal para salvar vidas, y no se ve el gran esfuerzo que se necesita de multiplicar el personal de salud (empezando por pago los adeudos), fortalecer centros de salud y dotarlos de oxímetros y oxígeno. Tras el escándalo del Vacunagate mi esperanza subió cuando Allan Wagner anunció que llegarían doce millones de vacunas en marzo y ahora resulta que sólo son dos. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo.

DISCUTIENDO ECONOMÍA

La emergencia también es económica: hay 3 millones de empleos perdidos (George Forsythe en el CADE de la semana pasada repitió este estimado nuestro sobre el tema, le damos las gracias por confiar en nosotros pero un reconocimiento de autor hubiera sido lo correcto). Frente a ello, las propuestas económicas debieran considerar la urgencia del momento y la velocidad de aplicación de las medidas. El Bono Universal, por ejemplo, tiene una gran ventaja: puede hacerse YA, ayudaría mucho a los 10 millones de peruanos pobres, les permitiría alimentarse y pagar los servicios básicos y sería una inyección de dinero que circularía rápidamente en la economía. Se pudo y se puede hacer rápido, pero no parece haber empatía con el sufrimiento humano ni un entendimiento de lo que significa una emergencia. Así que repitámoslo: una emergencia es aquella situación en la cual existe un grave riesgo para la vida o la salud o se prolonga un sufrimiento agudo, y por eso exige actuar en un plazo sumamente corto. Responde en una emergencia como si se tratara de una situación normal, deteniéndose varios meses a preparar un plan, seleccionar un equipo de gestión y diseñar detalladamente los procesos es un gran error, pues se pierden vidas actuando así. El criterio más importante en una emergencia es actuar muy rápido para salvar vidas y reducir el dolor, porque eso es lo que una respuesta humanista demanda. Lamentablemente, en el Bono se siguen dando vueltas para mejorar el padrón y buscar una mejor forma de pago, mientras se inicia la entrega a un grupo minoritario de beneficiarios de programas sociales poco presentes en las ciudades. Con la experiencia adquirida, ya se podría pagar un cuarto Bono Universal en dos semanas. Se debiera aprobar de una vez un Bono Nacional.

El Bono debe combinarse con un programa de empleo temporal, pero ponerlo en marcha requiere al menos tres meses, y lo digo con conocimiento de causa porque yo mismo alguna vez he tenido a mi cargo esa tarea. En tres meses con un gran esfuerzo se pueden crear 200 mil empleos; no hay forma de que con un programa de este tipo pueden crearse 2 millones de empleos en el corto plazo como ha dicho Keiko Fujimori. En cambio, un Bono si puede llegar a incluso más gente y en menos de un mes. La razón es que un programa de empleo temporal necesita de tener elaborados los proyectos, las obras, las tareas a ejecutar, aunque sea a un nivel básico; y luego tener todo un equipo de gestión a nivel nacional dirigiéndolo.

Otra necesidad de emergencia es dar ayuda financiera a las empresas para que puedan sobrevivir y no quiebren. El año pasado el programa Reactiva dio 55 mil millones de soles de préstamos a tasas de 1 a 2 % anual, 25 mil millones de eso fueron a pymes y aun así muchísimas de ellas y la agricultura quedaron fuera; pero este año apenas han anunciado 2 mil millones para ello. Poquísimo. Mientras en sectores como el turismo es un asunto de sobrevivencia empresarial, en otros como la agricultura debe ser parte de un paquete integral de apoyo al agro, una segunda reforma agraria, con asistencia técnica, obras de riego, compras públicas y protección frente a importaciones subsidiadas, que pude comenzar desde ya porque es una actividad que se realiza con distancia física y no genera riesgo de contagio.

Estas respuestas de emergencia deben engancharse con una mirada de mediana y largo plazo, empezando por un aumento de la inversión pública de 32 mil a 47 mil millones de soles, con proyectos que generen empleos, inyecten dinero en la economía y mejoren los puntos críticos de nuestra infraestructura de carreteras, agua, educación y salud.

ANTI- ESTATISTAS HIPÓCRITAS

Las candidaturas de derecha y centro, Keiko, Forsythe, Guzmán y Urresti, tienen esta contradicción: por un lado dicen que cualquier iniciativa estatal de gasto, como estas ayudas de emergencia, son malas, porque implican mayor intervención del estado. Ellos proponen un ajuste fiscal, reducir el gasto para disminuir el déficit. Para sostener ese discurso Keiko insiste en que el estado no tiene plata, aunque la información oficial es que hay 75 mil millones de soles del fisco en los bancos, lo que es irrefutable. Pero todos ellos entran en una gran contradicción porque, al mismo tiempo que critican los bonos y otras medidas de ayudas de emergencia, proponen generar millones de empleos temporales que ¡oh sorpresa! tienen que ser pagados por el estado. Están atrapados: por un lado critican las acciones necesarias del estado frente a la emergencia e insisten en que la sacrosanta actividad privada – léase las grandes empresas – es la solución a todo si se les deja libres para al abuso y la explotación, por el otro, prometen programas que requieren miles de millones de presupuesto, costos altos que quieren ocultar pero no pueden.

El asunto de fondo es que, vamos, plantear que el estado ayude a la gente en una emergencia no es de izquierdas, es propio de un capitalismo mínimamente humano con democracia. ¿Si ni siquiera nos ayudamos en la desgracia, en la extrema necesidad, que sentido de colectividad podemos tener? Por eso hoy incluso los países que se caracterizan por tener los capitalismos más individualistas bajo gobiernos de derecha extrema tienen grandes programas de apoyo a la gente, como Estados Unidos con Trump y ahora con Biden, Inglaterra con Boris Johnson, Alemania con la Merkel y etcétera, etcétera, etcétera. A la necesidad básica de salvar sus naciones, se suma una razón macroeconómica: ante esta crisis tan grave es indispensable una política que sostenga la economía. Hasta el FMI propone más ayuda fiscal y más dinero a la gente; esto es lo que dicen en su último informe de la economía mundial (traducido al español): “políticas fuertes y rápidas, monetarias y financieras [tipo Reactiva] y fiscales [más gasto] han ayudado a prevenir peores resultados….en algunos casos, las transferencias a los hogares [tipo bonos en Perú] rápidamente levantaron el consumo… en particular de los pobres”.

Sin embargo, temo que con el último #VacunaGate el gran sector popular, el más afectado por la pandemia y la crisis económica, ha agotado la confianza en el estado. Si luego de tantos meses no tenemos ni oxígeno, se roban las vacunas y frente a 3 millones de empleos perdidos el gobierno no hace nada, si un Vizcarra que en algún momento enfrentó la corrupción del Keiko-congreso y una Mazzetti que era la defensora de la salud habían sido tremendos sinvergüenzas, no es difícil entender que el ánimo sea “¿y ahora, quien podrá defendernos?” sin que haya ningún chapulín colorado a la vista. Temo que en nuestro pueblo hoy predomina el “sálvense quien pueda”; dada la enorme carestía económica salen a trabajar y ganarse unos cobres aún arriesgando la vida. Quizás la idea prevaleciente es que “así funcionan las cosas” en un Perú donde los accidentes de tránsito de combis y buses descontrolados matan decenas a diario y donde McDonald´s puede zafarse de una negligencia que llevó a dos jóvenes a morir electrocutados con un pequeño pago a las familias. Lo que vivimos hoy no sería sino la misma historia de siempre, la de los afectados por las inundaciones de El Niño de 2017 que siguen sin una vivienda, la de los sobrevivientes del terremoto de Pisco del año 2007 que un quinquenio después seguían sin ser ayudados, la historia de un estado que abandona a sus ciudadanos a su suerte incluso en los momentos y situaciones más extremas.

Como muchos peruanos, confieso que me sentí representado por el editorial de César Hildebrandt la semana pasada: me reafirmaba esta idea de que los peruanos somos “de las estirpes condenadas a cien años de soledad sin una segunda oportunidad sobre la tierra”. Pero no estoy dispuesto a tirar la toalla. Acá sigo, parao y sin polo, y vengo a ofrecer mi corazón, rojo y a la izquierda, porque siempre se abren nuevos caminos y juntos es posible cambiarlo todo.

Mucha rabia y mucho pesar me ha generado saber que Vizcarra y Mazzetti se han vacunado “por lo bajo”. Crimen con agravantes: lo hicieron a escondidas, lo ocultaron hasta el final y metieron a “su gente”. La ex-ministra de salud, después de ser vacunada, declaró que ella sería la última porque otros debían ir primero: un cinismo escalofriante. Mazzetti reconoce su culpa y se nuestra avergonzada; en cambio Vizcarra se vacuna él, su esposa y su hermano, y sigue tratando de justificarlo. No cabe duda que se ha revelado la misérrima catadura moral de este maestro del engaño.

La utilización del poder político para beneficio personal se llama CORRUPCIÓN, en mayúsculas. Algunos han pretendido que se justifica por estar mayor riesgo o por su mayor importancia en el manejo del país: si así hubiera sido, lo hubieran hecho de manera transparente.  Por cierto, no es un asunto de “privados”. Los ensayos clínicos, aunque los haga una universidad privada, se hacen con conocimiento y permiso del estado peruano. Hay que añadir, además, que esas vacunas sólo tenían permiso de aplicarse en el Perú como parte del ensayo clínico; cuando Vizcarra, Mazzetti y demás implicados se la aplicaron era ilegal que esa vacuna se aplicara en el Perú porque no tenía el registro sanitario requerido. Quienes fueran presidente y ministra, al recibir la vacuna estaban violentando la ley.

La comunidad científica y de la salud pública, de las que me siento parte, también han tenido miembros que han tenido pésimas acciones en este caso. Destaca el Dr. Germán Málaga, responsable directo de este desastre, repartidos ilegalmente vacunas como mercachifle de quinta, incluyendo a su hija; cuestionado, no fue capaz de reconocer que había actuado mal. La misma falta de ética mostró la ex-ministra de salud Patricia García y el vicedecano del Colegio Médico Ciro Maguiña, recomendador de ivermectina estando vacunado. Comportamientos muy penosos con los que no se puede conciliar, sino marcarlos a fuego. Para poner las cosas en claro: la investigación implica, también, poder, y ese poder debe manejarse con claros principios éticos y de respeto a la ley. Muchas veces nuestro poder como investigadores es casi insignificante, pero en oportunidades como ésta se expande hasta poder hacer diferencia entre la vida y la muerte; en todos los casos, los investigadores debemos ser conscientes de que tenemos ese poder y que debemos usarlo bien.

Alejandro Aguinaga, ex-ministro de Fujimori, ex- congresista fujimorista en la década del 2006 al 2016 y actual candidato con el número 1 por Keiko, se hizo vacunar él y también su esposa. Descubierto, sale con la misma mentira de Vizcarra: que era parte del ensayo clínico, lo que es mentira. Cecilia Blume, íntima de PPK y la Confiep, lobbista conocida, tuvo el descaro de, luego de ser vacunada, decir públicamente que la primera línea debe ir primero. De ellos, no me extraña ni me apena.  

De Luis Suárez Ognio, el viceministro de salud que metió a toda su mancha a vacunarse, hay que recordar que antes de tener ese cargo ya era parte del “comando vacuna” organizado por la Confiep junto a empresaurios acusados de corrupción con Raúl Delgado Sayán de la mafia del “club de la construcción”. Se trata de un personaje vinculado y que ha hecho lobbies en favor de grandes trasnacionales farmacéuticas, y que en realidad fue puesto en el cargo como parte del acomodo de Mazzetti con esos grandes intereses.

VACUNA PRIVADA

Salido a luz el escándalo, el flamante ministro de salud Oscar Ugarte ha salido a decir que los privados podrían comprar y distribuir la vacuna. Con ello, se abriría la posibilidad de que se empiece a especular con las vacunas y a venderlas a muy alto precio a quienes tienen mucho dinero. Partamos de que, en el momento actual, en el mercado internacional hay mucha escasez de vacunas y que, a ese nivel, lo que hay son ventas a gobiernos y no a privados. Es por ello muy poco probable que, en el corto plazo al menos, una compra privada de vacunas sea posible, aunque como ha dicho Ugarte, la ley actual lo permite.

Pero que quede claro: como hoy a nivel mundial faltan vacunas, el que alguien, gracias a su dinero o a su poder político, consiga ser vacunado primero, significa necesariamente que recibirá la vacuna después. Es decir, se está robando la cola, ni más ni menos. Decir que como ha habido todos estos funcionarios corruptos aprovechándose de la vacuna, mejor es que lo haga el sector privado, equivale a pedir que legalicemos la discriminación para que así no haya delito.

Algunos dicen que el sector privado sería más eficiente que el estado en vacunar. Una barbaridad decir eso luego del rotundo fracaso del “comando covid” de la Confiep y la trafa de su viceministro Suárez Ognio. Además, el estado peruano ha aplicado programas masivos de vacunación durante décadas, y lo ha hecho tan bien que en eso somos de los mejores en la región. La primera etapa de vacunación está avanzando bastante bien, aunque es cierto que es la más fácil porque es para personal de salud. En una segunda fase la gran prioridad deben ser los adultos mayores y esta etapa puede ser más complicada, pero insisto, ya nuestro sector salud ha hecho vacunaciones masivas antes y tenemos miles de enfermeras bien entrenadas al respecto. Seguro habrá problemas y dificultades en los siguientes meses de vacunación, pero más allá de eso la pregunta clave es: ¿que algún privado venda vacunas, hará que haya más vacunados o sólo cambia el orden de la cola? Hoy, sólo haría que quienes tienen plata se roben la cola, como lo han hecho Vizcarra, su esposa y su hermano, y eso no está bien.

Una cosa muy distinta es si en algún momento, ya con millones de vacunas en manos del estado y un listado de beneficiarios priorizado, el sector privado podría ayudar en la vacunación. La primera ayuda necesaria será la logística: el traslado refrigerado de las vacunas. En Bolivia, incluso un camión para pollos trasladó algunas vacunas.  Luego viene la aplicación de las vacunas, pero ¿no resultará suficiente para ello la red de 7,500 puestos, centros y hospitales públicos? ¿Aún en ese caso, no se podría contratar a enfermeras y técnicos para poner vacunas en colegios o carpas en plazas públicas? Pienso que estas son mejores opciones, pero si en algunas localidades ni fuera posible, asociarse con el sector privado no debe descartarse. La cuestión esencial es que la vacunación se realice lo más rápidamente posible de acuerdo a la prioridad epidemiológica, es decir, que responda al objetivo de salvar la mayor cantidad de vidas posibles y no al de “los ricos y poderosos primero”.

EL TEMA CRÍTICO

Pensado en el momento actual de nuestro país, el tema crítico ahora es que lleguen las vacunas lo antes posible. Un millón está muy bien pero necesitamos 50 veces más. El gobierno ha informado que ya están firmados los contratos para 48 millones de dosis, pero el tema crucial es la fecha de entrega, y eso no está tan claro y debe acelerarse lo más posible. Este mismo problema sucede a nivel mundial; en la rica y poderosa Europa se hizo un gran conflicto con Astrazeneca porque les estaba demorando la entrega, lograron llegar a un acuerdo y ahora incluso se anuncia que la empresa alemana IDT ayudaría en la producción. Una realidad mundial de esas que nos asquean, es que la producción de vacunas no avanza más rápido porque quienes han logrado desarrollar vacunas no quieren compartir sus secretos por hacer negocios, y se desperdicia una enorme capacidad de producción de vacunas.

Así, aunque haya – según dicen – contratos firmados, la lucha por la vacuna seguirá, y hay que estar activos, buscando alternativas y tocando puertas. Cada semana, cada día, cuenta. Además, en breve el gobierno deberá responder a la llegada de un lote de vacunas de Pfizer, distintas a las de Sinopharm que tenemos ahora y que requieren refrigerarse a -80 grados, mucho más frío que las chinas. Eso demandará ver quienes se vacunan con cuál, posiblemente la de Pfizer se aplique en Lima y grandes ciudades donde la logística es más fácil.

El camino de la vacunación, por eso, no será tan sencillo. La corrupción de Vizcarra, Mazzetti, Aguinaga y demás funcionarios, investigadores y lobbistas, golpea la confianza de la gente en el estado y nos dificultará avanzar en esta tarea crucial para el país. Su traición llega además en un momento especialmente crítico; la epidemia está desatada, la mortalidad en Lima y todo el país sigue en alza, sigue faltando oxígeno, camas UCI, atención primaria y campañas comunicaciones sobre el buen uso de las mascarillas, el distanciamiento físico, y la ventilación. Estos meses serán, posiblemente, los más difíciles de nuestra historia nacional en décadas. Por eso, esta traición es particularmente grave. No lo olvidaremos. Saldremos adelante.

Es curioso: la candidata que es denostada como anti-mercado, Verónika Mendoza, es la única que ha presentado propuestas concretas de apoyo económico a las empresas en esta emergencia. Los demás están la estratósfera de la ideología y en el cuento del ajuste fiscal, como se lee con mucha claridad en el panel de artículos sobre el tema publicado por los diversos candidatos en “El Comercio” el domingo pasado.

Empecemos por las principales medidas económicas que se necesitan de emergencia. La semana pasada escribí sobre la propuesta de sumar 15 mil millones de soles anuales a la inversión pública y sobre los empleos que ello generaría. Expliquemos un poco más su impacto sobre las empresas. En primer lugar, la enorme mayoría de esos fondos se irán a contratar empresas constructoras, preferentemente nacionales (apenas las pequeñas obras locales con empleo temporal son hechas directamente por municipalidades, ejecutoras públicas y organizaciones sociales y comunales). Es decir, se trata de dinero que va a ir directamente a las empresas privadas y que estas usarán para pagar planillas y comprar cemento, fierro, ladrillos y demás materiales de construcción a otras empresas privadas. Hay así un efecto multiplicador, directo, a la vena, para un amplio sector empresarial.

Se generarán así doscientos mil empleos, y los salarios que esas empresas paguen regresarán al mercado, porque esos trabajadores saldrán a comprar para cubrir sus necesidades. Lo mismo puede decirse con el dinero del Bono Universal que necesitan como apoyo urgente millones de familias empobrecidas por la crisis. De esa manera tendremos una dinamización del mercado nacional en las distintas áreas de la economía; desde agricultura y alimentación, hasta ropa, zapatos, libros, comercio, servicios y transporte. ¿Quiénes son los que producen y venden en estos sectores? Las empresas privadas, pequeñas, medianas y grandes. Como estamos interesados en especial en las empresas nacionales y el empleo nacional, hay que darles mejores condiciones de competencia frente a lo importado y frenar la llegada de productos que ingresan a precio de dumping, como ropa y zapatos. ¿Quiénes ganan con eso? Las empresas privadas que producen y dan empleo en el Perú, aunque Saga y Ripley y otras comercializadoras que se dedican a traer importaciones asiáticas perderán un poquitín.

La política propuesta de aumentar la inversión pública enfrenta el reto de seleccionar y supervisar de mejor manera a las empresas contratistas, asegurando honestidad. ¿Cómo acelerar esto? En el corto plazo, se puede seguir con algunos convenios de gestión de gobierno a gobierno; en el mediano plazo, hay que mejorar la ley de adquisiciones y contrataciones y fortalecer las cien principales unidades ejecutoras públicas, incorporando a los profesionales más talentosos y honestos en su conducción. Fortalecer la lucha anti-corrupción metiendo a la cárcel a todos esos rateros del “club de la construcción”, desde empresarios hasta el ex-ministro de transportes e íntimo amigo de Ollanta Humala y sus secuaces, ayudará también a afirmar la idea de que quien roba, lo paga con su libertad.

La clave acá es una política fiscal orientada a aumentar la demanda y con eso fomentar el crecimiento económico, es decir, una política anti-cíclica como corresponde en tiempos de recesión como los que vivimos. De los candidatos en lid, quien ha levantado esta propuesta es Verónika Mendoza. ¿Alguno de los otros candidatos ha dicho algo respecto de aumentar la inversión pública y la protección social? Al revés, varios de ellos, como George Forsythe y Julio Guzmán y sus jefes de plan de gobierno Jorge Chávez y Raúl Salazar, insisten en un ajuste fiscal que significa, en la práctica, mantener aguantada la inversión pública y negar el Bono Universal. El gran problema de esa política es que deprimiría aún más la demanda, reduciendo así las ventas de las empresas, sus oportunidades de progreso y en muchos casos su posibilidad de sobrevivencia. Esa política es la que se aplica ahora con el Presupuesto 2021 aprobado en el congreso con los votos de fujimoristas, morados, Urresti – Podemos y acciopopulistas de todo tipo, desde el propio Merino hasta los amigos de Lescano. Ellos ahora tratan de pintarse como los grandes opositores del gobierno en materia económica, pero sus votos están ahí, delatando su coincidencia contra la inversión pública y una política fiscal expansiva.

CRÉDITO

Durante esta pandemia, casi todos los gobiernos del mundo le han dado dinero a la gente, con “Bonos”, seguro de desempleo o pagos de salarios. También ha sido generalizado el apoyo con crédito a las empresas, lo pueden ver en el ‘Panorama de la Economía Mundial’ del FMI o la web de la escuela de gobierno Blavatnik de Oxford.

En nuestro país, durante la primera ola de la pandemia se otorgó un amplio apoyo financiero a las empresas, con la rebaja de tasas de interés del BCR y mediante el programa Reactiva Perú. ¿Por qué era necesario un programa de este tipo? Por un lado, durante las crisis económicas conviene rebajar el costo del dinero para aliviar la carga a empresas y familias; de esa manera más proyectos de inversión pueden desarrollarse. En tiempos normales basta una rebaja de las tasas de interés del BCR, algo que se hizo el año pasado hasta ponerlas a apenas 0,25% anual; una medida necesaria y conveniente y que debe mantenerse mientras la crisis económica siga. Pero ahora esto no resulta suficiente; la parálisis que trae la cuarentena, necesaria para contener la pandemia, deja a muchas empresas totalmente sin ingresos. Algunas pueden tener espaldas financieras para subsistir, pero otras no, riesgo que se agrava cuando la parálisis es más larga como en el sector turismo. Una quiebra masiva sería un problema muy serio porque se convierte en una gran traba para una posterior recuperación económica; las empresas no se organizan de la noche a la mañana.

Por esto, se hizo bien en sacar adelante Reactiva Perú. Claro que tuvo problemas: algunas empresas corruptas se beneficiaron indebidamente, grandes grupos empresariales conectados a bancos también y hubo los que violaron derechos laborales. El principal problema, sin embargo, fue que para el agro se hizo un programa (FAE-agro) muy poco efectivo, y tampoco se hizo nada en favor de los consumidores, para quienes recién se ha planteado un esquema de alivio parcial. Aun así, 57,836 millones de soles a 1,3% anual ha sido un fuerte y necesario alivio financiero.

Hoy, con esta nueva cuarentena en Lima y otras once regiones, muchas otras provincias con una pandemia muy alta y siendo evidente que el turismo no regresará en meses, un nuevo apoyo financiero es necesario. Para quienes ya recibieron Reactiva, se debe dar un mayor periodo de gracia (es decir, de no pago) mayor. Para quienes aún no recibieron o necesitan más crédito, y en especial para el turismo, agro y pymes, facilitarles crédito barato es indispensable. Se podría apoyar en especial a quienes pueden añadir competencia en el sistema bancario: cajas, cooperativas, Banco de la Nación y Agrobanco. Es una clara política para apoyar las empresas y el empleo privado, pero ¿a que no adivinan quién presentó esta propuesta? ¿Forsythe, Keiko, Guzmán? ¡No! Lo hace la acusada de estatista, chavista y anti-empresarial, la que solo piensa en regalarle plata a los pobres, ya saben de quien hablo. Los demás candidatos, en este tiempo de crisis económica, ¿qué proponen para apoyar financieramente a las empresas? Nada, silencio absoluto. Creen que hablar de “mano dura”, terruquear y defender el modelo económico de la Constitución es suficiente, como si no hubiera una emergencia frente a la cual es menester reaccionar en forma rápida, masiva e inteligente.

SALUD Y OXIGENO

En las propuestas mencionadas, la lógica es clara: la política económica debe apoyar a las empresas para que puedan subsistir, salir adelante y progresar, generando empleo. Quienes piensan que estado y mercado son siempre opuestos, tienen acá ejemplos claros de como en cuestiones medulares, un estado fuerte y capaz es indispensable para un desarrollo empresarial, tal como se ve en Estados Unidos, Europa, Japón, Corea, China y todos los países avanzados.

No siempre, empero, el estado puede defender el interés público sin entrar en contradicción con las empresas. Ahora mismo, es el caso del oxígeno. La pandemia ha generado una terrible escasez de oxígeno y familias en extrema necesidad tienen que gastar en él 800 soles diarios para salvar un ser querido. Lo más indignante es que, en medio de esta situación, las empresas productoras de oxígeno dedican buena parte de su capacidad a producir oxígeno para venderlo a empresas industriales y mineras, en vez de a salvar vidas. El presidente Sagasti les ha pedido que prioricen la salud y las vidas; pero este es un caso en el cual se necesita obligar a las empresas a dedicar toda su planta a producir oxígeno medicinal, aunque eso afecte sus ganancias. Sólo una candidata ha hecho esa propuesta, y no se trata precisamente de la que ha hablado de “mano dura”.

En tiempos de campaña las promesas abundan, discursos ideologizados compiten y es difícil distinguir la paja del grano. Pero en las crisis se ponen a prueba los liderazgos y se puede ver quien tiene respuestas concretas a la situación. En síntesis, las de Verónika Mendoza son apoyo fuerte a las empresas para generar empleo; también reglas claras para defender la salud y la vida, la lucha contra la corrupción, el ambiente y los derechos laborales.

La economía popular está por los suelos. ¿Cómo ayudarla desde el estado? Una forma es dándole un fuerte impulso a la inversión pública, acelerando las obras en construcción e iniciando nuevos proyectos que necesitamos para mejorar salud, educación, agua, transporte y riego, generando así miles de empleos. Generar puestos de trabajo es muy importante ahora que debido a la cuarentena muchísima gente ha perdido sus empleos en restaurantes y comercios, y que muchos autoempleados e informales se enfrentan a condiciones más difíciles.

SI SE PUEDE

El 2019 la inversión pública fue de 3,7% del PBI y la proyección del BCR para este año es de 3,8% del PBI. Bajísimo. Hemos tenido mayores niveles de inversión pública; el 2011, por ejemplo, fue de 5,7% del PBI y en países del Asia suelen invertir 6% del PBI. Pensar que podemos aumentar la inversión pública en 2 puntos porcentuales del PBI, unos 15 mil millones de soles, es perfectamente factible. El financiamiento no es un problema; por un lado, el fisco tiene 72 mil millones de soles guardados en los bancos peruanos; pero recordemos además que se trata de proyectos que van a generar crecimiento e ingresos fiscales a futuro, de tal manera que el costo de construirlos se cubre con lo que generen en años venideros.

La construcción se realiza en espacios bastante abiertos y ventilados, con poca cercanía física entre los trabajadores o pudiendo fácilmente realizar muchas tares a varios metros de distancia. Eso hace que, asegurando algunos protocolos sanitarios sencillos, se pueda trabajar sin mayor riesgo; por ejemplo los países europeos que vienen aplicando cuarentenas debido a una muy fuerte segunda ola del Covid, han seguido permitiendo la construcción.

Las ventajas de una política de este tipo son varias. Ya sabemos que necesitamos mejorar hospitales y centros de salud con urgencia, ampliando espacios con rapidez. En educación es urgente que todos los colegios tengan agua y desagüe para que se pueda hacer un regreso a las aulas en condiciones de seguridad sanitaria. La carencia de agua potable es uno de nuestros grandes déficits que ha hecho que lavarse las manos no sea tan fácil para millones de peruanos.

En infraestructura económica, el Perú tiene un enorme déficit de carreteras y conexiones viales. Muchas necesitan urgente mantenimiento o rehabilitación, como la carretera central. Esta misma vía, esencial en la comunicación de Lima con todo el centro del Perú, requiere ya un nuevo trazo adicional. En Lima, hay que hacer el anillo vial periférico y muchísimo parchado y asfaltado de pistas; casi todas nuestras ciudades tienen grandes déficits de obras viales. Para las provincias y distritos, el poder pasar de caminos de tierra mal mantenidos a carreteras asfaltadas ahorra muchísimo tiempo y reduce los costos del transporte, lo que permite que su producción agropecuaria salga pagando fletes más baratos y con menores mermas. En nuestro país el costo logístico es entre 20 y 40 por ciento del valor de producción, mientras en los países desarrollados es 8 por ciento; buena parte de ello se debe a las pésimas carreteras y caminos que tenemos.

Grandes irrigaciones de costos millonarios han permitido el despegue de la agroexportación, recibiendo estas grandes empresas por esta vía un enorme subsidio estatal. La inversión en obras de irrigación de menor tamaño, muy rentables económica y socialmente, sobre todo en la sierra, es muy necesaria pero aún no se ha hecho en la cantidad necesaria. Si en los distritos del interior del país invertimos en mejores carreteras y obras de riego, el medio millón de peruanos que en la pandemia se ha refugiado en sus comunidades para subsistir y toda la población rural empobrecida, podría tener mucho mejores opciones. Esto sería esencial dentro de una Segunda Reforma Agraria, que incluye otros elementos como crédito, asistencia técnica y asociatividad.

Recordemos que en infraestructura estamos en el puesto 85 de 137 países en el Indicador de Calidad de Infraestructura del Índice de Competitividad Global 2017-2018. Si queremos diversificar nuestra economía, pasar a aprovechar nuestra biodiversidad y nuestro patrimonio histórico y cultural a mediano plazo, la infraestructura vial es indispensable.  La brecha de infraestructura “de acceso básico de corto plazo” estimada hace un par de años era de 117 mil millones de soles: casi 36 mil millones en transporte, 29 mil millones en saneamiento y 25 mil millones en salud. Pero si queremos aproximarnos a los países de la OCDE, en los próximos veinte años debiéramos invertir, en infraestructura de acceso básico, 363 mil millones de soles. Las necesidades son enormes; enfrentar esta tarea ahora tiene beneficios tanto de largo como de corto plazo.

Insistamos en el corto plazo: la inversión pública requiere mayor producción de cemento, ladrillos y materiales de construcción, y paga salarios que luego serán gastados, permitiendo que las empresas y en particular las pymes vendan más, mejoren sus ingresos y empleo. Las estimaciones económicas indican que aumentar la inversión pública en 2 por ciento del PBI, genera además otro 2 por ciento como efecto indirecto, es decir que le da un impulso de 4 por ciento al crecimiento económico.

¿La gestión pública no lo hace imposible? Con una mirada de emergencia, hay varias estrategias a desarrollar. La primera es acelerar todas las obras en curso, que ya están contratadas. Si Provías Nacional, que es el organismo ejecutor de las carreteras, va muy lento, se deben crear organismos similares por macrorregiones. A nivel de carreteras regionales, ya están hechos los perfiles de inversión para pavimentar 2,600 kms, que pueden iniciarse en corto plazo. En los caminos rurales, que son de gran impacto en promover la competitividad agropecuaria y mejorar las condiciones de vida la población rural, de los 130 mil kilómetros de trocha se puede pavimentar 25 mil que ya tienen un buen afirmado y cuentan con mantenimiento regular, y otros 40 mil deben pasar de su mal estado actual a un afirmado estructurado con mantenimiento permanente asegurado mediante contratos por nivel de servicio, en los que se paga solo si el estado de la vía tiene los estándares de calidad establecidos. Una estrategia como ésta, con énfasis en las obras descentralizadas, genera empleo hasta en los distritos más alejados.

Para lograr un crecimiento acelerado de la inversión pública es menester que operen no sólo los ministerios, sino también organismos especializados en proyectos y con gobiernos regionales y locales, e incluso, a nivel de colegios y centros de salud, con mecanismos de cogestión junto a padres de familia y organizaciones sociales. ¿Se puede? Recuerdo que cuando estuve de Director Ejecutivo de Foncodes, en las zonas rurales del sur reconstruimos todos los colegios y centros de salud afectados por el terremoto de junio 2001 antes de que inicie el siguiente año escolar. Todos. Se puede hacer con transparencia y honradez, promoviendo sino capacitación, control social y eficacia sustentable en el uso de lo invertido. Se debe desechar y sancionar el “roba pero hace obras”, el “diezmo y como es la nuez”, lo mismo que las “obras para inaugurar” sin acompañamiento público y comunitario una vez concluidas.

BONO Y CRÉDITO

Aumentar la inversión pública daría un empuje un potente a la reactivación económica, pero debe ser complementado por otros motores: el bono, las ayudas alimentarias y sociales y el crédito. El bono debió pagarse esta semana, toda demora es negativa porque está en juego la subsistencia de las familias y, con ella, la posibilidad de que se cuiden quedándose en casa quienes deben hacerlo. Debe además ser nacional, porque el desempleo y la necesidad son muy grandes en todo el país, y debe darse ayuda adicional para niños, adultos mayores y personas con discapacidad.  Junto con eso, los alimentos para comedores populares y ollas comunes y demás formas de ayudas solidarias, tienen un sentido social y también levantan la demanda para el agro.

La otra gran medida tiene que ser el crédito. Las empresas, especialmente las pymes y el agro, necesitan un apoyo financiero de bajo costo. Los hogares endeudados tienen que poder reprogramar con tasas reducidas y periodos de gracia; los pagos de servicios básicos como el agua, la luz y el internet no pueden cortarse en este tiempo de emergencia. El esquema de garantías del tesoro respaldando fondos del BCR ha mostrado su potencia en la primera ola. Lograr un crecimiento sostenible, sin embargo, requiere como condición controlar la pandemia. Esto depende críticamente de lograr una vacunación generalizada, lo que se constituye ahora en la primera prioridad nacional, empezando por conseguir vacunas en la cantidad suficiente lo antes posible.