Keiko tiene una larga relación con las grandes empresas agroexportadoras, a las que ha beneficiado con miles de millones en exoneraciones tributarias, recibiendo a cambio un billetón para sus bolsillos.

Esta historia tiene un hito inicial clave cuando en el año 2000, tras la re-re-reelección fraudulenta de Alberto Fujimori, el dictador con su ministro José Chlimper sacaron una ley con miles de millones de exoneraciones y beneficios a los grandes agroexportadores. Esta ley les daba a estos empresarios beneficios especiales que les permitieron pagar la mitad del impuesto a la renta que todos los demás sectores, concepto por el cual solo en el último año de vigencia, el 2019, se llevaron a sus bolsillos 383 millones de soles del estado. Además a sus trabajadores no les daban gratificaciones en julio y diciembre ni les hacían depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). También pagan menos contribuciones a EsSalud que cualquier otro empleador: el 2019 fueron 250 millones que se llevaron gracias a este beneficio, afectando la atención a todos los asegurados, ya que significa menos medicinas, menos médicos y menos hospitales en EsSalud.

Esta ley Fujimori – Chlimper permitía también que las empresas agroexportadoras contraten trabajadores a plazo fijo sin ningún tipo de límites, mecanismo que les permite despedir sin ninguna cortapisa y así impedir todo intento de sindicalización. Estas condiciones de sobreexplotación fueron las que llevaron a las grandes protestas de los trabajadores de la agroexportación a fines del año pasado, con cierre de la carretera panamericana por varios días y que terminaron con tres muertos y decenas de heridos.

Estos enormes beneficios a las grandes agroexportadoras debían terminar el 2021, pero el congreso anterior bajo la mayoría de la bancada de Keiko aprobó un proyecto de ley, primero en comisiones y luego en el pleno del congreso, para que siguieran vigentes hasta el 2031, a un costo para el estado de más de 5 mil millones de soles. Antes, en agosto 2018, la propia Keiko había apoyado estos enormes subsidios a las agroexportadoras.

CHLIMPER

No es por gusto que Keiko se ha movido activamente para dar estos millonarios beneficios a las agroexportadoras. Keiko tiene varios nexos con el sector agroexportador, siendo el más importante José Chlimper, el  ex – secretario general de Fuerza Popular y dueño de la empresa Agrokasa. Chlimer donó 200 mil soles a la campaña de Keiko el 2011 y otros 200 mil el 2016. Pero ha hecho otros operativos que revelan su gran cercanía con Keiko: fue él quien llevó 210 mil dólares en efectivo en un maletín al dueño de RPP, Hugo Delgado, como pago de propagandas. Ese año Keiko había recibido un millón de dólares de Odebrecht, también en maletines en efectivo, cuando Chlimper era director de Graña y Montero, la constructora peruana corrupta socia de Odebrecht en varias coimas. Está claro que han manejado juntos mucho dinero sucio. La relación de Keiko con Chlimper se profundizó cuando el 2016 Chlimper fraguó unos audios intentando limpiar a Joaquín Ramírez, entonces secretario general de Fuerza Popular, de la acusación de narcotraficante investigado por la DEA. Esos audios los difundieron en Panamericana TV pero se descubrió que eran manipulados y falsos. Luego de todas esas fechorías, Chlimper recibió como premio por la mayoría fujimorista del Congreso el ser nombrado director del BCR, donde aún decide y cobra.

En cuanto a los beneficios de Chlimper con la ley de agroexportación aprobada por él mismo, su empresa Agrokasa tenía 4,700 trabajadores a los cuales con esa ley dejó de pagarles cerca de 23 millones de soles anuales a pesar de que tenía activos por 240 millones y utilidades anuales por 35 millones de soles.

OVIEDO

En el sector agroindustrial también está el grupo Oviedo para el cual trabaja Antonio Becerril, dos veces candidato por Fuerza Popular al gobierno regional de Lambayeque y hermano del ex- congresista Héctor Becerril. Edwin Oviedo se apoderó de las azucareras Tumán y Pomalca gracias a jueces corruptos que nombraron como administradores de esas empresas a delegados suyos como Héctor Becerril. Gracias a eso Oviedo controló dos enormes empresas obteniendo una millonaria renta mientras no pagaba sus contribuciones a Essalud ni la SUNAT y se beneficiaba de ley de agroexportación Fujimori-Chlimper.

Gracias a los audios grabados por el seguimiento a “los cuellos blancos del Callao” se ha conocido que Héctor Becerril vinculó al ex – juez supremo corrupto César Hinostroza con Edwin Oviedo, habiendo un pacto entre estos dos mediante el cual Hinostroza ayudaba a Oviedo en las acusaciones fiscales en su contra y a cambio Oviedo le pagaba 3 mil soles mensuales y le daba entradas para el mundial de fútbol (Oviedo era presidente de la FPF entonces). Cuando Oviedo enfrentó investigaciones el 2017, el congresista Becerril llegó a presionar a la fiscalía para favorecerlo. Becerril también coordinó con Hinostroza días antes de que la sala de la Corte Suprema presidida por él fallara a favor de Keiko Fujimori en una demanda para que se cerrara la investigación en su contra por el caso de “los cócteles” –una de las formas como justificaban aportes ilícitos a su campaña. El mismo Hinostroza se reuniría con la “señora K”, según lo indican los audios y lo ha confirmado Antonio Camayo de Iza Motors. Todo un entramado de relaciones entre empresarios corruptos, jueces corruptos, la familia Becerril y Keiko.

“LECHE GLORIA” Y LOS RODRIGUEZ BANDA

Podemos añadir entre los beneficiados de la ley de agroexportación al grupo Gloria, propiedad de los hermanos Rodríguez Banda, unos de los mayores millonarios del Perú, quienes son dueños de 90 mil hectáreas, la mayor concentración de tierras en la costa jamás vista en el Perú, parte de ellas comprada a precio huevo durante el fujimorato. Ellos tienen una historia negra previa con Alberto Fujimori, ya que en un vladivideo de 1999 se ve cómo Vladimiro Montesinos le cuenta a varios generales del ejército como iba a financiar la campaña de reelección. Vladimiro dice en ese video que “(Vito Rodríguez) me ha regalado 10 carros para patrullar en Arequipa y él va a pagar el millón de dólares que cuesta poner la papele­ría en Lima y Callao. Él va a dar la cara, dice yo estoy do­nando pero no va a donar ni medio. ¿Quién no va a creer que la leche ‘Gloria’, que los Rodríguez Banda no po­nen un millón de dólares al año?”. Enfrentando a la justicia, Vladimiro Montesinos declaró que uno de los Rodríguez llegó al SIN para simular su donación. Ellos ya habían declarado ante una comisión investigadora del congreso presidida por Javier Diez Canseco que aportaron 970 mil dólares para la anticonstitucional re-re-reelección de Fujimori.

Los dueños de “Leche Gloria” pusieron otros 200 mil dólares para la campaña de Keiko del 2011, en aportes que ilegalmente no fueron declarados a la ONPE. Uno de los hermanos Rodríguez Banda estuvo presente en la célere reunión oculta de la Confiep para hacer una bolsa en favor de Keiko para la segunda vuelta ese año, bolsa que junto 2 millones de dólares, de los cuales 200 mil fueron puesto por el grupo Gloria.

Ellos recibieron de Keiko no sólo la prórroga de la ley Fujimori-Chlimper que les regaló millones del estado, además de eso Keiko también los benefició cuando se opuso a los octógonos de la alimentación saludable, ya que algunos de sus productos lácteos son altos en grasas y su demanda sería afectada por esas advertencias obligatorias. Recordemos que Gloria SA hace unos años mezclaba varios productos con grasa vegetal y vendía eso tramposamente como si fuera leche “Pura Vida”

¿Y LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES?

La gran agricultura de exportación ha recibido además 7 mil millones en subsidios en tierras puestas en valor por varias grandes irrigaciones estatales, puede sacar fácilmente sus productos gracias a carreteras y puertos financiados por el estado, pagó durante décadas la mitad del impuesto a la renta que los demás y se beneficia de 150 millones anuales en contribuciones recortadas a EsSalud. En contraste, la pequeña agricultura familiar de sierra y selva debe transportar sus productos por pésimas trochas con mucho riesgo y altos costos, mientras se facilita la importación de trigo, leche y arroz que les quita mercado a los productores nacionales y deprime sus precios. Muchas de estas importaciones vienen subsidiadas por países desarrollados que destinan enormes sumas a ese fin; Estados Unidos aprobó a finales del 2017 una ley para apoyar a sus agricultores con 867 mil millones de dólares la próxima década de tal manera que los agricultores peruanos enfrentan una competencia desleal.

Aún así Keiko y su mancha de la Confiep defienden el modelo vigente, que como vemos es de un “capitalismo corrupto de amigotes”, niegan la necesidad de frenar importaciones que hacen competencia desleal a los campesinos y critica que se proponga una Segunda Reforma Agraria. Como si el suelo estuviera parejo, como si estos nuevos latifundistas no tuvieran desde hace décadas enormes subsidios y facilidades para exprimir a sus trabajadoras, mientras los campesinos siguen con caminos de trocha, precios miserables por sus productos y sin crédito de apoyo ni promoción de nuevas tecnologías. Como dijera Micaela Bastidas, cuyo estrangulamiento cumpliera 240 años este lunes pasado, “ya no tengo paciencia para aguantar todo esto”. El pueblo peruano siente eso mismo y quiere pronto una Segunda Reforma Agraria.

La vacunación avanza en el mundo. Estados Unidos e Inglaterra ya tienen más de la mitad de su población adulta vacunada, muchos países europeos van por el 30 por ciento y China ahora está poniendo 7 millones de vacunas diarias siendo ya el país con más vacunados del mundo. El total de vacunas colocadas ya superó mil trescientos millones de dosis a nivel mundial y se están colocando más de veinte millones diarias. El Perú, para variar, está muy a la zaga con apenas 3 por ciento de vacunados, pero va agarrando un poquito más de velocidad.

En EEUU varios estados están pidiendo al gobierno federal que les reduzcan en cientos de miles la cantidad de vacunas que les mandan porque no hay tanta demanda; hay mucho gringo idiotizado que no quiere vacunarse. En Inglaterra se anuncia a los menores de 40 años, que dentro de poco empezarán a ser vacunados, que podrán escoger entre la de Oxford/Astrazeneca u otras. Nuevas vacunas y centros de producción siguen apareciendo: la alemana Curevac ya está terminando sus pruebas finales de fase 3; en Cuba ya empezó la aplicación masiva a la población de su vacuna Abdala con 400 mil dosis en las próximas semanas y con la meta de alcanzar al 70 por ciento de cubanos a agosto; una empresa china ha acordado con Pfizer/BioNTech producir mil millones de sus vacunas.

Así, luego de varios meses a ritmo muy lento y a pesar de las restricciones recientes a las exportaciones puestas por India y China para priorizar a su gente, la disponibilidad mundial de vacunas está despegando. The Economist ha calculado que este año podrían producirse en el mundo 14 mil millones de vacunas; dado que casi todas (salvo de la Johnson y Johnson) requieren dos dosis eso alcanzaría para vacunar a 7 mil millones de personas. Alcanzaría: la población a vacunar es de poco más de 6 mil millones de personas en todo el mundo, considerando que no se han aprobado para niños menores de 12 años en quienes el contagio es menor y la enfermedad severa aparece muy raramente (recién esta semana se han dado las primeras autorizaciones de emergencia para vacunar de 12 a 15 años). En la frase anterior dije “podrían producirse” esos 14 mil millones: según The Economist, prestigiosa revista liberal, el problema fundamental hoy es que EEUU ha establecido desde hace meses que unos 300 insumos claves para la producción de vacunas están prohibidos de exportarse sin permiso previo del gobierno (el “libre comercio” claramente para ellos solo se aplica cuando les conviene, en especial cuando se lo exigen a los demás).

PATENTES E INSUMOS

Una iniciativa mundial que ha entrado al debate grande ahora es la liberación de las patentes de las vacunas. Las patentes otorgan un monopolio por veinte años al inventor de un producto; en el caso de muchos medicamentos eso les permite cobrar precios exorbitantes. Ese fue el caso de los antirretrovirales contra al VIH/SIDA hace veinte años, cuando las trasnacionales farmacéuticas dueñas de las patentes impusieron precios que significaban costos superiores a 10 mil dólares anuales por un tratamiento, hasta que una presión internacional por el levantamiento de las patentes forzó una rebaja de precios. Incluso las reglas de la Organización Mundial del Comercio establecen, en la llamada Declaración de Doha, que un país puede suspender las patentes ante una emergencia de salud pública. Además, si bien la razón económica de las patentes es hacer rentable la inversión privada en innovaciones, la mayor parte de los costos de las investigaciones de las vacunas han sido financiadas de manera pública; en el caso de la vacuna de Oxford/Astrazeneca se ha establecido que el 97 por ciento del financiamiento de esa investigación ha sido público (estados y fondos filantrópicos) y no privado.

Algunas empresas, como Moderna, una farmacéutica de menor tamaño que inventó una vacuna con la nueva técnica del ARN modificado como la de Pfizer, ya en noviembre señaló que no impondría una patente durante la pandemia. Pero las otras empresas se han negado. India, Sudáfrica y más de 100 países pidieron la suspensión temporal de las patentes de las vacunas, a quienes se sumó el Papa Francisco y más recientemente, el gobierno de Joe Biden. Ha sido una movida que sorprendió al mundo: los Estados Unidos han sido los más duros defensores de las patentes, incluso durante el gobierno de Barack Obama en las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio y el entonces llamado TPP o Acuerdo Transpacífico. Ojo, hoy los EEUU sólo proponen una suspensión temporal negociada, pero a pesar de eso la empresa Pfizer ya se manifestó en contra e igual el gobierno de Alemania, sin duda porque la empresa germana BioNTech es socia de Pfizer en esa vacuna y ahora otra empresa de ese país está sacando la vacuna Curevac.

Por su parte, Macron de Francia ya salió a plantear otros temas como prioritarios frente a la propuesta de Biden. Los reclamos de Macron no dejan de tener sentido. En estos momentos la principal limitante para multiplicar la producción de las vacunas son los conocimientos, procedimientos y técnicas que están al interior de las empresas y el abastecimiento de insumos críticos, cuestiones que no se resuelven con una suspensión de las patentes. La tecnología de producción de vacunas no es algo que pueda transferirse con rapidez y hacerlo requiere de acuerdos con la empresa inventora; incluso en ese caso, el contrato de Oxford/Astrazeneca de producir su vacuna con México y Argentina está con bastante retraso por problemas de los “charros”. Digámoslo así: levantar las patentes tiende a promover la competencia en tiempos normales, con su efecto positivo de reducción de precios, pero hoy en medio de una pandemia, con una decena de vacunas en circulación y muchas más en camino, el tema crítico es de elevar la producción con rapidez y distribuir ampliamente las vacunas. Biden debiera responder a los pedidos de facilitar que los insumos producidos en Estados Unidos puedan ir a apoyar la producción en Europa, la India y otras regiones.

PERÚ: ATRASO Y ¿DESPEGUE?

En el Perú estamos bastante atrasados con la vacunación. Con menos de 4 por ciento de la población vacunada, estamos muy por debajo de Chile (45 por ciento), Uruguay (35 por ciento), Argentina (17), México (11), e incluso debajo de Colombia (8), Ecuador y Bolivia (6). Estábamos atrasados y lentos cuando aplicamos el primer millón de vacunas de Sinopharm que llegaron en febrero, pero el programa era que llegarían otros 2 millones de esa vacuna en marzo, 3 en abril y 3 en mayo, con lo que tendríamos un total de 8 millones a fin de este mes, adicionales a las que están llegando ahora de Pfizer. Sin embargo, una campaña de la derecha bruta y achorada, lanzada desde Willax con declaraciones de Rafael López-Aliaga y de Ernesto Bustamante (quien dirige el plan de salud pública de Keiko), criticó sin base alguna la vacuna china. Deformaron un informe parcial al mejor estilo de fake news y Bustamante llegó a decir que “la vacuna de Sinopharm produce más covid-19 que el placebo”, lo que era totalmente falso: la semana pasada la Organización Mundial de la Salud revisó la vacuna Sinopharm y estableció que era segura y efectiva. Pero ya perdimos esos 8 millones de vacunas de marzo a mayo y muy probablemente los otros 5 millones que ya estaban programadas para junio y julio: hay muchísima demanda internacional por vacunas rápidas y los chinos no están para esperarnos.

Pero ya empiezan a llegar a mejor ritmo las vacunas de Pfizer. Al ya estar sobrando las vacunas en Estados Unidos, empiezan a venir con más facilidad a los demás países. Por eso se ha avanzado bastante con la vacunación en las principales ciudades de los mayores de 80 años, se vacuna este mes a los mayores de 70 y es bastante probable en junio llegue a quienes estamos en los sesentas. Bien. El problema está en que la vacuna de Pfizer requiere de refrigeración a menos 80 grados centígrados, lo que hace bastante difícil su traslado y almacenamiento a provincias y distritos alejados. Si hubiéramos tenido la vacuna de Sinopharm, esa a la cual la gente de Keiko le tiró caca con ventilador, y en especial esos 13 millones de dosis prometidas, ya estarían vacunados todos los adultos mayores en todas las provincias: la vacuna Sinopharm no requiere condiciones de conservación mayores a las que ya tienen todos los centros de salud a nivel nacional para las vacunas que se colocan regularmente en nuestro país.

Hoy, la vacuna que tenemos contratada que sólo requiere refrigeradoras regulares y puede llegar a provincias alejadas es la de Oxford/Astrazeneca, pero ésta sólo llegaría desde setiembre: muchísimo tiempo de espera. El gobierno dice que antes vendrían algunas mediante la llamada facilidad Covax de cooperación multilateral, pero esas serán pocas y se demorarán más de lo planeado porque se producen mayormente en la India y ese país ha cerrado sus exportaciones por la ferocidad de la pandemia.

En esas condiciones se iniciará el próximo gobierno: con una vacunación atrasada, avanzando en las ciudades pero dejando fuera a la mayor parte de las poblaciones rurales e indígenas. Una vez más excluidas, de algo tan importante como las vacunas, en un momento crítico de la nación. ¿Seguirá esa exclusión marcando nuestra historia? Las elecciones que vienen serán cruciales para responder esa pregunta.

El cobre ha superado la barrera de los 4 dólares 50 centavos la libra, algo nunca antes visto. Es el doble de su nivel de un año atrás, cuando al inicio de la pandemia un cobre a 2,20 era tan atractivo que las grandes mineras se la jugaron con todo a seguir explotando, generando una ola de contagios. Hoy con el doble de precio las sobreganancias mineras serán enormes.

El aumento del precio del cobre a 4,50, cuando la producción se ha recuperado y nuevas minas como Justa, la ampliación de Toromocho y Quellaveco entrarán a producir próximamente, significará unos 9 mil millones de dólares anuales adicionales. Esto es una burrada de plata; supera lo que se gasta anualmente en la salud pública peruana incluyendo todas las medicinas, equipos e inversiones y las remuneraciones de cientos de miles de enfermeras, médicos, profesionales y trabajadores del sector.  

No es solamente el caso del cobre: también el oro, el zinc y el plomo tienen muy buenos precios ahora. Es probable que los altos precios de los metales sigan, dado el crecimiento retomado de China, el plan de Biden de una gran inversión en infraestructura y los cambios tecnológicos acelerados que aumentan su demanda. En este contexto, la pregunta clave es ¿quiénes serán los principales beneficiarios de esa bonanza: los peruanos o las trasnacionales y grandes empresas mineras? ¿Qué proporción de la renta minera irá para los peruanos, 20 por ciento, la mitad, 70 por ciento?

PROPUESTAS

Analicemos la situación: sin que haya habido mejoras de gestión, nueva inversión o tecnología, por pura suerte las empresas mineras que explotan nuestros recursos van a obtener unas ganancias que van mucho más allá de lo que se considera normal. En inglés llaman a esto “windfall profits”, nombre que viene desde el siglo XV cuando sucedía en alguna oportunidad que el viento se trajera abajo las frutas y el esfuerzo de recogerlas fuera mucho menor.

Insistamos en que las ganancias que las mineras sacarían del cobre son realmente extraordinarias. Las minas de Cobre en el Perú suelen tener un costo por libra de cobre de entre un dólar y un dólar 50 centavos la libra, y por eso con el precio a dos dólares cincuenta del año pasado tenían buenas ganancias. Un cálculo simplísimo indica que una mina que a 2,50 la libra de cobre tenía un margen de alrededor de 1 dólar por libra extraída, ahora con el precio a 4,50, su margen de ganancia es de 3 dólares, el triple. Es cierto que con el impuesto a la renta (que deben pagar cuando ya han recuperado toda su inversión), las regalías y el impuesto especial establecido en 2012, un 40 por ciento de esa ganancia va para el estado. Pero eso les sigue dejando utilidades enormes, del triple de lo que habían estimado que lograrían y con lo que se sentían bien pagados por su inversión. Y esto cuando tenemos un sistema de salud que requiere una gran inversión y refuerzo de personal, una educación deficiente que en el modo virtual no llega a muchos niños por falta de internet y equipos, y hemos perdido dos millones y medio de empleos adecuados. Recordemos además que en diciembre de 2016, PPK con el apoyo de la bancada del keikismo otorgó un beneficio adicional a las empresas mineras para que gocen de una devolución de impuestos súper acelerada. Con esta ley, el año pasado les dieron 1,534 millones y en el primer trimestre de este año otros 1,238 millones, rapidito nomás, mientras a la gente le falta oxígeno, un despropósito que debe corregirse.

¿Qué más hacer? Una opción es un impuesto a las ganancias extraordinarias, algo que en Estados Unidos lo estableció Carter en 1980 y estuvo vigente durante el gobierno neoliberal a ultranza de Reagan. Un reciente informe del área fiscal del FMI, firmado por Alexander Klemm, Shafik Hebous, Geerten Michielse y Narine Nersesya, señala que “un impuesto a las ´ganancias extraordinarias´ podría asegurar la contribución de las empresas que prosperan durante o después de la crisis”.

César Flores y José de Echave presentaron este febrero el libro “Minería y tributación en tiempos de pre y post pandemia” y proponen dos alternativas para una mejor distribución de la renta minera en favor de los peruanos. Una es que las regalías ya no se apliquen solo sobre las utilidades, sino que se cobren sobre el valor de producción, algo que permitiría captar mayores ingresos para el fisco y facilita la fiscalización. La otra es un nuevo impuesto “sobre la renta de los recursos naturales” o RRT, que se aplica cuando las utilidades de las empresas se encuentran por encima de una tasa básica de retorno. Este impuesto fue propuesto por el FMI al Perú el 2006, cuando recién empezaba el super-ciclo de precios de las materias primas que duró hasta el 2012.

Como vemos, hay varias fórmulas posibles. Aclaremos que para la minería, posiblemente a diferencia del gas o del caso particular del litio, no se trataría de un asunto que deba renegociarse para cada mina, sino de un cambio general de la política tributaria frente a la minería. ¿Puede ser eso producto de una renegociación con la Sociedad de Minería en pleno? Un antecedente de ese tipo es lo que hicieron Alan García y Jorge del Castillo (entonces primer ministro) recién llegados al gobierno en el 2006, con una serie de reuniones a puerta cerrada con las grandes mineras que dieron a luz la estafa del “óbolo minero”.

LA REPARTIJA DEL CANON  Y SUS VERDADERAS RAZONES

Siendo la cuestión el cómo logramos que una mayor proporción de la renta minera se quede para los peruanos, Keiko Fujimori ha realizado una maniobra de distracción con su propuesta de dar parte del canon a la población de manera directa. Aclaremos en primer lugar que el canon no es, repito, NO es, una contribución de las empresas mineras. El canon es un mecanismo legal mediante el cual el fisco entrega a provincias y distritos donde hay minería, una parte de los impuestos pagados por las empresas mineras. Así, se trata de dinero del estado, no de las empresas.

La propuesta de Keiko no quita ni un ápice a las empresas mineras que se llevan la parte del león de nuestras riquezas. A quien quiere quitarle es al estado, y al plantear redistribuir el canon, su propuesta implica restarle recursos a la inversión descentralizada en carreteras, hospitales, colegios e irrigaciones. Es por ello una propuesta anti-inversión y contra el crecimiento económico.

Pero Keiko no da puntada sin hilo. Por algo ella busca distraer a la opinión pública del tema de fondo, que es acabar con los beneficios tributarios especiales de las mineras y lograr que nuestras riquezas naturales sirvan a nuestro desarrollo humano. La razón es simple: ha recibido millones de dólares de las grandes empresas mineras. Lo sabemos porque cuando Jorge Barata, el mandamás de Odebrecht en el Perú, decidió hablar, echó a varios de estos señorones. Declaró a la fiscalía que la Confiep había armado una bolsa de 2 millones de dólares para apoyar la elección de Keiko y que Odebrecht puso 200 mil dólares. Otros 200 mil los puso Roque Benavides, el dueño del local, quien tenía muy buenas razones para hacerlo; durante el fujimorismo Vladimiro Montesinos lo ayudó a quedarse con 25 por ciento de las acciones de Yanacocha que eran de la empresa pública francesa BRGM, para lo cual manipuló el voto de un magistrado de la corte suprema de justicia. Esa acción le valió a Roque Benavides y su familia varios cientos de millones de dólares.

Otro grupo con intereses mineros importantes, los Brescia, pusieron una suma similar. Quien los representaba en la reunión era Humberto Speziani, recién elegido presidente de la Confiep. También aportó otra gran empresa minera, el grupo Volcan, que maneja las minas que contaminan con plomo a la población de Pasco. Otra empresa minera que puso cientos de miles de dólares para Keiko fue Southern Peru, la que quiere sacar Tía María a sangre y fuego y que en el pasado ha generado fuerte contaminación alrededor de Ilo. Quien les firmó certificados de donación a cada uno de ellos fue Ricardo Briceño, presidente y gerente general en Perú de una gran trasnacional minera, Glencore, quien lo tuvo que confesar a la fiscalía.

La propuesta de reparto del canon de Keiko es mala para nuestro país y sus regiones, al reducir la inversión pública en salud, educación, carreteras y riego que tanto necesitamos. Su verdadera intención es distraer la atención para sacarle las castañas del fuego a las grandes mineras, las mismas que ya antes han puesto millones a la señora Fujimori y que probablemente estén haciendo exactamente lo mismo ahora. No hay que dejarse confundir.

Keiko Fujimori recibió, para su campaña electoral del 2011, un millón 200 mil dólares de Odebrecht. Durante varios años Keiko ha tratado de negar este dinero, pero en su entrega coinciden los varios mandamases de Odebrecht, los mandos medios operativos y varios elementos probatorios recabados por la fiscalía. Jorge Barata, el gerente de Odebrecht en el Perú, ha declarado que él mismo entregó medio millón antes de la primera vuelta en un maletín de deporte lleno de billetes entregado a Jaime Yoshiyama en una vivienda en la calle Octavio Espinoza 220, casa de Augusto Bedoya Cámere. Antes de la segunda vuelta Barata haría entregas por medio millón más y otros 200 mil irían a la bolsa que juntó la Confiep de Roque Benavides y otras grandes empresas.

Yoshiyama, quien recibió el dinero, había sido tres veces ministro de Alberto Fujimori y presidente de su congreso constituyente, y en ese entonces era secretario general de Fuerza Popular y candidato a la vicepresidencia con Keiko. Era dinero sucio que venía de la llamada Caja 2 de Odebrecht, pasaba por su “departamento de operaciones estructuradas” que era la gerencia de transacciones clandestinas y entraba al Perú mediante “doleiros”, traficantes a quienes les pagaban por transportar dólares. El propio dueño de la constructora, Marcelo Odebrecht, había anotado en su agenda “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” y él mismo ha declarado ante la fiscalía que eso se refería a darle a la señora Fujimori 500 mil adicionales para la segunda vuelta, además de los 500 mil que ya le habían dado ilegalmente.

Para entonces, Odebrecht ya había recibido de Keiko apoyos importantes. El 2008 la misma Keiko Fujimori, que entonces era congresista, había votado junto a toda su bancada aprobando un informe que limpiaba de toda sospecha a Odebrecht por lo que venía haciendo en la carretera Interoceánica, y unos meses después aprobaron una ley declarando a esta obra como de “interés público” y asegurándole fondos presupuestales. En las actas del congreso están registrados los votos de la propia Keiko y de lugartenientes suyos como Cecilia Chacón, Alejandro Aguinaga (entonces vicepresidente del congreso) y Luis Galarreta. Justamente en esos meses, Odebrecht estaba logrando que le aprobaran adendas de sobrecostos unas tras otras, para que esa carretera terminara costando no 800 sino más de 2,000 millones de dólares. Para que se hagan una idea, ese sobreprecio de 1,200 millones de dólares serviría para pagar a más de cien mil maestros durante un año o para comprar más de diez mil plantas de oxígeno (necesitamos urgentes unas cien).

Esta política no es ajena a la actual campaña electoral. Keiko Fujimori defiende arduamente el capítulo económico de la Constitución de 1993, cuyos articulo 62 establece los contratos-ley que no pueden ser modificados por el estado. Entre esos contratos está el de las “Nuevas Vías de Lima” que incluye la carretera Ramiro Prialé, proyecto del que Odebrecht es todavía dueño del 25% y por el que nos siguen cobrando peajes aumentados a pesar de que no se ha avanzado nada para mejorar esa vía clave de salida hacia Ate, Chosica y la carretera central. Es el mismo proyecto por el que se ha querido imponer los peajes en Puente Piedra y que la población ha logrado resistir, pero que igual la empresa exige que se le pague esa plata.

GRAÑA Y EL CLUB DE LA CONSTRUCCION

No fue el único dinero que Keiko Fujimori ha recibido de las constructoras corruptas. Graña y Montero (GyM) aportó 25 mil dólares para la campaña en su favor, según admitió José Graña Miróquesada tras haber sido presionado y encarcelado para que admitiera la verdad. Ese dinero fue parte de una bolsa que juntó CAPECO, el gremio de empresas constructoras que entonces estaba totalmente capturado por el mafioso “club de la construcción”: su presidente de entonces, Walter Piazza, es dueño de otra gran constructora, COSAPI, que según ha establecido la fiscalía estuvo metida hasta el cuello en este club de las coimas.

Había estrechos lazos de GyM con Keiko: José Chlimper era director de Graña y Montero. Chlimper fue director de Graña y Montero por casi una década entera, entre el 2006 y el 2015, periodo en el cual el consorcio de Odebrecht y Graña y Montero pagaron millonarias coimas y también hicieron los “aportes” de campaña a Keiko Fujimori. Chlimper había sido ministro de Fujimori tras su re-re-relección el año 2000, luego ha sido vocero y secretario general de Fuerza Popular, y ahora mismo es director del BCR elegido para el cargo por los congresistas fujimoristas. En ese 2011, Chlimper le llevó al dueño de RPP, Hugo Delgado Nachtigall, 210 mil dólares en un maletín en efectivo, como parte de los pagos de la campaña de Keiko, asunto sobre el cual Hugo Delgado ha aportado pruebas porque el pago fue facturado y bancarizado. Para que quede claro: Chlimper era del núcleo central de Keiko el 2011, cuando al mismo tiempo era director de GyM, asociada a Odebrecht en el pago de coimas. Añadamos que Chlimper no era cualquier director de GyM; era parte de su comité de auditoría, precisamente el grupo encargado de velar porque estuviera correctamente establecido el destino de cada sol salido de sus cuentas bancarias: cinismo total.

Keiko Fujimori, Graña y Odebrecht eran un trío con estrecha vinculación entre sí. Graña y Montero ha sido socia privilegiada de Odebrecht todos estos años, participando en contratos claves como, precisamente, el robo gigantesco de la transoceánica antes referido. José Graña es también quien tiene la mayor cantidad de acciones en el grupo “El Comercio”, el mismo que acaba de despedir a la directora periodística de América Televisión y Canal N con el fin de dedicar toda su batería de medios en favor de Keiko Fujimori.

Hay que recordar, además, que tanto Odebrecht, Graña y Montero y demás empresas coimeras pueden seguir operando en el Perú sin ninguna dificultad, postulando y ganando licitaciones públicas, gracias a la ley 30733 que fue propuesta por PPK y aprobada por el fujimorismo cuando las huestes de Keiko tenían mayoría y control del congreso, el primer trimestre del 2018.  Esa ley 30733 les dio protección frente a posibles juicios y reparaciones civiles por sus actos de corrupción. Si lo pensamos con más detenimiento, es un caso curioso: justo cuando Keiko movía todas sus fichas para vacar a PPK, le aprueba este proyecto de ley. ¿Cómo así coincidían y votaban juntos estos grandes enemigos? La respuesta es que podían ser enemigos en la disputa por el poder pero defendían los mismos grupos empresariales mafiosos como Graña y Montero y Odebrecht, quienes durante años les habían pasado millones de dólares a ambos. 

 VIEJAS RELACIONES

¿Desde cuándo Odebrecht conoce y le ha dado plata a Keiko? Transcribo acá las declaraciones hechas a la fiscalía por Jorge Barata: “A la señora Keiko Fujimori probablemente la conocí en el 98 o 99. Ella era Primera Dama. Había sustituido a su mamá en la función de Primera Dama en el Perú… Recuerdo que en un evento social fui presentado con ella, y la empresa le dio una donación oficial, un cheque de 10 mil dólares, para apoyar a esa fundación.”

Odebrecht y el “club de la construcción” ya para entonces tenían su historia con el fujimorismo. Según declaró otro alto dirigente de Odebrecht, Raymundo Trindade Serra, quien era gerente de la corrupta empresa brasileña desde el primer gobierno de Alan García en los años ochenta, este club mafioso de la construcción existió desde 1996. En ese año era ministro de economía Jorge Camet Dickman, dueño de la empresa constructora J .y J. Camet, quien venía de ser presidente de la Confiep. Durante la dictadura de Alberto Fujimori, Odebrecht tuvo contratos por 450 millones de dólares y entre todas las empresas constructoras, fue la que más dinero ganó. La segunda constructora en monto de presupuesto público recibido fue Cosapi con 321 millones; esta es la empresa de Walter Piazza, quien fuera presidente de Capeco cuando se juntó la bolsa de 25 mil para Keiko el 2011. Tercera en contratos del fujimorismo fue GyM con 286 millones y cuarta fue J. y J. Camet con 176 millones, que anteriormente era una empresa mediana pero multiplicó sus contratos enormemente mientras Jorge Camet fue ministro de economía. Así, estas empresas constituyen el cogollo inicial del mafioso “club de la construcción” que se repartía obras con millonarias ganancias en base a repartir coimas.

Las relaciones de Keiko con el coimero “club de la construcción”, Odebrecht y Graña y Montero se construyeron durante el gobierno de Alberto Fujimori y se mantuvieron vigentes posteriormente. Las empresas dieron millones de dólares a Keiko y el fujimorismo, a su vez, legisló grandes beneficios para las constructoras corruptas. La cerrada defensa del capítulo económico de la Constitución de 1993 y los “contratos-ley” por parte de Keiko Fujimori sigue esta misma línea, con el objetivo encubierto de que estas empresas sigan administrando nuestros peajes, cobrando ciento de millones anuales del estado peruano y postulando a nuevas licitaciones de obras como si nada hubiera pasado y sus millonarias coimas y robos no hubieran sido revelados.