Hace pocas semanas la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, respondía de manera autocrática a la alcaldesa de Ocoña diciendo: “me baja el tono” porque “esta es mi casa”. Poco se ha difundido, sin embargo, que el tema en discusión eran dos decretos de urgencia otorgando presupuestos a la inversión descentralizada para el 2021 y 2022 que la ultraderecha congresal quiere derogar.

¿Qué defendía la alcaldesa Marilú Gonzales en esa ocasión? En el caso de Ocoña, se trata de la construcción de bocatomas y canalización en la zona de Pueblo Viejo, obra de apoyo a la agricultura que cuesta 6 millones 100 mil soles, de los cuales 2 millones 400 mil soles se transfirieron el 2021 y el resto debe transferirse este año. Como ese proyecto, los decretos de urgencia 086 y 100 financian 484 inversiones que suman 2,217 millones de soles entre 2021 y 2022, de los cuales más del 90 por ciento corresponden a gobiernos regionales y municipalidades. Son inversiones en transporte, salud, educación, agua y saneamiento, agricultura y prevención de riesgos de desastres. De darse la derogatoria de esos decretos de urgencia, dictamen que aún está en la agenda del congreso, se impediría que esas obras puedan continuar, ya que para el 2022 se necesitan 1,535 millones de soles. Peor aún, como ya se han suscrito los contratos para esas obras, de derogarse esos decretos de urgencia se generarían penalidades por incumplimiento de contratos. Lo que, junto a centenas de municipalidades y a todos los gobiernos regionales, estaba luchando la alcaldesa de Ocoña, era que le permitan culminar la obra iniciada.

EL TEMA DE FONDO

Uno de los grandes temas que nuestro país debe reforzar es la inversión pública en las regiones. El déficit de infraestructura económica de largo plazo supera los 360 mil millones de soles, en carreteras, caminos vecinales, puertos y aeropuertos, en acceso a electricidad e internet, así como en obras de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Una de esas desigualdades lacerantes es que en miles de pueblos del interior del Perú no hay servicios básicos, o donde los caminos en esta época que es temporada de lluvias en la sierra y selva se vuelven intransitables, si hay electricidad sólo es unas horas al día o la conexión de internet es lenta y muy irregular, si no es que hay que trepar a la cima de un cerro para lograr alguna comunicación.

Al déficit de 360 mil millones estimado en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, debe añadirse otros 100 mil millones que se necesitan para colegios, institutos y universidades, y además la construcción de 1791 centros y puestos de salud y 156 hospitales.

Si esta es un problema estructural que debemos atender, había también una razón macroeconómica para impulsar la inversión pública descentralizada el año pasado: en una economía recesada y con mucho desempleo, esta es la política fiscal que tiene el mayor impacto sobre la actividad económica, el PBI y el empleo. Sucede que, además de generar empleo directo en las obras, los insumos que se utilizan – cemento, fierro, ladrillos – son producidos por la industria nacional. Hacer un programa grande de obras públicas no es, por cierto, chavismo o comunismo: el primero en aplicar exitosamente un programa de este tipo fue Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos logrando sacar a su economía de la recesión de 1930, lo mismo está haciendo Joe Biden ahora y se está aprobando en China en estos momentos.

MANOS A LA OBRA

Desde luego, la inversión pública tiene un proceso, desde tener el proyecto hasta contratar y supervisar la obra. El carro de la inversión, sin embargo, necesita un combustible: presupuesto.  Cuando se le quita ese combustible, la inversión pública se frena, como pasó entre el 2013 y el 2019, cuando el gasto de capital del gobierno cayó de 5,5 por ciento del PBI a solo 4,0 por ciento.

Cuando comenzó el gobierno el año pasado, además, estábamos en una situación en la cual el estado peruano en todos sus niveles, central, regional y nacional, tenía S/170 mil millones en proyectos en ejecución y sólo S/.40 mil millones disponibles en el presupuesto. No faltan proyectos: falta presupuesto y buen gobierno. Sufrimos el mal de los recortes presupuestales y de las autoridades que prefieren parar la obra del anterior para iniciar la propia. Sabíamos además que, como ha sucedido en todos los casos anteriores, un cambio de autoridades trae consigo un bajón en la ejecución de las inversiones, y eso podría ser muy negativo para el crecimiento económico. Con esos elementos, la receta era directa: pisar el acelerador ampliando presupuesto a obras en ejecución o paralizadas por falta de fondos y a proyectos descentralizados de ciclo corto, para lograr un avance más rápido y efectivo.

Con el viceministro de hacienda Gustavo Guerra-García, que en estos meses cumplió un rol invaluable, coincidimos en esta política cuya ejecución él lideró con una capacidad y un empeño extraordinarios. Porque no se trató de repartir presupuesto de cualquier manera, se identificó aquellos proyectos que realmente tenían posibilidades de ejecución rápida y que resolvieran brechas, en base a un análisis específico mancomunado con los sectores, sin bajar vallas técnicas y priorizando áreas críticas como el VRAEM o las zonas de conflicto social. Es esta política la que se viabiliza con los decretos de urgencia 086 y 100. El resultado: la inversión pública el 2021 ha superado los 40 mil millones de soles, nivel al que no se había llegado nunca antes, excediendo nuestras expectativas. Este nivel de inversión ha sido fundamental para haber logrado el crecimiento de 13,3 por ciento y la generación de 400 mil empleos en los primeros meses de gobierno. Además, en la Ley de Presupuesto 2022, la inversión pública regional se optimizará con el aumento del Foncor de 1% a 1.5% del IGV, que permitirá aumentar inversiones en 2,200 millones adicionales, un acuerdo muy importante concertado entre el MEF y todas las bancadas del Congreso.

LA DISCUSIÓN DE LOS DECRETOS DE URGENCIA

Los decretos de urgencia 086 y 100 también dieron presupuesto para la compra de vacunas, otros gastos de la emergencia sanitaria cm pruebas y personal, bonificación a los pensionistas, el pago de mil millones de deuda a los maestros y los aportes al fondo de estabilización que ayuda a contener el precio de los combustibles, políticas todas ellas dirigidas a reactivar el consumo y la producción.

Dada la enorme necesidad de estas obras y medidas ¿Cómo es posible que haya quienes en el Congreso quieran derogar los decretos que las sustentan y paralizar las obras? Su primer argumento: que no era un asunto de urgencia, porque ya se sabía hacía meses que estábamos en pandemia. Realmente absurdo. ¿Alguien puede pensar, seriamente, que no era urgente destinar presupuesto a comprar vacunas, o que en agosto del año pasado, cuando recién salíamos de la segunda ola y la economía y el empleo estaban fuerte deprimidos, no era indispensable actuar con extrema rapidez para lograr la reactivación? El otro argumento esgrimido es que no puede haber decretos de urgencia en materia presupuestal, como si el presupuesto no fuera precisamente “materia económica y financiera”, que es lo que regula el artículo 118 inciso 19 de la Constitución Política. Por cierto, en las casi tres décadas de vigencia de la actual Constitución, se han promulgado cientos de decretos de urgencia referidos a ampliaciones presupuestales y transferencias y nunca se había puesto en discusión que ello no fuera posible.

¿Quiénes insisten aún en buscar la sinrazón para traerse abajo medidas indispensables? Patricia Juárez, fujimorista destacada, vocera de la teoría del fraude electoral, antes mano derecha de Luis Castañeda. Junto con ella ha liderado la ofensiva en este tema la congresista Adriana Tudela, quien insistió en la teoría del fraude electoral y ha pedido la vacancia presidencial desde el mismo 28 de julio. Ella es hija de quien fuera vicepresidente de Alberto Fujimori en su re-re-reelección del año 2000, Francisco Tudela. Se trata, pues, de lo más rancio de la ultraderecha golpista. Anotemos que el “me baja el tono” porque “esta es mi casa” lo dijo la señora Alva precisamente defendiendo a Patricia Juárez y sus dictámenes para derogar decretos de urgencia. No es por casualidad que entre quienes impulsan esta derogatoria no hay nadie que represente los intereses de las regiones. Por cierto, son los mismos sectores que, defendiendo a la gran minería y los ultra-ricos, recortaron la reforma tributaria que hubiera permitido contar con S/. 12,000 millones anuales para cerrar brechas, de los cuales S/.8,000 millones se hubieran asignado a los gobiernos subnacionales.

Queda claro que se trata de una movida más de esta ultraderecha golpista para serrucharle el piso al gobierno, sin importarles el enorme costo de su medida sobre el desarrollo descentralizado. Las consecuencias no son sólo de corto plazo. Porque la derogatoria de los decretos de urgencia pretende establecer que el ministerio de economía no puede asignar presupuestos de urgencia en ninguna circunstancia, atando de manos al gobierno en materia de inversión y gasto público. Felizmente, voces como las de la alcaldesa de Ocoña han alertado las graves consecuencias que tendría esta derogatoria.

LOS RETOS DE MEDIANO PLAZO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

En el corto plazo, era y sigue siendo indispensable pisar el acelerador y ponerle más gasolina presupuestal a la inversión pública. En el mediano plazo, sin embargo, también necesitamos un mejor sistema de inversión pública, es decir, un carro que sea más eficiente y no se malogre tanto.

Siendo necesario elevar la inversión pública del 4,6 por ciento del PBI actual en al menos 1 a 1,5 puntos más de manera sostenible por varias décadas, el financiamiento debe provenir de una reforma tributaria que capture para el estado la alta renta de la minería, los grandes monopolios y la riqueza concentrada. Hemos insistido y seguiremos insistiendo con ello.

El Plan Nacional de Infraestructura requiere de una actualización y mejora. Particular atención requiere el tema de la necesaria transición hacia energías limpias e incluir políticas de desarrollo urbano sostenible. Sobre este tema, están en marcha proyectos de apoyo de cooperación con el BID y el Reino Unido.

El propio sistema de inversión pública, hoy llamado invierte.pe, ha mostrado sus falencias, permitiendo que se aprueben proyectos sin estudios suficientemente sustentados, lo que luego da lugar a dificultades y demoras en la aprobación de expedientes, los que luego terminan requiriendo montos muy superiores a lo previsto y alargando los plazos de ejecución. Para mejorar ese sistema, para reformar el sistema de licitaciones y contrataciones de obras aprovechando nuevos métodos como los PMO y combatiendo la corrupción, y para enfrentar el serio problema de obras paralizadas por diversos motivos – arbitrajes, abandonos, juicios, – el año pasado solicitamos al Congreso nos permita modificar las leyes respectivas. Lo denegaron.

Estas mejoras solo pueden ser efectivas en el marco de un buen gobierno, con una firme lucha contra la corrupción y una concertación nacional que no sea una repartija de puestos sino que tenga un rumbo claro de desarrollo y una gestión pública de gran capacidad para lograr esos objetivos. Corresponde insistir en la necesidad de dar soluciones a las necesidades de nuestro pueblo y no agravar nuestros problemas.

Temas: Efecto de la guerra en Ucrania sobre la economía peruana, las políticas económicas a seguir, la no-intervención de Cerrón en la gestión que hicimos en el MEF, la responsabilidad conjunta del Poder Ejecutivo y el Congreso en el futuro del país, el pacto contra la colaboración eficaz en tre PL y FP, la ibertad de expresión

El reciente dato estadístico que establece que el crecimiento económico del 2021 fue de 13,3 por ciento nos permite discutir las proyecciones que se hicieron, explicar los resultados y pasar revista a las políticas a futuro.

El 12 de junio pasado, cuando ya se sabía que en la segunda vuelta Keiko Fujimori había sido derrotada nuevamente y Pedro Castillo era el ganador, El Comercio sacó un informe del IPE, organización vinculada a la Confiep, resaltando que aunque el consenso económico era que la economía crecería 10 por ciento el 2021, debido a una “menor confianza del sector empresarial” en el gobierno entrante, se crecería 2 puntos menos, es decir, 8 por ciento. Resulta que el crecimiento ha sido del 13,3 por ciento. La diferencia entre 8 y 13 es bastante significativa: esos 5 puntos porcentuales son más de 40 mil millones de soles adicionales de producción e ingresos para los peruanos. Hay que resaltar, además, que para ese entonces ya había pasado la mitad del año, así que toda la diferencia corresponde al nuevo gobierno.

Concentrándose en el nuevo periodo de gobierno, el economista jefe de Apoyo Consultoría, Hugo Santa María, el 16 de agosto, ya con 7 meses y medio transcurridos, y el nuevo gobierno en funciones, declaró que “Pe­rú cre­ce­ría 10% es­te año, pe­ro esa ta­sa anual se­rá la combinación de cer­ca de 20% de in­cre­men­to en el pri­mer se­mes­tre y so­la­men­te un 2% en la segunda mi­tad (…) Ve­re­mos una segunda mi­tad del año muy fría en lo eco­nó­mi­co”. Resulta que en la segunda mitad del año pasado el crecimiento superó el 7 por ciento, logro que sustenta la generación de 400 mil empleos formales entre agosto y noviembre, que de otra manera no estarían ahí.

Sobre estas diferencias, podemos sugerir dos hipótesis. La primera es que se trata simplemente de un problema técnico. La segunda es que, a pesar de las declaraciones y anuncios políticos que hicimos reiteradamente desde mayo insistiendo en el respeto a la propiedad y la promoción de la inversión privada, siguieron con la paranoia de un supuesto “comunismo”, “chavismo” o “terrorismo”, narrativa con la que la utraderecha justificó sus pedidos de vacancia presidencial desde antes de que se iniciara el gobierno.

QUÉ CRECIÓ Y PORQUÉ

Cuatro sectores resaltan en este crecimiento. En primer lugar, la construcción, que acumula un crecimiento en el año de casi 35 por ciento. Es muy fuerte. Es un “dato duro”, ya que la producción de cemento creció 36 por ciento, y la relación entre cemento y construcción es muy estrecha. El 2020 la construcción cayó fuerte debido a las cuarentenas y la recesión, pero comparando con el 2019 pre-pandemia, el ritmo de la construcción está 16 por ciento por encima, y este sector viene de varios años previos de muy buen desempeño. Tres políticas importantes han ayudado a este resultado: el impulso a la inversión pública y a la demanda interna y fondos y facilidades tributarias al sector inmobiliario, a lo que se ha sumado una mayor necesidad de los hogares que han sentido el peso del encierro en pandemia. Los datos de empleo formal en este sector muestran un aumento de 27 por ciento respecto al año pasado (18 mil empleos adicionales), 7 por ciento más que el 2019.

En segundo lugar, la industria no primaria, que es aquella destinada a productos más elaborados, a diferencia de las refinerías y harineras que procesan sólo de manera básica las materias primas para la exportación. Este sector, que es clave en el desarrollo económico, ha crecido el año pasado en 24 por ciento, una cifra igualmente enorme, y 7 por ciento superior a la caída del 2020. ¿Cómo así? Nuestra política económica de promover la demanda interna mediante bonos, empleos temporales e inversión pública es la causa principal. Junto a ello, en el comercio internacional las políticas de Estados Unidos contra los productos chinos nos han abierto espacio, y el mayor costo de los fletes ha significado una protección adicional a la producción nacional. Esto es importante, ya que nos hace falta una política de defensa de la producción nacional más fuerte; por ejemplo en el MEF, coordinando con los gremios del sector industrial, avanzamos un proyecto de ley para que el estado favorezca las compras a productores nacionales que ojalá pueda tramitarse pronto. Durante nuestra gestión recibimos pedidos de países como Colombia de reducir aranceles haciendo que se calculen sin incluir el costo de los fletes (como es la práctica común internacional), pero no cedimos: ya ellos mantienen salvaguardas especiales a sus textiles que en el Perú aún deben establecerse, tienen tasas arancelarias más altas que las nuestras e impiden el ingreso de nuestro arroz a su mercado yendo en contra de nuestros acuerdos comerciales. Lamentablemente, el avance de la manufactura peruana viene generando poco empleo, un tema de cambio de tecnologías que se presenta a nivel internacional y sobre el cual el académico de Harvard Dani Rodrik ha escrito y planteado alternativas en favor de tecnologías más adecuadas.

En tercer lugar el sector agropecuario. Su crecimiento ha sido del 7,5% en el segundo semestre del año, pero ojo que este sector mantuvo un crecimiento (bajo) el año pasado, así que es todo adicional. La agroexportación en particular ha tenido un crecimiento del 18 por ciento, bastante grande, unos 1 300 millones de dólares adicionales. Recuérdese que a fines del año pasado, tras las protestas de los trabajadores agrícolas por derechos laborales básicos, la ultraderecha mediática y los grandes empresarios de la Confiep anunciaban un futuro catastrófico; Jaime de Althaus tituló un artículo “adiós agroexportación” afirmando que con esas reformas “se destruye el sector más dinámico de los últimos 20 años”. Nuevamente la distancia entre el apocalipsis anunciado y la realidad es enorme. También se dijo que el avance (aun parcial) en los derechos laborales de los trabajadores de la agroexportación llevaría a la informalidad, pero a la fecha hay en el agro 103 mil trabajadores formales más que hace dos años, un aumento del 20 por ciento. Otra falsa profecía.

Vale la pena también repasar la situación de uno de los sectores más afectados por la pandemia y que genera bastante empleo: los restaurantes. A pesar de que el turismo externo no ha regresado y los hoteles siguen por debajo de su capacidad, ya a diciembre la producción de los restaurantes había recuperado su nivel pre-pandemia. También en este caso, la demanda interna ha ayudado mucho a la recuperación, que apuesto que este febrero estará batiendo récords de verano y sin toque de queda.

La política general ha sido una de ponerle mayor énfasis a la industrialización, el mercado interno y la diversificación productiva, dando pasos iniciales para ir cambiando el modelo primario-exportador que considera que solo la minería y el petróleo motorizan nuestra economía. Estos sectores tienen sin duda un rol que jugar, pero necesitamos una economía más inclusiva, innovadora y generadora de empleo.

PERSPECTIVAS Y POLÍTICAS

Acelerar el crecimiento del empleo digno sigue siendo una prioridad, en especial en las ciudades. Parte de ello depende del regreso del turismo externo, algo sobre lo cual no es mucho lo que podemos hacer (aunque finalizando esta tercera ola de covid omicron, este es un buen momento para una campaña publicitaria internacional). La clave está en la política económica, cuya voz de orden debe seguir siendo empleo, empleo y más empleo.

Asegurar una demanda interna dinámica con una política de impulso fiscal y una recuperación de la Remuneración Mínima Vital, proteger la industria y el agro como hicimos con la franja de precios y promover nuevos motores productivos es clave. Una reforma tributaria que nos permita con mayor justicia mantener contratados a los trabajadores de salud que nos han ayudado en las campañas de vacunación reubicándolos a la atención primaria y tener la infraestructura económica esencial en las zonas rurales, es otra medida clave en la que se debe insistir en el congreso. Facilitar el trabajo de las pymes con una simplificación tributaria y ampliándoles el crédito (algo en lo que abrimos un nuevo mecanismo al hacer operativo el factoring, que es una forma de financiamiento en base a adelantar el dinero de facturas pagaderas a futuro), es otra necesidad para lograr el objetivo de generar empleos.

Desde luego, hay otras reformas que procesar. Necesitamos un sistema de pensiones que asegure a todos los adultos mayores un sustento económico, un derecho básico sin el cual no podemos hablar de justicia social. Junto con el mundo, debemos girar hacia una economía más verde con una transición energética, en la cual la masificación del gas tiene un rol transitorio pero muy importante. La lucha por una educación de calidad debe defenderse y relanzarse, con regreso a la presencialidad, aprovechando las oportunidades de lo virtual y lo avanzado en materiales de radio y TV. Pero ya de eso iremos escribiendo más adelante. Quedémonos en este primer artículo de retorno con la discusión en torno a este objetivo clave: mantener un buen ritmo de crecimiento sostenible para más empleos dignos. Y muchas gracias por tener nuevamente su atención en este espacio.

RESULTADOS EN EL MEF Y RUMBO FUTURO

LOS RESULTADOS

Asumí la responsabilidad de ser Ministro de Economía y Finanzas en medio de circunstancias económicas y políticas muy difíciles.

Saliendo de una muy profunda recesión, había que concentrarse en reactivar la economía y el empleo después de la tremenda recesión generada por las medidas tomadas para frenar el COVID 19. ¿Cómo? Primero disipando los temores de expropiaciones y chavismos, afirmando que un buen funcionamiento de los mercados, un esquema de sostenibilidad fiscal de mediano plazo y una inversión privada respetuosa de la gente y del medio ambiente, es esencial. Segundo, con un empuje a la demanda interna, mediante la entrega de bonos y un mayor financiamiento a la inversión pública descentralizada, para que la reactivación no fuese jalada solamente por las plataformas exportadoras sino también por la demanda interna que mueva a decenas de miles de pequeñas y medianas empresas que generan la mayor parte de los empleos del país.

Enfrentamos una fuga inicial de capital y la desconfianza de parte de los inversionistas, alimentadas por un bloque de derecha empresarial, política y mediática que se negaba -y se sigue negando- a aceptar el resultado democrático de las urnas y se proponía y se sigue proponiendo como objetivo único vacar al Presidente Castillo. Nuestra respuesta fue un intenso trabajo de comunicaciones detallando ante inversionistas peruanos y extranjeros nuestra política de corto plazo y nuestras apuestas de mediano y largo plazo.

Esto puede sonar pretensioso en extremo, pero me atrevo a decir que el resultado ha sido espectacular. El crecimiento de todo el 2021 termina por encima del 13 por ciento, cuando nuestras previsiones, las del BCR y las de analistas de todo tipo eran de 10 por ciento. Ese 3 por ciento de diferencia, hay que entenderlo claramente, es enorme. Equivale a unos 25 mil millones de soles, que se han añadido a la producción nacional y a los bolsillos de nuestros ciudadanos.

Al respecto, nuestros críticos han dicho de todo. Primero, que ese 13 por ciento no vale porque es un rebote. Pero ese 13 es bien superior a la caída del 2020 y bien por encima del estimado a julio. El dato de crecimiento está ahí, macizo, gritando la verdad. Dicen en segundo lugar que eso no se debe a la política aplicada, incluyendo la amplia vacunación lograda y lo hecho en la economía. Increíble, como les cuesta aceptar que algo hemos hecho bien, intentan decir que la economía se hubiese comportado igual sin vacunación masiva, apoyo económico directo a las familias e inversión pública descentralizada. Su argumento principal es que este extraordinario crecimiento se debe solamente a la subida de los precios internacionales y al retiro masivo de fondos de las AFPs y CTS. Esto es verdad en parte. Pero la verdad completa es que estos factores ya habían sido tomados en cuenta al proyectarse en Julio 2021 el crecimiento del 10 por ciento, por lo que es claro que el salto del 10 al 13 por ciento resulta de las políticas aplicadas en la segunda mitad del año.

¿Importa esto para la gente? ¡Claro que si! Los empleos formales han aumentado en 400 mil nuevos puestos de trabajo, entre julio y diciembre del 2021. La cifra precisa, que pueden revisar en el cuadro 84 de la Nota Semanal del BCR, es que subieron de 5 millones 194 mil en julio a 5 millones 597 mil en noviembre (último dato disponible). Además, ese mes los salarios fueron 9,3 por ciento más que el año pasado. Desde luego que la situación de empleo informal sigue muy difícil y que todavía queda un buen trecho para recuperar plenamente las economías familiares del golpe de la pandemia, pero el avance es indudable. Negarlo es pura mezquindad.

Otras de las grandes mentiras repetidas incesantemente estos meses es que la inversión privada se esfumaría, desaparecería, llevándonos a la crisis y al caos. Pero los datos les dan nuevamente la contra: el 2021 la inversión privada creció 34%. Y no se trata solo de un rebote estadístico, pues en relación al nivel pre-pandemia (2019), la inversión privada ha crecido 12%, llegando a un nivel real que es récord histórico. ¿Cómo puede ser eso cierto, se preguntarán algunos, si hubo fuga de capitales y susto en los mercados? En primer lugar, porque los capitales que salieron mayormente en el segundo trimestre tras los resultados electorales reflejan un movimiento financiero, de los grandes propietarios de fondos, mas no la inversión real en equipos e inmuebles. En segundo lugar, porque dimos un empuje fuerte a la inversión inmobiliaria y logramos rápidamente que se iniciaran proyectos como el de Yanacocha Sulfuros (de más de 2,100 millones) mientras grandes inversiones en infraestructura seguían adelante. Al final del día, los datos están ahí y reflejan la realidad de lo sucedido. Igual sucede con la inversión pública, que terminó el 2021 en 39 mil millones, un nivel nunca antes alcanzado.

Moraleja: No hay que creer a pie juntillas todo lo que se repite por analistas y expertos supuestamente independientes pero que en realidad o expresan intereses empresariales, se guían por motivaciones políticas o simple y llanamente no logran entender que un ministro de izquierda puede ser eficiente en la promoción de la inversión pública y privada.

También nos han acusado de gastar de manera excesiva, populista, irresponsable, y atacan en particular los bonos otorgados. La cuestión es que millones de familias necesitaban un apoyo económico para salir del hoyo, y que sin esa inyección de recursos, la demanda no se habría recuperado y no habría jalado la producción industrial y el comercio y la campaña navideña hubiera sido una lágrima. Mas aun, en términos de equilibrio fiscal, el resultado es que hemos reducido el déficit en más de 6 puntos del PBI, a 2,6%, cuando las previsiones a inicios de año era que estaría por encima del 6%, logrando el mejor desempeño fiscal de la región. Pero además de haber bajado el déficit de manera tan grande, a inicios del 2022 tenemos 18 mil millones de soles disponibles que de deben traspasar este trimestre a las reservas fiscales del país, recuperando y superando los niveles pre pandemia. Las cifras son claras. No hay sustento alguno para acusarnos de populistas o irresponsables.

Para terminar con esta sección, nuestros críticos también han sido desmentidos por los inversionistas internacionales. Desafiando titulares y pronosticadores del pesimismo, estos estuvieron ávidos de comprar 5 mil millones de dólares de bonos peruanos, ahora con un sentido social y ambiental, y nos piden apenas 2 por ciento de tasa de interés anual en euros a diez años plazo. Después de los temores iniciales hemos recuperado la confianza de los mercados globales en nuestra política económica.

LOS PENDIENTES

Junto con responder a la reactivación de las inversiones y el empleo, nuestro segundo objetivo fue realizar reformas para promover una mayor creación de empleos y una mayor justicia social y ambiental como horizonte de cambios estructurales. Para que haya más empleos a mediano plazo necesitamos, junto a la reactivación, prender nuevos motores de crecimiento en sectores que demandan harta mano de obra, descentralizados y con potencial. Hemos por eso insistido en dialogar con el sector acuícola y pesquero, con empresarios del turismo y la agricultura, con la industria de proveedores mineros, avanzando en resolver las trabas burocráticas y las regulaciones necesarias para su despegue, ampliándoles las opciones de financiamiento, buscando conectar con los mercados, dándoles algunas facilidades tributarias que resultan convenientes en esta etapa. Este esfuerzo por la diversificación de nuestra economía requiere de un empuje permanente, dando continuidad a la iniciativa que tomó Piero Ghezzi años atrás.

Un tema al que le pusimos mucho empeño fue al de la reforma tributaria. La pandemia desnudó la precariedad de nuestros sistemas públicos de educación, salud y protección social, así como las enormes desigualdades existentes. Aunque hemos priorizado estos sectores en el Presupuesto 2022, es imposible pensar en enfrentar seriamente estos problemas con una presión tributaria del 15 o 16 por ciento del PBI como hemos tenido, y que está 6 puntos debajo del promedio latinoamericano y casi 20 menos del que tiene la OCDE. Incluso, mientras en las últimas dos décadas nuestra región ha visto un aumento de los ingresos estatales, nosotros nos hemos ido quedando cada vez más atrás.

Con el cobre a $ 4,30 la libra, las empresas mineras tienen ganancias extraordinarias y el FMI hizo un estudio de comparación internacional que indica claramente que hay espacio para aumentar las tasas de los impuestos a la minería sin perder competitividad internacional. Mientras tanto, los pueblos en las zonas de influencia minera siguen sin carreteras ni agua potable. Es obvio que esta situación debe corregirse. Lo mismo puede decirse del hecho que quien renta un cuartito por 1,000 soles mensuales o quien alquila un edificio entero por 10 millones pagan la misma tasa del 5%, frente a lo cual propusimos eliminar el impuesto a quienes tienen ingresos bajos y subirlo a quienes tienen grandes rentas, lo que además de ser más justo hubiera permitido invertir más en educación y salud.

El Congreso nos negó la facultad de legislar de manera coherente sobre el integro de la reforma. Pero si nos dio facultades para legislar sobre algunos temas relativos a la evasión y la elusión. Y sobre eso hemos avanzado mediante Decretos Legislativos.

Pero el tema de fondo sigue siendo que necesitamos una reforma tributaria sustancial para que, con mayor justicia, logremos que quienes tienen altísimas ganancias colaboren para que todos los peruanos puedan tener derecho a una educación y salud de calidad.

De la misma manera, y siempre en la perspectiva de un país más justo, queda pendiente llevar a la practica el aumento de la Remuneración Mínima Vital (idea que felizmente logramos colocar en la agenda pública), y una reforma integral del sistema de pensiones, incluyendo la universalización de Pensión 65 como pilar básico universal de un sistema multipilar que asegure que todos y todas tengan un apoyo que les permita sobrellevar con dignidad su vejez.

Finalmente, se nos quedó en los momentos iniciales el impulso a una estrategia y un plan nacional de transición energética. Ser baja en carbono honrando nuestros compromisos internacionales en este terreno es una condición para la competitividad de nuestra economía en un futuro ya no muy lejano.

LAS URGENCIAS

Luego de seis meses en el ministerio de economía, puedo asegurar que el ritmo no para. A inicios de esta semana, una lista corta de temas urgentes que debían resolverse en la semana, ponían en primer lugar el revertir el cierre de La Pampilla, la refinería que opera Repsol y que ha causado un desastre ambiental enorme, pero que a su vez es responsable del 40 por ciento del combustible nacional, razón por la cual simplemente no puede parar. Hay que sancionar ejemplarmente a la empresa, incluso sin temor a que el peso de las multas y reparaciones la quiebre y se traslade su propiedad a otro si eses es el caso, pero no cerrarla.

El segundo tema es la observación del proyecto de ley aprobado por el congreso que pretende dar 42 mil millones a los fonavistas, una cantidad muy superior a sus aportes reales, una norma claramente anticonstitucional y que quebraría al fisco. Pero al mismo tiempo es necesario buscar una salida a este problema y no seguir postergando las justas demandas de esos miles de trabajadores de quienes el gobierno de Fujimori se apropió de sus aportes. Nuestra idea en estos meses en el MEF era cambiar el chip del “no se puede” por el de “busquemos una alternativa viable”.

Mientras tanto, un tema al que le dimos empuje llegaba a la etapa de maduración final: la negociación colectiva de los trabajadores estatales. Muchos ministros de economía y gobiernos han considerado anatema este derecho laboral reconocido mundialmente, y lo han negado, a pesar de que se trata de un derecho constitucional. Es que algunos piensan que los sindicatos apestan, o en jerga neoliberal, son carteles que impiden la competencia (una tontería que repiten algunos libros de texto). La ley de presupuesto que logramos aprobar con 106 votos a favor y apenas 2 en contra en el congreso reconocía este derecho y abría puertas a una solución; y luego de eso ya se aprobó su reglamento y en estos días el MEF ha estado terminando las estimaciones del espacio presupuestal, es decir el techo de dinero, que se puede poner en la mesa de las negociaciones. Porque el derecho debe reconocerse y a la par mantenerse un sano equilibrio fiscal y un ordenado proceso presupuestal; ambas cosas no son en absoluto incompatibles como lo demuestra la amplia experiencia internacional en este tema.

A ello se suma la propuesta que hicimos al congreso de añadir 3,400 millones de soles al presupuesto de este año. Por un lado, tenemos ingresos adicionales por más de esa suma. Por el otro, se necesitan más de 2 mil millones para vacunas y personal de salud, cuestiones esenciales para mantener esta vacunación y respuesta sanitaria que ha permitido que esta tercera ola haya sido masiva, con muchos más contagios, pero con mucho menos personas hospitalizadas y muchos menos peruanos en UCI y fallecidos. Al mismo tiempo, se requiere dar continuidad a inversiones públicas que están a medio camino y ponerte más empuje a los proyectos de educación, salud, vivienda y saneamiento.

Esos eran sólo los temas de urgencia, de la semana, a los que se suman otros que también son de corto plazo: atender los problemas de grandes proyectos como el Aeropuerto Jorge Chávez, el Muele Norte y Majes Siguas que otras entidades gubernamentales no han resuelto, seguir sacando los Decretos Legislativos por delegación de facultades para reducir evasión tributaria, facilitar inversiones públicas y privadas y añadir competencia al sistema financiero, prepararse para la publicación del informe del FMI sobre tributación minera y terminar el proyecto de Ley para favorecer las Compras Nacionales por parte del estado que veníamos preparando desde semanas atrás.

BUEN GOBIERNO

Dicho esto respecto a la gestión en el MEF, para mí, una buena propuesta económica adquiere real sentido en la medida que es parte una apuesta por el progreso y la equidad. Un buen gobierno requiere meritocracia y enfrentar el flagelo de la corrupción, un problema histórico del que pareciera no tenemos cuando librarnos pero frente al cual no se puede bajar la guardia.

Nuestro país tiene un serio problema de gobernabilidad, que se hace patente en la cantidad de presidentes que hemos tenido en los últimos años y en los absurdos pedidos de vacancia realizados incluso antes que el actual presidente jure el cargo. Los ultraderechistas vacadores no son siquiera “demócratas precarios” en esa buena caracterización de Eduardo Dargent, son directos representantes de una oligarquía que defiende sus privilegios y poder sin importarles el voto popular. Más allá de nuestras preferencias, en democracia un presidente debe completar el periodo para el que fue elegido, salvo un delito comprobado. A nivel de los grandes poderes del estado, hay que reemplazar la confrontación estéril por una concertación programática, que ponga por delante grandes objetivos nacionales, algo muy lejos de una componenda de intercambio de pequeños espacios de poder.

El gran objetivo nacional debe ser la vigencia realmente universal de los derechos sociales y civiles. Siempre llevé en mi pecho una palabra corta pero llena de significado: Igualdad. El 29 de julio, en aquella noche lluviosa en la que me rehusé a juramentar hasta que las condiciones estuvieran claras, acordé con el Presidente Castillo tres temas esenciales: que se respaldaría la política económica propuesta en el Plan Bicentenario de la segunda vuelta (de cambios sostenibles a diferencia del “Ideario-Programa” de viejo cuño soviético de Perú Libre), que el gabinete funcionaría sin la presencia de Vladimir Cerrón (separando gobierno de partido como manda la Constitución y es propio de la democracia) y que cualquier discurso contra la equidad de género y homofóbico sería dejado de lado. Este último principio, esencial en cuanto a nuestra mirada de futuro, lo incluí en las dos veces que juramenté como ministro, “Por un avance sostenido hacia el buen vivir, con igualdad de oportunidades sin distinción de género, identidad étnica u orientación sexual. Por la democracia y la concertación nacional”.

Guardo por ello como especial un logro pequeño pero, a mi juicio, significativo: ha sido en estos meses que por primera vez el ministerio de economía publica comunicaciones en quechua. Con la misma convicción afirmamos la equidad de género, que tiene como basamento fundamental el rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer y la infancia, y la lucha contra cualquier discriminación por orientación sexual. Igualdad es todo lo que queremos y ningún retroceso al respecto es aceptable.