El valioso estudio de Mendoza, será de gran inspiración para los propios NNA y en particular para quienes acompañan desde la familia, la escuela, el barrio o los gobiernos locales a las organizaciones de niños, niñas y adolescentes y a cada uno de sus representantes en este camino de ejercer su derecho a ser reconocidos como ciudadanos y ciudadanas coproductores de una sociedad justa, democrática y más humana. Gracias Dra. Rossana, por este regalo, por el honor de prologarlo y porque muchas niñas, niños, adolescentes, padres y madres así como docentes y trabajadores sociales encontraremos en estas páginas razones para reafirmarnos en el sentido de nuestra labor.
Alejandro Cussiánovich V.

A Manuel ‘Lete’ Dammert, incansable defensor del gas y petróleo para el Perú

La guerra de Rusia contra Ucrania tiene como una de sus áreas de batalla globales más importantes el destino de su gas y petróleo, con los cuales Rusia obtiene billones de dólares con las cuales venía comprando bienes manufacturados y tecnología, y acumuló grandes reservas internacionales (muchas recientemente expropiadas por el gobierno de los Estados Unidos). Hoy, Estados Unidos y la Unión Europea quieren golpear a Rusia cortando estos ingresos. Las consecuencias son enormes para el Europa, el mundo y el Perú.

El asunto de los combustibles para nuestro país es serio: el petróleo subió en los mercados internacionales hasta 110 dólares el barril, llevando los precios internos del diésel y la gasolina por los cielos a pesar de que el gobierno inyecta cientos de millones de soles mensuales para frenarlos.  Esta alza empuja fuertemente el conjunto de precios hacia arriba, afectando sobre todo los más pobres y a los pobladores del campo, que requieren mayor transporte para conectar insumos, producción y consumo. Fertilizantes claves como la úrea, además, requieren para su producción mucha energía, lo que eleva su precio y agrava su escasez. Estamos pagando el costo de haber descuidado durante décadas nuestra soberanía energética, a pesar del esfuerzo tenaz de líderes como Manuel Dammert y Javier Diez Canseco, intelectuales como Humberto Campodónico, y de sindicatos y movimientos sociales que insistieron en ello.

EUROPA ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

Uno de los países más dependientes de energía rusa, Alemania, ya redujo sus importaciones de petróleo ruso del 12% al 35% y se ha congelado el nuevo gran proyecto para llevar gas de Rusia a Alemania llamado el Nord Stream 2. El asunto es serio porque la mitad del gas que se consume en Alemania (y el 40% del consumido en toda Europa) viene de Rusia, vía gasoductos existentes algunos desde hace cincuenta años, y es muy importante para sus fábricas y para calentar las viviendas en el crudo invierno nórdico. Apenas en marzo, el canciller (jefe de gobierno) alemán Olaf Scholtz declaró que “Europa ha eximido deliberadamente de las sanciones a los suministros energéticos procedentes de Rusia. En este momento, el suministro de energía de Europa para la generación de calor, movilidad, y electricidad, no puede asegurarse de ninguna otra manera”. El tema es clave también para Italia y Austria; un gran problema es que buscar otra fuente de gas exige buques tanques cuya disponibilidad es limitada y estaciones de descompresión que demoran en construirse. Aún así, la política europea frente a la guerra ha sido de golpear a Rusia buscando recortarle los ingresos que obtiene de la venta de combustibles, lo que afecta el mercado mundial del gas presionando los precios al alza, que se han duplicado desde inicios de año.

El petróleo tiene un comercio mucho más flexible, casi como cualquier otro bien. No demora tanto el pasar a comprar petróleo de uno u otro país, pagando el precio y los fletes correspondientes por supuesto; las instalaciones necesarias para su traslado y desembarque son las ya existentes. Europa ya hizo un gran giro al respecto. Sin embargo, resulta que Rusia es el segundo mayor exportador mundial de petróleo, razón por la cual tras la guerra y las sanciones comerciales contra Rusia, el precio mundial del petróleo ha dado un salto. Frente a ello, Estados Unidos busca que se amplíe la oferta mundial, para lo cual da pasos iniciales para suavizar sus relaciones con Venezuela y viene pidiendo – con poco éxito – que los países árabes aumenten su producción (ellos ganan con los mayores precios).

En síntesis, varios países europeos aún pagan miles de millones a Rusia (fueron 44 mil millones en los dos primeros meses de la guerra), lo que le permite a Putin financiar su ataque contra Ucrania, a quien Europa quiere apoyar. Pero décadas de olvidarse de la soberanía energética y de mantener la dependencia de los combustibles fósiles los ha puesto entre la espada y la pared, en especial en el gas. Han planteado soluciones de mediano plazo, con políticas más firmes de ahorro energético y más energía solar y éolica (y quizás nuclear), pero los plazos son de tres años a más. Su dependencia del gas ruso, sin embargo, es un tremendo problema para ellos.

NEOLIBERALISMO Y SOBERANÍA NACIONAL

El concepto de soberanía nacional en temas productivos y económicos ha sido anatema para los neoliberales durante las últimas tres décadas. La caída del muro del Berlín fue interpretada como ´el fin de la historia´ con el reino incuestionable de los mercados globalizados. Fieles creyentes del ´libre comercio´, de abrir las puertas de nuestro mercado permitiendo que se nos venda como leche lo que no es tal cosa, la soberanía les parecía un concepto del pasado. Vargas Llosa, fungiendo de filósofo ultraliberal, ha insistido en que cualquier nacionalismo es negativo y arcaico.

A pesar de la idea dominante de lo ´global´, no es casualidad que a estas ideas neoliberales se les conozca también como el consenso de Washington, la capital de los Estados Unidos. La hiper-globalización neoliberal ha estado sustentada en la pax americana, como se ha llamado a la hegemonía mundial de ese país. Tampoco es casualidad que, aun siendo activo promotor de tratados de “libre comercio”, los Estados Unidos prohibieron que se exportara su petróleo durante cuarenta años, entre 1975 y 2015, desde la gran crisis del petróleo de los años 1970s hasta que vieron que podían autoabastecerse en demasía. Aún así, EEUU mantiene su llamada “reserva petrolera estratégica” para resguardar su soberanía en esta área y amenguar los golpes que los vaivenes del mercado internacional puedan causarles. Han sido también campeones en aplicar sanciones económicas a todo el que le cayera mal, es decir, que osara oponerse a su hegemonía, sumando una veintena de países los que han sido golpeados por medidas económicas y financieras, de gran importancia dada la fuerte dominación del dólar en los sistemas de pagos internacionales.

Ya desde hace algunos años, la guerra comercial y tecnológica desatada por Estados Unidos contra China en torno a las 5G y la Inteligencia Artificial remecía el tranquilo océano de la hiperglobalización capitalista. Hoy, la guerra de Rusia contra Ucrania ha mostrado a tirios y troyanos, incluyendo a estados poderosos como Alemania que confiaron sin reservas en los mercados globalizados, lo costoso que podría resultar esa política. El mundo entero revisa sus conceptos y nuevas estrategias se discuten a nivel mundial. Se han evidenciado riesgos que no se habían considerado. En palabras del premio nobel Paul Krugman: “las preocupaciones de seguridad nacional sobre el comercio (…) deben tomarse más en serio de lo que yo, entre otros, solía creer”. La energía está en el corazón de este debate.

Recuperar soberanía energética es perfectamente posible en un Perú donde hay enormes posibilidades de energía solar, eólica y geotérmica, existe potencial hidroenergético bajo condiciones ambientales adecuadas, tenemos reservas de gas sub-utilizadas por falta de infraestructura, hay petróleo por explotar y explorar, y donde casi nada se ha hecho por incentivar un uso más eficiente de la energía, empezando por nuestros desastrosos sistemas de transporte público. Pero ni siquiera tenemos un Plan Energético Nacional de Mediano y Largo Plazo. Ya es tiempo.

El tremendo salto de los precios de los alimentos producto de la guerra de Rusia contra Ucrania ya cumple tres meses. El trigo, el maíz y los aceites, de los cuales Rusia y Ucrania son grandes abastecedores, tuvieron un alza impresionante. El petróleo también subió fuerte, dándole otro empuje a la inflación, y los fertilizantes agravaron la situación de los agricultores. Casi cien días después las familias pobres peruanas aún esperan algún tipo de apoyo del gobierno.

A fines de abril la inflación anual alcanzó el 8 por ciento cuando la meta tope del BCR es 3 por ciento. Productos básicos que constituyen la base del consumo y la fuente energética y proteica de las familias pobres como los alimentos, combustibles y electricidad subieron 13 por ciento en promedio el último año. El pan, los fideos y los huevos han subido 25 por ciento, el pollo 20 por ciento, el aceite 52 por ciento y el azúcar 63 por ciento. No hay que ser experto ni extraordinariamente inteligente para darse cuenta del fuerte golpe de esta situación sobre la pobreza y el hambre.

RESPONSABILIDAD Y MEDIDAS

Es cierto que la responsabilidad de esta situación es de una economía mundial que, con la pandemia en buena medida controlada y con la guerra en Ucrania y las sanciones económicas a Rusia, ha multiplicado precios internacionales. Sin embargo, ante emergencias sociales como esta, es deber del estado responder con medidas que amengüen el sufrimiento de las familias populares. Esa es una de las funciones básicas de todo estado: cuidar a sus ciudadanos.

El gobierno respondió ampliando el subsidio al diesel y la gasolina (que se aplica mediante el ´Fondo de estabilización de precios de los combustibles’) y exonerándolos del impuesto selectivo al consumo. Desde inicios de este mes, también el pollo, huevos, azúcar, fideos y pan se exoneran del IGV. Los empresarios que venden esos productos hoy pagan menos impuestos. ¿Han tenido efecto estas medidas sobre las economías populares? Muy poco. Lo que sí sabemos es que le costarán al fisco más de 3 mil millones de soles este año, recursos que se pierden para la salud, la educación y la inversión pública.

Exoneraciones de impuestos como estas se quedan en buena parte en manos de los empresarios productores e intermediarios (sobre esto hay amplio consenso entre los economistas), algo que se agrava cuando hay monopolios y grupos con poder de mercado (lo que economistas neoliberales prefieren ocultar). Además, los limitados beneficios que mediante menores precios puedan llegar a los consumidores, se concentran en los sectores medios y altos que compran en centros y tiendas formales, mientras que los más pobres, que en zonas rurales se alimentan de su propia producción y que compran en mercados de barrio donde la informalidad prevalece, son los que reciben menos. Si antes esta discusión podía ser especulativa, hoy basta ir a los mercados populares y preguntarle a la gente si los precios han bajado y su situación ha mejorado: La respuesta es un rotundo NO.

SÍ SE PUEDE AYUDAR A LAS ECONOMÍAS POPULARES

Las mejores medidas para paliar los impactos sociales de shocks externos de precios como éste son las transferencias directas a las familias. Dado que no funcionaría un control de precios y que las exoneraciones de impuestos benefician sobre todo a las clases altas, el problema económico de las familias puede atenderse desde otra vía, mejorando sus ingresos antes que buscar una inviable reducción generalizada de los precios.

Promover el empleo con nuevos motores productivos diversificados e inversión pública es una política clave que siguen siendo importante en esta coyuntura, pero su implementación y efecto no logra tener la rapidez necesaria ante emergencias como ésta. Programas de empleo temporal mediante pequeñas obras y actividades pueden lograrse en pocos meses, pero hasta ahora no se les ha dado presupuesto adicional, un déficit importante en el abordaje del gobierno. Incluso medidas de rescate a las micro y pequeñas empresas de confecciones concentradas en Gamarra, como son las salvaguardas que les den aire para competir frente a los productos asiáticos y ampliar su producción y su empleo, no se han aprobado.

Como acción directa del gobierno, tenemos la experiencia del bono yanapay, que entregó a más de 13 millones de peruanos un subsidio de 350 soles, y el bono a los trabajadores formales por 210 soles a quienes tenían sueldos menores a 2 mil soles mensuales. Estas medidas son ayuda directa y también fortalecen la demanda, algo central ante la caída de ingresos reales de un amplio sector para seguir reactivando la industria y el aparato productivo nacional. Ambas transferencias lograron una amplia cobertura, excluyendo sí a los que tienen menor necesidad, identificados por tener un trabajo con un ingreso que cubra su canasta básica. La focalización tiene debilidades, desde luego, porque mucha gente oculta sus ingresos y tiene ganancias por negocios ilícitos o informales sin entregar boletas o facturas, pero dado el muy imperfecto y débil estado peruano, es lo mejor que podría y puede hacerse. A mediano plazo, una política social más eficaz requiere como base realizar un nuevo censo nacional, indispensable tras la enorme migración venezolana, la mortalidad del covid19 y los flujos migratorios de retorno hacia pueblos del interior durante la pandemia. Esta debe ser la base de un esfuerzo por reestablecer la información social y demográfica nacional y actualizar el sistema de focalización de hogares.

¿Existen fondos para una transferencia de amplia cobertura, al estilo de un segundo bono yanapay? Claro que sí. Sobradamente. Por un lado, la recaudación tributaria en estos primeros meses del año ha sido muy buena; solo en los cuatro primeros meses del año la recaudación fiscal, es decir los ingresos del estado por impuestos, regalías y contribuciones, han sido 18 mil millones de soles mayor al año pasado. Mientras tanto el gasto de gobierno, corriente y de inversión ha aumentado la décima parte de esa suma, por lo que el saldo diferencial a favor del estado es del 90 por ciento. Mirando hacia adelante en el año, la meta establecida por ley es que haya un déficit de 3,7 por ciento del PBI en todo el 2022, y va en 1 por ciento (suma de los últimos doce meses). Es además necesario y conveniente recuperar para el país una mayor parte de los ingresos extraordinarios de la minería, que ya ascienden a 21 mil millones de dólares.

ESTAMOS EN NADA

Lo que me enerva es que pasen los meses y nada. Se lanzan desde el gobierno iniciativas como la Asamblea Constituyente que, más allá de la necesaria discusión de fondo sobre un nuevo pacto social, son movidas distractivas, destinadas sólo a ganar tiempo y posicionamiento en la confrontación política. Mientras tanto, en el congreso opera un pacto entre la derecha y Cerrón para repartirse el Tribunal Constitucional con fines de impunidad y de beneficio a las grandes empresas deudoras de SUNAT, y para avanzar una agenda retrógrada en educación sexual, derechos de las mujeres y educación superior. Mientras tanto, a contrapelo de toda la verborrea seudo-revolucionaria de Vladimir Cerrón, el ministro de energía y minas que responde a sus órdenes no da un paso adelante en la masificación del gas, ni en relanzar la construcción del gasoducto del sur ni en negociar mejores condiciones en Camisea, y desatiende el conflicto de Las Bambas. En resumen: ni agenda de cambios de fondo, ni atención a la emergencia social. Por este camino no podremos evitar que aumenten los pobres en este país tan rico ni que se agraven nuestros serios problemas de gobernabilidad.

EDUCACIÓN SEXUAL PARA PREVENIR EMBARAZO ADOLESCENTE

Una mayoría retrógrada del Congreso aprobó un proyecto de ley que busca eliminar de nuestros colegios la educación sexual integral y la educación en los valores de la igualdad que debe prevalecer entre hombres y mujeres y personas de distinta orientación sexual.  

Una política de ese tipo va a agravar el serio problema que tenemos de embarazo adolescente. Según el último censo, 122 mil adolescentes son madres en el Perú. Apenas 3 por ciento de ellas están casadas, 66 por ciento son convivientes y el 30 por ciento son solteras o separadas, es decir, que deben enfrentar la maternidad sin una pareja que ayude en el cuidado y sustento de niño o niña. Sin educación sexual nuestras adolescentes tendrán menores conocimientos de cómo prevenir un embarazo no deseado, por lo que las madres adolescentes van a aumentar en algunos miles. Las afectadas son, ya lo sabemos, las más pobres: en el quintil o grupo del veinte por ciento de menores recursos asciende hasta 25 por ciento el porcentaje de adolescentes madres o embarazadas. En el quintil más rico las adolescentes madres son el 3 por ciento; la mayoría de ellas sí reciben buena educación sexual en colegios privados, no tienen dificultades en acceder a métodos anti-concepticos y, llegado el caso, pueden hacerse un aborto ilegal pero pagando por condiciones sanitarias.  

¿Las madres adolescentes lo son porque quieren tener tempranamente un hijo? Dos de cada tres madres adolescentes no quería el embarazo o hubiera preferido posponerlo, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDES 2021. ¿Por qué no lo hicieron? Un informe de las Naciones Unidas indica que “el uso de métodos anticonceptivos modernos, por ejemplo la inyección, condón masculino, esterilización (masculina y/o femenina), píldora anticonceptiva, Dispositivo Intrauterino de Cobre (DIU), implantes y Método de Amenorrea de la Lactancia (MELA), es significativamente menor en Perú (55%) en comparación con otros países de la región como Chile (70%), Ecuador (72%) Colombia (76%), Argentina, Brasil y Uruguay (78%)”. En otras palabras, estemos atrasados a este respecto no sólo en relación a Europa y países desarrollados si no incluso en relación a quienes comparten nuestras fronteras. Estamos en la época de la carreta con muchas y muchos jóvenes pensando que mirando el calendario o intentando evitar una eyaculación dentro de la vagina va a funcionar, opciones que la ciencia nos dice que fallan muy a menudo.  Y esto, aún con educación sexual en los colegios ¿cómo será cuando esta información se les niegue?

Una escuela que refuerce valores para enfrentar el machismo es también clave para que nuestras adolescentes eviten embarazos no deseados. En promedio, las parejas de las adolescentes embarazadas son siete años mayores que ellas, algo que claramente otorga un poder superior a los hombres; piensen nada más en una chica de 14 o 15 años saliendo con alguien que puede doblarle la edad, ya habiendo terminado la secundaria e incluso con educación superior. Menos de una de cada cinco mujeres adolescentes habla frecuentemente con sus parejas sobre métodos de planificación familiar y 10 por ciento no lo hacen nunca. En ese contexto, son mucho mayores las probabilidades de que tengan sexo sin protección, cediendo ante un hombre mayor que insiste egoístamente en no usar preservativo porque “con condón se siente menos”, arriesgándose así a un embarazo no deseado y a enfermedades de trasmisión sexual como el VIH o la hepatitis B que traen severas consecuencias de largo plazo e incluso la muerte.

CONSECUENCIAS

Diversos estudios a nivel nacional e internacional han establecido las consecuencias negativas del embarazo adolescente. En primer lugar, para su propia vida: en nuestro país la mortalidad materna entre las adolescentes alcanza el doble que entre las adultas; en América Latina y el Caribe la primera causa de muerte de adolescentes mujeres está relacionada con el embarazo. Los embarazos en adolescentes tienden a sufrir más complicaciones como hipertensión y parto prematuro, llegando incluso a provocar una mayor probabilidad de muerte del niño recién nacido. El costo para los servicios de salud pública de estas complicaciones se estima en 25 millones de dólares anuales en el estudio “Consecuencias socio-económicas del embarazo y la maternidad adolescente en el Perú” realizado por Plan Internacional y UNFPA.

A nivel mundial “más del 60% de los embarazos no intencionales terminan en aborto, en condiciones de riesgo o sin riesgo, sea legal o ilegal”, recuerda el Fondo para Actividades de Población de las Naciones Unidas. Aunque como sabemos en nuestro país el aborto es mayormente ilegal, eso no impide que se produzca; la Encuesta nacional de la Juventud arrojó que 30 por ciento, casi uno de cada tres, adolescentes tenía “cercanía con algún conocido que se ha realizado un aborto” que, dadas las condiciones de ilegalidad que aún subsisten, se trata de una práctica de alto riesgo. A nivel mundial, 45% de todos los abortos se realizan en condiciones de riesgo. Al médico Vladimir Cerrón, quien hoy controla el ministerio de salud y una bancada que votó mayoritariamente a favor de este bárbaro proyecto de ley, eso parece no importarle.

Hay otros que dicen horrorizarse con el aborto pero promueven esta ley que, precisamente, provocará más abortos. Es el caso de Rafael López-Aliaga, quien ha empujado a su bancada de Renovación Popular tras esta propuesta e impuso como presidente de la comisión de educación al congresista de su partido Esdras Medina quien la promovió; esta semana en las redes también ha atacado con mentiras de manera furibunda a la opositora congresista Flor Pablo. López-Aliaga se opone furiosamente a despenalizar el aborto, pero defiende a rabiar esta ley que llevaría a muchos más embarazos adolescentes y multiplicaría los abortos ilegales.

El embarazo adolescente genera además otras trabas a las mujeres jóvenes para su progreso. Entre las madres adolescentes, de 10 a 20 por ciento deja de estudiar por esta razón, según el artículo de investigación científico sobre el tema realizado por Walter Mendoza y Gracia Subiría. La probabilidad de una adolescente embarazada de progresar en sus estudios secundarios se reduce en más de un tercio, al igual que la probabilidad de que vayan a la universidad. Posteriormente, con menos educación, las mujeres que tuvieron hijos en su adolescencia ganarán 15% menos que quienes esperaron a su adultez. Eso le cuesta al país, en menor producción, 73 millones de dólares anuales.

APUESTA ABSURDA

EL grupo ultraconservador que quiere eliminar la educación sexual de nuestros colegios usa como pretexto la participación de los padres en la definición de estos contenidos, pero esa es sólo una coartada, un disfraz para engañar y facilitar que algunos de sus aliados en el congreso puedan encubrir su voto. Su verdadero objetivo es regresar a una situación en que las mujeres sean subordinadas de los hombres y se dediquen exclusivamente a tener hijos y cuidar del hogar. Para lograrlo, quieren que nuestras adolescentes y jóvenes tengan menos conocimiento de las opciones que tienen para cuidar su salud sexual y reproductiva; pretenden que de esa manera evitarán que tengan sexo salvo bajo tutela masculina y matrimonio religioso, algo que es absolutamente imposible salvo que encierren a todas las adolescentes y no les permitan ir a los colegios ni salir a la calle sin compañía al estilo de los talibanes en Afganistán.

Seguramente a los ultraconservadores que quieren a las mujeres sólo en casa, limpiando y cocinando, como en el siglo XIX, eso les parece bien. Pero no deja de ser paradójico que, siendo conocido los serios riesgos del embarazo adolescente, existan congresistas profesores que apoyen una ley tan negativa contra la educación. Sería igualmente paradójico que el presidente siendo educador no observara este proyecto de ley.

“¡Abajo los monopolios!” es una bandera que fue central en la política en Estados Unidos a fines del siglo XIX, dando como resultado la Ley Sherman en 1890, que dio partida a las normas antimonopólicas en el mundo. No es un tema menor en el Perú, donde cuatro bancos concentran el 80% del mercado crediticio, Gloria es la única compradora de leche fresca en decenas de valles, una trasnacional consolidó el 98% del mercado cervecero peruano, los aceites de cocina están en su gran mayoría en poder de Alicorp (grupo Romero) y la compra de varias cadenas de farmacias concentró este comercio en manos del InRetail / Inkafarma (grupo Rodríguez Pastor), por sólo dar algunos ejemplos. Los dueños de todos esos grupos son billonarios.

En los textos de economía un monopolio es cuando hay una sola empresa vendedora en un mercado. Un análisis simple muestra que el monopolio eleva los precios sacando ventaja del consumidor para así lograr más ganancias, que es la lógica de las empresas en el capitalismo; así funciona este sistema. Por eso mismo, quien tiene ese poder monopólico hará todo lo posible por mantenerlo, incluyendo medios legales y otros no tanto, como comprar competidores y financiar candidatos para obtener leyes que defiendan sus intereses. Los dueños de Alicorp y leche Gloria, Dionisio Romero y los Rodríguez Banda, han sido grandes contribuyentes a las campañas de Keiko Fujimori. Cabe hacerse una pregunta ¿Qué razones tendrá la congresista Patricia Chirinos para lanzar un nuevo proyecto de ley en favor de Gloria haciendo campaña diciendo falsedades como que la leche fresca es menos nutritiva que la leche en polvo?

Hay otras estructuras de mercados costosas para la sociedad. Los economistas hablamos de oligopolios cuando no hay una sola empresa sino unas pocas que tienen la gran mayoría del mercado, y de esa manera tienen un poder que les permite imponer precios y lograr ganancias extra a costa de los consumidores. En forma genérica hay ´poder de mercado´ siempre que unas pocas empresas de gran tamaño tienen condiciones para abusar de los consumidores, explotar trabajadores y comprar leyes a su favor.

INFLACIÓN A RÍO REVUELTO

¿Es este dominio de las empresas que concentran los mercados la causa de la inflación actual? Lo cierto es que su poder sin contrapesos en el Perú es algo que nos causa perjuicios no desde hace meses sino desde hace décadas. Esta situación los economistas la asociamos a la idea de “equilibrio”: es lo que tiende a permanecer en el tiempo.

Resulta que ahora todo está movido en los mercados: han subido y siguen subiendo a nivel mundial varios precios claves de alimentos y combustibles y las cadenas de abastecimiento fallan con el puerto más grande del mundo (Shangai) cerrado. Eso provoca alza de precios, de manera diferenciada según los productos y los mercados. Por otro lado, el gobierno peruano rebaja impuestos como el IGV y el Impuesto Selectivo a los combustibles, lo que reduce los costos de las empresas lo que en condiciones de competencia, pensando en un equilibrio de largo plazo, debiera hacerles reducir sus precios. Pero como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. En este caso los ganadores son las empresas con poder de mercado que pueden imponer sus precios mientras los salarios siguen estancados y sus impuestos se rebajan.

Para ponerlo de otra manera: la inflación actual es causada por alza de precios internacionales y el poder económico, agrandado porque atravesamos aguas económicas agitadas, dificulta que rebajas de impuestos contrarresten los aumentos en la canasta básica.

¿Podría resolverse esta situación con una política anti-monopólica? Pareciera una solución directa, pero no es tan fácil. Las políticas para evitar los abusos de los monopolios y oligopolios vienen en varias formas. Hay mercados que requieren regulación de precios: las tarifas eléctricas tienen precios controlados y rigen topes máximos en las tasas de interés bancarias. En Colombia y varios países europeos, muchas medicinas tienen precios controlados. Regular precios de esta manera, sin embargo, debe hacerse cuidadosamente y sólo conviene ante mercados muy específicos; un mal control de precios genera más problemas de los que resuelve por lo que cualquier medida requiere estudios detallados, temporalidades precisas y, si debe ser permanente como la electricidad, un sistema de actualización continuo y predecible. Hacerlo bien cuando la economía mundial cambia día a día es particularmente difícil.

Otro tipo de políticas apunta a evitar la concentración del mercado y promover que haya más empresas compitiendo, evitar fusiones de empresas con este objetivo por ley recién se puede desde hace pocos meses. Los efectos de políticas de este tipo sobre los precios no son inmediatos, si no de mediano y largo plazo, en la medida en que una competencia efectiva empuja a las empresas a mejorar productividad y calidad e impide prácticas predatorias.

CORTO Y LARGO PLAZO

Por esas razones, en el corto plazo una política anti-monopólica no sería muy eficaz en reducir los precios. Al mismo tiempo, creo firmemente que nuestro país necesita enfrentar y controlar el poder de mercado y los monopolios de una mucho mejor manera que lo que se hace ahora. Hay acá una distinción esencial entre el corto y largo plazo: controlar monopolios es conveniente y necesario, aunque no tendrá grandes efectos inmediatos. Es como cuando se hace un metro o transporte subterráneo: demora varios años en que entre en funcionamiento y sea de mucha ayuda.

Hay que recordar que ya tenemos una institución del gobierno orientada a controlar los abusos de los monopolios, llamada INDECOPI, instituto de defensa de la competencia y la propiedad intelectual. Para tener una política anti-monopolio que funcione, ¿debemos esperar a cambiar la Constitución y la ley? Sin duda ambas se pueden mejorar, pero el problema principal es que, habiendo estado Indecopi durante más de dos décadas casi continuamente bajo férula neoliberal sin voluntad de acción real contra los monopolios, ahora lo dirige el militante y ex- candidato de Perú Libre Julián Palacín que no tiene ninguna formación para el cargo. Con las normas actuales Indecopi podría hacer muchísimo más que lo que hace ahora, tiene facultades importantes y un presupuesto de 175 millones de soles anuales. Podría estar mucho más activo y viendo temas fundamentales como el del mercado de leche, por ejemplo, donde el monopolio de Gloria abusa de cientos de miles de ganaderos, o los problemas en mercados como el de medicinas. Pero no se le siente. Son los costos de tener a los amigos de Vladimir Cerrón ocupando cargos para los que no están capacitados.

¿Y las alzas de precios, mientras tanto? Una reciente encuesta de Ipsos indica las preocupaciones de la población, entre las cuales la generación de empleo con reactivación económica y la reducción de la pobreza, se encuentran por encima de la inflación. Otro gran tema, que preocupa casi tanto como el alza de precios, es que los trabajadores formales tengan mayores beneficios. La gente tiene razón: la mejor respuesta al aumento de precios es que las familias tengan mayores ingresos, con una reactivación del mercado interno que genere empleos dignos y con mayores salarios, empleos temporales en obras públicas y transferencias monetarias directas para un sector amplio de la población.