La próxima semana se inaugura la COP27, la conferencia mundial sobre el cambio climático.  Este año hemos tenido el invierno más frío en seis décadas en Perú, el verano más caliente que nunca en Europa y más huracanes e inundaciones en diversas zonas del planeta, afectando en Pakistán a 33 millones de personas. La emisión de gases invernadero está generando problemas que nos explotan en la cara. Hace años, informes científicos internacionales indicaron que la meta de no sobrepasar los 1,5 grados adicionales en la temperatura planetaria era alcanzable y lo mejor para todos, pero la lenta reacción mundial ha hecho que ya sea muy difícil lograrla. Debemos sin embargo hacer todos los esfuerzos para que esta situación no se siga agravando y llegue a tener efectos realmente catastróficos sobre el planeta y en el Perú, catalogado como el tercer país del mundo con mayor riesgo por el cambio climático.

¿Es este un tema que debe tratar exclusivamente el ministerio del ambiente y los activistas ambientalistas? ¿La política económica no tiene un rol importante frente a este problema? Desde luego que la tiene. Incluso el FMI en su último informe del Panorama de la Economía Mundial dedica un capítulo especial al tema, demostrando que es muy conveniente realizar de una vez las inversiones necesarias para acelerar cambios tecnológicos, readecuar el consumo y la producción en aras de cuidar el planeta. Los países que no lo hagan tendrán cada vez mayores dificultades para colocar sus productos en los mercados internacionales e irán perdiendo competitividad.

LA IDEA MARCO

La política económica peruana tiene una definición clave en el llamado “Marco Macroeconómico Multianual” (MMM), que define las proyecciones y orientaciones de política para un horizonte de cuatro años. Debe aprobarse cada año antes de fines de agosto, así que un nuevo gobierno debe correr para incluir sus prioridades y visiones en este documento clave que lo recibe ya casi listo de la administración anterior. Eso hicimos el año pasado con el MMM 2022-2025. En palabras de la economista ecologista Kelly Alfaro en un artículo reciente, este documento “coloca expresamente la necesidad de un crecimiento ambientalmente sostenible, siendo el componente ambiental transversal para el logro de una descarbonización de las actividades económicas en nuestro país. Asimismo, menciona la necesidad de promover la inversión presupuestal orientada a metas de adaptación y mitigación ante el cambio climático en diálogo con los compromisos climáticos asumidos por el Estado…. Con ello, el MMM elaborado en el 2021 propone consolidar la acción climática y la sostenibilidad en la política macroeconómica, la planificación fiscal, el diseño del presupuesto, la gestión de la inversión pública, entre otras acciones, de manera explícita.”

Fue un empuje inicial pero importante y de transformación. La visión previa del MEF, a la que se ha regresado en el último MMM aprobado, sólo considera el cambio climático como un riesgo fiscal. Efectivamente, debido a los desastres que se multiplicarían y por sus efectos sobre la agricultura, el cambio climático puede tener un fuerte impacto en nuestras cuentas fiscales. Pero además en el empleo, la pobreza, la salud pública, los sistemas de transportes, etc. Se necesita una política multisectorial de mitigación y adaptación frente al cambio climático, dentro de la cual la política económica debe ser una herramienta fundamental.

Un área en la cual una mirada de sostenibilidad ambiental es importante es infraestructura. No podemos seguir construyendo carreteras o represas sin tener en cuenta los riesgos que el cambio climático representa en las próximas décadas, y la construcción de edificios y viviendas debe considerar diseños de mayor eficiencia energética. El diseño de los sistemas de transporte tiene también enorme impacto en la emisión de gases, siendo mucho más eficiente y superior el transporte público masivo basado en energías renovables. Un renovado Plan Nacional de Infraestructura, al igual que un nuevo Plan de Competitividad deben incluir esos elementos en al núcleo de su formulación, algo en lo cual la cooperación internacional de diversas fuentes ha manifestado gran interés en colaborar.

COALICIÓN INTERNACIONAL

Este no es un problema exclusivamente nacional y los cambios económicos para enfrentarlo tampoco deben serlo. Por esa razón, en el mundo se ha constituido una Coalición de Ministros de Finanzas por la Acción Climática, espacio de articulación que reúne hoy a más de 75 países interesados en apuntalar el combate al calentamiento global y acelerar la transición hacia economías bajas en carbono.  

Esta Coalición se guía por los “Principios de Helsinki”, que implican alinear las políticas con los compromisos del Acuerdo de París, compartir experiencia y conocimientos, impulsar medidas que resulten en un precio al carbono efectivo, considerar el cambio climático en la política macroeconómica, la planificación fiscal, el presupuesto, la gestión de la inversión pública y las prácticas de compras públicas, movilizar fuentes privadas de financiamiento climático y participar activamente en la implementación nacional de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional presentadas en el Acuerdo de París.

En setiembre del año pasado, solicitamos que se incluyera al ministerio de economía y finanzas del Perú a ese espacio y fuimos formalmente aceptados al mismo en octubre 2021. Esta Coalición ha seguido operando este año, ha estado activa en las “reuniones de primavera” del FMI y Banco Mundial del mes pasado y se prepara a hacerse presente en la COP27 en Egipto las siguientes semanas. El Perú no debe quedarse fuera, por el contrario, nuestra participación debe reforzarse.

BONOS SOSTENIBLES

A nivel internacional hay otra área con oportunidades interesantes en relación a cambo climático: el financiamiento para el desarrollo. Nuestro país sigue necesitando captar fondos del exterior para inversiones y hay un amplio interés en el mercado internacional para los llamados ´bonos verdes´ y ´bonos sostenibles´. Ya a fines del gobierno de Sagasti, en julio del 2021, se aprobó el llamado “Marco del Bono Sostenible”. En reuniones en Washington y Nueva York el año pasado, constatamos que el interés de los inversionistas financieros por este tipo de bonos era amplio; muchos inquirieron sobre el tema e insistieron en la conveniencia de que Perú haga una emisión de ´bonos sostenibles´, cuyos fondos son exclusivamente orientados a proyectos y gastos que generen impactos positivos sobre el medio ambiente y promuevan el acceso equitativo y de calidad a servicios básicos, de salud y educación.

A fines de octubre del año pasado el MEF hizo una emisión de bonos muy exitosa, US$ 4 000 millones, con vencimientos a diez, treinta y cincuenta años, obteniendo tasas de 3,0%, 3,55% y 3,60%, respectivamente, tasas muy pero muy inferiores a las que tendríamos que pagar si esos bonos se emitieran hoy. Pudimos encontrar una ventana de oportunidad muy conveniente para esta operación. Dentro de este paquete, los bonos con vencimientos a diez y cincuenta años, por US$ 2 250 millones y US$ 1 000 millones, representaron los primeros bonos sostenibles emitidos por la República del Perú. Es un camino que nos conviene proseguir.

DEBIERA SER SÓLO EL INICIO

Como dijimos al principio, la política económica no puede ser ajena al objetivo de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Hoy enfrentamos un momento difícil porque los altos precios del petróleo han empujado la inflación al alza mientras el Perú estaba particularmente vulnerable por haber descuidado políticas de eficiencia energética y promoción de energías renovables. Pero eso es también una oportunidad: estrategias audaces de transición energética hoy pueden contribuir a dos objetivos al mismo tiempo, mejorar la situación macroeconómica y avanzar en la descarbonización como ha sido nuestro compromiso con el mundo. Son objetivos prioritarios que no debemos olvidar, ni aún en medio de la crisis de gobernabilidad y los escándalos de corrupción que vive el país.

Regreso sobre el tema de la informalidad, esencial para nuestro futuro. Más allá de las vicisitudes del momento político y manteniendo nuestra indignación frente a la corrupción, no podemos dejar de analizar los temas de fondo. Un país sin pensamiento crítico siempre tropezará con la misma piedra.

La informalidad es un problema fundamental para la gobernabilidad, nos frena la posibilidad de tener reglas comúnmente respetadas y una institucionalidad estatal-nacional indispensable para el desarrollo.

¿Cuál es su causa primordial? La falta de puestos de trabajo, que obliga a una mayoría de peruanos a recurrir al autoempleo y las microempresas familiares para sobrevivir. Los empleos en empresas medianas y grandes, de más de 10 trabajadores, sólo alcanzan para 1 de cada 5 trabajadores urbanos. Falta crecimiento de sectores diversificados como la agricultura, el turismo, los servicios con avance tecnológico y la industria, especialmente de medianas empresas y pequeños productores articulados bajo diversas formas asociativas y cooperativas. Si hubiera más puestos de trabajo, habría menos vendedores ambulantes y jóvenes cachueleando.

EL CÍRCULO VICIOSO DE LA ECONOMIA IN-REGULABLE

La escasez de puestos de trabajo genera un círculo vicioso de ingobernabilidad económica, porque  en el autoempleo y las microempresas es muy difícil establecer regulaciones esenciales para que la economía funcione eficientemente. Veamos los ejemplos de la venta ambulatoria de comida y del transporte que son muy claros al respecto.

Una regulación básica en cualquier parte del mundo es que la venta de comida debe cumplir algunas condiciones sanitarias básicas. La difusión de bacterias debe controlarse, los platos y vasos no deben ser fuente de contagio. En todo el mundo hay autoridades sanitarias a cargo de controlar eso, y así también lo dice la ley peruana. Pero, más allá de la enorme debilidad de las instituciones estatales y su falta de presupuesto para atender este tema ¿es factible controlar las decenas de miles de puestos ambulantes y micro-establecimientos que venden sánguches, refrescos caseros, jugos, tallarines rojos, ´aeropuertos´, ceviches y un largo etcétera? Muchos son muy sabrosos, pero ¿son seguros para la salud? A mis veinte años contraje tifoidea, presumo yo que fue por tomarme un jugo de naranja en un carrito callejero del Parque Universitario, de esos que lavan los vasos en el mismo balde de agua uno tras otro. Una década después tuve cólera (la enfermedad, no un ataque de ira). Aún me gusta y consumo, a veces, la comida callejera. Pero el riesgo es obvio y la pandemia nos lo recordó. Proteger la salud pública es una de las tareas básicas de cualquier estado, pero ¿perseguir a estos vendedores callejeros en algún distrito resuelve algo? ¿Sería acaso posible tener un verdadero ejército de controladores sanitarios supervisando los vendedores ambulantes? No, desde luego que no. La necesidad de miles de subsistir, en este caso vendiendo comida, genera tal informalidad que ningún estado podría controlar.

Algo similar sucede con el transporte urbano. Predominan los taxis informales, apoyados ahora por las apps. Motos y bicis de delivery, pagados por viaje y por lo tanto con todo el incentivo a ir rápido, invaden veredas y se pasan luces rojas. Las combis son un ejemplo de formalidad falsa, pudiendo acumular decenas de multas sin que pase nada; podríamos avanzar mucho con una buena reforma que ordene el transporte público masivo con unidades de mayor tamaño, rutas bien diseñadas y sistemas metropolitanos y carriles segregados. Pero tenemos una multiplicación violenta de taxis y colectivos informales chantándose en las esquinas por doquier. ¿Es debido a la incapacidad del estado que no se regula este sector, o es que la tremenda cantidad de carros en servicio lo convierten en una incontrolable hidra de un millón de cabezas? ¿y no son acaso esos miles de taxis y colectivos la forma que tienen muchísimos peruanos para subsistir?

COMPORTAMIENTO SOCIAL INFORMAL

Como quienes ahí trabajan ya saben que no hay un control eficaz, actúa sin mayor consideración por el orden público. Así se multiplica el comportamiento informal, que no respeta ni las regulaciones básicas. “La vida es así, no la he inventado yo” dirán muchos. Esto, a su vez, atrae a más gente a estos comportamientos informales de subsistencia: la situación se agrava. Esta actitud, además, se contagia hacia otros ámbitos. Quien es vendedor callejero y sabe que el tránsito es desregulado y desastroso, puede pensar que no importa meterse entre los carros a ofrecer su producto o servicio, dificultando un poquitín más el tránsito. Y si ya vieron que no hay un control básico ¿no es lógico que en tiempos mejores piensen que se puede evadir a la SUNAT?

Por su parte, los pocos empleados públicos llamados a controlar ven que su esfuerzo logra escasos resultados. Sienten también que ese colectivero o vendedor ambulante bien podría ser un familiar al que no le queda otro camino para sobrevivir. En esas condiciones muchos se dirán ¿para qué trabajar con ahínco? ¿por qué no aprovechar cuando haya una oportunidad para sacar una ventaja personal? Nace ahí el círculo vicioso: ni se respeta el interés público, ni se busca realmente hacerlo respetar.

Hay un tema de fondo acá, en términos de entender cómo funciona nuestra sociedad. Una economía que genera pocos puestos de trabajo en empresas formales, que empuja a millones a subsistir en el autoempleo y la informalidad, genera una sociedad desafectada del estado. El ser social informal determina la conciencia social informal; y ese ser social está determinado por la estructura económica y los pocos empleos que ésta genera.

ESTRUCTURA ECONÓMICA Y OPERATIVIDAD ESTATAL

En los países desarrollados, incluso en países latinoamericanos con estructuras productivas más diversificadas y organizaciones económicas más fuertes, el estado no necesita una enorme cantidad de personas y un enorme aparato para asegurar que la mayoría de trabajadores estén en planilla y se paguen sus contribuciones a la seguridad social. Basta controlar a un cierto número de empresas, cada una de las cuales es responsable por varios cientos de trabajadores. Es como funciona, pero a escala muy insuficiente en el Perú, el sistema de control de planillas por la SUNAT. La SUNAT no pone el énfasis en supervisar a los 3 millones y medio de asalariados, si no en controlar a las empresas formales que son algunos miles. Quien hace buena parte del trabajo de registro y control son las empresas, y ellas son responsables de sus trabajadores o les cae una multa o sanción. El problema en el Perú es que, como dijimos, solo 1 de cada 5 trabajadores se encuentra en un empleo de esa naturaleza. Hace falta cambiar esta realidad.

Esta transformación puede lograrse con más empresas medianas y grandes, pero creo que más democrático, igualitario y sostenible es hacerlo mediante cooperativas o asociaciones: una agrupación de pequeños cafetaleros que venden juntos su producto bien puede tener el registro de afiliados y trabajadores y asegurarlos. Una cooperativa de taxis bien puede llevar ese registro igualmente. Necesitamos que haya una política de promoción de la asociatividad, de las cooperativas y de las cadenas de valor que conecten a los pequeños y microproductores con los exportadores. Tenemos que generar esas alternativas sector por sector y región por región, porque las formas deben ser específicas y a la medida de cada realidad. La venta de comida es una cosa, el transporte otra, la producción agraria una diferente, y así podemos multiplicar los casos. Eso hace que el problema y su solución sean complejos, no podemos negarlo, pero no hay otra salida.

ECONOMIA Y PANDEMIA – MI EXPOSICION SOBRE EL TEMA EN SEMINARIO DEL COLEGIO MÉDICO EN ESTA GRABACIÓN A PARTIR DE LAS 3 HORAS 36 MINUTOS DEL VIDEO https://www.facebook.com/ColegioMedicodelPeru/videos/620811649759164/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

INFORMALIDAD: UNA MIRADA ECONÓMICA

La informalidad es un gran problema nacional. Para millones en Perú, sin embargo, la única forma posible de subsistencia es mediante el autoempleo o lo microempresa familiar, porque la economía no genera suficientes puestos de trabajo. Resulta indispensable pensar este tema con profundidad, conectando economía, sociedad y política. Esta es una primera entrega al respecto.

Empecemos por las cifras: tenemos dos fuentes estadísticas y tres indicadores muy distintos de trabajo formal e informalidad. Fernando Cuadros, experto en el tema, ha compilado un buen balance al respecto. Si partimos de la encuesta nacional de hogares, se suele usar como indicador si los trabajadores privados responden tener el seguro de Essalud; con esa medida el 2021 un 68 por ciento eran informales. Pero la misma encuesta pregunta a los trabajadores si tienen un contrato formal de trabajo y bajo esa medida la informalidad baja a 59 por ciento. Pero hay otra fuente de información, la planilla electrónica que las empresas deben entregar a la SUNAT mes a mes bajo amenaza de multa, y resulta que según esa fuente había 3 millones 570 mil trabajadores formales privados el 2021, mientras las definiciones anteriores basadas en encuesta indican que serían 2 millones 600 mil (dicen tener contrato) o sólo 2 millones 80 mil (se consideran afiliados a EsSalud). ¿Cuál es más certera? Es improbable que las empresas registren en la planilla más trabajadores que los que realmente tienen, porque eso les significaría un mayor pago de contribuciones. Siendo así, un error más probable seria que cuando se encuesta a los trabajadores, estos no tienen claro que tienen Essalud o contrato de trabajo.

FORMAS Y CAUSAS

Hay que añadir, además, que los trabajadores informales pueden serlo por dos razones distintas. La primera es si la empresa o microempresa es toda ella informal, como podría serlo una pequeña tienda o peluquería; en este caso la informalidad está marcada principalmente por la tributación. La segunda razón es cuando una empresa, vendiendo con factura y pagando a la SUNAT, tiene trabajadores sin contrato o camuflados como si solo prestaran servicios, configurando una evasión parcial de contribuciones.

¿Por qué la informalidad? El asunto de fondo es que mientras la mayoría trabaje en autoempleo o microempresas apenas en la sobrevivencia, será poco lo que se pueda avanzar frente a la informalidad. Para la derecha ultraliberal y la Confiep, toda la informalidad se debería a que sería muy caro para las empresas tener a los trabajadores como formales, según ellos porque tienen que pagarles gratificaciones, CTS y seguro de salud. Ellos ocultan que los salarios en Perú son muy bajos comparados a otros países, mucho menores que en Chile, Colombia o Argentina. Si faltan puestos de trabajo formales en el Perú no es porque el costo laboral sea muy alto, sino por el escaso desarrollo de sectores que usan intensivamente trabajo, como el agro, el turismo y los servicios. La diversificación productiva es la clave y requiere una política clara.

En estos rubros hay muchas micro, pequeñas y medianas empresas con gran potencial, pero enfrentan diversas barreras. Una de ellas es que el crédito les sigue siendo escaso y caro; y no ayuda que con el ajuste monetario del BCR un préstamo les cuesta ahora 6 por ciento más que hace año y medio. Otro problema es el esquema tributario. Tenemos un sistema de impuestos a las pymes inefectivo y mal diseñado, que quisimos cambiar con nuestra propuesta de reforma tributaria el 2021. La idea era que la propia SUNAT pre-hiciera las declaraciones de impuestos a las pymes, con tasas preferenciales que desincentiven la evasión y promoviendo su inversión permitiendo una depreciación super-acelerada en un año. Pero la comisión de Constitución del Congreso bajo dirección fujimorista y de la ultraderecha actuó como el perro del hortelano: ni permitieron que mejoráramos el sistema ni han movido un dedo para hacer el sistema tributario más amigable a los micro y pequeños empresarios, algo en lo que hoy aprovechando el internet y la facturación electrónica puede avanzarse con rapidez.

LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA

Insistamos en que la principal razón por la que tenemos tanta gente en trabajo informal es que muchísima gente no tiene otra opción: simplemente no hay puestos de trabajo formales. La enorme mayoría de los informales son autoempleados, gente que trabaja por su cuenta o junto a dos o tres familiares, quizás contratando, por horas o temporadas, una o dos personas más. ¿Podemos pensar que pueden pasar a ser formales, vender siempre con recibo o factura y mensualmente pagar impuestos y presentar su ”planilla electrónica” a la SUNAT, el señor que vende periódicos en la esquina de mi casa y que trabaja solo, la señora que vende panes y emoliente un poco más allá acompañada de su sobrino apenas en horas pico, la señora que atiende una bodeguita – verdulería junto a su hijo o el joven que bicicletea delivery en una app? No, eso es inviable. La forma como otros países han salido de esta situación es creando empleo masivamente en empresas industriales o de servicios, y de esa manera quienes están vendiendo en las esquinas podrán acceder a un trabajo digno. En otras palabras, debemos pasar de tener a una mayoría como autoempleados o en microempresas, a un nivel de organización productiva de mayor escala.

Pareciera que lo único que funciona así en el Perú es la gran empresa, donde hoy predomina el mercantilismo. Tenemos ahora el agravante de que ahora entran a tallar trasnacionales buscando aprovechar con nuevas tecnologías la débil capacidad del estado para ordenar y fiscalizar los servicios. Las empresas de apps de delivery o taxis han inventado una nueva forma de operación que terceriza el trabajo en individuos aislados, informales ante el estado peruano pero actuando bajo condiciones, reglas y supervisión estrictas de la empresa privada, es decir, altamente formales en lo privado. En el camino eluden tributación, derechos laborales, seguridad y resguardo del espacio público, todo por aumentar sus ganancias. Estas nuevas apps aplican en la realidad un esquema de formalidad privada – informalidad pública, estricta aplicación de reglas privadas junto a evasión frente al estado, que ofrece comodidades a los consumidores en su uso cotidiano pero nos genera grandes problemas para la construcción de un mejor país a largo plazo.

Hay otras formas de organización económica para ganar escala: las cooperativas y asociaciones productivas. Existen bastante en el mundo pero muy poco en el Perú. En diversas metrópolis, por ejemplo, los taxis funcionan como cooperativas, en la que cada persona es dueña de su carro y lo maneja y cobra, pero mediante la cooperativa o asociación tienen compras conjuntas de combustible y carros que les permite acceder a mejores precios y financiamiento, tienen una organización de turnos y atención de pedidos, y al mismo tiempo asumen colectivamente la obligación de cumplir las normas urbanas y legales. Si uno falla, la cooperativa lo sanciona, porque si no, el estado multa a toda la cooperativa. Hemos tenido alguna vez en Lima líneas de buses de una “empresa de propiedad social”, pero hoy en el transporte urbano predomina un sistema de licencias con intermediarios tramposones o corruptos como Orión– y la reforma del transporte urbano casi no avanza (y veo improbable eso mejores los próximos años). Mejor experiencia en el Perú son las cooperativas cafetaleras, grandes y con décadas de funcionamiento. Los modelos de asociación pueden ser diversos, pero sin mejores fórmulas de organización económica, promovidos y articulados por el estado, la informalidad en la economía y en particular en sectores como el trasporte o los mercados populares donde trabajan millones, no será superada.

Acá una presentación reciente mía sobre Pandemia, Recuperación, Desarrollo y Gobernabilidad hecha en un seminario internacional sobre desarrollo de IDEAS.LAC, una mirada basada en el Perú con alcance latinoamericano

Se ha abierto un debate a partir de un decreto del gobierno precisando los límites de la tercerización, las cuales benefician a no menos de 130 mil trabajadores. La norma fue dada en febrero y se dio a las empresas seis meses para que se adecúen. Para la Confiep y quienes defienden este modelo neoliberal, es un atentado tremendo contra la inversión creadora de empleo. Sin embargo, el empleo formal privado ha crecido 7,3% en el último año, así que no se registra el efecto señalado.

En vez de repetir frases ideologizadas, analicemos en detalle el tema. Empecemos por la palabra tercerización, que para la mayoría no es de uso cotidiano. Se refiere a una estrategia empresarial consistente en que una serie de actividades que la compañía necesita realizar, las contrata con otras empresas, “terceras” en el sentido que no son la directamente encargada de la producción ni son sus trabajadores. Una empresa moderna depende de diversos productos y servicios para hacer viable su negocio; una cafetería o restaurante bien puede comprar los postres en otro lado y alquilar un local en un centro comercial que se encargue de la seguridad y la limpieza; una universidad puede contratar una empresa que atienda los comedores porque esa no es su especialización. Entendiendo eso ¿sería razonable que en un restaurante se diga que quienes atienden a los clientes, registran el pedido y cobran, preparan la comida y la sirven, sean trabajadores de una empresa distinta, es decir tercerizados? ¿o podría ser razonable que yo, como profesor universitario, en realidad no sea contratado por la universidad, si no por una “empresa especializada en proveer servicios de dictado de cursos en educación superior”? No, claro que no. En ambos casos estamos hablando de labores que son la esencia misma de los servicios brindados.

LAS TERCERIZACIONES TRAMPOSAS

Hace unos años me dieron esta información: la empresa Pluspetrol operadora del gas de Camisea tenía en su planilla siempre entre 17 y 19 trabajadores, nunca veinte. ¿Raro, no? ¿Por qué?  Porque hay un beneficio que tienen los trabajadores, consistente en que se les debe repartir una proporción (muy minoritaria) de las utilidades de la empresa. Pero esa obligación solo existe para empresas de veinte a más trabajadores. Era fácil deducir que la razón por la que esta empresa siempre tenía menos de veinte trabajadores, era para eludir la ley y negar ese reparto de utilidades, para quedarse con la totalidad de las mismas. Pero para la explotación del gas de Camisea se necesitan más de veinte trabajadores. ¿Y entonces? Fácil: los demás trabajadores necesarios no estaban en la planilla de Pluspetrol si no contratados por una “empresa tercerizada”. De esa manera Pluspetrol Camisea registraba menos de 20 trabajadores y no repartía utilidades, quedándose los dueños capitalistas con mayores ganancias. Como si quien atiende una cafetería o un profesor universitario, realmente no fueran empleados directos, sino terceros, usando el pretexto de un “servicio especializado”.     

Este ejemplo es una muestra de una tercerización tramposa: su objetivo no es el mejor aprovechamiento de la especialización propia de nuestra época, es sacarle la vuelta a los derechos laborales establecidos por ley. Hay varias razones por la que esto conviene a las empresas. Una es la señalada respecto a las utilidades. Pero es un ejemplo algo extremo, no sucede así en muchas empresas que tienen más de veinte trabajadores propios y también muchos “tercerizados”. En la jerga del sector minero se les conoce como “contratas” y son más de doble que los trabajadores directamente contratados por la mina. En los últimos dos años, hay 20 mil trabajadores menos contratados por las empresas mineras y 90 mil más en contratas. Puede ser algo justificado en algunos casos, pero dudo que lo sea en todos.  ¿Por qué? En primer lugar, tercerizar es una forma de debilitar a la organización de los trabajadores. Como con la tercerización en una sola mina hay varias empresas distintas, cada grupo de trabajadores debe tener un sindicato aparte, y si lo consiguen formar, deben presentar un pliego de reclamos y una negociación aparte, lo que hace mucho más difícil que se unan para contrapesar el poder empresarial. Así, si el sindicato de la empresa principal va a un paro, los “tercerizados” siguen trabajando y la presión sobre la empresa es mucho menor.

La responsabilidad frente al incumplimiento de la legislación laboral y frente a riesgos de seguridad es otra razón. A algunos trabajadores se les somete a contratos ilegales y se les pone como “prestadores de servicios” para no pagarles gratificaciones y CTS, o no se protege suficiente su seguridad en el trabajo (recuerden el terrible accidente en un McDonald´s en el que murieron dos jóvenes). Pocos logran defender exitosamente sus derechos ante el poder judicial, pero si son trabajadores tercerizados, la empresa principal no asume el costo; lo asume la “empresa contratista”, y si el reclamo es por una suma muy grande, simplemente no lo paga, quiebra y luego registra la empresa con un nuevo nombre. Eso le resultaría mucho más difícil de hacer a la empresa principal, porque es la titular de las concesiones, permisos y licencias que necesitan para operar.

GRAN COSTO

Por estas razones, es necesario regular la tercerización, que no se abuse de ella. El decreto aprobado establece que el “núcleo” de la empresa no puede ser tercerizado. Como yo lo entiendo, el restaurante o café en un centro comercial, si puede encargar a otra empresa la seguridad y la limpieza, pero no la cocina ni la atención. Una universidad puede contratar con otra empresa un servicio de comedor, pero no uno de “clases especializadas”. Son ejemplos simples, mientras la realidad empresarial produce muchas cosas diferentes con formas de organización propias a cada sector que es necesario reconocer y regular adecuadamente. Simplemente señalar que no se puede tercerizar el “núcleo” de la empresa deja amplio lugar a interpretaciones, y cuando algo queda indefinido, genera incertidumbre, da ventaja a los poderosos y abre espacio a la corrupción. Es necesario controlar los abusos anti-laborales y anti-sindicales pero manteniendo las ventajas reales de la especialización y basándose en una regulación transparente y clara.

No hay que perder de vista, sin embargo, el asunto de fondo: en nuestro país la sindicalización es muy baja, los trabajadores están muy desprotegidos, los salarios son reducidos y las ganancias empresariales son grandes. Mientras los ingresos por trabajo representan alrededor del 60% del PBI en los países desarrollados y se acercan a dicho valor incluso en algunos países de la región, en el Perú ahora apenas llegan a 30%. Los trabajadores mineros han perdido 26% de su poder adquisitivo los últimos dos años. La industria hoy produce 6 por ciento más por trabajador que en el 2019 pero sin aumentar salarios. A la base de esta situación está que el porcentaje de trabajadores sindicalizados en el sector privado es apenas 5 por ciento. Hay que ser claros, sin embargo, que en este terreno hay un problema mucho mayor que la tercerización: más de 70 por ciento de trabajadores formales tienen contratos a plazo fijo, los que en la práctica impiden la sindicalización porque al que promueve la organización de los trabajadores, simplemente no lo renuevan el contrato, y eso sí que requiere una reforma urgente.

El aporte de los trabajadores a la creación de la riqueza es obviado por la derecha pro-empresarial, como si no fuéramos parte indispensable de cualquier empresa o institución. Es necesario insistir en que la creación de valor se produce mediante la colaboración de las empresas privadas con el Estado y los trabajadores, debe haber mayor justicia en la distribución del ingreso y para ello la ley debe resguardar los derechos de los trabajadores.

texto editado

De la presentación realizada en Foro del Colegio M´édico

6 de octubre 2022

Voy a hacer un repaso de la evolución de la economía en relación con la pandemia del Covid19 en el Perú, poniendo énfasis en tratar de responder tres grandes preguntas. La primera es: ¿si como dicen algunos sectores la economía peruana había funcionado tan bien entre 1992 y el 2019 cómo es que tenemos 240,000 muertos y una tasa de mortalidad de las más altas del mundo? Lo que quiero analizar es si resulta válida la idea de algunos economistas de que el crecimiento es todo lo que importa, mientras al mismo tiempo constatamos que en pandemia, luego de haber crecido, hubo tan alta mortalidad. Esa es a mi juicio la primera gran pregunta a responder sobre la economía y la pandemia.

La segunda gran pregunta que quiero intentar contestar es en relación a lo que se dijo en el momento crítico de la pandemia en el sentido que: “No podemos seguir con la cuarentena y con estas medidas restrictivas de aforos porque se está matando la economía” ¿Eso era verdad o no era verdad? Esta idea llevó a que se presentara la situación como una que exigía escoger entre salud o economía, se argumentó que había que escoger solo una de las dos, una disyuntiva terrible.  Pero ¿era verdadero ese dilema o no? ¿había que escoger entre salud o economía, una u otra, necesariamente, o había otra forma de entender la situación?

Y lo tercero que quiero preguntar es ¿cuáles son las lecciones desde el punto de vista del estado peruano, y propongo la pregunta no de una manera restringida en relación a posibles nuevas pandemias y la salud pública, sino incluso de una manera más amplia, ampliando la mirada hacia la estrategia de desarrollo y las relaciones entre el estado y la sociedad.

ANTECEDENTES

La economía peruana entre el 2,000 al 2019, y posteriormente, ha sido marcada por una política neoliberal; una política donde ha dominado el libre mercado. A a las grandes empresas, se le ha dado muchas facilidades, ventajas y beneficios, predominando una lógica de priorizar el sector primario exportador con una extrema debilidad del estado.

Teníamos un PBI retrasado debido a la gran crisis de los 80s y hasta 1992, y además tuvimos un contexto en el cual los precios de nuestras exportaciones, los términos de intercambio fueron muy favorables. Respecto al año 2000, el 2013 eran prácticamente el doble. Esto significa muchos más dólares ingresando al Perú. El país tuvo condiciones internacionales muy favorables.

En base a esto, logramos un crecimiento que fue récord entre los medianos y grandes países latinoamericanos entre el 2,000 y el dos mil y el 2019. Logramos una gran por fortaleza fiscal, reducción de la pobreza, mejora en los indicadores de desnutrición crónica infantil y de varios otros indicadores de salud, ampliación de la cobertura de la educación inicial y superior. Como consecuencia de ello, pobreza se redujo.

Si uno analiza el crecimiento con más detalle, lo podemos ver en el cuadro adjunto. Entre el 2001 y el 2010 América Latina creció 3,1 por ciento anual en promedio y el Perú 5,6. Los cinco años siguientes: América Latina creció en promedio anual 1,4 y nosotros 4,8. 

En términos de deuda pública, de fortaleza fiscal, el Perú el 2,019 era de los países que tenía menos deuda en América Latina. En promedio América Latina tenía el doble de deuda pública, como porcentaje del PBI, que el Perú. No estábamos particularmente endeudados, teníamos un espacio fiscal, una excelente clasificación crediticia, había amplio espacio para que el estado pudiera tener recursos en caso de urgencia. Y nuestras reservas internacionales eran excelentes.

Pero había varios problemas que no se estaban viendo. El crecimiento estaba disminuyendo, se estaba ralentizando, iba cada vez más despacio. Nuestra economía no era muy compleja, ni se había diversificado, no había creído mucho el empleo, había alta desigualdad, bajo gasto social y baja presión tributaria.

En este gráfico, en el espacio verde se muestra el porcentaje de la población está en el autoempleo, el micro empleo y su productividad es muy baja. Se ve como desde el año sesenta hasta el momento seguimos con una enorme parte de la población como vendedores ambulantes, pequeños campesinos, gente que tiene una productividad muy baja. Apenas una pequeña parte de la población, a pesar de todo este crecimiento, ha pasado a tener trabajar en sectores de mayor productividad, que son los mayormente formales.

En términos de la complejidad de nuestra economía, de nuestra tecnología, hemos avanzado muy poco. El Perú esta en el puesto 94 de 127 países evaluados (Información provista por la Universidad de Harvard), y con tendencia al descenso en los últimos años, mientras que pueden ver como México, Colombia o Chile estaban bastante por encima.

Tenemos una alta desigualdad que se mantiene elevada, y la opinión de la gente sobre la distribución de la riqueza en el Perú es que solo 15% cree que la distribución es justa o muy justa. 85% de los peruanos consideran que a la distribución del ingreso es injusta o muy injusta, según los últimos datos de Latinobarómetro.

La capacidad de las instituciones púbicas, en la región y sobre todo en el Perú, de corregir las dinámicas desigualadoras del mercado, son muy limitadas. Un elemento esencial que hay que tener en consideración es: ¿cuál es la capacidad del Estado? La capacidad del estado tiene muchos indicadores pero hay uno muy importante que son sus recursos financieros; porque como dicen: “la salud no tiene precio, pero como cuesta”. Los ingresos del gobierno general en el Perú en 2019, año antes de la pandemia, estaban bastante bajos.  Si nos comparamos con Colombia, un país vecino a nosotros, ellos tienen diez puntos más del PBI de ingresos, es decir, un 50% más; por cada dólar que hay en el Perú, en relación con su economía y a su tamaño de la población; les he hablado de Colombia para ser un poco modesto, pero se supone que el Perú quiere entrar a la OCDE y estamos en la mitad de ese nivel.

Y por eso muchos países de América Latina hicieron un esfuerzo sostenido, en este milenio, aumentando su presión tributaria, no en términos exagerados, digamos, en cuatro puntos del PBI, cinco puntos del PBI. No es una revolución; en España, cuando entró a la Unión Europea, elevó su presión tributaria en más de diez puntos del PBI. En cambio, el Perú prácticamente no logró mayor avance.

Entonces llegó la pandemia. Y la pregunta, repito, es esta: si tenemos una gran economía, fortaleza fiscal, poca deuda, y para algunos todo iba muy bien, porque razón tuvimos una de las mortalidades más grande del mundo.

No me voy a detener en las explicaciones primarias, digamos los determinantes más inmediatos de la salud, pero sí analizando su vinculación al tema económico. Sabemos que en indicadores como: médicos por habitante, camas UCI por habitante, cualquiera de estos indicadores básicos de la oferta de salud, estamos a la cola en la región.

 A la par, registramos los mayores niveles de informalidad en el empleo en la región, debido al tipo de crecimiento que tuvimos. La baja capacidad de estado esto también ha dado lugar a estos otros factores de riesgo en la pandemia, como la baja cobertura de internet: Perú 53%, muy por debajo de Chile, Brasil, México; y por supuesto muy por debajo de Dinamarca y Estados Unidos. Otro indicador es el acceso sistema financiero:  Perú alcanza el 40%, mientras que Chile 74%. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando se quieren pagar bonos, cuando se quiere hacer alguna medida de apoyo, hay un problema con el sistema operativo de pagos.

Clave es que el Perú tiene un nivel de informalidad laboral muy alto respecto a otros países. En la base de eso tenemos millones de personas que tienen que estar vendiendo en las calles, o haciendo una pequeña peluquería en su barrio, o teniendo dos hectáreas de agricultura para subsistir en el campo. Su productividad es muy baja.

El balance general es que el crecimiento económico no lo es todo, la economía no sube automáticamente todos los botes, como lo hace el mar. Nuestra economía tenía una serie de problemas, que explica por que la economía ya se estaba deteniendo previamente al inicio de la pandemia. Tenía ciertos pies de barro, pero sobre todo generaba estos elementos que favorecieron el desarrollo de la pandemia: Informalidad, inequidades sociales, poco internet, y desde luego la debilidad del sistema de salud, que tiene varias explicaciones, pero que resalto la económica: el escaso financiamiento. Es por un tema de recursos. Por ejemplo, respecto a la cantidad de médicos que hay en el Perú, si son pocos o muchos, hay dos miradas. Respecto a los médicos que necesitamos son muy pocos, pero respecto a las plazas existentes, hay una gran cantidad de médicos que salen de la universidad y no consiguen plazas. Es decir, necesitamos muchos más médicos, pero el Perú no está pagando por la cantidad de médicos que necesitamos. Más que no haber tenido una suficiente cantidad de formación de médicos; no hemos destinado suficiente dinero para pagarle a los médicos de la salud pública peruana.

EL DILEMA SALUD-ECONOMÍA EN LA CUARENTENA

Veamos el segundo tema. La economía con la cuarentena. Se dijo. “Hay que detener esto, esto fue la peor decisión que se tomó en el Perú porque la economía se fue al agua y esta caída es irreversible”. Pero no fue irreversible.

Esta caída del PBI producida por la cuarentena efectivamente fue de las más grandes de América Latina. Casi ningún país de América Latina tuvo una cuarentena tan fuerte y tan restrictiva como la del Perú; y una caída del producto bruto interno tan grande como la que tuvimos acá. Pero la recuperación se logró en un plazo relativamente corto. Podíamos soportarlo.

En el intermedio, se tomaron decisiones críticas, lo que debe ser evaluado por la salud pública. A fines del 2020 comenzó la segunda ola y cuando estaba comenzando, economistas influyentes en el gobierno dijeron: “no hay que preocuparse porque ya tenemos inmunidad de rebaño, no hay que detener la economía”, y la economía siguió, pero tuvimos cien mil nuevas defunciones. El número es escalofriante. Algunas decisiones críticas que se han tomado, en función de priorizar la economía antes que la salud pública, probablemente han tenido un alto costo en vidas humanas.

La esencia aquí es tomar lecciones para el futuro, y la próxima vez no debemos plantearnos  este falso dilema: salud o economía. Si frenamos un poco la economía esto nos trae abajo para siempre. La evidencia muestra que no es así. La evidencia muestra también que esa recuperación económica sucedió en otros países en la región, como Colombia o Chile, y un elemento clave para una recuperación más permanente, ha sido la vacunación, me parece que eso está bastante claro.

La inversión privada que estuvo detenida el 2,020, porque  la construcción estaba casi prohibida durante un periodo, se recuperó. La inversión privada y la inversión pública se recuperaron totalmente el 2021. Hace poco, este año se dice: “¡Huy! La inversión privada va a crecer cero por ciento”. Sí, pero lo que ha resaltado entre otros Julio Velarde Presidente del Banco Central de Reserva, es que el 2021 no solamente la inversión privada creció 37%, fue el 15% más que la del 2,019. Si este año estamos en este nivel, es como si tres años seguidos, la inversión privada hubiera crecido 5%. En estas circunstancias de crisis económica internacional eso no está nada mal. Con la inversión pública, ha pasado algo parecido, hay un rebote pero mantenemos un nivel de inversión pública que es bastante bueno.

La gran lección es que la economía peruana es resiliente, responde rápidamente ante un golpe tan duro como fue una caída del producto bruto de 40%, una cifra brutal, pero la caída duró muy poco. El mayor desastre del siglo pasado, que ocurrió entre los años 88 y 89, en el primer gobierno de Alan García, la economía peruana cayó un 30%. Esta vez la caída fue proporcionalmente mayor, pero duró un corto periodo. Concluimos que la caída fue brutal, pero la economía peruana tiene una resiliencia al respecto si se toman las medidas macroeconómicas adecuadas y se controla la pandemia.

Quiero regresar aquí a un elemento de discusión adicional, sobre un tema crítico de las políticas para enfrentar la pandemia: ¿El Estado pudo haber hecho un mayor esfuerzo fiscal?, ¿Pudo haber puesto más dinero para los bonos y para el sector salud en los años críticos de 2,020 y 2,021? Y la respuesta es: Desde luego que sí, fácilmente, holgadamente, sin ninguna duda.

¿El gobierno hizo un esfuerzo significativo para poner dinero al sector salud? Sí. ¿Y dio una cantidad de bonos? Sí. ¿Pero ese bono de trescientos ochenta soles pudo haber sido de mil soles? La respuesta clara desde el punto de vista del espacio fiscal es: Sí, sí pudo. Uno puede evaluar las cifras y verá que en el caso de que se hubiera dado ese bono, la deuda pública del Perú no habría subido significativamente. En vez de estar en 35% podría estar 37%; hubiéramos estado aún muy por debajo de lo que está el promedio de países emergentes de América Latina y de lo que se considera razonable en el Perú. Por si acaso este nivel de deuda pública del Perú, el Fondo Monetario Internacional lo calificó dentro del decil (10%) más bajo entre todos los países emergentes, o sea, había espacio fiscal. Entonces ahí hay una gran lección: ¿en un momento crítico se puede fuertemente mover todos los recursos posibles para ayudar a la gente? ¡Sí!

Esto es importante puesto que uno de los grandes problemas, respecto a la primera cuarentena, fue que la gente tenía hambre y por eso dejaron de respetar la medida. Lamentablemente el primer bono demoró en llegar. El primer bono era anunciado para 2´700,000 personas básicamente rurales beneficiarias de programas sociales; pero había varios millones en Lima y las principales ciudades que no tenían que comer, y de esa población los beneficiarios del primer bono no eran ni el uno por ciento. Se demoró mucho en tomar una decisión de un apoyo amplio, de espíritu universalista, a la gente que lo necesitaba. Ahí me parece que hay un tema que alguien debería investigar con más detalles, sobre lo que pasó en esos momentos críticos.

EL ESTADO PERUANO

Quiero concluir la presentación con una mirada más amplia del tema, no solo económica: el estado peruano está en crisis, es demasiado débil.

La primera debilidad económica del estado es que tiene poca plata y destina poca plata a salud y a protección social. Cualquier comparación con otros países muestra que el Perú gasta muy poco en protección social y en otras cuestiones sociales, como vivienda y transporte público, elementos que agravaron la pandemia. Pero el mayor problema que tenemos ahora, y que la pandemia lo desnudó y lo agravó, es el de un estado débil, y esta crisis le ha generado una crisis sumamente aguda a este estado. Un primer componente de esta crisis del estado se refiere a la inestabilidad política. Este es el quinto gobierno en cuatro años y no sabeos cuánto durará. Hemos pasado de tener una democracia que solía cambiar presidentes cada cinco años, a ser un país que suele cambiar presidentes cada año.

Más allá de la coyuntura política, la crisis del estado tiene causas estructurales. El 85% de los peruanos cree que el gobierno es para beneficiar a unos grupos poderosos. Esto los cree ahora, y los creía hace varios años consistentemente; eso lo mide una encuesta que se llama Latinobarómetro. 85% de los peruanos cree que el acceso a la educación, a la justicia, a la salud son injustas. Hay una enorme desigualdad que hace que la gente no quiera al gobierno; lo cual es lógico si la mayoría cree que el gobierno es para beneficiar principalmente a unos poderosos, con el agravante de que viene la pandemia, el momento más crítico de nuestras vidas, cuando nuestros familiares están entre la vida y la muerte y el Estado es un fracaso total, no cubre para nada las necesidades que tenemos por ningún lado.

Uno confía en alguien, en una institución, cuando en el momento crítico está a tu costado. “Uno conoce a los amigos en los momentos difíciles” dicen, pero el Estado en estos momentos tan difíciles no fue nuestro amigo. Frente a la debilidad del estado, que creo que es el gran problema nacional, la gran lección que nos deja la pandemia puede ponerse así: con un estado tan débil y en crisis como éste, no resolvemos ni la pandemia ni la salud pública ni la economía ni el bienestar social. El estado requiere recursos y para eso una reforma tributaria es esencial. Es una lógica muy directa y fuerte en términos de pensamiento económico: Sin plata no hay salud, el estado necesita plata para dar la salud, y tiene que sacarla de los impuestos. No hay que ser economista para entender esto.

Clave en la debilidad del estado es la informalidad. Hay muy pocos empleos en las grandes empresas y en las medianas empresas. Millones sobreviven en el autoempleo. Por ejemplo, el señor que vende periódicos; la señora que tiene su tiendita, que vende unas cuantas cositas, que trabaja sola. Esto da una baja productividad y un nivel de subsistencia ínfimo, que nos lleva a la imposibilidad de fiscalización por parte del Estado. No hay Estado que funcione con esa estructura productiva. Estos agentes productivos no solo son informales, son informalizables, ¿podríamos pensar qué todo ese sector pueda ser formal?, ¿podríamos pensar qué el Estado va a pedirle recibo a cada uno de los productores de papa de los mil ochocientos distritos de Perú porque les rebajamos los impuestos?, ¡es imposible! Y eso genera un círculo vicioso, porque el estado es débil, el estado no fiscaliza, si el Estado no responde a las necesidades de la gente, se multiplica una lógica individualista, inclusive “antisocial”, reflejada en todas estas discusiones respecto de si usamos mascarillas o si respetamos a la colectividad.

Hay otro gran nudo que ata esta debilidad del Estado, y es que el junta la informalidad con la desigualdad. La otra gran razón por la que la gente tiene una gran desafección  por el Estado, se mantiene en la informalidad, no respeta las reglas y no confía en lo que el Estado le dice, es porque el 85% cree que el Estado funciona para beneficiar a unos cuantos grupos poderosos. ¿Y por qué piensan así? No son ni amnésicos ni irracionales. Es por la enorme desigualdad que existe en el Perú. El que tiene dinero y tiene Covid puede ir a una clínica privada y gastar los cien mil soles que le piden por una semana de cama UCI, pero si no tienes plata, sólo si tienes suerte logras acceder a esa atención especializada de salud que es cuestión de vida o muerte. Esa realidad se repite en muchísimos ámbitos de la vida, pero nada lo refleja con más crudeza que el hecho de que ni siquiera cuando está nuestra vida en juego tenemos un mínimo de igualdad. Si en condiciones cuando está en juego la vida y la muerte hay una distancia tan gigantesca entre los distintos sectores sociales, entonces ¿no es entendible qué alguien que está en esas condiciones de desventaja no tenga mucho ánimo a favor de actuar en pro del bien colectivo y del estado que supuestamente representa ese bien colectivo?

Creo que lo que estamos viviendo ahora es que tras la pandemia ese sentimiento se ha llevado al extremo, hay un sálvese quien pueda generalizado, originado en las condiciones tan letalmente desiguales que hubo durante la pandemia.  Siento que en los distintos estamentos del Estado y de la sociedad cada uno baila con su propio pañuelo, y el que puede por las condiciones sociales o económicas que tiene, saca más ventaja. Considero que hay una enorme destrucción del sentimiento colectivo, del sentimiento de nación, sin el cual no tenemos Estado y no tenemos desarrollo y ni tendremos salud pública. Para mí esa es la gran lección que pone en evidencia la pandemia.

• 6 octubre 2022 – desde las 3 horas 30 minutos del video