El congreso agarrándonos de sorpresa aprobó un proyecto de ley para facilitar la deforestación de nuestra amazonia. Como si no fuera suficiente que perdamos 200 mil hectáreas de bosque cada año y que ese ritmo se encuentre en alza. Esta ley anti-amazonia se ha aprobado con el apoyo entusiasta de Patricia Chirinos, el fujimorismo, APP de Acuña, Renovación Medieval y los partidarios de Cerrón. 

Se trata, como en otras leyes de este congreso, de apoyar a los tramposos, informales e ilegales. Este proyecto de ley facilitaría que quienes han deforestado miles de hectáreas puedan tener título de propiedad y legalizar sus negocios, aún cuando no tengan un permiso legal para que esas tierras cubiertas de bosque puedan dedicarse a otros fines. En otras palabras, incluso luego de haber talado de manera ilegal o prendido fuego a miles de hectáreas de bosque amazónico con el fin de poner ganado o palma aceitera en forma masiva, ahora se podrán convertir en legales. El mundo acababa de terminar la reunión mundial COP 28 buscando acuerdos para enfrentar el calentamiento global y apenas dos días después estos congresistas de vergüenza promueven la deforestación de nuestra amazonia. Su descaro no tiene límites.

Nuestras emisiones de gases de efecto invernadero provienen en su mayoría (51 por ciento) de la deforestación y maltrato de los bosques. Por eso hemos firmado diversos acuerdos ambientales y comprometido a cuidar la amazonia, junto a los pueblos indígenas, como forma de colaborar con el esfuerzo mundial frente al calentamiento global y la protección de la biodiversidad. Pero a nuestros congresistas que se la pasan viajando por el mundo con nuestro dinero eso no les ha importado un pepino.

CONFIEP MIOPE

De entrar en vigencia, esta ley también tendría repercusiones económicas negativas. La Unión Europea ya ha establecido la prohibición de importar productos que provengan de áreas deforestadas después del 2020, y nosotros les vendemos mucho cacao, café, aceite de palma y otros productos provenientes de la amazonia. Esta ley aprobada por el congreso de Acuña, Fujimori y Cerrón va a hacer mucho más difícil para un productor probar que no está dentro del grupo prohibido; ya no bastará ser legal, porque los deforestadores también serán legales.

Hay que recordar, además, que el Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos incluye cláusulas referentes a la protección del bosque amazónico. Aunque no hay una vinculación tan inmediata en este caso, el proyecto de ley aprobado también abre un frente de riesgo por este lado. Por su parte, el Reino Unido (Inglaterra) ha anunciado que desde 2027 cobrará un impuesto adicional a los productos que generen emisiones de carbono, como sucede con la deforestación. Hay que tener claro que este tema no es menor en términos de nuestra relación con el mundo. El calentamiento global es la mayor amenaza actual a la humanidad, razón por la cual en mi gestión como ministro el 2021 nos afiliamos a la alianza mundial de ministros de finanzas frente al cambio climático e incorporamos el tema al Marco Macroeconómico Multianual.

¿Cómo entender que en esas condiciones la Confiep haya salido en defensa de este absurdo proyecto de ley? Bueno, no por gusto lo hizo casi en secreto, sin dar cuenta a la opinión pública sino sólo a sus aliados del congreso, y no han dado la cara en entrevista alguna al respecto. Resulta que la gran empresa trasnacional llamada Ochosur SA, que ha sembrado palma aceitera en zonas deforestadas y está acusada de usurpar tierras indígenas, tiene gran interés en este proyecto de ley que le permitiría legalizar su abuso.  Hay detrás de estas decisiones también una visión pasadista de la economía. El presidente de la Confiep es un agroexportador que ya consiguió que este congreso le regale a su sector 200 millones de soles anuales de EsSalud. Respaldar esta ley es insistir en un modelo económico de extracción y exportación de materias primas sin mayor procesamiento, valor agregado o dinamismo tecnológico, aunque tengan efectos muy negativos sobre el ambiente. Ese modelo nos ha llevado a una economía estancada, atrapada en los nudos que ha generado. No tiene que ser así. Nuestra amazonia puede ser fuente de un nuevo modelo de desarrollo aprovechando nuestra biodiversidad. Hace años resuena en mi mente el contraste de lo que tenemos en el Perú con la empresa brasileña Natura, de gran crecimiento, basada en aprovechar los recursos de la biodiversidad amazónica y hacerlo cuidando el ambiente. Brasil lo ha logrado en base a una educación pública superior de alta calidad, muy sólida en biología y ciencias del ambiente.  En el Perú no tenemos nada parecido, aunque tenemos una biodiversidad aun mayor y enormes potencialidades en turismo sostenible y cultural, en nuevos productos alimenticios, gastronomía, medicinas y cuidados de la salud y el cuerpo.  Ese potencial económico se está viendo también sacrificado con la deforestación creciente en la amazonia, ahora promovida por el Congreso, Patty Chirinos y la Confiep.

En vez de promover la deforestación debemos detenerla. Combatir la tala ilegal en la amazonia con un mayor control es importante. Pero nuestros bosques seguirán sufriendo una fuerte presión para su deforestación si no hay alternativas de progreso económico para los millones de peruanos que buscan progreso, sobre todo de la selva y la sierra donde la pobreza es mayor. Por varias décadas ha habido una migración importante hacia la selva por parte de jóvenes y adultos buscando mejores oportunidades, muchos en la agricultura, para lo cual deforestan el bosque, usualmente mediante la quema con un alto impacto ambiental. Es indispensable, por esta y otras razones, un fuerte plan de desarrollo de la sierra peruana con una inversión pública grande y sostenida en caminos rurales y carreteras, en pequeñas irrigaciones y sistemas de riego mejoradas, capitalización del agro, innovaciones tecnológicas y promoción de diversificación productiva rural.

INFORMALIDAD E ILEGALIDAD

La deforestación ha venido avanzando de mano de los taladores ilegales y empresarios tramposos, algunos de los cuales son delincuentes ambientales y hasta asesinos de indígenas defensores del ambiente. Esta nueva ley permitiría que ahora pasen sus negocios de origen ilícito, como legales. El congreso hace eso justo cuando la informalidad se ha agudizado y las economías ilegales se han disparado agravando la inseguridad ciudadana. Ahora se daría nuevamente un mayor incentivo a actuar al margen y en contra de la ley; se da el mensaje de que quien paga coimas para que pase madera ilegal o deforesta pero logra evitar controles a pesar de estar en tierras robadas, puede luego blanquear su negocio y hacer que lo ilegal se convierta en legal.

Al cierre de este artículo, la congresista izquierdista Ruth Luque, una de las pocas voces honestas y decentes en este congreso, ha presentado un pedido para que se reconsidere la votación que aprobó ese proyecto de ley anti-amazonia. Luque insiste que, mientras eso no suceda, la ley no sea promulgada. Ojalá sea escuchada.

La ley 31541 establece que el déficit fiscal este año no debe sobrepasar el 2,4 por ciento del PBI. Es evidente desde hace varios meses que esa ley será violada este año. El déficit ha crecido persistentemente desde que este gobierno entró al poder, llegando estos últimos meses a 2,8 por ciento del PBI. Eso significa 4 mil millones de soles adicionales de déficit, que no es poca cosa. La consecuencia directa es que como el gobierno gasta más que lo que recauda como ingresos, habrá 4 mil millones extra de aumento de la deuda pública o de vaciamiento de los ahorros estatales guardados para situaciones de emergencia.

¿Por qué el mayor déficit? Este 2023 el gasto real del gobierno se ha reducido, en especial en un tema clave como la salud pública donde se ha recortado el gasto del 2022 en 2 mil millones de soles. El aumento del déficit se debe a que se está cobrando 7 mil millones de soles menos de impuestos a las grandes empresas que el año pasado, mientras que otros 3 mil millones más se pierden porque la reforma tributaria que propusimos fue desechada por el congreso el 2021 por defender a las grandes mineras y dueños de fortunas.

Como Boluarte y Otárola repiten como loros en su discurso que todos los problemas económicos son responsabilidad del anterior gobierno, aclaremos esto. En el 2021 redujimos el déficit fiscal en 6,4 por ciento de PBI, la mayor cifra de la Alianza del Pacífico; el año pasado el déficit fiscal se siguió reduciendo y bajó a 1,7 por ciento de PBI. El Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas que aprobó este gobierno en abril decía que el déficit sería este año de 2,1 por ciento del PBI, es decir, unos 7 mil millones menos de lo que es ahora. También dijeron que el PBI crecería 2,5 por ciento y ya sabemos que el 2023 cerraremos la producción nacional en negativo. Esas proyecciones las hicieron a cinco meses de gobierno, cuando ya había pasado la oleada de protestas de diciembre-enero, el Yaku y el Niño Costero. ¿Si este mayor déficit de varios miles de millones de soles, al igual que la recesión, fueran culpa del anterior gobierno y los desastres climáticos, como se explica que en abril dijeron que creceríamos 2,5 por ciento y el déficit sería 7 mil millones de soles de lo que es? ¿Acaso todo lo que pasó el 2002, las protestas y los desastres climáticos no eran conocidos en abril? Si los resultados son mucho peores de lo que ellos mismos proyectaron en abril y de lo que mantuvieron al presentar el presupuesto 2022 a fines de agosto, no tiene lógica culpar a lo que sucedió varios meses antes de esas fechas. La responsabilidad es de este gobierno.

CONGRESO PERFORADOR E IRRESPONSABLE

La ley fiscal 31541 fue aprobada por este Congreso hace poco más de un año, con el respaldo completo de la alianza derechista que hoy sigue dominando ese poder. La ley dice claramente que el tope de déficit es 2,4 por ciento del PBI para el 2023. Pero es este mismo congreso el que ha aprobado exoneraciones tributarias y presupuestos adicionales que aseguran que se violará la ley e incumplirá la meta este año.

La principal razón del déficit no es un exceso de inversión pública o gasto corriente, los que se han reducido en términos reales. La causa del mayor déficit es la caída fuerte de los ingresos tributarios. Se han desplomado. Este congreso con los votos de la alianza entre la ultraderecha (Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Alejandra Tudela y Maricarmen Alva) y los seguidores de Vladimir Cerrón (incluido su hermano Waldemar) nombró al Tribunal Constitucional que perdonó 12 mil millones de soles de deudas tributarias a las más grandes empresas – y que luego liberó a Fujimori. El mismo Congreso aprobó leyes dando exoneraciones tributarias a los grandes hoteles y restaurantes, sin aliviar la carga de los pequeños dueños de alojamientos y puestos de comida. Han seguido aprobando nuevas leyes de exoneraciones tributarias y facilitando la evasión, promulgados con la complicidad de Boluarte-Otárola, regalando hasta 8 mil millones de soles que se necesitan para que los pueblos puedan tener carreteras y caminos, obras de agua y desagüe, salud y educación. No les importa mientras se transfiera millones a los alcaldes consentidas de Nicanor Boluarte, el que puede hacer “lo que le da la gana” a decir de su hermana dictadora.

La irresponsabilidad del Congreso no ha parado ahí. Hace poco aprobaron el presupuesto 2024, con una repartija en la cual añadieron 200 millones al presupuesto del Congreso (es decir, para ellos mismos, sus viajes y allegados) y añadieron mil millones a la lista de sus proyectos preferidos. Este presupuesto es excesivamente optimista en cuanto a los ingresos dada la recesión y la tendencia de la recaudación tributaria. Pero no ha comenzado a ejecutarse y ya empezaron a perforar sus ingresos. El Congreso acaba de aprobar una nueva ley exonerando de varios impuestos a un sector de empresas, junto a lo cual está regalando cientos de millones de soles de la seguridad social (EsSalud) a los agroexportadores que provocarán aún peores atenciones de salud y menos medicinas a todos los trabajadores en planilla y sus familias. Anteriormente calculé este regalo era de unos 400 millones de soles en base a la propuesta del “Plan Unidos” del gobierno de dar este subsidio por dos años, pero ahora el congreso lo ha aprobado por cinco años. Uno de los beneficiarios del regalito es José Chlimper, quien fuera secretario general de Fuerza Popular y candidato a la vicepresidencia con Keiko Fujimori, junto a su hermano que puso 200 mil dólares a la campaña keikista por traerse abajo los resultados de las elecciones del 2021. Vaya, vaya, qué coincidencia.

En estos días, ha salido a luz una polémica entre el MEF y el Presidente del Consejo Fiscal. Curiosamente, en esta discusión no se dice nada de la brutal caída de los ingresos tributarios ni de los regalazos del congreso a los grandes empresarios, que generan un desfinanciamiento enorme de las inversiones sociales que necesita con urgencia el Perú. ¿Queremos o no mejor educación, mejor salud pública, agua para todos, caminos y carreteras llegando hasta los pueblos más alejados? ¿Eso acaso no requiere de presupuesto, que en un país tan desigual como el nuestro debiera ser financiado con aportes de quienes concentran la riqueza y obtienen ganancias extraordinarias? ¿Hay posibilidades de crecimiento económico y construcción de nación sin cubrir los déficits básicos de infraestructura, capital humano y justicia social? Eso es lo que este gobierno congresal está sacrificando, y con ello, nuestro futuro.