¿Cómo le ha ido a los trabajadores en planilla este último año? El salario promedio es de sólo 2,688 soles, de acuerdo a la planilla electrónica de agosto registrada por la SUNAT, pero debemos advertir que lo que llega a sus manos es bastante menor ya que para las AFPs se descuenta 13 por ciento, es decir, en promedio unos 360 soles. Al trabajador le quedan entonces apenas 2,300 soles. Este es el promedio, que incluye desde la gran cantidad que gana el mínimo (apenas 1,025 soles) o poco más, y los gerentes que pueden llevarse 30, 50 o 100 mil mensual.

En este año de cogobierno Dina-Congreso el salario promedio real de quien está en planilla ha caído en 4 por ciento. ¿Qué quiere decir “real”? Que un trabajador durante el gobierno de Dina ha podido comprar, con su salario, 4 por ciento menos que el año anterior; eso para el trabajador promedio es como si le hubieran sacado 100 soles de su bolsillo. ¿Cómo así ha pasado esto? Sucede que mientras las empresas han subido sus precios en 5 por ciento, prácticamente no han dado ningún aumento a sus trabajadores.

Si este es el promedio, peor es lo sucedido con quienes ganan el salario mínimo. Ellos hoy siguen ganando los mismos 1,025 soles que en febrero 2021; desde esa fecha hasta ahora ellos ya han perdido 12 por ciento de su salario real. Los que están sufriendo con la crisis económica son sobre todo los trabajadores.

En estas condiciones de ingresos reducidos de los trabajadores ¿no es lógico que las ventas locales desde hace varios meses estén deprimidas? ¿que los restaurantes estén con menos clientes? ¿que la demanda por ropa, zapatos y muebles se haya reducido afectando a las pequeñas empresas que fabrican y comercializan esos productos? Las consecuencias de la caída de los salarios reales sobre la demanda, y por esa vía sobre la industria, la construcción y los servicios urbanos, es nítida, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay otros factores detrás de la recesión, como la caída de la inversión, las altas tasas de interés y el descrédito del gobierno, pero este achicamiento de la capacidad de compra de los trabajadores es una causa básica.

Frente a esta situación ¿no queda sino resignarse al “libre mercado”? ¿no es posible tomar medidas en defensa de los salarios? En Estados Unidos, los trabajadores de la industria automotriz, un sector importante, han sostenido una larga lucha por mejorar sus salarios afectados por la inflación y el presidente Joe Biden ha ido hasta el piquete de huelga a apoyarlos. Finalmente han logrado aumentos de salarios de 25 por ciento y también que los contratados de manera temporal pasen más rápidamente a trabajadores permanentes. En Alemania, la inflación supera el 6 por ciento este año pero los salarios no se han quedado atrás. En México se fijaron nuevos salarios mínimos a inicios de este año con un aumento de 20 por ciento; además del mínimo nacional hay montos mayores en zona de frontera y para más de 60 ocupaciones específicas. En Colombia a inicios de año se reajustó el salario mínimo en 16 por ciento y en estos días se negocia el aumento para el 2024 que estaría entre 9 y 11 por ciento. Pero no hay que irse tan lejos, en nuestro país los trabajadores de construcción civil han firmado un convenio colectivo con los empresarios del sector agrupados en CAPECO, logrando un reajuste salarial mayor al 5 por ciento y algunos beneficios adicionales, lo que les permite defenderse de la inflación sin las grandes pérdidas que han tenido los demás trabajadores. Sin embargo, fuera de este caso, en el Perú las organizaciones sindicales son pocas y débiles, estando sus dirigentes y miembros siempre amenazados por un despido fácil y ahora además por la represión brutal de este régimen que ya dejó sesenta muertos.

PRESIONES AGROEPORTADORAS POR REGRESAR A LA LEY CHLIMPER

Para empeorar las cosas, desde poderosos grupos empresariales hay ahora presiones para recortar aún más los derechos laborales, en particular en el sector agroexportador. Recordemos que hasta fines del 2020 regía la fujmorista “ley Chlimper”, por la cual a sus trabajadores no les daban gratificaciones en julio y diciembre ni les hacían depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). También les permitió pagar menos contribuciones a EsSalud que cualquier otro empleador, lo que significa que el 2019 obtuvieron 250 millones de soles gracias a este beneficio, subsidio que pagamos todos los asegurados en la forma de menos medicinas disponibles, colas de espera más largas y peor atención. Además, esta ley exoneraba a los agroexportadores de la mitad del impuesto a las ganancias empresariales (renta de tercera categoría), concepto por el cual el 2019 se ganaron con 383 millones de soles adicionales.

Esta acumulación de privilegios cambió un poco tras una potente movilización de trabajadores, que fueron brutalmente reprimidos en una acción policial que causó tres muertos en Virú (Jorge Muñoz Jiménez, Kauner Rodríguez y Reynaldo Reyes). Hoy los trabajadores siguen sin tener asegurado que recibirán gratificaciones o CTS en su momento y en la práctica carecen de derechos sindicales, pero reciben una bonificación de 300 soles y debieran tener este 2023 una participación de 5% en las utilidades de la empresa. Con algunos ajustes, las agroexportadoras siguen subsidiadas en su aporte a EsSalud que el resto y mantienen niveles de exoneración tributaria privilegiada. Las agroexportadoras que venden hasta 8 millones de soles anuales (hasta el 2028 según la ley) siguen teniendo el mismo subsidio de 3 por ciento de su aporte a EsSalud a costa de los demás asegurados y siguen exoneradas de la mitad del impuesto a las ganancias hasta el 2031; las agroexportadoras más grandes para este año y el próximo aún mantienen un subsidio en cuanto a sus aportes a EsSalud de 1% de la planilla y una exoneración de un tercio del impuesto a las ganancias.

Ocultando que mantienen esos privilegios, el gremio que agrupa a estas empresas (AGAP) ha lanzado una ofensiva mediática y política para que, como cangrejos, volvamos al pasado de la Ley Chlimper. ¿Está acaso en crisis la agroexportación? El BCR registra que en los ocho primeros meses de este año, de enero a agosto, los precios a los que venden sus productos en el exterior han subido en 0,6% y la cantidad (toneladas) exportadas ha aumentado 1,4 por ciento; en total la exportación no tradicional agropecuaria va aumentando 100 millones de dólares en un contexto de condiciones climáticas muy negativas (Yaku y El Niño costero). No les va mal, en particular si comparamos con la situación de los trabajadores. Regresar al pasado del fujimorismo económico no tiene justificación alguna.

Lo que necesitamos para acelerar el crecimiento agrario es en primer lugar agua, para lo que se necesita inversión pública y buena gestión hídrica, y apoyo a los pequeños agricultores de sierra y selva impulsando su asociatividad y articulación a empresas promotoras de nuevas tecnologías y mercados. Las relaciones laborales deben basarse en el respeto a los derechos de los trabajadores, promoviendo su organización y la negociación colectiva, como en el sector de construcción civil donde ha habido buenos resultados. Insistir en el “cholo barato” para concentrar más ganancias es, social y ambientalmente, un camino insostenible.

https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2023/11/LAA231101.pdf

Acá una versión en castellano – La industria y la construcción muestran caídas pronunciadas del 9% (a setiembre) y la agricultura de 4%, mientras la minería ha crecido por la nueva mina Quellaveco haciendo que la recesión peruana medida por el PBI sea ligera (-0,65%). Estos datos señalan claramente que la causa inmediata de la recesión es la fuerte caída de la demanda interna, en especial del consumo privado, debido a que los salarios nominales en el último año no han subido nada mientras la inflación ha sido de 5%. También la inversión privada ha caído por el alza de tasas de interés del banco central y la inestabilidad política generada por un régimen que está socavando la democracia y ha provocado 60 muertos violando derechos humanos. Mientras tanto, la inversión y gasto público han venido cayendo, agravando la recesión, al tiempo que el déficit fiscal ha subido hasta 2,8% del PBI debido a una fuerte caída de los ingresos tributarios causada por nuevas exoneraciones e incentivos a la evasión. Frente a esta recesión, el Congreso ha aprobado un presupuesto adicional pedido por el Ejecutivo de 0,5% del PBI sin medidas para recuperar los ingresos tributarios, aunque la ley actual fija un tope de déficit de 2,4% y no se ha modificado. Retomar el crecimiento requiere una política fiscal y monetaria reactivadora acelerando la inversión pública fuertemente y rebajando las tasas de interés, aprobar una reforma tributaria progresiva y anti-elusión y establecer una política industrial para promover nuevos sectores productivos aprovechando nuestra biodiversidad.

La recesión que finalmente tuvo que reconocer el gobierno ha abierto la discusión sobre las opciones frente a esta situación, y en particular, las distintas miradas que existen sobre la inversión privada. Habiendo diversidad, remarquemos que es un consenso que una causa fundamental de la recesión es la inestabilidad política, el desprestigio internacional y el repudio nacional al gobierno Boluarte – Otárola- Congreso. El asesinato de 60 compatriotas y el arreglo de impunidad de tales crímenes en las alturas del poder que ha sido observado por las Naciones Unidas y la OEA, la acentuada corrupción en el Congreso y sus decisiones de acabar con la democracia controlando la Junta Nacional de Justicia y a través de ella el Poder Judicial, las fiscalías y el Jurado Nacional de Elecciones son lo que nos ha llevado a este deterioro institucional de profundas consecuencias sobre la economía y la inversión.

Ante la crisis económica la propuesta más difundida en los medios concentrados de comunicación por voceros neoliberales y de las grandes empresas dice que la clave es recuperar “la confianza de los inversionistas” y para ello proponen rebajarles impuestos y recortar derechos laborales. Ya el gobierno anuncia medidas y leyes en este sentido para sectores específicos. Otros reclaman imponer como sea los proyectos mineros que han sido rechazados en algunos territorios. Tales medidas no recuperarán nuestra economía por varias razones. Primero, olvidan que ya los ingresos del estado en Perú son muy bajos, como porcentaje del PBI son la mitad que el promedio de la OCDE y un tercio menos que el promedio latinoamericano; si estos bajan más aún habría que reducir la inversión pública en carreteras, educación y salud pública aún peores de las que tenemos ahora ¿acaso con pésima infraestructura, educación pública y salud se genera un ambiente propicio a la inversión privada? En segundo lugar, hoy que la innovación y las nuevas tecnologías marcan la pauta del crecimiento económico en el mundo, el progreso no pasa por “cholo barato y sumiso” sino por aprovechar las potencialidades humanas en las empresas con un trato justo y dialogante. En tercer lugar, hay un enorme descontento social producto de la desigualdad, el centralismo y los abusos de los grandes poderes económicos, agravar esa situación sería como echar gasolina al fuego. Porque si bien las protestas sociales fueron acalladas con balas asesinas, muchos sienten la injusticia más a flor de piel y junto a la pobreza en aumento eso promueve conductas delictivas, minería ilegal y narcotráfico, e inestabilidad política. Hasta el Financial Times en un artículo reciente sobre el Perú ha resaltado eso.

Por otro lado, no debemos olvidar que 15 millones de peruanos (dos tercios del total de trabajadores) están empujando por sacar adelante sus pequeñas y microempresas, y que aún estando en pobreza la mitad de ellos, producen un 40% del PBI nacional. Ellos también producen e invierten. Estos emprendedores peruanos no tienen la opción de los dueños de la Confiep de sacar su plata del país para llevársela a algún paraíso fiscal. Para el pequeño agricultor familiar, su futuro pasa por que crezca su rebaño de ovejas, vacas o alpacas, tecnificar su sistema de riego, sacar de donde sea para comprar fertilizante y/o cambiarse a producir paltas poniendo un pequeño capital que para ellos es un gran esfuerzo y esperar un par de años hasta que las plantas produzcan. Para el esforzado emprendedor que fabrica muebles en Villa El Salvador, es también necesario invertir para renovar su maquinaria, buscar un nuevo mercado para sus productos, adecuarse a nuevos materiales y deseos de los consumidores. Lo que necesitan ellos para invertir es que las carreteras y caminos sean rehabilitados y tengan buen mantenimiento para bajar sus costos de transporte hacia las provincias, sus hijos puedan tener mejor educación para apoyar con sus conocimientos al negocio familiar que y sus trabajadores tengan la salud asegurada para que se concentren en producir mejor sin la preocupación aguda de un familiar enfermo que carece de atención, y todo eso necesita más inversión pública. Hoy les resulta urgente que el consumo nacional aumente para que puedan vender con facilidad sus productos, acceder a crédito a tasas de interés más bajas, recibir un apoyo para vincularse a cadenas de valor y mejoras tecnológicas y que pagar impuestos justos no sea un vía crucis mientras los grandes monopolios consiguen que sus deudas tributarias por 12 mil millones de soles les sean anuladas.

Desde una mirada de mayor alcance, la discusión nacional sobre la inversión, la recuperación económica y el sector privado requiere ponerse a tono con un mundo que ya dejó de creer en un estado mínimo y que la economía sea exclusivamente asunto de grandes empresarios privados. Ya no sólo es China quien ha dado ejemplo de crecimiento con inversión privada sustancial pero donde el estado orienta el desarrollo, apoya con toda fuerza las grandes innovaciones tecnológicas, impulsa la transición hacia las energías renovable y pone un pare a los nuevos billonarios cuando adquieren excesivo poder. Estados Unidos está gastando 3 billones de dólares en subsidios a sus industrias para que avancen tecnológicamente y se vuelvan menos nocivas al ambiente. Mariana Mazzucatto, quien ha adquirido mucha fama con sus libros y trabajo en una universidad londinense (UCL), ha convencido que se debe orientar el desarrollo mediante “grandes misiones” con una nueva relación de cooperación entre estado y empresas donde los beneficios del cambio tecnológico sean repartidos con más equidad entre los privados y lo público.

Insistir en ideologías del siglo pasado que priorizan la exportación de materias primas sin industrializar, con trabajadores sin derechos y bajos impuestos para que las grandes corporaciones que se llevan nuestras riquezas obtengan sobreganancias aún mayores, es cerrar los ojos ante las transformaciones mundiales y a nuestra propia historia de subdesarrollo y corrupción. Hay grandes intereses en quienes ganarán miles de millones con esas medidas, que hoy abraza el gobierno Otárola-Congreso pensando que sólo así podrá mantener un tiempo más el único apoyo real que tiene, el de la Confiep. Quizás lo logre por unos meses, pero una política que agrave inequidades tiene pies de barro, no traerá progreso y sí grandes riesgos políticos para nuestra patria.

https://canaln.pe/actualidad/exministro-pedro-francke-estamos-caida-economia-que-no-veiamos-hace-tiempo-octavomandamiento-extitular-ministerio-economia-pedro-francke-cuestiono-medidas-que-ha-tomado-actual-gobierno-ante-recesion-y-senalo-que-existe-deficit-fiscal-28-ademas-caida-recaudacion-tributaria-pais-n467006

Ya no cabe duda que este gobierno nos ha llevado a una aguda crisis económica. Nuevamente las cifras oficiales publicadas esta semana indican una caída de la producción de -0,6 por ciento de crecimiento en agosto. La cifra es un promedio de tendencias sectoriales muy dispares, con la construcción cercana a 10 por ciento de caída, la industria no primaria destinada al consumo interno cayendo 9 por ciento y la agricultura agravando su deterioro reduciendo su producción en 4 por ciento mientras la minería e hidrocarburos crecen 5 por ciento. Así, el golpe es mayor donde se genera más empleo, mientras donde se concentra la propiedad y las ganancias las cosas van muy bien, porque además los metales mantienen excelentes precios a nivel internacional.

Esta recesión tiene indicios de agravarse, ya que el PBI total, de la construcción y de la industria no primaria ha caído más que en meses anteriores y sectores que antes estaban en positivo han pasado a negativo, como los restaurantes y hoteles y las telecomunicaciones. El conjunto del sector servicios cae 0,6 por ciento según la última cifra del INEI para agosto. Datos más recientes, parciales pero indicativos, tampoco son favorables, por ejemplo la venta de pollo en Lima se redujo 2,7 por ciento en setiembre y 5,2 por ciento en la primera quincena de octubre. En suma, las cifras indican que la caída de la demanda interna y en particular del consumo, producto del empobrecimiento de la clase trabajadora, se profundiza y amplía. El cogobierno Boluarte-Otárola-Congreso fujicerronista, que siguió a pie juntillas los intereses de los grandes empresarios condonándoles impuestos por miles de millones y archivando cualquier intento de reforma tributaria, que se sintió feliz con los aplausos de los economistas neoliberales en la prensa concentrada, ha conducido al país a una recesión industrial de una magnitud que no veíamos hace mucho tiempo. Vamos camino a unas fiestas navideñas y de fin de año que pueden ser bastante sombrías para muchas familias y pequeños comercios.

Todos los datos apuntan a que la causa esencial de esta recesión es el desplome de la demanda interna. La explicación es directa – cuando las empresas venden menos, luego de que durante unas semanas se acumulan sus productos en sus almacenes, reducen su producción. En esas condiciones se inicia un círculo vicioso – si las empresas producen menos entonces deben reducir personal u horas pagadas, lo que a su vez contrae aún más la demanda, lo que a su vez afecta más las ventas empresariales. ¿Por qué está cayendo la demanda interna? La mayor parte de la demanda interna es el consumo, es decir nuestras compras de alimentos, ropa, zapatos, libros y servicios como restaurantes, peluquerías o entretenimiento. Sucede que hay en marcha un ajuste fuerte en el consumo de los hogares peruanos, por la sencilla razón que los salarios cada vez alcanzan para menos. Mientras la inflación ha carcomido fuertemente los salarios reales, el bloque derechista pro-Confiep que nos gobierna sigue pensando que lo mejor para el país es un “cholo barato” sometido con la amenaza de despidos primero, balas y terruqueo si aun así salen a reclamar. Para los medios de comunicación concentrados, a pesar de que los trabajadores por las mismas horas de trabajo ganan hoy menos 5 por ciento menos que el año pasado, es un anatema hablar de reajustar la remuneración mínima vital o apoyar que los trabajadores se organicen en sindicatos y planteen pliegos de reclamos y negociaciones colectivas, como sucede en cualquier país democrático. Hasta Joe Biden, presidente del país más capitalista del mundo, ha ido a mostrar su apoyo a la huelga de los trabajadores automotrices de su país en demanda de mejores salarios. En cambio en Perú, a pesar de que tenemos el ejemplo exitoso de negociación colectiva por rama en construcción civil, prevalece más actitudes como el de la empresa Gloria, a quien se ha descubierto pagando a empleados para que se infiltren en el sindicato y lo saboteen. El ministro de trabajo, por supuesto, no ha dicho ni pío de tremenda violación a la libertad sindical y los derechos de los trabajadores a organizarse en forma autónoma.

La inversión privada que es menos de un tercio del consumo privado, sin embargo, tiene el valor adicional de ampliar la capacidad productiva a futuro. El problema es que, aunque los grandes empresarios han obtenido del congreso fujicerronista y su gobierno miles de millones de condonaciones de impuestos y nuevas exoneraciones, la inversión privada se ha reducido. La compra de máquinas y equipos del exterior ha retrocedido 5 por ciento en el año; la producción nacional de maquinaria eléctrica ha caído 25 por ciento. Este resultado muestra que, aunque se han otorgado beneficios especiales para los grandes grupos monopólicos, en el conjunto de empresarios, incluyendo los grandes y pequeños, pesan más la inestabilidad generada por los sesenta asesinatos de este gobierno, la tasa de interés elevada y que el mercado interno se está achicando.

Las malas noticias, sin embargo, no acaban ahí. Para complicar la situación, el balance fiscal muestra un marcado deterioro. El déficit fiscal ya se encuentra en 2,8 por ciento del PBI, cuando el tope establecido por ley es de 2,4 por ciento del PBI. El estado peruano ha pasado de un rojo de -318 millones de soles en agosto a un resultado negativo de -2 417 millones en setiembre. ¿Se debe esto a que el gobierno está gastando mucho? No, en setiembre el gobierno general ha gastado 175 millones de soles menos que el año anterior, una caída real del 6 por ciento. La inversión pública, en términos reales, se ha reducido, a pesar de la enorme necesidad existente. ¿Si no hay más gasto sino todo lo contrario, como es que hay más déficit fiscal? La razón es la fuerte disminución de los ingresos del estado, es decir, se está cobrando mucho menos impuestos, como resultado de tantos favores a los grandes empresarios y de la ausencia de una reforma tributaria, con el agravante de la propia recesión.

En esta situación hay tres orientaciones de política fiscal posibles. La primera es ajustar más la inversión pública, profundizando lo que se ha hecho en setiembre; el problema es que eso reduce aún más la demanda y agrava la recesión – si hay menos obras públicas habrá menos trabajadores de construcción recibiendo su paga y menos producción de fierro, cemento y vidrio. La segunda opción es acelerar la inversión pública sin reforma tributaria, lo que ayudaría a reactivar el mercado interno pero llevará a incumplir la meta de déficit – sería ilegal pero como este gobierno lleva sesenta asesinatos sin que al respecto la Fiscal de la Nación haya hecho nada en serio pueden pensar que no una raya más al tigre no importa. La tercera y buena opción es acelerar la inversión pública al mismo tiempo que se combate la evasión y elusión de los grandes empresarios y se cobra lo justo a las trasnacionales mineras que hoy tienen ganancias extraordinarias. Así se promovería una reactivación con responsabilidad fiscal. Pero para eso se necesitaría un gobierno cuya mirada esté puesta en el interés nacional; es decir, otro gobierno.

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Precisemos primero que debemos apuntar a un crecimiento verde reduciendo la desigualdad y los riesgos y que facilite una gobernabilidad democrática. Se puede y debe crecer así. Volver a crecer dañando el ambiente y con una alta desigualdad que promueve inseguridad, conflictos, economías ilegales e informalidad, causa grandes males y hace el crecimiento insostenible. Es por esa vía de degradación institucional que hemos terminado con un gobierno como el actual que comete gravísimas violaciones a los derechos humanos y degrada la democracia.

La clave para ese nuevo crecimiento es poner en marcha nuevos motores económicos. La prioridad debe estar en aquellos sectores que generan mayor cantidad de empleo y donde los efectos positivos en inclusión social y dinamismo tecnológico sean mayores, tales como industria, servicios, agricultura, construcción y turismo. Hoy debemos dar particular importancia a la agricultura familiar y regiones de sierra y selva donde la inequidad se siente de manera más profunda. La mala conexión de los pueblos rurales, donde los caminos son apenas una huella sin mantenimiento y el internet no llega, debe resolverse mediante una masiva inversión pública. Junto a ello deben promoverse nuevas técnicas productivas agropecuarias y rurales, con fitotoldos, mejor uso del agua, agroecología y cultivos que obtengan mejor precio en los mercados, como palta, café y cacao orgánicos, quinua, piscigranjas, turismo cultural y tantos otros.

En las ciudades, para la industria y los servicios compete promover la productividad y la innovación, adaptando a nuestro país las nuevas tecnologías de la información y la inteligencia artificial, con programas públicos conectados a empresas privadas. Nuestras universidades deben desarrollar investigaciones e innovaciones que permitan dar valor a nuestra biodiversidad de manera sostenible, con nuevos productos para la salud y el cuidado personal, la gastronomía y el turismo cultural y ecológico. Las pymes y jóvenes emprendedores deben acceder a crédito barato, con un programa masivo similar a lo que fue Reactiva 2, y para las microempresas una reforma de la tributación debe hacerla justa y fácil.

En lo inmediato, corresponde reactivar nuestra industria y servicios con una recuperación de la demanda interna, tanto del consumo como de la inversión pública y privada. Reactivar el consumo requiere políticas laborales activas orientas a recuperar los salarios reales, y reformas de la salud pública y la seguridad social que reduzcan los riesgos y costos que recaen sobre los hogares. La inversión pública debe dar un salto de 1 a 2 puntos del PBI con eficacia. Para la inversión privada deben reducirse las tasas de interés y lograr una mayor estabilidad política, hoy seriamente en cuestión con una presidenta y un congreso rechazado por el 90 por ciento de la población. Un buen crecimiento necesita de un gobierno democrático que actúe en función del interés público, construya consensos ciudadanos incluyendo a regiones, trabajadores y pueblos originarios, y se relacione provechosamente y sin corrupción con el sector privado.

Luego de muchos años, sin que haya un shock externo, estamos en recesión, el PBI está cayendo y sectores como la industria muestran caídas enormes de hasta el 14 por ciento. El empobrecimiento es fuerte. La apuesta de quienes realmente gobiernan, el trípode DBA – Confiep – medios de comunicación concentrados, era que con un gobierno “a quien no le tiemble la mano” (como dice Otárola) para meter bala y asesinar a decenas de ciudadanos, lograría la “confianza de los empresarios”, la inversión privada vendría a raudales y con ella el crecimiento económico. Pero aunque seis de cada diez gerentes corporativos dicen que apoyan a Dina Boluarte, cuando se trata de invertir no ponen su dinero como habla su boca; la inversión privada este año caería en 5 por ciento (según la versión optimista del BCR). En comparación, el 2021 logramos que la inversión privada alcanzara 20,4 por ciento del PBI, más que todo el periodo posterior al boom minero, y el PBI creció en 13,3 por ciento, lo que no fue “efecto rebote” pues el BCR pronosticaba a mediados de ese año 3 puntos menos de crecimiento.

Sin duda hay razones coyunturales para esta frenada en seco del 2023. La inflación ha empobrecido a los trabajadores, trayéndose abajo el consumo y con ello las ventas en el mercado interno; responsables son el gobierno y los empresarios DBA que estaban felices congelando los salarios, dejando que la remuneración mínima perdiera valor real y – como siempre – frenando cualquier intento de reclamo con despidos. El gasto público real para servicios públicos de salud y educación, pensiones y otras ayudas sociales, se ha reducido junto a la muy necesaria inversión infraestructura, agravando la caída de la demanda; sucede que la ausencia de una reforma tributaria y las exoneraciones y perdones de deudas a los grandes empresarios le han quitado fondos al estado. El alza de tasas de interés dispuesta por el BCR ha encarecido el financiamiento de la inversión privada y la frena. Dar un giro hacia una política de reactivación con un sentido social, que vuelva a levantar la demanda y la producción para generar empleo, es urgente.

No basta sin embargo con volver a prender los motores del mismo modelo económico de las décadas anteriores. Hay un diagnóstico común que indica que el crecimiento potencial, basado en los avances de productividad, se ha ralentizado; a lo que desde la izquierda sumamos la crítica a las condiciones de desigualdad, escasa creación de empleos dignos y poco dinamismo tecnológico que produjo el modelo neoliberal. Mejorar los salarios y el gasto para educación, salud y servicios básicos ayudará a hacer realidad derechos sociales y también a reanimar la demanda y la producción, pero para lograr progresos sostenibles el estado debe tener ingresos que sólo vendrán con una reforma tributaria. Enfrentar la desigualdad, brindar derechos sociales y reactivar la demanda y el empleo son objetivos que pueden lograrse simultáneamente con un paquete de reforma tributaria, inversión pública, reformas en los sectores sociales y mejor gestión.

Apuntar a un mayor crecimiento, más equitativo y sostenible, requiere otra condición, la de animar nuevos motores productivos, que vayan más allá y superen las limitaciones del modelo extractivista. Hay que poner en marcha un desarrollo productivo diversificado. No se trata de dejar de lado la minería, que debe crecer respetando el ambiente y donde la voluntad de los pueblos lo acepte; se trata de darle prioridad a la industria, los servicios y la agricultura, donde hay mucho mayor potencial de generación de empleo y las nuevas tecnologías abren amplios espacios de progreso.

Todo esto no pasa de una ilusión si no tenemos un Estado capaz, conectado con la gente y sus esfuerzos productivos, que no esté sometido a la corrupción como sucede hoy.  El Perú tiene hoy su problema mayor con el deterioro de su débil democracia y cohesión interna, que además han afectado seriamente su capacidad estatal. Somos menos Nación que hace unos años; y a la base del problema institucional que tenemos está la discriminación, el racismo y el terruqueo contra los provincianos y provincianas. La casta de políticos que hoy nos domina desde el Congreso, con sus fiestas que terminan en asesinato, mochasueldos, viajes a Rusia y otros destinos turísticos, favores a sus amigotes y su prioridad por sacarse de encima los juicios por corrupción que tienen encima, más temprano que tarde se irán. Pero eso no resolverá todos nuestros problemas, porque la nación tiene heridas profundas y no sólo por los asesinatos de Otárola y Boluarte. Hay que tener alternativas para construir nación y estado luego de su salida.

¿Es este un problema ajeno a la política económica? ¿Todo se resolvería con reformas políticas? No. A la base de las debilidades y falencias de nuestro estado hay, entre otros problemas pero como un asunto primordial, una situación grave de exclusión económica y social, cuya resolución pasa por cambios en la política económica. Hoy, en particular, es necesario darle prioridad a una política que defienda y promueva la agricultura de la sierra y la selva, fundamentalmente de pequeños productores, comunidades y cooperativas en la ceja de selva. Son varios millones de peruanos, entre quienes se concentra la pobreza, la exclusión y la discriminación, y que son terruqueados cuando protestan. Son también quienes no han cejado en sus afanes de progreso y con su propio esfuerzo han ido elevando su productividad lentamente, pero que podrían avanzar mucho más si tuvieran caminos decentes, sistemas de riego y proyectos para que mejoren su producción. Es también un sector que ha sido muy golpeado los meses pasados por el alza de precio de los fertilizantes, inundaciones y sequías, que podrían volver a presentarse los meses que vienen con un posible Fenómeno El Niño Global. Desarrollar una gran iniciativa para mejorar y mantener sus caminos y riego, y promover mejores técnicas productivas, permitiría en el corto plazo generar empleos temporales e ir recuperando cohesión social y confianza en el estado; a mediano plazo mejorarían sus ingresos y condiciones de vida y se controlarían las migraciones que han sobrepoblado las ciudades.

En resumen, hay dos grandes orientaciones, para una economía que traiga progreso y contribuya a construir la nación con justicia y cohesión social. La primera es reactivación con reducción de la desigualdad y educación y salud de calidad para todos. La segunda, promover un desarrollo productivo diversificado dando prioridad en el corto plazo a la pequeña agricultura y a las zonas rurales de sierra y selva.

            Estamos en medio de una muy fuerte recesión donde el sector más afectado es la industria, pero la atención económica de estas semanas se ha centrado en la minería. La principal reunión anual del gremio minero, Perumin, motivó protestas de la población en Arequipa. Fue también oportunidad para que el gobierno diera mensajes contradictorios; mientras el ministro de energía y minas anunciaba que el proyecto Tía María se iniciaría el premier Otárola negaba que estuviera en la agenda del gobierno al tiempo que decía que “no le temblaría la mano”, como diciendo que a las decenas de muertos de las que él es responsable podrían añadirles varias más. El “broche de oro” de este momento minero han sido las declaraciones del presidente de Sothern, gran empresa productora de cobre en la costa sur y propietario de Tía María, diciendo que si el proyecto Tía María no está en la agenda del gobierno, “pues habrá que cambiar de gobierno”. Aunque concuerdo que nos convendría que se vaya el actual gobierno, viniendo esas palabras de alguien que no es ciudadano peruano, semejante intromisión en los asuntos internos del Perú me parece de una insolencia francamente inaceptable. La ultraderecha que se muestra indignada cuando organismos internacionales de derechos humanos, de quienes soberanamente hemos decidido formar parte, se pronuncian sobre las masacres de este gobierno, por supuesto que no dicen ni pío frente a esta declaración que es realmente una afrenta a nuestra soberanía.  

            Centrémonos sin embargo en la actual situación económica y en los asuntos que debieran ser principales en su discusión, empezando por algunos datos básicos.  El PBI ha caído -1,3 por ciento en julio, acumulando en el año una retracción del -0,6 por ciento. Pero el desempeño ha sido sumamente desigual y esos datos, que son una suma de toda la economía, promedian resultados abismalmente distintos entre minería e industria. Entre enero y julio la producción minera metálica ha aumentado en 12 por ciento, fundamentalmente gracias a la entrada en plena operación de la mina Quellaveco en el segundo semestre del año pasado, de tal manera que ese crecimiento no puede adjudicarse al actual gobierno. Quellaveco produjo entre enero y julio de este año 168 TMF (toneladas de contenido fino de cobre) mientras los mismos meses del año pasado aún no producía nada significativo; sin esa mina el crecimiento de la minería este año sería sólo de entre 2 y 3 por ciento y el PBI global sería 0,8 por ciento menos que lo estimado, de tal manera que la caída del primer semestre sería el doble de la registrada. En suma, si se ven las cifras con mayor detalle el resultado económico que tiene el gobierno Dina-Otarola-Congreso es desastroso.

            Esta conclusión resulta aún más nítida cuando se analiza lo que le ha pasado a la industria este año. Los datos más recientes indican que la manufactura no primaria, es decir la dedicada al mercado interno y no aquella de refinación de metales u otras materias primas para la exportación, cayó en -6,6 el primer trimestre, -8,8 el segundo trimestre y -12,2 en julio; lo que indica una recesión fuertísima y que se ha venido agravando. Una primera conclusión que se obtiene de ver estas cifras junto con las de la minería, es que la minería no “jala” a la industria; puede haber crecimiento minero y recesión industrial al mismo tiempo, incuso en las magnitudes elevadas, de dos cifras en ambos casos. Durante nuestra gestión en el MEF y coordinando estrechamente con el sector industrial, instalamos una Mesa Ejecutiva para promover una mayor articulación entre ambos sectores, buscando en particular que la minería le compre insumos – alimentos, equipos personales, insumos diversos, maquinaria – a la industria nacional, lo que nos permitiría un mayor crecimiento. Países como Australia y Chile han sido exitosos en esa promoción industrial; lamentablemente este esfuerzo ha sido abandonado por el estado aunque hay innovadoras industrias privadas que persisten en avanzar por este camino.

              La caída de la industria peruana es generalizada. La producción de consumo masivo se ha reducido en 5 por ciento y la de insumos ha caído en 13 por ciento. De los 16 rubros dedicados al consumo masivo interno, todos ellos producen menos ahora que el año pasado, siendo los mayores retrocesos (en 16 por ciento) en la producción de aceites, de fideos y de artículos de papel y cartón. Entre los insumos los rubros más afectados son el procesamiento de madera (36 por ciento menos) y, en medio de una crisis agrícola, los fertilizantes y plaguicidas (22 por ciento menos); pero todos los 15 rubros de producción de insumos están en rojo. La producción de ropa que se hace tanto para vender acá (lo poco que le permite la invasión de productos asiáticos) como para exportar ha caído 22 por ciento. Debido a la caída fuerte que también ha tenido la construcción, la producción industrial de cemento ha caído 12 por ciento. Esta situación hace que las fábricas estén manteniendo parte de tiempo sus máquinas paradas, hayan reducido personal contratado mediante ´services´ o tercerización, eliminado turnos y cortado horas extras si las tenían. ¿Por qué las industrias han recortado su ritmo de producción? No es porque ya no sea negocio producir, es porque sus ventas han caído fuertemente; las empresas han terminado con 50% más productos en sus almacenes y su demanda está mucho más baja que lo esperado, según lo indica la encuesta de “expectativas macroeconómicas” que mensualmente hace el BCR a los empresarios. En esas condiciones, con máquinas paradas y productos sin vender, ¿por qué debiera sorprender que muchas industrias posterguen sus proyectos de inversión?

            La causa de la recesión industrial, de la construcción y de muchos servicios, está clarísimo, es que la demanda interna se ha reducido dramáticamente este año. La caída del consumo, que arrastra al sector de insumos, se debe al deterioro de los salarios reales. Los datos más recientes, comparando el segundo trimestre de este año con el del año anterior, indican que los trabajadores formales han perdido 5 por ciento de su capacidad de compra, una reducción bastante fuerte considerando que tras la pandemia apenas habíamos logrado recuperar totalmente el valor real de estos salarios en noviembre del 2021. Esta caída de los salarios reales es producto de la inflación, de que se mantiene una remuneración mínima vital (RMV) congelada y de una política neoliberal que impide cualquier reclamo laboral bajo la amenaza de despido del trabajador.

            El actual gobierno ha llevado a un empobrecimiento tal que, según la última encuesta del IEP, si en junio del año pasado el 44 por ciento de hogares pasaban algunos días sin alimentos, esa cifra era 46 por ciento en junio 2023 y ahora es 57 por ciento; es decir, 4 millones más de peruanos hambrientos. Hoy la mayoría de peruanos compra menos aceite, fideos y ropa porque sus ingresos ya no le alcanzan, y eso significa menos demanda para las industrias. Este gobierno ha empobrecido masivamente al pueblo y ha provocado una recesión industrial de proporciones no vistas en treinta años, y ni siquiera le importa la gravedad de nuestra situación económica actual.