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La semana pasada, recordando los 50 años del golpe del general Velasco, “El Comercio” sacó un artículo diciendo que por culpa de su gobierno la economía peruana había entrado en una crisis tan profunda que solo recuperó el nivel de PBI per cápita en el 2004. Una estupidez reverenda. Qué manera de desinformar y decir tonterías.

Es verdad que la economía peruana pasó por una profunda crisis entre 1976 y 1992, con una inflación que fue creciendo hasta convertirse en hiperinflación y con un PBI que tuvo varias caídas abruptas, en particular una de 13 por ciento en 1983 y otra de casi 30 por ciento entre 1988-89. Pero es claro que la responsabilidad de esas crisis fue de los gobiernos de Belaunde y de Alan García que entonces nos gobernaron. ¿Alguien en su sano juicio puede creer que el espíritu de Velasco se hizo presente 15 años después para responsabilizarse por la hiperinflación de Alan García? Incluso la crisis de 1977-78, que a luces de lo sucedido posteriormente fue bastante menor, fue resultado de las políticas de ajuste aplicadas bajo recomendación del FMI por Morales Bermúdez y sus ministros, varios de ellos de la élite empresarial peruana como Walter Piazza. En 1983, un aperturismo absurdo promovido por Manuel Ulloa y Roberto Abusada nos llevó a un déficit comercial severo, al que luego respondieron con un ajustón brutal justo cuando se cortó el crédito internacional, generando una crisis de gran proporción. Pero “El Comercio” y la Confiep le tienen un odio especial a Velasco y siempre defienden a los suyos.

En realidad, fue la reforma agraria y educativa de Velasco uno de los factores claves en permitir que la pequeña y mediana agricultura haya crecido los últimos 25 años encima del 4 por ciento anual, como ha documentado Richard Webb. Si no hubiera sido por la Reforma Agraria, ese espíritu emprendedor que han desplegado en las últimas décadas cientos de miles de campesinos y que ha permitido el aumento de la productividad agropecuaria no hubiera sucedido, como tampoco hubiéramos tenido los alcaldes rurales y la fuerza política de base que han sostenido los caminos y conexiones rurales. Otro elemento fundamental que ha permitido la reducción sustancial de la pobreza rural ha sido la educación, algo que los hacendados frenaban o prohibían antes de la reforma agraria. Sí, esos son los cuentos que no se oyen en “El Comercio”, los de la servidumbre y los gamonales que eran dueños de la política regional, de los jueces, de la policía y de los caminos, como relatan las principales novelas peruanas de la época. Fue Velasco quien rompió las cadenas de la servidumbre y también quien dio un enorme empuje a la ampliación y modernización de la educación peruana para que esta incluyera indígenas y campesinos.

El ministro Oliva dijo la semana pasada que no se podía subir la pensión mínima a los 930 soles que es el salario mínimo porque eso costaría 2,060 millones de soles. Le parece mucho, pero no dice nada de los 10 mil millones de soles, cinco veces más, de impuestos que se “devuelven” a la minería cada año, o de un monto similar a esos 2 mil millones si se rebajaran las regalías petroleras como pretende el proyecto PPK- Keiko. Claro, para ellos se ha creado ahora una “Mesa Ejecutiva minero-energética” con la que tendrán acceso especial para hacer lobby en el MEF y mantener sus privilegios tributarios.

Por cierto, no solo los jubilados deben tener una pensión mínima; también amerita una ampliación de cobertura y un reajuste lo que se otorga en el programa Pensión65 que está congelado en apenas 125 soles mensuales desde hace 7 años,  a pesar de que en este tiempo el costo de vida ya ha subido más de 20 por ciento. Muchos países de Latinoamérica han avanzado más en este terreno y el establecer una buena base de pensiones universales no contributivas es recomendación de organismos internacionales como el Banco Mundial o la OIT desde hace más de una década, y es algo en lo que países con menor economía como Bolivia han logrado a partir de recuperar la soberanía y la renta de los recursos naturales.

Al mismo tiempo que el ministro de economía y finanzas se muestra con el puño cerrado frente a los pensionistas y adultos mayores, sin embargo, es otro el cambio legal que se mueve. El lobby de las AFPs está actuando intensamente para que se revierta la ley que nos permite a los afiliados desempleados optar por la jubilación anticipada desde los 55 años, opción que por ley vence a fin de año.

Hay quienes dicen que estos cambios desdicen del objetivo de los sistemas de jubilación de otorgar sustento económico a los adultos mayores. Pero su argumento es totalmente hipócrita, porque los mismos que defienden a capa y espada que las AFPs puedan tener mayor control de nuestro dinero por más tiempo con este argumento, no les mueve una ceja que haya pensiones de 400 soles en la ONP, que este sistema nacional tenga pensiones máximas que no llegan a los 900 soles y que Pensión65 pague míseros 125 soles: ¿con qué cara pueden hablar estos economistas de la derecha que defienden un sistema de pensiones dignas?

Desde que se instauró el sistema de AFPs mediante Decreto Ley dado por la dictadura de Fujimori y su ministro ratero Carlos Boloña, los trabajadores peruanos estamos atrapados por un sistema que nos cobra unas comisiones altísimas: ¡nos cobran cerca de mil millones de soles anuales!. Además, en vez de invertir nuestro dinero en el desarrollo nacional tiene 72 mil millones de soles nuestros en el exterior en fondos mutuos internacionales a los que les pagan más comisiones. No es por gusto que los trabajadores no les tenemos ningún cariño a las AFPs y que, si nos dan la opción, sacamos nuestro dinero al toque.

El sistema de pensiones amerita una reforma, pero de ninguna manera esa pasa por darle más poder a las AFPs. Por el contrario, se necesita una base de pensiones universales más amplias, un sistema nacional redistributivo de complemento bien gestionado y que sistemas de ahorro (como las AFPs) sean estrictamente regulados, realmente competitivos y otorgando liquidez a los afiliados.

Estamos a dos días de las elecciones, los candidatos han dicho lo que pensaban y han debatido,  salvo Reggiardo que se corrió. Nada han dicho, sin embargo, sobre las condiciones presupuestales que tendrán los gobiernos regionales y las municipalidades,  las que serán problemáticas sobre todo fuera de Lima. Tres asuntos afectarán las finanzas regionales y municipales: la caída de precios de los metales que reducirá el canon, la desaceleración económica que afecta el Foncomun y la ley de hidrocarburos de Keiko que rebajará las regalías y canon petroleros. Han sido temas poco mencionados porque, como dice el vals, los candidatos suelen ofrecer que “las corvinas sobre las olas / nadarán fritas con su limón” pero que son esenciales para propuestas como las de multiplicar serenazgos o hacer un centenar de teleféricos que hemos oído reiteradamente.

MENOS CANON MINERO

El Presupuesto 2019 presentado por el ministerio de economía y finanzas dice que habrá más presupuesto para los gobiernos regionales y municipalidades. Pero los cálculos de base del presupuesto están seriamente desfasados, ya que suponen un precio del cobre del orden de 3,10 dólares la libra, precio que tenía en junio pero que ya desde julio ha caído fuertemente, estando en agosto y setiembre en 2,70 en promedio. Similares caídas de precios tienen otros metales que conforman el grueso de nuestras exportaciones: el oro cayó de 1,300 a 1,200 dólares la onza, el zinc de 1,40 a 1,10 la libra, el plomo de. 1,10 a 0,90 la libra entre junio y setiembre. La caída es grande, acercándose en varios casos al 20 por ciento. Continue reading “¿Con qué plata harán obras?” →

La ley petrolera de PPK – Keiko sigue en primera fila para su aprobación en el congreso, al ser exonerada del trámite de las comisiones de medio ambiente y de economía por la mayoría fujimorista.  Pero podría ser aprobada esta semana.

Ese proyecto de ley reduce las regalías de las petroleras al Perú y desfinanciando los fondos que van a Piura y Tumbes. Además, rebaja estándares ambientales y desconoce, inconstitucionalmente, el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, algo que luego de enormes desastres ambientales en sus territorios, ellos hacen bien en cuidar mucho.

Lo más grave del proyecto presentado por PPK y consentido de Keiko Fujimori es que beneficia a dedo a media docena de empresas en la costa norte que podrán seguir veinte años de lo contratado pagando menos regalías, lo que dependerá de unos funcionarios de tercer nivel en vez de ser sometido a licitación o al menos, como ahora, requerir n decreto supremo con firma del presidente de la república.

El proyecto de PPK-Fujimori dice además que las petroleras podrán ver sus contratos prorrogados aun cuando tengan juicios pendientes del estado peruano. Y miren que casualidad, justamente Pluspetrol es una trasnacional petrolera que le debe 30 millones por multas ambientales al estado peruano pero que no paga porque ha reclamado ante una justicia que va recontralenta. Es decir, estos contaminadores sinvergüenzas que ni siquiera pagan las multas, encima van a poder quedarse 20 años más!

La ley petrolera que Keiko ha defendido en entrevistas públicas tiene varios otros elementos negativos. Por ejemplo, en su artículo 6 dice que cuando el estado peruano vía Perupetro quiera obtener información de los lotes petroleros, no puede incomodar ni con el pétalo de una rosa a las empresas. Además, la información petrolera, que hoy debe ser de dominio público, las trasnacionales petroleras se la van a poder reservar cuando quieran diciendo que es “secreto comercial”, lo que reduce las posibilidades de competencia y aumenta su poder de negociación.

Hay más. Cuando una trasnacional petrolera quiere vender su negocio a otra, hoy eso debe ser aprobado por el gobierno, pero con el artículo 17 de la ley Keikopetrolera, el Perú tendría que aceptar quien sea que venga a sacar nuestro petróleo, aunque tenga muy mala fama o mínima capacidad. ¿Para qué entonces pediríamos que vengan empresas más confiables y de mejor tecnología, si pueden traspasar el negocio a quien sea cuando quieran?

Los problemas siguen. Como por ejemplo, cuando la ley Keiko dice que si una petrolera no paga las regalías que debe y el estado peruano quiere cobrarse reteniendo nuestro petróleo, va a tener que pedirle permiso a la trasnacional evasora permiso para venderlo. Parece increíble, pero así lo dice el artículo 42 del proyecto.

No es de extrañar. El proyecto aprobado por la comisión de energía y minas fujimorista escuchó a la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y las cita a lo largo de 55 páginas, pero no escuchó a los sindicatos petroleros ni a los pueblos indígenas ni a los gobiernos regionales de Piura, Tumbes Loreto o Ucayali,. La Asamblea nacional de Gobiernos Regionales por escrito se opuso al proyecto, pero no les dieron pelota.

Mientras el Perú requiere un plan energético nacional que promueva energías renovables y recuperar sus recursos de petróleo y gas como hizo Bolivia, la ley PPK – Keiko da aún más ventajas económicas y más poder de decisión a las trasnacionales petroleras. Hay que oponerse con todo.