El gobierno está presentando un proyecto de ley para que todas las farmacias vendan medicinas genéricas. Esto ayudaría a que los grandes monopolios no sean tan abusivos en los precios, pero aunque es una medida importante, es sólo parcial.

Recordemos primero dos elementos claves. El primero es que InRetail, grupo dueño de Inkafarma y Boticas Arcangel, compró hace año y medio Química Suiza y las cadenas Mifarma, BTL y Fasa. Con eso tiene una fuerte posición monopólica al controlar el 83% de las ventas de cadenas de boticas. Pocos años atrás Inkafarma, Mifarma, Fasa y Boticas Arcángel fueron multadas con 9 millones de soles por Indecopi porque se pusieron de acuerdo para subir los precios de 36 medicinas. Hoy las cadenas que antes arreglaban por lo bajo para evitar la competencia entre ellas y cobrar precios abusivos, ahora responden a un único propietario y pueden subir los precios a su antojo.

El dueño de InRetail y este nuevo monopolio de boticas es Carlos Rodríguez-Pastor, el más rico de todos los billonarios peruanos, habiendo acumulado una fortuna de 4,100 millones de dólares, siendo propietario además de las tiendas Plaza Vea, Vivanda y Mass y en el sector financiero del Interbank y de Interseguro. La riqueza que acumula esta única persona equivale a lo que tienen para vivir durante todo un año los 6 millones de peruanos más pobres. CRP, como le dicen en los medios financieros, es hijo de otro Carlos Rodríguez-Pastor, quien fue ministro de economía entre 1982 y 1984.

Hace poco, un amigo mío italiano que venía a Lima luego de muchos años me contaba que estaba sorprendido de la cantidad de boticas que había, ya que en su país, nación de altos ingresos y envejecimiento avanzado, eran mucho menos frecuentes. Es que el negocio es enorme, en el Perú se venden medicinas por 2 mil millones de dólares anuales y debido a la escasa presencia de la seguridad social y el crónico déficit de atención y de medicamentos en EsSalud y el SIS, el 70% por ciento de todas las medicinas se venden de manera privada; mientras en Europa y otros países con derecho efectivo a la salud la venta de medicinas es mucho menor porque el sistema de seguridad social cubre las necesidades.

PRECIOS ABUSIVOS

¿Cobran demasiado las farmacias o es que como funciona la libre oferta y demanda ´el suelo está parejo´? Hace apenas dos meses, se realizó un estudio sobre la venta de medicamentos y sus precios luego de que Rodríguez-Pastor lograra tener un dominio monopólico en las cadenas de boticas, investigación hecha por AIS-Acción Internacional de la Salud con Oxfam y RedGE. Para la investigación fueron a distintas boticas a preguntar por una media docena de medicinas muy usadas, qué les recomendaron a los consumidores y cuánto cobraban. Acá los cuento algunos resultados.

El naproxeno es un antiinflamatorio muy usado, yo al menos lo tomo con cierta frecuencia para diversos dolores, y aunque a algunas personas les puede causar molestias estomacales a  mí no me pasa eso. Pues quien va a una tienda de la cadena de Rodríguez Pastor a pedir naproxeno en un 90 por ciento de veces le van a recomendar la marca que él mismo fabrica, una tableta llamada Iraxen por la que cobran 1 sol 50 céntimos la pastilla mientras que el genérico cuesta la sexta parte, apenas 25 céntimos. De esa manera el monopolio de Rodríguez-Pastor cobra 6 veces más de lo que cobran otros, aprovechándose de que los consumidores no tienen esa información y de que casi todas las cadenas de boticas le pertenecen, así que buscar una alternativa cuesta tiempo y transporte adicional.

Losartan es un remedio muy recetado a personas con presión alta, yo también lo tuve que tomar algunos meses en el pasado. Rodríguez-Pastor te vende la tableta de 50 mg a 3 soles como Losadel cuando el genérico cuesta 43 céntimos y una estimación de costos alcanza apenas 5 céntimos.

Azitromicina es un antibiótico hoy bastante usado para infecciones a la garganta; si van a una tienda del grupo Rodríguez Pastor en un 70 por ciento de veces les van a ofrecer una de sus marcas, principalmente con el nombre de Azitor 500 mg que cuesta 12 soles cada pastilla cuando el precio promedio del mismo remedio en su versión genérica cuesta menos de 2 soles. El estudio de AIS-Oxfam-RedGE detalla además que el principio activo, es decir propiamente el agente químico que actúa en el cuerpo humano, cuesta importarlo apenas 15 centavos por tableta. Aún añadiéndole 100 por ciento adicional del excipiente (el material que se añade para hacer la pastilla) y costo de producción, más 50 por ciento del empaque, 50 por ciento adicional de ganancia del fabricante y 30 por ciento adicional de ganancia para la cadena de farmacia, podría venderse a 74 céntimos.

Estas enormes diferencias de precios ya se han encontrado en varios estudios anteriores. El año pasado fue la Defensoría del Pueblo quien mostró que, por ejemplo, la amoxicilina en jarabe costaba 2,30 soles el genérico en los centros del Ministerio de Salud y 4,10 en las boticas pero el remedio de marca subía hasta 16,90.

Hasta las clínicas privadas coinciden en el diagnóstico; miren nomás lo que dice uno de sus gerentes: “resulta interesante analizar la relación que existe entre los precios de  medicamentos de Perú comparados con otros países de Latinoamérica, cuando se compara el mismo principio activo, la misma presentación, la misma marca,  del mismo laboratorio, resulta que con frecuencia el precio del mercado peruano es mayor, asumimos con esto que en otras países de la región sus gobiernos han tenido una posición y manejo más técnico y político que el nuestro frente a la industria farmacéutica” (Sebastián Céspedes, Consejero de la Asociación de Clínicas Privadas, Gerente General Adjunto de la Clínica Ricardo Palma).

SIN INFORMACIÓN Y DESORIENTADOS

El que todas las farmacias y boticas estén obligadas a tener genéricos a la venta es una buena medida. Pero hay otros problemas que enfrentar.

Una política de las farmacias que les ayuda a cobrarnos precios abusivos es la falta de información. El estudio de la Defensoría del Pueblo encontró que 66% de farmacias privadas no tenían lista de precios y aunque hay un “observatorio de precios de los medicamentos” del ministerio de salud (pueden consultarlo en http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/), según la Defensoría el 70% de los precios que piden las farmacias no coinciden con lo que han declarado a este portal público.  Es decir, nos engañan abiertamente. ¿Qué espera Indecopi para fiscalizar que haya información correcta al público?

Otro problema es que muchas veces los médicos y profesionales de la salud no incluyen el nombre genérico (llamado “denominación común internacional”) en la receta, como es obligatorio por ley. Las trasnacionales farmacéuticas por su parte despliegan un ejército de visitadores médicos para convencer a los doctores, casi siempre sin la evidencia científica necesaria, de que sus marcas son mejores. Esta práctica en muchas partes del mundo está severamente regulada, pero no acá donde las trasnacionales recurren a una serie de regalitos (pasajes gratuitos dobles a destinos turísticos, etc) para torcer la voluntad de los médicos a su favor.

Otra política necesaria para facilitar el acceso a medicinas y rebajar su precio es asegurar que las farmacias de los hospitales y centros del Ministerio de Salud y de EsSalud estén bien abastecidas de manera permanente, de tal manera que los pacientes no tengan que salir a comprar a una botica privada. Si junto a eso el Ministerio de Salud explicara bien que los genéricos tienen la misma potencia curativa que los remedios de marca y desarrollara un app de fácil uso para que podamos ubicar los precios de cada medicina en varias farmacias cercanas, se podría avanzar muchísimo en reducir precios.

Mientras tanto, obligar a las cadenas de boticas a  vender genéricos es una buena medida que espero pueda ahorrarle a mi familia unos cuantos cientos de soles al año. Es que debemos comprar levotiroxina de manera permanente y cada vez que viajamos comparamos precios, así que puedo dar fé de que ese remedio es más barato en Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina y hasta en Cambodia. Escribiendo este artículo busco ese producto en Inkafarma, la cadena del “billonario número 1”  Rodríguez Pastor: no venden el genérico pero sí el de marca, al precio de 1,60 la pastilla, bastante caro, ya que en otros sitios se puede conseguir el genérico a la mitad de ese precio. Cuando las cadenas dominantes lo tengan que vender, podré ahorrarme con facilidad un buen dinerito.

La caída de la economía peruana fue advertida en estas mismas páginas el 17 de mayo pasado, pero fue necesario que la revista inglesa The Economist lo publicara para que se moviera el cotarro en el Perú. Hasta entonces, lo único que leíamos en los medios concentrados era que el crecimiento económico del 2019 superaría el 4 por ciento. La verdad (como dijimos entonces) es que el crecimiento económico se ha venido abajo, provocando que en Lima se siguieran cortando puestos de trabajo sobrepasándose la barrera de 100 mil empleos  menos en tres años mientras habían entrado 800 mil venezolanos.

Luego de la publicación del The Economist los amigos del MEF sacaron varios pretextos de la manga: que se trata de un dato desestacionalizado, que hay varias formas de calcular el mismo, que la pesca ha caído mucho de manera excepcional. Luego salió el dato del PBI de abril y se incluyeron nuevos pretextos. Como dice esta conocida frase en relación a la manipulación de los datos estadísticos: si  torturas lo suficiente a lo datos estadísticos, ellos dirán lo que tú quieres que digan. Al igual que con las personas, sin embargo, las torturas no sirven para acercarnos ni a la verdad ni a la justicia. En este caso, tratar de ocultar que la economía peruana está cuesta abajo es como tapar de tapar el sol con un dedo. Así lo muestran las encuestas de opinión púbica, que esa semana mostraron que el 65% de la gente cree que la economía va por rumbo equivocado, el 59% que el problema de su familia es que falta empleo o falta dinero (primeros puestos en la lista) y que el 73% cree que la inmigración venezolana ha tenido un impacto negativo en la economía nacional.

RESPONSABILIDADES

Publicitado el problema, la derecha bruta y achorada aprovecha la frenada de la economía para confrontar con Vizcarra. ¡Qué tal raza! El aprofujimorismo que tiene mayoría en el congreso es quien ha apoyado consistentemente la política económica de PPK y Vizcarra. Han apoyado todas las leyes de presupuesto que ajustan la inversión pública. Han aprobado sus leyes reforzando las Alianzas Público-Privadas APPs que han traído corrupción y no “destraban” nada. Han aprobado la ley 30737 gracias a la cual siguen cobrándonos peajes y pasajes las constructoras corruptas, Odebrecht y Graña y Montero, para el bolsillo de sus dueños. Han elegido al ignorante Rafael Rey y al sinvergüenza de Chlimper al directorio del BCR, donde mantienen altas tasas de interés y crédito restringido en beneficio de la gran banca. Han defendido a la industria de comida chatarra contra los octógonos todo lo que pudieron. Han mantenido las exoneraciones tributarias a las AFPs, las mineras y petroleras, el oligopolio de la banca y los seguros, las universidades-estafa y las grandes agroexportadoras. Ahora mismo promueven una  nueva ley de petróleo y gas para extenderles los contratos hasta 80 años con regalías reducidas y permitiendo que sigan contaminado la selva. El aprofujimorismo no puede presentarse como opositor en el campo económico porque no lo ha sido.

Las argumentaciones de algunos de esta DBA son realmente risibles, como Sheput diciendo que la inversión se repliega porque Vizcarra en su lucha contra la corrupción confronta al congreso. Como si nuestro congreso tuviera un alto respaldo nacional e internacional. Ridículo. No tiene ni pies ni cabeza. Como si el mayor momento de inestabilidad política de nuestra historia reciente, la caída de PPK, hubiera traído un retiro de la inversión como el mismo Sheput amenazaba que sucedería pero no ocurrió. Mentira repetida mismo Goebbels. La inversión privada ha caído porque el MEF, el gobierno y la Confiep, apoyados por apristas, fujimoristas y pepecausas insisten en una política económica que excluye y deja sin apoyo al agro, a industria, el turismo y el biocomercio. Nuestra economía se ha caído porque, como era previsible que sucediera tarde o temprano, los precios del cobre y las materias primas han caído, lo que se suma a que el extractivismo no logra generar el empleo que necesitamos.

Pero los grandes grupos económicos de la Confiep y los medios concentrados de “El Comercio” buscan que se profundice este modelo de extracción de recursos naturales a la mala. Ahora presionan a Vizcarra para que apruebe el proyecto Tía María, a pesar de que esta mina generaría un gran daño ambiental y es ampliamente rechazado por los agricultores del valle de Tambo, al extremo de que las protestas del 2011 se extendieron aunque la policía mató a 5 pobladores y la Southern repartió un billetón para comprar dirigentes. Lo peor es que el ministro de economía y finanzas Carlos Oliva ha dicho que ya le van a dar licencia a Tía María, a pesar de que eso no le corresponde a su despacho, siguiendo con la actitud de quien tiene corona y se siente por encima de la ley.

El otro reclamo de esta derecha es lo que ellos llaman “reforma laboral” y que no es sino llevar al extremo la flexibilización laboral que impuso la dictadura de Fujimori, recortando aún más los escasos derechos laborales que subsisten. Para los economistas neoliberales voceros de la Confiep, el mercado laboral es sumamente inflexible y prácticamente impide los despidos, algo que es totalmente contradictorio con los datos de la crisis que muestra el INEI con 100 ml empleos menos en Lima: ¿Cómo podría haberse reducido en 100 mil puestos de trabajo si no es poniendo a todos esos trabajadores de patitas en la calle, lo que han hecho con toda facilidad? ¿Acaso no hemos todos oído las historias de empresas que reemplazan peruanos por venezolanos a quienes explotan al extremo, con larguísimas jornadas de trabajo y pagos debajo del salario mínimo? ¿Cómo podría suceder eso si fuera tan difícil decidir? En realidad, la permisividad en las relaciones laborales, en un contexto de caída de empleos e inmigración venezolana, ya ha producido de facto un tremendo ajustón contra los trabajadores limeños, pero la Confiep quiere licencia completa para explotar.

LAS TORPES JUSTIFICACIONES DE OLIVA

El ministro Oliva y su pésima política económica, sin embargo, no pueden ser pasados por alto. En los primeros 5 meses del año, de enero a mayo, la inversión pública (“gasto de capital”) ha sido mil millones de soles menos que el año pasado, una caída de casi 10 por ciento. Brutal. Es esa la primera causa de una tremenda caída en la construcción, en la demanda y en el crecimiento económico. Lo peor es que hace apenas un mes, el 7 de mayo, Carlos Oliva declaraba que la caída de la inversión pública “ya se revirtió a partir de marzo y, sobre todo, en abril”, lo que hoy sabemos era una mentira completa, mentira que según Oliva “permitirá tener mejores resultados en los próximos meses, y así cumplir con la proyección anual de 4,2% de crecimiento del PBI”, algo que hoy ya tuvo que reconocer es imposible.

Sobre la caída de la inversión pública, hay que anotar que mientras la inversión de las municipalidades se ha mantenido la del gobierno central ha retrocedido en 200 millones de soles. Es absurdo que no le den más fondos a los municipios; veo las calles llenas de huecos y el tráfico un infierno y no me explico por qué no se apoya la reactivación económica con un programa masivo de arreglo y ampliación de pistas, siendo consciente de que eso no debe ser sino una medida inicial mientras se inicia una profunda reforma del transporte urbano. Para tapar su desastre ahora Oliva ha salido a hablar de un Plan Masivo de Infraestructura por una cifra abultadísima, pero sin presentar nada concreto para este año: es pura propaganda hecha a las carreras. Encima, pretende culpar al frenazo de la inversión a la lucha contra la corrupción, cuando fueron el gobierno junto al aprofujimorismo quienes aprobaron seguir dándole plata al corrupto “club de la construcción” en vez de apoyar nuevas empresas y formas de inversión y asegurar una limpieza a fondo del conjunto empresarial.

La otra medida que hace tiempo hemos insistido en que es indispensable es reducir la tasa de interés y facilitar el crédito para que la industria, las pequeñas empresas y el agro puedan progresar, mejorar tecnologías, ampliar capital y elevar su productividad. Una medida que, dado el frenazo económico, resulta urgente porque también empujaría la demanda y reactivaría la economía en el corto plazo. De añadidura, serviría para ir abriendo paso a una nueva forma de crecimiento. Quien está en capacidad de actuar en ese terreno es el Banco Central de Reserva, pero entre el continuismo neoliberal de su presidente Julio Velarde, la ineptitud de Rafael Rey y el oportunismo de Chlimper, nada se ha hecho.

A la fecha no hay señales que muestren que Vizcarra se esté dando cuenta del daño que le están haciendo al país y a su gestión. Pero ahora que las cifras se ponen picantes, haría bien en ponerse mosca, escuchando a la gente y sus reclamos, girando el timón y cambiando a quienes tan mal lo han venido haciendo.

Telesup es una estafa. A sus estudiantes y al país. A sus estudiantes porque les promete una educación universitaria y solo les da una fachada falsa y unos cursillos de pacotilla. Al país, porque luego alguien que dice ser un profesional y que tiene un título “A Nombre de la Nación” diciendo que lo es, pero que no tiene los conocimientos mínimos, nos ofrece servicios y nos vende cualquier cosa. Y yo, por lo menos, no quiero ser atendido por un médico de Telesup, tener que confiar en la opinión de un abogado de Alas Peruanas o comprar un departamento cuyos planos han sido validados por un ingeniero de la “Simón Bolivar” (sobre todo porque vivimos en zona sísmica). Que la SUNEDU felizmente esté poniendo fin a esas estafas, y quedan todavía varias universidades-estafa por cerrar, está muy bien.

Parece además que el ejemplo de estos cierres está generando sus efectos, según me cuentan hay otras universidades de bajo nivel que están haciendo esfuerzos por levantar su calidad para lograr el licenciamiento de la Sunedu, mientras sospecho que otras han tirado la toalla: a una cuadra de mi casa hubo durante varios años un local con el letrero de “universidad Sergio vernales”, pero hace unos meses a regresado a llamarse solamente “instituto superior” y la verdad es que no diera la impresión de brindar buenos servicios apenas mirando desde fuera.

NO OLVIDAR LAS EXONERACIONES TRIBUTARIAS

Hay sin embargo varias cosas que agregar a esta discusión. La primera son las exoneraciones tributarias de las que gozan estas estafas. En efecto, las empresas de la educación superior privada tiene beneficios especiales por 2,300 millones de soles anuales, una parte porque no pagan IGV, otra parte porque tienen exoneraciones del impuesto a la renta, es decir, aunque sus dueños ganen una millonada, no pagan impuestos como cualquier trabajador que le descuentan por planilla o cualquier bodeguita fiscalizada por la SUNAT. Este privilegio para las universidades privadas fue establecido por el gobierno de Alberto Fujimori y sus reformas neoliberales, que tras el discurso del “libre mercado” abrieron las puertas a las Universidades-estafa y abusos como éste, así como el de las caóticas combis y rutas de buses urbanas.

Pero casi dos décadas después de la caía de la dictadura de Fujimori, el estado peruano sigue regalando 2,300 millones de soles ANUALES a estas empresas privadas, algunas solo un buen negocio, otras una franca estafa. ¿Gracias a quién? Este tipo de beneficios y reglas tributarias, según nuestra Constitución, sólo pueden ser establecidas y alteradas por el Congreso. El fujimorismo ha tenido varios congresistas vinculados a estas universidades-estafa, entre los que destaca Joaquín Ramírez, sobrino del dueño de Alas Peruanas Fidel Ramírez y que ganaba decenas de millones en contratos para esta universidad. Recordemos que Joaquín Ramírez, congresista fujimorista 2006-2011, fue secretario general de Fuerza Popular hasta la campaña del 2011, cuando fue reemplazado cuando fue un escándalo que fuera investigado por narcotráfico por la DEA de los EEEUU, asunto que quiso ser tapado con unos audios trafeados por su sucesor en el cargo de secretario general de FP; José Chlimper, luego premiado con el cargo de director del BCR por la mayoría congresal fujimorista. En las elecciones para este congreso, Joaquín Ramírez fue reemplazado por su hermano Osías Ramírez – en el fujimorismo no es sorpresa que haya cargos que se heredan.

La UAP-Universidad Alas Peruanas tiene muchos más anticuchos en su prontuario, ya que en realidad se supone pertenece supuestamente a una “cooperativa policial” que los Ramírez han manejado como su chacra (como denuncio con detalle esta revista en su edición del 8 de marzo pasado).  Alas Peruanas aún sigue funcionando, con decenas de locales en todo el país, incluso en mercados y con pésimas condiciones, e incluyendo locales donde han hecho la misma estafa de la “fachada falsa” de Telesup por lo que la municipalidad de Jesús Maria – tardíamente luego de que la foto circuló en redes – les cerró el local porque este “no mantenía las condiciones mínimas de seguridad”.

Alas Peruanas no es la única universidad vinculada al aprofujimorismo: la universidad San Juan Bautista es propiedad de José Luis Elías, quien fue congresista fujimorista del 2006 al 2011, siendo reemplazado en este periodo por su hermano Miguel Angel, otro cargo “heredado” gracias a la también heredera Keiko.

Los Acuña son otra familia que tiene fuertes intereses en este negocio. No se trata solamente de César Acuña, el ex candidato presidencial que plagió su tesis doctoral, dueño de la Universidad Cesar Vallejo. La familia es también propietaria de la Universidad Señor de Sipán, que según dicen ha sido entregada a la ex esposa de Cesar Acuña y madre del actual congresista Richard Acuña, quien era vicepresidente en la mesa directiva con el fujimorismo el año pasado. Hace unas semanas salió a luz que Richard Acuña formó parte de la directiva de esa universidad que fue a SUNEDU para discutir su licenciamiento, algo que está estrictamente prohibido porque como es obvio, ejerce influencia indebida sobre las autoridades.

¿Por qué siguen teniendo estas universidades-estafa  exoneraciones tributarias especiales? Es evidente: porque esos privilegios son blindados, protegidos, por SUS congresistas.  La declaración jurada de Cesar Acuña indica que por ese negocio el obtiene hasta 50 millones de ganancias al año, ganancias por las cuales sus universidades no pagan impuestos como sí lo debe hacer una clínica que atiende pacientes.

Mientras tanto, claro, a las universidades públicas el MEF les niega el presupuesto necesario para tener buenas bibliotecas y laboratorios, y programas como Beca18 son severamente recortados.

UNIVERSIDAD, PROFESIONALIZACIÓN Y PENSAMIENTO

El fujicongreso y sus aliados no solo defienden las exoneraciones, también se han movido y se siguen moviendo contra la SUNEDU y la nueva ley universitaria, por cuya aprobación debemos un reconocimiento a Daniel Mora que fue su gran impulsor. Cerrar a las universidades-estafa y cortarles sus indebidos privilegios requiere enfrentar a esta mafia. Es un reto grande, pero no el único. Las Universidades en todos los países del mundo son esenciales no sólo porque forman profesionales, sino por otras dos razones fundamentales: generan conocimientos que son la base del progreso tecnológico y son lugares esenciales para pensarnos qué somos y adónde vamos como sociedad y como naciones.

Sin pensamiento nacional no hay soberanía. Si seguimos dando las espaldas a la investigación sobre nuestra sierra y selva, nuestra biodiversidad y nuestros conocimientos ancestrales, desaprovechamos enormes oportunidades, reproducimos desigualdades y reforzamos la dependencia del exterior y a usar tecnologías ajenas por las que debemos pagar grandes sumas de dinero. Si abandonamos la investigación y discusión sobre nuestra cultura, nuestra democracia y nuestra forma de relacionarnos, en suma sobre nuestras raíces y nuestro futuro,  seguiremos siendo un barco a la deriva que, a dos siglos de su independencia, no tiene rumbo claro y es fácilmente capturado por pequeños círculos de corrupción.

Por esto, la educación superior no puede dejarse al “libre albedrío” de la empresa privada cuya finalidad son las ganancias y que, demasiado a menudo, terminan siendo simplemente una fachada de la corrupción. No debemos olvidar que cesar Acuña no solo ha sido congresista sino un destacado candidato presidencial y que José Luna, el dueño de Telesup, luego de ser congresista por el partido de Luis Castañeda, fue candidato a vicepresidente. ¡Vicepresidente! Sí, el mismo de la facha “bamba”, de la Universidad que no cumple ni uno solo de los criterios de calidad mínimos de Sunedu, que ahora hace campaña y saca volantes contra quienes poner freno a su estafa.

No debemos desmayar en la lucha contra estos sinvergüenzas, pero debemos ser conscientes de que es solo una primera batalla la que estanos dando. Hay que cambiar la idea de que un país puede desarrollarse sin una política seria de educación superior, que no solo acabe con las universidades-estafa, sino que también otorgue los presupuestos y asegure condiciones democráticas para que las universidades públicas puedan investigar en ciencia, ingeniería y humanidades y formar profesionales de alta calidad.

DISCLAIMER: Soy profesor en la Católica – PUCP, así que creo necesario que mis intereses de economía o poder personales en relación a lo dicho en este artículo. Solo soy profesor, no soy autoridad ni tengo relación con el manejo de fondos. En los últimos años la cantidad de estudiantes en la especialidad de economía se ha duplicado y el tamaño de las clases ha aumentado, pero eso no ha tenido ni tiene impacto alguno en nuestros sueldos.  Sí soy parte de un equipo de investigación sobre nutrición, iniciando un proyecto financiado con fondos públicos de Concytec obtenidos tras un concurso. En ningún caso me beneficio personalmente con el cierre de Telesup o Alas Peruanas. Quizás a algunos esta aclaración puede parecer innecesaria, pero ¡hay tantos economistas escribiendo artículos para favorecer a sus clientes empresariales!

En los días siguientes al mensaje de Vizcarra anunciando que presentaría una cuestión de confianza, el bloque de los empresaurios de la Confiep salió a la ofensiva. Tienen dos discursos articulados. El primero dice que hay que evitar confrontaciones puesto que la inversión se espantaría y la economía se resentiría. El segundo hace el ridículo señalando que la medida planteada es una grave amenaza a la democracia y que, sustentan sus abogados amigos-por-la-plata, sería inconstitucional.

Los puntales están en los periódicos concentrados vinculados a los grandes empresarios de la Confiep. El Comercio editorializaba el sábado pasado que “las reformas que el país necesita  no pueden nacer de la imposición y el amedrentamiento y deberían, más bien, gestarse a través del debate y el consenso” y llamando a que “ambos poderes del Estado trabajen de manera corresponsable”. Ese mismo día, la Confiep emitía un pronunciamiento donde decía que se “requiere un ambiente de serenidad, prudencia, diálogo y tolerancia”, “fortaleciendo las condiciones de convivencia y clima adecuado para el crecimiento y promoción de la inversión privada”, porque la “confrontación pone en peligro las inversiones que nuestro país tanto necesita”. El día anterior, en las mismas páginas de El Comercio, el ideólogo neoliberal de la Confiep Roberto Abusada escribía que “lo que el gobierno requiere es frenar la confrontación” y profetizaba que tras el discurso de Vizcarra “no solo (sic) persistirá el malestar que genera la falta de atención a las necesidades urgentes, sino que se inyectará parálisis económica e incertidumbre con grave perjuicio para la nación”.

Difícil pensar que tanta coincidencia es pura casualidad. Remarquemos que los tres no sólo hacen idénticos llamados a que Vizcarra se ponga de acuerdo con la mayoría congresal aprofujimorista. También son iguales en ocultar que la cuestión de confianza vino luego de que el Fujicongreso mandara al archivo la eliminación de la impunidad (eso es en lo que ha devenido) parlamentaria y blindara por meses a Edwin Donayre el ladrón de gasolina del ejército que aprovechó para fugarse, mientras permite que sigan votando Moisés Mamani y una lista larga de prontuariados de Fuerza Popular. Asesores de Mauricio Mulder y Jorge del Castillo han cobrado por meses sin trabajar ni presentarse a ninguna oficina, sin que les pase nada. El que la mayoría aprofujimorista blinde sin ningún reparo a un delincuente tras otro les parece a la Confiep y El Comercio un detalle sin importancia. Rápidamente olvidaron el reportaje de ese mismo diario que mostró que era falsa la acusación de que la Corte Suprema actuaba apenas como “mesa de partes” de los pedidos de los juzgados. Todos ellos ocultan también la circunstancia del discurso de Vizcarra y el pedido de cuestión de confianza, marcada por el blindaje al ex – Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, a quien defendieron a pesar del video mostrando como su personal se metió a sacar documentos de una oficina lacrada y de una veintena de audios demostrando su  estrecha relación con Hinostroza y la mafia de ”los cuellos blancos del Callao”.  

En este tema la Confiep y El Comercio, como dicen, tienen ropa tendida. Como sabemos, Pedro Chávarry sacó del cargo a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez el 31 de diciembre pasado, siendo obligado a retroceder ante la furia ciudadana. Pero en estos momentos es clave recordar los casos que involucran en la corrupción a la empresa Graña y Montero, cuyo principal accionista José Graña es también el mayor accionista del grupo El Comercio, donde José Chlimper (el ex secretario general de Fuerza popular y candidato de vicepresidente en la plancha de Keiko) también fuera director durate los años de las mega-coimas y donde sigue siendo director Roberto Abusada. Digamos que es una omisión significativa el que Abusada escriba insistiendo en que el gobierno deje de lado las confrontaciones contra los corruptos, pero no nos diga que él mismo tiene un enorme interés en que las investigaciones contra la corrupción no avancen. Mejor digámoslo con todas sus letras: más que “omisión significativa” es la concha de la semana. Recordemos que a pesar de las declaraciones de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht delatándolos, GyM ha negado una y otra vez que hubiera participado en actos de corrupción pero que finalmente gracias a la presión de los fiscales se ha visto obligada a buscar ser “colaboradora eficaz”. Es fácil imaginarse qué hubiera pasado si Chávarry hubiera conseguido su objetivo y removido a Vela y Pérez: GyM seguiría diciendo que no hizo ni supo nada de los millones de coimas que compartió con Odebrecht. Con esta información en mano, es fácil entender porque Abusada escribe que “la presentación de una cuestión de confianza.. es exactamente lo que no se debe hacer”, en especial cuando esa cuestión de confianza ha sido presentada días después de que el fujimorismo blindara a Chàvarry. No podemos cerrar este punto sin recordar que GyM sigue cobrando por el Metro de Lima y varias otras obras públicas a pesar de lo que nos ha robado, y que por más colaborador eficaz que sea tiene que devolver lo robado.

EL CUCO DE LA MACRO Y LA INVERSIÓN

En el terreno de la economía, dos argumentos esgrime la Confiep. El primero es que este “clima de confrontación” afecta la inversión privada y el crecimiento económico. La historia reciente muestra como ese mismo argumento se usó igualmente por los neoliberales y opinólogos vinculados  a los grupos monopólicos para defender a PPK, “cuco” que no se hizo realidad ya que cuando Kuczynski cayó no hubo ningún movimiento fuerte en la bolsa de valores, el tipo de cambio o la inversión privada. Quien hizo eco de este argumento ahora último fue Luz Salgado, quien muy suelta de huesos dijo que el tipo de cambio sol/ dólar había trepado a 3,75, algo notoriamente falso.

Hay ahora una desaceleración económica, o mejor dicho el fin del crecimiento estadístico de fines del año pasado. Si el crecimiento económico se empinó hasta casi 4 por ciento el año pasado, el primer trimestre de este año apenas llegaba a 2, y eso fue mucho antes de que a Vizcarra y Del Solar se les ocurriera “pechar” al aprofujimorismo corrupto. Como señalamos hace unas semanas en estas páginas, ese mal resultado tiene que ver con la reducción de la inversión pública y a pesar de una situación internacional favorable. Hace un mes estas condiciones internacionales han cambiado de ser un viento de cola a favor del crecimiento, a ser un viento en contra. La renovada agresión comercial y tecnológica de Trump contra China y Huawei, y más recientemente contra otros países como México e india, han frenado la economía mundial. Para el Perú, como la mayoría de países latinoamericanos, esto genera dos efectos severos: una caída de los precios internacionales del cobre y otras materias primas y una salida de capitales que ante la volatilidad prefieren refugiarse en los Estados Unidos. Ambos efectos van a frenar la inversión minera y la inversión privada en general, según lo han demostrado reiteradamente las investigaciones económicas.

Debido a ello el crecimiento económico del Perú este año estará no solo debajo del 4,2 por ciento muy optimistamente planteado por el MEF y el BCR, sino que será menor al 3 por ciento que me parecía más razonable y quizás cerca al 2. Pero que no nos digan que eso es por la respuesta de Vizcarra a la provocación de los aprofujimoristas al blindar a Chávarry y varios congresistas corruptos. La lucha contra la corrupción no es un freno al crecimiento, solamente es un problema para los empresarios sinvergüenzas, pero para la marcha de la economía en general la corrupción genera altos costos sociales e institucionales que podemos cortar.

Lo que sí es un freno al crecimiento es que se mantenga un gasto e inversión pública reducidas y que se no facilite el crédito y reduzca la tasa de interés, que se prefiera importar quinua y alimentos en vez de promover en serio la agricultura, que no haya promoción de la industria y de las pymes, que el turismo esté frenado porque no se construye la pista 2 del aeropuerto Jorge Chavez  ni hay vuelos directos diarios a Chachapoyas y que los pueblos del interior no tengan un buen servicio de internet porque no se resuelve el problema con la empresa Azteca que maneja la Red Dorsal de fibra óptica en otra de esas alianzas público-privadas fallidas.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Pero eso no es lo que preocupa a nuestros empresarios. La Confiep quiere que Vizcarra y el fujicongreso concerten porque quiere sacar leyes en su favor. En eso, sigue teniendo un aliado clave en el ministro de economía  finanzas, Carlos Oliva, de quien no hemos oído una palabra defendiendo la cuestión de confianza o la lucha contra la corrupción.

Son varios los proyectos que quiere sacar la Confiep para aumentar sus ganancias sin tener que invertir ni innovar tecnológicamente. El recorte de derechos laborales es uno en el que han insistido, sobre todo desde las páginas de El Comercio, con el objetivo de golpear más a los sindicatos y seguir reemplazando fácilmente peruanos por venezolanos de bajo costo. Este proyecto fue presentado por el ministro Oliva, quien incluso quería recortar el derecho vacacional. Otro proyecto que empujan entre bambalinas es el referido al petróleo y el gas, buscando rematar nuestro petróleo por décadas, rebajando el pago de regalías al estado y reforzando el esquema actual que permite grandes daños ambientales contra pueblos indígenas sin que pase nada. Quieren que salga la mina Tía María a pesar del amplio rechazo en la zona a los daños ambientales que traería. En todo eso, cuentan con el aprofujimorismo como su firme aliado, asegurados con los 2 millones de dólares que la Confiep puso en favor de la campaña de Keiko, Odebrecht incluida entre los aportantes. Por eso desde el inicio del gobierno de PPK sus ideólogos han insistido una y otra y otra vez en lo conveniente que sería una concertación Ejecutivo-Congreso, lo que hoy significaría una alianza Vizcarra-Keiko. ¿Problemas de corrupción?  La Confiep opina que hay “demasiados encarcelamientos”. No es de extrañar, quienes han optado por el “arreglo escondido” con algún juez o fiscal corrupto hoy empiezan a sentirse en riesgo.

Nuestra última ida familiar al supermercado nos permitió ver que ya empiezan a ponerse los octógonos informativos en los alimentos con alto contenido de grasa, azúcar y/o sodio (sal).  Todavía la mayoría de gaseosas, salsas y otros alimentos no los tienen, pero es cuestión de semanas ya que de acuerdo a la ley de alimentación saludable y sus reglamentos es obligatorio que el 17 de junio estas advertencias estén colocadas.

Es una muy buena noticia. El sobrepeso y la obesidad son una amenaza realmente seria, grave, a la salud pública. Lo es en muchos países del mundo y también en el Perú. Muchas personas creen que en un país donde todavía hay pobreza y anemia, como el nuestro, la obesidad no puede ser un problema: están totalmente equivocadas. La última encuesta de demografía y salud, cuyos resultados ha publicado el INEI la semana pasada, señala que la obesidad ha aumentado hasta llegar al 23 por ciento de los mayores de quince, un aumento de 5 puntos porcentuales en tres años. Es decir, uno de cada cuatro peruanos ya sufre de obesidad y ese porcentaje está aumentando muy rápidamente. A este ritmo, en menos de dos décadas la mayoría de los peruanos adultos estará obesa. El camino a la obesidad está marcado por el sobrepeso, situación en la que ya están 37 por ciento de los peruanos y peruanas mayores de 15 años.

No está de más recordar que esta condición implica un aumento fuerte en la probabilidad de sufrir infartos y otras enfermedades del corazón, desarrollar diabetes y tener cánceres de diverso tipo como los que atacan el hígado, colon, mamas, riñón, tiroides, vesícula y páncreas, dentro de una larga lista de enfermedades asociadas a la obesidad. El asunto, pues, es muy serio. El sobrepeso puede afectar también nuestra movilidad porque genera problemas en la columna y las rodillas. En otro orden de cosas, menos grave, ya se anuncia que las compañías aéreas podrían empezar a cobrar los pasajes por peso, lo que no debe sorprender si consideramos que estos empresarios angurrientos ya nos amarretean dejándonos llevar solo 5 kilos en una mochila y no dan ni un sanguchito para amenguar el hambre.

La obesidad afecta más a las mujeres que a los hombres, por lo que la poca atención que desde la salud pública y los servicios de salud se le da a este problema también se asocia a la inequidad de género: 26 por ciento de mujeres sufren de obesidad frente a 19 por ciento de los hombres. Medidos por lo panzones que somos, lo que se llama el “perímetro abdominal”, 60 por ciento de mujeres adultas y 21 por ciento de los hombres se consideran en alto riesgo cardiovascular.

Este problema, como es fácil de observar, aumenta con la edad, prevaleciendo a partir de los treinta o cuarenta años de edad. Pero los niños no están inmunes. Casi no lo podía creer, pero entre los menores de 5 años, es decir infantes, niños pequeños, pre-escolares, ya el 9 por ciento sufre de sobrepeso, tasa que sube hasta el 15 por ciento (uno de cada seis) entre las familias acomodadas (quintil superior de ingresos).

TOMÉSELO EN SERIO

En mi historia personal, estaba acostumbrado a ver como los amigos y yo mismo, a medida que pasaban los años, nos íbamos ensanchando. Yo siempre fui de “cintura ancha”, tan es así que aún de estudiante universitario en un partido de fulbito un joven animador Gonzalo Iwasaki se refirió a “cintura-de-gallina-Francke” (y eso que era más bien flaco). Hace unos tres años estaba en el límite del sobrepeso, pero logré tener más espacio mental como para cuidar mejor de mí mismo y bajar a una condición de peso normal. Otros amigos lo han logrado, a veces tras algún susto o mala noticia sobre su salud. Luego que uno lo ha hecho, parece fácil: es cuestión de mejorar los hábitos de alimentación y hacer un poco más de ejercicio, que yo lo conseguí hacer movilizándome en bicicleta siempre que puedo (cuando las distancias no son muy largas), lo que además favorece mi salud mental (si voy en carro sufro con las largas esperas, el desorden y la agresividad de  los choferes que se meten de cualquier manera). Pero en realidad bajar de peso es difícil: nuestras costumbres alimenticias suelen estar bastante arraigadas; el dulce, la sal y/o las grasas nos atraen muchísimo (es parte de nuestra biología); comer y tomar son hábitos sociales en los cuales gozamos amistados y familiares; hacer ejercicios toma tiempo y no siempre nos acomoda. Antes de lograrlo, controlar mi peso era un objetivo que no conseguía alcanzar. Es difícil, sí señor, muy difícil.

SALUD PÚBLICA Y EL VASO MEDIO LLENO

Breve recordatorio: lograr estas advertencias en forma de octógonos ha sido toda una lucha. El congreso aprobó la ley de alimentación saludable el 2012, pero las presiones de la industria alimentaria que abusa del azúcar, grasas y sal frenaron su aplicación. La pareja presidencial Humala-Heredia se inclinó ante estos grandes poderes económicos. Porque no es poco lo que hay en juego ni son de bajo peso los grupos económicos que hacen negocios en ese rubro. Entre los pesos pesados, Alicorp es el mayor conglomerado de la industria alimentaria, teniendo fuerza oligopólica en los mercados de aceites, galletas y salsas, siendo propiedad del grupo Romero, el mismo que desde hace cuatro décadas controla el mayor banco privado del Perú. También está Gloria SA, de los hermanos Rodríguez, cuasi monopolio en la leche y principal productor en los emporios azucareros de norte, con exoneraciones tributarias especialísimas a su favor.

El ministerio de economía y finanzas, este centro de poder neoliberal que se mantiene incólume desde el fujimorismo, no quería incomodar ni con un pétalo las ganancias de estos oligopolios. Aunque el sobrepeso y la obesidad generan un alto costo en demandas de atención de la salud porque los cánceres, infartos, diabetes y discapacidades son costosísimos, como eso lo pagan los enfermos y la carga se la trasladan al sector salud, tales costos no les importa al MEF neoliberal. Así, varios intentos de aplicar y reglamentar la ley fueron bloqueados entre el 2012 y el 2018 por la presión de la gran industria.

Los reclamos ciudadanos y las recomendaciones de la salud pública desde organismos internacionales como la OMS y la OPS hasta expertos nacionales, fueron desoídos por varios años. Pero persistimos y persistimos. Hay que reconocerle a Vizcarra haber sacado el reglamento  de las advertencias obligatorias, y tiene su mérito porque las presiones del fujimorismo desde el congreso y la propia Keiko fueron brutales. Los fujimoristas presentaron proyectos de ley en el congreso (que con toda frescura aprobaron en la “comisión de defensa del consumidor”) para impedir los octógonos de alerta y Keiko le pidió a Vizcarra, en uno de sus encuentros secretos apenas llegado éste a la presidencia, que cambiara a la ministra de salud que insistía en que se reglamentaran estas advertencias como lo necesita la salud pública. Tenía su razón: Dionisio Romero y los Rodríguez están entre quienes aportaron a la “chancha” de 2 millones de dólares de la Confiep en favor de la campaña presidencial de Keiko, de lo que nos enteramos recién cuando Jorge Barata de Odebrecht habló al respecto.

APENAS UN INICIO DÉBIL

El vaso está medio vacío: las advertencias son débiles a pesar de que el riesgo para la salud es enorme. Se cambió el color de rojo a negro, cuando todos sabemos que el color de una alerta de riesgo es el rojo. Las cantidades límite de azúcar, sal y grasas que se permiten en un producto antes de que sea obligatorio que lleve el octógono de advertencia son  mayores que en Chile, y los plazos para ajustarse a topes que realmente defiendan la salud son mayores. Por ejemplo, en Chile una gaseosa solo puede tener 4 gramos de azúcar por cada 100 mililitros a los 36 meses de aprobada la ley, en el Perú incuso 39 meses después de salido el reglamento pueden seguir teniendo 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros y no tener que poner el octógono. En Chile hay un tope de calorías por gramo en los productos sólidos (galletas, caramelos, etc) más allá del cual se requiere etiquetado, en el Perú no. En Chile se estableció que los topes suben a los 24 y 36 meses, en Perú recién a los 39 meses que son en realidad adicionales a los 6 meses desde que salió el reglamento y a los 6 años después de aprobada la ley, es decir 118 meses de demora provocada por los lobbies  de los oligopolios.

Pero el mayor problema es que las medidas adoptadas tienen dos flancos débiles. Su primera debilidad es el escaso conocimiento de los peruanos de lo dañino que es el sobrepeso y la obesidad y de cómo estos alimentos altos en azúcar, sal (sodio) y grasas nos afectan. El ministerio de salud debe hacer una fuerte campaña informativa el respecto, así como fiscalizar la ley con firmeza. La segunda debilidad es política, ya que no se puede descartar que el congreso nuevamente ataque esta norma, o que mientras llega el plazo de ajustar los topes, que será todavía en marzo del 2022, un nuevo lobby de la Confiep genere un retroceso mayor. Como en tantos temas en nuestro Perú, habrá que estar vigilantes e instalar esta alerta en la conciencia ciudadana.