Telesup es una estafa. A sus estudiantes y al país. A sus estudiantes porque les promete una educación universitaria y solo les da una fachada falsa y unos cursillos de pacotilla. Al país, porque luego alguien que dice ser un profesional y que tiene un título “A Nombre de la Nación” diciendo que lo es, pero que no tiene los conocimientos mínimos, nos ofrece servicios y nos vende cualquier cosa. Y yo, por lo menos, no quiero ser atendido por un médico de Telesup, tener que confiar en la opinión de un abogado de Alas Peruanas o comprar un departamento cuyos planos han sido validados por un ingeniero de la “Simón Bolivar” (sobre todo porque vivimos en zona sísmica). Que la SUNEDU felizmente esté poniendo fin a esas estafas, y quedan todavía varias universidades-estafa por cerrar, está muy bien.
Parece además que el ejemplo de estos cierres está generando sus efectos, según me cuentan hay otras universidades de bajo nivel que están haciendo esfuerzos por levantar su calidad para lograr el licenciamiento de la Sunedu, mientras sospecho que otras han tirado la toalla: a una cuadra de mi casa hubo durante varios años un local con el letrero de “universidad Sergio vernales”, pero hace unos meses a regresado a llamarse solamente “instituto superior” y la verdad es que no diera la impresión de brindar buenos servicios apenas mirando desde fuera.
NO OLVIDAR LAS EXONERACIONES TRIBUTARIAS
Hay sin embargo varias cosas que agregar a esta discusión. La primera son las exoneraciones tributarias de las que gozan estas estafas. En efecto, las empresas de la educación superior privada tiene beneficios especiales por 2,300 millones de soles anuales, una parte porque no pagan IGV, otra parte porque tienen exoneraciones del impuesto a la renta, es decir, aunque sus dueños ganen una millonada, no pagan impuestos como cualquier trabajador que le descuentan por planilla o cualquier bodeguita fiscalizada por la SUNAT. Este privilegio para las universidades privadas fue establecido por el gobierno de Alberto Fujimori y sus reformas neoliberales, que tras el discurso del “libre mercado” abrieron las puertas a las Universidades-estafa y abusos como éste, así como el de las caóticas combis y rutas de buses urbanas.
Pero casi dos décadas después de la caía de la dictadura de Fujimori, el estado peruano sigue regalando 2,300 millones de soles ANUALES a estas empresas privadas, algunas solo un buen negocio, otras una franca estafa. ¿Gracias a quién? Este tipo de beneficios y reglas tributarias, según nuestra Constitución, sólo pueden ser establecidas y alteradas por el Congreso. El fujimorismo ha tenido varios congresistas vinculados a estas universidades-estafa, entre los que destaca Joaquín Ramírez, sobrino del dueño de Alas Peruanas Fidel Ramírez y que ganaba decenas de millones en contratos para esta universidad. Recordemos que Joaquín Ramírez, congresista fujimorista 2006-2011, fue secretario general de Fuerza Popular hasta la campaña del 2011, cuando fue reemplazado cuando fue un escándalo que fuera investigado por narcotráfico por la DEA de los EEEUU, asunto que quiso ser tapado con unos audios trafeados por su sucesor en el cargo de secretario general de FP; José Chlimper, luego premiado con el cargo de director del BCR por la mayoría congresal fujimorista. En las elecciones para este congreso, Joaquín Ramírez fue reemplazado por su hermano Osías Ramírez – en el fujimorismo no es sorpresa que haya cargos que se heredan.
La UAP-Universidad Alas Peruanas tiene muchos más anticuchos en su prontuario, ya que en realidad se supone pertenece supuestamente a una “cooperativa policial” que los Ramírez han manejado como su chacra (como denuncio con detalle esta revista en su edición del 8 de marzo pasado). Alas Peruanas aún sigue funcionando, con decenas de locales en todo el país, incluso en mercados y con pésimas condiciones, e incluyendo locales donde han hecho la misma estafa de la “fachada falsa” de Telesup por lo que la municipalidad de Jesús Maria – tardíamente luego de que la foto circuló en redes – les cerró el local porque este “no mantenía las condiciones mínimas de seguridad”.
Alas Peruanas no es la única universidad vinculada al aprofujimorismo: la universidad San Juan Bautista es propiedad de José Luis Elías, quien fue congresista fujimorista del 2006 al 2011, siendo reemplazado en este periodo por su hermano Miguel Angel, otro cargo “heredado” gracias a la también heredera Keiko.
Los Acuña son otra familia que tiene fuertes intereses en este negocio. No se trata solamente de César Acuña, el ex candidato presidencial que plagió su tesis doctoral, dueño de la Universidad Cesar Vallejo. La familia es también propietaria de la Universidad Señor de Sipán, que según dicen ha sido entregada a la ex esposa de Cesar Acuña y madre del actual congresista Richard Acuña, quien era vicepresidente en la mesa directiva con el fujimorismo el año pasado. Hace unas semanas salió a luz que Richard Acuña formó parte de la directiva de esa universidad que fue a SUNEDU para discutir su licenciamiento, algo que está estrictamente prohibido porque como es obvio, ejerce influencia indebida sobre las autoridades.
¿Por qué siguen teniendo estas universidades-estafa exoneraciones tributarias especiales? Es evidente: porque esos privilegios son blindados, protegidos, por SUS congresistas. La declaración jurada de Cesar Acuña indica que por ese negocio el obtiene hasta 50 millones de ganancias al año, ganancias por las cuales sus universidades no pagan impuestos como sí lo debe hacer una clínica que atiende pacientes.
Mientras tanto, claro, a las universidades públicas el MEF les niega el presupuesto necesario para tener buenas bibliotecas y laboratorios, y programas como Beca18 son severamente recortados.
UNIVERSIDAD, PROFESIONALIZACIÓN Y PENSAMIENTO
El fujicongreso y sus aliados no solo defienden las exoneraciones, también se han movido y se siguen moviendo contra la SUNEDU y la nueva ley universitaria, por cuya aprobación debemos un reconocimiento a Daniel Mora que fue su gran impulsor. Cerrar a las universidades-estafa y cortarles sus indebidos privilegios requiere enfrentar a esta mafia. Es un reto grande, pero no el único. Las Universidades en todos los países del mundo son esenciales no sólo porque forman profesionales, sino por otras dos razones fundamentales: generan conocimientos que son la base del progreso tecnológico y son lugares esenciales para pensarnos qué somos y adónde vamos como sociedad y como naciones.
Sin pensamiento nacional no hay soberanía. Si seguimos dando las espaldas a la investigación sobre nuestra sierra y selva, nuestra biodiversidad y nuestros conocimientos ancestrales, desaprovechamos enormes oportunidades, reproducimos desigualdades y reforzamos la dependencia del exterior y a usar tecnologías ajenas por las que debemos pagar grandes sumas de dinero. Si abandonamos la investigación y discusión sobre nuestra cultura, nuestra democracia y nuestra forma de relacionarnos, en suma sobre nuestras raíces y nuestro futuro, seguiremos siendo un barco a la deriva que, a dos siglos de su independencia, no tiene rumbo claro y es fácilmente capturado por pequeños círculos de corrupción.
Por esto, la educación superior no puede dejarse al “libre albedrío” de la empresa privada cuya finalidad son las ganancias y que, demasiado a menudo, terminan siendo simplemente una fachada de la corrupción. No debemos olvidar que cesar Acuña no solo ha sido congresista sino un destacado candidato presidencial y que José Luna, el dueño de Telesup, luego de ser congresista por el partido de Luis Castañeda, fue candidato a vicepresidente. ¡Vicepresidente! Sí, el mismo de la facha “bamba”, de la Universidad que no cumple ni uno solo de los criterios de calidad mínimos de Sunedu, que ahora hace campaña y saca volantes contra quienes poner freno a su estafa.
No debemos desmayar en la lucha contra estos sinvergüenzas, pero debemos ser conscientes de que es solo una primera batalla la que estanos dando. Hay que cambiar la idea de que un país puede desarrollarse sin una política seria de educación superior, que no solo acabe con las universidades-estafa, sino que también otorgue los presupuestos y asegure condiciones democráticas para que las universidades públicas puedan investigar en ciencia, ingeniería y humanidades y formar profesionales de alta calidad.
DISCLAIMER: Soy profesor en la Católica – PUCP, así que creo necesario que mis intereses de economía o poder personales en relación a lo dicho en este artículo. Solo soy profesor, no soy autoridad ni tengo relación con el manejo de fondos. En los últimos años la cantidad de estudiantes en la especialidad de economía se ha duplicado y el tamaño de las clases ha aumentado, pero eso no ha tenido ni tiene impacto alguno en nuestros sueldos. Sí soy parte de un equipo de investigación sobre nutrición, iniciando un proyecto financiado con fondos públicos de Concytec obtenidos tras un concurso. En ningún caso me beneficio personalmente con el cierre de Telesup o Alas Peruanas. Quizás a algunos esta aclaración puede parecer innecesaria, pero ¡hay tantos economistas escribiendo artículos para favorecer a sus clientes empresariales!
Agregue un comentario