Llega el fin de año en condiciones económicas muy duras para millones de peruanos. Más de 3 millones de personas no tienen empleo y los ingresos de los trabajadores del comercio ha caído más de 20 por ciento, cifras que no vemos en más de treinta años. Los peruanos nos esforzamos duro pero muchísimos la tienen muy difícil. ¿Qué puede hacer el gobierno al respecto?

DEMANDA, INVERSION PÚBLICA Y PROGRAMAS DE EMPLEO MASIVO

Si hay un desempleo tan grande, el estado debe actuar. Desde el FMI hasta la revista de economía liberal más reputada, The Economist, coinciden en que ante un alto desempleo corresponde impulsar la demanda. Esa es la principal limitación que enfrentan los miles de trabajadores independientes, micro, pequeños y medianos empresarios: los productos no salen porque la gente está misia. Como las ventas están bajas, no tiene sentido contratar personal o invertir en nuevas tiendas. El estado puede empujar la demanda con un impulso fiscal, ampliando fuertemente la inversión pública y los programas sociales, como recomendara Keynes ante la depresión de 1930.

La inversión pública, según estudios del FMI y el BCR, tiene mucho efecto en promover la demanda, el crecimiento económico y, de esa manera, el empleo. Por eso, hay que acelerar a fondo en la inversión pública. El gobierno de Vizcarra anunció a mediados de año que se crearían 1 millón de empleos en obras públicas, pero eso viene avanzando demasiado lento dada la emergencia por la que atravesamos. Urge acelerarlo. Pero hay que atacar el problema por varios frentes, porque siempre demora preparar los proyectos, hacer las licitaciones y empezar a construir las grandes obras. Por eso, ante la urgencia hay que ayudar económicamente a la gente más necesitada con “bonos familiares” y otros programas sociales, que también son un aporte a la demanda necesaria para reactivar la economía.

Programas de empleo con pequeños proyectos que pueden hacerse con mayor rapidez son una buena opción de apoyo económico a los necesitados y refuerzo a la demanda. Desde hace dos décadas tenemos un programa de este tipo que ahora se llama “Trabaja Perú”, los últimos años estuvo catatónico pero en julio le dieron 770 millones de presupuesto con lo que dijeron crearían 280 mil empleos temporales. Esto debiera multiplicarse para el próximo año rápidamente hasta por diez veces más, ampliando los fondos existentes a quienes ya están en acción y cooperando con una amplia gama de instituciones adicionales: municipios de centros poblados, comunidades campesinas y nativas, organizaciones sociales bien establecidas, juntas de regantes, asociaciones de mujeres y comedores populares, otras entidades públicas. Se puede mejorar colegios (por ejemplo dotándolos de agua potable y desagüe) con proyectos cogestionados con padres de familia y alcaldes, como ya se hace anualmente para su mantenimiento. Los centros de salud y hospitales debieran tener un mecanismo similar, de pequeños fondos de ágil disposición para mejorar su infraestructura y adecuarse a las necesidades de la pandemia, trabajando también con la comunidad como con los CLAS – Comités locales de administración de salud.

Por si acaso, programas de empleo masivo en pequeños proyectos se aplican a nivel mundial hace muchas décadas (¡desde 1930!) y están en vigentes en más de un centenar de países, con gigantes como la India usándolos como base para lograr “empleo para todos” mandatado por ley. Se han ido ampliando de obras a servicios comunitarios como cuidado infantil y de personas vulnerables, que ahora podrían aprovechar espacios abiertos como parques. Estos programas tienen algunas ventajas y algunos flancos que cuidar. Sus ventajas: son autofocalizados ya que sólo atraen a quienes tienen real necesidad de empleo, implican esfuerzo personal, pueden desplegarse más rápido que grandes proyectos de inversión y se adaptan a condiciones locales. Sus flancos débiles a cuidar: puede haber cierta demora en la implementación y asegurar que no sólo ayuden dando empleo sino también con obras y servicios útiles. Su limitación:  no resuelven el sostén económico para niños y niñas, personas con discapacidad y adultos mayores que no pueden trabajar.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Por eso, se necesita también una seguridad social reforzada. En esta época navideña es fácil de entender el respaldo, económico y de cuidado, que como sociedad debemos dar a quienes no tienen la capacidad de autosostenerse. La navidad invita a pensar en la solidaridad que, como hemos visto dramáticamente con la pandemia, debe ir mucho más allá de la familia. Necesitamos una red de seguridad social mucho más amplia. Hospitales colapsados y UCIs copadas, con personas y familias endeudadas al cogote y quebradas, lo han demostrado. Se ha hecho más evidente un problema algo que ha estado siempre ahí, cada vez que alguien sin seguro caía enfermo de cáncer u otra enfermedad grave, cuando una familia perdía quien le daba sostén económico y tras sequías, inundaciones y heladas.

Tenemos que responder a la emergencia reforzando la seguridad social con una perspectiva de mediano plazo. Eso implica apoyar las redes de apoyo de emergencia que han surgido en comedores populares y comunidades, entregar alimentos y bonos adicionales a las familias con niños y ampliar sustancialmente la cobertura de los sistemas de pensiones por vejez y por discapacidad. Por eso también carece de sentido la propuesta de “devolución de fondos de la ONP”, imposible porque los aportes ya se destinaron a pagar jubilaciones y que dejaría sin pensiones ni seguro de salud a miles de peruanos.

A LO SEGURO

Hay quienes optimistamente piensan que la economía se recuperará rapidito porque los gimnasios y casinos abrirán. Esas medidas implican un alto riesgo en relación a una segunda ola de Covid y no tienen mayor efecto sobre la economía y el empleo. Por otro lado, lo vacíos que están los bolsillos y la ausencia de turismo extranjero generan un peso muerto muy grande. Eso frenará la reactivación si no se actúa apretando el acelerador de la demanda en otros frentes.

Ojalá esté equivocado y se reactive rápido la economía peruana sobre todo la economía popular, la de los microcomerciantes y pequeños, la de la agricultura familiar y campesina. Quisiera mucho que mis temores resulten infundados. Pero ¿debemos correr el riesgo de una depresión que puede durar varios años mientras esperamos que una creencia ciega del equilibrio de la oferta y la demanda nos regrese a un 2019 que dejaba que desear en términos de desigualdad, salud y seguridad social?  Mejor no correr ese riesgo.  Mejor optamos, al estilo del surgimiento de las políticas keynesianas y el New Deal de Franklin Roosevelt en Estados Unidos de hace 90 años, por enfrentar la depresión con un empujón de la inversión pública, programas de empleo masivo y seguridad social.

Esa misma política de “curarnos en salud” vale también para el Covid. La segunda ola puede o no llegar y ojalá que la amplitud de enfermedad y daño que causó la primera nos ayuden, pero eso es algo totalmente incierto. Ese es el otro riesgo que no podemos corrernos. Siendo clave la vacuna, pero el resultado del “comando vacuna” liderado por los mejores cuadros de la Confiep es que no tenemos ninguna vacuna segura, que posiblemente lleguen con bastante tardanza hacia el segundo o tercer trimestre, y que lo único que tenemos a medio contratar es la de Pfizer que por requerir refrigeración a – 80 grados sólo se va a poder aplicar en Lima y grandes ciudades. Hay que actuar urgente buscando otras vacunas, incluyendo chinas y rusa, pero ya estamos llegando tarde. Demorará. Tenemos que estar muy alertas y tener un fuerte sistema de pruebas-aislamiento-seguimiento de contactos. Una parte clave de ese esquema, el aislamiento, solo puede funcionar si damos un fuerte soporte económico y sanitario a quienes se enfermen; si seguimos dejando a los contagiados y a los pobres a su suerte, seguirán sin tener más opción que salir a la calle a buscarse la comida del día, facilitando la trasmisión del Covid. Un sistema de seguridad social reforzado nos ayudaría también a controlar la pandemia.

La protesta de los trabajadores de la agroexportación, duramente explotados, ha logrado la derogatoria de la ley 27360 que los discriminaba. Pero no debemos olvidar los orígenes de esta ley y sus defensores, ni obviar la discusión de fondo sobre el grave problema del desempleo.

La ley 27360 permitía a los agroexportadores no pagar gratificaciones en julio y diciembre a sus trabajadores ni depositarles su CTS (compensación por tiempo de servicios). Supuestamente esos beneficios se incluían en el pago semanal o mensual, pero las empresas simplemente reducían el salario básico de manera que lo que cobraban los trabajadores en la boleta era lo mismo, pero luego no tenían nada extra en julio y diciembre ni respaldo alguno al momento del despido.

La ley también hacía que los agroexportadores contribuyan mucho menos a EsSalud; este año se calcula 150 millones de aportaciones reducidas. Pero “no hay lonche gratis”. ¿Quién carga con ese costo? Todos los asegurados en falta de medicinas y larguísimas esperas. Así, los trabajadores y sus familiares subsidian a los millonarios. En el debate de la semana pasada los empresarios pretextaron que EsSalud no presta servicios a sus trabajadores, pero eso es falso y con datos en mano fueron desmentidos por la propia Fiorella Molinelli, presidenta de EsSalud, íntima de PPK y la Confiep.

Finalmente, la ley 27360 les regalaba a estos grandes empresarios la mitad del impuesto a la renta. Este es un impuesto sobre las ganancias, de tal manera que quien sacaba utilidades multimillonarias ganaba más con este beneficio tributario, algo extremadamente injusto.

¿Quiénes aprobaron esa ley? Esa ley fue firmada por José Chlimper, uno de los principales agroexportadores, cuando fue ministro de la dictadura de Fujimori. Debía regir por diez años pero el 2006, con la firma de Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, y con el respaldo del fujiaprismo y la bancada da Pepe Luna (el mandamás de Podemos y Urresti), se amplió hasta diciembre del 2021. El año pasado el congreso anterior, con los votos de los seguidores de Keiko, el Apra, APP de Acuña y de Gino Costa y Alberto de Belaunde, hoy del Partido Morado, aprobó su prórroga hasta el 2031. Acción Popular para variar voto dividido, con la abstención (no en contra) de Johny Lescano; sólo se opusieron las bancadas izquierdistas del FA y el Nuevo Perú. Debido a la disolución del congreso ese proyecto no alcanzó a ser tramitado y Vizcarra lo aprobó mediante Decreto de Urgencia, aun cuando no había ninguna urgencia porque la ley ya tenía vigencia hasta fines del 2021. Esta nueva prórroga por diez años más, tanto en la versión del congreso como en la de Vizcarra, reducía a los agroexportadores el subsidio que recibían por reducir sus aportes a Essalud, de 250 millones anuales a 150 millones anuales. Pero la esencia, antes y después del 2019, era la misma: quitarles cientos de millones de soles a los asegurados en atenciones de salud, en beneficio de los grandes empresarios agroexportadores.

La semana pasada antes de la derogatoria de la ley 27360 sucedieron dos cosas. El miércoles, a pedido de la bancada Podemos de Daniel Urresti, una primera votación del congreso respaldada por el fujimorismo, APP de Acuña, el Partido Morado de Julio Guzmán y Podemos de Urresti, impidió la derogatoria. El poder ejecutivo presentó un proyecto que mantenía el subsidio de 150 millones de soles anuales de los asegurados de Essalud a las grandes exportadoras y sus beneficios tributarios especiales; esto último también estaba en un proyecto de ley del Partido Morado de Julio Guzmán. Sólo cuando las protestas siguieron con fuerza, estos grupos retrocedieron y aceptaron la derogatoria. Aún faltan cambios para que los trabajadores puedan tener sindicatos y negociación por rama, y tengamos una política agraria que apoye a los pequeños agricultores y la innovación.

WALDO MENDOZA AYER

Hay un debate de fondo, sin embargo, en torno al problema de la falta de empleo. La derecha pro-Confiep insiste en que recortar derechos y beneficios a los trabajadores es necesario para que se generen puestos de trabajo; el que esas políticas produzcan mayores utilidades a las grandes empresas a costa de la pobreza de muchas familias es algo que no mencionan jamás.

 Waldo Mendoza, el actual ministro de economía, resumió bien esta polémica hace unos años: “Simplificando la discusión, hay dos visiones sobre cómo generar empleo. En un frente, están los que consideran que los costos salariales (salarios y los costos asociados, como la CTS) en el Perú son muy altos y eso es lo que impide a los empresarios contratar más trabajadores. Si se bajan los salarios, o los costos asociados, la mano de obra se abarata, se hace atractiva para los empresarios y por eso se genera más empleo. Es la lógica de la Ley Pulpín. En el otro frente, en el que me incluyo, el diagnóstico es simple (…) para que crezca el empleo debe crecer la producción (…) ¿Qué muestran las cifras?  Una estrechísima relación entre el empleo, medido por el empleo urbano en empresas de más de 10 trabajadores, y el PBI, medido por el PBI no primario. Como ejemplo, en el primer semestre de 2008, cuando crecíamos a 11 % anual, el empleo crecía a 9%. En el primer semestre de 2009, cuando la economía se enfrió debido a la crisis internacional, la tasa de crecimiento del PBI se redujo a 1 % y la del empleo a 2.3% (…). En el Perú, los sectores no primarios representan como el 80 % del PBI, por lo que no es exagerado decir, en el agregado, que el empleo depende de la producción y la producción depende de la demanda” (Waldo Mendoza: “Como generar empleo” en El Comercio el 5 de febrero de 2015).

Concluía entonces el hoy ministro que “Si el empleo depende del producto y este de la demanda, hay que actuar sobre la demanda para generar empleo”. Concuerdo con esa postura. Habría que añadir que si se le quita a los trabajadores las gratificaciones, su consumo se reduce y con ello la demanda. Un empresario, encerrado en la estrecha mirada de su estado de ganancias mensual, piensa que pagar gratificaciones es un costo que afectará sus utilidades, pero desde el punto de vista macroeconómico, es gracias a esa grati que la economía y el comercio se aceleran todos los diciembres.

WALDO MENDOZA AHORA

Hoy esto es de una enorme importancia porque el problema de empleo y falta de demanda son más agudos que nunca. Hay 3 millones de peruanos que han perdido su trabajo en la peor crisis del empleo en treinta años. Para la industria y el comercio, la baja demanda hará que esta sea la peor navidad de décadas, repercutiendo a su vez en menor contratación temporal de jóvenes.

Esta semana en RPP un Waldo Mendoza muy optimista aseveró que tendremos una recuperación en V, muy rápida, y negó que pueda ser en forma de K, es decir, con un sector importante de la población manteniéndose empobrecido. Por mi parte veo serios riesgos que pueden demorar esa reactivación, dada la magnitud del desempleo, la demora en que regrese el turismo (que genera 1 millón 400 mil empleos) y los riesgos de una segunda ola, presentes dada la demora que tendremos en lograr una vacunación masiva.

La inversión pública es la política clave de Mendoza para promover la demanda. El ministro dijo que el próximo año era “fácilmente alcanzable” que la inversión aumente en 20 por ciento, entre otras razones, porque “hay capacidad fiscal”. Acelerar la construcción de obras estatales usando los 80 mil millones que el fisco tiene guardados está muy bien, así se generarían empleos directos e indirectos y se empujaría la demanda y el crecimiento.

Temo sin embargo que Waldo Mendoza es demasiado optimista; la proyección del BCR para este año es que la inversión pública caerá 10 por ciento. El repunte prometido por Mendoza alcanzaría sólo 0,7 por ciento del PBI cuando el desempleo real es tremendo, del orden del 25 por ciento en las ciudades. El presupuesto para el 2021 aprobado reconcentra recursos en el gobierno central, cuya inversión puede demorarse por los cambios de gestión, cuando debiera darse financiamiento a los gobiernos regionales y municipalidades y para un programa masivo de pequeñas obras y empleo temporal como “Trabaja Perú”. Repetidas veces, además, hemos visto, que la inversión pública se demora, y por eso la entrega de varios “bonos universales” es la forma rápida de ayudar a la gente y reactivar la demanda. La crisis económica es grande y hay que atacar la falta de demanda con fuerza, decisión y por todos los medios posibles.

Se ha abierto una discusión sobre la necesidad de un cambio constitucional y quiero empezar por dos asuntos económicos a revisar en la Constitución. El artículo 63 establece que “La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones”. Esto es algo que ninguno de los países industrializados ni latinoamericano tiene. La constitución de Chile, por ejemplo, no dice nada al respecto. La constitución de Brasil dice que “La ley regulará las inversiones de capital extranjero y las remesas de lucro, incentivando las reinversiones, con base en el interés nacional”, planteando una legislación especial y diferenciada para ellas, sin que deban ser tratadas igual que las nacionales.

En estos meses, las preferencias de diversos países por sus empresas nacionales han sido notorias. En el caso de las vacunas frente al Covid, por ejemplo, China apoya las suyas, Rusia las propias, a Estados Unidos no se le pasa por la cabeza comprar vacunas de estos países y financia sus empresas Pfizer y Moderna mientras Astrazeneca, empresa inglesa, es la preferida en el Reino Unido. Hemos sido testigos también de políticas directamente enfrentadas a inversiones extranjeras: Estados Unidos combate las chinas Huawei y TikTok, incluso prohibiendo tratos comerciales, y en el mercado de los aviones comerciales ha cruzado acusaciones con Europa, defendiendo cada uno a su empresa, Boeing versus Airbus.

 ¿Es este un tema secundario? Las últimas décadas hemos sido testigos de cómo países asiáticos han avanzado económicamente mucho más que Latinoamérica. Coincidentemente, conocemos marcas automotrices de Japón, Corea del Sur y China, promovidas y favorecidas por sus estados, mientras en Latinoamérica no hay una sola empresa o marca de carros y a lo más que llegan algunos países – no el Perú – es a producir modelos extranjeros. Podemos repetir el ejemplo hablando de computadoras, maquinaria pesada o celulares. Incluso en la región, el Perú es de los más atrasados en tener empresas nacionales potentes. El 70 por ciento de los vuelos internos en Perú los hace una empresa extranjera, lo que no sucede en Chile, Brasil, Colombia o Argentina. ¿No es evidente que esto, además de ser económicamente malo, nos debilita en términos geopolíticos? Ninguno de esos países permitiría que una empresa peruana tuviera la mayoría de sus vuelos internos. Pasa parecido si hablamos de empresas de transporte urbano o de cabotaje marítimo. En telecomunicaciones, hay 4 empresas fuertes en Perú, una española, dos latinoamericanas (mexicana y chilena) y una de Vietnam, país cuyo nivel de PBI per cápita es menos que la mitad del nuestro, y ninguna peruana.

La inversión extranjera es necesaria, claro que sí. No se trata de prohibir su ingreso y dar un coto cerrado de caza a los monopolios nacionales. Nuevas inversiones de afuera pueden traer avances tecnológicos importantes. Pero ¿en todo momento, en todo lugar y para todas las actividades deben tener los extranjeros las mismas condiciones que los peruanos? ¿No debe haber una posibilidad de políticas de promoción de la inversión nacional frente a la extranjera en algún sector, si se elige un gobierno que así lo proponga antes de las elecciones, como por ejemplo se puede hacer en Brasil, en Chile y en cualquier otro país latinoamericano?

La Confiep se opone a dar preferencia a los peruanos. ¿Por qué? Una razón es que está llena de trasnacionales. Incluso Yanacocha, la principal empresa de Roque Benavides es en realidad mayoritariamente gringa (Newmont). La otra es que casi todos los grandes grupos se amparan en paraísos fiscales, extranjeros, cuyo único fin es eludir impuestos, pero que gracias a esta disposición constitucional, mantienen el mismo trato que el resto. Ejemplos: el Banco de Crédito y empresas asociadas, el grupo Intercorp de Rodriguez Pastor, grupo Gloria, Hochschild, Belcorp, Breca. Tiempo de cortarles sus sinvergüencerías.

Subsidiariedad del estado

El artículo 63 de nuestra Constitución dice así: “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial”. El término clave acá es el de “subsidiariamente”, que quiere decir que el estado solo puede actuar donde no lo pueda hacer un privado; los privados (nacionales o extranjeros) siempre tienen la preferencia.

Es la política de la privatización. En la salud los grandes conglomerados empiezan a operar y el estado se repliega. En la educación muchos “Pepe el vivo” arman universidades de fachada y el estado les da exoneraciones tributarias mientras quita apoyo a las universidades públicas. Grandes bancos privados abusan en el mercado y se impide que el Banco de la Nación entre a hacerles competencia. Se imponen las AFPs y al sistema público de pensiones (ONP) se le baja la llanta. El transporte público Metropolitano se concesiona a empresas privadas que luego nos chantajean a su regalada gana. Las carreteras y los peajes se entregan a Odebrecht y el “club de la construcción”. El gas peruano se entrega a trasnacionales que lo exportan, en vez de usarse en bajar costos de a energía y apoyar la industrialización nacional.

No se trata tampoco de crear empresas públicas por doquier, sin ton ni son. Necesitamos un mejor estado, no sólo más estado. Como he escrito antes, los directores y cargos gerenciales no deben ser puestos a capricho del gobernante de turno sino por concurso de méritos, con transparencia y rendición de cuentas. Pero ¿debemos negar por siempre la posibilidad de que en algún sector clave, que podría ser transportes, energía, medicamentos, finanzas, una acción estatal directa podría ser beneficiosa? En la banca, por ejemplo, decenas de países tienen bancos de desarrollo, desde Alemania hasta China. En nuestro país, la debilidad de estado nos dificulta ahora dar apoyo crediticio al agro e incuso hacer legar el bono familiar a zonas rurales ¿seguimos esperando tres décadas más a ver si la banca privada se anima a ir al campo?

Omisiones notorias

Si esos son dos artículos malos de la Constitución, esta peca también por omisión. Tenemos ahora pruebas de como los grandes grupos económicos, Romero, Odebrecht, OAS, Graña y Montero, Gloria y varios otros compraban gobiernos y congresistas. Perdón, debo ponerlo en presente, con la mafia de PP – Pepe Luna, con Daniel Urresti como su locomotora jala-votos, orquestando un golpe de estado para poder reabrir su universidad-estafa Telesup. Este es un problema nacional de la primera importancia, pero la Constitución no ha servido de nada para evitar esta corrupción de altísimo nivel y muchos millones en juego.

En la salud, una primera ola de la pandemia nos ha dejado 85 mil muertos, con una mortalidad de las mayores el mundo entero. Una causa principal es que nuestro sistema de salud es misérrimo porque las exoneraciones y evasión tributaria usando paraísos fiscales nos dejan un estado recontra misio.  Sucede que en la Constitución no hay una línea sobre fondos para la salud.

El mundo también debe enfrentar ahora nuevos retos, como el calentamiento global, la pérdida de privacidad con las nuevas tecnologías de información y a inteligencia artificial. Hace falta una puesta al día ante esta nueva realidad.

No cambiará todo

Los críticos dicen que “el Perú no será otro” si cambiáramos la Constitución. Es una verdad a medias, porque en la historia siempre se juntan continuidad y cambio; pero esa frase apunta a que nos resignemos a la realidad que vivimos. Debemos rechazar esa pretensión. Queremos un cambio importante, necesitamos decidir hacia dónde girar, y parte importante de ese cambio puede provenir de que todos discutamos nuevas reglas de juego políticas.

Para decirlo de otra manera: es verdad que un cambio de la Constitución “no cambia todo”. Pero vamos, eso ni es posible ni es deseable. Yo por lo menos quiero seguir con mi ceviche y mi Alianza Lima. Decir que “no cambia todo” es simplemente una frase tramposa para atacar las demandas de nueva constitución, deformando y caricaturizando los argumentos a su favor. Una Nueva Constitución no cambiará todo pero nos ayudará a cambiar algunos asuntos de gran importancia.

Curiosamente, el mismo bando neoliberal que busca bajarle la llanta a las demandas de cambio de Constitución diciendo que eso no nos hará otros, también dice que íbamos muy mal y gracias a la Constitución de 1993 pasó a irnos recontrabien. En su razonamiento, un cambio de constitución ahora sería inútil pero el anterior es la madre de todas las virtudes. Como dicen, “el pez por la boca muere”, en este caso revelando que no es el cambio de constitución en general lo que rechazan, sino el dejar la constitución de Fujimori por una nueva en esta coyuntura de ingreso masivo de los jóvenes a la política. Que lo digan así, abiertamente entonces, y no se escondan en argumentos falaces en los que ni ellos mismos creen.

El debate está empezando. Que sus puertas se abran de par en par. 

Respondo a Alberto de Belaunde, a quien aprecio mucho, sobre su voto a favor de la ley de subsidios a agroexportadoras a costa de los trabajadores:

1/ “Es perfectible”: sin duda, pero si pensabas que debía haber algo mejor ¿por qué votaste por esa ley? Me parece un mal pretexto.

2/ “Mejor formal que informal”. Obvio. ¿Pero mejor formal sin CTS ni gratificaciones en diciembre, que formal con CTS y gratis? Igual de obvio, por cierto, es que a agroexportación no se va detener porque los trabajadores tengan CTS y gratis

3/ Dices que el debate debe “incluir las voces de los trabajadores”. Muy de acuerdo. Pero la vez pasada votaste sin que se les escuchara. Un pedido de disculpas de tu parte por esa omisión creo que corresponde. Creo que tienes la entereza de reconocer errores y ahora te toca.

4/ “Se aumentó el aporte a EsSalud”. La ley vigente solo les daba descuento hasta fines de 2021, ahora es hasta el 2031. Antes se ahorraban 250 millones anuales, ahora 150 millones. En 10 años = 1,500 millones. Perdimos 1,250 millones los asegurados a Essalud en peor atención.

5/ “Se triplicó la indemnización por despido arbitrario”…pero nadie la recibe porque todos tienen contratos temporales o vía services.

6/ “El Partido Morado no estuvo en ese congreso ni en ese debate”: vamos, son parte de la bancada por algo llamado “posición política” ¿o no? ¿Acaso e Partido Morado o Julio Guzmán han criticado esa ley?

7/ Por cierto, ¿una postura liberal no aborrece la discriminación y favorece la igualdad de todos ante la ley? ¿Como entonces permitir que unos trabajadores (de la agroexportación) tengan menos derechos que otros?

8/ Un extrita: ¿y votar a favor de esa ley con los notorios intereses de Chlimper-Keiko-Becerril y Olaechea por promoverlos, no te dio un poquito de cosa? ¿Una sospecha de que no era el interés nacional sino el de algunos sinvergüenzas lo que estaba dominando? ¿No importaba?