La protesta de los trabajadores de la agroexportación, duramente explotados, ha logrado la derogatoria de la ley 27360 que los discriminaba. Pero no debemos olvidar los orígenes de esta ley y sus defensores, ni obviar la discusión de fondo sobre el grave problema del desempleo.
La ley 27360 permitía a los agroexportadores no pagar gratificaciones en julio y diciembre a sus trabajadores ni depositarles su CTS (compensación por tiempo de servicios). Supuestamente esos beneficios se incluían en el pago semanal o mensual, pero las empresas simplemente reducían el salario básico de manera que lo que cobraban los trabajadores en la boleta era lo mismo, pero luego no tenían nada extra en julio y diciembre ni respaldo alguno al momento del despido.
La ley también hacía que los agroexportadores contribuyan mucho menos a EsSalud; este año se calcula 150 millones de aportaciones reducidas. Pero “no hay lonche gratis”. ¿Quién carga con ese costo? Todos los asegurados en falta de medicinas y larguísimas esperas. Así, los trabajadores y sus familiares subsidian a los millonarios. En el debate de la semana pasada los empresarios pretextaron que EsSalud no presta servicios a sus trabajadores, pero eso es falso y con datos en mano fueron desmentidos por la propia Fiorella Molinelli, presidenta de EsSalud, íntima de PPK y la Confiep.
Finalmente, la ley 27360 les regalaba a estos grandes empresarios la mitad del impuesto a la renta. Este es un impuesto sobre las ganancias, de tal manera que quien sacaba utilidades multimillonarias ganaba más con este beneficio tributario, algo extremadamente injusto.
¿Quiénes aprobaron esa ley? Esa ley fue firmada por José Chlimper, uno de los principales agroexportadores, cuando fue ministro de la dictadura de Fujimori. Debía regir por diez años pero el 2006, con la firma de Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, y con el respaldo del fujiaprismo y la bancada da Pepe Luna (el mandamás de Podemos y Urresti), se amplió hasta diciembre del 2021. El año pasado el congreso anterior, con los votos de los seguidores de Keiko, el Apra, APP de Acuña y de Gino Costa y Alberto de Belaunde, hoy del Partido Morado, aprobó su prórroga hasta el 2031. Acción Popular para variar voto dividido, con la abstención (no en contra) de Johny Lescano; sólo se opusieron las bancadas izquierdistas del FA y el Nuevo Perú. Debido a la disolución del congreso ese proyecto no alcanzó a ser tramitado y Vizcarra lo aprobó mediante Decreto de Urgencia, aun cuando no había ninguna urgencia porque la ley ya tenía vigencia hasta fines del 2021. Esta nueva prórroga por diez años más, tanto en la versión del congreso como en la de Vizcarra, reducía a los agroexportadores el subsidio que recibían por reducir sus aportes a Essalud, de 250 millones anuales a 150 millones anuales. Pero la esencia, antes y después del 2019, era la misma: quitarles cientos de millones de soles a los asegurados en atenciones de salud, en beneficio de los grandes empresarios agroexportadores.
La semana pasada antes de la derogatoria de la ley 27360 sucedieron dos cosas. El miércoles, a pedido de la bancada Podemos de Daniel Urresti, una primera votación del congreso respaldada por el fujimorismo, APP de Acuña, el Partido Morado de Julio Guzmán y Podemos de Urresti, impidió la derogatoria. El poder ejecutivo presentó un proyecto que mantenía el subsidio de 150 millones de soles anuales de los asegurados de Essalud a las grandes exportadoras y sus beneficios tributarios especiales; esto último también estaba en un proyecto de ley del Partido Morado de Julio Guzmán. Sólo cuando las protestas siguieron con fuerza, estos grupos retrocedieron y aceptaron la derogatoria. Aún faltan cambios para que los trabajadores puedan tener sindicatos y negociación por rama, y tengamos una política agraria que apoye a los pequeños agricultores y la innovación.
WALDO MENDOZA AYER
Hay un debate de fondo, sin embargo, en torno al problema de la falta de empleo. La derecha pro-Confiep insiste en que recortar derechos y beneficios a los trabajadores es necesario para que se generen puestos de trabajo; el que esas políticas produzcan mayores utilidades a las grandes empresas a costa de la pobreza de muchas familias es algo que no mencionan jamás.
Waldo Mendoza, el actual ministro de economía, resumió bien esta polémica hace unos años: “Simplificando la discusión, hay dos visiones sobre cómo generar empleo. En un frente, están los que consideran que los costos salariales (salarios y los costos asociados, como la CTS) en el Perú son muy altos y eso es lo que impide a los empresarios contratar más trabajadores. Si se bajan los salarios, o los costos asociados, la mano de obra se abarata, se hace atractiva para los empresarios y por eso se genera más empleo. Es la lógica de la Ley Pulpín. En el otro frente, en el que me incluyo, el diagnóstico es simple (…) para que crezca el empleo debe crecer la producción (…) ¿Qué muestran las cifras? Una estrechísima relación entre el empleo, medido por el empleo urbano en empresas de más de 10 trabajadores, y el PBI, medido por el PBI no primario. Como ejemplo, en el primer semestre de 2008, cuando crecíamos a 11 % anual, el empleo crecía a 9%. En el primer semestre de 2009, cuando la economía se enfrió debido a la crisis internacional, la tasa de crecimiento del PBI se redujo a 1 % y la del empleo a 2.3% (…). En el Perú, los sectores no primarios representan como el 80 % del PBI, por lo que no es exagerado decir, en el agregado, que el empleo depende de la producción y la producción depende de la demanda” (Waldo Mendoza: “Como generar empleo” en El Comercio el 5 de febrero de 2015).
Concluía entonces el hoy ministro que “Si el empleo depende del producto y este de la demanda, hay que actuar sobre la demanda para generar empleo”. Concuerdo con esa postura. Habría que añadir que si se le quita a los trabajadores las gratificaciones, su consumo se reduce y con ello la demanda. Un empresario, encerrado en la estrecha mirada de su estado de ganancias mensual, piensa que pagar gratificaciones es un costo que afectará sus utilidades, pero desde el punto de vista macroeconómico, es gracias a esa grati que la economía y el comercio se aceleran todos los diciembres.
WALDO MENDOZA AHORA
Hoy esto es de una enorme importancia porque el problema de empleo y falta de demanda son más agudos que nunca. Hay 3 millones de peruanos que han perdido su trabajo en la peor crisis del empleo en treinta años. Para la industria y el comercio, la baja demanda hará que esta sea la peor navidad de décadas, repercutiendo a su vez en menor contratación temporal de jóvenes.
Esta semana en RPP un Waldo Mendoza muy optimista aseveró que tendremos una recuperación en V, muy rápida, y negó que pueda ser en forma de K, es decir, con un sector importante de la población manteniéndose empobrecido. Por mi parte veo serios riesgos que pueden demorar esa reactivación, dada la magnitud del desempleo, la demora en que regrese el turismo (que genera 1 millón 400 mil empleos) y los riesgos de una segunda ola, presentes dada la demora que tendremos en lograr una vacunación masiva.
La inversión pública es la política clave de Mendoza para promover la demanda. El ministro dijo que el próximo año era “fácilmente alcanzable” que la inversión aumente en 20 por ciento, entre otras razones, porque “hay capacidad fiscal”. Acelerar la construcción de obras estatales usando los 80 mil millones que el fisco tiene guardados está muy bien, así se generarían empleos directos e indirectos y se empujaría la demanda y el crecimiento.
Temo sin embargo que Waldo Mendoza es demasiado optimista; la proyección del BCR para este año es que la inversión pública caerá 10 por ciento. El repunte prometido por Mendoza alcanzaría sólo 0,7 por ciento del PBI cuando el desempleo real es tremendo, del orden del 25 por ciento en las ciudades. El presupuesto para el 2021 aprobado reconcentra recursos en el gobierno central, cuya inversión puede demorarse por los cambios de gestión, cuando debiera darse financiamiento a los gobiernos regionales y municipalidades y para un programa masivo de pequeñas obras y empleo temporal como “Trabaja Perú”. Repetidas veces, además, hemos visto, que la inversión pública se demora, y por eso la entrega de varios “bonos universales” es la forma rápida de ayudar a la gente y reactivar la demanda. La crisis económica es grande y hay que atacar la falta de demanda con fuerza, decisión y por todos los medios posibles.
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