Se ha abierto una discusión sobre la necesidad de un cambio constitucional y quiero empezar por dos asuntos económicos a revisar en la Constitución. El artículo 63 establece que “La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones”. Esto es algo que ninguno de los países industrializados ni latinoamericano tiene. La constitución de Chile, por ejemplo, no dice nada al respecto. La constitución de Brasil dice que “La ley regulará las inversiones de capital extranjero y las remesas de lucro, incentivando las reinversiones, con base en el interés nacional”, planteando una legislación especial y diferenciada para ellas, sin que deban ser tratadas igual que las nacionales.
En estos meses, las preferencias de diversos países por sus empresas nacionales han sido notorias. En el caso de las vacunas frente al Covid, por ejemplo, China apoya las suyas, Rusia las propias, a Estados Unidos no se le pasa por la cabeza comprar vacunas de estos países y financia sus empresas Pfizer y Moderna mientras Astrazeneca, empresa inglesa, es la preferida en el Reino Unido. Hemos sido testigos también de políticas directamente enfrentadas a inversiones extranjeras: Estados Unidos combate las chinas Huawei y TikTok, incluso prohibiendo tratos comerciales, y en el mercado de los aviones comerciales ha cruzado acusaciones con Europa, defendiendo cada uno a su empresa, Boeing versus Airbus.
¿Es este un tema secundario? Las últimas décadas hemos sido testigos de cómo países asiáticos han avanzado económicamente mucho más que Latinoamérica. Coincidentemente, conocemos marcas automotrices de Japón, Corea del Sur y China, promovidas y favorecidas por sus estados, mientras en Latinoamérica no hay una sola empresa o marca de carros y a lo más que llegan algunos países – no el Perú – es a producir modelos extranjeros. Podemos repetir el ejemplo hablando de computadoras, maquinaria pesada o celulares. Incluso en la región, el Perú es de los más atrasados en tener empresas nacionales potentes. El 70 por ciento de los vuelos internos en Perú los hace una empresa extranjera, lo que no sucede en Chile, Brasil, Colombia o Argentina. ¿No es evidente que esto, además de ser económicamente malo, nos debilita en términos geopolíticos? Ninguno de esos países permitiría que una empresa peruana tuviera la mayoría de sus vuelos internos. Pasa parecido si hablamos de empresas de transporte urbano o de cabotaje marítimo. En telecomunicaciones, hay 4 empresas fuertes en Perú, una española, dos latinoamericanas (mexicana y chilena) y una de Vietnam, país cuyo nivel de PBI per cápita es menos que la mitad del nuestro, y ninguna peruana.
La inversión extranjera es necesaria, claro que sí. No se trata de prohibir su ingreso y dar un coto cerrado de caza a los monopolios nacionales. Nuevas inversiones de afuera pueden traer avances tecnológicos importantes. Pero ¿en todo momento, en todo lugar y para todas las actividades deben tener los extranjeros las mismas condiciones que los peruanos? ¿No debe haber una posibilidad de políticas de promoción de la inversión nacional frente a la extranjera en algún sector, si se elige un gobierno que así lo proponga antes de las elecciones, como por ejemplo se puede hacer en Brasil, en Chile y en cualquier otro país latinoamericano?
La Confiep se opone a dar preferencia a los peruanos. ¿Por qué? Una razón es que está llena de trasnacionales. Incluso Yanacocha, la principal empresa de Roque Benavides es en realidad mayoritariamente gringa (Newmont). La otra es que casi todos los grandes grupos se amparan en paraísos fiscales, extranjeros, cuyo único fin es eludir impuestos, pero que gracias a esta disposición constitucional, mantienen el mismo trato que el resto. Ejemplos: el Banco de Crédito y empresas asociadas, el grupo Intercorp de Rodriguez Pastor, grupo Gloria, Hochschild, Belcorp, Breca. Tiempo de cortarles sus sinvergüencerías.
Subsidiariedad del estado
El artículo 63 de nuestra Constitución dice así: “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial”. El término clave acá es el de “subsidiariamente”, que quiere decir que el estado solo puede actuar donde no lo pueda hacer un privado; los privados (nacionales o extranjeros) siempre tienen la preferencia.
Es la política de la privatización. En la salud los grandes conglomerados empiezan a operar y el estado se repliega. En la educación muchos “Pepe el vivo” arman universidades de fachada y el estado les da exoneraciones tributarias mientras quita apoyo a las universidades públicas. Grandes bancos privados abusan en el mercado y se impide que el Banco de la Nación entre a hacerles competencia. Se imponen las AFPs y al sistema público de pensiones (ONP) se le baja la llanta. El transporte público Metropolitano se concesiona a empresas privadas que luego nos chantajean a su regalada gana. Las carreteras y los peajes se entregan a Odebrecht y el “club de la construcción”. El gas peruano se entrega a trasnacionales que lo exportan, en vez de usarse en bajar costos de a energía y apoyar la industrialización nacional.
No se trata tampoco de crear empresas públicas por doquier, sin ton ni son. Necesitamos un mejor estado, no sólo más estado. Como he escrito antes, los directores y cargos gerenciales no deben ser puestos a capricho del gobernante de turno sino por concurso de méritos, con transparencia y rendición de cuentas. Pero ¿debemos negar por siempre la posibilidad de que en algún sector clave, que podría ser transportes, energía, medicamentos, finanzas, una acción estatal directa podría ser beneficiosa? En la banca, por ejemplo, decenas de países tienen bancos de desarrollo, desde Alemania hasta China. En nuestro país, la debilidad de estado nos dificulta ahora dar apoyo crediticio al agro e incuso hacer legar el bono familiar a zonas rurales ¿seguimos esperando tres décadas más a ver si la banca privada se anima a ir al campo?
Omisiones notorias
Si esos son dos artículos malos de la Constitución, esta peca también por omisión. Tenemos ahora pruebas de como los grandes grupos económicos, Romero, Odebrecht, OAS, Graña y Montero, Gloria y varios otros compraban gobiernos y congresistas. Perdón, debo ponerlo en presente, con la mafia de PP – Pepe Luna, con Daniel Urresti como su locomotora jala-votos, orquestando un golpe de estado para poder reabrir su universidad-estafa Telesup. Este es un problema nacional de la primera importancia, pero la Constitución no ha servido de nada para evitar esta corrupción de altísimo nivel y muchos millones en juego.
En la salud, una primera ola de la pandemia nos ha dejado 85 mil muertos, con una mortalidad de las mayores el mundo entero. Una causa principal es que nuestro sistema de salud es misérrimo porque las exoneraciones y evasión tributaria usando paraísos fiscales nos dejan un estado recontra misio. Sucede que en la Constitución no hay una línea sobre fondos para la salud.
El mundo también debe enfrentar ahora nuevos retos, como el calentamiento global, la pérdida de privacidad con las nuevas tecnologías de información y a inteligencia artificial. Hace falta una puesta al día ante esta nueva realidad.
No cambiará todo
Los críticos dicen que “el Perú no será otro” si cambiáramos la Constitución. Es una verdad a medias, porque en la historia siempre se juntan continuidad y cambio; pero esa frase apunta a que nos resignemos a la realidad que vivimos. Debemos rechazar esa pretensión. Queremos un cambio importante, necesitamos decidir hacia dónde girar, y parte importante de ese cambio puede provenir de que todos discutamos nuevas reglas de juego políticas.
Para decirlo de otra manera: es verdad que un cambio de la Constitución “no cambia todo”. Pero vamos, eso ni es posible ni es deseable. Yo por lo menos quiero seguir con mi ceviche y mi Alianza Lima. Decir que “no cambia todo” es simplemente una frase tramposa para atacar las demandas de nueva constitución, deformando y caricaturizando los argumentos a su favor. Una Nueva Constitución no cambiará todo pero nos ayudará a cambiar algunos asuntos de gran importancia.
Curiosamente, el mismo bando neoliberal que busca bajarle la llanta a las demandas de cambio de Constitución diciendo que eso no nos hará otros, también dice que íbamos muy mal y gracias a la Constitución de 1993 pasó a irnos recontrabien. En su razonamiento, un cambio de constitución ahora sería inútil pero el anterior es la madre de todas las virtudes. Como dicen, “el pez por la boca muere”, en este caso revelando que no es el cambio de constitución en general lo que rechazan, sino el dejar la constitución de Fujimori por una nueva en esta coyuntura de ingreso masivo de los jóvenes a la política. Que lo digan así, abiertamente entonces, y no se escondan en argumentos falaces en los que ni ellos mismos creen.
El debate está empezando. Que sus puertas se abran de par en par.
Agregue un comentario