La curva de contagios, hospitalizados y fallecidos por Covid-19 sigue cayendo rápidamente a nivel nacional y en la enorme mayoría de regiones, incluyendo el sur que sigue en cuarentena, lo que ya no paree tener mucho sentido. Como escribimos hace un par de semanas, la pregunta crítica es si esto se debe a la estrategia gubernamental, cosa que me parece dudosa, o si estamos llegando a la “inmunidad de rebaño” con una alta proporción de la población que ya ha tenido la enfermedad, la mayoría sin síntomas o de manera leve, debido a lo cual nuestros cuerpos ya desarrollaron inmunidad frente a este virus.

Un reciente artículo en una prestigiosa revista internacional de salud pública, el New England Journal of Medicine, resalta varios estudios señalando que el uso generalizado de mascarillas permite que más gente tenga solo una versión suave de la enfermedad, con 80% y hasta el 95% de casos asintomáticos. Esperamos con ansias el resultado de la prueba que está desarrollando el Ministerio de Salud para saber con precisión qué porcentaje de la población peruana tiene esta respuesta autoinmune, pero algunos datos preliminares que me han llegado indican que esta sería muy alta. El costo viene siendo elevadísimo con más de 70 mil muertos y decenas de miles con secuelas severas en diversos órganos afectados.

No es tiempo de cantar victoria ni mucho menos de bajar la guardia. Sospecho que, aún cuando gran parte de los peruanos pueden tener esta inmunidad adquirida, quedan grandes bolsones donde eso no ha sucedido. Posiblemente hay distritos o provincias donde no hay inmunidad de rebaño, y lo mismo sucede con grupos vulnerables que han estado aislados durante todo este tiempo, situaciones ambas que llaman a tener mucho cuidado.

La experiencia europea, que en estos momentos enfrenta una segunda ola, así como diversos estudios en China y Corea del Sur, indican que el contagio es fuerte en espacios cerrados como restaurantes y bares, aviones y buses, y en eventos masivos como fiestas, iglesias y conciertos donde además se canta o habla fuerte. En estos casos además los afectados pueden recibir una carga viral fuerte que eleva la probabilidad de que se conviertan casos graves. Estas actividades aun no deben reanudarse; si el gobierno comete la torpeza de permitirlo, por favor no vayan, no se arriesguen y a sus familias.

ECONOMIA INCIERTA

En el terreno económico hay también mucha confusión e incertidumbre. Los últimos datos procesados por Bruno Seminario, profesor de la Universidad del Pacífico, y algunos colegas, muestran una recuperación rápida de varios indicadores claves como los consumos de electricidad y de cemento, aunque por otro lado las ventas internas y la inversión aún están muy afectadas, así como el empleo y los salarios. Mientras el BCR pronostica que el cuarto trimestre de este año todavía el PBI estaría 7 por ciento debajo del año pasado, Bruno Seminario proyecta una caída de solo 2 por ciento.

Para los meses siguientes hay dos factores críticos que jalan la economía hacia abajo y dificultan su recuperación. La primera es la caída del turismo, un problema de origen externo que tiene fuertes efectos sobre el empleo. El segundo es la caída de la demanda interna: la aguda escasez de puestos de trabajo, sumada al aprovechamiento de muchos empresarios para reducir salarios y a que las familias se han gastado sus ahorros en la emergencia y sienten mucho temor, mantienen el consumo reducido. En esas condiciones, tampoco la inversión privada orientada al mercado interno, que es la mayoría a contrapelo de la propaganda pro-minera, va a regresar: para qué invertir si las ventas no se recuperan del todo y si las maquinarias e instalaciones ya establecidas no están produciendo todo lo que podrían.

LA ESTRATEGIA NEOLIBERAL

La estrategia neoliberal, en la que coinciden el gobierno, el MEF y la Confiep, es dejar que el mercado se arregle solo, lo que equivale a que los grandes conglomerados hagan lo que les dé la gana, debiendo los peruanos confiar en que ellos arrastrarán hacia delante la economía nacional. Su gran apuesta es nuevamente la minería, pensando que la extrema necesidad en que nos encontramos puede obligar a pueblos internos y a toda la nación a aceptar proyectos nefastos para el medio ambiente (en la mirada de la derecha pro-minera, con su dosis de palo y bala si es necesario). Por ahí deslizan la idea de que de la minería depende los ingresos fiscales necesarios para sostener el estado, cuando la estadística real muestra que ese sector apenas aporta la décima parte de lo que exportan, y cuando minera Yanacocha aún debe 2 mil millones de soles a la SUNAT.

Esta estrategia quiere repetir el mismo modelo de las últimas tres décadas, el que nos llevó a donde estábamos a inicios de este año: bajo crecimiento, poco empleo, alta informalidad, escaso desarrollo tecnológico, evasión y exoneraciones tributarias, paupérrima salud pública. En suma: enorme desigualdad, a pesar de que millones de trabajadores, mujeres, jóvenes y familias peruanas, en las ciudades y en el campo, se sacan la mugre diariamente para progresar, empujando su micronegocio y mejorando sus capacidades pero navegado con viento en contra gracias a la falta de empleo, a un mercado monopolizado y un estado que los discrimina. El modelo primario-exportador prioriza la explotación por grandes empresas de materias primas como los metales, el petróleo y gas, la pesca y la madera, sectores que tienen altos costos ambientales, no emplean ni al 2 por ciento de la población económicamente activa y concentra las ganancias y el poder económico, que luego se expresa en influencias políticas indebidas ¿recuerdan la bolsa de 2 millones de dólares de los grandazos de la Confiep para la campaña de Keiko, revelada por Jorge Barata de Odebrecht?

Pero saliendo (¡ojalá!) del Covid, si se aplica la misma política neoliberal ni siquiera podríamos regresar a donde estábamos, por las dos razones mencionadas: el turismo demorará mucho en regresar y la demanda interna sin un empuje no se recupera solita.

NECESITAMOS AUMENTAR LA DEMANDA

Que la demanda juega un rol clave en el crecimiento en tiempos de recesión y que por eso, en este momento los países deben aplicar políticas fiscales y monetarias orientadas a levantar la demanda, es hoy un consenso internacional. Esta política, preconizada originalmente hace 90 años por John Maynard Keynes, hoy es abrazada por el FMI y todos los organismos internacionales de economía y de desarrollo, por medios liberales como el Financial Times y The Economist, aplicada por los gobiernos ultraderechistas de Donald Trump y Boris Johnson, así como por gobiernos de centro y progresistas y el recientemente lanzado Consenso Latinoamericano.

En el Perú, hasta el MEF y el BCR hablan en ese sentido. Pero la ministra de economía y finanzas habla una cosa y hace otra, desde la forma como demoró el Bono Universal y ha impedido que haya más pagos de éste, y como se puede apreciar en el Presupuesto presentado para el 2021. Su política se resume en esta frase del Marco Macroeconómico Multianual que sustenta el presupuesto: “el gasto no financiero del Gobierno General disminuirá 1,6% real en 2021”. Es decir, habrá una disminución del presupuesto. Además, esa caída del 1,6 por ciento real, con toda seguridad será mayor porque es muy poco probable que se cumpla el estimado del MEF de que el próximo año, con elecciones y cambio de gobierno, habrá un aumento de la inversión pública del 22 por ciento y “alcanzará su avance más alto de los últimos siete años”. Eso mismo nos promete el MEF todos los años, pero con la política planteada en el presupuesto sería imposible de lograr en la coyuntura política que se viene, ya que insisten en concentrar la inversión pública en el gobierno central, debilitado por la crisis y en cambio de posta, en vez de darle impulso real a la inversión descentralizada en las regiones, provincias y distritos.

Lo peor es que hay voces que piden que se reduzca el gasto público, algo insólito en medio de una recesión donde lo que más falta es demanda. Quienes, a diferencia de lo que hoy hacen todos los países desarrollados y recomienda hasta el FMI, consideran que el déficit fiscal sería un problema, debieran proponer que de una vez se establezca el impuesto a las grandes fortunas, se prohíba a los grandes grupos financieros usar paraísos fiscales para eludir impuestos, se cobren las deudas tributarias y se cobre impuestos justos a la gran minería que hoy feliz con el cobre encima de los 3 dólares de la libra ha vuelto a hacer super ganancias.  Ninguna de las medidas tributarias anteriores le restaría a la demanda interna, y podrían ser el inicio de un estado con mayor fuerza redistributiva, algo muy necesario cuando el empobrecimiento y la desigualdad se han agravado.

Levantar la demanda interna es fundamental para iniciar una nueva forma de crecimiento económico, en la que tenga prioridad las pequeñas empresas y el agro, la industria, los servicios de mayor valor agregado y el cambio tecnológico. Lo que ha pasado los últimos con los productores de papa, por ejemplo, es ilustrativo: debido a la falta de demanda el precio en el mercado mayorista de Lima cayó de 1 sol 50 el kilo a apenas 50 céntimos, la tercera parte, razón por la cual en algunos distritos de Andahuaylas ni valía la pena sacar la papa de bajo tierra. ¿Cómo van a mejorar su economía y reducirse la pobreza en esas condiciones? El mismo problema tienen los miles que en las ciudades han salido a vender diversos productos y servicios, muchos con gran empeño, nuevas ideas y uso de tecnologías, pero enfrentados a un mercado recesado donde vender es recontra difícil. Ojalá algo tan simple y conocido en la macroeconomía como una política de aumento de la demanda logre entenderse noventa años luego de su formulación.

75 mil millones de soles es lo que deben los consumidores en Perú, y por esas deudas pagan 33 por ciento anual en promedio en una tarjeta de crédito y 44 por ciento por los créditos llamados de corto plazo, que deben pagarse en su totalidad en menos de un año. Es decir, los bancos están cobrando unos 25 mil millones de soles anuales por intereses, vinculados a la venta de carros, electrónicos, electrodomésticos y consumo en general. Harta plata. Otros 52 mil millones de soles se deben por créditos hipotecarios, destinados a la compra de departamentos, casas y terrenos. En estos préstamos la tasa de interés promedio es ahora de 7,7 por ciento, lo que suma 4 mil millones de soles anuales adicionales para los bancos. Ni para créditos de consumo ni para préstamos hipotecarios ha habido por parte del gobierno un programa de apoyo financiero.

Durante la pandemia, el gobierno ha dado fuertes facilidades financieras a los bancos y empresas. El programa masivo y de mayor alcance es Reactiva Perú con 60 mil millones de soles, destinado mayoritariamente a las grandes empresas, como lo reconoce la presentación del Programa Monetario del BCR para setiembre 2010.

Los resultados están a la vista. Mientras las empresas tienen hoy mucho más crédito que antes de la pandemia, para los consumidores es todo lo contrario. Producto de la fuerte inyección de dinero que ha hecho el BCR con garantía del gobierno, una gran empresa hoy paga por sus préstamos menos de 2,6 por ciento anual, mientras un consumidor paga en promedio 15 veces más y un deudor hipotecario más del triple.

LOS RIESGOS

¿Acaso se justifica que los consumidores paguen más intereses porque se trata de créditos donde hay más riesgo de que no se pague la deuda? ¿las personas le hacen “perro muerto” a la banca en mucha mayor proporción que las empresas?

Veamos los datos oficiales de la Superintendencia de Banca y Seguros: la morosidad, es decir, el porcentaje de créditos no pagados a tiempo en medianas empresas es del 6,9 por ciento, en créditos de consumo un 3,5 por ciento y en créditos hipotecarios alcanza sólo 3,3 por ciento, a pesar de la crisis. Así, las familias peruanas siguen haciendo un gran esfuerzo por pagar sus deudas, que atienden incluso mejor que muchas empresas. Por cierto, antes de la crisis la morosidad en las empresas era mayor que ahora; los 60 mil millones de Reactiva Perú han sido usados para pagar deudas bancarias.

En estas condiciones, los bancos han seguido teniendo enormes ingresos. El Banco de Crédito, por ejemplo, entre enero y julio ha tenido un margen financiero bruto de más de 4 mil 400 millones de soles, 66 millones superior al del mismo periodo del año pasado, ya que cobran por intereses cinco veces más que lo pagan por depósitos y otras fuentes de financiamiento. Por ahora están haciendo fuertes provisiones por si acaso tengan muchos préstamos morosos, pero con Reactiva Perú es el tesoro público, es decir a final de cuentas la ciudadanía, quien pagará hasta el 98 por ciento de los créditos que resulten incobrables.

LAS FAMILIAS Y LA DEMANDA

Muchísimas personas y familias están pasando una situación económica muy delicada. Algunos estimados hablan de 10 por ciento de la población, es decir más de 3 millones de peruanos, cayendo en pobreza. Muchos más han visto reducirse sus ingresos mensuales en quinientos, mil o dos mil soles, a pesar de muchísimas horas de trabajo y esfuerzo. El Bono Universal recién se está entregando al último grupo de 2 millones de familias, aunque no hay información real de a cuantos ha llegado en las semanas pasadas. El anuncio de Vizcarra de 28 de julio de que habría un segundo bono parece que está postergado para las calendas griegas, cuando se necesita con urgencia y se podría entregar de inmediato y no solo una segunda sino también una tercera, cuarta y quinta vez: cada Bono Universal cuesta 5 mil millones al tesoro, mientras a las empresas ya les dieron 60 mil millones.

En estas condiciones de gran necesidad y una respuesta del gobierno totalmente inequitativa, quienes están endeudados por su minidepartamento, su refrigeradora o por haber usado una tarjeta de crédito, quieren un apoyo por parte del gobierno. ¿Cómo podría hacerse esto? Fácil: así como ha habido el programa Reactiva Perú para las empresas, debe haber uno para las deudas de consumo e hipotecas, con el BCR poniendo los fondos para que los bancos refinancien deudas a tasas del orden del 1 al 2 por ciento anual, incluso con un posible periodo de gracia, es decir un tiempo durante el cual no se pagan los préstamos, de un año. Esto es distinto a un simple congelamiento del pago de intereses, como aprobaron algunas comisiones del Congreso, proyecto que sólo postergaría el problema de las familias ya que bajo ese esquema todos los intereses y pagos que no se hagan se acumulan al próximo año y se quita recursos a la banca obligándola a restringir sus créditos. Por otro lado, con un programa Reactiva para el Consumidor la rebaja de intereses es permanente y habría más fondos para préstamos, algo muy necesario durante la crisis.

En este programa el Banco de la Nación podría colaborar dando créditos a maestros, policías, enfermeras, empleados públicos y pensionistas que cobran todos los meses en sus ventanillas, préstamos a ser después pagados mediante descuentos automáticos. Son préstamos muy seguros: nadie va a dejar su trabajo así nomás y menos ahora. Si el BCR puede poner 60 mil millones para las empresas, ¿no podría poner 5 o 10 mil para que los maestros, policías y enfermeras puedan apoyar mejor a sus familias? Hay que recordar además que ni el programa Reactiva ni los llamados FAE-mype y FAE-agro han llegado a millones de microempresarios y pequeños productores golpeados por la crisis. Es necesario destinar muchos más fondos a ese fin pero la informalidad hace difícil llegar a estos sectores. Un programa amplio de créditos a los trabajadores y sus familias puede ayudar mucho en ese sentido, ya que hoy es muy común que en una familia haya un trabajador público junto a un microcomerciante empobrecido por la crisis, todos comiendo de la misma olla y empujando su economía familiar.

Se debiera también enfrentar algunos abusos que son francamente excesivos. Hay bancos usureros cobrando tasas de 150 por ciento anual, un robo que aunque se realiza sin un arma amenazante no deja de ser un asalto al consumidor. Dada la magnitud de la crisis que vivimos, las comisiones y moras que se cobran cuando alguien se atrasa en los pagos podrían ser eliminados por este año para todos los que se han empobrecido agudamente. El sistema financiero debe crecer dentro de una mayor competencia y un sano funcionamiento del mercado, lo que no impide frenar los abusos extremos ni considerar que esta emergencia constituye una “fuerza mayor” que según nuestro Código Civil “impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”.

LA DEMANDA Y EL BONO

El programa Reactiva Perú, con toda su inequidad, ha servido para evitar quiebras masivas de empresas, permitirles pagar sus planillas y pendientes, mantener la cadena de pagos y evitar un mayor desplome de la demanda. Pero en la medida que la epidemia vaya cediendo, como parece estar pasando en las últimas seis semanas (ver al respecto mi artículo de la semana pasada), hay que enfrentar la falta de demanda para que la economía pueda retomar un crecimiento. Lo mejor sería que esa reactivación tenga nuevas orientaciones priorizando el agro, la salud y la educación y girando hacia una mayor creación de empleos. En cualquier caso, sin embargo, si no hay una política gubernamental orientada a levantar la demanda, la economía se estancará. Eso es algo que hoy reconoce hasta el FMI a nivel internacional y que solo niegan algunos ultraderechistas con fuerte sesgo ideológico, como hizo Fernando Cillóniz en un debate este martes pasado.

Aliviar el peso de la deuda sobre las familias ayudaría a la demanda. Las familias han tenido que pagar a la banca, entre los intereses y la deuda misma, cerca de 20 mil millones de soles en los últimos seis meses, evidentemente para hacerlo han tenido que reducir sus consumos, así como las inversiones que a cuentagotas hacen millones de microempresarios. Una reducción de esa carga permitirá que las familias gasten algo más en alimentos, ropa, medicinas y otras necesidades.

Otras medidas son fundamentales para empujar la demanda: entregar el Bono o Ingreso Básico Universal durante varios meses, aumentar la inversión pública y mantener una política monetaria que reduzca tasas de interés y facilite el crédito. Dada la amplitud del crédito de consumo e hipotecario y su alto costo, una ayuda financiera a las familias debiera ser un componente básico de una política de reactivación.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO? DOS HIPOTESIS Y SUS CONSECUENCIAS

El número de fallecidos, hospitalizados y contagiados ha caído las semanas pasadas fuertemente y en casi todas las regiones del país. El problema es que hay dos formas de explicar lo que ha pasado, sin que tengamos certeza cuál es la correcta, y sus consecuencias son diametralmente opuestas.

Primero las cifras: según el registro de SINADEF (Sistema Nacional de Defunciones) los fallecimientos diarios en el Perú han pasado de alrededor de mil a inicios de agosto a menos de seiscientos la semana pasada. Esta cifra todavía significa unos diez mil muertos adicionales por mes, pero la diferencia con lo que sucedía hace un mes es sustancial.

La gran pregunta es ¿a qué se debe esta reducción? Una posible explicación es que la estrategia del gobierno finalmente ha logrado bajar la curva; es decir, las cuarentenas focalizadas, la campaña asustadora para que se cumpla el distanciamiento social, la “operación Tayta” de pruebas y rastreo de contactos por zonas y la ampliación de la capacidad de UCIs y hospitales ahora si está siendo efectiva. No cabe duda que esta es la historia que nos va a contar el gobierno, tratando de ganar puntos extra ante la opinión pública.

Puede ser, pero no estoy muy convencido de esta narrativa. Me parece que las fiestas y reuniones sociales no son hechos aislados sino repetidos y en muchas regiones, y que las cuarentenas regionales no han sido muy respetadas. En la minería se suman denuncias de empresas que incumplen protocolos básicos y los contagiados superan los diez mil según la Federación Minera, aunque no hay datos oficiales del gobierno ni de la Sociedad de Minería y Petróleo, base de la Confiep. La “operación Tayta” no llega a tener la cobertura necesaria para controlar la epidemia dado la cantidad de casos que hay. Las UCIs siguen llenas y las medicinas que comprobadamente reducen la probabilidad de que alguien grave se muera, como la dexometasona, no han sido de aplicación masiva en Perú, y esos corticoides salvan la vida a uno de cada cinco casos graves pero no a los otros cuatro. Quizás me equivoque pero no siento que las cosas hayan cambiado mucho a favor de un control de la epidemia entre inicios de agosto y ahora, más bien veo más movimiento y congestión en las calles.

Hay otra explicación posible de que haya menos contagiados y muertos: inmunidad de rebaño. Ese término se usa cuando la cantidad de personas que desarrollaron anticuerpos a una enfermedad es tan grande que la trasmisión del virus se va deteniendo. Esto se puede lograr por vacunación o porque los contagiados resisten y sus propios organismos producen anticuerpos. Algunos estudios dicen que con 70 por ciento de la población inmune al virus ya el contagio se frena. Veamos el caso de Loreto y Ucayali; ambas regiones pasaron por un pico de mortalidad feroz unos 3 meses atrás, pero ahora ya la epidemia ha desaparecido: no hay muertos por Covid durante varios días. ¿Por qué? ¿Se observa en esas regiones uso generalizado de mascarillas, fuerte distanciamiento social, hospitales realmente fortalecidos? No, nada de eso. Un estudio en julio indicó que en Iquitos el 93% de la población tenía o había tenido el virus: inmunidad de rebaño. ¿Podría estar pasando lo mismo en otras regiones? En Ucayali no hay un estudio como el de Iquitos, pero la curva de la enfermedad se ha comportado de manera casi idéntica.

El problema con esta hipótesis a nivel nacional es que no sabemos, realmente, cuanta gente se ha contagiado. Se sabe que el Covid-19 genera un alto porcentaje de casos asintomáticos, que ni se dan cuenta que tuvieron la enfermedad (es mi caso). Muchos otros lo pasan como una gripe o resfriado fuerte, muchísimos de ellos no han sido examinados mientras otros se hicieron la prueba rápida en el momento de los síntomas iniciales, cuando esta prueba genera muchos falsos negativos.

A nivel mundial se estima que el Covid-19 puede estar matando entre un 0,3% y un 0,7% del total que tiene el virus, incluyendo asintomáticos y casos leves. Con 70 mil muertos, a una tasa de 0,3% eso significa que entre 23 millones de peruanos ya tuvieron el virus, un alto porcentaje de la población nacional. A esa tasa, ya en la ciudad de Arequipa hay inmunidad de rebaño, y seguramente estaríamos llegando a ella en muchas otras ciudades y regiones. Pero si la mortalidad del covid-19 es 0,7%, los contagiados serían 10 millones y estamos lejos de la inmunidad de rebaño. Tremenda duda, ¿cuál será, estamos llegando o estamos lejos de que este espanto acabe?

Por cierto, si estuviéramos llegando a la inmunidad de rebaño, este resultado se obtiene a un costo humano enorme, 70 mil peruanos que ya no están entre nosotros, la mortalidad por millón de personas más grande del mundo. Espantoso. Brutal. Inhumano. Costosísimo.

CONSECUENCIAS MUY DISTINTAS

Es fundamental saber lo antes posible cuál es la situación real. Porque donde se ha llegado a inmunidad de rebaño, ya todas las actividades económicas y sociales pueden reanudarse con un riesgo bajo en lo inmediato. Hay que mantener la precaución, porque aún no sabemos durante cuánto tiempo la inmunización creada por nuestros cuerpos como respuesta al Covid-19 mantiene la resistencia al virus, algo difícil de saber debido a los cambios que se producen dentro del cuerpo humano y a la mutación del virus. Eso nos obliga a mantener una fuerte vigilancia sanitaria y a seguir buscando la vacuna, pero podríamos reabrir colegios, reuniones familiares y restaurantes. Ojo: eso sería solamente en el caso que, se haya llegado a la inmunidad de rebaño. No estamos seguros que a eso estemos llegando en Lima y a nivel nacional, y ante esa incertidumbre no podemos arriesgarnos. Recordemos que no hay ningún medicamento ni vacuna comprobada que pueda reducir la probabilidad de contagiarse o desarrollar los síntomas; solo no respirar el maldito virus. Recordemos que no existe una medicina probada para que quienes tienen síntomas leves no se agraven hasta requerir oxigeno u hospitalización; por favor no hagan caso a invermectinas, hidroxicoloroquinas, dióxido de cloro o sebo de culebra.

Por otro lado, si lo que sucede es que la estrategia de control ha sido exitosa, seguimos expuestos al virus. Sería incongruente en ese caso pasar a la reactivación fase 4, tener micros con gente a reventar, restaurantes llenos en sitios cerrados, cines y discotecas. Si es gracias al distanciamiento social que se ha controlado el virus, abrir las actividades que nos acercan físicamente y nos empujan a estar respirando cerca como una fiesta, un vuelo o un bus interprovincial, no debieran permitirse. Me temo, sin embargo, que el gobierno no alcance a entender esta lógica simple y que las presiones de la Confiep dominen, y que dirán estas dos cosas contradictorias entre sí: que su estrategia ha funcionado y que por eso mismo hay que abandonarla. Algo tan inteligente como hubiera sido despedir a Gareca apenas nos clasificó al mundial.

¿Qué HACER AHORA?

Sospecho que no hay uno sino varios escenarios regionales de la epidemia. En la selva se ha avanzado a la inmunidad de rebaño, con el pico abrupto de muertos en junio representando el contagio masivo. En la costa norte, varios meses de mortalidad alta están llevando al mismo resultado. Sorprenden el sur andino y el sur, con Puno y Cusco con una mortalidad bastante menor, a pesar de lo cual la enfermedad ha retrocedido muchísimo; una posibilidad (sobre la cual hay ya varios estudios) es que en la altura el covid-19 afecta y mata menos, y quizás (ojalá!) ya llegó a su tope. En las zonas rurales, en especial las más aisladas, sospecho que ha habido una trasmisión tardía del virus y que está habiendo muchos muertos no registrados.

En Lima, hace mes y medio se midió que 25 por ciento había tenido el virus, pero al ritmo de contagios y muertos que hemos tenido desde entonces ya esa cifra debe estar encima del 40 por ciento. Las curvas del Covid-19 por distritos muestran que ya se registraron picos en los barrios populares: la imagen de la fiesta sostiene la hipótesis de inmunidad de rebaño. Pero ese no sería el caso de los distritos de clase media y alta en Lima, donde las condiciones económicas, de vivienda y de transporte hacen más viable la cuarentena y el distanciamiento social, ahí la epidemia no ha saltado en julio y agosto pero sigue segando vigas, porque paradójicamente el mayor cuidado en meses anteriores los pone lejos de la inmunidad de rebaño.

El viceministro de salud ha dicho que en octubre harán un estudio nacional. Para esto sirven las pruebas rápidas, serológicas, que se aplican con facilidad y menor costo, y que detectan si tenemos anticuerpos de respuesta autoinmune en nuestra sangre. Tienen que ponerse las pilas, esto es urgente y deben hacerlo ya, sobre todo en las regiones donde la situación es más incierta.

ONP, CONGRESO, MEF Y UNA REFORMA NECESARIA

La decisión reciente del Congreso de aprobar una ´devolución de aportes´ a la ONP por hasta 4,300 soles en dos armadas, y la respuesta ‘parchecito político´ del MEF, obligan a un tanto de la emergencia económica de las familias y del sistema de pensiones en el Perú. No se puede tratar el tema sin mirar esos dos aspectos esenciales que están en juego.

Primero, aclaremos una confusión: el sistema nacional de pensiones que administra la ONP, regido por el DL 19990, es diametralmente distinto a las AFPs. El oligopolio de AFPs no es un sistema de pensiones con sentido social: desde un inicio estaba claro que los pobres, informales o con trabajo formal intermitente no iban a lograr una pensión mínima. El 2015 se aprobó que a los 65 años se pueden retirar los fondos ahorrados en las AFPs y el 97% de afiliados lo hace, con lo cual cualquier pretensión de que se trate de un sistema de pensiones resulta absurda. Las AFPs se han desnudado como un sistema de ahorro forzoso que absorbe dinero de los trabajadores para que lo manejen los grandes conglomerados financieros. Por cierto, nuestros liberales bajo la batuta de Pedro Cateriano han sido grandes defensores de las AFPs a pesar de ser un oligopolio al que nos tienen encadenados por ley. Cuando se trata de que los grandes grupos financieros hagan ganancias, todos sus discursos sobre la libertad del consumidor son prestamente archivados.

LA ONP Y EL ORIGEN DE SUS PROBLEMAS

La ONP dirige un sistema muy distinto, de seguridad social, que funciona muy mal por una razón básica: ha sido desfinanciado por favorecer a las AFPs. Los sistemas de seguridad social de pensiones tipo ONP, como los de Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y muchos otros países, se financian usando las contribuciones de los trabajadores activos para pagar las pensiones de los jubilados. No se basa en un “fondo” como en las AFPs; no hay una cuenta individual, intereses ni rentabilidad privada. El dinero de las contribuciones recogidas en años anteriores no está en la ONP porque ya pasó a los bolsillos de los jubilados en forma casi inmediata. ¿Cómo devolver lo que ya no se tiene?

Hay un segundo asunto en el que hay que insistir: el sistema de la ONP paga pensiones tan bajas y niega apoyo a muchísima gente debido a que el sistema de AFPs establecido por Fujimori hizo que una gran parte de los trabajadores dejaran de contribuir a la ONP. Como estos sistemas de seguridad social se financian con las contribuciones de los trabajadores activos, con esa movida se desequilibra financieramente a la ONP. El año pasado, 2019, la ONP recaudó 4,073 millones de soles de contribuciones pero las AFPs obtuvieron otros 13,636 millones de los trabajadores (y pagaron menos de 1,500 millones de beneficios). Es decir, si no se hubieran creado las AFPs sino que hubiéramos tenido un sistema de seguridad social como el de los Estados Unidos de América, la meca del capitalismo hiper-individualista, la ONP hubiera tenido cuatro veces más ingresos: ¡se imaginan cuanto más hubieran podido pagar de pensiones!.

El asunto esencial es que los sistemas de seguridad social de pensiones funcionan con solidaridad intergeneracional: quienes trabajan hoy sostienen a los jubilados, y cuando los trabajadores de hoy se jubilen serán sostenidos por la siguiente generación. Al introducirse, las AFPs rompieron ese mecanismo de solidaridad: trabajadores activos se pasaron a las AFPs y se restó soporte financiero necesario a las pensiones. Por eso, el tesoro público, en todos y cada uno de los años desde que en 1993 se impusieron las AFPs, ha tenido que aportar al pago de jubilaciones. El 2019 la ONP pagó pensiones por 5,281 millones, y como este sistema ha sido desfinanciado por el sistema de AFP, necesitó apoyo del tesoro público por 851 millones.

Por supuesto nuestros neoliberales, tan opuestos al gasto social y el déficit fiscal, no han dicho – en más de 25 años- una palabra sobre como las AFPs han generado un enorme forado fiscal y son una rueda de molino sobre las pensiones de los actuales jubilados. Esta situación se ha visto agravada por las leyes que favorecen el traspaso a las AFPs: los bonos de reconocimiento, el someter a las AFPs a quienes empiezan a trabajar y los agarran de sorpresa, las exoneraciones tributarias en favor del sistema de AFPs, la inexistencia de solidaridad contributiva alguna. El propio ahogamiento del sistema nacional de pensiones de la ONP, al pagar pensiones misérrimas, empujar a los trabajadores a las AFPs, traslados que agravan el déficit de la ONP.

¿Qué se puede hacer? Reestablecer un sistema de seguridad social de jubilaciones nos permitiría elevar las pensiones y quitarle presión fiscal al tesoro público, al mismo tiempo. Es lo que llaman una situación win-win, ganar-ganar, en la que se pueden matar dos pájaros con un sólo tiro. Los cálculos actuariales de respaldo están hechos. Pero Vizcarra y su ministra neoliberal quieren seguir con el sistema de AFP y terminar de liquidar el maltrecho sistema de seguridad social subsistente, bajo la fórmula de reconvertir a la ONP en una “AFP pública”.

DE REGRESO A LA EMERGENCIA

Estamos en emergencia y las familias peruanas necesitan apoyo económico, eso es verdad. Pero ¿acaso no necesitan ese apoyo igual, o más inclusive, las familias campesinas pobres, los informales, mototaxistas y vendedores ambulantes, que nunca llegaron a contribuir a la ONP ni a una AFP precisamente por falta de empleo formal? Lo que se tiene que hacer, y lo que realmente implica un cambio de fondo de la política neoliberal frente a la pandemia, es un Bono o Ingreso Universal Mensual. Universal, es decir, para todos. Es la falta de esa política elemental de apoyo a una población empobrecida, lo que favorece que planteamientos como la “devolución de aportes” logre respaldo ante la desesperación y urgencia de la gente. La enorme desigualdad y la desidia del gobierno en cuanto a ayudar a la gente, abona que propuestas como esta prendan en la opinión pública: Vizcarra y Alva debieran recordar que “siembra tormentas y cosecharás tempestades”.

Hay quienes piensan que “del lobo un pelo” y que cualquier cosa que signifique arrancarle unos soles al MEF vale la pena, sin importar su sentido de fondo, que en este caso no es otro que terminar de eliminar el sistema de la ONP. Porque esa iniciativa de “devolución de aportes” agravará el déficit de la seguridad social, agudizando el problema de las bajas pensiones. Además multiplicaría la cantidad de trabajadores que no pueden acceder a una jubilación en la ONP porque no acceden a los 240 meses de aportes, ya que si se ´devuelven aportes’ habrá menos que contar para llegar a la cantidad mínima necesaria que permite acceder a una pensión.

El proyecto del Congreso es contrario a la Constitución: implica una iniciativa de gasto que el congreso está impedido de tener y atenta contra la intangibilidad de los recursos de la seguridad social. Los congresistas lo saben y saben que por eso no se aplicará. El jefe de la bancada de Podemos, Pepe Luna, tiene el cuajo de proponer esta ley cuando sus empresas le deben cientos de miles en aportes retenidos y no pagados a la ONP. Pero en realidad no les importa que la devolución se efectivice, sólo quieren un tema de campaña para levantar perfil hacia el 2021 y nada más. Las demás bancadas que les hacen comparsa, desde Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Partido Morado y las izquierdas hoy en el parlamento son unos tontos útiles de esa iniciativa y creen que así se ganarán algunas indulgencias con avemarías ajenas.

 Me molesta en particular las izquierdas. Porque esta medida de la “devolución de fondos” profundiza el “sálvese quien pueda” neoliberal que hoy predomina. De acá a eliminar las contribuciones de las empresas a la seguridad social como quiere desde hace años la Confiep hay un mínimo paso; porque si al final de cuentas sólo tenemos un sistema de ahorro forzoso, si tras unos años se van a devolver los aportes, ¿por qué mejor no nos dejamos de cuentos y eliminamos los aportes?

Con esta medida de “devolución de aportes de la ONP” se debilita el rol social del estado y se dificulta recuperar un sistema de pensiones solidario de ambición universalista. Por el contrario, lo que hay que hacer es mejorar el Sistema Nacional de Pensiones y reformar la ONP: pagar pensiones desde 10 años de aportes, recuperarlo como pilar fundamental de un sistema de pensiones integrado, subir pensión mínima y máxima, y a la ONP hacerla cabeza de un sistema pensionario de seguridad social, con autonomía y un directorio plural de alto nivel. Para lo inmediato: un Bono o Ingreso Universal mensual hasta fin de año.