INFORME QUE PEDRO FRANCKE BALLVE PRESENTA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN CALIDAD DE AMICUS CURIAE EN REFERENCIA AL PROCESO POR DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO DE URGENCIA 010-2005
Lima, junio de 2026
Contenido
1.1 Asumiendo nuestra dependencia en hidrocarburos 5
1.3 El aporte fiscal y económico. 8
2. El DU 10-2025 y sus implicancias 13
2.1 Cuestionamientos procedimentales 13
2.2 Cuestionamientos a los alcances e implicancias del DU.. 14
3. Viabilidad y sostenibilidad de Petroperú. 21
3.1 Los cuestionamientos a Talara. 21
3.3 La seguridad y soberanía energética. 24
3.4 Considerando el DU 03-2026. 26
4. Fortaleciendo Petroperú: elementos claves 26
4.1 Primero: superar la ambigüedad sobre Petroperú. 28
4.2 Segundo: asumir planificación estratégica. 28
4.3 Tercero: otorgar autonomía real bajo responsabilidad. 29
4.4 Cuarto: indispensable fortalecimiento institucional 30
4.5 Quinto: transparencia, ante todo. 31
4.6 Sexto: reperfilar deuda y asegurar sostenibilidad financiera. 31
Es ampliamente conocida la situación de crisis por la que actualmente pasa la empresa Petróleos del Perú (Petroperú), con episodios repetidos donde el Estado se vio en la necesidad de adoptar medidas urgentes para sostenerla financieramente y prevenir la paralización de sus actividades. Es en ese marco de crisis que, a finales de diciembre del 2025, el gobierno emitió el Decreto de Urgencia 10-2025, con la intención declarada de reorganizar patrimonialmente a Petroperú y garantizar la cadena de producción, estableciendo para ello una serie de medidas extraordinarias en materia económica y financiera, incluyendo el otorgamiento de amplios poderes a la Agencia para la Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) para gestionar y reestructurar la empresa.
Pero el DU 10-2025 ha sido, desde su mismo origen, objeto de cuestionamiento y controversia debido a su naturaleza e implicancias, tanto jurídicas como socioeconómicas, lo cual se ha visto reflejado en la demanda presentada ante el Tribunal Constitucional por la Defensoría del Pueblo, para aclarar y determinar la validez de dicho DU dentro de nuestro marco jurídico.
Es sobre dichos antecedentes, que el autor del presente informe acepta la invitación del Tribunal Constitucional a informar sobre los alcances del DU en dos puntos cruciales:
- El alcance y contenido de las operaciones, disposiciones administrativas y actos de gestión autorizadas por el DU 10-2005; y,
- la sostenibilidad económica y financiera de Petroperú en el largo plazo y su rol en el abastecimiento de combustible en la economía nacional.
Así, para entender cabalmente el verdadero sentido y alcance del DU 10-2025 es necesario analizar tanto las implicancias de las disposiciones que el DU establece para la gestión y reestructuración de Petroperú; como el rol fundamental que la empresa cumple en el mercado nacional de combustibles, contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país.
Es importante resaltar que la existencia de Petroperú se enmarca dentro de lo establecido por la Constitución, que en su artículo 58 consagra a la economía social del mercado y señala el rol del Estado como orientador del desarrollo del país, mientras que en el artículo 60 reconoce el pluralismo económico y el rol subsidiario del Estado en razón del interés público y la conveniencia nacional, sustentando la función que la empresa cumple legítimamente como columna fundamental de la soberanía y seguridad energética. .
El origen de la crisis que afecta a Petroperú puede trazarse claramente al Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) y a las dificultades operativas y financieras en su ejecución. Pero en una perspectiva más amplia es importante reconocer la existencia de factores coyunturales y estructurales, incluyendo aquellos de carácter político e ideológico, que han contribuido a la crisis de la empresa, y que resulta necesario encarar a fin de alcanzar una solución viable y sostenible para el adecuado funcionamiento de Petroperú.
No debe ignorarse que la crisis de Petroperú se produce en un escenario nacional y global que es complejo y cambiante, por lo que el análisis y evaluación de la empresa debe tomar en cuenta el contexto en que se produce. Al nivel global, la ruptura del orden geopolítico, expresado en acontecimientos como la guerra en Ucrania y, más recientemente, la crisis en el Golfo Pérsico, evidencia una renovada e intensa disputa por recursos estratégicos, como son los hidrocarburos, y como las empresas petroleras estatales, como es Petroperú, cumplen un rol fundamental.
Al nivel nacional, la crisis de gobernanza que el país ha padecido en los últimos años, se ha reflejado en la marcha del Estado y de las políticas públicas, incluida la energética, las cuales se han visto severamente afectadas por la precariedad e incertidumbre del escenario político. Estas circunstancias también han sido un factor que ha influido poderosamente en la crisis de Petroperú, con frecuentes episodios de marchas y contramarchas institucionales y cambios de dirección que han distorsionado y complicado la gestión de la empresa y la culminación del PMRT.
Asimismo, debe mencionarse la reciente promulgación del Decreto de Urgencia 03-2026, que establece medidas extraordinarias y urgentes para asegurar el abastecimiento de combustibles, incluyendo autorización para asumir hasta US$ 2 mil millones en obligaciones contingentes que garanticen la continuidad de las operaciones de Petroperú.
En respuesta a la invitación del Tribunal Constitucional, el presente informe se enfoca en tres elementos a considerar en relación a la situación actual de Petroperú y sus perspectivas: a) el rol fundamental que, como regulador y garante del abastecimiento, cumple en el mercado nacional de combustibles, b) aspectos controversiales de las medidas propuestas por el DU 10-2025, particularmente en sus implicancias institucionales y económicas, y c) elementos relevantes a considerar con relación a la sostenibilidad y fortalecimiento de Petroperú.
Desde su misma fundación, más de cinco décadas atrás, Petroperú fue asumida como la encarnación de la presencia soberana del Estado en un sector estratégico como el de los hidrocarburos, en concordancia con una visión de desarrollo nacional basado en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y la importancia del abastecimiento y la soberanía energética.
Así, el Decreto Legislativo N° 43, Ley de la Empresa Petróleos del Perú – Petroperú, le reconoce como un ente empresarial de propiedad estatal, que cumple un rol estratégico en las distintas fases de la producción y comercialización de hidrocarburos. Petroperú encarna, entonces, la presencia soberana y responsable del Estado en un sector clave para el desarrollo y la seguridad nacional, operando para garantizar el abastecimiento de combustibles, la seguridad y la sostenibilidad de la matriz energética.
De esta forma, a lo largo de su historia Petroperú ha cumplido un rol clave en el mercado de combustibles, asegurando que se opere bajo adecuadas condiciones de competencia y transparencia, a fin de que el abastecimiento y el precio de los combustibles para la demanda interna en todo el territorio nacional se ajuste a parámetros y condiciones razonables.
1.1 Asumiendo nuestra dependencia en hidrocarburos
Es importante señalar la situación de crónica y profunda dependencia que el Perú padece en el sector de hidrocarburos, que constituyen la principal fuente de energía en el país. Se estima que casi dos tercios de la matriz energética nacional se sustenta en los hidrocarburos (gas y petróleo). En el caso del petróleo, pese al auge de otras fuentes, como el gas natural, este sigue siendo un componente clave, alimentando alrededor del 30% de la producción de energía, por lo que su suministro constituye un tema crucial para nuestra soberanía y seguridad energética (véase Gráfico 1).
Grafico 1
Como resultado del crecimiento económico y demográfico experimentado durante las últimas décadas, la demanda nacional de combustibles viene creciendo sostenidamente, ya superando al presente los 300 mil barriles por día. Pero si la demanda ha crecido considerablemente, todo lo contrario, ha sucedido con la producción de petróleo, la cual ha sufrido un largo proceso de declive y cuyos niveles actuales son apenas una fracción de lo que el país requiere.
1.2 Petroperú; un superviviente maltratado
Aunque múltiples factores explican este declive de la producción petrolera nacional; no puede dejar de mencionarse el impacto que el proceso de privatización de los años 90 tuvo sobre Petroperú y el sector. Como es sabido, en dichos años se emprendió un proceso de liquidación y venta de los activos de la empresa por partes, en línea con la imposición de una visión neoliberal de la economía, basada en el llamado “Consenso de Washington”, que propugnaba la minimización de la presencia estatal en la economía.
Aunque el proceso de privatización de Petroperú eventualmente fue suspendido, literalmente a mitad de camino, muchos de los activos más valiosos ya habían sido transferidos o liquidados, incluyendo las áreas de exploración y explotación de pozos petroleros, corazón de la actividad petrolera, por lo que desde entonces Petroperú ha existido como una empresa con recursos y capacidades recortadas, limitada a actividades de refinación, transporte y distribución mayorista.[2]
El caso de Petroperú resulta una anomalía en la región, pues lo usual es que las empresas estatales tengan presencia en toda la cadena de producción y comercialización de hidrocarburos, operando de forma integrada y accediendo a un conjunto de sinergias y economías, de escala y de ámbito, que a Petroperú le son negadas. De las ocho mayores empresas de hidrocarburos estatales o con presencia estatal, que existen en Latinoamérica, todas menos Petroperú disfrutan de operaciones integradas, y frecuentemente con capacidad para operar internacionalmente (véase Tabla 1). Nada de ello le es permitido a Petroperú, único caso de una petrolera estatal que ni está integrada ni tiene capacidad para desarrollar operaciones internacionales.
Tabla 1
Principales Empresas Petroleras Estatales en Latinoamérica
| Empresa | País | Propiedad | Integrada | Internacional |
| ECOPETROL* | Colombia | Mixta | SI | SI |
| ENAP | Chile | Estatal | SI | SI |
| PETROBRAS* | Brasil | Mixta | SI | SI |
| PEMEX | México | Estatal | SI | SI |
| PDVSA | Venezuela | Estatal | SI | SI |
| PETROECUADOR | Ecuador | Estatal | SI | NO |
| YPF Bolivia | Bolivia | Estatal | SI | NO |
| PETROPERÚ | Perú | Estatal | NO | NO |
*Accionariado dividido entre el Estado, que posee la mayoría absoluta, y accionistas privados minoritarios.
Fuente: RWI.
Es importante señalar que la existencia de una empresa estatal de hidrocarburos, como Petroperú, no es un hecho excepcional, sino que, por el contrario, es una práctica habitual entre los países productores, a fin de cautelar y promover los intereses nacionales en un sector crítico.
De esta forma, en los 60 países con mayor producción de hidrocarburos a nivel mundial, incluyendo el Perú, en el 90% de los casos existe una empresa estatal (RWI, 2007). En esa misma línea, de las doce mayores empresas de hidrocarburos a nivel mundial, por volumen de reservas probadas, solo una no es estatal o con participación estatal.
De hecho, no es extraño que incluso en países que no producen hidrocarburos, o producen cantidades ínfimas, existan empresas petroleras estatales construidas en respuesta a una visión estratégica sobre el suministro de combustibles. Tal es el caso de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en Chile, país cuya producción doméstica de petróleo no representa ni el 1% de su demanda. Similar es el caso de Costa Rica que cuenta con una empresa estatal, la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), encargada en exclusiva de la importación, almacenamiento y distribución mayorista de petróleo crudo y sus derivados. Incluso un país como Uruguay, que no produce petróleo, cuenta con su propia empresa estatal, la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), dedicada a importar, refinar y vender combustibles derivados del petróleo.
1.3 El aporte fiscal y económico
Incluso tras el drástico recorte de la privatización, Petroperú siguió operando como una empresa rentable y sostenible, que no solo regulaba el mercado de combustibles y garantizaba el abastecimiento interno, sino que además generaba ingresos sustanciales al Estado, tanto por utilidades generadas como por montos captados como agente recaudador de tributos (véase Gráfico 2). Así, entre el 2014 y el 2024, incluso considerando su crisis corporativa, Petroperú trasfirió al fisco más de US 6 mil millones en tributos recaudados (Petroperú; 2025).[3]
Grafico 2
Para Petroperú, el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), en realidad la construcción de una nueva refinería, marca indudablemente un antes y un después. Desde su apertura, en el año 1917, Talara ha sido una columna esencial del sistema energético nacional, y, tras muchas décadas de operación continua, se encontraba en urgente necesidad de modernización y mejora de sus instalaciones, incorporando nuevas tecnologías y procesos para aumentar la eficiencia y rentabilidad del procesamiento de combustibles.
Emprendido oficialmente a partir del año 2014, por la necesidad de adecuar la producción de combustibles a los nuevos estándares ambientales, reduciendo el contenido de azufre y otros elementos nocivos en los combustibles refinados, el PMRT es un ambicioso emprendimiento, con una inversión estimada al presente en más de US$ 5 mil millones, que incluye la ampliación de su capacidad de producción y la incorporación de nuevas unidades de procesamiento y soporte para aumentar y diversificar producción.
Pero la modernización de Talara ha enfrentado una serie de problemas y desafíos, algunos fortuitos y coyunturales, otros de carácter estructural, que han desembocado en un profundo deterioro de la posición financiera y la capacidad operativa de la empresa. Ello ha llevado a sucesivos episodios donde Petroperú se vio en riesgo de paralizar sus actividades, desembocando en sucesivos rescates por parte del Estado, con inyecciones de recursos que, entre aportes de capital, créditos y garantías, se estima que podría superar los S/ 32 mil millones de monto acumulado (IPE, 2026).
Grafico 3
La persistente crisis por la que atraviesa Petroperú se ha reflejado en una dramática contracción de su presencia en el mercado nacional de combustibles, afectando su posición como regulador y complemento de la oferta privada. Así, mientras que en el pasado Petroperú regularmente registraba una participación en el mercado que oscilaba en alrededor del 50%; en los últimos años ha experimentado una persistente y dramática caída en dicha participación, reflejando el impacto que la crisis financiera de la empresa tiene sobre su operatividad y su capacidad para abastecer al mercado doméstico.
No obstante, incluso al presente, con sus capacidades operativas drásticamente disminuidas por su crisis financiera e institucional, Petroperú aún mantiene una presencia sustancial en el mercado de combustibles, representando el 19% del abastecimiento nacional a marzo de 2026 (véase Gráfico 4).[4]
Grafico 4
La crisis de Petroperú tiene un evidente impacto sobre la seguridad y soberanía energética del país. Como resultado de décadas de una política general de hidrocarburos errática e incoherente, que no ha promovido el desarrollo de nuevos proyectos y bajo la cual Petroperú ha sido impedida de retornar a explotar lotes petrolíferos, la producción nacional de petróleo crudo ha decrecido paulatinamente a niveles muy por debajo de lo que el país requiere. En ese escenario, Petroperú normalmente importa petróleo crudo para su refinación y transformación en combustible en Talara, no solo asegurando el abastecimiento interno, sino además generando un importante ahorro de divisas al país.
Pero la reducción en la capacidad operativa de la empresa ha generado un vacío en el mercado doméstico de combustibles, que se ha compensado mediante un sustancial incremento de las importaciones. Frente a una demanda doméstica creciente, el retroceso en la oferta por las dificultades que enfrenta Petroperú, se ha reflejado en un sustancial incremento en las importaciones, cuyo volumen se ha triplicado en años recientes respecto a los niveles que eran usuales hace una década (véase Gráfico 5).
Grafico 5
Esta fuerte dependencia en combustibles importados, que no podrá resolverse hasta que Petroperú recupere su plena capacidad operativa, representa un costo considerable para el país. Nuestra balanza comercial de combustibles se ha deteriorado significativamente en los últimos años, estimándose que en el año 2025 el costo para el país por importación de combustibles, como diésel y gasolinas, ascendió a un total de US$ 4,155 millones (BCRP,2026).
Esta situación de creciente costos y dificultades para abastecer la demanda nacional ocurre precisamente cuando el país enfrenta un incierto y conflictivo escenario global, donde crece la disputa por el control y acceso a recursos estratégicos como son los hidrocarburos y sus productos derivados. Ello ha puesto en el centro de la agenda de política, en el Perú y todos los países, la necesidad de asegurar el suministro estable y suficiente combustibles, con muchas empresas petroleras estatales, tales como Petroperú, cumpliendo un papel esencial.
- Rol clave e irrenunciable: abastecer a todo el país
Pero, más allá de su participación acumulada al nivel nacional, se tiene que resaltar el rol clave que Petroperú cumple como el principal abastecedor de combustibles en las zonas más alejadas y más vulnerables, económica y socialmente, incluyendo departamentos de la selva y departamentos fronterizos, en muchos de los cuales es, literalmente, el único proveedor existente (véase Gráfico 6). Así, en Loreto, Tumbes, Amazonas y Ucayali, departamentos que en conjunto suman una población superior a los 2 millones de habitantes, Petroperú es responsable de la casi totalidad del abastecimiento de combustibles.
Grafico 6
Esta situación no es resultado de la casualidad, sino que expresa la compleja realidad del mercado nacional de combustibles, con varios departamentos y muchas localidades que, por diversos motivos, tales como el tamaño reducido del mercado o la lejanía y aislamiento geográfico, no son atractivos para los proveedores privados. Así, Petroperú cumple un rol insustituible asegurando el abastecimiento de combustibles sobre todo el territorio nacional, asumiendo las dificultades y costos del transporte y distribución.
En consecuencia, uno de los principales riesgos vinculados a la aplicación del DU 10-2025 es que la participación privada en Petroperú pudiera conllevar el desabastecimiento o encarecimiento de los combustibles en los departamentos de la Amazonia y otras zonas del país, que resulten ser poco atractivas como mercados e insuficientemente rentables para el privado. De ser tal el caso, posiblemente el Estado tendría que pactar condiciones con los inversionistas que podrían tener costos significativos, tales como compensaciones y subsidios, a fin de garantizar el abastecimiento de combustible en todo el país.
Este rol de Petroperú en el abastecimiento de combustibles en la Amazonia y zonas de frontera, asumiendo una enorme carga económica, no es una casualidad o capricho, sino que se ajusta correctamente a lo establecido constitucionalmente sobre la subsidiaridad del Estado. En ese sentido, Petroperú cumple una función similar a la de otras entidades públicas, como el Banco de la Nación o Electroperú, supliendo la ausencia o insuficiencia del agente privado, asegurando que todos los peruanos tengan acceso a los bienes y servicios a los que tienen derecho en su condición de ciudadanos, lo cual incluye acceso adecuado a los combustibles que son un insumo fundamental para desarrollar sus actividades.
Es indiscutible que Petroperú padece una crisis profunda y de carácter estructural, lo que ha puesto en cuestionamiento su misma existencia, requiriéndose acciones decididas con una visión integral y coherente sobre el rumbo de la empresa. En ese escenario se enmarca el DU 10-2025, que declara como su objetivo central la reorganización patrimonial de Petroperú a fin de garantizar la cadena de producción y abastecimiento de combustibles en el país. Reconociendo la gravedad de la crisis de Petroperú y la necesidad de dar respuesta efectiva desde el Estado a dicha situación, cabe preguntarse si el DU 10-2025 efectivamente se justifica, tanto en lo procedimental como en las medidas dispuestas, considerando las implicancias y consecuencias que sobre la empresa y sobre la seguridad y sostenibilidad del suministro de combustible podrían preverse a partir de su aplicación.
2.1 Cuestionamientos procedimentales
Según esta establecido constitucionalmente, un Decreto de Urgencia es un instrumento jurídico de carácter excepcional, que debe usarse solo ante situaciones que requieren regulación urgente.
Por ello, un Decreto de Urgencia en su formulación y sustento debe cumplir una serie de requisitos, incluyendo condiciones de excepcionalidad, como respuesta a una situación imprevista y extraordinaria, de necesidad, por una urgencia real, de transitoriedad, por establecer medidas temporales, de generalidad, al estar enfocado en el interés nacional, y de conexidad, con una relación justificada entre la situación excepcional y las medidas propuestas.
En el caso del DU 10-2025 puede sustentarse que ninguno de estos requisitos se cumple cabalmente, implicando vicios procedimentales y de presupuestos facticos, que invalidarían su aplicación:
- Excepcionalidad: la crisis financiera que aqueja a Petroperú no es un fenómeno inesperado o imprevisible, sino que, por el contrario, es persistente y prolongada, por lo que no debería ser atendida mediante un dispositivo que expresamente requiere ser aplicado en una situación excepcional.
- Necesidad: pese a la situación de crisis crónica, es cuestionable que se haya alegado una situación de urgencia para justificar el DU 10-2025, siendo que la crisis de Petroperú es de naturaleza estructural y se ha extendido por años, por lo que su solución debería ser atendida mediante los canales y conductos regulares del Ejecutivo y del Legislativo.
- Transitoriedad: este es uno de los aspectos más cuestionables del DU 10-2025, pues su contenido, sus alcances y las medidas que propone, incluyendo la reorganización patrimonial de Petroperú, tienen implicancias de enorme alcance y carácter estructural que van más allá de la resolución de un problema coyuntural, que es a lo que debería limitarse un Decreto de Urgencia.
- Generalidad: no está claro que en la génesis del DU 10-2025 se haya incorporado efectivamente al interés nacional como un elemento fundamental, entendido como un concepto integral que considera a la totalidad de la población, o si, por el contrario, el dispositivo legal tiene un carácter discrecional, enfocándose en el interés de determinados sectores en desmedro de otros, y sin considerar debidamente las implicancias de las medidas propuestas sobre el bienestar de la totalidad de la población.
- Conexidad: es cuestionable que el DU 10-2025 haya plantee una reestructuración patrimonial que, en múltiples aspectos, constituye una velada privatización, sobrepasando y distorsionando los alcances que razonablemente podrían haberse considerado para atender puntualmente la crisis de la empresa.
Finalmente, debe señalarse que resulta extremadamente cuestionable, desde un punto de vista constitucional, que mediante un DU se pretenda intervenir y reestructurar a Petroperú, contradiciendo lo establecido por un conjunto de normas de rango superior, acorde a nuestro ordenamiento jurídico. Entre estos dispositivos, que el DU pretende ahora invalidar cabe señalar la Ley N° 26221 Ley Orgánica que norma las actividades de Hidrocarburos en el territorio nacional, y la Ley N° 28840 Ley de Fortalecimiento y Modernización de Petroperú, que declaró su modernización como un interés nacional.
En particular, el DU 10-2025 arremete abierta y directamente contra lo dispuesto por la Ley N° 28244, Ley que explícitamente excluye a Petroperú S.A. de las modalidades de promoción a la inversión privada y procesos de privatización. La disposición en el DU que deroga esta exclusión de Petroperú y la incorpora al marco legal de los procesos de privatización, yendo en contra de lo acordado por Ley expresa aprobada por el Congreso, solo puede calificarse como un acto irregular y que apunta a una intención que iría más allá de una mera reforma de la empresa (Defensoría, 2026).
2.2 Cuestionamientos a los alcances e implicancias del DU
Más allá de los aspectos estrictamente formales y procedimentales que son específicos del DU 10-2025, y que han sido cuestionados, es necesario considerar cuales son, para efectos prácticos, los alcances e implicancias de este dispositivo, dado su objetivo declarado de intervenir en Petroperú para reorganizarla patrimonialmente y garantizar la continuidad de la cadena de producción.
En la revisión del contenido del DU se identifican una serie de elementos, que no se condicen con los objetivos declarados, contradiciendo los principios de transitoriedad y generalidad, entre otros, perfilándose una situación en donde, de ejecutarse lo dispuesto por el DU 10-2025, habría el riesgo de que Petroperú se vea afectada de manera radical e irreversible en su estructura corporativa y capacidad operativa.
¿Reestructuración o desintegración?
Un primer aspecto a cuestionar del DU 10-2025 es que en su artículo 3 se autoriza la reorganización patrimonial de los activos de Petroperú, tangibles e intangibles, incluyendo la nueva refinería de Talara. Esta reorganización explícitamente autoriza a que los activos se asignen en uno o más bloques patrimoniales. Es decir, se autoriza a transferir el control y manejo de los activos de Petroperú por partes. Así, textualmente en el acápite 3.1 del DU se señala:
“Autorizar, de manera excepcional y por razones
de necesidad pública, la reorganización patrimonial de
los activos de PETROPERÚ S.A. en las formas a las
que se refiere el presente Decreto de Urgencia, en uno
o más bloques patrimoniales, los cuales pueden incluir
a los activos tangibles e intangibles, licencias, permisos
y contratos y entre otros. Estos bloques patrimoniales
pueden incluir a la Nueva Refinería de Talara.”
El postulado del artículo 3 debe cuestionarse por su significado e implicancias, pues abre la puerta a la liquidación en los hechos de Petroperú como una entidad productiva unitaria, que, pese a todas sus limitaciones y problemas, opera de manera integrada. Al darse autorización para la trasferencia de paquetes patrimoniales a uno o más contrapartes, en realidad se está dando el visto bueno a la desintegración de la empresa y la dispersión de sus activos que pasarían al control de terceros.
Las negativas consecuencias de una transferencia por partes de los activos y operaciones de Petroperú a privados, vía los paquetes patrimoniales, no pueden ignorarse. La distribución de los activos y operaciones correspondientes entre múltiples operadores privados conllevara inevitablemente a la pérdida y/o deterioro de los procesos integrados verticalmente y las sinergias esenciales que han sustentado el modelo de negocios que por décadas ha sostenido a Petroperú y que como hemos visto es la modalidad comúnmente usada a nivel de empresas estatales de hidrocarburos en la región.
Bajo la figura de reestructuración que el DU 10-2025 plantea, se afectaría la integridad y continuidad de la cadena productiva de la empresa y por ende su valor. En el sector de hidrocarburos, al igual que en otros, la integración de las diversas áreas y actividades del negocio genera un valor adicional, valor que difícilmente se puede replicar o subsanar en un esquema de división entre múltiples operadores que pueden tener objetivos y lógicas de operación divergentes o incluso en competencia.
Así, bajo el marco de la reestructuración patrimonial, el Estado se arriesgaría a devaluar un activo clave y enfrentar enormes pérdidas. La suma del valor de las partes de Petroperú, dispersas en paquetes patrimoniales según propone el DU 10-2025, sería mucho menor al valor económico y social de la empresa como un todo. De igual forma no queda claro que sucedería con las unidades o paquetes que no puedan ser colocados con privados, pudiéndose prever que se constituirían en una carga económica y financiera que seguiría a cargo de Petroperú, que tendría que absorber los costos asociados. Ello puede deducirse a partir del contenido de la segunda disposición complementaria transitoria del mismo DU, que establece que mientras los activos o paquetes patrimoniales permanezcan bajo titularidad de Petroperú a la empresa le corresponde mantener su operatividad y asumir los gastos correspondientes.
En suma, la desaparición o diminución de economías de escala y de ámbito, al dividir entre agentes privados lo que en origen y naturaleza es una cadena productiva y comercial diseñada para operar de forma integrada, constituiría un despropósito que acarreara serias consecuencias económicas y sociales, que eventualmente el Estado y la sociedad deberán asumir.
Cabe señalar que la pretensión de reestructurar patrimonialmente a Petroperú por partes, recuerda preocupantemente a lo sucedido durante los años 90, cuando en el proceso de privatización de las empresas públicas a menudo se recurrió al esquema de venta y liquidación por partes. Ello justamente fue lo que sucedió con Petroperú, cuyos activos más valiosos y de más fácil realización, como los lotes petroleros, fueron los primeros en privatizarse. Agréguese, además, que nada asegura que esta figura de los paquetes patrimoniales sea exitosa y se traduzca en acuerdos bajo condiciones que efectivamente garanticen la continuidad de la cadena de producción.
En resumen, más allá de lo declarativo, puede concluirse que el DU 10-2025 que supuestamente pretende la supervivencia de Petroperú, en realidad constituye un vehículo para su privatización de facto y de manera disimulada, al dar amplio margen para que mediante paquetes patrimoniales se transfiera a agentes privados el control de activos de carácter estratégico bajo condiciones que no ha sido definidas aun y por periodos que no han sido precisados, pero que por el precedente existente, podrían abarcar muchas décadas.
Dilución de control y responsabilidades
En el mismo artículo 3 del DU bajo análisis existe otro elemento que preocupa por la gravedad de sus consecuencias: la autorización para que se puedan constituir paquetes o bloques patrimoniales separados, que podrían ser trasferidos a distintos operadores e inversionistas, no incluyendo provisión que asegure que el manejo de los activos de la empresa, dispersos en los paquetes, siga respondiendo a una lógica coherente e integrada.
“El o los bloques patrimoniales, según corresponda,
pueden ser transferidos a uno o varios Vehículos de
Propósito Especial, cuya titularidad corresponde a
PETROPERÚ S.A, pudiendo incluir a la Nueva Refinería
de Talara, otras unidades productivas y demás activos
que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
– PROINVERSIÓN determine, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 4 del presente Decreto de
Urgencia.”
En ese sentido, cabría esperar que cada uno de los operadores a quienes se transfiera el control de los paquetes patrimoniales de Petroperú, tenga sus propios objetivos corporativos y lógica de operaciones, que bien podría estar divorciada e incluso en competencia con la de otros operadores a cargo de otros paquetes patrimoniales.
En tal escenario, con múltiples operadores de los paquetes manejando cada uno sus planes de forma independiente, es claro el riesgo de que Petroperú pierda su capacidad para cumplir su mandato de abastecer y regular el mercado de combustibles nacional. En otras palabras, la reestructuración de Petroperú y la dispersión de sus activos, también podría significar implícitamente la disolución de sus responsabilidades para efectos prácticos.
Disrupción en las prioridades
Nuevamente, en el artículo 3 del DU, más específicamente en su punto 3.3., se puede identificar otra cuestionable disposición, que establece que no es de aplicación lo dispuesto por la Ley N° 30130, que declara de necesidad publica e interés nacional la modernización de la refinería de Talara, en todo aquello que pueda oponerse a la reestructuración que propone el DU 10-2025.
“Para efectos de la implementación de la presente
norma, no resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley N°
30130, Ley que declara de necesidad pública e interés
nacional la prioritaria ejecución de la Modernización de
la Refinería de Talara para asegurar la preservación de
la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas
para fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del
Perú – PETROPERÚ S.A., en aquello que se oponga a la
presente norma.”
Esta disposición de carácter general y con un alcance indefinido, sin dar mayores precisiones declara como no aplicable los dispuesto por la Ley N° 30130, incluyendo lo correspondiente a la adopción de medidas para el buen gobierno corporativo, la preservación de la calidad del aire y la salud pública.
Este otorgamiento del poder para ignorar lo dispuesto por la Ley N° 30130, deja abierta la posibilidad de que en el proceso de reestructuración patrimonial se pacten con las contrapartes privadas acuerdos y compromisos que pudieran ir en contra de los objetivos y lineamientos originalmente consagrados por la Ley, poniendo en riesgo el interés público.
Aunque la crisis de Petroperú plantea cuestiones financieras y operativas que es necesario resolver en el corto plazo; las soluciones que se establezcan no pueden ir en contra de los objetivos fundamentales de la empresa, ni soslayar o descartar los fines para los cuales opera y por lo cual se emprendió el PMRT. Una solución realista y viable a la crisis de Petroperú no puede traducirse en una tergiversación de prioridades, como la que propone el artículo 3 del DU 10-2025, que parece ignorar aspectos críticos de la seguridad energética, la salud pública y la gobernanza ambiental que sustentan el proyecto de modernización de la refinería.
Poder discrecional para Proinversión
El artículo 4 del DU 10-2025 presenta un elemento adicional de preocupación sobre la reestructuración de Petroperú, pues otorga poder integral a Proinversión para la reestructuración patrimonial, considerando a la empresa como incorporada a un proceso de promoción de la inversión privada, acorde al marco establecido por el Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado, promulgado el 25 de setiembre de 1991:
Para efectos de la reorganización patrimonial de
PETROPERÚ S.A., entiéndase incorporada a la citada
empresa en el proceso de promoción de la inversión
privada, al que se refiere el Decreto Legislativo N°
674, Ley de Promoción de la Inversión Privada de las
Empresas del Estado. Para determinar la modalidad
de promoción aplicable a la empresa o a sus bloques
patrimoniales, la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada – PROINVERSIÓN puede optar por cualquiera
de las modalidades establecidas en el referido Decreto
Legislativo. La modalidad o modalidades de promoción y
el respectivo Plan de Promoción de la inversión privada
son aprobados por el Presidente Ejecutivo de la Agencia
de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN
o quien haga sus veces. Dicho Plan de Promoción,
elaborado por el Comité Especial y que incluye la
modalidad de promoción, es aprobado en un plazo
máximo de sesenta (60) días calendario, contado desde
la vigencia de la presente norma.
En ese sentido, sorprende el grado y alcance de los poderes y prerrogativas otorgados a Proinversión para la reestructuración patrimonial, convirtiéndole de facto en el cuasi único responsable del proceso- Más aun, en el mismo artículo 4, se señala que es el presidente ejecutivo de Proinversión, en solitario, quien aprueba las modalidades de promoción a aplicarse a los activos de Petroperú, así como el plan de promoción respectivo. Es decir, virtualmente se concentra en un único funcionario la responsabilidad y el poder de decidir sobre el destino de Petroperú, sin aparente necesidad de consulta y consenso con otras instancias y entidades.
Sorprende la ausencia de mención de otras entidades o instancias que operen como veedores o fiscalizadores de las decisiones tomadas en el marco de la reestructuración patrimonial. Que no se mencione en el DU el rol de entidades rectoras en aspectos claves vinculados al sector de hidrocarburos, al sector petrolero y a las actividades de Petroperú, tales como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSNERGMIN), entre otros, contradice lo que supuestamente debería ser una reestructuración corporativa que busque dar sostenibilidad a Petroperú, asegurando que se consideren no solo los aspectos financieros y operativos, sino también elementos de gobernanza y seguridad energética, desarrollo económico y estándares ambientales, entre otros, asegurando que los sectores y entidades correspondientes participen en la toma de decisiones.
Las disposiciones del DU, que concentra en una sola entidad, Proinversión, la capacidad de decisión sobre Petroperú, sugiere que el real foco e interés del dispositivo legal está en transferir el control de los activos de la empresa al sector privado, priorizando dicho objetivo mientras se deja como temas secundarios cuestiones claves sobre el destino de Petroperú y los intereses nacionales.
¿Reestructuración o privatización disimulada?
Como se ha señalado, es cuestionable como en el artículo 4 del DU 10-2025 se establece la incorporación de Petroperú al proceso de promoción de la inversión privada, según establece el Decreto Legislativo N° 674. No deja de llamar la atención que, para la reestructuración de la empresa y que supuestamente apunta a asegurar su viabilidad y sostenibilidad, se recurra al marco legal establecido por una norma cuestionada, que fue establecida y aplicada décadas atrás en un contexto de drástica y abrupta liberalización y desregulación, lo cual conllevo a la privatización y liquidación de extensos activos estatales.
El Decreto Legislativo N° 674 establece entre las modalidades posibles para la promoción de la inversión privada, no solo la figura de contratos de asociación, arrendamientos y concesiones, entre otras, sino que además permite la transferencia total o parcial de las acciones y activos de la empresa estatal, así como la disposición y venta de los activos con motivo de la disolución y liquidación de la empresa.
Cabe recordar que fue justamente bajo el marco del DL N° 674 que se emprendió el proceso de privatización por partes y pedazos de Petroperú, mediante el cual se le substrajeron a la empresa muchos de sus activos más valiosos, incluyendo los campos petroleros, con consecuencias negativas que hasta el presente condicionan y dificultan su funcionamiento.
El extensivo desmantelamiento de las empresas públicas, emprendido bajo la cobertura del DL N° 674, represento un enorme costo económico y social que el país en su momento asumió, en un proceso carente de consenso y transparencia, en el que ocurrieron múltiples y cuestionables operaciones de venta y liquidación de activos estatales que fueron denunciadas e investigadas en años posteriores.
Sobre ese aspecto, hay que destacar particularmente el trabajo realizado por la Comisión Investigadora sobre los Delitos Económicos y Financieros (CIDEF) establecida por el Congreso de la Republica para fiscalizar las privatizaciones realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2001), y cuyas investigaciones determinaron y expusieron numerosos casos de irregularidades y problema de trasferencias en las operaciones de venta y liquidación de empresas estatales, incluyendo subvaluaciones de activos y asignaciones digitadas (CIDEF, 2022).
En suma, resulta preocupante y cuestionable, que el DU 10-2025 se sustente en un instrumento legal cuestionado como el DL N° 674, vinculado a algunos de los casos más controversiales de disposición de activos estatales y cuya aplicación trajo consecuencias negativas considerables, muchas de las cuales hasta el presente continúan afectando la marcha del país.
En conclusión, puede señalarse que el DU 10-2025 rebasa los límites razonables que debiera tener un Decreto de Urgencia, otorgando potestades discrecionales y excesiva a Proinversión sobre el destino de Petroperú, perfilando un escenario en donde hay el riesgo de que en el marco de la reestructuración patrimonial se adopten medidas que comprometan la sostenibilidad de la empresa y el cumplimiento de su razón de ser: representar el interés nacional en un sector estratégico y ser garante de nuestra seguridad y sostenibilidad energética.
Es innegable que Petroperú, pese a sus presentes dificultades, juega un rol clave en el campo energético, rol que mal podría ser asumido por un operador privado; cuya lógica de funcionamiento y objetivos, enfocados en el lucro particular, se contradecirían frontalmente con un mandato de priorizar el beneficio colectivo y los intereses nacionales, incluso si ello implica pérdidas económicas. Podría decirse, entonces, que Petroperú cumple funciones de naturaleza insustituible, como regulador y garante en el mercado de combustibles nacional, en concordancia con los deberes irrenunciables del Estado, cuya presencia la empresa representa en el estratégico sector de los hidrocarburos.
A partir de esa premisa, es necesario entender y evaluar la realidad que encara Petroperú, desde una perspectiva estratégica y de largo plazo, que reconozca los problemas que actualmente enfrenta en su justa medida y que considere cuales son las medidas apropiadas a fin de asegurar su sostenibilidad financiera y la continuidad de operaciones.
3.1 Los cuestionamientos a Talara
En el centro del análisis indudablemente se ubica la refinería de Talara, cuyo proyecto de modernización, el PMRT, ha sido objeto de numerosas críticas, alimentando durante años debates y controversias, y sobre el cual se han difundido información que, frecuentemente, ha resultados inexacta y sesgada.
Así, se ha afirmado que la modernización de Talara es un proyecto que desde su mismo origen fue sobredimensionado e intrínsecamente antieconómico, con una rentabilidad negativa (Vega, 2025). De igual forma se señala que Talara, y en un sentido más amplio Petroperú, resultan ser inviables sin el permanente soporte financiero del Estado.
Cabe reconocer, ciertamente, que a lo largo del proceso de diseño y ejecución del PMRT se adoptaron decisiones controversiales, que tuvieron un impacto evidente sobre el desarrollo del proyecto y sus costos asociados. Así, se ha señalado la decisión de pasar del proyecto inicial de modernización de la refinería, a uno más ambicioso que en términos prácticos equivalió a la construcción de una refinería nueva, como un factor que incremento sustancialmente los costos.
Asimismo, se ha señalado que la decisión de dividir el proceso de modernización de la refinería, que originalmente era integral, separando el diseño e implementación de diversas unidades auxiliares, tuvo un impacto negativo sobre la marcha del proyecto. Eventualmente, esta división se tradujo en problemas de coordinación, retrasos en la ejecución e incremento en los costos de inversión (Castro, 2025). Más aún, la decisión de que el financiamiento, construcción y operación de estas unidades auxiliares seria tercerizado a privados, incremento la complejidad y riesgos del proyecto.
Es evidente el impacto que el retraso en la ejecución de las obras comprometidas para Talara ha tenido en los costos del proyecto. En particular, debe señalarse los más de tres años de retraso que consumió el fallido intento de tercerizar la construcción y gestión de las unidades auxiliares de la refinería, bajo un esquema de concesiones. Finalmente, estas unidades auxiliares terminaron siendo incluidas como parte del PMRT, a elevado costo y considerable pérdida de tiempo. Así, se ha estimado que la carga económica total que Petroperú tuvo que asumir por las unidades auxiliares superaría los US$ 700 millones (Paredes, 2020).[5]
De igual forma, el cierre de la antigua Refinería de Talara, en diciembre de 2019, constituyó un momento crítico que tuvo considerables consecuencias negativas para las finanzas de la empresa. La suspensión de actividades de refinación en Talara debido a la construcción de la nueva refinería, implico que Petroperú paso de ser productor de combustibles a ser importador, en cumplimiento de sus responsabilidades de abastecedor del mercado nacional, con un elevado costo para la empresa (Campodónico, 2023).
En un balance objetivo de las dificultades presentadas en el desarrollo del PMRT, no puede dejar de señalarse el impacto que factores externos jugaron en las dificultades para ejecutar y concluir el proyecto. Primero entre ellos es la pandemia del COVID19, que en el año 2020 tuvo un profundo impacto sobre la economía global y nacional, afectando dramáticamente la demanda por combustibles. El arribo de la pandemia al Perú, escasamente tres meses tras del cierre de Talara, trastocó lo que era un proceso planificado y calculado de cierre de las antiguas operaciones de refinación para dar paso a la construcción de las nuevas instalaciones, lo que agregó a las dificultades operativas y financieras de Petroperú.
De igual forma, debe señalarse el impacto, nada desdeñable, de la inestabilidad política que ha afectado al Estado y al país durante la última década, y que se ha reflejado en la posición precaria de las autoridades y el debilitamiento institucional en los diversos niveles y sectores del aparato estatal, incluyendo Petroperú.
Quizás nada refleja mejor la debilidad institucional y pobre gobernanza que padece Petroperú, que la extrema volatilidad de sus principales puestos directivos. Entre julio del 2021 y mayo del 2026, Petroperú tuvo dieciséis presidentes ejecutivos y trece gerentes generales, entre nombrados y encargados. En este escenario de volatilidad e incertidumbre en la dirección de la empresa, su funcionamiento se ha visto afectado por episodios de evidente intromisión política y denuncias de corrupción contra altos cargos de la empresa (Romero; 2022), lo cual también ha contribuido a sus dificultades corporativas.
Tampoco puede dejar de mencionarse en esta recopilación de algunos de los principales factores que han afectado el desarrollo del PMRT, el peso de la disputa ideológica alrededor de la existencia misma de Petroperú. Desde la suspensión de su privatización a mediados de la década de los 90, la empresa ha sido blanco prioritario del ataque de sectores de la política que propugnan una visión de la economía en donde el rol del estado como catalizador y regulador de la economía es considerado inherentemente como aberrante y negativo. En momentos críticos en la historia de Petroperú, el peso e influencia de estos sectores dentro y fuera del Estado, ha sumado en no poca medida a las dificultades de la empresa para desarrollar sus actividades, así como para asegurar financiamiento y avanzar en la culminación del proyecto de Talara.
Desde la objetividad, es evidente que el desarrollo del PMRT se ha visto condicionado negativamente en su desarrollo y resultados por una diversidad de factores, desde dificultades financieras hasta la inestabilidad institucional. Debe considerarse si el proyecto fue concebido y ejecutado bajo condiciones menos que ideales en términos de evaluación de costos, estimación de plazos, factibilidad financiera y gobernanza corporativa, entre otros elementos, con lo que surgieron y se alimentaron una serie de problemas y deficiencias en el proceso de modernización de Talara, que recién tras doce años se acerca a su conclusión.
Pero los problemas y deficiencias que rodean al PMRT, importantes como son, no deben ni pueden ser impedimento para establecer una ruta viable hacia la sostenibilidad económica y el fortalecimiento institucional de Petroperú, que siguen siendo imperativos no solo desde la perspectiva de la empresa misma, sino también desde la perspectiva más amplia del interés nacional.
Un punto que debe quedar meridianamente claro es el valor y potencial de la refinería de Talara, que, pese a sus actuales dificultades financieras y operativas, sigue siendo un proyecto con un fundamento técnico y económico sólido, que bajo con un marco corporativo adecuado puede generar ingentes beneficios al país.
La gradual puesta en operaciones de Talara, proceso complejo y largo, significará una vez concluida, la ampliación de la capacidad de procesamiento del nivel actual de 65 MBPD hasta los 95 MBPD. Con ello se ampliará la capacidad total de refinación, estatal y privada, de hidrocarburos en el país, reduciendo la dependencia de combustibles importados, con el consecuente ahorro de divisas y reforzamiento de nuestra seguridad energética, entre otras ventajas.
Pero este considerable incremento en el volumen de refinación de Petroperú no solo es significativo en términos cuantitativos, sino también cualitativos, dada la capacidad de la refinería para procesar crudos pesados en su totalidad, en un proceso de alta eficiencia, maximizando la generación de productos comerciales y minimizando el desperdicio en productos residuales (véase Gráfico 7).
Gráfico 7
Más allá de las dificultades que han afectado la ampliación y modernización de Talara, su valor como un activo estatal estratégico no puede negarse. Hoy en día, el país cuenta con una de las refinerías más modernas y sofisticadas de toda la región, con capacidad para procesar crudos pesados y producir una variedad de productos, incluyendo combustibles de alto octanaje, de elevado valor comercial. En ese sentido, la significancia de Talara, como garantía de abastecimiento adecuado y suficiente para el mercado doméstico, se hará más y más evidente en el futuro.
3.3 La seguridad y soberanía energética
Debe recalcarse el rol que Petroperú cumple como garante de los intereses nacionales en el sector de los hidrocarburos, que no puede ser substituido ni compensado por los agentes privados, cuya racionalidad y motivaciones, puede ser marcadamente diferentes de las del Estado y la sociedad. No se puede ignorar que en el actual contexto internacional están ocurriendo cambios de carácter estructural, quedando invalidados aquellos paradigmas que décadas atrás impulsaron en el Perú el debilitamiento del rol del Estado, el desmantelamiento de las estructuras regulatorias y la privatización de activos estratégicos, como es el caso de Petroperú.
En este escenario, complejo y fluctuante, los hidrocarburos, recurso estratégico por excelencia, están en el ojo de la tormenta geopolítica, lo que se refleja en la considerable y abrupta alza en los precios internacionales del petróleo experimentada en lo que va del 2026, que ha llevado a que el barril de crudo al presente se cotice por encima de los US$ 100 dólares, casi 80% más de lo que cotizaba a inicios del año. (véase Gráfico 8).
Grafico 8
Ante esta alza global en el precio del petróleo, tanto las grandes potencias como los pequeños países han reaccionado con un sentido de urgencia, adoptando una diversidad de medidas para asegurar su abastecimiento de combustibles, así como para construir adaptación y resiliencia en respuesta al considerable incremento en el precio internacional del petróleo, lo que ha traído severas consecuencias económicas y sociales a países como el Perú.
Esta situación de crisis energética global, que refleja las disputas entre las grandes potencias, también evidencia en toda su crudeza nuestra vulnerabilidad como país con una economía pequeña, dependiente y vulnerable, con la condición de importador neto de petróleo. Así, el mayor costo de las importaciones de petróleo y sus derivados, termina trasladándose a los precios de los combustibles en el mercado interno, impactando a los diversos sectores productivos y encareciendo una diversidad de bienes y servicios, particularmente del transporte.
Frente a esta situación, que ha afectado negativamente la economía y el bienestar de las personas, lo que la ciudadanía naturalmente reclama y espera es una respuesta desde las políticas públicas pertinentes. En consecuencia, a lo largo del primer semestre de este año desde el gobierno se anunciaron e implementaron diversas medidas de emergencia para paliar y moderar el alza en el precio de los combustibles, que, en el caso de productos esenciales, como el diésel y los gasoholes, llego a superar el 70% de incremento desde inicios del año (Gestión, 2026). Justamente, entre dichas medidas se incluye el DU 03-2026 que provee garantías financieras para asegurar la continuidad de operaciones de Petroperú, como agente clave para estabilizar el mercado doméstico de combustibles.
La crisis petrolera global es un poderoso recordatorio de la necesidad imperiosa de construir políticas de adaptación y resiliencia energética, con visión estratégica. Este es un tema crucial, imperativo para la agenda pública que no puede ni ignorarse ni postergarse. En ese sentido, un elemento central en dicha agenda para la seguridad energética, tiene que ser la decisión sobre cómo fortalecer a Petroperú en su capacidad reguladora y estabilizadora en el mercado nacional de combustibles.
Es evidente que estamos asistiendo a un cambio de época, marcado por el resurgimiento de los estados nacionales, entendido como el establecimiento y expansión de políticas soberanas en los más diversos campos, incluyendo el energético, que apuntan a fortalecer la autonomía y garantizar la seguridad y estabilidad económica, política y social. En esta nueva y desafiante realidad, la soberanía y seguridad energética es un tema crucial por sus implicancias para el bienestar y el desarrollo del país, por lo que la recuperación y el fortalecimiento de Petroperú, como ente cautelar del interés nacional en un sector estratégico es una cuestión que debe estar por encima de cualquier diferencia ideológica o política.
3.4 Considerando el DU 03-2026
Al evaluar la situación actual y perspectivas de Petroperú, no puede dejar de considerarse los efectos del reciente promulgado Decreto de Urgencia 03-2026, que establece un conjunto de medidas extraordinarias y urgentes para estabilizar la situación financiera y económica de la empresa y garantizar el abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional.[6]
El DU 03-2026 dispone medidas dirigidas a asegurar la continuidad operativa de Petroperú, incluyendo la autorización al MINEM para que asuma compromisos contingentes hasta por US$ 2 mil millones, garantizando el financiamiento de Petroperú. Dicho financiamiento debe destinarse principalmente a: i) capital de trabajo, ii) recomposición del stock de combustibles e insumos, y iii) servicios necesarios para la producción.
Pero, aunque el DU 03-20267 ofrece un indudable respiro a Petroperú, autorizando un aporte de recursos para su estabilización financiera; dista de ofrecer una respuesta integral y una ruta clara para la consolidación y fortalecimiento de la empresa, que se inscriba dentro de una visión coherente de la presencia estatal en el sector de hidrocarburos. Dicha tarea aún está pendiente.
El retorno de Petroperú a una situación de solvencia no será ni rápido ni sencillo. Pero pese a las enormes dificultades actuales, existen elementos alentadores para el futuro de la empresa bajo condiciones de rentabilidad económica y sostenibilidad financiera. Así, tras años de crecientes pérdidas, tanto operativas como generales, finalmente los resultados corporativos han empezado a mejorar, aun cuando dicha mejora es aún insuficiente. Así, en el 2025 Petroperú registró una significativa reducción del 39,5% en sus pérdidas en su resultado neto acumulado, incluso una vez considerados y contabilizados los enormes gastos financieros que irroga su deuda corporativa. De esta forma las pérdidas en el resultado neto de la empresa. que pasaron de US$ 774 en el año 2024 a US$ 468 millones en el 2025 (Petroperú, 2026a). Ese año Petroperú registró ganancias al nivel operativo.
Gráfico 9
Más importante incluso, es que en lo que va del 2026 Petroperú ha empezado a revertir sus pérdidas, registrando ganancias preliminares (véase Gráfico 9). Así, en sus resultados netos acumulados a mayo del presente año ya la empresa acumulaba una utilidad de US$ 248 millones (Petroperú, 2026b), reflejando el potencial de Petroperú, pese a todos sus problemas, para ser una empresa rentable económicamente y generadora de múltiples beneficios al país.
Pero pese a las mejoras en los resultados alcanzados en el 2025 y lo que va del 2026, Petroperú está aún lejos de superar su situación de crisis. Años de pérdidas acumuladas se han traducido en una situación de crónica iliquidez, con la empresa enfrentando la desaceleración y paralización de actividades debido a la falta de capital de trabajo, que la asfixia económicamente.
Frente a esta situación, resulta indispensable proveer de estabilidad y rumbo a la empresa a fin de garantizar su supervivencia, no solo en el corto plazo, sino además encausarla en un rumbo de crecimiento y prosperidad. Una ruta clara de recuperación debe ser trazada de tal forma que Petroperú alcance plena operatividad y pueda retornar a resultados positivos netos, tal como sucedía en el pasado.
En ese sentido, se ha planteado que la recuperación de Petroperú requiere tres elementos fundamentales: a) voluntad política para defender y fortalecer a la empresa, b) dirección de alto nivel técnico, experiencia y solvencia moral para un buen gobierno corporativo, y c) un plan de reestructuración integral, con objetivos realistas para garantizar la sostenibilidad de la empresa (Narváez, 2024)
Para que la recuperación de Petroperú avance, se requiere un compromiso en firme y una agenda definida sobre las medidas a adoptar y las reformas necesarias en el corto, mediano y largo plazo, de tal forma que la empresa supere su actual crisis, concentre y optimice sus actividades y retorne a una situación de solvencia y rentabilidad. Pero justamente la presente crisis de Petroperú también expresa la precariedad y desorden que viene afectando el escenario político en los últimos años, afectando severamente la coherencia y efectividad de las políticas públicas, incluyendo la correspondiente al manejo de Petroperú, empresa que es reguladora y garante del abastecimiento de combustible a nivel nacional.
4.1 Primero: superar la ambigüedad sobre Petroperú
Imperativo para la recuperación de Petroperú es poner fin a la ambigüedad que sucesivos gobiernos han mantenido frente a la empresa, que a menudo se ha visto convertida en blanco de disputas entre sectores políticos, reflejado en episodios de bloqueo y retraso en la adopción de medidas urgentes y necesarias para su potenciamiento. Es necesario que, por encima de divisiones ideológicas y partidarias, se establezca un consenso alrededor del rol que ocupa Petroperú, definiéndola como un activo estratégico que pertenece a todos los peruanos, y cuyo fortalecimiento es de interés común. Ello tiene que reflejarse en una política coherente e integral que vincule el destino de Petroperú con la seguridad y sostenibilidad de nuestra matriz energética.
Ello implica resolver y aclarar la perniciosa ambigüedad que se ha arrastrado por décadas alrededor de la existencia de Petroperú y el papel que cumple dentro de una economía social de mercado, en el macro del rol subsidiario del Estado, acorde a lo establecido por la Constitución. Por demasiado tiempo, sectores que son antagonistas a Petroperú por motivos ideológicos y crematísticos, se han aprovechado de dicha ambigüedad para atacar a la empresa, bloquear iniciativas, recortarles recursos y promover inopinadamente su privatización y liquidación.
Zanjar con esta ambigüedad que tanto daño ha hecho a la empresa y al país, permitirá aclarar el panorama y establecer una ruta hacia su recuperación, proveyéndola de los recursos y capacidades necesarios para superar su actual crisis, asumiéndolo no como un salvataje sino como lo que realmente es, una inversión necesaria en un componente fundamental de nuestra soberanía y seguridad energética.
4.2 Segundo: asumir planificación estratégica
Petroperú no puede continuar siendo un ente que opera bajo condiciones de permanente incertidumbre respecto a su destino y funciones. Las medidas que una y otra vez se han tomado para estabilizar y mantener operativa a la empresa, han sido marcadas por la urgencia y, por ende, se han caracterizado por su naturaleza parcial, coyuntural y cortoplacista, no respondiendo a una definición clara e integral sobre el destino de la empresa.
Se requiere que desde el Estado se cuente con un plan estratégico para Petroperú con una visión de largo plazo, que establezca y precise el rol y las responsabilidades de la empresa en relación a la soberanía y seguridad energética. Este plan estratégico tiene que asumir a Petroperú como lo que realmente es: un activo estatal de enorme valor para el país, traduciendo dicha premisa en políticas sostenidas y coherentes de apoyo institucional. Esto implica abordar temas como la integración vertical de Petroperú y su retorno a actividades directas de explotación de hidrocarburos, que son elementos claves para garantizar su sostenibilidad y rentabilidad.
Abordar estos temas ciertamente genera resistencia entre sectores cargados ideológicamente, que rechazan la presencia subsidiaria y reguladora del Estado en la economía y que, por largo tiempo, han propugnado la liquidación de Petroperú mediante su privatización a rajatabla y que ahora, en el contexto que plantea el DU 10-2025 han redoblado sus esfuerzos para recortar las capacidades de la empresa. De igual forma, tampoco debe ignorarse el rol de grupos con intereses económicos, a quienes conviene un mercado de combustibles sin la presencia reguladora de Petroperú, que constituye una barrera frente a prácticas de intermediación abusiva y manipulación de la oferta.
Pero la acción de estos sectores ideologizados, o movidos por interés cuestionables, no puede seguir siendo una barrera para avanzar en la construcción de una agenda consensuada para el futuro de Petroperú, construida sobre argumentos financiera y técnicamente sólidos, que pongan al interés nacional alrededor de la empresa por encima de controversias y trasciendan las ambigüedades y oscilaciones de la política menuda, que tanto daño han hecho.
En ese sentido, es indispensable encarar el tema de la participación privada en Petroperú. La asociación de Petroperú con operadores particulares, ciertamente es una opción que se debe considerar a fin de para apuntalar una gestión eficiente, particularmente con vistas a un retorno futuro a actividades de explotación. Pero esta participación tiene que ceñirse a los parámetros y límites establecidos en la Constitución y en las leyes dictadas para el fortalecimiento de Petroperú.
Asimismo, en la asociación con privados, y en las políticas acompañantes, nunca debe perder de vista el objetivo de fortalecer a la empresa y acumular capacidades técnicas y operativas propias para su mejor funcionamiento, todo lo cual debe hacerse bajo términos definidos y transparentes. Lo que no puede hacerse es justamente lo que se pretende lograr tácitamente a través del DU 10-2025, otorgando potestades excesivas e injustificadas a Proinversión para proceder con lo que en la práctica constituiría una privatización de facto de la empresa, poniendo el interés de agentes particulares por encima del interés nacional.
4.3 Tercero: otorgar autonomía real bajo responsabilidad
Aunque Petroperú se encuentra fuera del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), en términos prácticos la empresa rara vez ha contado con la capacidad para operar libre de intromisiones y distorsiones de carácter ideológico y político. A ello debe agregarse como, en el marco de su crisis financiera, la aprobación de financiamiento y garantías por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha sido frecuentemente un proceso complicado y tortuoso, tal como se ha evidenciado en años recientes, con las marchas y contramarchas de sucesivos titulares del MEF alrededor del financiamiento para la continuidad operativa de Petroperú. Esta situación se ha traducido en episodios de retraso y parálisis corporativa en momentos críticos para la empresa.
El fortalecimiento de Petroperú exige plantear con transparencia y seriedad el otorgamiento de una real autonomía institucional. Ello significa garantizar su autonomía técnica, administrativa y financiera, pero también implica que dicha autonomía debe sustentarse en la transparencia y la responsabilidad; estableciendo parámetros y límites claros a las decisiones que se pueden adoptar en el ámbito de la empresa, así como fortalecer los mecanismos de control concurrente y rendición de cuentas, incorporando instancias independientes de monitoreo y consulta que tengan opinión vinculante, como podría ser en la figura de un consejo consultivo donde participen representantes de sectores y gremios relevantes.
4.4 Cuarto: indispensable fortalecimiento institucional
Las intromisiones y presiones políticas han jugado un papel central en la crisis de Petroperú. La precariedad y volatilidad al nivel de los altos directivos de la empresa, se ha reflejado en la ausencia de rumbo y poca capacidad para toma de decisiones, alimentando la incertidumbre afectando la operatividad y sostenibilidad de la empresa.
Bajo las actuales condiciones de incertidumbre corporativa, en donde expectativa de duración de un presidente ejecutivo o un gerente general no llega a los seis meses, evidentemente se ha dificultado, por no decir imposibilitado, el establecimiento de una respuesta clara y coherente a la crisis de la empresa.
Así, el relanzamiento de Petroperú resulta indesligable de la reconstrucción y adecuación de su institucionalidad, acorde a principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad. En particular, es inaceptable que hasta el presente Petroperú no cuente con un sistema de gobernanza adecuado que le garantice un manejo profesional, blindado de presiones e intromisiones políticas.
Al presente los directores de Petroperú carecen de autonomía, pues pueden ser elegidos y removidos sin mayor justificación por el poder ejecutivo, lo cual ha llevado a repetidos episodios de controversia e inestabilidad que le han causado enorme daño a la empresa. Se necesita otro marco legal que asegure la elección meritocrática y funcionamiento autónomo del directorio (Campodónico, 2024). Ello debe traducirse en un cuerpo directivo realmente independiente, con sus integrantes nombrados en concurso público abierto y transparente, no designados como cargos políticos, a fin de establecer un adecuado balance en la gestión de Petroperú.
Así, una tarea urgente es revisar integralmente sus estatutos corporativos, en particular en lo referente a los altos cargos directivos, asegurando que quienes sean electos para tal función cuenten con la idoneidad técnica y moral para asumir las responsabilidades que le competen, así como la necesaria autonomía para ejercer sus funciones. En ese sentido resulta esencial proveer de un mandato autónomo a los directores de Petroperú, por un término bien definido y estableciendo parámetros claros para su cambio y reemplazo, que solo podría hacerse en procesos individuales debidamente fundamentados, a fin de terminar con los problemas de volatilidad y discrecionalidad en el liderazgo de la empresa. Ello debe acompañarse necesariamente con el reforzamiento de los mecanismos de rendición de cuentas, control concurrente y monitoreo independiente.
De la misma forma, es importante darle mayor pluralidad al cuerpo directivo en su nominación y composición. Representantes de instituciones académicas pertinentes y cuerpos profesionales, tales como el Colegio de Ingenieros del Perú y la Universidad Nacional de Ingeniería, deben ser convocados a participar en la gobernanza de Petroperú.
En esa misma línea, debe reconocerse como una tarea urgente el fortalecimiento de las capacidades de las gerencias de línea y de soporte de la empresa. Uno de los principales retos que enfrento Petroperú a lo largo del desarrollo del PMRT fueron las limitadas capacidades de gestión e insuficiente experiencia de los funcionarios de la empresa para el manejo de un proyecto de ese nivel de complejidad y costo, lo que se tradujo en dificultades en su proceso de implementación.
La entrada en operaciones de la nueva refinería de Talara exige que Petroperú cuente con un cuerpo de gestores del más alto nivel, con las capacidades técnicas y administrativas necesarias, debidamente actualizadas y acreditadas acorde a los estándares internacionales, para asumir los desafíos del manejo de la empresa. Por lo que un componente indispensable para la recuperación y relanzamiento de Petroperú es que se emprenda un plan intensivo de fortalecimiento de sus recursos humanos, particularmente en la capacitación de los gerentes y funcionarios de nivel alto y medio, que serán quienes tendrán a su cargo la responsabilidad de conducir a la empresa en los próximos años y décadas.
4.5 Quinto: transparencia, ante todo
Para que Petroperú pueda avanzar en su recuperación y consolidación, es indispensable revisar integralmente y evaluar críticamente lo que fue el proceso de desarrollo del PMRT y reconocer las causas y condicionantes de la subsecuente crisis financiera y operativa. Ello implica sincerar cifras, determinar los puntos críticos del proceso, y analizar errores y deficiencias cometidas, asignando las responsabilidades que correspondan. Este es un ejercicio complejo y arduo, sin duda, pero indispensable para entender la crisis de Petroperú, extrayendo las necesarias lecciones de cara al futuro.
Por ello, es necesario que se dé cumplimiento al compromiso de realizar una auditoria integral al PMRT, anunciada años atrás, pero que en el caos institucional por el que ha pasado Petroperú, se ha visto postergada en repetidas ocasiones. En ese sentido, hay que destacar que la empresa misma ha rechazado versiones recientes de que se pretendería cancelar el proceso de contratación de dicha auditoria (Ramos, 2026)
Hay que establecer meridianamente que una condición previa para un plan integral de recomposición de Petroperú tiene que ser la realización de la auditoria integral y su presentación y difusión pública, sin reservas ni restricciones, de sus resultados. Solo de esta manera, con absoluta transparencia, es que se podrá trazar un rumbo claro para la empresa, que supere sus actuales dificultades y asegure su sostenibilidad.
4.6 Sexto: reperfilar deuda y asegurar sostenibilidad financiera
Al presente la deuda corporativa de Petroperú se estima en aproximadamente US$ 6,500 millones (IPE, 2026). Este elevado nivel de endeudamiento se traduce en una onerosa carga financiera que asfixia permanente a la empresa y le impide regularizar sus operaciones. Las garantías financieras ofrecidas por el DU 03-2026 son ciertamente un alivio bienvenido, que le darán estabilidad financiera a Petroperú en lo inmediato, pero que no pueden obviar la necesidad una solución integral para la sostenibilidad económica y financiera de largo plazo.
Es esencial generar el marco financiero necesario para que Petroperú pueda operar con normalidad, cumplir con sus obligaciones, y retornar a la rentabilidad neta, recuperando su condición de generador de ingresos para el fisco. Para ello resulta clave el soporte del Estado, con un primer e importante paso dado con el DU 03-2026, siendo necesario consolidarlo mediante un acuerdo general con los acreedores para el reperfilamiento del horizonte de la deuda, ajustando plazos de tal forma que la carga financiera que asumirá Petroperú en los próximos años por el repago de sus obligaciones no perjudique su liquidez financiera y su operatividad.
En conclusión
Petroperú resulta ser un elemento esencial de nuestra soberanía y seguridad energético, cumpliendo un rol de regulador y garante en el mercado nacional de combustibles, que no puede ser meramente suplido por los agentes privados, que operan bajo una lógica y dinámica que no necesariamente se corresponde con el bienestar general de la sociedad. Por ello, garantizar la sostenibilidad de la empresa y la continuidad de sus operaciones no es un tema opcional, sino una necesidad imperativa para la estabilidad de la economía y el desarrollo del país.
Ciertamente, no so se puede minimizar la severidad de la crisis que actualmente encara Petroperú y la necesidad impostergable de adoptar medidas radicales y asumir reformas de fondo, que permitan estabilizar financiera y operativamente a la empresa. Pero esta situación de crisis no puede ser justificación para adoptar un esquema precipitado e imprudente, como la reestructuración patrimonial en paquetes que propone el DU 10-2025, que lejos de garantizar la sostenibilidad de Petroperú, en realidad apunta a su fragmentación y dilución de facto, lo que se traduciría en la perdida efectiva de un valioso activo estatal y al debilitamiento de capacidad regulatoria y gobernanza en el mercado nacional de combustibles, con los riesgos y costos que ello conllevaría para la economía y la sociedad.
Bibliografía
BCRP (2026). Nota de Estudios N° 11 – 2026, Balanza Comercial: diciembre de 2025. En: Nota de Estudios N° 11: Balanza Comercial – Diciembre 2025.
Campodónico, H. (2023). Petroperú: un primer balance: De la crisis reputacional a la crisis de liquidez y el aporte de capital. En: https://www.desco.org.pe/recursos/site/files/CONTENIDO/1543/09_Humberto_Campod%C3%B3nico_PHd22.pdf
CIDEF (2002). Informe final de la Comisión Investigadora sobre los Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990-2001, Congreso de la República. En: Microsoft Word – proyectos-publicaciones.doc
Defensoría del Pueblo (2026). ¿Es el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 una herramienta de privatización encubierta?: Petroperú, empresa estratégica y activo crítico nacional – Informe Defensorial N.° 267). En: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2026/01/id_petroperu.pdf
Gestión (2026). Combustible en Perú: Gobierno declarará en emergencia el mercado, ¿qué llevó al país a decidirlo? https://gestion.pe/economia/combustible-en-peru-gobierno-declarara-en-emergencia-el-mercado-que-llevo-al-pais-a-decidirlo-noticia/
Gestión (2026). Petroperú deja de recibir S/ 12 millones al mes por una ley: “Estaríamos en positivo”, dice su presidente. Petroperú deja de recibir S/ 12 millones al mes por ley de la Amazonía: “Estaríamos en positivo”, dice Alejandro Narváez | ECONOMIA | GESTIÓN
IPE (2026). Próximo Senado no garantizaría reformas en Petroperú. En: Próximo Senado no garantizaría reformas en Petroperú
Narváez, A. (2024). Petroperú: sus reales problemas y posibles salidas. En: Petroperú y sus reales problemas.Alejandro Narvaez.pdf
OLADE (2025). Panorama energético de América Latina y el Caribe – 2025. En:
Paredes, C. (2020). La tragedia de las empresas sin dueño: El caso Petroperú. En: reporte-financiero-2025-iv-trimestre.pdf
Petroperú (2026a). Petroperú, Informe de resultados – cuarto trimestre 2025. Disponible en: Boletín Petroperú Informa – junio 2025-I
Petroperú (2026b). Petroperú, Estados Financieros a mayo 2026. Disponible en: Boletín Petroperú Informa – junio 2025-I
Petroperú (2025). Petroperú informa – junio 2025. Disponible en: Boletín Petroperú Informa – junio 2025-I
Petroperú (2012). Memoria Anual – 2011. Disponible en: 3-113b61ec4a9d2b8.pdf
Ramos, A. (2026). Petroperú afirma que realizará análisis forense a la refinería de Talara – RPP Noticias. En: https://rpp.pe/economia/economia/petroperu-afirma-que-realizara-analisis-forense-a-la-refineria-de-talara-noticia-1689040
Romero, M. (2022). Las mentiras de Petroperú. En: https://web.archive.org/web/20220426083542/https://gestion.pe/blog/atalayaeconomica/2022/04/las-mentiras-de-petroperu.html/
Vega, J. (2025). Gato por liebre o gato encerrado: ¿Cuánto vale la nueva refinería de petróleo de Talara? – Documento de Trabajo N° 549. En: https://departamento-economia.pucp.edu.pe/documentos-de-trabajo/gato-por-liebre-o-gato-encerrado-cuanto-vale-la-nueva-refineria-de-petroleo-de-talara
[1] Agradezco el apoyo del Mg. Armando Mendoza Nava que fue fundamental en la preparación de este informe.
[2] Petroperú no participa directamente en el mercado minorista de combustibles, al no contar con estaciones de servicio propias, las cuales se privatizaron en los años 90. Sin embargo, mantiene presencia de marca a través de cientos de estaciones afiliadas de propiedad privada que operan en todo el país.
[3] Incluyendo la recaudación por el Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), e Impuesto a la Renta (IR), entre otros rubros.
[4] Según señala expresamente el DU 03-2026.
[5] Incluyendo el costo adicional de incluir estas unidades auxiliares en el proyecto, así como el costo económico por paralización de las actividades de refinación debido a los retrasos.
[6] El DU 03-2026 fue promulgado el 8 de mayo del 2026.
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