Actividades de las que viven cientos de miles de trabajadores en las ciudades, vendiendo en mercados callejeros y galerías congestionadas, y atendiendo en restaurantes y hoteles a turistas, van a estar paralizadas por un buen tiempo. Algunas, como el comercio informal, porque demandan mucho contacto físico; el turismo porque los extranjeros no van a venir dadas las limitaciones al traslado y las cuarentenas vigentes en varios países del mundo y porque la gente quedará gastada y asustada luego de esta crisis.

Este es el mayor problema económico de estos meses que vienen, y es un problema distinto al de los bancos y las grandes empresas que vienen recibiendo el subsidio de los 60,000 millones de soles de ReactivaPerú.  Es lo principal porque estamos hablando de la subsistencia de cientos de miles de familias, problema que no se resuelve con el apoyo financiero a las grandes empresas ya que la gran minería, pesca, industria, construcción y cadenas comerciales dan empleo a no más del 15 por ciento de la población económicamente activa (PEA). Por eso la ministra Alva ha dicho que en esta “reactivación” regresarán a trabajar 1 millón 400 mil personas, cifra optimista pero que apenas llega al 8% de la PEA.

El discurso que nos repiten es que la economía de la gente depende del empleo que generen las grandes empresas, por lo cual se justifica que éstas reciban estos préstamos subsidiados a tasas ínfimas del 1-2 por ciento anual que no las tiene cualquiera. Pero es engañador meter dentro de una sola bolsa de lo “económico”, como si fueran lo mismo, a la cadena de hoteles Casa Andina y al ambulante que hoy no tiene para comer; este engaño sirve para sustentar que el estado otorgue 10 millones de crédito subsidiado a la empresa del mayor billonario del país que podría fácilmente poner ese dinero de su bolsillo. En esta oportunidad, los que suele ser enemigos acérrimos de que el estado intervenga en la economía, se quedan bien calladitos: no es casualidad que eso suceda cuando son los grandes poderes económicos de la Confiep quienes reciben los 60,000 millones de crédito subsidiado por el estado.

LA ECONOMÍA DE LA GENTE

Enfoquémonos en los cientos de miles de familias sin trabajo. ¿Cuánto tiempo durará la actual situación con medidas de distanciamiento físico y casi ningún turista que genera ese enorme desempleo? Lo más probable es que dure hasta que nos hayamos podido vacunar masivamente, lo que requiere que se invente la vacuna, se pruebe su eficacia y seguridad, se empiece a producir masivamente y, luego de que los países industrializados la hayan aplicado a todos sus ciudadanos, su producción pueda alcanzar para que nos vendan las dosis requeridas. Tiempo estimado: dos años, puede que sea menos si tenemos suerte, pero también es posible que demore más. Y aun luego de eso, la recuperación del turismo y otras actividades podría demorar años.

¿Qué podemos hacer entonces? En primer lugar, vayamos planeando entregar el Bono Universal varias veces en los próximos meses. Ya no podrá haber más excusas operativas. El ministerio de economía ha calculado que todos los bonos anunciados a la fecha, desde los primeros “focalizados” hasta el Bono Universal, cuestan algo más de 5 mil millones de soles. Bueno, si se han dado 60 mil millones a la banca y las grandes empresas, bien podrían darse 3 o 4 rondas de 5 mil millones para la gente, considerando además que el estado tiene fondos fiscales depositados en los bancos nacionales por más de 90 mil millones. Plata hay, y junto a la salud pública, la sobrevivencia económica de las familias peruanas es la gran prioridad.

Junto con eso, poco a poco habrá que ir permitiendo que actividades económicas, bajo estrictas condiciones de seguridad sanitaria, vayan abriendo puertas para que la gente pueda ganarse la vida. Pero hay que ser muy cuidadoso con eso, bajo riesgo de generar un brote mucho más feroz de la epidemia del coronavirus, lo que como sabemos traería consecuencias mortales. En las grandes ciudades, los mercados congestionados y las combis y buses de transporte llenos a reventar no pueden regresar, como tampoco los colectivos: serían un foco de contagio. Pero como hemos señalado, aún en las mejores condiciones de reactivación de la producción que tuvimos antes, quedarán cientos de miles y quizás millones sin trabajo.

Por eso hay que poner los ojos en el campo y en la sierra. ¿Por qué en particular en las zonas andinas? Hasta la fecha los datos de la epidemia muestran un contraste notorio entre las regiones del Ande y las costeras y amazónicas. El total de fallecidos en 8 de las 9 regiones mayoritariamente de sierra, que son Cajamarca, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno, no llegan a 10 y la mayoría tiene menos de 5 muertos por COVID-19. De estas nueve regiones, únicamente Junín tiene más de 10 defunciones. Por otro lado, la región Lambayeque solita se aproxima a los 500 muertos, seguida de cerca por Piura, y estamos hablando sólo de los fallecimientos registrados por COVID-19 que son aquellos a los que se les aplicó una prueba de laboratorio, seguramente el número real es bastante mayor. La diferencia entre la sierra y las zonas más bajas es enorme. Todavía estamos en pleno desarrollo de la pandemia, pero ya está claro que este coronavirus afecta menos en la altura, algo ya analizado en un artículo científico internacional mirando las realidades de Tibet, Bolivia y Ecuador que sustenta que el COVID-19 se contagia menos a mayor altitud. Habría dos razones para eso: la radiación ultravioleta es más alta y mata más rápido al virus en las superficies, y nuestro aparato respiratorio al adaptarse a la menor cantidad de oxígeno en el aire dificulta que la enfermedad se agrave. Es probable que en el Perú se mezclen estos efectos con la mayor dispersión de la población andina, la excelente reacción de las comunidades y rondas en aislar a los retornantes, y algunas costumbres y comportamientos propios de la zona andina.

MEDIDAS PARA APOYAR AL CAMPO

Decenas de miles de peruanos ya han regresado a sus pueblos y comunidades de origen. Tenía mucho temor que esto significara una explosión de la epidemia en el interior del país, pero no parece haber sido así a pesar de las debilidades del sistema de salud. La cuestión ahora es darles a esto retornantes las mejores condiciones para que retomen la agricultura, en muchos casos en una pequeña parcela familiar. Así podrán mantener a sus familias e irán atrayendo a más personas, descongestionando las grandes ciudades lo que nos ayuda contra la epidemia. Desde luego, el mismo apoyo hay que darle a quienes nunca dejaron de trabajar el campo; hay una deuda de mucho tiempo con esa agricultura familiar y comunidades postergadas y hoy necesitamos más que nunca que levanten su producción para asegurar la alimentación en las ciudades.

Hay que pensar en formas de ayuda masiva a la pequeña y mediana agricultura, que ya opera con distanciamiento físico. Desde la plataforma de productores agrarios, Conveagro, se ha planteado la necesidad de un Bono Productivo, una ayuda de mil soles para invertir en semillas y fertilizantes que sostengan la próxima campaña. Es una buena idea, que debiera ir de la mano de un verdadero empuje al crédito; es inaceptable que mientras se entregan 60 mil millones a los grandes bancos no se dé nada al Agrobanco, a las cooperativas de ahorro y crédito bien manejadas, e incluso al Banco de la Nación para préstamos de muy bajo interés a pequeños y medianos agricultores comerciales.

Estas medidas de apoyo a la producción tienen que ir de la mano de mejores servicios públicos, en especial en educación, salud e infraestructura de telecomunicaciones. Muchas veces las familias rurales vienen a las ciudades buscando mejor educación para sus hijos; los retornantes seguramente están preocupados por que las limitaciones de la educación a distancia son mucho mayores donde la conexión a internet es mala o inexistente.  Hay sin embargo miles de colegios primarios rurales que solo tienen una o dos docenas de alumnos, para los cuales se podría plantear clases por grupos y con medidas de distanciamiento físico en el aula. Además hay que evitar que el maestro yendo y viniendo todas las semanas de la ciudad lleve el coronavirus, lo que se puede hacer pagándole una bonificación extraordinaria a condición de que se quede en el poblado rural hasta fin de año. En otras localidades, donde no se puede garantizar la presencia de maestros, es posible reavivar la educación comunitaria apoyada en sabios y jóvenes de la comunidad que puedan acompañar los aprendizajes de las niñas y niños.

Junto con ello, es urgente que haya una buena conexión de internet en todos esos poblados. Con ese objetivo el estado gastó cientos de millones en el proyecto de la llamada Red Dorsal de Telecomunicaciones, que por haberse privatizado no está llegando a muchas zonas rurales. Esa conexión ya no puede seguir siendo postergada, como bien ha insistido el gobernador regional de Cajamarca Mesía Guevara, porque además una buena conexión de internet podría permitir que la atención de salud se fortalezca con telemedicina, la educación se refuerce y los bonos del estado se cobren fácil y sin riesgo.

El gobierno todavía no empieza a entregar el Bono Universal Familiar pero los 30,000 millones de “Reactiva Perú” ya están en las bóvedas de los bancos y al toque aprobó darles otros 30,000 millones más. El Bono Universal, que según el presidente Vizcarra debe llegar a 6 millones 800 mil familias (ver para creer), costará 5 mil millones de soles. La banca recibe doce veces más.

Los 60,000 millones, legalmente un préstamo, son en realidad un gigantesco subsidio a la banca. Se dijo que era para las micro y pequeñas empresas, pero ni el 2 por ciento de “Reactiva Perú” va para ellas según los informes del BCR (quien desembolsa el dinero). Apenas una caja rural y una financiera han accedido a ese programa Reactiva Perú, y ninguna cooperativa de ahorro y crédito lo ha hecho, siendo las cooperativas rurales las únicas que destinan hasta el 40 % de sus fondos al agro.

La gran banca privada que se gana con este subsidio está concentrada en 4 bancos. Dos de ellos son de los principales conglomerados empresariales del país: el grupo Credicorp presidido por muchos años por Dionisio Romero S. y Dionisio Romero P. (papá e hijo), y el grupo Intercorp propiedad de Carlos Rodríguez Pastor, el mayor billonario peruano que controla el monopolio de las boticas y cuya acumulación es tal que apenas una décima parte de su riqueza alcanzaría para pagar los 760 soles de Bono a dos millones de familias peruanas. Estos junto a los otros dos grandes bancos, que son propiedad de las trasnacionales BBVA y Scotiabank, controlan el 80 por ciento de los depósitos y del crédito.

Estos bancos han hecho ganancias extraordinarias la última década, con rentabilidades del 20% anual, algo que los ahorristas no podríamos ni soñar que nos paguen (no dan ni 1% por nuestras cuentas de ahorros). Pero con el coronavirus y la cuarentena los bancos tenían un gran problema: muchísimos de los créditos que habían otorgado no iban a ser pagados, porque hay negocios cerrados, las ventas han caído y miles de personas sin empleo no tienen como pagar las hipotecas y tarjetas de crédito. Entonces recurrieron al expediente de siempre: hacer que ese estado, que siempre dicen es ineficiente y no debe meterse en la iniciativa privada, cargue con el bulto. Con esos 60,000 millones van a reemplazar créditos cuyo riesgo lo asumían los bancos, por otros préstamos ahora garantizados por el estado. De tal manera que todos esos malos riesgos que hasta marzo eran responsabilidad de los bancos, ahora los pagaremos todos los peruanos. Una vez más ese discurso de que los grandes capitalistas tienen grandes ganancias porque corren fuertes riesgos, se demuestra es pura propaganda ideológica, o si se quiere, fake news.

El asunto no termina ahí, porque la movida no consiste solo en salvar a los bancos de sus malas deudas. Ellos podrán seguir haciendo grandes ganancias, porque no se ha establecido ningún impuesto a las grandes fortunas ni se ha elevado la tasa del impuesto a la renta para las sobreganancias. Tanto Credicorp como Interbank, aunque en su origen son capitales peruanos, han establecido legalmente sus empresas en paraísos fiscales (Islas Bermudas y Panamá) con la única finalidad es evadir la fiscalización de la SUNAT. Por cierto, en varios países como Francia, Dinamarca y Polonia, se ha impedido que empresas basadas en paraísos fiscales obtengan apoyo del gobierno. Es que ya es el colmo: por un lado le sacan la vela al pago de impuestos, por el otro extienden la mano para pedirle subsidios al gobierno. De paso, como las cooperativas de ahorro y crédito, agrobanco, cajas y otras instituciones financieras estarán sin apoyo del gobierno, estos grandes bancos aprovecharán para aumentar su poder de mercado.

EL AGRO Y EL FUTURO

Junto a este costosísimo subsidio a bancos y grandes empresas, el gobierno anuncia su plan de “reactivación económica”, que consiste en permitir a las grandes empresas que aún no lo habían hecho, que retomen sus actividades. Según los anuncios del gobierno debieran hacerlo con medidas que aseguren la salud de sus trabajadores, pero ni el comportamiento anterior de grandes empresas mineras, comerciales e industriales, ni los decretos publicados garantizan para nada de eso.

Hay un problema mayor, sin embargo, que es la falta de una estrategia que incluya entre sus objetivos tanto el sostenimiento económico de las familias peruanas como la salud pública. Porque según el optimista anuncio de la ministra Alva, la primera fase de esta reactivación económica debiera traer consigo que opere el 70% de la economía y un millón cuatrocientos mil trabajadores regresen a trabajar. Parece mucho pero no lo es: nuestra población económicamente activa son 18 millones. Así que su propuesta es sólo para uno de cada 12 trabajadores, ni el 8 por ciento.

Esta propuesta del gobierno es como intentar volver al pasado: dejar que los grandes grupos financieros, minas y conglomerados comerciales hagan lo que quieran, marquen el rumbo y concentren las ganancias. La “pequeña” diferencia es que, además, les pasa 60,000 millones de subsidios.

Pero esta estrategia de liberalización extrema, que deja todas las decisiones a “la mano invisible del mercado” actuando cada empresario y cada trabajador-consumidor por su cuenta, ya no es posible: por ese camino lo que vendría es una explosión de epidemia, enfermedad y muerte.

Desde la derecha extrema y los propagandistas de la Confiep, acusan que la izquierda, los “rojos”, queremos meter una agenda reguladora y estatista por la ventana. No señor, queremos meterla por la puerta grande, porque hoy resulta evidente que un país dominado por grandes empresas que no se preocupan por sus trabajadores ni por el bien público, con millones de informales buscando como subsistir al costado, saldría de esta epidemia con decenas de miles de muertos. No es ya un asunto de ideología, es de realismo.

La fórmula de los neoliberales ante esa situación es mantener un estado pro-Confiep en lo económico pero intervencionista en la salud pública: que hayan millones de pruebas para luego dar seguimiento a miles de enfermos y decenas de miles de contactos. Algunos países asiáticos exitosos en la lucha contra esta epidemia así lo han hecho, pero eso es gracias a que tienen estados grandes, con fuerte sustento económico y con industrias potentes. China ahora se prepara a enfrentar una docena de nuevos casos en Wuhan con la aplicación de 11 millones de pruebas para toda la población de esa ciudad, lo que suena razonable si se tiene un estado y una industria con grandes capacidades; en nuestro país tres décadas de políticas orientadas a traerse abajo el estado, la industria y la salud pública nos impiden hacer algo así en el corto plazo.

Los países asiáticos pueden intentar regresar a su economía del pasado, con industrias exportadoras fuertes que generan empleo masivo y con una infraestructura envidiable fruto de años de fuerte inversión pública. Lo hacen con empresas y estado aplicando medidas sanitarias estrictas de cumplimiento generalizado. Nosotros ni tenemos esa industria ni tenemos esa capacidad estatal. ¿Cómo podríamos nosotros, con el coronavirus circulando, regresar a ese pasado nuestro de miles de ambulantes vendiendo en las calles, mercados abarrotados, empresas irresponsables, micros a reventar, hospitales en la miseria? 

Nuestra estrategia tiene que ser otra. Tenemos que empezar a construir una economía diferente en el corto plazo. El problema principal es que no podemos mantener todos esos 7 millones de informales circulando en las ciudades ni es posible generar en pocos meses esa cantidad de empleos formales en industrias bien organizadas y salubres. En esas circunstancias, los cientos de miles de peruanos que han decidido regresar a sus pueblos y comunidades tienen más visión estratégica que el todopoderoso ministerio de economía. Porque es en el campo donde pueden ubicarse con bajo riesgo, ya que hay más distancia física y la altura reduce de manera importante el contagio del coronavirus, y al mismo tiempo establecer una nueva base productiva. Deben, eso sí, trasladarse de manera responsable, con pruebas y cuarentena, lo que se ha venido logrando con el control de comunidades y rondas, alcaldes y gobiernos regionales. Muchos olvidan que, además, están haciendo un favor a la salud pública de las ciudades, ayudado a descongestionar mercados y combis.

Esta nueva estrategia económica implica dos cambios importantes. Por un lado, priorizar lo que conviene para el sostenimiento económico de las mayorías y para la salud pública: la agricultura, la salud y la educación. No es sólo cuestión de “dejar hacer” a los millonarios y poderosos, hay que dar oportunidades económicas masivamente. Para ello se requiere un estado que asuma otros roles y facilita, financie y promueve el crecimiento y desarrollo tecnológico de esos sectores que hoy deben pasar a ser prioritarios.

Un estado promotor del desarrollo económico ha sido importantísimo en el crecimiento de China en las últimas décadas, como antes lo fue de Corea del Sur, y antes, de Japón. La diferencia es que, en esas experiencias, en otro tiempo, la prioridad fue la industria, apoyada con créditos, tecnologías, políticas comerciales, infraestructura y servicios públicos. Hoy por hoy, desde nuestra economía realmente existente, y en el corto plazo que tenemos para empezar a dar oportunidades de sobrevivencia a millones, el estado debe promover con urgencia aquellos sectores donde puede haber mucho espacio para producir y vivir manteniendo las distancias físicas necesarias: el campo.

Son las 3 de la mañana y sé que, aunque no me suele suceder, ya no me será posible conciliar el sueño. Anoche tuve una pesadilla como no me pasaba en décadas. Me duele el corazón, lleno de tristeza, angustia, cólera, y eso que soy de los privilegiados en ese mi país.

Reviso los hechos: más de cien muertos registrados diariamente, posiblemente sean en verdad el triple. En unas semanas serán muchos más, los fallecimientos se están duplicando cada 8 días, como la progresión es geométrica quiere decir que en un mes los muertos se multiplican por 16. Escribo esto que ya lo sabía y el miedo me invade por un momento.

Me sirve de poco cuando pienso en la tasa de mortalidad total por el SARS-Cov-2, es decir qué porcentaje de la población morirá, que creo que será entre 3 y 5 por mil. No me refiero a la llamada “tasa de letalidad” ahora en boga que se refiere a la proporción de enfermos que mueren; me refiero a, de todos nosotros, cuantos moriremos por este virus. Vamos, con esa tasa no es tan probable que me caiga la guadaña, ¿por qué tanto miedo y tanta rabia? En la mal llamada “gripe española” de 1918-20 murió un 2 por ciento de la población mundial. En la peste de la europa medieval, quizás un 30 por ciento. En el desastre demográfico en América tras la conquista se estima que llegó a morir el 90 por ciento. Esas cifras sí son de terror.

Estoy lleno también de tristeza. Es que estamos hablando de cien mil muertos. En un año o dos morirá en el Perú el doble de gente que la asesinada en las dos décadas de carnicería desatada por Sendero Luminoso y la respuesta salvaje que en muchas zonas hicieron nuestras fuerzas armadas contra pueblos indígenas. Aunque parece que este virus afecta menos en zonas de altura y no de detiene ante los muros sociales levantados por las clases altas, los principales afectados serán como siempre los de abajo, los de piel marrón, los que no tienen ni agua potable ni cuenta bancaria de respaldo. Mi pesar tiene buenas razones de sustento.

DIATRIBA DE UN HOMBRE SENTADO

Suelto ahora mi cólera. Maldito virus, maldita suerte.

Malditos esos expertos en robar al estado quitándole los recursos necesarios para cuidarnos. Malditos quienes inocularon la epidemia de la corrupción, maldita Odebrecht, Graña y Montero y socias, maldito “club de la construcción” que ahora obtiene préstamos subsidiados del estado.

Malditos los que desde el poder político y económico ahogaron nuestra salud pública y han hecho que tengamos menos médicos, enfermeras, camas y UCIs por habitante que todos los países vecinos. Malditos esos que han comprado candidatos y congresistas para que les faciliten exoneraciones tributarias especiales: mineros con privilegios a quienes PPK otorgó un decreto para que les devuelvan impuestos de un día para otro, dueños de casinos íntimos de Keiko, bancos y AFPs entregando maletines con cientos de miles para ganarse cientos de millones. Malditos abogados especializados en crear empresas en las Islas Bermudas, las Bahamas, islas Caimán, Luxemburgo u otros paraísos fiscales con el único objetivo de eludir y evadir impuestos, no son más que unos Judas vendidos por 30 monedas de plata.

Vaya mi cólera también para esos presidentes, congresistas y ministros de economía que apoyaron esas tropelías. Vaya mi odio profundo a Fujimori, Boloña y Camet regalando miles de millones con exoneraciones de impuestos por doquier; a Toledo y García que continuaron esas políticas; a la pareja Humala-Heredia vendida a la Confiep y traicionando cinco años de promesas continuadas de poner en vereda a mineras y grandes conglomerados; a quienes rebajaron el impuesto a la renta a las grandes empresas y ahora pontifican sobre la mejor forma de responder a la crisis defendiéndolas otra vez.

Ustedes, todos ustedes son responsables de que por una falta de presupuesto mantenida por décadas hayamos empezado esta crisis con apenas 100 camas UCI con ventilador, que medidas en proporción a la población son la octava parte que en Argentina y la tercera parte que en Chile o Ecuador. Un enfermo grave de SARS-Cov-2 necesita unos 15 días de UCI con ventilador para tener una posibilidad 50% – 50% de vivir. Así que una cama UCI, con su médico intensivista, enfermeros y equipos operando, atiende en un mes a dos enfermos graves y le salva la vida a uno de ellos. El sector salud ha conseguido pasar en tiempo récord de 100 a 900 camas, salvando la vida a 400 peruanos cada mes. En los próximos dos años salvarán 5 mil vidas; si hubiéramos estado como en Argentina serían 40 mil y aún sería muy poco.

EL PERÚ Y EL MUNDO

La cuarentena sólo tuvo éxito parcial. Hubiera sido mucho peor sin ella, es verdad. Pero no conseguimos doblar completamente la curva y detener la pandemia. He perdido casi toda la esperanza de que se pueda lograr. Lo veo muy pero muy difícil.

Pudo ser distinto. Si desde la primera quincena se hubiera entregado un bono universal, la urgencia de regresar a sus pueblos de origen hubiera afectado a decenas y no a cientos de miles, se habría evitado que tantos se vieran obligados a salir a la calle a vender cualquier cosa para subsistir y la amenaza de una multa hubiera tenido algún sentido. La cuarentena habría tenido, entonces, una oportunidad. Ahora que Vizcarra dice que “no pasa de este mes” que den el bono universal, solo tengo dolor, lágrimas que no salen, una pena profunda. Demasiado, demasiado tarde. No me explico cómo pueden cometer un error tan grande. En el futuro, cuando nos preguntemos ¿Cuándo se jodió el Perú en el siglo XXI?, una respuesta será que fue cuando Vizcarra le hizo caso a la lógica neoliberal de la tacañería fiscal para la gente y optó por ese estúpido “bono focalizado”.

Hay ahora quienes, defendiendo la reactivación empresarial, hablan de pruebas moleculares por cientos de miles y un seguimiento estricto e inteligente de todos los millones de habitantes siguiendo la experiencia de Corea del Sur. Solo que ni esas pruebas están disponibles en el mercado mundial ni nuestro sistema de salud tiene la capacidad de aplicarlas. ¿Cómo podría el estado peruano tener la capacidad del de China, Taiwan o Corea del Sur, cuando fueren ustedes los que hicieron de este estado uno raquítico, dejaron intacta la evasión de impuestos en paraísos fiscales, privilegiaron a monopolios y trasnacionales y apoyaron este modelo que fabrica masivamente exclusión e informalidad? Décadas en que las políticas neoliberales dieron la espalda a las epidemias continuas de malaria, dengue y tuberculosis que nos azotan, dedicando migajas a su atención. Ahora se oponen a un impuesto a las grandes fortunas y nuevamente quieren una reactivación pensada para las grandes mineras y conglomerados desesperadas por recuperar sus ganancias lo antes posible; es decir, regresar a lo mismo de siempre aunque en el camino mueran miles.

La epidemia avanza incontrolable pero así lo hace en casi todo el mundo. Inglaterra, potencia imperial dominante hace apenas un siglo, supera los 30 mil muertos. Estados Unidos tiene el triple y me temo que llegará a los 300 mil. Italia, España y ahora Suecia son casos de estudio por sus terribles demoras en enfrentar la pandemia al costo también de decenas de miles de muertos. Todos esos países tienen sistemas de salud cuya capacidad es diez o veinte veces mayor que la nuestra y los muertos se apilan brutalmente. ¿Por qué esperaba yo que al Perú, con una industria mínima, una sociedad desconfiada y un estado débil, le fuera mejor?

Suena iluso, pero increíblemente pudo haber sido. Si tan sólo nuestro país no estuviera tan enfeudado a la Confiep y el pensamiento neoliberal no hubiera calado tan hondo. Si la desconfianza popular frente al estado no tuviera raíces tan hondas, multiplicadas en el terreno fértil de la desigualdad y la corrupción. Si tan solo tuviéramos un estado que represente a la nación y ponga el bienestar de las mayorías por delante. Me ilusioné cuando Vizcarra tuvo la fuerza de decretar tempranamente la cuarentena y cambiar a la ministra de salud. Quizás haya sido porque cuando el desastre se ve aproximándose en el horizonte, lo último que queremos pensar es que llegará. Ahora, con una probabilidad de morir de 1 en 2,000, pienso que si soy muy cuidadoso quizás la pueda reducir a 1 en 10,000 evitando el contagio durante los próximos ¿doce? meses en que las UCIs estarán sobrepasadas. Es la mejor apuesta.

El BCR acaba de anunciar una nueva política en relación a las AFPs: les van a comprar temporalmente Bonos del Tesoro. Dice que lo ha hecho para “evitar que una venta desordenada de los Bonos del Tesoro genere un desplome del valor de estos activos, lo que afectaría a los fondos de jubilación”.

Sólo que había otra forma simple y directa para evitar que las AFPs vendan Bonos del Tesoro: hacer que el dinero que nos deben entregar a los ahorristas venga todo del exterior. Las AFPs mantienen el 47% de nuestros ahorros fuera, así que les basta y sobra para cubrir la devolución establecida por la nueva ley. El BCR tiene la potestad legal de regular cuanto pueden tener las AFPs en el exterior, actualmente en el tope de 50%, así que puede perfectamente reducir ese tope y hacer que ese dinero regrese al Perú.

¿Por qué el BCR no hace eso? Hay dos razones. Una ideológica: su extremo neoliberalismo. Otra es su alianza con el poder económico: Velarde, Chlimper y Rey responden a los intereses de los grupos financieros, bancos y AFPs, que van a perder cientos de millones de soles en comisiones tras la devolución de nuestro dinero. No hay que olvidar que esos directores del BCR fueron elegidos con los votos de los congresistas de Keiko, quien ya sabemos recibió 3,65 millones de manos de Dionisio Romero, el presidente de Credicorp que también es dueño de AFP Prima.

Chlimper y Velarde están desesperados por desprestigiar la ley aprobada y quieren seguir asustándonos con un supuesto efecto negativo de la venta de Bonos del Tesoro. Así que en vez simplemente de regular que las AFPs traigan el dinero del exterior, lo que hacen es tenderles una alfombra roja para esa “venta temporal de bonos del tesoro”, facilitando que se desprendan de los mismos sin que los precios bajen y así pierdan dinero. En pocas semanas nos dirán que la ley de devolución del 25% de fondos en AFPs era un desastre porque se vendieron cientos de millones en bonos del tesoro, pero que la “rápida actuación del BCR” nos salvó del desastre. Es tan sólo un engañabobos.

El presidente Vizcarra ha anunciado que desde el próximo 4 de mayo, dentro de muy pocos días, se reiniciarán algunas actividades económicas. La decisión es muy delicada, porque si bien la cuarentena ha disminuido la aceleración natural de la pandemia, la cantidad de pacientes que requieren cuidados intensivos y ventiladores sigue aumentando y el sistema de salud ya está sobrepasado. Un error no se verá en lo inmediato, porque si hubiera un aumento de los contagios este recién rebotaría en los hospitales cuando la situación de un porcentaje de enfermos se agrave unos diez días después. Reducir nuevamente los contagios demoraría y mientras tanto el coronavirus cobraría muchas vidas.

Por otro lado, la cantidad de familias en grandes apuros económicos ha ido en aumento. Cuentan 160 mil los inscritos en programas para trasladarse de Lima a provincias, pero sabemos que ha habido miles más que ya lo han hecho en camiones o a pie saliendo desde capitales regionales hacia los pueblos del interior. Ante la imposibilidad de sostenerse en las ciudades, buscan un sitio donde, con el apoyo de familiares y comunidades, puedan alimentarse y sobrevivir. El mayor error del gobierno hasta la fecha, el no haber establecido un programa de ayuda económica de amplio alcance desde la primera semana, ahora nos pasa la factura al haber puesto a estas familias en una situación de angustia, y porque los que lograron regresar a sus pueblos pueden haber llevado, sin saberlo, el virus. Entregar el bono familiar universal es ahora de la mayor urgencia, organizando una plataforma bancaria amplia para su distribución rápida y segura.

Junto a ello se deben priorizar los cambios que permiten mayor distanciamiento físico entre las personas: mercados abiertos por más horas y los domingos con medidas de aforo, distanciamiento físico, lavado de manos, desinfección y mascarillas, y opciones de entrega a domicilio de las compras facilitadas. Por otro lado, necesitamos mucho más profesionales y trabajadores contratados para asegurar el aislamiento de los contagiados e identificar, localizar y hacer pruebas a las personas con quienes estuvieron en contacto. Hay que persistir en enfrentar la epidemia con medidas más efectivas.

PENSANDO MÁS ALLÁ DE LA CUARENTENA

Pensemos sin embargo un poco más allá. Seamos realistas: la pandemia del COVID-19 va a estar entre nosotros por muchos meses más, hasta que se descubra la vacuna y ésta pueda producirse masivamente en miles de millones de dosis. Nuestro sistema de salud va a seguir sobrepasado, o casi, durante buena parte de este periodo. De todas maneras tendremos que reabrir actividades económicas, manteniendo como prioridad la defensa de la salud pública.

Como en otras áreas de nuestra vida nacional, el problema mayor que tenemos para ello es que la responsabilidad frente a la sociedad y la salud pública es muy baja incluso entre grandes empresas con muchísimos fondos a su disposición. Antamina, posiblemente una de las empresas más grandes del país con 10 mil millones en ventas anuales y 1,300 millones de utilidades netas, ya tiene 210 trabajadores contagiados, más que regiones enteras como Puno o Apurímac. Si la decisión del gobierno fuera, como en el caso de la “suspensión perfecta de labores” o despido disfrazado, que las empresas simplemente declaren por internet que ya tomaron las medidas sanitarias requeridas sin capacidad alguna de fiscalización ni sistema razonable de control, pues vamos, literalmente, muertos. Junto a la acción del estado, los medios de comunicación, redes de activistas, trabajadores y organizaciones sindicales deberán estar muy activas y vigilantes en asegurar que hay todas las condiciones sanitarias necesarias, sin ceder al chantaje de “si no quieres ya no chambeas”.

Me pregunto también cómo funcionarían esas galerías comerciales estrechas, con decenas y hasta cientos de pequeños negocios en los que nadie se hace responsable de la seguridad y salubridad del edificio, como se vio en los terribles incendios de Mesa Redonda. Creo que en estos casos, como en los mercados, los taxis mediante apps y las líneas de transporte, el estado debe transferir parte de la responsabilidad a las articulaciones empresariales, indicando que un incumplimiento de las condiciones sanitarias en apenas uno de ellos acarreará como sanción el cierre de toda la galería comercial o la línea de transporte.

Con tantos problemas, un asunto crítico será decidir qué actividades queremos que funcionen, por su valor social y sus posibilidades de distanciamiento físico. Anoto tres. La primera es el sector salud, que aunque muchos lo olviden también genera PBI y que ahora requiere fortalecer hospitales y redes de atención primaria para (obviamente con el cuidado y protección necesarias) acciones comunitarias, asegurar el aislamiento de los contagiados y las pruebas a todas las persones con las que ellos tuvieron contacto las semanas anteriores. También deben abrirse y promoverse las industrias de apoyo, desde mascarillas y equipos de protección personal, hasta pruebas medicamentos y ventiladores.

La segunda es el agro. Seguiremos necesitando alimentos y este es un momento en el que conviene reforzar nuestra soberanía alimentaria ya que el comercio internacional está siendo afectado. Por otro lado, el agro no requiere que las personas trabajen unas cerca de otras y en la que además se puede emplear muchísima gente. Habrá desde luego asuntos que cuidar, en particular los referidos al transporte y al comercio mayorista, donde se producen contactos que pueden llevar el virus a nuevas localidades, y que por lo tanto requieren protocolos sanitarios con desinfección, lavado de manos, mascarillas y chequeos continuos. Dado los miles de personas que, sin empleo ni posibilidades de sostenerse económicamente en las ciudades, están regresando a sus comunidades, el estado bien podría apoyarlos para que siembren y críen animales desde ya.

Hay una noticia reciente, además, que refuerza la necesidad de apoyar este regreso, en especial a las comunidades andinas: una investigación internacional publicada en una revista científica indica que el SARS-CoV-2 se contagia y causa mucho menos enfermos graves en la altura, quizás encima de los 3 mil metros, lo que se debería a que la mayor radiación ultravioleta mata los virus y a la mayor oxigenación y capacidad del sistema respiratorio que desarrollan quienes viven en esas zonas. El estudio se refiere al Tibet, Ecuador y Bolivia, pero una comparación de los datos peruanos muestra con mucho contraste como las regiones andinas tienen una mortalidad sustancialmente menor que los de costa y selva.

La tercera es la educación, otra actividad de la que vivimos (me incluyo) cientos de miles de personas y que también suele olvidarse cuando se habla de crecimiento económico y PBI. La modalidad virtual en la que ahora estoy inmerso demanda un trabajo intenso y retador, pero es una opción que debe desarrollarse mucho más. Hay cientos de miles de profesores de la educación pública, básica y superior, y millones de estudiantes, que tienen internet, y todos ellos podrían estar usando este medio. Para los muchísimos que no tienen esa facilidad, sobre todo en zonas rurales y asentamientos humanos, pues hay que pensar nuevas formas: educación comunitaria, clases con pocos alumnos dentro del salón con los estudiantes tomando turnos, encuentros en espacios públicos abiertos manteniendo la distancia necesaria. Todo ello exige una reorganización compleja y quizás contratar más profesores.

Parece haber otras opciones. Investigaciones recientes reseñadas por The Economist muestran sin embargo que los niños no sólo tienen una tasa de letalidad tan baja que es apenas un dos mil-avo (1/2000) de los mayores de 60 años, sino que además en varios estudios realizados no se han encontrado casos en que los niños contagien a los adultos, al punto que la agencia europea de salud pública ha declarado que el contagio de niños a adultos es “inusual”. La sugerencia es que los niños menores regresen a clases, quizás mejor en grupos, una mitad unos días, la otra mitad en los días alternos. Esto sería especialmente necesario en el Perú en las zonas rurales y en los centros poblados y distritos pequeños, donde las opciones de tele-educación, clases vía internet u otras formas de educación a distancia se hacen más difíciles y probablemente impliquen un mayor deterior de calidad, agravando las brechas de desigualdad en la educación.

TRÁNSITO Y EMPLEO

Anoto finalmente dos condiciones de base que resultan necesarias para que la economía se pueda mover un poco más manteniendo controlado el riesgo a la salud pública. El primero se refiere al transporte púbico en las grandes ciudades: no es posible permitir aglomeraciones como las que suelen darse en las estaciones del Metropolitano ni combis reventando de gente. Las medidas de aforo deben ser estrictas, lo que demanda subsidiar a los transportistas que llevarán menos gente en cada viaje. Por otro lado, es indispensable reducir la demanda por estos medios de transporte, para lo cual los viajes a pie y en bicicleta deben ser facilitados y promovidos. ¿Será suficiente? Si la población urbana se fuera a mover en los volúmenes del pasado, para evitar aglomeraciones quizás haya que pensar en cambiar nuestros horarios de trabajo y de estudio por otros que incluyan las noches. No va a ser fácil y personalmente lo odiaría, pero no veo muchas opciones más.

La segunda tiene que ver con la pobreza. Tendremos condiciones de empleo muy difíciles por, escuchen bien, muchos meses. El turismo no va a regresar en menos de dos años, hasta que haya vacuna, y aun así. La inversión, con tremendo bajón económico y tanta incertidumbre, va a retomar muy lentamente. La construcción en viviendas va a estar parada: familias sin dinero y sin saber si tendrán empleo en unos años no van a comprar ni podrán conseguir préstamos. Ahora se anuncia un bono universal, pero muchas familias en las ciudades van a necesitar ayuda durante varios meses y hay que desde ya pensar en qué programas sociales se podrán aplicar para llegar a ellas de manera efectiva y eficiente.

Revisando el conjunto de políticas planteadas, resalta que necesitaremos ir a contrapelo de la política prevaleciente del estado mínimo y la nula planificación. Lamentablemente, igual que en el caso del sector salud, tres décadas de neoliberalismo nos han dejado sin muy limitadas capacidades al respecto. Así como la cantidad de UCIs y ventiladores se han multiplicado por 7, igual habrá que trabajar a toda velocidad en reestablecer un planeamiento nacional que integre las dimensiones de salud pública, economía y servicios públicos. Un reto tremendo pero indispensable de enfrentar.

PD: Esta versión añade, al artículo publicado en Hildebrandt en sus Trece, unos párrafos en relación a la posibilidad de regreso a clases y el virus en la altura, escritos en base a información reciente que me parece muy relevante.