La pobreza monetaria ha aumentado entre 2019 y 2025 en más de 2 millones 300 mil peruanos, aumentando en 5 puntos porcentuales. La crisis ha sido más fuerte en Lima y las ciudades, mientras se mantiene la discriminación hacia los pobladores rurales y pueblos indígenas. Estos últimos meses la situación de las economías familiares se está agravando, debido a una fuerte alza de los combustibles que impacta en los precios de pasajes y alimentos. Es urgente frenar estos golpes a la economía popular y tener una política para un crecimiento económico acelerado orientado a mejorar el empleo, los ingresos de los trabajadores y los negocios de los micro y pequeños productores y empresarios.

¿Cuáles son las principales medidas para lograr eso? Por un lado, respeto a la propiedad privada y los contratos dentro de una verdadera economía social de mercado, promoviendo la responsabilidad social empresarial y el cuidado del ambiente. La inversión privada debe ser promovida, apuntando a la descentralización económica y la innovación tecnológica para la diversificación productiva.  Por otro lado, una política de estabilidad macroeconómica favorable al crecimiento y al control de la inflación, para lo cual debe haber una política fiscal responsable de tal manera que la deuda pública no se dispare. También se requiere que haya continuidad en la política monetaria dentro de una conducción autónoma y de alto nivel técnico del BCR, resguardando los avances logrados las últimas décadas, con metas de inflación y acumulando reservas internacionales como un seguro para que el tipo de cambio no se dispare. Sólo promoviendo la inversión de grandes y pequeños empresarios, dándoles seguridad y estabilidad, es posible un progreso económico.

La seguridad ciudadana es también fundamental. Tener bandas extorsionadoras amenazando y exprimiendo a pequeños comerciantes, industriales y transportistas, es colocar un enorme peso que hunde su economía cada día. Las leyes pro-crimen aprobadas por la bancada fujimorista le han hecho un enorme daño a las economías populares, al facilitar el trabajo de estas bandas criminales a las que es urgente enfrentar con firmeza. 

No podemos olvidarnos de los riesgos climáticos, menos hoy cuando parece probable que un Niño Global nos alcance en unos meses. Ojalá que no sea así, pero ya sabemos la enorme destrucción, de infraestructura y de producción agropecuaria, que puede significar. Hay que dar mantenimiento y reforzar las obras claves de reconstrucción y de prevención existentes, y prepararse para intervención de emergencia en puentes, carreteras, sistemas de riego, agua y energía en zonas afectadas.

Para las micro y pequeñas empresas, hay que eliminar regulaciones absurdas, darles esquemas tributarios más amigables y promover su acceso a financiamiento a menor costo, su inserción comercial internacional y acceso a nuevas tecnologías. En las zonas rurales, donde nuestros pueblos originarios han sufrido exclusión u opresión por siglos, se requiere un programa masivo de caminos rurales y carreteras, pequeñas irrigaciones, semillas mejoradas, crédito accesible, riego tecnificado e industrialización agraria descentralizada. La inversión pública debe reordenarse en torno a prioridades claras con visión estratégica, enfrentando el problema del gran número de obras paralizadas y asegurando con buenos expedientes técnicos que las APPs y grandes inversiones no signifiquen dispendio de recursos, corrupción y ejecuciones lentísimas.

No estamos, sin embargo, en cualquier momento de nuestra vida económica, ya que la guerra en el golfo pérsico ha encarecido fuertemente el petróleo a nivel mundial. Frente a ello, el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados. El estado peruano tiene a la mano un instrumento para amenguar ese golpe con el Fondo de estabilización de precios de los combustibles. Ese mecanismo debe activarse como se ha hecho varias veces las últimas dos décadas, limitando el aumento de los combustibles y ayudando a que no se disparen los pasajes, alimentos y otros productos de primera necesidad. Como los salarios de los trabajadores ya han perdido poder adquisitivo con las alzas de precios, hay que reajustar la Remuneración Mínima Vital hasta 1,500 soles mensuales. Queremos trabajos dignos, con salud y seguridad en el trabajo y plenos derechos laborales en todos los sectores.

Estas medidas tienen que ser complementadas con acciones urgentes y directas para reducir el hambre y la pobreza, en especial en Lima y las ciudades donde prácticamente no hay programas para hacerles frente. La medida más efectiva y de rápida ejecución es que programas Juntos y Pensión 65 lleguen a todas las familias y adultos mayores necesitados, en las ciudades y en el campo; se trata de programas cuya eficacia está varias veces comprobada a pesar de lo cual no tienen una cobertura universal de los necesitados. Están también las ollas comunes, vaso de leche y comedores populares, los que deben tener un presupuesto mucho mayor para ampliar su alcance.

Otra prioridad contra la pobreza es mejorar el transporte en Lima y las grandes ciudades, en especial hacia las zonas más pobres y alejadas. En nuestra capital los más pobres gastan hasta la mitad de su ingreso en pasajes y pasan muchas horas en pésimas condiciones para llegar a sus centros de trabajo.  En forma descentralizada se debe realizar el asfaltado y rehabilitación de las principales calles de los barrios, facilitando el transporte y generando empleos. Como se hace en muchas ciudades y metrópolis del mundo, los transportes y pasajes deben organizarse de forma de reducir el costo hacia las zonas alejadas, con corredores segregados que den velocidad al transporte público. Es urgente la ampliación de la flota de buses y del metro de Lima. Otra medida clave es la semaforización inteligente de Lima y las 10 principales ciudades, ya que este sistema de regulación sigue en la época de la carreta.

Hay soluciones a nuestros problemas. Hay que realizar las obras necesarias, poner primero a la gente y con un buen gobierno hacer nación, juntos por el Perú.