La nueva ley de presupuesto 2023 debe aprobarse antes de fin de mes. Me hace recordar cuando hace un año estaba en ese mismo trajín. Era un tema crucial, puesto que había que asegurar recursos para la salud en momentos en que se anunciaba una cuarta ola, y aunque la vacunación avanzaba rapidísimo, todavía tenía un tramo por recorrer. También había que asegurar presupuesto para otras prioridades como educación, agricultura, protección social e inversión pública.

El reto fue grande. La Constitución establece que el proyecto de ley de presupuesto debe presentarlo el Poder Ejecutivo al Congreso antes de que termine agosto. Es decir, apenas un mes desde que asumí el cargo, así que tuvimos poquísimo tiempo. El equipo liderado en Hacienda por Gustavo Guerra-García y junto al entonces director de política macroeconómica (hoy viceministro de economía) Alex Contreras, trabajó a todo dar. Mantuvimos un tono conservador en las proyecciones de ingresos y reestablecimos una meta de déficit fiscal, porque aunque seguía la pandemia era ya necesario reestablecer reglas mínimas de sostenibilidad fiscal. Dentro del plazo, presentamos el proyecto de ley de presupuesto 2022.

MEDIDAS INCLUIDAS QUE DEBIERAN SEGUIR

En las concertaciones posteriores con el congreso incluimos varias medidas que ojalá se mantengan. La ley vigente establece que los gobiernos regionales y municipalidades han debido dedicar al menos 1 por ciento de su presupuesto para apoyar a las personas con discapacidad y hacer obras que faciliten su acceso y movilidad. Otorgamos 50 millones adicionales para enfrentar la contaminación por metales pesados mediante acciones de prevención y atención a las personas afectadas. También aprobamos el presupuesto necesario para la subvención a los niños y niñas huérfanos del Covid.

La ley incluyó fondos adicionales para ejecución rápida de algunas medidas en el mismo mes de diciembre del 2021. Uno fue para el pago de 1,000 millones de soles de deudas a los maestros, que han ganado centenares de juicios por preparación de horas de clase no pagadas. Otros pagos hechos ese mismo mes fueron para poner al Perú al día con sus cuotas en organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y varias otras con las que estábamos debiendo años de obligaciones.

También se aprobaron 203 millones para otorgar un bono de fin de año de 350 soles a 580 mil pensionistas de la ONP que reciben pensiones sumamente bajas. En justicia pensionaria ya habíamos iniciado la entrega de pensiones a quienes tenían 10 y 15 años de aportes, esto era algo nuevo ya que antes quienes habían contribuido hasta 19 años y 11 meses no recibían nada; ahora ya hay 20 mil adultos mayores beneficiados con este mecanismo.  La ley de presupuesto 2022 también estableció que, en vez de dejar a los jubilados en el aire mientras esperan que se apruebe su derecho a una pensión, se les otorgue una pensión provisional; con esta medida se han beneficiado más de 33 mil personas. Siendo avances, en este tema se requiere una reforma integral del sistema; ya Gabriel Boric en Chile ha presentado su propuesta al Congreso para acabar con las AFPs y elevar las pensiones básicas de cobertura universal, algo hacia donde nosotros también debiéramos apuntar.

LA CONCERTACIÓN ES POSIBLE

Logramos que la ley de Presupuesto 2022 se aprobara en el Congreso con 107 votos a favor y apenas 2 en contra, con todas las bancadas respaldándola, lo que parece increíble hoy que entre Ejecutivo y Congreso parecen jugar a matarse el uno al otro en medio de acusaciones de corrupción. Ese amplio consenso se logró concertando con la comisión de presupuesto del Congreso. Con el entonces presidente de la comisión Héctor Acuña dialogamos a lo largo de varias semanas, en las que fuimos conociéndonos hasta ir construyendo confianza y yo diría cierto grado de amistad. Felizmente, su principal pedido era algo en lo que nosotros también creíamos: una mayor descentralización del presupuesto, adelantando la entrega de 2 puntos del IGV a los gobiernos regionales mediante el llamado FONCOR – Fondo de Compensación Regional. Esa medida ha significado 1,600 millones de soles adicionales para obras de los gobiernos regionales este año, medida que ha ayudado a compensar la lentitud en la ejecución de las inversiones del gobierno central.

El trabajo de aprobación del presupuesto se aceleró la última semana con jornadas hasta altas horas de la noche. Había decenas de propuestas de congresistas que evaluar y discutir, contando con el respaldo de los capaces profesionales del MEF y la Comisión de Presupuesto del Congreso. Aprendí ahí que para asegurar el principio de que el congreso no tiene iniciativa de gasto, cada artículo adicional del proyecto de ley de presupuesto aprobado por la comisión del congreso debe estar respaldado por la firma del ministro de economía; en mi caso yo firmaba sólo luego del visto bueno de la directora de presupuesto público y del viceministro de hacienda, manteniendo el principio de que la línea técnica debe ser respetada.

GESTIÓN Y PRESUPUESTO

La aprobación de la ley de presupuesto, sin embargo, es sólo el primer paso en la maquinaria del gasto público. Luego cada institución gubernamental tiene que decidir qué proyectos priorizar, hacer su plan de compras, proceder a las licitaciones, supervisar la obras y entrega de materiales, para recién luego proceder al gasto que el presupuesto habilitó. El caso de la compra de fertilizantes, analizado en esta revista la semana pasada, muestra como la asignación de presupuesto debe ir acompañado de un mínimo de gestión para que pueda ejecutarse oportunamente. Muchos proyectos han sufrido un destino similar a los fertilizantes, con postergación tras postergación, restando eficacia al presupuesto aprobado.

Un análisis del conjunto de la inversión pública muestra que una medida que ha ayudado este 2022 ha sido la aprobación de un presupuesto más descentralizado hacia instancias regionales y municipales. Estando en su último año de gestión, gobiernos regionales y municipales han acelerado su ejecución de obras, algo hecho posible por el mayor presupuesto que se les facilitó.  Gracias a eso este año la inversión pública en su conjunto, sumando todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local) ha mantenido su ritmo, lo que ha sostenido el crecimiento económico. Mirando al futuro próximo preocupa que con el cambio de gobernadores regionales y alcaldes, el año que vienen las obras a su cargo irán más lento, lo que ha sucedido siempre que hay nuevas autoridades. El manejo presupuestal del 2023 debiera responder a esa realidad abriendo nuevos canales y mejores procesos para la inversión pública.

Al mismo tiempo, las trafas hechas para robar los dineros públicos direccionando obras a empresarios inescrupulosos, resaltan la necesidad de un control estricto en la ejecución del gasto. Dimos un paso adelante en ese sentido al habilitar los mecanismos presupuestales para que la Contraloría pueda hacer control concurrente, es decir, en tiempo real y no una vez que la leche ya está derramada.  La corrupción es un mal que sólo podremos derrotar uniendo fuerzas, con vigilancia ciudadana y cerrando el paso a la impunidad.

En estos días que se está aprobando un nuevo presupuesto, vale la pena recordar que se trata de una herramienta importante para mantener unas cuentas fiscales sanas e implementar estrategias de desarrollo. Pero por sí sola, no resuelve los problemas. Si se carece de políticas y planes de mediano y largo plazo basados en mínimos de consenso y de una gestión eficaz y honesta, su utilidad se ve limitada.

Un reciente fallo del Tribunal Constitucional rompe una regla importante para la sostenibilidad fiscal; es decir, para asegurar que a mediano y largo plazo los ingresos y gastos del gobierno estén equilibrados y no vayamos a caer nuevamente en un endeudamiento excesivo o financiamientos irresponsables.

El artículo 79 de la Constitución es muy claro: “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto.” No cabe duda: la única excepción es el presupuesto propio del Congreso (que este año alcanza nada menos que 880 millones de soles). Los congresistas no tienen iniciativa de gasto y esta regla no está sujeta a condicionamientos o consideraciones: es no y punto. Así se había mantenido por tres décadas y a través de una gran variedad de composiciones del Tribunal Constitucional. Pero el actual TC, cuatro de cuyos siete miembros fueron recientemente nombrados por una mayoría fujicerronista del actual congreso, ha señalado que el congreso puede aprobar leyes que demandan mayores gastos a futuro.

No es el único asunto en el cual los congresistas quieren tener la sartén por el mango en cuanto a política fiscal: un proyecto de ley en trámite establece que las tasas del impuesto selectivo al consumo (ISC), que deben pagar casinos, gaseosas, cervezas, alcoholes, cigarrillos y algunos otros productos, las fijará el Congreso y ya no el MEF. Coincido en esta oportunidad con Alonso Segura en que el gran riesgo es que entren a tallar en este asunto intereses subalternos como los del monopolio cervecero, la gran industria de las gaseosas, la British American Tobacco (BAT) que domina el mercado de cigarrillos o los dueños de casinos.

Ambos temas son muy peligrosos: se pone en juego el equilibrio fiscal. Con mucha facilidad el congreso podrá rebajar impuestos y otorgar exoneraciones a grandes empresas, y al mismo tiempo aprobar dádivas y beneficios a distintos grupos empresariales y sociales, sin considerar la importancia de la sostenibilidad fiscal: de algún cuero deben salir las correas. En esta crítica ha habido coincidencia pública de varios ex- ministros de economía, sin que nadie haya salido a defender esas decisiones. La sostenibilidad fiscal no es un tema de izquierdas o derechas si no de manejo macroeconómico responsable, razón por la cual cerramos el año pasado dejando más de 18 mil millones de soles para reforzar los fondos y reservas que maneja el MEF como “chanchito” para momentos de necesidad. Haber cobrado 6 mil millones de soles a los grandes deudores del fisco nos fue de gran ayuda para ello.

SOSTENIBILIDAD: AMPLIANDO LA DISCUSIÓN

Los ingresos y gastos del estado, sin embargo, pueden equilibrarse de maneras muy distintas. Acá reside una de las diferencias centrales entre izquierdas y derechas. Las izquierdas queremos asegurar derechos a educación, salud, agua, transporte y seguridad social con altos estándares de calidad para todos, y eso requiere mayores ingresos fiscales. Sin inversión pública no hay derechos sociales, es así en cualquier parte del mundo. No existe país donde con 3 por ciento del PBI la salud sea un derecho universal, y el equilibrio fiscal obliga a respaldar el mayor presupuesto con ingresos tributarios. De ahí la propuesta de que contribuyan más a estas necesidades básicas quienes tienen sobreganancias (el cobre nuevamente registra fuerte alza de precio llegando a 3,90 dólares la libra) y concentran la riqueza, como acaba de aprobarse en Colombia bajo el liderazgo de Gustavo Petro y como ha propuesto Boric en Chile.

Las derechas priorizan que los grandes empresarios y dueños de fortunas paguen pocos impuestos en base a privilegios tributarios y paraísos fiscales. Ellos financian sus campañas y por eso insisten en la ideología de que los pobres son pobres porque quieren y que mayores ganancias empresariales nos hacen bien porque “chorrean” a todos. Como se oponen a cualquier reforma tributaria seria, en la política hacen demagogia prometiendo lo imposible mientras en el debate público se hacen los locos frente al bajo gasto en educación y salud y buscan cualquier pretexto para negar que si queremos más medicinas, hospitales, médicos y enfermeras hace falta más presupuesto. El problema es que los ciudadanos sí quieren educación y salud de calidad para todos, y sienten mucha injusticia cuando eso no es así. Un equilibrio fiscal basado en poco gasto social pueda evitar problemas financieros al estado, pero puede no ser sostenible ni social ni políticamente en el largo plazo.

INVERSIÓN PÚBLICA PARA SOSTENER EL CRECIMIENTO

Existe otro aspecto de la política fiscal que es importante ahora, dada la notoria desaceleración de la economía peruana. Mientras el año pasado logramos que el crecimiento llegara a 13,6 por ciento, generando 300 mil empleos formales, este año las proyecciones han ido bajando a menos de 3 por ciento. Parte del problema tiene que ver con los conflictos mineros irresuelto y desatendidos, por lo que la producción de la minería cayó 2,6 por ciento el primer semestre.

Pero no es ese el único punto débil de nuestra economía. La industria peruana que el año pasado creció 25 por ciento, ubicándose 5 puntos por encima del nivel pre-pandemia, en setiembre registra una contracción de -0,9 por ciento en relación al año anterior. Tenemos este resultado a pesar de que, impulsadas por la disrupción de las cadenas de valor internacionales debido a la guerra y el conflicto EEUU-China, nuestras exportaciones industriales están creciendo a ritmos del 11% en textiles y 24% en químicos, nuestros dos principales rubros. Así, aún no se ve el impacto negativo de la desaceleración de la economía mundial, que se acaba de iniciar con fuerza. La caída de nuestra industria no es por menores exportaciones, sino que se debe al mercado interno que es adonde se destina mayormente su producción.

La demanda interna es clave en esta evolución, este año se proyecta crecer sólo 2.5 por ciento y eso tiene mucho que ver con la debilidad de la inversión pública y del apoyo estatal a las familias. Por el lado de la protección social, aunque desde marzo varios señalamos la necesidad de un bono alimentario, este recién empieza a pagarse y sólo a un grupo restringido de personas, mientras que el apoyo a los pequeños productores agropecuarios afectados por el alza de fertilizantes también ha ido a cuentagotas. La inversión pública se ha mantenido gracias a los gobiernos regionales y locales, mientras el gobierno nacional ha tenido muy baja ejecución. En la suma de los tres niveles de gobierno, la inversión pública real estuvo en negativo hasta el tercer trimestre, aunque en octubre ya muestra una evolución ligeramente positiva. Este ajuste fiscal no se ha debido a la falta de recursos, ya que la recaudación real ha subido 10 por ciento en lo que va del año gracias a los buenos precios de los metales. En el futuro próximo las perspectivas de la inversión pública no son halagüeñas; entran nuevas autoridades regionales y locales y por experiencia sabemos que eso lleva a un frenazo en la ejecución de sus obras. 

Esto puede ser un serio problema. En el Perú el contexto inflacionario no requiere de una política de ajuste macroeconómico, porque la inflación peruana no es por demasiada demanda interna sino que viene del exterior. Nuestra economía no atraviesa una coyuntura similar a la norteamericana. Por ello, si bien se justifica una política monetaria orientada a evitar una mayor disparada del dólar, en estos momentos una política de reducción de la inversión pública no es conveniente. En nuestro país, para mantener un buen crecimiento económico la coyuntura actual requiere ampliar la inversión pública y el gasto social eficiente. El problema es que las condiciones políticas hacen eso muy difícil.

https://canaln.pe/actualidad/video-pedro-francke-sobre-decision-tc-se-ha-dicho-que-proximos-anos-n455030

Esta semana se ha realizado el CADE.  Debiera ser un momento de reflexión para la clase empresarial, tiempo de hacerse preguntas profundas, como estas que parafraseo de Waldo Mendoza: ¿si las políticas neoliberales de los últimos 20 años han sido tan exitosas en términos de crecimiento económico, como así terminamos con 300 mil muertos por Covid y la mayoría muestra gran descontento de manera persistente en elecciones y en encuestas? Intentemos algunas respuestas centradas en la economía.

PORQUE TANTOS CONTAGIOS

La primera pregunta es ¿por qué si hubo buen crecimiento económico tuvimos tantos muertos? La pregunta no es sólo sobre el pasado: nuestra salud pública sigue siendo muy débil, mucha anemia infantil, muchas colas y esperas para atención de enfermedades, débil prevención. Pero revisemos el momento crítico de la pandemia que arroja lecciones potentes. Hay varias razones para ello, empezando porque tuvimos muchos contagios. La cuarentena decretada por el gobierno Vizcarra en marzo 2020 fue respetada y ayudó inicialmente, pero se derrumbó en un par de meses por una razón muy simple: muchas familias en las ciudades tenían hambre. Mucha gente rompió la cuarentena para buscar algún ingreso. Si hubiéramos tenido un fuerte sistema de protección social y hubiéramos rápidamente dado dinero a las familias mediante el bono universal, los informales y desempleados no habrían salido masivamente a la calle y la cuarentena habría sido exitosa. Una política de protección social muy débil con escasísima cobertura urbana generó este problema. Pero esa realidad forma parte de una política fiscal que es amarrete con los pobres y la salud pública, al mismo tiempo que facilita sobreganancias en las actividades extractivas y cobra muy poco a quienes concentran la riqueza.

Tuvimos además una segunda ola, que nos agarró cuando la cuarentena ya se había levantado y en el gobierno de entonces predominaba la idea de que una segunda ola era imposible porque ya había inmunidad de rebaño, lo que llevó a respuestas para evitar el contagio tardías e insuficientes y a una nueva ola de mortandad aún mayor que la primera. En este caso, la soberbia de un pensamiento sesgado hacia la economía empresarial por encima de la salud pública y lo social, fueron las causas profundas.

Hay otras razones estructurales para el alto contagio. Un transporte público deficiente, con pequeñas combis que son espacio cerrados donde la gente respira juntos por una hora o más, promoviendo el contagio. Viviendas muy hacinadas eran espacios donde toda la familia se contagiaba con facilidad.  

Resumiendo las explicaciones del contagio: un débil sistema de protección social y condiciones de vida y de transporte inadecuadas son una causa fundamental de la explicación. Treinta años de crecimiento económico con políticas neoliberales no resolvieron ninguno de estos problemas. Hay varias razones para ello, pero hay una causa económica fundamental: el gasto público en protección social, vivienda y transporte es bajo, lo que se debe a la escasa recaudación tributaria. Ha hecho muy bien el gobierno colombiano, con Gustavo Petro y su ministro José Antonio Ocampo, en priorizar la reforma tributaria.

LAS MUERTES

La segunda parte de la explicación es porque tantas muertes. Una imagen inolvidable es la de centenas de personas clamando por una cama de hospital o por oxígeno. Pocos países en el mundo han enfrentado el Covid-19 con un déficit de atención en salud tan grande como el Perú. Mientras el 2019, justo antes de la pandemia, Argentina tenía 2.3 camas hospitalarias por mil habitantes, Chile 2.0 y Colombia 1.6, en Perú eran apenas 0.9. Si nos concentramos en médicos por habitante, Colombia tiene 2 veces y media más que el Perú y Argentina casi 5 veces más. ¿Por qué estamos así? Porque durante décadas el Perú ha mantenido un gasto público en salud muy por debajo del promedio regional, de la OCDE y de las recomendaciones internacionales:  Al 2018 los datos de la OMS muestran que este era 3.2 por ciento del PBI, frente a la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud de un mínimo de 6 por ciento del PBI. En Argentina era 5.9, Colombia 5.5, Chile 4.6 por ciento del PBI. Esa brecha viene de hace varias décadas atrás, y ha acumulado un déficit de camas, médicos y atención de salud enorme. Cuando la necesidad explotó con la pandemia, ninguno de esos países vio las dantescas escenas que vimos en el Perú con gente puesta fuera de los hospitales clamando por su balón de oxígeno y falleciendo por no conseguirlo. Puede haber problemas de gestión y de un mal sistema, pero no hay lonche gratis: si se gasta poco en salud, se obtiene poca salud. Remontar este bajo gasto público en salud requiere elevar los ingresos del estado, cobrando impuestos justos a quienes tienen grandes ganancias y fortunas.

¿Y PORQUÉ EN LAS ELECCIONES LA GENTE RECHAZA EL MODELO?

Con 300 mil muertos a cuestas y tremendo sufrimiento, al que acompañan hacinamiento, pésimo transporte público, inexistencia de un mínimo sistema de protección social en las ciudades y un sistema de salud con baja cobertura real de atención, ¿no son suficientes razones para el descontento?

Podemos añadir a eso dos percepciones fundamentales de la ciudadanía. La primera: el 85% de los peruanos cree que la distribución de la riqueza es “injusta” o “muy injusta” (Latinobarómetro 2020). No es un error: apenas 32 personas cada una con más de 100 millones de dólares suma el 22% de la riqueza nacional. Porcentajes también altísimos consideran que el acceso a la educación (74%), a la salud (76%) y a la justicia (89%), son injustos; en todos estos casos 10 a 15 puntos por encima del promedio latinoamericano.

Además, más del 85% de peruanos ha opinado consistentemente según encuestas de Latinobarómetro, que “se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio”. Somos el país latinoamericano donde mayor porcentaje cree que quien tiene más poder no es el gobierno sino las grandes empresas (55%).

Eso se expresa en las elecciones. La votación del 2006 por García y 2011 por Humala fueron votaciones por el cambio; aunque luego esas grandes transformaciones prometidas no se dieron. No es de extrañar, por eso, que si aplicamos una mirada histórica, de largo plazo, abarcando las décadas pasadas, observamos una acumulación de descontento. Mientras hubo crecimiento alto, las perspectivas de mejora y movilidad ascendente pudieron amenguar las brechas sociales y el rechazo a la desigualdad y a una política oligárquica. Pero ese crecimiento fue cayendo: 5.6% anual en la primera década del milenio, 4.8% entre 2011 y 2015, 3.2% anual entre 2016 y 2019. Las mejoras en empleo formal, ingresos y pobreza monetaria se fueron ralentizado, sin que el modelo económico neoliberal sufriera cambios sustanciales, más bien, se insistió en profundizarlo con rebaja de impuestos a las grandes empresas entre 2014 y 2016 y paquetazos de permisividad ambiental. Se facilitó, por ejemplo, que Las Bambas cambie el mineroducto del diseño inicial por un transporte por carretera, sin consultar a las comunidades ni evaluar seriamente el impacto ambiental, con el resultado de contaminación y protestas continuas que vemos ahora.

Hemos llegado a un entrampamiento nacional. El gobierno de Castillo, elegido tras las banderas del cambio, una vez más las abandona, con denuncias de corrupción y concentrándose en sobrevivir en medio de una oposición ultraderechista y antidemocrática.  Recordemos, sin embargo, que si se insiste en hacer lo mismo que antes, no esperemos distintos resultados. La coyuntura no puede cerrar nuestros ojos ante el obvio agotamiento del modelo neoliberal.

Los trabajadores públicos en general han sido muy mal tratados por muchos años. La Compensación por Tiempo de Servicios – CTS, beneficio legal que tenemos los trabajadores privados, se les ha negado o recortado. Se inventó el régimen CAS con menores beneficios y menos aportes a la seguridad social. Incluso se les ha negado el derecho a la negociación colectiva, es decir, a dialogar en torno a sus demandas por mejores condiciones de trabajo. Este es un derecho fundamental establecido mundialmente en convenios de la Organización Internacional del Trabajo y considerado base de la democracia. Pero a los neoliberales eso no les importa.

El año pasado cambiamos esta historia y, en la ley de presupuesto para el 2022, se incluyó un artículo que viabilizaba la negociación colectiva de mejoras económicas en el sector público. Se viene la ley de presupuesto 2023 y los avances debieran continuar. No es un tema menor: en sus distintos niveles la Negociación Colectiva abierta implica a alrededor de 1 millón 200 mil trabajadores públicos; no incluye a la totalidad de personal contratado por el estado dado que este proceso no considera a miembros de las Fuerzas Armadas, policías, jueces, fiscales, funcionarios, directivos y personal de confianza.

El Congreso anterior bajo la presidencia de Mirtha Vásquez había aprobado una ley restituyendo este derecho, pero se requería de precisiones para su aplicación. Si hubiéramos seguido la política económica neoliberal que ha dominado por años en nuestro país, pudimos haber dejado el asunto trabado; en cambio optamos por realizar los ajustes necesarios para que la negociación colectiva en el sector público se produjese. El empeño en esto del viceministro de hacienda Gustavo Guerra-García y del equipo técnico de las direcciones del MEF y de asesores fue clave; la disposición de las centrales sindicales del sector público y de la comisión de trabajo del congreso – entonces dirigida por Isabel Cortez- también fue muy abierta al diálogo y a encontrar soluciones.

Luego de la ley de presupuesto, el siguiente paso fue precisar los mecanismos de negociación mediante el Decreto Supremo 008-2022, que fue producto del diálogo social con los representantes de las centrales sindicales estatales. El tema tiene su complejidad, porque se necesitaba organizar la negociación colectiva en tres niveles: con las grandes centrales de trabajadores que atraviesan todo el Estado, en carreras especiales reguladas nacionalmente como educación y salud, y de manera descentralizada en distintos organismos, regiones y municipios. La negociación centralizada nacional incluyó a los distintos regímenes laborales (276, 728, CAS, servicio civil, servidores penitenciarios y diplomáticos) abarcando a unas 565 mil personas, la de educación a poco más de 472 mil personas y la de salud a cerca de 138 mil personas.

Desde luego, el tema tiene que ser tratado con responsabilidad en cuanto a las cuentas fiscales. No se puede poner en riesgo el necesario equilibrio fiscal de mediano y largo plazo ni actuar de manera poco transparente. Para ello, antes del inicio de la negociación se determinó que se debía elaborar un informe del estado situacional de la administración financiera del sector público, que le permite a las centrales y sindicatos conocer de manera transparente los principales indicadores de empleo público e informarse de los criterios de fijación de los montos que sirven como punto de partida a la negociación. Además, en base a un criterio de equidad, ese informe prioriza la asignación de recursos a aquellas entidades cuyos trabajadores perciben menores sueldos respecto al promedio nacional.

Como producto de las negociaciones se acordaron incrementos remunerativos desde enero del 2023 (S/ 223 mensual promedio para los trabajadores del régimen 276 y S/ 840 anuales para los demás) y se fijó un bono extraordinario de S/ 550 que debe pagarse este diciembre. La primera oferta del estado fue de un monto de 371 millones de soles y cerró en 830 millones de soles, lo que es apenas un cuarto de un uno por ciento del presupuesto nacional del 2022, de tal manera que no hay afectación a las cuentas macrofiscales. La negociación ha incluido también temas no remunerativos, por ejemplo, constituir un grupo consultivo sobre empleo público que permita conocer y dar solución a las problemáticas específicas de cada sector de trabajadores estatales.

Este diálogo con los trabajadores del sector público no implica, para nada, una traba para que las políticas de ordenamiento del empleo público puedan seguir adelante. Este ordenamiento es necesario y urgente, porque hay múltiples regímenes con distintas leyes, condiciones y beneficios. Las diferencias injustificadas siempre son odiosas, pero hoy que los trabajadores hayan ingresado en distintos momentos o a distintas entidades, implica diferentes derechos, procesos administrativos y beneficios. Necesitamos una política que permita unificar en un plazo razonable, teniendo en cuenta los costos económicos, a todos los trabajadores en un solo régimen comprehensivo, entendiendo que hay diferencias reales entre sectores que brindan servicios especializados como educación, salud, fuerzas armadas, policía, servicio diplomático y otros. La negociación colectiva establecida ayuda a avanzar en este sentido al incentivar la unificación de sindicatos.

OTRAS MEDIDAS URGENTES

Un beneficio laboral en la cual hay un tremendo caos es en el llamado “Cafae”, un pago extra que se hace a los trabajadores del régimen de la 276, pero que ha sido aplicado de manera absolutamente distinta e inequitativa por las diversas instituciones públicas, sobre todo a nivel regional y local. Ya desde hace algunos años se viene tratando de reducir esas diferencias subiendo los “pisos” o montos mínimos del pago del cafae, y en la gestión que desarrollamos a fines del 2021 subimos en doscientos soles este piso beneficiando a 97 500 trabajadores.

Dos sectores particularmente importantes son los de educación y salud. En el primer caso, existe una deuda histórica, originada por el fujimorismo, que desconoció los pagos que debían hacerse por concepto de horas de preparación de clases, que estaban legalmente reconocidas. Decenas de miles de maestros ya han ganado fallos judiciales que obligan al pago de esa deuda, y en el 2021 cancelamos 1,200 millones de soles para dar un salto adelante en honrar la misma. Ojalá se siguiera avanzando a una velocidad igual o mayor en ello.  

Por su parte, a los trabajadores de salud mediante el Decreto de Urgencia 112-2021 se les aprobó en navidad un bono especial de reconocimiento por su labor en la lucha contra el Covid-19, que demandó 374 millones de soles. En el presupuesto 2022, además, se incluyeron los recursos para que pudieran avanzar los procesos de nombramiento y cambio de grupo ocupacional por 237 millones y para el tramo III del aumento de escala salarial por 594 millones, más otros 88 millones para incentivos por cumplimiento de metas y otros conceptos remunerativos

EL GRAN RETO

Abrir la negociación colectiva a los trabajadores del sector público es el reconocimiento de un derecho fundamental, fortalece la democracia y permite promover mejores prácticas de gestión pública de manera dialogada. El gran reto es, desde luego, mejorar la gestión de los recursos humanos en el sector público, que adolece de falta de incentivos, malas reglas, dispersión de regímenes y desorden general, pero debemos señalar con claridad que en este terreno se puede avanzar más en base al diálogo que con autoritarismo. El principal intento de reforma en este aspecto en las últimas décadas, la Ley Servir, no ha logrado la transformación deseada. Con la crisis de gobernabilidad y corrupción que tenemos parece difícil pensar en nuevas medidas importantes en el corto plazo. Aun así, es importante ir discutiendo qué cambios son necesarios e identificar algunas medidas urgentes ahora que estamos por empezar nuevos periodos de gobierno regionales y municipales que quisiéramos tengan una gestión más eficiente.