Uno de los principales problemas del Perú es la baja inversión social en educación, salud, protección social e infraestructura descentralizada. La causa primordial de esta deficiencia crítica son los escasos ingresos fiscales provenientes de impuestos.  Pero el congreso derechista, bajo la batuta de Malcricarmen Alva y la fujimorista Patricia Juárez, a fines del año pasado nos negó la posibilidad de una reforma tributaria: defendieron con uñas y dientes los privilegios de las grandes empresas y multimillonarios, no permitieron ni las medidas para reducir la evasión en el impuesto a los yates de lujo.

El tema, sin embargo, se ha estado moviendo en nuestros países vecinos, que también tienen una baja presión tributaria. La reforma tributaria ya se ha implementado o está en agenda en Colombia, Ecuador y Chile. Gobiernos de derecha, como el de Iván Duque en Colombia y el de Guillermo Lasso en Ecuador, ya las aprobaron. Reformas más avanzadas han sido anunciadas por los gobiernos progresistas de Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia como una de sus prioridades. En este artículo analizo lo que han hecho al respecto las derechas y la próxima semana comento las propuestas de los nuevos gobiernos progresistas vecinos.

IVÁN DUQUE EN COLOMBIA

En el resumen hecho por el FMI, la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque “apunta a elevar la presión tributaria en 1¼ por ciento del PBI de las empresas, elevando el impuesto a las ganancias empresariales de 31 a 35 por ciento, complementado con medidas de combate a la evasión”. Resaltemos de entrada que, aún tratándose un gobierno derechista, el enfoque es redistributivo, cobrando impuestos a las grandes empresas Duque impulsó esta reforma aun cuando sus ingresos fiscales el año 2019 fueron de 29 por ciento del PBI, comparado con 20 por ciento en Perú.

La nueva reforma tributaria colombiana establece que a partir del año 2022, la tarifa general por impuesto sobre la renta (es decir, utilidades) para empresas nacionales o extranjeras será del 35 por ciento. Para los bancos e instituciones financieras se les puso una tasa especial del 38 por ciento hasta el año 2025, porque tienen altas ganancias y habían tenido un apoyo especial del estado en pandemia. Son medidas con la misma orientación que las que propusimos para el Perú, gravando más a que quienes concentran la riqueza e ingresos aporten. Hay sí una diferencia clave, lógica porque en Colombia la minería no es importante, y lo que si es muy significativo es el petróleo, del que extraen una buena base de la renta gracias a la participación directa de su empresa pública Ecopetrol como socia en los contratos de explotación. Por otro lado, el impuesto a las ganancias de capital, es decir a lo que ganan quienes pueden vender acciones de sus empresas a un precio mucho mayor al que invirtieron inicialmente, ya es en Colombia de 10 por ciento, que era el nivel al que propusimos elevarlo dado que en el Perú es de solo 5 por ciento, y que además está exonerado para transacciones en la Bolsa de Valores (exoneración que vence a fines de este año y que ojalá a este congreso no se le ocurra renovar, aunque estoy seguro que hacia diciembre los lobbies se moverán fuerte en ese sentido).

Esta reforma tributaria colombiana tiene su historia. Duque ha sido un gobierno caramente derechista, elegido bajo la sombra de Álvaro Uribe, gobernante muy afín a Fujimori. Una primera reforma reducía los impuestos a las ganancias empresariales, eliminaba el impuesto al patrimonio y afectaba a las clases medias y populares, lo que prendió el fuego de una tremenda ola de protesta. Duque tuvo que retroceder ante el embate popular, cambiar a su ministro de economía y dar un fuerte giro para finalmente elevar el impuesto a las ganancias empresariales. A pesar de ello, la reforma es tibia y se eliminó el impuesto al patrimonio, es decir a la riqueza, razón por la cual el próximo presidente Gustavo Petro (que empieza gobierno este 7 de agosto) ha propuesta una nueva reforma tributaria progresista.

GUILLERMO LASSO EN ECUADOR

Guillermo Lasso, banquero y derechista, ganó el año pasado las elecciones en Ecuador, aunque en la primera vuelta no alcanzó ni el 20 por ciento de los votos. En sus primeros meses de gobierno, de manera similar a como propusimos nosotros en Perú, planteó bajo un mecanismo especial al congreso varias medidas económicas, incluyendo una reforma tributaria. Aunque Lasso no tiene mayoría en el congreso, la oposición izquierdista (los herederos de Rafael Correa) se abstuvieron en la votación, permitiendo así que fuera adelante su propuesta, con cambios que se aplican para este año 2022. Permitir las iniciativas de un nuevo gobierno es lo que corresponde hacer a una oposición que no quiere ser obstruccionista como la de la ultraderecha peruana (aunque cuando se inició el gobierno de PPK, al que el fujimorismo saboteó, si le delegaron facultades tributarias para que las grandes mineras tuvieran devoluciones de impuestos a velocidad del rayo).

La reforma ecuatoriana establece para las 1,900 más grandes empresas, con patrimonio superior a 5 millones de dólares y que el 2020 (en plena pandemia) aumentaron sus ganancias, una contribución adicional durante dos años de 0,8% sobre su patrimonio, es decir, sobre el valor de sus inmuebles y equipos, descontando deudas. Para las personas de mayores ingresos, la reforma de Lasso aumenta el impuesto a la renta; quienes ganan más de 61 mil dólares al año pagarán 35 por ciento y quienes ganan más de 100 mil dólares al año (8,250 mensuales) pagarán 37 por ciento. Comparativamente, en Perú la tasa más alta en la actualidad es de 30 por ciento así se tratase de una persona que gane millones de soles; la posibilidad de elevar esta tasa fue una de nuestras propuestas negada en el Perú por la ultraderecha obstruccionista del congreso de Malcricarmen.  Al igual que Duque en Colombia, es notorio como desde la derecha se cobra a quienes concentran la riqueza. Las medidas de Lasso sin embargo también afectan a la clase media, al eliminar las deducciones de gastos personales y la posibilidad de reducir hasta 14 mil dólares del valor sobre el que se calcula el porcentaje a pagar por consumos en salud, educación y otros rubros que estén debidamente sustentados con facturas.

Adicionalmente, el gobierno de Lasso ha establecido un impuesto temporal a las grandes riquezas, similar al que en la campaña pasada propusimos con Verónica Mendoza y que se aplica en otros países de la región. La medida establece una contribución especial, por un año, para las personas que tengan una riqueza superior a un millón de dólares. Se estima unos 5 mil ecuatorianos muy ricos deberán pagar este impuesto, con una tasa de 1 por ciento sobre el primer millón de dólares y de 1,5 por ciento por encima de 1 millón 200 mil dólares. Boric en Chile está proponiendo algo muy similar.

Lasso también sacó un régimen simplificado para las pequeñas empresas, la misma idea que propusimos en el Perú para hacerles la vida más fácil a los emprendedores, otro tema que el fujimorismo y la derecha del congreso actual impidieron, sin que hayan planteado alternativa alguna hasta la fecha.

En resumen incluso gobiernos derechistas en países vecinos como Ecuador y Colombia han hecho reformas tributarias para que quienes tienen grandes ingresos y riquezas, aporten más al fisco y el gasto social. En Perú, la ultraderecha que domina el congreso defiende con uñas y dientes a las grandes empresas y millonarios. ¿Será por ideologías o por intereses como el de López-Aliaga y su monopolio abusivo de Peru Rail?.

El pasaje del Metropolitano ha subido. Eso está muy mal. Quienes más pagan esos pasajes son quienes viven en las zonas más lejanas, que son precisamente pobres. Así, quienes ya han ido duramente golpeados por al alza de precios de los alimentos, nuevamente se ven afectados. Para evitar esos perjuicios, diversos gobiernos alrededor del planeta manejan las tarifas de transporte con una lógica púbica y social. Alemania, apenas saltó la inflación a inicios de este año, estableció una tarifa plana de transporte: con 9 euros mensuales te mueves todo lo que quieras. En Chile, en enero de este año el presidente derechista Piñeira dejó sin efecto un alza de pasajes en Santiago, ampliando el subsidio a los transportistas, y al inicio de su gobierno Gabriel Boric anunció un congelamiento de los pasajes por todo el año. Los ejemplos podrían multiplicarse por decenas. Incluso en el Perú, durante más de un año, como las empresas de transporte del Metropolitano estaban afectadas por los menores aforos dispuestos para controlar la pandemia, todos los meses desde el MEF se destinaron subsidios para evitar el alza de pasajes.

MAL CONTRATO Y SUSTENTO TÉCNICO DESCONOCIDO

Resumo primero los aspectos técnicos en cuestión, agradeciendo a Gustavo Guerra-García por su ayuda en esto. El Metropolitano o Corredor Segregado de Alta Capacidad es el principal sistema de transporte de la ciudad (unos 700 mil viajes diarios) y también uno de los más caros para el público. Hasta hace pocos días el pasaje costaba 2 soles 50 céntimos, y ya con ese precio según estudios realizados por el BID, esa tarifa excluía a las personas de mejores ingresos, aunque vivan a menos de una cuadra de las estaciones del servicio. Ahora la tarifa integrada (troncal más alimentador) ha subido a 3 soles 50, la tarifa troncal sola ha subido de 2 soles 50 a 3 soles 20 y los alimentadores largos como el que conecta a Puente Piedra con la Estación del Naranjal y a la Estación Matellini con Villa el Salvador sube de 1 sol a 1 sol 50.

¿Quién ha tomado esta decisión? Según el contrato acordado por Luis Castañeda Lossio, las alzas de pasajes se definen en un Consorcio Operador en donde los cuatro concesionarios de transporte y el operador de recaudo son los que tienen el poder de decisión. Este es un caso único en el mundo, donde los privados deciden cuánto va a sus bolsillos aunque las obras las hizo el estado. Entreguismo privatista al extremo. No obstante el contrato le permite al organismo público responsable, que hoy es la Autoridad de Transporte Urbano – ATU, retener los ingresos indebidos si el ajuste tarifario no se ha hecho respetando las reglas y parámetros establecidos en el contrato.

¿Han subido los costos para justificar esta alza de pasajes? No hay información pública al respecto. Ojo que el Metropolitano no usa petróleo ni gasolina, sino GNV, el gas de Camisea cuyo precio es bastante estable porque por contrato no tiene reajuste automático con los precios mundiales de los combustibles. Aún así es posible que los costos de insumos, repuestos y salarios sean mayores, pero no lo podemos saber. Eso depende del análisis técnico que debiera haber revisado el ATU, quien no ha dicho esta boca es mía. Hay además otro factor en juego: los costos unitarios también suben por que la demanda está entre el 70 y 80% de la que había el 2019. Si ATU programa más kilómetros recorridos, es decir más buses en circulación, para bajar las colas, eso también eleva los costos de operación. ¿Deberíamos entonces reducir los kilómetros de servicios? No, porque eso generaría más aglomeraciones y apretujamiento, mientras lo que necesitamos es un servicio de mayor calidad. La solución pasa por tener una buena política de subsidios al transporte en Lima (y otras ciudades). ¿Por qué la Línea 1 del Metro cuesta 1 sol 50 y el Metropolitano 3 soles 50? Porque la Línea 1 del Metro tiene fuertes subsidios y el Metropolitano no.

Ahora es un buen momento para poner en marcha un sistema de subsidios, manteniendo la tarifa del Metropolitano en 2 soles 50 en vez de subirla en un contexto de inflación y empobrecimiento y que causa además una retracción de la demanda. Ya basta de neoliberalismo privatizador que vea el transporte urbano sólo como un negocio y no como un servicio público. No es justo que los más pobres de Lima, además de sufrir el alza de precios de los alimentos y de usar más de su tiempo en el transporte, deban pagar un total mayor al tener que tomar varios viajes para poder llegar a sus viviendas después de un largo día de trabajo. Como en muchas partes del mundo y nuestro propio Metro, debemos tener un sistema de transporte público que llegue a las zonas más pobres y con rebajas para los que toman varias conexiones. La ley de creación de ATU habilitó los subsidios al redefinir el servicio de transporte urbano de pasajeros como servicio público. Es hora de empezar a resolver las trabas para que todos tengan derecho a la movilidad.

COMPARANDO OPCIONES FISCALES

Tales subsidios le costarían al fisco, desde luego. Pero actualmente tenemos un subsidio al transporte mucho más inequitativo e ineficiente. Desde marzo el Poder Ejecutivo incluyó a las gasolinas de 84 y 90 octanos y al gasohol de 84 octanos en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), que subsidia los combustibles, a un costo de varios cientos de millones de soles anuales. De esta manera, el estado destina fondos a quienes se suben a su carro particular o usan un taxi, y el monto total de subsidio es mayor para quien usa una 4×4 grandaza, tiene 2 o 3 carros en casa para cada uno de sus miembros o usa taxi diariamente. En otras palabras, los sectores de ingresos altos son los que reciben la mayor parte de este subsidio. El que para ellos sí haya fondos fiscales pero para quienes usan el Metropolitano no, es algo difícil de compatibilizar con el objetivo de que no haya más pobres en un país rico.

Subsidiar el transporte privado individual es también algo muy ineficiente. Producto de este modelo privatista y desregulado es que el tránsito en Lima y muchas ciudades del Perú está tremendamente congestionado, causando un costo enorme de tiempo para todos. Llenarnos de carros particulares genera más y más tráfico, a lo que nuestros alcaldes suelen responder con by-passes que son parchecitos frente a una demanda insaciable de asfalto. La forma eficiente de transporte urbano son los sistemas públicos masivos, ciclovías y caminos peatonales. Las mejores ciudades del mundo tienen sistemas públicos articulados masivos, con líneas de metro, “metropolitanos” (transporte masivo en carriles segregados, sea en ómnibus, tranvías o troles, con estaciones) y líneas secundarias de ómnibus, a los que se sube con una sola tarjeta o pase.  Estamos muy lejos de ello. Pero la reforma del transporte que necesitamos pasa por fortalecer el Metropolitano bajo una lógica de servicio público, no de retroceder hacia un mayor predominio del interés privado.

El golpe de la inflación a las economías populares ha generado una emergencia alimentaria. Hay un amplio consenso entre los expertos que la mejor opción para ayudar a los necesitados no es exonerar IGV o subsidiar el petróleo, si no otorgar transferencias monetarias directas, lo que en Perú hemos llamado ´bonos´. Una pregunta clave es ¿a quién dar esa ayuda? ¿es factible una focalización para ayudar de manera muy restringida sólo hacia quienes se cataloga en pobreza extrema? ¿sería eso lo mejor?

LA POBREZA

Hay quienes creen, quizás porque quieren creer, que se puede fácilmente identificar con precisión a quienes están en pobreza. La estimación oficial es de 25,9 por ciento de pobreza el 2021, cifra que es una aproximación numérica, no un dato exacto.

Determinar quién vive en pobreza y quien no, sin embargo, es más complejo que un cálculo estadístico. La medición oficial considera que una persona ya no es pobre con 405 soles mensuales en una ciudad y con 280 soles mensuales en una localidad rural. ¿Es indiscutible está cifra? No. Estoy seguro que muchos lectores opinarán que con esos montos no se puede vivir dignamente. ¿Y si una persona gana 500 soles mensuales, pero no tiene agua potable, vive entre esteras, tiene una discapacidad, está enferma o acaba de escapar de un hombre violento? Hay muchos aspectos de nuestra vida que pueden llevarnos a una situación crítica y no se puede resumirlas sólo en una cantidad de dinero mensual. El problema de la pobreza es integral y más complejo, con juicios éticos involucrados y una historia pasada que importa.

VIABILIDAD

A pesar de todo esto, démonos una licencia para avanzar la discusión y partamos de la premisa, falsa por cierto, que tras una discusión amplia y de manera democrática se ha determinado que son pobres quienes tienen 440 soles mensuales en las ciudades y 300 soles en el campo (añadiendo a la línea de pobreza del INEI la inflación registrada desde el año pasado) y que esos son los únicos que merecen un bono alimentario. Pero aún con estas abusivas simplificaciones, estaríamos lejos de resolver el problema.

En primer lugar, porque es muy difícil identificar a esas personas una por una. Muchísima gente en el Perú no sabe con precisión cuando ganará este mes. La gente salta de chamba en chamba y predomina la sobrevivencia del día a día. Imagínese un taxista, que necesita ir separando una parte de sus ingresos diarios para repuestos, arreglos y eventualmente reponer su vehículo. Imagínese el caso de un pequeño productor agropecuario cuyas ventas no son semanales ni mensuales, si no apenas dos o tres veces al año.  ¿Saben ellos cuál es su ingreso neto? Probablemente no, lo que sí es seguro es que ningún organismo estatal tiene la información necesaria para calcularlo.

Quizás ese productor agropecuario tuvo buenos ingresos el año pasado, tuvo buena cosecha y vendió a precio justo. Imaginemos además que lleva una contabilidad detallada, que descuenta de sus ventas el costo de los fertilizantes y el desgaste de las lampas y mochilas para aplicar pesticidas, que añade a sus ingresos el valor de las dos ovejitas que ha añadido a su rebaño, que le entregó toda esa información a la SUNAT y que por eso sabemos que no está en pobreza. Ya sé que es mucha pero mucha imaginación, pero permítanme el ejercicio. ¿Sabemos acaso si ese productor no cayó en pobreza este año y está pasando hambre ahora? No sería raro; sabemos que mucha gente cae en pobreza de un año para otro. Los datos de ingresos del año pasado para una familia, es probable que no sean válidos para este. Lo mismo sucede con los millones que tuvieron trabajos eventuales o de temporada, formales o informales, que quizás no se repitieron este año.

Si muchísima gente no sabe con exactitud si su ingreso neto son 420 soles o 450 soles mensuales que diferencian a alguien en pobreza a quien no lo está, sabiendo además que esos datos pierden validez de un año a otro o incluso en menos tiempo, ¿nuestro estado cuasi-fallido va a saber cuál es la situación económica de esas familias ahora? Claro que no. Nunca lo ha sabido. El sistema de focalización oficial del estado que busca identificar a quienes están en pobreza, llamado SISFOH, recae en preguntar algunos datos de las familias, como su consumo de electricidad, si estuvo en planilla y si tiene un televisor u otros artefactos. La verdad es que sólo busca una aproximación que no es muy precisa. Con el agravante que la información es antigua y hay muchos hogares que perdieron el empleo y, aunque puedan tener televisor, tienen hambre.

Esto parece de Perogrullo, pero vivimos en un país altamente informal y en el que muchos sobreviven económicamente saltando entre ocupaciones. La situación social ha cambiado sustancialmente estos últimos años, de tal manera que la información que el estado recopiló varios años antes de la pandemia es muy poco útil. Además, millones de peruanos que el 2021 pudieron sobrepasar la línea de pobreza, ahora con el alza de precios se fueron abajo económicamente.

Frente a esta realidad, es paradójico como economistas neoliberales para quienes el estado es por definición ineficiente y torpe y por eso debe ser reducido a su mínima expresión, creen que ese mismo estado puede y debe recopilar la información de millones de personas con gran detalle. Pero la realidad es que esa información, hoy, no está disponible, no existe. Ante la emergencia alimentaria actual, una focalización medianamente certera de la ayuda requeriría obtener muchísima información, verificarla y procesarla en pocas semanas, lo que es absolutamente inviable.

¿QUÉ ES LO JUSTO ANTE EL HAMBRE?

¿Es lo ético, lo justo, lo correcto, dar apoyo alimentario sólo a quienes están en pobreza?

Si ante una necesidad de consumo básico pensamos necesario ayudar sólo a los pobres ¿no debiera ser igual cuando hablamos de salud? ¿por qué no aplicamos la misma lógica y decimos que los hospitales públicos tengan un guardia en la entrada que sólo permita el ingreso de quienes han sido identificados como pobres y tienen a la mano su carné correspondiente? Después de todo, tanto la salud como la alimentación son derechos sociales que todos los niños y todas las personas debieran tener asegurado.

Hay un principio que debe primar cuando hablamos de emergencia social y de garantizar derechos fundamentales: nadie en situación crítica debe quedar sin apoyo. Está bien dar ayuda a quien tiene hambre, está enfermo, fue golpeada o perdió su casa tras un derrumbe, aun cuando pueda ganar 500 soles mensuales y no sea pobre según el criterio oficial.

La ayuda a quienes pasan hambre y no logran un consumo básico, afectados por la inflación y el desempleo, debe tener esa lógica. En el corto plazo no es posible hacer un programa de ayuda “estrictamente focalizado” sin dejar fuera a millones de familias vulnerables; lo que sí se puede es excluir a quienes sabemos tienen base económica suficiente. Que el gobierno otorgue un apoyo económico a más gente que solo a aquellos considerados pobres, no es populismo, es el estado trabajando por sus ciudadanos. Con ese criterio hicimos el Bono Yanapay para trece y medio millones de peruanos, con ayudas adicionales a trabajadores de bajos ingresos y pequeños agricultores, habiendo sin duda espacio para mejorar su gestión.

Hoy, nuevamente, la única opción justa y viable es una ayuda económica que tenga un amplio alcance, excluyendo sólo a quienes podemos saber con cierta seguridad que tienen los recursos necesarios para vivir dignamente. Dar apoyo apenas a 2 o 3 millones de peruanos dejando fuera a los muchos más que lo necesitan sería un error.

Millones de peruanos han sufrido un tremendo golpe económico con la inflación desatada a partir la guerra de Rusia contra Ucrania. “Nos enfrentamos a una crisis sobre otra crisis”, dijo en febrero la jefa del FMI Kristalina Georgieva, recordando la recesión inducida por el Covid los años anteriores. El hambre y el empobrecimiento masivo están aumentando hace meses y todavía las respuestas resultan muy insuficientes.

LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES

Frente a la inflación se han aplicado tres políticas. Para reducir los precios de los combustibles, el gobierno los exoneró temporalmente del impuesto selectivo al consumo – ISC y amplió el subsidio del llamado “Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles” –FEPC. Aplicada en un contexto de precios internacionales al alza, la medida no se sintió mucho.

En términos de política, ya caducó la exoneración del ISC, pero en las negociaciones con los transportistas se amplió aún más el subsidio del FEPC. Porque, aunque el FEPC se llama “Fondo de Estabilización” y supuestamente guarda fondos cuando el precio internacional es bajo y los suelta cuando éste es alto, en la actualidad funciona básicamente como un subsidio financiado por el presupuesto público. Este subsidio sí tiene efecto sobre los precios del diésel y las gasolinas, mientras los grandes intermediarios distribuidores se apropian de una parte del presupuesto asignado.

Lo bueno es que las semanas pasadas el precio internacional del barril de petróleo ha retrocedido de cerca de 120 dólares a 100 dólares. Sin embargo, esta rebaja va a llegar solo muy parcialmente a los consumidores porque el mecanismo del FEPC implica un retiro automático del subsidio cuando los precios internacionales bajan.

Las limitaciones del FEPC se agrandan en el caso del gas que usamos en nuestros hogares, en cuyo caso alrededor de la mitad de los fondos se quedan en la cadena de intermediarios, que es larga y poco transparente. Mejor opción, por eso, es ampliar masificar el uso del gas natural y ampliar el bono FISE a las familias necesitadas, algo que aún se ha hecho muy poco.

LA EXONERACIÓN DEL IGV A LOS ALIMENTOS

Una segunda política frente a la inflación fue la aprobada por el congreso de exoneración del Impuesto general a las ventas (IGV) a los pollos, huevos, fideos, pan y azúcar. Esta exoneración sigue vigente hasta fin de mes, pero ha tenido un efecto social muy limitado. Por un lado, varios de estos mercados están dominados por oligopolios; por ejemplo el pollo y los huevos están concentrados en su producción en apenas tres empresas. No hay condiciones de competencia que aseguren que rebajarán sus precios tras la exoneración. Por otro lado, buena parte de la comercialización de estos productos, en particular para los más pobres, es informal; así que a ellos cualquier beneficio tributario les llega muy poco en forma de menores precios. Este beneficio se concentra en las clases medias y altas urbanas y limeñas que compran en las grandes cadenas de supermercados, y no en quienes sufren de hambre. Felizmente se pudo contener la primera propuesta de Maricarmen Alva, que era de una exoneración mucho más amplia y aún más beneficiosa para monopolios y clases altas.

LA INFLACIÓN Y EL BCR

A menudo se olvida que quien está encargado en nuestro país de mantener la inflación bajo control es el Banco Central de Reserva. El artículo 88 de nuestra Constitución establece que “La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria”. Así, evitar que los precios suban rápidamente es, constitucionalmente, el único objetivo que tiene el BCR. El directorio presidido por Julio Velarde tiene una sola tarea y se le debe evaluar únicamente en función a que mantenga la inflación a raya. He escrito en otras oportunidades que a mi juicio el BCR debiera tener en mente también el crecimiento y el empleo, como es el caso de la Reserva Federal norteamericana, pero hoy por hoy, la Constitución es absolutamente diáfana respecto al objetivo único del Banco Central de Reserva.

La política del BCR en estos meses frente a la inflación se resume en una variable clave que este fija: la tasa de interés. El banco central, mediante el control que tiene de la cantidad de dinero en circulación, regula la tasa de interés a la cual le presta dinero a los bancos y estos entre sí. Esta tasa, llamada “de referencia”, el BCR la ha elevado fuertemente, pasando de la mitad de un uno por ciento hace un año a seis por ciento ahora, doce veces más. Consecuentemente, los bancos le suben la tasa de interés a sus clientes. Esta alza en el último ha sido en promedio de 9 puntos, pasando el promedio llamado FTAMN de 15,7 a 24,7 por ciento, aunque siempre hay mucha diferencia entre lo que le cobran a una mega empresa – 5,8 por ciento – y a una pequeña empresa – 36,6 por ciento. Con esa alza, los costos financieros de las empresas se han elevado bastante.

La semana pasada expliqué la lógica macroeconómica del BCR de subir las tasas de interés para controlar la inflación: al encarecer el crédito se reduce el consumo y la inversión, con el supuesto de que al restringir la demanda habrá menor presión para el alza de precios. Con menos inversión y menos demanda también habrá, por cierto, menos crecimiento y generación de empleo. En Estados Unidos, donde hay más puestos de trabajo vacantes que personas buscando trabajo, esto no es tan grave, pero en el Perú con alto desempleo y mucha pérdida de puestos de trabajo en la pandemia, esto tiene un alto costo social.

Y LA GENTE

Frente a la inflación, todas las opciones tienen costos elevados, ya sea para el fisco, la economía, las empresas y la gente. Pero un tema que en nuestro país no puede evadirse es la necesidad de una respuesta del estado frente a la emergencia alimentaria actual. No hacer nada no es una opción válida.

Por supuesto que, en el largo plazo, queremos que la gente tenga buenos empleos y ahorros propios, pero a nadie en su sano juicio se le ocurriría poner eso por delante tras un terremoto o un huaico que arrasa con viviendas completas. La analogía es válida: esto es una emergencia y hay quienes están pasando hambre porque lo que ganan no les permite llegar al fin de la semana. Además, hay niñas y ancianos vulnerables para quienes la solución no es crear empleos sino un sistema de protección social.

Es un grave error pensar que “hoy la hambruna les va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos”. En el Perú hay mucha gente que trabaja duro y no le alcanza, menos ahora que un kilo de huevos está cerca de los diez soles y por un sol sólo te dan tres panes. Hay también muchos que no consiguen un empleo. Frente al hambre, hace rato que el estado debió dar un bono de ayuda alimentaria que llegue a todas las familias vulnerables, y el congreso debe facilitar al máximo que eso suceda en vez de estarle poniendo trabas. Sobre el alcance y la focalización de este bono escribiré la próxima semana; sólo resalto ahora que en Chile el presidente Boric ha anunciado un “Bono Invierno” equivalente a casi 500 soles para más de 7 millones y medio de personas, el triple que el número de ´pobres´; ellos aun teniendo menos espacio fiscal que el Perú están incluyendo ampliamente a las personas necesitadas. Ante la emergencia del hambre, no estaría mal mirar hacia el sur.

Las estadísticas de inflación a nivel mundial siguen subiendo y subiendo, sorprendiendo a los economistas. Este era un fenómeno que no se veía hace cuatro décadas, y por eso hay que hacer un esfuerzo para tratar de entender lo que está pasando.

A nivel internacional ha habido dos impulsos a la inflación. El primer empuje vino de los desajustes que trajo la pandemia y la posterior apertura y reactivación de las diversas economías. Durante la pandemia, al aplicarse cuarentenas y restricciones en muchos países, se frenó la producción y el transporte de distintos bienes y de componentes de los productos industriales, como los chips de cómputo. Durante los meses más duros de la pandemia, el 2020, esto no se reflejó en la inflación mundial porque el consumo global estaba por los suelos, debido a la pérdida de ingresos -– la gente sin plata no puede consumir mucho – y al susto – cuando percibimos riesgos grandes como los que afectaban nuestra salud parecía recomendable ahorrar para cualquier eventualidad. Pero a medida que el movimiento se abrió y los temores se redujeron, el consumo regresó mientras las cadenas de abastecimiento y transporte seguían teniendo problemas. Para muchos productos había más demanda pero sin que hubiera regresado la oferta, impulsando los precios al alza. Hasta fines del año pasado, parecía un fenómeno temporal que se resolvería en unos meses, a medida que los desajustes se iban resolviendo en los mercados.

Pero luego vino en febrero de este año un segundo golpe inflacionario mundial, mucho más fuerte que el primero: la guerra de Rusia contra Ucrania que llevó los precios de los combustibles y los alimentos por los cielos, debido a que esos dos países cubren buena parte de la oferta mundial de esos productos. Las alzas de esos precios han sido fuertes. En gran parte del mundo, incluido el Perú, esto ha generado una inflación mayor simplemente porque importamos la mayor parte del petróleo y del trigo, maíz y aceites. La inflación viene de afuera.

ESTADOS UNIDOS

Para Estados Unidos en particular, sin embargo, hay un problema adicional. La política económica ante la pandemia incluyó un fuerte empuje monetario por parte de la reserva federal (su BCR) y un fuerte empuje fiscal, que empezó con Trump y fue renovado por el nuevo gobierno de Joe Biden. Puesto en simple, muchísimos dólares entraron a la economía norteamericana, en parte como créditos baratos, en parte como transferencias del estado a las familias. Medidas como esa elevan la demanda y sirven para reactivar la economía, pero cuando son demasiado exageradas, generan tanta demanda que producen inflación. Como cualquier medicina, tiene que aplicarse en las dosis correctas.

¿Cómo es que esas medidas pueden generar inflación? La idea básica de los economistas de Estados Unidos y países desarrollados, respondiendo a su realidad, es que cuando hay demasiada demanda agregada, las empresas contratarán más y más personal hasta llegar a un punto en la cual ya no encuentran quien quiera trabajar. En ese momento las empresas ofrecen más salarios para poder atraer la mano de obra que necesitan, lo que subirá sus costos, que se trasladarán a los precios. Se desata así una ola inflacionaria.

El asunto complicado es saber cuándo es que la demanda ya se ha estimulado demasiado. Hasta hace unos meses atrás, no parecía que fuera así, y esa era la opinión de quien lleva la voz cantante en este asunto: la Reserva Federal, que maneja el dinero y es la responsable de controlar la inflación en EEUU, del mismo modo que en Perú lo es el BCR. No querían aplicar un ajuste monetario, con menos crédito y alza de tasas de interés, que frenara sin motivo el crecimiento. Las cosas han cambiado luego del segundo choque inflacionario y de indicadores laborales que señalan un aumento de los salarios (11 por ciento anual), junto con desempleo muy bajo (3,6 por ciento) y una enorme cantidad de puestos de trabajo sin llenar (11 millones y medio). Ahora, para reducir la demanda y controlar la inflación, el Fed ya está reduciendo el dinero en circulación y subiendo las tasas de interés rápidamente, lo que tiene consecuencias a nivel mundial y en el Perú (sobre las que escribí la semana pasada).

INFLACIÓN EN SUDAMÉRICA

Las razones internas de la inflación en Estados Unidos, no se aplican en el Perú. Nosotros nunca hemos tenido una situación en la cual se queden miles de puestos de trabajo sin llenar; todo lo contrario, hay permanentemente millones de peruanos que saltan rápidamente apenas hay una vacante disponible, y ahora más que nunca. A nuestros empresarios nunca se han visto obligados a subir los salarios para convencer a la gente a chambear. Todos sabemos que esa no es ni ha sido nuestra realidad.

Pero tanto Perú como varios países sudamericanos hemos tenido inflaciones altas, incluso hiperinflaciones. Estas fueron comunes en la década de los 90, una década llamada “perdida” en la región, cuando las hubo en Bolivia, Argentina, Brasil y Perú. En la actualidad los países de la región con inflaciones altas son Venezuela y Argentina, y en el primer caso ya domina ampliamente el dólar como moneda de circulación. Lo que sabemos de los procesos inflacionarios sudamericanos es que cuando hay una devaluación fuerte se generan inflaciones duraderas. Tanto en Venezuela como en Argentina han tenido un “dólar informal” (en Argentina le llaman dólar blue”) que se ha ido por las nubes debido a desequilibrios en sus cuentas con el exterior, porque la demanda de divisas es mucho mayor que las que ingresan por exportaciones, inversiones y préstamos. Como ha dicho el hasta hace poco ministro de economía de Argentina Martín Guzmán con motivo de su renuncia al cargo esta semana: “cuando en la Argentina hay menos divisas …hay más inflación”.

¿Corremos ese riesgo en el Perú de hoy? El precio del dólar no es tan libre como a veces se piensa; el BCR interviene en el mercado de dólares, comprando y vendiendo, cantidades que pueden ser de cientos de millones en un día. Para evitar un alza desmedida del tipo de cambio el BCR debe vender dólares, y eso sólo puede hacerlo si tiene reservas internacionales para hacerlo. Venezuela y Argentina se quedaron sin reservas y por eso el precio del dólar se les disparó. Perú si tiene reservas en el BCR: hay 75 mil millones, una cantidad enorme. No hay riesgo de una inflación desbocada.

¿RECESIÓN EN ESTADOS UNIDOS?

Controlar la inflación subiendo las tasas de interés y cortando el crédito tiene un costo: frenar la economía. Un ejemplo es el mercado inmobiliario, que se sostiene con créditos hipotecarios, y cuando suben las tasas, los pagos mensuales que se debe hacer por una misma cantidad de deuda crecen rápidamente, desalentando a las familias. El consumo y la inversión en general también se ven afectados.

La pregunta ahora es si la reserva federal norteamericana podrá controlar la inflación sin recesar la economía, lo que se conoce como un “soft landing” o aterrizaje suave, o si el frenazo será tan fuerte que caerá en recesión (“hard landing”). Hay apuestas para todos los gustos; la respuesta la tendremos en pocos meses. En cualquier caso nuestra economía se verá golpeada, y el rango va entre bastante y mucho, así que mejor amárrense los cinturones.

La situación de las economías familiares ha empeorado y las perspectivas para el resto del año son difíciles. El Poder Ejecutivo y el Congreso debieran estar muy preocupados por esta situación, causa principal de que su popularidad sea tan baja y siga reduciéndose mes tras mes: el 78% de los peruanos siente que hoy tiene menos poder adquisitivo que en octubre del año pasado.

En este tiempo hemos tenido meses muy movidos en el frente económico. El segundo semestre del 2021 estábamos recién saliendo de la segunda ola de pandemia y teníamos aun el temor de que una tercera ola fuera mortal, por lo que la prioridad estuvo puesta en la vacunación, el apoyo a las economías populares con el bono Yanapay y la reactivación del empleo. A inicios de este año la economía peruana estaba en franca recuperación: se habían recuperado 400 mil empleos y seguíamos avanzando en este indicador clave, el PBI había crecido 13,3 por ciento con un fuerte repunte de la inversión privada (+37%), la industria (+25%) y las exportaciones no tradicionales (+28%) y se había logrado cobrar deudas tributarias por más de 6 mil millones de soles a grandes empresas mineras. El Congreso rechazó la reforma tributaria para cobrar más impuestos a los mineros y grandes empresas, pero estábamos listos para insistir porque es necesario reforzar el presupuesto para dar un salto de mejora en salud primaria, educación pública y apoyo al agro.

En febrero de este año la economía sufrió un shock debido a la guerra de Rusia contra Ucrania. Subieron los precios mundiales del petróleo y los alimentos generando una inflación que afecta duramente los bolsillos populares, y se encarecieron los fertilizantes golpeando a muchos pequeños y medianos productores agropecuarios. Para el Perú también hubo buenas noticias: los precios del cobre, el oro y otros metales que exportamos subieron fuertemente. 37 por ciento de la riqueza minera deviene al fisco, lo que significó un ingreso mayor a las arcas fiscales, y pudo haber un adicional importante si se hubiera aprobado que ese 37 se subiera a 42 por ciento, porcentaje al cual el FMI analizó que no perdíamos competitividad frente a ninguno de los otros países mineros. Lamentablemente se ha dejado de lado la agenda de la reforma tributaria, esencial para que el gasto en salud y educación alcancen el 6% del PBI y tengamos un sistema de protección social mínimamente merecedor de ese nombre. Peor, se ha elegido, con apoyo del cerronismo, un Tribunal Constitucional muy favorable a que las grandes empresas elusoras sigan sacándole la vuelta al fisco. Asuntos de gran necesidad para las familias peruanas de hoy, como tener una buena atención de salud con exámenes y medicinas gratuitas, ampliar y mejorar el apoyo alimentario a estudiantes y familias, y dar un apoyo monetario directo a los pobres y vulnerables de manera amplia, no han tenido la atención debida.

El gobierno prefirió agitar durante un corto tiempo la bandera de la asamblea constituyente, lo que como era previsible terminó siendo simplemente otro bandazo de Castillo y Cerrón, mientras temas medulares como la lucha contra la corrupción y la eficacia en la gestión siguieron cuesta abajo. Por su parte, el Congreso se dedicaba a aprobar medidas populistas de reparto de dinero, traspasando claramente los límites constitucionales que le prohíben tener iniciativa de gasto, pero sin dar medidas que realmente ayuden en este contexto de inflación y frenada del crecimiento.

SITUACION DIFÍCIL PERO NO IMPOSIBLE

La coyuntura económica internacional ha cambiado para peor la semana pasada. Los indicadores de inflación internacional recrudecieron y frente a ello la Reserva Federal norteamericana (su banco central) ha subido aceleradamente sus tasas de interés. Este encarecimiento del crédito frena la inversión, porque hay proyectos que ya no son rentables ante esos mayores costos, y frena también el consumo porque comprar una casa con hipoteca o un carro a plazos saldrá ahora más caro; son efectos ya estudiados que se presentan también en el Perú. Esta caída previsible de la demanda lleva a un frenazo al crecimiento de la economía de los EEUU, y dada la importancia de este país, de todo el planeta. Además, las perspectivas de crecimiento de la economía china se han visto afectadas por las restricciones de movilidad impuestas en ese país para enfrentar una ola grande de Covid ante las variantes más contagiosas que se han presentado.

Este cambio mundial trae dos efectos negativos sobre nuestra economía, que se suman al alza inflacionaria. Por un lado, caen los precios de los metales que exportamos; el cobre, nuestro principal producto de exportación, que estaba en 4 dólares 60 centavos la libra hace pocos meses, bajó a menos de 3 dólares 75 centavos la libra. Dado que el promedio de ese precio en los diez años que van de 2011 a 2020 no superó los 3 dólares éste sigue siendo un buen precio, pero su nivel no es extraordinario como el que tuvo en meses previos. Por otro lado, el alza de intereses en Estados Unidos lleva a que los grandes financistas del mundo estén más inclinados a colocar su dinero allá y menos en los países en desarrollo. Esta menor venida de capitales a nuestro país tiende a reducir y encarecer el financiamiento empresarial y presiona al dólar al alza, aunque ambas situaciones el BCR está en condiciones de controlar dado el elevadísimo nivel de reservas internacionales que tiene guardadas y que suman más de 75 mil millones de dólares.

En resumen, si la situación económica de las familias peruanas ha empeorado a partir del shock de febrero, ahora se avecinan peores nubes de tormenta sobre la economía nacional.  The Economist pronostica que este año se dupliquen las protestas en el mundo y añade que, mientras más se permita que la cólera se acumule, más probable es que explote. Es indispensable dar un giro y responder rápida y eficazmente frente a estos nuevos peligros; de lo contrario, el frenazo del crecimiento y el empleo y la pérdida de bienestar serán mayúsculos, y la crisis de gobernabilidad se agravará.

En salud, hay que dar seguridad en el cuidado y quitar esta carga económica a las familias con una reforma de impulso a la atención primaria; ya en el presupuesto de este año se separaron miles de millones de soles para ese sector. La educación pública básica y superior requiere apoyo y buena gestión en este año de retorno a la presencialidad, haciendo realidad la gratuidad.

La alimentación popular debe ser una prioridad real, apoyando las ollas comunes y los desayunos y almuerzos escolares.
Transferencias directas (“bonos”) deben alcanzar a esa enorme mayoría afectada por la inflación en montos suficientes.

Las necesarias inversiones descentralizadas públicas en carreteras, agua y desagüe, internet y vivienda deben acelerarse; la proyección actual del BCR es que la inversión pública solo crezca 2,1 por ciento real.

La diversificación productiva, impulsando sectores como la industria y el agro, las pymes y el turismo, insistiendo en las mesas ejecutivas de diálogo público-privado, apoyando la inversión privada y adoptando medidas promocionales y crédito, debe ser retomada con urgencia. Sí hay alternativas. El “piloto automático” y simplemente esperar que las cosas pasen, no es buena opción. Frente a las mayores dificultades económicas que se vienen, necesitamos respuestas rápidas, inteligentes y eficaces.