El golpe de la inflación a las economías populares ha generado una emergencia alimentaria. Hay un amplio consenso entre los expertos que la mejor opción para ayudar a los necesitados no es exonerar IGV o subsidiar el petróleo, si no otorgar transferencias monetarias directas, lo que en Perú hemos llamado ´bonos´. Una pregunta clave es ¿a quién dar esa ayuda? ¿es factible una focalización para ayudar de manera muy restringida sólo hacia quienes se cataloga en pobreza extrema? ¿sería eso lo mejor?
LA POBREZA
Hay quienes creen, quizás porque quieren creer, que se puede fácilmente identificar con precisión a quienes están en pobreza. La estimación oficial es de 25,9 por ciento de pobreza el 2021, cifra que es una aproximación numérica, no un dato exacto.
Determinar quién vive en pobreza y quien no, sin embargo, es más complejo que un cálculo estadístico. La medición oficial considera que una persona ya no es pobre con 405 soles mensuales en una ciudad y con 280 soles mensuales en una localidad rural. ¿Es indiscutible está cifra? No. Estoy seguro que muchos lectores opinarán que con esos montos no se puede vivir dignamente. ¿Y si una persona gana 500 soles mensuales, pero no tiene agua potable, vive entre esteras, tiene una discapacidad, está enferma o acaba de escapar de un hombre violento? Hay muchos aspectos de nuestra vida que pueden llevarnos a una situación crítica y no se puede resumirlas sólo en una cantidad de dinero mensual. El problema de la pobreza es integral y más complejo, con juicios éticos involucrados y una historia pasada que importa.
VIABILIDAD
A pesar de todo esto, démonos una licencia para avanzar la discusión y partamos de la premisa, falsa por cierto, que tras una discusión amplia y de manera democrática se ha determinado que son pobres quienes tienen 440 soles mensuales en las ciudades y 300 soles en el campo (añadiendo a la línea de pobreza del INEI la inflación registrada desde el año pasado) y que esos son los únicos que merecen un bono alimentario. Pero aún con estas abusivas simplificaciones, estaríamos lejos de resolver el problema.
En primer lugar, porque es muy difícil identificar a esas personas una por una. Muchísima gente en el Perú no sabe con precisión cuando ganará este mes. La gente salta de chamba en chamba y predomina la sobrevivencia del día a día. Imagínese un taxista, que necesita ir separando una parte de sus ingresos diarios para repuestos, arreglos y eventualmente reponer su vehículo. Imagínese el caso de un pequeño productor agropecuario cuyas ventas no son semanales ni mensuales, si no apenas dos o tres veces al año. ¿Saben ellos cuál es su ingreso neto? Probablemente no, lo que sí es seguro es que ningún organismo estatal tiene la información necesaria para calcularlo.
Quizás ese productor agropecuario tuvo buenos ingresos el año pasado, tuvo buena cosecha y vendió a precio justo. Imaginemos además que lleva una contabilidad detallada, que descuenta de sus ventas el costo de los fertilizantes y el desgaste de las lampas y mochilas para aplicar pesticidas, que añade a sus ingresos el valor de las dos ovejitas que ha añadido a su rebaño, que le entregó toda esa información a la SUNAT y que por eso sabemos que no está en pobreza. Ya sé que es mucha pero mucha imaginación, pero permítanme el ejercicio. ¿Sabemos acaso si ese productor no cayó en pobreza este año y está pasando hambre ahora? No sería raro; sabemos que mucha gente cae en pobreza de un año para otro. Los datos de ingresos del año pasado para una familia, es probable que no sean válidos para este. Lo mismo sucede con los millones que tuvieron trabajos eventuales o de temporada, formales o informales, que quizás no se repitieron este año.
Si muchísima gente no sabe con exactitud si su ingreso neto son 420 soles o 450 soles mensuales que diferencian a alguien en pobreza a quien no lo está, sabiendo además que esos datos pierden validez de un año a otro o incluso en menos tiempo, ¿nuestro estado cuasi-fallido va a saber cuál es la situación económica de esas familias ahora? Claro que no. Nunca lo ha sabido. El sistema de focalización oficial del estado que busca identificar a quienes están en pobreza, llamado SISFOH, recae en preguntar algunos datos de las familias, como su consumo de electricidad, si estuvo en planilla y si tiene un televisor u otros artefactos. La verdad es que sólo busca una aproximación que no es muy precisa. Con el agravante que la información es antigua y hay muchos hogares que perdieron el empleo y, aunque puedan tener televisor, tienen hambre.
Esto parece de Perogrullo, pero vivimos en un país altamente informal y en el que muchos sobreviven económicamente saltando entre ocupaciones. La situación social ha cambiado sustancialmente estos últimos años, de tal manera que la información que el estado recopiló varios años antes de la pandemia es muy poco útil. Además, millones de peruanos que el 2021 pudieron sobrepasar la línea de pobreza, ahora con el alza de precios se fueron abajo económicamente.
Frente a esta realidad, es paradójico como economistas neoliberales para quienes el estado es por definición ineficiente y torpe y por eso debe ser reducido a su mínima expresión, creen que ese mismo estado puede y debe recopilar la información de millones de personas con gran detalle. Pero la realidad es que esa información, hoy, no está disponible, no existe. Ante la emergencia alimentaria actual, una focalización medianamente certera de la ayuda requeriría obtener muchísima información, verificarla y procesarla en pocas semanas, lo que es absolutamente inviable.
¿QUÉ ES LO JUSTO ANTE EL HAMBRE?
¿Es lo ético, lo justo, lo correcto, dar apoyo alimentario sólo a quienes están en pobreza?
Si ante una necesidad de consumo básico pensamos necesario ayudar sólo a los pobres ¿no debiera ser igual cuando hablamos de salud? ¿por qué no aplicamos la misma lógica y decimos que los hospitales públicos tengan un guardia en la entrada que sólo permita el ingreso de quienes han sido identificados como pobres y tienen a la mano su carné correspondiente? Después de todo, tanto la salud como la alimentación son derechos sociales que todos los niños y todas las personas debieran tener asegurado.
Hay un principio que debe primar cuando hablamos de emergencia social y de garantizar derechos fundamentales: nadie en situación crítica debe quedar sin apoyo. Está bien dar ayuda a quien tiene hambre, está enfermo, fue golpeada o perdió su casa tras un derrumbe, aun cuando pueda ganar 500 soles mensuales y no sea pobre según el criterio oficial.
La ayuda a quienes pasan hambre y no logran un consumo básico, afectados por la inflación y el desempleo, debe tener esa lógica. En el corto plazo no es posible hacer un programa de ayuda “estrictamente focalizado” sin dejar fuera a millones de familias vulnerables; lo que sí se puede es excluir a quienes sabemos tienen base económica suficiente. Que el gobierno otorgue un apoyo económico a más gente que solo a aquellos considerados pobres, no es populismo, es el estado trabajando por sus ciudadanos. Con ese criterio hicimos el Bono Yanapay para trece y medio millones de peruanos, con ayudas adicionales a trabajadores de bajos ingresos y pequeños agricultores, habiendo sin duda espacio para mejorar su gestión.
Hoy, nuevamente, la única opción justa y viable es una ayuda económica que tenga un amplio alcance, excluyendo sólo a quienes podemos saber con cierta seguridad que tienen los recursos necesarios para vivir dignamente. Dar apoyo apenas a 2 o 3 millones de peruanos dejando fuera a los muchos más que lo necesitan sería un error.
Agregue un comentario