Los países latinoamericanos deben reformar sus políticas fiscales para garantizar los derechos humanos

Informe y audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
“La manera más efectiva de analizar el compromiso de un Estado y sus instituciones con los derechos humanos es mirar su presupuesto […]Necesitamos generar un diálogo profundo y urgente con el mundo de la economía y las finanzas, tanto a nivel nacional como internacional”.
– Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Nueva York / Santo Domingo, 25 de mayo—La profunda conexión entre la política fiscal y los derechos humanos ha quedado ilustrada recientemente por los  acontecimientos preocupantes en Nicaragua, Puerto Rico, Brasil y otros países en América Latina. Las injustas medidas de política fiscal adoptadas por estos países han despojado a sus poblaciones de las protecciones sociales básicas, lo cual ha agravado los déficits de derechos sociales y económicos, y ha provocado un malestar social que en algunos casos ha llevado a la violencia y la represión.

Esta sombría realidad subraya la relevancia de la reciente audiencia temática organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión), que se centró en el papel de la política fiscal en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en América Latina. La 168˚ sesión de la Comisión, que se realizó del 3 al 11 de mayo, fue solicitada por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CESR) y una coalición de 12 organizaciones de la sociedad civil de la región (enumeradas a continuación).

En el último día de la sesión, representantes de CESR, OXFAM, INESC, CELS, Dejusticia, ACIJ, APRODEH, ForoSalud y el Ministerio de Defensa Pública de Buenos Aires presentaron argumentos y evidencia de los impactos de las políticas fiscales regresivas y discriminatorias sobre los derechos humanos. Los miembros de la coalición presentaron a la Comisión evidencia del impacto de las medidas de austeridad sin precedentes en Brasil, la insuficiente movilización de recursos para garantizar reformas de política social en el contexto del proceso de paz en Colombia, las políticas fiscales regresivas y desiguales que perpetúan el acceso desigual a la educación y la salud en Perú, los recortes de presupuesto a los programas sociales en Argentina y el potencial para un sistema de imposición de la propiedad más justo en la ciudad de Buenos Aires. A medida que la región se desliza hacia un período de estancamiento, los solicitantes de la coalición pidieron un escrutinio más intenso de los impactos en los derechos humanos de las decisiones actuales de política económica y social, y presentaron alternativas para generar recursos, que estos estados no están implementando debido a la falta de voluntad política.

Margaret Macaulay, presidenta de la Comisión, agradeció a la coalición por la sólida y detallada evidencia presentada, destacando su importancia para el trabajo de este organismo que promueve los derechos económicos y sociales. Los argumentos y pruebas que subyacen a estos casos están contenidos en un informe elaborado por la coalición.

Los datos y casos citados ante la Comisión durante la sesión proporcionaron  evidencia consistente de cómo las políticas fiscales injustas pueden violar las obligaciones y los principios de derechos humanos establecidos por los tratados internacionales en una región que sigue siendo la más desigual del mundo. Desde 2015, la reducción de la desigualdad en la región se ha desacelerado, y en 2017 la cantidad de personas pobres en América Latina aumentó por segundo año consecutivo, alcanzando los 187 millones. Al analizar estos hallazgos, la comisionada Flávia Piovesan afirmó que “la tributación es clave para garantizar derechos pero también puede ser una fuente de violaciones de derechos”, mientras que el comisionado Joel Hernández afirmó que se debe “procurar sobre la base de las necesidades de desarrollo sostenible de las personas”.

Durante la audiencia, Gaby Oré Aguilar, Directora Ejecutiva Adjunta de CESR, enfatizó la necesidad urgente de abordar la política fiscal como un tema de derechos humanos. “La política fiscal es una política pública y, como tal, está sujeta a la rendición de cuentas ante los organismos de derechos humanos. Estas normas y principios pueden fortalecer las funciones esenciales de la política fiscal y la tributación a través de la movilización de recursos, la redistribución de la riqueza y la rendición de cuentas entre el estado y sus ciudadanos. Las normas y principios de derechos humanos tienen el potencial de cambiar la forma en que se diseñan, implementan y evalúan estas políticas”, dijo.

Desde la primera audiencia de la CIDH sobre política fiscal y derechos humanos promovida por esta coalición en 2015, el tema ha pasado de los márgenes al centro de la agenda del Sistema Interamericano. Un hito importante en esta progresión fue el informe de la CIDH del año 2017 sobre Pobreza y Derechos Humanos en las Americas, en el cual la Comisión advirtió que la pobreza y la pobreza extrema no pueden ser confrontadas sin un amplio marco de políticas redistributivas para reducir los niveles extremos de desigualdad socioeconómica que afectan a la región (ver el párrafo 494). En la última sesión, las organizaciones peticionarias hicieron invocaciones concretas a la Comisión para ampliar aún más el alcance de la protección contra las violaciones de derechos humanos causadas por políticas fiscales regresivas e injustas. Pidieron a la Comisión que elabore un informe temático sobre el tema y alentaron a las instituciones nacionales de derechos humanos a fortalecer su papel de supervisión en las políticas fiscales de los Estados.

Esta iniciativa fue organizada por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CESR), el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC), Conectas Derechos Humanos, la Plataforma de Derechos Humanos (DHESCA Brasil), Justiça Global, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Foro Salud, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y OXFAM.

 

El video de la audiencia se puede ver aquí.
El informe presentado a la CIDH con ocasión de la audiencia se puede descargar aquí y el resumen ejecutivo aquí.
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Para obtener más información, comuníquese con el Gerente de Comunicaciones de CESR, Terry Roethlein, en troethlein@cesr.org.

 

http://www.cesr.org/es/los-pa%C3%ADses-latinoamericanos-deben-reformar-sus-pol%C3%ADticas-fiscales-para-garantizar-los-derechos

Valiente solo contra las mayorías

El ministro Tuesta ha dicho que “no va a retroceder” con el gasolinazo. La aparente valentía que expresa cuando se trata de cargar impuestos a las mayorías, sin embargo, se desvanece cuando se trata de las millonarias exoneraciones a los ricos: esos 16 mil millones de soles anuales serán “dialogados con el Congreso”. Como sabemos, quien hoy maneja el Congreso a su antojo es el fujimorismo, varios de cuyos miembros tienen intereses y relaciones bastante estrechas con uno de los grupos más favorecidos por las exoneraciones tributarias, las grandes agroexportadoras. Continue reading “Valiente solo contra las mayorías”

Vizcarra debe preocuparse por las economías populares

El gobierno Vizcarra no se ha dado cuenta que uno de los asuntos más críticos en el Perú de hoy es la economía popular urbana y como ésta ha sido golpeada por la caída de los salarios, los despidos y la falta de empleo. Sólo la inconsciencia total puede explicar que a David Tuesta se le haya ocurrido, luego de decretar un paquetazo de impuestos a los combustibles, cobrarles impuesto a la renta a los trabajadores que ganan menos de 2 mil soles mensuales. Añadiendo leña al fuego, al mismo tiempo Tuesta quiere devolver más impuestos a las mineras y prorrogar por veinte años más los beneficios tributarios y laborales especiales que tienen los agroexportadores.

Hay que estar bien perdidos para no darse cuenta como ha empeorado la situación económica de la mayoría de familias en las ciudades peruanas. Para quien encerrado en el MEF no mira la calle sino solo las estadísticas, el campanazo más reciente ha sido el anuncio de que el 2017 la pobreza monetaria aumentó en 375 mil peruanos, de los cuales 200 mil viven en Lima. Una figura más completa requiere ver, como hemos insistido en estas páginas, que no paramos de perder puestos de trabajo en forma masiva: si al último trimestre del año pasado el dato del INEI era que se habían perdido 160 mil empleos, al primer trimestre de este año la cifra ha subido a la astronómica cifra de 424 mil puestos de trabajo perdidos en empresas de 11 y más trabajadores, es decir, básicamente empresas formales. Es un desastre social. En las empresas grandes de más de 50 trabajadores el INEI registra mediante su Encuesta Nacional de Hogares una caída del empleo de 9 por ciento, tan alta que no tiene antecedentes en tres décadas y es difícil de creer (la fuente de la información es el “Informe de Empleo a Nivel nacional del INEI” – cuadro 6). En cualquier otro país del mundo sería titular de primera plana.

Con estas cifras, es muy probable que la pobreza el 2018 aumente aún más que el 2017, ya que la caída del empleo es tan grande que una recuperación económica tímida como la que algunos datos muestran para estos últimos meses no la va resolver, y menos si seguimos con un modelo primario-exportador que poco aporta en este sentido.

Reiteremos también que con cientos de miles de despidos, insistir como hace “El Comercio” y sus analistas en que “el mercado de trabajo es muy rígido” porque es “imposible” despedir en el Perú es un completo absurdo. ¿Cómo podría ser difícil despedir en el Perú cuando las grandes empresas han botado a más de 360 mil personas en un año? La historia de que es “imposible despedir” es desmentida por los hechos nueve mil veces cada semana.

Es necesario traducir estas frías estadísticas en experiencias cotidianas. Pensemos en aquella familia con el padre despedido, sin trabajo, buscando vender queques en las calles para ver si así consigue para el pan (con soledad) del día. Imaginemos en el joven salido de la secundaria que se pasa mes tras mes pateando latas antes de resignarse a irse a la ceja de selva a recoger coca. Visualicemos aquella mujer en sus cincuentas que, tras ser despedida porque la empresa no tiene ventas suficientes, sabe que sus posibilidades de emplearse son muy bajas y no tiene una pensión asegurada. Recordemos a esa profesional con experiencia cesada porque el gobierno le cortó el presupuesto a su institución y que ya no encuentra empleo por más que busca, en una frustración continua que puede fácilmente convertirse en depresión. No olvidemos la situación más desesperante de quien tiene a cargo un hijo o hija que requiere cuidados especiales y para quien el despido significa además haber perdido el apoyo de la seguridad social. Vivimos en un país en el que para millones de peruanos las oportunidades económicas se han achicado dramáticamente y a quienes ahora imaginar una vida sin angustias financieras es mucho más un sueño que una posibilidad.

Regresando a los números, veamos el significado distributivo de esta situación. Si el PBI ha aumentado 3 por ciento real y al mismo tiempo los precios del cobre y demás minerales han subido como 10 por ciento en promedio, eso quiere decir que el Perú ha generado bastante más dinero. Si al mismo tiempo la pobreza aumenta porque el empleo ha caído uno o dos por ciento y los salarios otro tanto, quiere decir que la desigualdad en la distribución de los ingresos ha aumentado. Mientras unos pocos siguen acumulando riqueza muchos otros bajan en la escala económica.

Hay que anotar que el desempleo, los salarios bajos y la mala distribución de los ingresos son asuntos de preocupación en todo el mundo. Los cambios tecnológicos que se vienen en un futuro próximo traen un serio riesgo de que los trabajadores sean reemplazados por robots y máquinas, aumentando aún más la desigualdad económica y de poder entre el capital y los trabajadores, con muy potentes sistemas de información siendo aprovechados para exprimir a los consumidores en beneficio de unos pocos monopolios gigantes. No por gusto Marc Zuckerberg, el dueño de Facebook, está teniendo que responder duros cuestionarios ante el congreso estadounidense y el europeo, aunque sin soluciones a este problema a la vista.

Martín Vizcarra debiera mirar esta situación con mucho cuidado, recordando lo que pasó con PPK hace poquito. Este “presidente de lujo” fue indiferente a una situación similar; el deterioro de las economías populares se trajo su popularidad al piso y ya sabemos lo que pasó con él. No, la salida de PPK no fue solo por haber buscado arreglos con unos fujimoristas primero (Keiko) y otros después (Kenji), sino sobre todo porque nadie en la calle lo quería, y con razón: la gente lo eligió porque quería que mejoraran sus economías pero obtuvo exactamente lo contrario.

INMIGRANTES, EMPLEOS Y SALARIOS

Pensando en el trabajo y las economías populares, hay otro problema importante que considerar. Según el Ministro de Relaciones Exteriores ya hay en el Perú 300 mil venezolanos, de los cuales 45 mil tienen Permiso Temporal de Permanencia que los habilita a trabajar de manera formal. La enorme mayoría de los otros 255 mil trabajan de manera informal: según el canciller Popolizio el 70% de los venezolanos trabaja aunque menos del 20% tiene permiso de hacerlo, ilegalidad que a este ministro no le mueve un pelo.

La cantidad de venezolanos que está presionando hoy en el mercado de trabajo va en rápido aumento, ya que ingresan unos 3 mil por día, es decir 90 mil por mes. A este ritmo llegarían en este año al millón, o sea, a 7 por ciento de la fuerza laboral urbana. En un contexto de pérdida de puestos de trabajo, la presión que esta mayor oferta laboral hace sobre el empleo y los ingresos de los estratos bajos urbanos, especialmente en Lima, es muy grande. Como me contó ayer un colega profesor, hay malos empresarios que contratan dos venezolanos por el precio de un peruano pagándoles 500 soles mensuales a cada uno.

Mientras tanto los Estados Unidos cierran sus puertas y Donald Trump tiene la caradura de hablar sobre la región cuando sus políticas muestran que los latinoamericanos no le interesan un comino. Estados Unidos y Europa tienen economías mucho mayores que la peruana, por lo que si se quiere una mejor distribución de las oportunidades laborales o una ayuda urgente para los venezolanos, son ellos los que tienen mucho mejores condiciones para hacerlo, en especial en los Estados Unidos donde el desempleo está en uno de sus niveles más bajos de la historia. Es una terrible paradoja que mientras los países ricos del mundo cierran sus fronteras, sean los trabajadores y pobladores del sur donde hay altos niveles de pobreza y subempleo crónicos los que deban asumir la carga de la solidaridad humana. Porque del bolsillo de la Confiep no sale un cobre de solidaridad con los venezolanos inmigrantes, todo lo contrario, los grandes empresarios están felices de poder contratar cholos más baratos ante la presión de una oferta laboral ampliada.

Siendo hijo de inmigrantes latinoamericanos y recordando  a mi suegra que se ganó la vida varios años en Venezuela vendiendo menús, tengo una alta sensibilidad sobre el tema de los migrantes. No entra en mi piel una postura xenofóbica. Pero lo que pasa en el mundo, sobre todo en los países desarrollados, nos grita en la cara los enormes riesgos políticos que trae el ser indiferente a una situación donde se conjugan pérdida de empleos, caída de salarios e inmigración: ahí están Trump en Estados Unidos, el lío en que se han metido los ingleses con el Brexit del que no saben cómo salir, este par de grupos locos que ahora dirigen Italia, Hungría perdiendo su democracia y la lista sigue.

No creo por ello que la respuesta deba ser solamente mantener una defensa ideológica de la solidaridad con los pobres del mundo, principio que considero válido; hay que atender también el problema económico y laboral de millones de trabajadores y familias peruanas que se ha agudizado. Si no, corremos el riesgo de que cualquier día nos despertaremos con un payaso gorilón a la cabeza de un masivo movimiento reaccionario.

Si se mantiene indiferente a este problema, Vizcarra juega con un fuego que lo puede quemar seriamente en un plazo corto. Si, en un espectro más amplio, la clase política y la intelectualidad peruana comparten esa indiferencia, también pueden darse de narices con una fea sorpresa.

 

PD: Y como para darnos la razón, según encuesta GfK un 41% de los peruanos creen que el gobierno debe preocuparse de crear puestos de trabajo

 

 

Ojo con las Facultades Legislativas

Hoy viernes 18 de mayo el premier César Villanueva debe asistir a la Comisión de Constitución del Congreso a sustentar su pedido de que le otorguen facultades legislativas. El gobierno Vizcarra quiere dar leyes sin pasar por el Congreso y el voto de confianza que le dio la mayoría fujimorista lo ha animado a hacer un pedido muy amplio en ese sentido. Las facultades delegadas que están pidiendo en este proyecto de ley 2791 cubren realmente gran cantidad de políticas. En este artículo comentaremos lo referente a materias económicas, donde hay bastante tema por discutir y varios pedidos muy criticables, no alcanzando el espacio para tratar otros temas muy relevantes como los referidos a corrupción, violencia y modernización del estado. Continue reading “Ojo con las Facultades Legislativas”

Constructoras corruptas contentas – reglamento de la ley 30737

Un par de meses atrás, una alianza PPK – Keiko aprobó en el Congreso la Ley 30737 para salvarle el cuello a Odebrecht, Graña y Montero y socias, reemplazando al DU 003 que normaba las relaciones del estado con estas empresas. El nuevo gobierno acaba de aprobar el reglamento de esta ley 30737, reglamento que mantiene y profundiza los  aspectos negativos de la misma.

Hace 4 días la Cámara Peruana de la Construcción – donde son mayoría las empresas del llamado “club de la construcción” que se repartía obras con coimas – exigía la pronta salida de este reglamento. Para el presidente Vizcarra esta norma se justifica pues “es necesario dar continuidad a los proyectos de infraestructura” y porque  “el sector (de la construcción) no puede permanecer paralizado”, como si no hubiera empresas honestas en nuestro país. El ministro Tuesta y los medios y secciones especializados en economía empresarial insisten en que este reglamento es bueno para la economía, como si las ganancias de estas empresas corruptas fuesen lo mismo que la economía nacional.

De la lucha contra la corrupción, ni CAPECO, ni Tuesta, ni los medios económicos ni Vizcarra han dicho una palabra. Es explicable: si algo No hace la ley 30737 ni su reglamento es ayudar a la lucha contra la corrupción y más bien facilita que las empresas  corruptas sigan ganando dinero del estado y con ello comprar influencias en los distintos poderes. Gracias a PPK, Keiko y este nuevo gobierno, Usted y yo seguiremos pagándole a Odebrecht en nuestros recibos de luz y en los peajes, puntualmente de acuerdo a los montos establecidos en contratos coimeados. Continue reading “Constructoras corruptas contentas – reglamento de la ley 30737”

Inequidades fiscales y sus efectos en el derecho a la salud en el caso del cáncer y la calidad de la educación indígena

ESTA FUE MI INTERVENCIÓN ANTE LA 168 SESIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN UNA AUDIENCIA TEMÁTICA SOBRE POLÍTICA FISCAL Y DERECHOS SOCIALES, JUNTO A COMPAÑEROS DE BRASIL, ARGENTINA,. COLOMBIA, OXFAM Y EL CESR Continue reading “Inequidades fiscales y sus efectos en el derecho a la salud en el caso del cáncer y la calidad de la educación indígena”

Impuestos: el MEF va tras los chicharrones …pero regala otros

El gobierno ha subido una serie de tasas de impuestos con el objetivo de recaudar 1,700 millones de soles, pero el MEF dice que todo lo hace en aras de la salud y el ambiente. Mejor déjense de hipocresías: la verdadera razón es que necesitan elevar la recaudación y no piensan enfrentar en serio y con firmeza las exoneraciones a casinos, bancos, mineras y agroexportadoras.

Empecemos por reconocer lo bueno: que se pongan más impuestos a las bebidas azucaradas, como las gaseosas, cuando la obesidad está subiendo a toda velocidad y más de la mitad de los adultos tienen sobrepeso, está bien. Pero no nos engañen; este aumento de impuestos es totalmente insuficiente para enfrentar la epidemia de la obesidad, que viene impulsada no solo por el consumo de gaseosas sino de un conjunto de alimentos industrializados de alto contenido de azúcar, grasas y sodio que podemos llamar “comida chatarra”. Estos alimentos debieran tener, en primer lugar, unas advertencias adecuadas que nos permita a los consumidores saber las consecuencias que trae su consumo, lo que hoy es prácticamente imposible, comenzando por la pequeñísima y escondida letra donde detallan lo que contienen y en segundo lugar por la dificultad de interpretar las cifras ahí puestas. Son ya cinco años que se aprobó la ley de alimentación saludable y por la presión de la gran industria, con la complicidad de congresistas fujimoristas y de PPK como Salvador Heresi y Pedro Olaechea, no se aplican. Mientras no se haga eso, que no nos vengan con el pretexto de la obesidad cuando el MEF quiere sacar más dinero del bolsillo de los consumidores. Tampoco nos digan que ese dinero recaudado va a ir para la salud. En primer lugar, porque si así fuera ¿porqué no lo asignan a un fondo especial con esa orientación?

Algo parecido sucede con el alza del impuesto a los cigarrillos, otra cosa buena. Pero también insuficiente: el Perú no cumplir con el Convenio mundial antitabaquista y sigue permitiendo un montón de publicidad con mucho menos advertencias que otros países, y los cigarrillos siguen vendiéndose en lugares particularmente destacados en las tiendas de supermercados. El consumo de cigarrillos causa diversos tipos de cáncer y muchísimas enfermedades, recargando nuestro debilísimo sistema de salud. Hay que ponerles freno.

Sobre estos impuestos, las grandes empresas industriales y comerciales han salido a decir sandeces, tonterías completas, tales como que la recaudación no va aumentar porque el consumo a caer muchísimo, algo que es totalmente falso. Peor todavía, en tono de amenaza que casi parece un llamado a la delincuencia, dicen que lo que va a aumentar es el contrabando y la informalidad, algo sobre lo que tienen tremendo rabo de paja ya que un juicio internacional en Europa encontró que unas de las grandes empresas tabacaleras mundiales, Philip Morris, era la que promovía el contrabando y les obligó a pagar una compensación millonaria.

Resumiendo: bien que suban los impuestos a las gaseosas y el cigarrillo, no hay que hacer caso a las trasnacionales de la industria que dicen tonterías y lanzan amenazas, pero sabemos que lamentablemente de parte del MEF no es amor al chancho sino a los chicharrones. Falta mucho por hacer para defender en serio la salud pública en estos casos.

IMPUESTOS, AMBIENTE Y JUSTICIA SOCIAL

Nuevamente, es cierto que hay un serio problema de contaminación del aire en Lima y otras ciudades cuya principal causa es la quema de combustibles en el transporte. Es cierto también que se estima que esa contaminación causa varios miles de muertes y varios cientos de millones de dólares de costos. Establecer un nivel de impuestos que recargue más a los que contaminan en mayor proporción está bien.

Pero bajo esta lógica, no se justifica que – como ha dispuesto el MEF – las camionetas 4×4 estén exoneradas de estos impuestos bajo el pretexto de que son un “bien de capital”, ya que muchas de ellas se usan como vehículos personales. Tampoco es lógico que, si el objetivo es ambiental, no se establezca igualmente impuestos que funcionen como incentivos al transporte de carga para que usen combustible menos contaminante, siendo de ahí que viene buena parte del consumo de diesel. Y por cierto, ¿los que poseen yates tienen corona que no pagan impuestos?

Al respecto: ¿No debiera acaso cobrarse más a los vehículos de lujo, en especial los que son totalmente suntuarios? ¿Quién puede comprarse un Porsche de cien mil dólares o un yate de lujo, no debiera pagar más? Junto a la lógica ambiental debiera aplicarse también la social.

Este es un tema clave, puesto que, aunque tienen una lógica ambiental, también es cierto que impuestos como el que se recarga a los combustibles los terminamos pagando todos. El Perú está muy atrás, según los reportes de la OCDE, en tener una carga tributaria mejor distribuida y que recaiga sobre quienes concentran la riqueza. Para cambiar esta situación, tienen que ponerse la prioridad en los impuestos directos, a la riqueza, las herencias y las ganancias, áreas en las cuales la recaudación en el Perú es muy baja, hay una enorme evasión y hay algunos privilegiados que tienen exoneraciones. Es el caso, por ejemplo, de los dueños de las universidades-negocio y de los propietarios de las grandes empresas agroexportadoras, como el señor José Chlimper a quienes lamentablemente este gobierno quiere prolongar estos privilegios de los que ya van gozando por más de 15 años. Esa propuesta está en el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso pidiendo facultades legislativas, y que de ser aprobado como está por la mayoría fujimorista, sería un clarísimo ejemplo de cómo dan leyes en su propio beneficio en pacto con Vizcarra.

Estas nuevas reglas impositivas tratan sobre chicharrones y ya sabemos quienes se los quieren seguir llevando.

(publicado en Diario Uno el 13 de mayo de 2018)

¿Cómo luchar contra la anemia?

Luego de que se mostraran estadísticas indicando que la anemia sigue afectando a 44 por ciento de los niños menores de 3 años y no ha disminuido ni un milímetro en toda la gestión PPK, nuevamente el presidente Vizcarra ha puesto la lucha contra este mal como prioridad. Hace bien, puesto que está científicamente demostrado que los niños con anemia tienen mayores dificultades de aprendizaje y se enferman más. Pero, como dicen, de buenas intenciones está empedrado el infierno. Continue reading “¿Cómo luchar contra la anemia?”

El Aumento de la Pobreza y Cómo Revertirlo

El aumento de la pobreza monetaria durante el 2017 en un punto a 21,7 por ciento ha generado titulares y discusiones, resaltándose el aumento de la pobreza en Lima de 11,0 a 13,3. Pero la sierra y selva rurales también han visto aumentar su pobreza; en la sierra rural esta golpea a casi la mitad de la población (48,7 por ciento), casi cuatro veces más que en Lima. Mientras tanto el grupo en mejor situación, de la clase media-alta para arriba (estadísticamente perteneciente al llamado “quintil 5”), siguió aumentando su consumo. Como para no perder de vista que la pobreza es producto de la desigualdad y no porque nuestra economía nacional sea insuficiente; en efecto, un indicador calculado por el INEI, la llamada “brecha de pobreza”, señala que bastaría poco más del 3% del PBI para acabar con ella. Continue reading “El Aumento de la Pobreza y Cómo Revertirlo”

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