La «política
nacional de competitividad» y la política económica
Pedro
Francke B.
La Política Nacional de Competitividad y Productividad
ha sido rechazada por los trabajadores porque plantea una reducción de derechos
laborales como pedía la Confiep. Es verdad que hay un problema con la economía, ya que las empresas no
crean empleos. Como consecuencia del retroceso de la
producción industrial, en el primer trimestre 2019 en Lima el empleo ha vuelto
a caer en 19 mil puestos de trabajo, que se suman a los 69 mil puestos perdidos
el año pasado y los 18 mil del anterior. La razón de esa pérdida de empleos es que este
año la manufactura nuevamente ha retrocedido en cuanto a producción, estando
ahora casi 10 puntos por debajo del 2012, y que la construcción también está
estancada. ¿Por qué? Por una errada política económica que ha reducido la
inversión pública del 5.5 por ciento del PBI en 2012-2014 a apenas 4.3 por
ciento proyectada para este año: en vez del impulso fiscal que necesitamos, hay
ajuste. Para mejorar la situación económica de las familias peruanas, es
urgente una promoción de la agricultura, industria, turismo y economías
regionales diversificadas, inversión pública, facilidades crediticias a las pymes
y agro, innovación tecnológica y presupuesto para educación y salud pública.
Hacia fines del año
pasado hubo un importante debate económico y político en relación a la Política
Nacional de Competitividad y Productividad. Esta fue anunciada, primero, en la Conferencia
Anual de Ejecutivos (CADE) por el presidente de la República, Martín Vizcarra,
y luego promulgada mediante el Decreto Supremo n° 345-EF el 31 de diciembre, [LP1] mismo día en que la ciudadanía protestaba contra la disposición del
entonces fiscal de la nación Pedro Chávarry de remover a los fiscales Rafael
Vela y José Domingo Pérez del caso Lava Jato.
Si uno revisa el Decreto Supremo
n° 345-EF encuentra un largo documento con nueve puntos, varios de los cuales tienen
diagnósticos interesantes, pero con muy pocas medidas concretas, de tal manera
que la relevancia de muchas de las declaraciones ahí incluidas es poca. [LP2] Este documento ocasionó un gran rechazo entre los trabajadores porque
incluyó una propuesta de política en la que desde hace varios meses vienen
insistiendo la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep)
y los economistas neoliberales desde las páginas del diario El Comercio: reducir derechos laborales.
En efecto, desde la derecha empresarial se viene
presionando desde hace un buen tiempo por una política de «cholo más barato»,
expresándose esta en la «política de competitividad» que el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) logró que Vizcarra presentara en el CADE, provocando
la renuncia del entonces ministro de Trabajo, Cristian Sánchez. [LP3] Alentado por este
respaldo, luego del mensaje de Vizcarra en el CADE, el ministro de Economía y Finanzas,
Carlos Oliva, insistió en plantear ajustes a las vacaciones a pesar de que el presidente
había dicho que:
Este gobierno no pretende realizar una reforma
laboral que recorte los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de quienes
se incorporen al mercado laboral. El Consejo Nacional del Trabajo es un espacio
clave de diálogo entre empresarios y trabajadores y el Estado, para que puedan
consensuar y sugerir políticas de empleo. Porque el crecimiento debe ser en
beneficio de todos, y no de unos pocos[1].
Como sabemos, estos llamados a espacios de diálogo
no se respetaron, aprobándose la política de competitividad sin pasar por
ellos, revelando la fuerza de la presión de la Confiep y el MEF[LP4] . La respuesta
popular no se hizo esperar y el 15 de enero las calles de Lima fueron testigos
de la marcha sindical más grande en muchos años, lo que fue acompañado por
protestas similares en más de una docena de ciudades del interior del país.
Lo que propuso
el ministro Oliva como su fórmula más concreta dentro del plan de competitividad
es que las vacaciones ya no sean de 30 días sino de 22 días calendario. Esta
propuesta es un corte sustancial del derecho a las vacaciones, aunque uno
podría pensar que en un mes de vacaciones hay necesariamente ocho días no
laborables (sábados y domingos), por lo que en la práctica un mes equivaldría a
tomar 22 días laborales de descanso vacacional. Pensar así es un error. Un mes
de vacaciones no es igual a 22 días laborales de vacaciones por dos razones
simples. La primera es que en el Perú la jornada legal de trabajo va hasta 48
horas y 6 días a la semana, régimen laboral aplicado sobre todo a obreros no
calificados y que se observa en los obreros de construcción trabajando los
sábados por la mañana en miles de obras por toda la ciudad. Así pues, para los
obreros que están bajo ese régimen, cuando toman un mes de vacaciones en
realidad están descansando 26 días laborales (se cuentan los sábados) y no solo
22[LP5] . La segunda razón es que la enorme mayoría de trabajadores formales
no toma un mes de vacaciones; quienes tienen un contrato a plazo fijo (que es
la mayoría), terminado el contrato les pagan la proporción de vacaciones que
acumularon como parte de su liquidación. Es decir, antes que tener días de
descanso vacacional, reciben una suma de dinero a cambio. Por su parte, quienes
trabajan con un contrato a plazo indeterminado, en su mayoría «venden» la mitad
de sus vacaciones, porque dados sus bajos salarios prefieren el dinero al
descanso (y solo se puede legalmente «vender» hasta la mitad de las vacaciones),
de tal manera que por dos años de trabajo pueden vender un mes de vacaciones. Como hoy las
vacaciones son de 30 días, se paga un sueldo mensual completo por ellas, pero
si las vacaciones fueran de 22 días laborales por año, solo se pagaría ese
número de días, quitándole a los trabajadores el pago de ocho días de trabajo.[LP6] La idea que Oliva trataba de pasar era, claramente, reducir el pago
vacacional y con eso disminuir los costos laborales.
Desde
esta derecha antilaboral que domina el MEF, el pretexto para promover el
recorte de derechos laborales es pretender que si se reducen los costos
laborales se reduce la informalidad. Pero un trabajador
peruano no cuesta ni siete mil dólares por año (equivalente a 1800 soles
mensuales), mientras que un trabajador argentino cuesta 27 mil dólares al año,
un chileno 15 mil y un colombiano nueve mil. En toda Latinoamérica el promedio
del costo laboral total es de 9800 dólares, casi 50% más que en Perú, mientras
que en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
supera los 50 mil dólares al año[2].
El verdadero problema de la informalidad y el empleo
El
verdadero problema de la informalidad es que, con un bajo crecimiento y un
estancamiento de sectores como la industria y la construcción, las empresas no
crean empleos. Los resultados al primer trimestre
indican que, aunque el MEF promete un crecimiento del 4.2 por ciento para el
año, el primer trimestre el crecimiento apenas alcanzó el 2 por ciento. Este
año la manufactura nuevamente ha retrocedido en cuanto a producción, estando
ahora casi 10 puntos por debajo del 2012. También la construcción está
estancada. Como
consecuencia del retroceso de la producción industrial, en Lima el empleo
también ha vuelto a caer en 19 mil puestos de trabajo, según el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), sumándose a los 69 mil puestos perdidos
el año pasado y a 18 mil el anterior. El problema es grave pues si a estas cifras sumamos los
jóvenes que entran al mercado laboral peruano cada año con la inmigración
venezolana, hay un millón más de personas buscando trabajo. [LP7] Es obvio que si hay menos puestos de trabajo y hay muchos más jóvenes
necesitando sustento, la resultante es que hay más gente buscando como
sobrevivir en las calles.
En cuanto al
argumento de que esta reducción de derechos laborales es para que se formalicen
las pequeñas empresas, no es cierto ya que actualmente en ellas los
trabajadores solo tienen derecho a 15
días de vacaciones e igualmente pagos recortados de gratificaciones, Compensación
de Tiempo de Servicio (CTS), seguro y otros beneficios, sin que eso haya tenido
impacto sobre su formalización como se había dicho.
Es una mala
política económica la que ha hecho que el crecimiento en sectores fundamentales
en generar empleo esté completamente detenido. Una razón central para ello es
que la inversión pública se ha reducido del 5.5 por ciento del Producto Bruto
Interno (PBI) en 2012-2014 a apenas 4.3 por ciento proyectada para este año, lo
que significa más de siete mil millones de soles de recorte presupuestal. En
otras palabras, en vez de haber un impulso fiscal, hay un ajuste que afecta la
demanda. Así
pues, el MEF mantiene atracada la inversión pública porque prefiere regalar el
dinero a grandes empresarios mediante exoneraciones tributarias, y luego insistir
en la privatización vía Asociaciones Público Privadas (APP), a pesar del alto
grado de corrupción en ellas. [LP8] Por su parte, el Banco Central de Reserva (BCR) mantiene el crédito
caro y difícil, frenando más la inversión privada, que en este primer trimestre
del 2019 ha disminuido, con excepción del sector minero.
La
competitividad olvidada de las provincias
Por otro lado, para
generar empleos y mejorar la situación económica de las familias peruanas, es
urgente una política de promoción de la agricultura, la industria, el turismo y
las economías regionales diversificadas. Allí es donde pueden crearse cientos
de miles de empleos. Hay que acelerar en serio la inversión pública en
infraestructura, dar facilidades crediticias a las pequeñas y medianas empresas
y al agro, apoyar la innovación tecnológica y mejorar en serio la educación y
la salud pública con más presupuesto. El reducido énfasis que estos sectores y
políticas tienen en el plan de competitividad del MEF es penoso.
El sector
productivo en el que más gente trabaja en el Perú es, de lejos, el de los
micro, pequeños y medianos empresarios. En provincias, los productores han
logrado, aunque muchos no lo crean, ir aumentando su productividad; se han ido
multiplicando los que sacan un producto orgánico logrando mejorar su precio con
la calidad. Son todavía la minoría, pero ahí están, avanzando y luchando por
seguir progresando, como los cafetaleros organizados en cooperativas y los
productores de cacao que se articulan con pequeñas empresas chocolateras, dos
productos en los que por gusto personal ando siempre buscando y encontrando mejores
opciones nacionales. Podemos por eso decir que hoy el Perú tiene muy buen café
y muy buenos chocolates, pero estas mejoras todavía no alcanzan a la mayoría de
productores. Esos son solo dos ejemplos, pero las oportunidades que nos da
nuestra biodiversidad y nuestra variedad ecológica son enormes, incluyendo
nuevas frutas, plantas medicinales, hojas que sirven para infusiones, flores
que se convierten en perfumes, jabones y otros productos de cuidado personal, y
muchos más. Para ello se necesita de buen Internet para aprender de otras
experiencias y conectarse a mercados amplios.
El turismo es
otra enorme potencialidad que tenemos, en base a maravillas naturales de gran
belleza escénica, patrimonio arqueológico y diversidad cultural y biológica. Y si bien vamos
avanzando en esto, aún existe una enorme concentración de visitantes en Machu
Picchu, algo entendible pero que tiene límites evidentes, tanto por la
congestión, que ya se nota, como por la amenaza a la sostenibilidad de dicho
patrimonio arqueológico. Así pues, es indispensable abrir muchos más lugares
atractivos a los turistas internacionales. Sin embargo, sin una buena y amplia
red de conexión a Internet es muy difícil avanzar. [LP9] Podríamos, por ejemplo, promover lugares de alojamiento con vista a
las cataratas de Gocta, maravillosas y en una localidad accesible, pero si los
turistas internacionales no pueden reservar una habitación desde sus propios
países, el mercado se achica enormemente. En todo el mundo la conexión directa
entre el turista y el alojamiento es fundamental: la gente quiere saber de
primera mano cómo son los cuartos, qué tan difíciles son las caminatas,
asegurar una comida vegana o la atención a alguna discapacidad.
Una conexión a Internet
de alta velocidad y a precio accesible resulta hoy en día tan fundamental para
la competitividad en provincias y pueblos como antes era tener un camino que lo
conectara. Pero en nuestro país se desperdicia la Red Dorsal de Banda Ancha que
nos costó 320 millones de dólares, la que favorecería que centenas de miles de
pequeños y medianos empresarios de provincias puedan dar un salto en su
competitividad. La Red Dorsal de Banda Ancha es como una carretera de la
información moderna, de alta velocidad y gran capacidad, que conecta las
distintas regiones del Perú, cuya inversión la pagó el Estado peruano, es decir,
todos nosotros como contribuyentes. El gran problema es que dicha red se queda
en las capitales departamentales, faltando la conexión a las provincias y
distritos, con el agravante que ni siquiera se usa mucho en las capitales
porque en ellas ya hay otras empresas privadas proveyendo el servicio. Esas
mismas empresas privadas no quieren ir a las provincias y distritos porque
dicen que ahí el mercado es muy pequeño, por lo que no les resulta rentable.
Esa debiera ser responsabilidad del Estado, tal como lo es el mantener las
carreteras y caminos regionales y provinciales, aunque el tráfico en ellas no
alcance a autosostener su mantenimiento con un peaje.
El
agro reclama con justicia
Otro notorio olvido de
la Política Nacional de Competitividad y Productividad del MEF es el sector
agropecuario[LP10] . El lunes 13 de mayo de
este año, una amplia coalición de organizaciones de productores agropecuarios y
campesinos protestó con un paro nacional agrario. Los agricultores tienen razón
en protestar: no tienen ningún apoyo del Estado, mientras mediante exoneraciones tributarias se dilapidan 16 mil
millones de soles anuales y la evasión y elusión de las grandes empresas es
enorme; se favorecen importaciones de alimentos por más de 2500 millones de
dólares anuales de productos subsidiados, condenando así a los productores a recibir
precios bajísimos; no hay crédito al agro mientras los bancos logran ganancias
extraordinarias y se aprovechan de fondos públicos; entre otras disparidades. [LP11]
Recordemos que cerca
de un millón de familias peruanas vive de la agricultura familiar y que la población rural
sufre una tasa de pobreza que sigue siendo el triple que la urbana[LP12] , mientras tienen educación y salud de mala calidad, pésimos caminos y
una nula o deficiente conexión de celulares e Internet. Es por ello un sector
en el que es fundamental actuar para mejorar su competitividad. A pesar de eso,
apenas el tres por ciento del presupuesto nacional se dedica al sector, lo que
impide que se invierta en investigación e innovación agropecuaria, se promuevan
nuevas tecnologías, haya un programa masivo de pequeñas irrigaciones y riego
tecnificado en las laderas de los andes, se facilite la asociación de los
pequeños productores en torno a productos orgánicos que pueden venderse a mayor
precio, se mejore genéticamente al ganado (en especial llamas y alpacas), etc. Así
pues, aunque han pasado ya cuatro años desde que se aprobó la ley n° 30355, de
promoción y desarrollo de la agricultura familiar, no hay avances al respecto.
Cabe recalcar, además, que mientras la pequeña agricultura debe
transportar sus productos por pésimas trochas con mucho riesgo y altos costos[LP13] , con la política económica del MEF se facilita la importación de trigo,
leche y arroz, lo que les quita mercado a los productores nacionales y deprime
sus precios. Muchas de estas importaciones vienen subsidiadas por países
desarrollados que destinan enormes sumas a ese fin. Por ejemplo, [LP14] Estados Unidos aprobó a finales del 2017 una ley para apoyar a sus
agricultores con 867 mil millones de dólares la próxima década, de tal manera
que los agricultores peruanos enfrentan una competencia desleal. En los últimos 12 meses el Perú ha importado
149 millones de dólares de arroz; en contraste, Japón, un país de altísimos
ingresos donde no le falta empleo a nadie, promueve su producción agrícola
nacional estableciendo altas barreras a la importación de dicho cereal. Nuestro
país también importa 181 millones de dólares de leche en polvo desgrasada que
luego es recombinada en el Perú y vendida como leche, incluso Gloria S.A. hace
un par de años la mezclaba con grasa vegetal e igual la vendía tramposamente
como si fuera leche «Pura Vida». Esto, junto a la importación de 76 millones en
carnes, arruina a los ganaderos nacionales. Otras importaciones luego se
transforman en productos industrializados altos en carbohidratos y grasas trans
«malas» que promueven la obesidad. Es el caso de los 486 millones anuales de
importaciones de trigo y los 958 millones de soya destinada a aceite. El gran
beneficiario de esas importaciones es Alicorp S.A., empresa del Grupo Romero
que tiene un amplio dominio sobre este mercado controlando más del 80% en
rubros como harina, aceite y galletas (algo que la «ley de control de fusiones»
no afrontará). El problema de esta política para los agricultores es que
ingresan millones de toneladas de trigo a precio subsidiado, que se hacen pan y
fideos, quitándole mercado y deprimiendo los precios de la papa, los tubérculos, granos andinos
y los productos nacionales que sostienen a miles de familias campesinas, siendo
además estos últimos más nutritivos y mejores para la salud.[LP15]
Otra política negada por el MEF, a pesar de sus
grandes efectos sobre la competitividad y productividad, es el crédito agrario. Un sistema de crédito permite que el productor y microempresario
invierta teniendo incentivos a producir más y mejor: quien trabaje duro y sea
eficiente ganará más. El crédito es esencial para que los agricultores compren
nuevos equipos, tecnifiquen el riesgo de sus parcelas, mejoren su ganado y
apliquen nuevas tecnologías, pero la banca privada considera que prestarle al
agro es muy caro y riesgoso, desconfiando de los agricultores. Por eso muchos
países tienen enormes esquemas de crédito agrario: el banco agropecuario de
China es el octavo banco más grande del mundo con 13 trillones de yuanes en
activos y más de 300 millones de clientes, mientras el banco agrario de
Alemania Rentenbank tiene 90 billones de euros entre préstamos e inversiones. Lamentablemente
en el Perú el Banco Agropecuario (Agrobanco) se mantiene en crisis y el MEF no
quiere dotarlo de fondos, a pesar de que un ejemplo de empresas públicas
exitosas del Perú son las Cajas Municipales, lo que demuestra que el Estado peruano,
con todas sus deficiencias, es capaz de manejar bien un sistema de crédito a
las Pequeña y Mediana Empresas (Pymes). [LP16]
Los agricultores
en su plataforma del paro nacional agrario reclaman que el MEF ponga 1500
millones de soles de capital para el Agrobanco, aunque quizás sea una mejor
fórmula tener un solo gran banco de fomento a cuyo interior el agro tenga un
fondo separado. Esos 1500 millones pedidos pueden compararse con las ganancias
de los bancos privados el año pasado, que fueron de 8219 millones de soles
gracias a que tienen una muy alta rentabilidad (18.4 por ciento anual), gozando
de exoneraciones tributarias de 1700 millones de soles anuales. Por otro lado,
el Estado peruano tiene 100 mil millones de soles depositados en bancos u otros
instrumentos financieros, de los cuales bien podría reorientar una parte a préstamos
agrarios: apenas el 1.5 por ciento de esos fondos alcanzaría para cubrir lo
pedido por los gremios agropecuarios y campesinos.
2019:
política económica, resultados y sus efectos políticos
Más que hacia
una agresiva profundización neoliberal, como podía pensarse que anunciaba la «política
nacional de competitividad», la protesta popular ha frenado esos ímpetus y la
política económica se viene inclinando por un continuismo zonzo. La creciente
falta de empleo debiera llevar a que se aplique una fuerte política de impulso
al crecimiento de la industria y la economía interna; y en vez de eso, se
mantienen altas las tasas de interés, se da poco crédito al agro y las Pymes,
la inversión pública sigue[LP17] aguantada, la industria
continúa sin apoyo y sometida a competencia desleal, y la innovación
tecnológica sigue ninguneada. La falta de presupuesto para la educación, la salud
pública y la infraestructura debiera ser enfrentada recortando exoneraciones y
demás privilegios en impuestos que tienen las grandes riquezas, pero se
mantienen estas condiciones que hacen que el Estado peruano tenga una de las
recaudaciones tributarias más bajas de Latinoamérica, y lejísimos de los
estándares de la OCDE. El gobierno sigue con la política económica de la
Confiep, el mismo exclusivo club lobista de grandes empresarios que juntó dos
millones de dólares para apoyar a Keiko Fujimori el 2011, con aporte de
Odebrecht incluido. Es la política de los monopolios y grandes conglomerados
que explotan nuestros recursos naturales y a nosotros como consumidores sin
ninguna mirada social, ambiental o de nación.
Esta política se
mantiene a pesar de que, como hemos indicado, el primer trimestre del 2019
muestra malos resultados en términos de crecimiento y empleo. El problema es
mayor puesto que estos malos resultados se han dado al mismo tiempo que, a
nivel internacional, los principales indicadores evolucionaban favorablemente. Todas
las bolsas de valores se recuperaron fuertemente en este primer trimestre. El
crecimiento de Estados Unidos se mantuvo robusto y China, que parecía en algún
momento iba a ralentizar su crecimiento por los conflictos comerciales,
recuperó rápidamente el ritmo. A la base del resultado en las bolsas y en Estados Unidos ha
estado el cambio en la política del banco central norteamericano, el Federal
Reserve Board (FED), que retrocedió completamente en sus anuncios de alzas en
las tasas de interés este año. [LP18] Para nuestro país, esto
significó que hubiera buenas condiciones de financiamiento con capitales
entrando a tasas menores y que los precios de materias primas mantuvieran un
nivel recuperado (por ejemplo, el cobre estuvo cotizándose en los primeros
meses del año muy cerca de los tres dólares la libra, siendo ese un buen precio).
La coyuntura
internacional, sin embargo, cambió rápidamente: la guerra comercial y
tecnológica de Estados Unidos contra China, en vez de detenerse, se agrava. Las
negociaciones programadas se convirtieron en choque y Estados Unidos ha subido
sus aranceles, es decir, los impuestos a la importación de productos chinos, de
10 por ciento a 25 por ciento, afectando 200 mil millones anuales de ventas
chinas. La bolsa de Nueva York cayó cinco por ciento en dos días. El precio del
cobre cayó de 2.95 a 2.78 dólares la libra. Si la apuesta era a que las buenas
condiciones internacionales provocaran una fuerte inversión minera, parece por
el contrario que la economía internacional seguirá volátil los próximos años:
el conflicto entre Estados Unidos y China no es coyuntural ni solamente
comercial o económico, es más profundo.
Resumiendo, para
el 2019 podemos esperar un contexto económico internacional poco favorable,
presupuesto e inversión pública ajustados por el MEF y tasas de interés del BCR
elevadas. En estas condiciones, lo más probable es que en cuanto a resultados
sea un año con cifras de crecimiento del
PBI bajas y empleo formal reducido, lo que sumado a una masiva inmigración,
indica que los bolsillos populares seguirán misios.
La gran
incógnita es cuáles serán los efectos políticos de esa situación. Durante el
2018, el enfrentamiento a la corrupción que ha venido encabezando el presidente
Vizcarra, con todas sus vacilaciones y debilidades, le ha permitido ganar un
alto nivel de popularidad. Los problemas de empleo e ingresos, así como el
continuo déficit en salud, educación e infraestructura pública, han permanecido
como factores de descontento, pero que han estado cubiertos por esa gran
esperanza de librarnos de una buena vez de toda esa lacra de corruptos que
sigue resistiéndose a la justicia. ¿Seguirá siendo así? ¿Veremos el 2019 una interrelación más dinámica
entre la lucha contra la corrupción, los problemas y políticas económicas y
sociales, el posicionamiento y popularidad del gobierno, y los distintos
actores políticos? [LP19] Esa es, a mi juicio, la gran
interrogante que definirá cómo llegamos al bicentenario el 2021.
Una
agenda mínima: empleos, justicia fiscal y mercado limpio
Para no quedarnos en el diagnóstico y
la futurología, aprovecho para presentar algunas propuestas. En el contexto
actual, tanto para generar empleo y bienestar como para sostener políticamente
la lucha anticorrupción, es necesario girar la política económica. Propongo tres
ejes de cambio: reactivación para la creación de empleos; justicia fiscal para
tener educación y salud pública de calidad; y acabar con los lobbies para asegurar un mercado limpio
de corrupción.
1. Dar prioridad a la creación de empleos dignos
Hay igual número de empleos que hace
tres años mientras hay un millón más de personas buscando trabajos, entre
peruanos y venezolanos. Recortar vacaciones o facilitar despidos como quiere la
Confiep solo reduciría el consumo cuando por el contrario se necesita reactivar
el mercado interno.
Para ello debe aumentarse la
inversión pública en 10 mil millones de soles anuales y reducirse la tasa de
interés (responsabilidad del BCR) para incentivar la inversión privada. Hay que
apoyar el agro con crédito, generar oportunidades descentralizadas con Internet
para todos los pueblos poniendo en operación la Red Dorsal de Fibra óptica[LP20] , poner
en marcha el gasoducto del Sur, defender el mercado interno de importaciones
subvaluadas y facilitar financiamiento a innovaciones productivas.
2. Justicia fiscal para tener educación y salud
públicas de calidad
La salud pública y la educación
siguen sumamente débiles, dejando a muchísima gente sin servicios o con unos de
bajísima calidad. Problema
clave es que se tiene un bajísimo presupuesto mientras el Estado exonera de
impuestos por 16 mil millones anuales a instituciones en estos rubros.[LP21]
Es demasiada injusticia. Hay que
enfrentar con firmeza la elusión y eliminar los privilegios que tienen las
grandes empresas, los casinos y los más ricos en materia tributaria, para
con esos recursos aumentar sustantivamente el presupuesto para educación,
salud, niñez y lucha contra la violencia hacia la mujer.
3. Acabar con los lobbies
y la corrupción de malos empresarios
Si bien hemos visto avances en la lucha contra la
corrupción, no debemos olvidar quiénes pagaban las coimas: los socios peruanos de
Odebrecht y el «club de la construcción», las petroleras contaminadoras (que
gracias a lobbies han logrado ver sus
multas reducidas), las agroindustriales mafiosas (como el caso de Edwin Oviedo
en Tumán y Pomalca), etcétera, dejando todas estas de pagar cientos de millones
a la seguridad social, las cuales deben ser enfrentadas con firmeza. De igual
modo, también debe revisarse el mecanismo de APP, el cual ha sido una puerta a
abierta a la corrupción, como se vio en el caso de Chinchero.[LP22]
Este «capitalismo de amigotes corruptos» no puede
seguir[LP23] . Se
necesita acabar con los lobbies,
controlar los monopolios de manera efectiva y enfrentar a las mafias desde el
Poder Judicial y la Fiscalía. Debemos eliminar los privilegios de las APP,
poniendo por delante un plan nacional de infraestructura y fortaleciendo los
controles contra la corrupción.
[1] Mensaje a la nación del
presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Lima: Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM), 2018. Ver en: tiny.cc/s4ko7y
[2] Benítez, Juan Carlos et al.
Impuestos sobre los salarios en América
Latina y el Caribe (resumen). Centro de Política y Administración
Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) –
Centro de Desarrollo de la OCDE – Banco Interamericano de Desarrollo (BID) –
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), 2016. Ver en: bit.ly/2KUetuw
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[LP12]Darle visto bueno. MODIFICADO
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[LP14]Darle visto bueno. Ok
[LP15]Darle visto bueno. MODIFICADO
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[LP17]Darle visto bueno. Ok
[LP18]Darle visto bueno. Ok
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[LP20]En el texto se habla de la Red Dorsal de Banda Ancha, ¿esta es otra?
LO CORRECTO ES DE FIBRA OPTICA
[LP21]Darle visto bueno.
[LP22]Darle visto bueno. Ok
[LP23]Darle visto bueno.ok
