“Mi gobierno ha dispuesto el acceso universal de salud para todos los peruanos y peruanas. Para ello el Seguro Integral de Salud (SIS) afiliará independientemente de la condición socio económica a toda persona que no cuenta con seguro de salud con la finalidad de garantizar el derecho humano a la salud”, dijo el presidente Vizcarra el pasado 28 de julio. Muy bonitas palabras pero hay un problema: una cosa es tener una “afiliación al SIS” y otra muy distinta tener derecho a la salud. En el medio están el mal funcionamiento del sistema de salud y los recursos presupuestales disponibles. Del dicho al hecho hay mucho trecho.

Entre 2009 y 2018, la afiliación al SIS aumentó de27 por ciento a 45 por ciento (datos de la ENDES para mujeres de 15 a 48 años). Pero mientras tanto, entre quienes tienen un problema de salud crónico, la asistencia a servicios de salud bajó de 54 por ciento el 2013 a 37 este año. Mientras el 2004 los centros de salud y hospitales públicos (MINSA + EsSalud) atendían el 26 por ciento de toda la demanda, a inicios de este año habían disminuido a 19.  Más gente puede estar afiliada al SIS pero menos se atienden porque las colas han aumentado, las medicinas faltan, los laboratorios, rayos X y tomografías son poco accesibles y la calidad de atención ha bajado. Cuando el “Seguro Integral de Salud” en vez de ser confiable es irregular y en vez de ser comprehensivo es incompleto, resulta ser una gran mentira: ni es “seguro” ni es “integral”.

Habiendo deficiencias de gestión indudables, un problema central es el presupuestal. La “Comisión de Protección Social” nombrada por el propio MEF estimó que “se gasta aproximadamente 17% del costo esperado del PEAS – Plan Esencial de Atenciones en Salud, lo que no significa que se esté siendo eficiente (por menores costos), sino que se está racionando por otras vías (baja producción, baja calidad, bajo acceso)”. Por eso, propusieron “aumentar el gasto de S/ 85.47 a S/ 532.47 por persona”, y eso considerando solamente atender el 60% de la demanda observada con un déficit de oferta de 20% y asumiendo que los pacientes dejarían de ir al 15% de las atenciones necesarias; si se quiere llegar al 100% se necesitan 1652 soles por persona.

Recordemos: sólo hay presupuesto para el 17%. Apenas una sexta parte de lo necesario. El déficit es enorme; 5 de cada 6 soles requeridos para atender la salud, no están. Es evidente que en esas condiciones faltarán medicinas, equipos y personal. Lo peor es que el presupuesto del SIS se ha reducido; mientras el 2018 gastaron 2,214 millones de soles para este año su presupuesto es de solo 1,767 millones, el MEF ha aplicado un recorte de 447 millones de soles.

En otras palabras, el Seguro Integral de Salud estaba en la miseria y encima le cortan fondos.  Ahora Vizcarra propone invitar a una mesa que no tiene sino unos mendrugos y un té aguado, a más gente. En algún momento pensé escribir que Vizcarra propone aguar la sopa, pero con un SIS que tiene un sexto de lo que se necesita, la verdad es que lo que tiene no llega  ni a caldo ligero.

¿No hay dinero en el Perú y por eso el SIS está tan recontramisio? Vamos: los grandes agroexportadores tienen una rebaja en sus aportes a EsSalud por los que se llevan 300 millones de soles anuales. Las grandes mineras reciben devoluciones aceleradísimas de impuestos por más de 4 mil millones de soles. Dinero hay, lo que hace falta es un gobierno que se tome en serio el derecho a la salud.

“En particular, se propone otorgar mayores contenidos al reglamento del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Fomento de Empleo, en relación a una serie de aspectos tales como la determinación prorrateada mensual de beneficios laborales tras acuerdos con el empleador, la definición de la situación económica habilitante para la terminación colectiva de contratos de trabajo”. Así dice el Plan Nacional de Competitividad promulgado por Decreto Supremo 237-2019-EF del Ministerio de Economía y Finanzas del 26 de julio en su “Medida de Política 5.1: Actualización del marco normativo laboral”.

¿Qué quieren decir?  Eso de la “determinación prorrateada de beneficios laborales” es la forma rebuscada de decir que a muchos trabajadores ya no les pagarán gratificaciones en julio y diciembre ni les depositarán su CTS. Se supone que eso solo valdría “tras acuerdos con el empleador” pero en las condiciones actuales de falta de empleo, ¿cuántos podrían decir que no cuando les ofrezcan un salario de digamos 1,200 soles mensuales con la indicación de que ahí está incluida sus gratificaciones y su CTS? Esto no sólo vale para los nuevos trabajadores, ya que el 70% de los trabajadores formales en Perú están bajo contratos temporales, apenas termine su contrato actual y les plantee renovar su contrato, el empleador les podrá decir que es el mismo monto pero que ya no les pagarán gratificaciones  ni CTS. Es evidente, además, que en una propuesta de este estilo, el objetivo de la CTS que es darle protección al trabajador en caso de pérdida de su empleo, simplemente desaparece.

Cuando dicen “la definición de la situación económica habilitante para la terminación colectiva de contratos de trabajo”, ¿a qué se refieren? Pues a que la ley actual permite a las empresas despedir a gran cantidad de trabajadores al mismo tiempo por razones económicas. Hay ya reglamentos varios que facilitan esto. Una nueva reglamentación promovida por el MEF y la Confiep evidentemente está orientada a dar más facilidades en ese sentido.

Es evidente que el ministro de economía y finanzas y el gobierno han optado una redacción difícil de entender para quienes no somos abogados ni expertos en terminología de derechos laborales, es decir, la enorme mayoría de peruanos. ¿Por qué lo hacen así? Porque saben que estas medidas son ampliamente rechazadas por la enorme mayoría de peruanos y peruanas. Porque para imponer sus medidas antipopulares, la hipocresía y la cobardía son parte de su “hacer política”. Que pena que Vizcarra haya endosado esto.

Verónika Mendoza presentó este lunes su plan económico para el país, uno de cuyos puntos centrales propone medidas para promover la inversión privada, buscando “generar un crecimiento anual de 7% y por lo menos 300 mil empleos dignos por año”. Para quienes tienen un rechazo biliar a las izquierdas y usan la acusación de ´chavista´ para criticar cualquier alternativa, como este planteamiento los descoloca en su crítica optan simplemente por hacer como si no estuviera escrito. Sin embargo, una revisión de la propuesta planteada por Verónika Mendoza a nombre del Movimiento Nuevo Perú muestra, a lo largo de cinco ejes y 25 propuestas presentadas, una docena de medidas para promover al sector privado y ni una sola que hable de estatizaciones o controles de precios.

TIA MARIA, GRANDES Y PEQUEÑOS

Como la propuesta se ha presentado en el contexto de la imposición de Tía María, se ha pretendido desacreditarla diciendo que quien critica esta mina de la Southern está en contra de la inversión privada. Pero quienes se oponen a esta mina son los agricultores del valle de Tambo que durante décadas han invertido y siguen invirtiendo, logrando buenos niveles de producción y generando bastante empleo. Es claro también que una gran mina de tajo abierto espantará cualquier posibilidad de desarrollo turístico en la zona, no solo del valle de Tambo, sino también en los playas cercanas y los humedales de Mejía.

Detrás de esta crítica, hay la ideología de que solo vale la gran inversión de las trasnacionales mientras el enorme esfuerzo de agricultores y pequeños empresarios peruanos es irrelevante. Es un error total. Incluso desde el restringido punto de vista del Producto Bruto Interno, ambos son igualmente importantes. Por cierto, tampoco es verdad que las grandes inversiones sean la mayor parte: de los 270 mil millones de inversión privada previstas para 2019-2020, el listado de grandes proyectos del BCR suma 60 mil millones, estimando que serán las inversiones de medianos y pequeños los otros 210 mil millones de soles.

Aunque a algunos les cueste reconocerlo, a veces las grandes empresas afectan a las pequeñas.  No solo es el caso de los conflictos de la minería con el ambiente y el agro. También es el caso de los grandes monopolios, que quieren eliminar a las medianas y pequeñas empresas que les hacen competencia para poder cobrar precios abusivos, como ha venido sucediendo en el caso de las medicinas, en el que las cadenas de boticas se han concentrado, han ido sacando del mercado a las farmacias de barrio y ahora cobran lo que les da la gana. Se trata solo de un ejemplo de los monopolios, habiendo muchos otros en nuestro país: alimentos industrializados, cervezas, bancos, leche, etc.

Así que no es para nada incompatible pensar en promover la inversión privada con exigir que la minería no malogre valles enteros o insistir en que haya una regulación anti-monopolios realmente firme. Hasta en Estados Unidos si una gran empresa pretende comprar otra para dominar el mercado, debe antes tener una aprobación gubernamental y han sido muchas las veces en que esas fusiones han sido rechazadas o sujetas a estrictas regulaciones.

EL DISCURSO DE “LA CONFIANZA”

Hay otro “rollo” sobre este tema: el de la “confianza”. Se dice que para que haya crecimiento económico el gobierno debe tener como su norte principal lograr la confianza de los empresarios, aunque quienes así hablan en realidad sólo piensan en los grandes monopolios y las trasnacionales, hasta donde recuerdo nunca consideran a los pequeños y medianos agricultores (como los del valle de Tambo) o a los pequeños industriales de Villa El Salvador. Esta ideología tiene su mensaje de contrabando: cualquier cosa que haga el gobierno que afecte a los grandes empresarios afecta su confianza”. Esa es la ideología con la que la Confiep sustentó su oposición a poner octógonos a la comida chatarra, con la que ahora pide que se rebajen impuestos a la importación de carros o defienden que se respeten los “sacrosantos” contratos de los peajes de Lima. Tremendo gato por liebre que nos quieren vender.

Ahora nos quieren decir que al aprobarse Tía María se está reconquistando la “confianza empresarial”. Tonterías. ¿La licencia a Tía María hará que invierta un empresario que evalúa poner un hotel o restaurante en Chachapoyas, quien necesita que haya vuelos diarios a esa ciudad para facilitar el turismo y un buen servicio de internet para poder conectarse con sus potenciales clientes? ¿Le servirá de algo al pequeño industrial que produce chocolates y que si busca un préstamo se lo niegan o le cobran 50 por ciento anual? ¿Porque Tía María salga el proyecto Quellaveco en las alturas de Moquegua acaso va a avanzar más rápido o más despacio? No, claro que no.

COMO SE PUEDE HACER

Una forma moderna y razonable de promover la inversión privada no es permitiéndole contaminar, malograr otros negocios, pasar coimas millonarias o  imponerse a la mala contra la población. Lo que hay que hacer es establecer una buena infraestructura de transportes y comunicaciones que conecte a los mercados, facilitar el crédito, generar mecanismos de coordinación y promoción en sectores prioritarios e invertir en innovación tecnológica.

En la coyuntura macroeconómica actual, un elemento clave es contrarrestar la parálisis económica dándole un impulso al mercado interno. El gobierno tiene en sus manos las herramientas para poner en marcha la economía con un amplio programa de obras públicas que contrate y otorgue ingresos a miles de trabajadores de construcción civil  y que además jalaría la industria de materiales de construcción. Tal política tendría en efecto multiplicador cuando esos trabajadores gasten sus salarios en ropa, comida, casas y demás bienes. Para la agricultura, darles más mercado con precios justos pasa por frenar la invasión de importaciones subsidiados por los países desarrollados, como han reclamado los productores en el paro de junio pasado sin que en este punto hayan logrado cambios en la política económica.

Como muestran los estudios econométricos sobre la inversión privada peruana, como el que han hecho Waldo Mendoza y Erika Collantes, cuando aumenta la inversión pública también aumenta la inversión privada. Uno de los mecanismos por los cuales esto sucede es precisamente el efecto dinamizador sobre el mercado interno, porque si no hay empleo y la gente está misia, el empresario que tiene un restaurante no abrirá otro si sus mesas se quedan vacías y un confeccionista que tiene máquinas paradas porque no logra vender, no invertirá en ampliar su capacidad de producción.

Otro brazo de la política macroeconómica es la política monetaria. El BCR tiene la capacidad y mandato para rebajar sus tasas de interés, lo que a su vez reduciría las tasas de interés y ampliaría el crédito de los bancos privados, como está comprobado econométricamente. Tasas de interés más bajas alivian la caja de las empresas y los presupuestos familiares, y hace que muchos pequeños y medianos proyectos de inversión se vuelvan rentables y factibles. Políticas antíciclicas de reactivación rebajando las tasas de interés y ampliando el crédito como ha propuesto Verónika Mendoza no son ninguna invención socialista; es algo que hoy hacen los bancos centrales de los Estados Unidos, Europa, Japón y la mayoría de economías capitalistas. Hoy por hoy el consenso de mercado financiero internacional es que el banco central gringo, la Fed, rebajará próximamente sus tasas de interés con esta lógica.

Siendo esta medida una plenamente de “mercado” con bancos que sólo ven su rentabilidad privada, es conveniente complementar estas políticas con facilidades de crédito hacia sectores prioritarios en la creación de empleo y la innovación tecnológica. Para eso, muchísimos países usan bancos de desarrollo. Tampoco se trata de una propuesta socialista, comunista ni nada por el estilo, desde Estados Unidos hasta Alemania y Francia han tenido una política de ese estilo por décadas y la usaron extensamente ante la crisis financiera del 2009; países vecinos como Chile, Brasil, México y Colombia tienen instituciones similares. La mediana y pequeña agricultura, en especial, es un sector al que los bancos privados casi no llegan, que tiene apoyo financiero en muchos países y de la cual subsisten más de 2 millones de peruanos.

Si el mercado interno empieza a ampliarse, la infraestructura mejora y los créditos se facilitan y abaratan, la inversión privada crecerá. Lo hará por una sencilla razón: habrá más oportunidades y posibilidades de hacer negocios que aprovecharán los empresarios privados, tanto grandes como medianos y pequeños. 

EMPLEO, INVERSIÓN PRIVADA Y ESTADO

Necesitamos un crecimiento que genere masivamente puestos de trabajo. La política neoliberal orientada a la exportación de materias primas ha mostrado que no logra ese objetivo. Necesitamos un mercado adecuadamente regulado con políticas anticíclicas de reactivación y un estado promotor de la diversificación productiva y  el avance tecnológico, que recaude lo justo para tener educación y salud pública de calidad para todos.  Esta es la discusión que debemos tener hoy que el crecimiento económico está detenido, con altos costos para las familias peruanas al haber agravado la crónica falta de empleos que sufrimos.

La licencia otorgada a Tía María, más allá del caso puntal, nos indica que la política económica seguirá siendo la de favorecer que las trasnacionales extraigan más y más materias primas aunque contaminen el ambiente y paguen pocos impuestos. Esta posición refleja un mal entendimiento de la economía por parte del presidente Vizcarrra. En especial porque, por omisión, nos dice también lo que el gobierno no hará: reactivar la inversión pública, rebajar intereses, facilitar crédito al agro, promover innovación tecnológica y diversificar la economía, ausencias que aseguran que seguiremos sin mejoras en el empleo y los ingresos populares.

Al priorizar el apoyo a la trasnacional Southern e insistir en un mal llamado “plan de competitividad” orientado a reducir aún más los derechos laborales,  Vizcarra se une a la Confiep y respalda al ministro de economía Carlos Oliva a pesar de los múltiples indicadores del fracaso de su política.

Los propios indicadores que le gustan al MEF indican que la gestión de Oliva ha fracasado. El crecimiento del PBI de mayo no llega ni al 1 por ciento; el último dato disponible que fue publicado por el INEI esta semana indica que fue de solo 0,6 por ciento. La industria sigue yendo para atrás como los cangrejos ya que en mayo retrocedió casi 7 por ciento; esta tremenda caída se registra luego de cinco años de estancamiento industrial habiendo producido menos el 2018 que el 2013. Aunque hace pocas semanas el ministro Oliva declaró que “los datos que tenemos es que el consumo sigue fuerte”, lo cierto es que en mayo la industria de bienes de consumo cayó 1,3 por ciento, manteniendo un negativo para todo el año. La construcción también mostró un retroceso en mayo, mientras que la actividad agrícola este año está estancada, sin crecimiento real. Este desastre tiene un responsable político, el ministro Oliva.

TÍA MARÍA NO ES LA SOLUCIÓN

Desde la derecha neoliberal, le han vendido a Vizcarra y Del Solar la idea de que, como la economía está mal y le está pasando factura al gobierno, había que hacer algo al respecto, y eso era aprobar Tía María. La primera proposición es correcta: gracias a la errada política económica, de corte neoliberal, dirigida por Carlos Oliva, el 65% de la gente cree que la economía va por rumbo equivocado, porcentaje que sube a 71% en la clase media. No es asunto menor, ya que frente a la pregunta de cuáles son los principales problemas de su familia, en primer lugar está la falta de empleo (26%) y en segundo lugar que “no les alcanza el dinero” (24%), según la encuesta Pulso Perú de  junio.

El error está en la segunda proposición: Tía María no va a resolver los problemas de las economías populares, en primer lugar porque aun si saliera adelante no genera muchos empleos ni jalará la industria sino que afectará negativamente el agro que es de donde más peruanos lograr su sustento. Pongamos en perspectiva la inversión de Tía María: si se hace en 3 años representará solo el 1 por ciento de la inversión prevista para 2020-2022. Además, el tremendo conflicto social que ha desatado no va a recuperar la “confianza empresarial” y mucho menos la inversión privada. La inversión minera depende sobre todo de que buenos precios internacionales les den rentabilidad y, para otros sectores, que haya un mercado en ampliación que genere más oportunidades de negocios, cosas que no se resuelven con Tía María.

PONCIO PILATOS

La caída de la actividad productiva en este año no, por cierto, sino una caída más dentro de una economía estancada que no genera empleos desde el 2015, de acuerdo a las cifras del ministerio de trabajo.

¿Por qué nuestra economía ya no crece? Un análisis de coyuntura dice que nuestra economía está en recesión porque, como era previsible que sucediera tarde o temprano, los precios de las materias primas han caído; por ejemplo, la libra de cobre  se vendía a 3 dólares 10 centavos cuando Vizcarra asumió el gobierno y hoy no llega a 2 dólares 70 centavos, una caída del 15 por ciento. Nuestra economía es altamente dependiente del exterior y que crezca o no depende sobre todo de como vayan los vientos de la economía internacional. Una mirada más de largo plazo y estructural de nuestro crecimiento económico muestra que este modelo extractivista de recursos naturales no dinamiza la industria ni el avance tecnológico que necesitamos para generar empleos.

La otra causa de la recesión es que el MEF y el BCR se rehúsan a aplicar políticas fiscales y monetarias para reactivar la economía. Una política fundamental es la inversión pública que genera empleos y mueve la demanda interna, contrarrestando así estas recesiones causadas por caídas de precios internacionales. Pero vamos muy mal en este aspecto, ya que en mayo el gasto de capital del estado fue 28 por ciento menos que el año pasado según el INEI.

Oliva y sus amigos dicen que no es culpa del MEF sino de los gobiernos regionales y locales que no gastan. Esta propaganda, que sigue el viejo guión de Poncio Pilatos, oculta dos cosas. La primera, que en lo que va del año las municipalidades han tenido mucha mejor ejecución del presupuesto de inversiones que el gobierno central. La segunda, que un estudio del propio BCR sobre la inversión pública, publicado en setiembre del año pasado, muestra que si los gobiernos regionales y locales tienen más presupuesto su inversión aumenta, pero si les ajustan el presupuesto tienen que frenar o postergar proyectos. Esto parece obvio, pero el ministro Oliva le echa toda la culpa a la baja de la inversión pública a los gobernadores regionales, alcaldes y los demás ministros, lavándose las manos de su responsabilidad. La gestión de los fondos de inversión pública sin duda no carece de problemas, pero si el MEF ajusta el presupuesto como lo viene haciendo hace años, lo único que le queda a cualquier ministro o alcalde es reducir su cartera de proyectos y avanzar más lento.

La inversión pública peruana es ahora apenas 4 por ciento del PBI, un punto menos (equivalente a 7 mil millones de soles)  que hace cinco años. Está muy por debajo de la que mantiene Bolivia (14 por ciento en 2016-2017) o tuvo el Ecuador de Rafael Correa (13 por ciento del PBI entre 2013-2016). Eso se debe principalmente a la política económica ¿o acaso podemos creer que todos los alcaldes y gobernadores regionales de Ecuador y Bolivia son tres veces más capaces que los peruanos, como se deduce si seguimos la versión propagandística del MEF?

IDEOLOGIAS

En vez de aplicar políticas de reactivación, se prioriza la licencia a Southern para Tía María. Dos malas ideas sustentan una decisión de este tipo. La primera es que los negocios de cualquier empresa son siempre positivos para la sociedad  y deben ser apoyados por el estado sin dudas ni murmuraciones. Esta es la ideología que, llevada a su extremo, resulta medular en la mente de Pedro Pablo Kuczyski, quien está convencido que haber ayudado a Odebrecht era bueno para el país y que por lo tanto considera que el haber recibido un par de millones de ellos mientras era ministro de economía no tenía nada de malo. Igual actuó PPK en relación a Southern, empresa de la que fue director y luego, siendo presidente, nombró al funcionario de Southern y director de Relaciones Institucionales del proyecto Tía María, Guillermo Fajardo Cama, como Director Nacional de Inteligencia (DINI). En ese cargo, Fajardo organizó una reunión de PPK con él y uno de los alcaldes del valle de Tambo en el propio despacho presidencial, evidentemente buscando sacar adelante Tía María para así favorecer  a la trasnacional de la que ambos habían cobrado grande.

Esta ideología que plantea que hay una total coincidencia entre los intereses de las grandes empresas y del estado se refleja bien en la famosa frase “lo que es bueno para la General Motors es buena para los Estados Unidos”. Si se trata de extraer minerales contaminando brutalmente el ambiente como en Tía María, si son nuevos monopolios mundiales explotando nuestros datos personales y privados y evadiendo impuestos como Google y Facebook, eso no importa. Lo único muy importante es mucho dinero concentrado, siempre ocultando lo más posible como esos millones van a muy pocas manos y repitiendo hasta el cansancio el discurso sobre las infinitas bondades del “libre mercado” frente al cual “no hay alternativa”.

La segunda idea es aquella que subordina la democracia a esta economía. Si la gente no quiere, no importa. Cuando hay miles de millones en juego la opinión pública es irrelevante. Quienes desde el neoliberalismo empujan medidas contra la economía popular incluso aplauden cuando se asumen “costos políticos” por incumplir promesas e ir contra la democracia. Es el caso del otorgamiento de la licencia a Southern para Tía María en el que Vizcarra cede a las presiones de la Confiep en vez de consultar al pueblo del valle de Tambo, incumpliendo sus promesas y haciendo caso omiso a sus consejeros políticos y comunicacionales. Las ganancias millonarias que espera obtener Southern de Tía María se impusieron a la voluntad popular. Vizcarra pagará un alto costo político por esta decisión, en especial en el sur del país donde la empresa Southern se ha ganado en décadas de contaminación, abuso y corrupción un rechazo masivo. Para los neoliberales, eso no tiene nada de malo; para ellos los grandes negocios son más importantes que la democracia.

VIZCARRA Y LA HISTORIA

Vizcarra mostró capacidad política al inicio de su gobierno en relación a la lucha contra la corrupción y la banda aprofujimorista, pero ahora ha mostrado su enorme limitación al no entender la necesidad de un giro reactivador y popular en la política económica. El error es de magnitud histórica. Le vendría bien enterarse de la historia de Franklin D. Roosevelt, el New Deal y la política económica reactivadora y popular que sacó a Estados Unidos de la gran depresión.

El Perú sufre una extrema desigualdad. Estamos entre los países con mayor desigualdad económica del mundo. La derecha y la Confiep no consideran esto como un problema y tienen una ideología hecha a su medida para justificarla: el neoliberalismo aducen que las diferencias económicas incentivan el esfuerzo y el emprendedurismo.

Su problema es que a nivel internacional, en la última década ha habido múltiples estudios en torno a cómo la desigualdad económica genera impactos sociales y de salud negativos. Un libro bastante influyente al respecto, que recoge muchas investigaciones previas de los autores, es el de Richard Wilkinson y Kate Pickett titulado en castellano “Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva”, aunque una traducción más fiel del original en inglés sería “Porqué a las sociedades más iguales casi siempre les va mejor”.

La lista de problemas sociales causados o agravados por la desigualdad según Wilkinson y Pickett es larga, y para cada uno de ellos su libro presenta gráficos, análisis estadístico y amplias referencias académicas. Entre otros incluyen efectos negativos sobre vida comunitaria y relaciones sociales, salud mental y drogas, salud física y esperanza de vida, obesidad, embarazo adolescente, rendimiento académico, violencia escolar y juvenil, encarcelamiento y movilidad social.

LA DESIGUALDAD AFECTA LA SALUD MENTAL

Ojo que lo interesante de este análisis es que diferencia los efectos de la desigualdad de aquellos de la pobreza. Me explico mejor: es bastante claro que la pobreza, incluso vista solo en términos de deficiencia absoluta de recursos materiales, tiene efectos negativos sobre la salud física y mental, la educación y otros problemas sociales. Es también claro que la desigualdad económica agrava la pobreza monetaria y la pobreza humana o multidimensional. Lo particular de los estudios y el libro de Wilkinson y Pickett es que encuentran que este efecto negativo de la desigualdad sobre la salud física y mental, la educación, la violencia y los lazos sociales se produce en sociedades afluentes, ricas, donde no hay falta de recursos y casi no hay pobreza. En otras palabras, además del efecto indirecto de la desigualdad, intermediado por la pobreza, sobre distintos problemas sociales, existe también un efecto directo. Quien fue el pionero en esta tesis fue el sociólogo inglés Michael Marmot, quien a lo largo de varias décadas realizó una serie de investigaciones conocidas como los “Whitehall studies”, por los edificios donde se concentran los altos funcionarios públicos ingreses en los cuales concentró su estudio. Marmot encontró que había un el “síndrome de status”: aunque los funcionarios públicos ingleses no fueran pobres, el encontrarse más debajo de la escala social aumentaba su mortalidad por problemas del corazón, asociada a mayor obesidad y menor ejercicio, menor descanso, así como otras enfermedades y presión alta.

¿De qué manera la desigualdad afecta la salud y genera otros problemas sociales? Se ha encontrado que los seres humanos naturalmente nos comparamos con otros en la escala social, y en esa comparación la desigualdad genera sentimientos de frustración y pérdida de autoestima, stress, ansiedad y depresión. Estos problemas de salud mental a su vez tienen efectos físicos como presión alta y condicionan conductas menos saludables, como el sedentarismo y malos hábitos de comida. También tiene efectos sobre la asistencia al colegio y la capacidad de aprendizaje en los niños y jóvenes.  A nivel social, quienes se encuentran en esta situación de tener un status disminuido reaccionan de diversas maneras, ya sea buscando recuperar la autoestima mediante relaciones no saludables (embarazo adolescente) o recurriendo a la violencia, algo que se ha encontrado incluso en niños y jóvenes, o al robo y la delincuencia como forma de conseguir los bienes materiales que, ante el sistema predominante, se requieren para ganar status.

Hay que resaltar además que el problema de salud mental no es un asunto menor en nuestro país, aunque hemos estado mal acostumbrados a menospreciarlo, estigmatizar a quienes lo sufren y considerarlo un problema individual y no social. Según el estudio de “Carga de Enfermedad” que es la base estadística y epidemiológica para las políticas de salud, la causa número uno de enfermedad en el Perú son las neuropsiquiátricas, entre las que destaca la depresión con 218 mil años de vida saludable perdidos, y en segundo lugar están las llamadas “lesiones no intencionales” entre las que tiene un lugar destacado las causadas por actos de violencia.

A este trabajo se añade una reciente tesis doctoral de Ioana Van Deurzen de la Universidad de Tilburg University, basada en datos mundiales, que obtiene algunos resultados particularmente relevantes para nuestro país. Uno primero es que encuentra que una mayor desigualdad genera un menor acceso a los servicios de salud y un incremento de la anemia, dos problemas cruciales en el Perú. Uno segundo es que los efectos negativos de la desigualdad sobre la salud mental afectan a los países de ingresos bajos y medios como el Perú, países que no habían sido incorporados en el libro de Wilkinson y Pickett.

DESIGUALDAD, CORRUPCIÓN E INSEGURIDAD CIUDADANA

Los efectos de la desigualdad sobre la corrupción son otro tema clave. Estudios previos (You y Khagram, 2005) ya habían planteado que la desigualdad genera más corrupción. La idea es que un mayor nivel de desigualdad lleva a que la gente presione por medidas redistributivas, lo que va contra los intereses de los ricos, quienes responden usando su poder económico para defender sus intereses. Si cualquier parecido con la realidad peruana no les parece casual, sepan además que hay análisis estadísticos que han mostrado que esta asociación es válida, y que la propia tesis de van Deurzen nuevamente lo comprueba.

Otra revisión de los estudios sobre los efectos de la desigualdad, hecha por  Beatrice d’Hombres, Anke Weber y Leandro Elia, encuentra que la mayoría de investigaciones concluye que la desigualdad promueve comportamientos criminales. Hay dos teorías de sustento: la desigualdad hace que los empobrecidos puedan ganar más con los robos, y que hay un sentimiento de frustración en la comparación con los más ricos. Parece bastante lógico pensar que ese sentimiento de frustración se agrave cuando se percibe que buena parte de la riqueza acumulada por algunos grupos proviene de la corrupción.  Esta teoría también nos suena adecuada a nuestra realidad nacional.

POLITICAS Y POLITICA

Como el sistema económico capitalista genera desigualdad, durante buena parte del siglo XX los países desarrollados construyeron un “estado de bienestar” con salud, educación y protección social sostenidas en base a impuestos progresivos que recaen sobre quienes tienen más riqueza. Incluso hoy que esos estados de bienestar han sido disminuidos por las crisis y las políticas neoliberales, en muchos países europeos las políticas fiscales redistributivas reducen la desigualdad en 40 por ciento o más de lo que el “mercado” produce. Pero el retroceso en las políticas sociales y laborales ha generado que a partir de 1990 la desigualdad se haya incrementado fuertemente en Estados Unidos, Inglaterra y la mayoría de países desarrollados. Muchos analistas ven esa como la causa central del surgimiento de populismos de derecha anti-globalistas como Trump y el Brexit. Surgen también propuestas como un impuesto a la riqueza, planteado por el economista francés Thomas Piketty y hoy recogido en Estados Unidos por el ala de centro-izquierda del partido demócrata.

Pero esas discusiones no parecen llegar a nuestras costas. Cuando acá se plantean políticas para reducir inequidades extremas tales como impuestos sobre las ganancias, derechos laborales básicos o leyes anti-discriminación, la derecha y la tecnocracia neoliberal responden que son malas para “los mercados”. Incluso el “centro liberal” se deja llevar por estos cantos de sirena de las supuestas ineficiencias económicas que traerían políticas redistributivas, a pesar de que hasta estudios del FMI han mostrado que una menor desigualdad económica es buena para el crecimiento.

Nuestro país está atravesado por varias desigualdades que se refuerzan entre sí. Las diferencias entre clases y grupos socioeconómicos golpean más a quienes tienen la desventaja de venir de provincias, ser indígenas y hablar una lengua originaria o no ser hombres heterosexuales. La desigualdad económica se traduce rápidamente en inequidades en el nivel educativo, el cuidado de su salud y su esperanza de vida. La injusticia de esta situación es indignante. Peor cuando sabemos que el mayor billonario del Perú cobra precios abusivos por las medicinas en su monopolio de boticas y ha logrado una fortuna superior a lo que ganan en doce meses 6 millones de peruanos.

Más allá de la indignación, hay que saber que esta enorme desigualdad tiene consecuencias sociales y políticas bastante serias. Si no enfrentamos la causa profunda de la corrupción, la salud y la inseguridad ciudadana, como sociedad seguiremos con muchas dificultades para lograr una vida buena.

La Confiep presentó la semana pasada su “Agenda País”. En una frase: no tienen ninguna visión nacional sino apenas un listado de reclamos orientados a que sus grandes empresarios ganen aún más dinero.

SIN MAS HORIZONTE QUE EL DINERO A CORTO PLAZO

Acá algunos de los temas en los cuales a la “agenda” de la Confiep se le ve muy claramente el fustán de los negocios millonarios. La “agenda” tiene, por ejemplo, un rubro llamado “automotriz”. ¿Es acaso que el Perú tiene alguna industria de autos o la Confiep propone promoverla? No. Su única propuesta es que les bajen los impuestos porque están vendiendo menos que el año pasado; aunque ya el MEF les hizo una rebajita no les parece suficiente. La Confiep no dice una palabra sobre la congestión de tráfico, la contaminación por humos, la urgencia de una reforma del transporte y de promover la bicicleta. Sobre el tema del transporte, a la Confiep no se le ocurre otra idea que facilitar el que ingresen más carros petroleros a menor precio. Vaya visión de “país”.

Su balance y propuestas de las universidades privadas es igual de limitado y sesgado. No dicen ni una línea sobre el problema de las universidades-estafa, como Telesup o Alas Peruanas, que brindan una educación de pacotilla. Lo que reclaman es más ventajas para que algunos vivazos hagan grandes ganancias con ofertas educativas de ínfima calidad otorgando títulos en pocos años o haciendo una educación a distancia sin requisitos mínimos, fórmulas que Telesup y varias de estos sinvergüenzas han aprovechado para sus negocios. También pide la Confiep que una universidad licenciada pueda abrir otras carreras y otras sedes sin regulación previa, otra de las fórmulas utilizadas hasta el hartazgo por las universidades-estafa al punto que se abrieron universidades hasta en garajes o mercados y se abrieron carreras de medicina que son un verdadero peligro público. Está claro que aunque de boca para afuera diga lo contrario, la Confiep quiere traerse abajo la nueva ley universitaria y regresar al sistema desregulado y mercantilizado al extremo que impuso Fujimori. ¿Investigación, calidad, ajuste de la oferta a las necesidades del desarrollo, responsabilidad social? Ninguna de esos temas esenciales para un buen sistema universitario forman parte de la agenda de la Confiep.

No faltan en la agenda de la Confiep varias de sus demandas de siempre. Para la minería quieren que se recorte la consulta previa a los pueblos indígenas y se reduzcan las facultades del ministerio del ambiente. Para las petroleras quieren que se les facilite la deforestación y que el estado no declare nuevas Áreas Naturales Protegidas donde ellas puedan hacer negocio. Para los grandes pesqueros quieren evitar que se cobre algo justo por la explotación del recurso natural, sentándolos donde el estado discute el ajuste de las regalías. Para la agroexportación, quieren que sigan las exoneraciones tributarias y dejando de pagar 300 millones anuales de contribuciones a EsSalud, lo que nos desfinancia la atención a todos los asegurados. En energía, como la reguladora no hacen lo que les conviene quieren sacarla del camino y piden la reorganización de Osinergmin, con bajada de llanta de pasadita. Cada sector extractivo quiere llevar más agua para su molino, o mejor dicho millones para sus billeteras, con nuestros recursos naturales.

INFRAESTRUCTURA, PRIVATIZACIONES Y CORRUPCION

En el caso de la infraestructura, puertos y carreteras, la Confiep está en otro mundo, uno en el cual no hay corrupción ni Odebrecht ni Graña y Montero. No se han dado por enterados de las decenas de millones de dólares pagados en coimas a ex presidentes, gobernadores regionales y alcaldes, del robo sistemático reconocido por las grandes constructoras cuando ya no les quedaba más remedio, de la trafa repetida de los arbitrajes arreglados por rufianes de cuello y corbata. Nada de eso existe para la Confiep.

La Confiep es el gran gremio de los empresarios peruanos, incluyendo a las grandes empresas encargadas de la inversión en infraestructura de las últimas décadas, que formaban parte del “club de la construcción” pagando grades coimas para robar miles de millones. Pero eso no les merece comentario alguno. ¿El que Walter Piazza era al mismo tiempo directivo de CAPECO y la Confiep y cabeza del “club de la construcción” les parece irrelevante? En el momento actual es indispensable hacer reformas a la gobernanza empresarial para evitar que esto se repita a futuro. Pero la Confiep no aporta una línea al respecto.

No solo eso: la Confiep insiste en que bajo el mismo esquema de las Alianzas Público-Privadas (APPs) gracias a las cuales pagamos unos peajes abusivos, ahora se privaticen los hospitales Cayetano Heredia, Hipólito Unanue y otros en Lima y Piura,  que se privaticen las empresas de agua potable incluida Sedapal, que se hagan APPs para colegios de alto rendimiento y “grandes bolsas” de colegios. Es decir, reclaman que el mismo modelo con el que nos han robado y nos siguen robando en muchas carreteras, se amplíe a otros sectores mucho más difíciles de regular como los grandes hospitales y muy sensibles como el agua y la educación. Irresponsables.

LABORAL: LA VERDAD YA SE PASAN

Hemos discutido antes, en estas páginas, la reiterada propuesta de la Confiep de facilitar los despidos, algo en lo que insisten ahora trazando una ruta legal para hacer lobby ante el Tribunal Constitucional. Para ellos el mercado laboral es muy rígido, a pesar de que en los años pasados más de 200 mil trabajadores hayan sido reemplazados por venezolanos peor pagados y explotados.

La cereza del pastel es su propuesta de que el estado le pague a las empresas para que los trabajadores con contratos temporales pasen a ser trabajadores a plazo indefinido. Es decir, para que las empresas cumplan su obligación legal de contratar de manera permanente a quien cumple labores permanentes, ahora quieren que les paguemos por eso. No señor, lo lógico en una legislación laboral razonable es que los contratos temporales sólo puedan aplicarse a aquellos trabajos que tengan naturaleza temporal. Evidente. Eso aquí ha sido completamente desnaturalizado por la alianza  Fujimori – Confiep con el objetivo de que los empresarios puedan  despedir a su antojo y así negar el derecho a la sindicalización.

No cabe pagarles a los empresarios porque cumplan con lo que un régimen laboral razonable debe establecer. Por el contrario, que la Confiep pida esos subsidios es muestra de que están haciendo contratos temporales donde eso no corresponde y que lo que hace falta es un cambio legal que ponga freno a esos abusos.

PECADO POR OMISIÓN

Un buen gremio empresarial con visión de país debiera incluir los grandes temas nacionales en su “agenda país”: la democracia, la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana, las relaciones del Perú en el mundo, la cultura en sus múltiples expresiones, el cuidado del ambiente, el avance del conocimiento, los derechos humanos y la equidad. Tratándose de la Confiep, no le pidamos peras al olmo. A nuestros grandes empresarios les cuesta mucho levantar la vista de sus abultadas cuentas bancarias; esta agenda muestra que a pesar de sus millones su mirada tiene un alcance mucho más limitado que la CGTP.

Pero aun quedándonos en la esfera de lo económico, hay ausencias brutales en la agenda de la Confiep. La innovación tecnológica, por ejemplo. ¿Cómo una agenda económica al país puede no tomar en cuenta la sociedad de la información, las comunicaciones que 4G y 5G, la robotización y la inteligencia artificial? ¿Es que no pueden ver más allá de sus narices?

Si la Confiep no mira al futuro, como mínimo debiera considerar otras experiencias de desarrollo. Pero su agenda no incluye para nada al sector industrial. ¿Es que los avances económicos de China, como antes de Corea del Sur y Japón, no les dice nada? El impulso a la diversificación productiva para sumar otros motores a la economía, algo que ya está instalado en las agencias mundiales y bancos multilaterales de desarrollo, les es totalmente ajena. No la ven. Quieren seguir con lo mismo que siempre han hecho, sin mayor esfuerzo creativo, pero reclaman que el estado les de más ventajas para elevar sus millonarias ganancias. La palabra técnica para definirlos es empresarios RENTISTAS.

Una pena. Es realmente lamentable que tengamos un empresariado que, en su más alta representación y donde se concentran grandes grupos económicos cuyos dueños han acumulado billones, presente una lista de reclamos orientados a beneficiar a sus integrantes y sin ninguna visión de país ni propuesta de desarrollo. Con todas sus debilidades el SUTEP, que esta semana se sumó a la lucha por la igualdad y la educción con enfoque de género, yendo mucho más allá de los intereses inmediatos del profesorado, podría darle a la Confiep algunas clases que necesita a gritos.