Vísperas de elecciones. No podemos olvidar el significado del cierre del congreso, decretado luego de meses y meses durante los cuales la mayoría fujiaprista junto a su socio menor de Alianza para el Progreso, blindaron toda esa mafia corrupta en el Poder Judicial: los “cuellos blancos del Puerto”, el fugado a España Cesar Hinostroza y Pedro Chávarry.

La corrupción nos indigna, por la tremenda injusticia del robo y el abuso. Pero hay más: eliminar la corrupción es clave para que el estado funcione razonablemente, sin lo cual no hay posibilidades de desarrollo nacional.

Necesitamos infraestructura, electricidad, carreteras, caminos rurales, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones. Pero las concesionarias corruptas nos han venido robando miles de millones en esas obras, inflando los costos para el estado, cobrándonos peajes abusivos y permitiendo que las tarifas de luz y teléfonos sean más altas. El robo al estado quita presupuesto para nuevas obras, pero además hace que se prioricen elefantes blancos en vez de lo realmente necesario. El robo en peajes y tarifas agrava la desigualdad y eleva costos al sector industrial y de otros servicios reduciendo su competitividad. Nada de esto debiera pasar. Pero ocurre porque Odebecht y el club de constructoras corruptas le dieron millones a PPK y Keiko, y antes a Toledo, García y Humala.

Necesitamos una buena educación, para tener buenos investigadores y profesionales que innoven y nos permitan aprovechar nuestra enorme diversidad biológica, geográfica y cultural. Pero tenemos universidades-negocio de bajísima calidad con exoneraciones tributarias por cientos de millones de soles mientras las universidades públicas están atoradas con profesores mal pagados y pobre equipamiento. Esta prioridad no es extraña cuando sabemos que la mayor de ellas, “Alas Peruanas”, sirvió para blanquear y dar 8 millones a Keiko mediante Joaquín Ramírez, entonces secretario general de Fuerza Popular.  

Necesitamos tener una defensa de los consumidores, del ambiente y de la seguridad de los trabajadores, para cuidar nuestra salud y nuestra vida. Hoy tenemos los octógonos que nos informan de los alimentos con muchas grasas, azúcar y sal, pero la resistencia a esta medida por parte de los oligopolios y el fujimorismo fue tremenda. Keiko llegó a pedirle a Vizcarra en su cita secreta que despidiera a la ministra de salud por esta razón; sin duda muy motivada por los maletines con 3 millones 650 mil dólares que le entregó en su mano el dueño de Alicorp, la gran empresa que domina el sector, don Dionisio Romero (también le dio plata a PPK).  Las empresas mineras y petroleras generan enormes daños ambientales, deben cientos de millones de multas no pagadas y han tenido varios paquetazos de decretos a su favor, y han sido también destacadas aportantes a la campaña fujimorista, caso de Roque Benavides de Yanacocha y de Pluspetrol la trasnacional que más multas ambientales registra.

Necesitamos crédito a intereses justos para las familias y para los medianos y pequeños productores y para los empresarios innovadores para que puedan invertir, mejorar tecnologías y crecer, pero hay un oligopolio bancario que nos cobra abusivamente; aunque tienen exoneraciones tributarias de más de 900 millones de soles anuales el Banco Mundial dice que es uno de los sistemas bancarios más caros del mundo. El estado tiene cien mil millones de soles depositados en los bancos pero no presta un sol a un joven emprendedor, como sí hacen decenas de estados de todo tipo en el mundo. Nuevamente es el banco dirigido por Dionisio Romero el que domina este mercado.

INTERESES Y FUERZAS

Nunca como antes había sido patente como la corrupción abarcaba a las principales fuerzas políticas y a casi todos los grandes grupos empresariales y corporaciones. No sólo el fujimorismo, PPK y el Apra, Humala y Villarán recibieron plata de Odebrecht, también Lourdes Flores del PPC. César Villanueva, congresista de Alianza para el progreso, recibió también.

Pero no olvidemos el otro lado. Las grandes constructoras brasileñas Odebrecht, OAS, Camargo Correa, por cuyas obras aún nos cobran peajes abusivos. Las constructoras peruanas más grandes las “estrellas”, como Graña y Montero, JJC – Camet y otras, asociadas a Odebrecht y sus negociados. Además, ellas junto a otras más constituían el “club” que se repartía las obras con coimas. Todos ellos nos robaban a doble cachete como dicen, con el añadido de los arbitrajes amañados por abogados como Horacio Cánepa, destacado dirigente de PPC. La mayoría de este club podrido era también aportante a las campañas de Keiko, algunos presencialmente en reuniones exclusivas con ella, otra parte a través de su gremio CAPECO.

La forma como operaban muestra que la corrupción ha venido operando a varios niveles. El más básico es el directo, el pago por obtener una obra sobrevaluada o una regulación favorable, o para permisos necesarios para una mina o tras el desastre ambiental de una petrolera. Otras veces era todo un gremio o un sector el que buscaba sus intereses, lo que les resulta facilitado por la alta concentración de los mercados peruanos, por la existencia de monopolios u oligopolios con pocas empresas que dominan el sector. El lobby era con el gobierno pero, si no les ligaba, ahí estaba la mafia judicial para darles una manito.

Finalmente, el gran empresariado operó también en “mancha”, como clase. El caso de la bolsa de 2 millones de dólares que juntó la Confiep para apoyar a Keiko el 2011, de la que nos enteramos gracias a la delación de Jorge Barata de Odebrecht, es revelador. Fue la propia directiva de la Confiep, el “gremio de los gremios empresariales” quien juntó la bolsa, y aportaron las principales empresas peruanas de diversos sectores.

Destacados empresarios han sido también los organizadores del dinero sucio fujimorista. Jaime Yoshiyama con su sobrino Jorge recolectaban y guardaban el dinero y organizaban el “blanqueo” mediante el registro de aportantes falsos. José Chlimper, por su parte, llevaba los maletines con cientos de miles de dólares a los dueños de las radios para pagar por la campaña. Se trata de personajes conocidos y “reputados” en el mundo de la Confiep, en el que Chlimper ha tenido varios cargos dirigenciales. 

Lo que hace difícil derrotar la corrupción es la unión de estas dos enormes fuerzas, las grandes empresas corruptas y las cúpulas partidarias que han trabajado para ellas, unión que cuenta además con un pegamento muy especial que los une, el legado fujimorista. Para lograr esos grandes acuerdos de defensa de intereses, entre políticos y mega-empresarios, la historia del fujimorismo los ayuda. Fue Fujimori quien logró altos niveles de aceptación popular y quien dio a los grandes potentados peruanos las leyes que ellos querían.

¿Hemos derrotado ya estas dos poderosas fuerzas? Todavía no, y el hecho de que por obtener información necesaria en los juicios varios de estos mega-empresarios corruptos estén pasando piola les da espacio a que vuelvan al ruedo con las mismas mañas.

DESIGUALDAD

El que algunas personas puedan acumular miles de millones de dólares, mientras otras viven en pobreza extrema, me subleva. Es demasiado. Es absurdo. Es inmoral en sí misma. Pero nos suelen decir que esto es resultado del esfuerzo personal en un “libre mercado” que es indispensable para que las economías crezcan.

Estos últimos años nos han mostrado que gran parte de esa enorme concentración de riqueza tiene orígenes tramposos, ilegales o corruptos. No es por esfuerzo personal ni por “libre mercado”. Luego nos dice la Confiep que no hay subir el sueldo mínimo, que mejor recortamos gratificaciones navideñas de los trabajadores, que privaticemos la educación porque el estado no tiene plata, que no hay dinero para ayudar a los campesinos ¡Qué tal!

La cereza del pastel es cuando nos dicen que como hay mucha corrupción es mejor que las carreteras y hospitales se entreguen a privados, que se favorezca la educación privada y se postergue la pública, que se deje que el crédito siga escaso y caro en manos exclusivamente de la gran banca privada monopolizada (de paso cerrando el paso a las cooperativas de ahorro y crédito). La Confiep junta 2 millones de dólares por lo bajo para favorecer a Keiko y luego nos viene a hablar de lo que el estado no debe hacer debido a la corrupción ¡qué tal!

IDEOLOGÍA

Pero hay que ser conscientes que este discurso pega, y lo hace porque en el Perú vivimos una contradicción tremenda. Todos sabemos que nuestro estado tiene enormes falencias, es sumamente ineficaz y está atravesado por corruptelas y sinvergüencerías de todo tipo. Muy a menudo enfrentarse a una oficina pública, ya sea en una institucional nacional o en la municipalidad en la que vivimos, es un martirio. Esta realidad nos puede hacer pensar que mientras menos estado haya, mejor será. Que no anden poniéndonos multas, exigiéndonos trámites que no queremos, persiguiéndonos para que paguemos impuestos.

Pero necesitamos al estado. No hay bienestar, seguridad ni progreso sin él. No hay carreteras con peajes justos, salud y educación pública, hay justicia, paz y tranquilidad, sin estado. Tampoco hay diversificación e innovación productiva ni una ampliación sostenida de las oportunidades económica sin un estado que actúe de soporte y estratega, dejando la mayoría de la actividad productiva y comercial a los privados.

Así que debemos dejar de lado nuestros impulsos primarios e inmediatos, nuestra cóleras y disgustos con este estado antipático y torpe, que nos dicen que se vayan todos y el estado desaparezca. Ese remedio es peor que la enfermedad. Necesitamos un mejor estado, y ese mejor estado debe hacer bien las tareas que tiene hoy y asumir los nuevos retos que los cambios tecnológicos y sociales en el mundo plantean. 

Para ello es esencial darle un golpe macizo a la corrupción y en especial a su versión agravada, mafiosa, de captura del estado.  Este asunto aún no está resuelto, y en estas elecciones no debemos pasar por alto a aquellas fuerzas políticas que defendieron con uñas y dientes a esos jueces y fiscales supremos corruptos. El fujimorismo, incluyendo a una Rosa Bartra hoy tránsfuga del naranja al amarillo, y el Apra fueron los puntales de la defensa corrupta. Pero Alianza para el Progreso estuvo acompañándolos todo el tiempo defendiendo a Edwin “gasolina” Donayre. Acción Popular encabezada por Víctor Andrés García Belaunde jugó también un rol clave en su apoyo, en particular en la supuesta “elección” de Mercedes Araoz, el momento crítico del enfrentamiento.

Reconozcámoslo: el Perú votó muy mal en las elecciones del 2016. Pero entonces no sabíamos todo lo que hoy conocemos. Este domingo no podemos olvidar lo que ha salido a luz sobre la corrupción estos últimos años.

Se acercan las elecciones y les propongo un ejercicio simple: veamos cómo han votado las distintas bancadas políticas en materia económica y qué intereses han defendido en los últimos tres años, del 2016 al 2019.  Vamos a conocerlos por lo que han hecho, antes de atender sus promesas.

Escogí cuatro asuntos centrales y busqué los votos de 6 grupos partidarios: el fujimorismo (incluyendo a Rosa Bartra que siempre ha votado con ellos aunque ahora esté en otro partido); el Apra encabezada por Mauricio Mulder; Alianza para el Progreso de César Acuña representada por su hijo Richard; Acción Popular; los parlamentarios Alberto de Belaunde y Gino Costa que tras ser elegidos con PPK formaron la “Bancada Liberal” y ahora candidatean por el Partido Morado; y las izquierdas del Nuevo Perú (ahora en alianza con Juntos por el Perú) y el Frente Amplio.

EXONERACIONES TRIBUTARIAS A MINERAS Y PETROLERAS

Las empresas mineras y petroleras obtienen enormes ganancias explotando nuestras riquezas naturales, pero aún así gozan de exoneraciones y beneficios tributarios. Un reciente análisis de CELAG muestra que entre 2013 y 2018 de cada 10 dólares exportados por la minería nuestro estado solo obtuvo setenta centavos para poder dedicarlos a obras de interés público. La pérdida comparando con un aporte del 20 por ciento de sus ingresos es de 24 mil millones de dólares en una década según CELAG. Pero en dos oportunidades las trasnacionales han sacado más ventajas en los últimos años.

En diciembre del 2016 el gobierno de PPK pidió apoyo al congreso para dar nomas tributarias, entre las cuales estaba una que permitió que se devolviera impuestos a las empresas mineras y petroleras de manera tan acelerada que en solo un día ya la SUNAT atiende sus solicitudes, razón por la cual el 2017 obtuvieron devoluciones por 6,100 millones de soles. Esto fue posible gracias a una ley respaldada en el congreso por fujimoristas, apristas, APP, la bancada PPK que incluía a los hoy Morados y AP; en contra votó la izquierda.

En diciembre del 2018 el anterior Congreso votó una ley que prorrogaba la exoneración de algunos impuestos a las empresas mineras y petroleras, devolviéndoles el IGV de manera anticipada. La SUNAT en documento oficial calcula que eso significó un gasto tributario para el estado de 75 millones de soles anuales. Votaron a favor de ese regalo a las grandes trasnacionales extractivas: el fujimorismo y sus principales liderazgos, el Apra con Mulder y la bancada PPK con los hoy candidatos del Partido Morado. Alianza para el Progreso y la mayoría de Acción Popular se abstuvo. Las izquierdas y Yonhy Lescano votaron en contra.

Por cierto, hoy sabemos que varias empresas mineras le dieron a Keiko grandes bolsas de dinero, directamente o vía la Confiep. El voto del fujimorismo era una retribución por los millones recibidos.

LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Luego de mucha resistencia y más de cinco años después de aprobada la ley de alimentación saludable, a inicios del 2018 el Ministerio de Salud se aprestaba a establecer el etiquetado obligatorio con los octógonos que hoy nos permite estar informados.

Anticipándose a eso, en febrero 2018, el congreso aprobó un proyecto de ley saboteando la alimentación saludable e impidiendo que se establezcan los octógonos. El objetivo era favorecer a los grandes monopolios de la industria chatarra y mantenernos desinformados para que así siga siendo alto el consumo de sus productos, a pesar de que producen sobrepeso y obesidad que provocan enfermedades del corazón y cáncer. Votaron a favor de esa ley el fujimorismo y el Apra. Todos los demás grupos se opusieron, el asunto ya era un escándalo y finalmente Vizcarra observó la ley y se impusieron los octógonos.  

Una razón para el voto fujimorista la conocimos hace unas semanas: Dionisio Romero había entregado 3 millones 650 mil dólares en sus manos a Keiko de dinero del grupo Credicorp y tenía un interés muy personal contra los octógonos, ya que es dueño del oligopolio Alicorp que vende decenas de productos alimenticios industrializados altos en grasas, azúcares y sodio (sal).

TRABAJADORES SUBSIDIAN AGROEXPORTADORAS

Los agroexportadores tienen un régimen de beneficios especiales que les permite pagar la mitad del impuesto a la renta que la tasa aplicada a todos los demás negocios, concepto por el cual se llevan 383 millones de soles anuales del estado. Además no le dan a sus trabajadores gratificaciones en julio y diciembre ni les hacen depósitos en sus cuentas CTS – Compensación por Tiempo de Servicios. También pagan menos contribuciones a EsSalud que cualquier otro empleador: fueron 250 millones menos el 2019, afectando la atención a todos los asegurados.

Estas enormes transferencias de recursos de los trabajadores a las grandes agroexportadoras fueron aprobadas por Fujimori el 2000 y debían terminar el 2021, pero el congreso anterior aprobó una ley para que sigan vigentes hasta el 2031, a un costo de más de 5 mil millones de soles en total. Votaron a favor de esta ley el fujimorismo incluyendo a Rosa Bartra, el Apra, Alianza para el Progreso, los hoy candidatos del Partido Morado y un congresista de Acción Popular, los otros de AP se abstuvieron. Las izquierdas votaron en contra de manera unánime.

EL AJUSTE DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Uno de los principales problemas de la política económica todos estos años ha sido que ha mantenido baja y frenada la inversión pública. Hay una gran necesidad de renovar colegios, construir o ampliar hospitales y centros de salud, mejorar carreteras y abrir nuevos caminos, y hay también una urgencia de reactivar la economía con más construcción, empleos y demanda interna. Pero la política económica, con PPK y Vizcarra, ha seguido una política de ajuste fiscal, prefiriendo dejar de lado esas urgencias nacionales. Es absurdo, ¿no? Pero reduciendo los gastos pueden también dejar a los grandes monopolios sin presiones para el pago de impuestos, ya que sin mayores egresos no hacen falta más ingresos.

Estamos acostumbrados a pensar que eso sólo depende del Poder Ejecutivo, pero eso no es correcto: es el Congreso quien aprueba el Presupuesto Público. Para el Presupuesto 2017, que fue el primero de PPK y que inauguró su propuesta de ajuste fiscal, votaron a favor los fujimoristas en pleno con Rosa Bartra incluida, también votó a favor el Apra con Mulder, Alianza para el progreso y Acuña, Acción Popular con Vitocho y todo el grupo, y la bancada PPK que incluía a los que hoy son “morados”. Solo la izquierda planteó una propuesta alternativa. Posicionamientos similares se dieron en los años siguientes; por ejemplo el Presupuesto 2019 se aprobó con votos del Fujimorismo en pleno, de todo Alianza para el Progreso (APP) y de casi toda el Apra, así como de Acción Popular con Vitocho a bordo. La izquierda planteó la necesidad de un cambio.

EN RESUMEN

El fujimorismo, Rosa Bartra y el Apra han votado para reducir impuestos a mineras y petroleras, eliminar los octógonos en defensa del grupo Romero, subsidiar a las agroexportadoras a costa del estado y los trabajadores, y apoyar un ajuste fiscal que mantuvo la inversión pública reducida. Han estado siempre, abierta y militantemente, defendiendo los intereses de los grandes monopolios de la Confiep que pusieron plata para su campaña.

Alianza para el Progreso y los ex – PPK hoy candidatos del Partido Morado votaron a favor de regalar millones a mineras y petroleras y a agroexportadoras, y apoyaron el ajuste fiscal.  De cuatro momentos críticos que hemos analizado, sólo defendieron el interés público una vez, en el caso de los octógonos contra la obesidad.

Acción Popular ha votado muchas veces dividido. Cuando se trató de exonerar impuestos a mineras y petroleras, la mayoría de AP no votó ni a favor ni en contra sino todo lo contrario. Cuando fue puesta al voto la ley para seguir regalando millones de los trabajadores a las agroexportadoras, uno de ellos apoyó, otros se abstuvieron, nadie de AP estuvo en contra.  En relación a la política de mantener disminuida la inversión pública, han votado a favor una y otra vez.

Las izquierdas han estado consistentemente en contra de todas estas políticas.

HECHOS Y NO PALABRAS

Cuando veo a Rosa Bartra diciendo ahora que se va a oponer a los cobros abusivos de intereses de la banca, me pregunto ¿es esta promesa creíble? ¿por qué no dijo ni hizo absolutamente nada al respecto en todos los años anteriores? Recordemos que el banco más grande, el Banco de Crédito, es aquél cuyo presidente le dio maletines con 3.65 millones a Keiko y que el fujimorismo, incluyendo a Bartra, defendieron sus intereses votando a favor de mantener exoneraciones tributarias y la comida chatarra.

Evidentemente, la votación de los parlamentarios respecto a la economía no es lo único a tomar en cuenta. Pero sin duda es importante. Y más vale mirar lo que realmente han hecho los distintos grupos que las promesas de campaña que, sabemos, son a menudo palabras que se las lleva el viento.

Las grandes empresas agroexportadoras han venido dejando de pagarle a la seguridad social 250 millones de soles anuales, gracias a una ley especial vigente de hace ya 19 años que estableció que sólo aporten 4 por ciento de los salarios de sus trabajadores a EsSalud cuando por todos los demás asegurados se paga 9 por ciento del sueldo.

Pero si los grandes agroexportadores dejan de pagar 250 millones de soles cada año, eso recae sobre alguien. Como bien dice una famosa frase en inglés ´There ain’t no such thing as a free lunch´; no hay almuerzo gratis, siempre hay un costo. En este caso ese costo cae los trabajadores asegurados, ya que esos 250 millones de soles anuales significan que hay menos medicinas, razón por la cual muchas veces EsSalud dice que no las hay y nos manda a que las compremos en otro lado. También faltan equipos de tomografía, camas, salas de operaciones y especialistas; por eso hay colas de meses, tiempo que no podemos esperar porque ni el dolor ni la enfermedad paran. Esos 250 millones de soles que los millonarios agroexportadores se guardan en sus bolsillos todos los años son 250 millones de soles menos en medicinas, equipos y personal para la atención de salud de los trabajadores y sus familias.

La política de favorecer a los agroexportadores poniendo ese peso sobre los hombros de los trabajadores de todo el país no tiene justificación alguna. ¿Qué lógica puede tener que la obrera de limpieza, el joven sobreexplotado en un McDonalds y el humilde trabajador de construcción vean sacrificada su salud y la de sus familias para subsidiar a los grandes empresarios agroexportadores? ¿Quién puede defender una política tan absurda?

Que no metan el cuento de que esto es favor de los pequeños productores agropecuarios, ellos no tienen cientos de trabajadores formales en su planilla. A ellos hay que facilitarles y abaratarles el crédito y promover la transferencia de tecnologías, y para un desarrollo agropecuario amplio se debe apoyar la investigación e innovación, políticas que se podrían aplicar preferentemente hacia los pequeños y medianos productores. Pero si alguien cree que es importante subsidiar a las grandes empresas agroexportadoras pues que no sea con los fondos destinados a la salud de los trabajadores; si quieren apoyarlos cobren un impuesto a los billonarios, eliminen las exoneraciones a las mineras y bancos o pónganse firmes contra la evasión en paraísos fiscales.

Tampoco es cierto que la contribución de las empresas agroindustriales deba ser menor porque sus trabajadores por estar en zonas alejadas usan menos los servicios de EsSalud;  un cálculo detallado indica que mientras han aportado 155 millones por salud el gasto de atención a ese sector ha sido de 351 millones de soles, generando un déficit para EsSalud que asciende a 196 millones de soles, según el estudio realizado por Daniel Cotlear “La cobertura y las colas de ESSALUD –Una tomografía económica: Lo bueno, lo malo y lo feo”. A esa cifra hay que añadirle, además, las transferencias que otorga Essalud a mujeres embarazadas y trabajadores que por enfermedad dejan de trabajar por más de tres semanas, a quienes la seguridad social les paga su salario.

EL GOBIERNO, LA DERECHA Y EL CENTRO

¿Quiénes defienden una medida tan inequitativa como esta que beneficia a unos poco grandes agroexportadores a costa de todos los trabajadores del país? Pues aunque Usted no lo crea, porque es de Ripley, estas medidas han sido aprobadas por el gobierno de Vizcarra y también por el congreso anterior con el voto del fujimorismo de Becerril, Tubino y Galarreta, el Apra en pleno, la ultraderechista Rosa Bartra, la bancada de Alianza para el Progreso, los ex – congresistas Alberto de Belaunde y Gino Costa (hoy candidatos por el Partido Morado) y ex – congresistas de Acción Popular.

A las pruebas me remito. Como ese beneficio especial que regala a las agroexportadoras los fondos de nuestra seguridad social tenía fecha de vencimiento el 31 de diciembre del 2021, aprovechando el fin de año el gobierno de Vizcarra promulgó el Decreto de Urgencia 043-2019, que dispone que esas grandes empresas seguirán teniendo descuentos especiales en sus pagos a la seguridad social hasta el 2029. Fíjense en las fechas, que en este caso tienen relevancia: si la ley anterior les daba plazo todavía 2 años más, hasta fines del 2021, para que los agroexportadores se siguieran quedando con el dinero que debiera sustentar nuestra atención de salud, ¿cuál era la urgencia que justifica el decreto?

¿Y cómo entran en esto los ex – congresistas mencionados, esa variopinta confluencia de variados colores? Resulta que esta misma medida, con aún más beneficios para que los agroexportadores se queden con los fondos de la salud de los trabajadores, fue aprobada por ellos el 19 de setiembre pasado, menos de dos semanas antes de que Vizcarra cerrara el congreso. Olaechea y el fujimorismo también tenía mucho interés en sacarla, dado que quien fuera secretario general de Fuerza Popular y fue nombrado por ellos director del Banco Central de Reserva, José Chlimper, es uno de los principales empresarios agroexportadores del Perú y ganará millones con esta ley, al igual que sus aportantes los hermanos Rodríguez Banda del grupo Gloria.

Todos los congresistas de Alianza para el Progreso votaron a favor de que el dinero que debía destinarse a nuestra salud estuviera en los bolsillos de los agroexportadores. También apoyaron la medida la llamada “Bancada Liberal” de los ex – pepecausas Gino Costa y Alberto de Belaunde. Los congresistas de Acción Popular, por su parte, votaron unos a favor y otros en abstención, pero ninguno se opuso. Los únicos que se opusieron en bloque y de manera unánime fueron las izquierdas. Remarco esos votos porque pienso que ahora que se vienen las elecciones, más que en fijarnos en las muchas propagandas y ofrecimientos hay que mirar la trayectoria e historial de los distintos partidos.

Si recordamos esos meses del año pasado, puede llamar la atención que en momentos cuando el enfrentamiento entre el gobierno y el fujicongreso estaba en su punto más alto, hubiera esa coincidencia entre ellos. Sucede que no es casualidad el que estuvieran juntos en aprobar una medida tan inequitativa. Esas mismas fuerzas políticas son las que entre 2016 y 2019 dieron sus votos para que proceda la política económica de PPK, aprobaron sus presupuestos en el congreso con el ajuste de la inversión pública, respaldaron que sigan las concesiones de peajes abusivos mediante “Alianzas Público-Privadas” poco transparentes, han mantenido a la fiscalización laboral debilitada y han votado a favor de que las empresas mineras sumen a sus exoneraciones tributarias una “devolución de impuestos” ultra-rápida. Varios de esos grupos políticos pueden estar enfrentados entre sí y algunos hayan hecho méritos en la lucha contra la corrupción y por la equidad de género. Pero todos, ya sea por interés o por ideología, apoyan una política económica neoliberal que favorece la concentración de la riqueza en pocas manos aunque para ello sacrifiquen la salud y seguridad en el trabajo.

SIN GRATIFICACIONES NI CTS

El decreto aprobado por Vizcarra y el proyecto de ley aprobado por los congresistas señalados contiene además otra medida para reducir salarios de los trabajadores en beneficio de los agroexportadores. Consiste en negar a los trabajadores de la agroexportación los pagos de gratificaciones en julio y diciembre y los depósitos para su CTS (Compensación por Tiempo de Servicios). Esas medidas, vigentes desde el año 2000 con Fujimori, debían acabarse el 2021 pero ahora seguirán por diez años más, hasta el 2031.

Supuestamente, según dice la ley, estos beneficios están incluidos en la boleta de pago semanal o mensual del trabajador. Esta misma idea es la que el gobierno de Vizcarra incluyó en su “Plan Nacional de Competitividad”, pero como era obvio que en la práctica significaba que los trabajadores nos quedábamos sin gratificaciones y sin CTS y que eso generaría una fuerte respuesta social, no la han implementado. El argumento tonto de los neoliberales pro-Confiep de que sería sólo una “opción” que “podrían o no” adoptar los trabajadores no convence a nadie, y menos en un mercado laboral con muy pocas oportunidades de empleo en el que se imponen condiciones de mucho sobretiempo e inseguridad como se hizo patente con los jóvenes de McDonalds.  

AGENDA ELECTORAL

Ahora que se aproximan las elecciones con muchos temas en la agenda, vale la pena no olvidarse de la justicia social y económica. En primer lugar, porque la ultraderecha y el fujimorismo quieren ocultar cómo han defendido a la Confiep y esos monopolios tramposos todos estos años, otorgándoles beneficios millonarios como contraprestación a sus “aportes de campaña”. También hay grupos como Alianza para el Progreso que quiere pasar piola, cuando fueron firmes aliados del fujicongreso defensor de corruptos como su congresista Edwin Donayre y de la política económica pro-Confiep.

Habiendo otros grupos que han tenido posiciones firmes contra la corrupción y por la equidad de género, una ventaja de las elecciones es que hay varias opciones para escoger. Podemos optar por una que además de estas banderas levante aquella de la lucha contra la desigualdad en favor del pueblo trabajador.

Empecemos por ¿cómo venimos avanzando? ¿qué está pasando?. Los resultados del 2019 han sido malos, a principios de año el MEF dijo que creceríamos a 4,2 por ciento y con suerte llegamos a la mitad.  Y ojo, la diferencia, 2% del PBI son 15 mil millones de soles; por persona son 500 soles anuales – claro, si se repartiera equitativamente.

El problema es serio en cuanto a los  empleos e ingresos de las familias peruanas. Los peruanos No queremos regalos, queremos ganarlos la vida con nuestro propio esfuerzo. Pero faltan oportunidades. No hay nuevos empleos en Lima y las ciudades hace 4 años mientras entran 300 mil jóvenes al año a buscar chamba y encima hay 600 mil venezolanos. Los ingresos familiares se encuentran estancados, aunque las necesidades de salud y educación aumentan ante la crisis de servicios públicos. Mientras tanto, los billonarios siguen ganando a todo dar.

El MEF hoy, igual que antes con el ministro Oliva y antes bajo PPK, dicen que no estamos tan mal porque no hemos caído….pero a este ritmo de tortuga, estancados, no hay progreso económico. Otros defienden esta situación diciendo que el resto de Latinoamérica está igual –pero mal de muchos consuelo de tontos. Además, China e India, y entre esos 2 países hay 80 Perús de población, crecen 6%, el triple que nosotros, y Evo Morales dejó Bolivia creciendo al 4%. El Perú ha crecido en el pasado a 4, 5 o 6%; incluso con Velasco, ese que la derecha y los empresarios odian, creíamos entre 4 y 5% anual.

¿Por qué estamos así? Una explicacion a desechar es que es el Chavismo – Comunismo del gobierno, lo que dicen Bartra, Mulder y Becerril. ¿Cuál chavismo? ¿Dónde están los controles de precios, el control de cambios, las estatizaciones? Tampoco es verdad que los inversionistas vean al Perú hoy más riesgoso; el indicador de “riesgo país” muestra que no es así y los financistas internacionales ponen su plata en bonos del gobierno peruano a muy bajas tasas de interés. Esos cuentos son un engaño para esconder que defienden el modelo que viene de Fujimori, que han votado en el fujicongreso para que las grandes agroexportadoras sigan pagando la mitad de Impuesto a la renta que la bodeguita de la esquina, que las trasnacionales mineras reciban 2 mil millones de soles de “devoluciones de impuestos”, que las universidades-negocio y los bancos no paguen IGV como lo hace la bodega de la esquina, el estudio profesional que hace planos y proyectos de inversiones o el policlínico de barrio que atiende la salud

¿Cuál es la explicación válida de porqué se ha detenido el crecimiento de nuestra economía? La economía peruana es como un velero con motor. La vela agarra el viento de la economía mundial. Hoy ese viento está parado, los precios de los minerales y materias primas han caído. Podemos echarle la culpa al viento. Pero todas las economías tienen sus motores propios por si para el viento, unos más poderosos, otros más pequeños. Nosotros tenemos dos motores, no grandes pero de mediano tamaño, que tienen combustible (reservas) y a los cuales podemos pisar el acelerador cuando el viento se detiene.

El primer motor es el crédito: la moneda la maneja el gobierno a través del BCR y puede facilitar el crédito y bajar los intereses. Se hace todo el tiempo en EEUU, Europa, Japón, Chile, Colombia, etc…pero en Perú el BCR dirigido por Velarde y Chlimper prefieren mantener escaso el crédito y altas las tasas en beneficio de los grandes bancos.

El otro motor es la inversión pública: el gobierno puede abrir el caño presupuestal a la inversión pública y la inversión social. Pero el MEF no quiere. Por ejemplo, Vizcarra ha dicho que el SIS será para todos, pero el MEF no suelta la plata. Por ejemplo, se necesita 2000 inspectores laborales y solo hay 1/3 de eso pero el MEF no suelta la plata. Necesitamos mucho más parchado de pistas y nuevas avenidas y carreteras pero el MEF no suelta la plata para seguir sin cobrarles impuestos a los negocios billonarios de mineras, bancos, etc.

Un asunto más de fondo es que necesitamos nuevos y mejores motores, que generen empleo y prosperidad, en sectores como Agricultura, Industria, Servicios, Turismo, Biodiversidad y Nuevos emprendimientos. Para eso, hay que facilitarles crédito, mercados, demanda, tecnologías, conexiones a internet en provincias. Es tiempo de cambiar el rumbo económico, la estrategia de “solo la minería y los grandes monopolios” no sirve más.

El problema es que el gobierno y la Confiep no quieren pisar el acelerador sobre los motores que tenemos ni quieren poner en marcha motores más modernos de refuerzo. En esas condiciones, cualquiera sabe que si sigues haciendo lo mismo que antes, seguirás obteniendo los mismos resultados, que en el caso de nuestra economía dejan mucho que desear.