Shougang Hierro Perú fue la primera gran inversión china en el Perú cuando compró la mina Marcona hace 27 años.  Ha tenido un comportamiento propio de un imperio colonizador en toda su brutalidad, haciendo tropelías gracias un estado débil y autoridades complacientes. Un reciente documental titulado “Entre el Hierro y el Mar” lo presenta descarnadamente.

No es que los abusos de Shougang sean recientes. Cuando esta empresa estatal china compró Hierro Perú en una de las primeras privatizaciones del gobierno de Fujimori, Shoungang ganó la licitación porque ofreció una inversión importante. La cláusula 9 del contrato en su inciso 1 decía que ““El comprador está obligado bajo el presente contrato a efectuar inversiones en aportes al capital para futuros desarrollos en un monto de ciento cincuenta millones de dólares americanos (US$ 150,000,000.00) en un plazo de tres (3) años contados a partir de la Fecha de Cierre”. No lo hizo, ni estuvo cerca: lo que invirtió sólo fue la quinta parte de esa suma. Tampoco completó el compromiso tras firmar una adenda que le otorgó tres años más de plazo, a pesar de que luego de la compra-venta Shougang consiguió mediante los Decretos Ley 25887 y 25976 (firmados por Fujimori cuando no había congreso) que el estado asumiera más de 250 millones de dólares en deudas de la empresa. Recordemos que la conexión del “chino” con los chinos tuvo varios canales de corrupción, como en el caso de la compra de medicinas y maquinarias por el cual su primer ministro Victor Joy Way fue condenado a ocho años de prisión.

ABUSOS LABORALES

Las reiteradas huelgas y denuncias que han hecho los obreros de Marcona han sido notorias y varias de ellas han llegado hasta las calles de Lima a pesar que la mina queda a 450 kilómetros de la capital. Shougang es la empresa que más huelgas ha afrontado los últimos veinte años.

La salud y seguridad de los trabajadores sufren grandes riesgos. Un estudio del Ministerio de salud del 2004 encontró que un tercio de los obreros de Shougang sufren neumoconiosis, tienen polvo contaminado en los pulmones, y un 29 por ciento tiene los oídos afectados. El 2014 el obrero Ronny Ampuero murió en un accidente de trabajo al explotar una bomba de presión. En 5 años hubo 1274 accidentes dejando 110 discapacitados. En junio pasado hubo un incendio y los trabajadores denunciaron que no había extintores.

Lo que no sabía y me indignó al ver “El Hierro y el Mar” es que Shougang se niega a pagar, 9 años después, una sentencia judicial que le obliga a cumplir un laudo arbitral que otorgó un aumento de remuneraciones a sus obreros. Ha pasado tanto tiempo que varios trabajadores ya han fallecido. Shougang adeuda ya 70 mil soles a cada trabajador, según dice el sindicato, lo que no me extraña porque se han acumulado más de quinientas semanas de trabajo. Es una burla total de la empresa a las leyes peruanas. Los sindicatos le han iniciado más de 160 juicios a la empresa por incumplimiento de obligaciones laborales, razón por la cual Shougang gastó el año pasado casi 200 mil soles solo en pagarle a los abogados externos, aparte de las abultadas remuneraciones de quienes tiene en planilla.

La actitud de Shougang desde hace años ha sido de franca agresividad contra los sindicatos, algo seguramente relacionado a que en China no existen sindicatos independientes que puedan negociar con los jerarcas dominantes. Parece que los gerentes chinos han trasladado al Perú el trato vertical y despótico de la dictadura china, así como la pesada historia de contaminación de sus peores industrias. Acá echan mano a todas las tretas y argucias, en un escenario en el que la corrupción ha dominado nuestro sistema judicial, para frenar la lucha de los trabajadores por sus derechos. Hace unos años (2012) llegaron al extremo de iniciarle un juicio a Cristian Sánchez porque desde un cargo de dirección en el ministerio de trabajo puso coto a algunas de estas triquiñuelas anti-laborales, juicio que desde luego no prosperó y el Dr. Sánchez luego fue ministro de trabajo.

IMPACTO AMBIENTAL

Aunque Shougang opera en una zona desértica y podría pensarse que no tiene mayor impacto ambiental, eso sería un error: su efecto es grande sobre dos reservas naturales marítimas. Resulta que Marcona es una de las bahías más profundas de toda la costa del Pacífico Sur y por eso hay afloramiento de corrientes marinas frías que vienen de la Antártica. Hay allí lobos de mar y pingüinos de Humboldt así como gran variedad de aves. Marcona produce macroalgas con alto nivel de proteínas, vitaminas, ácido fólico y calcio; actualmente los pescadores de la zona exportan entre 600 a 700 toneladas mensuales de algas y mariscos como chanque, lapa y pulpo.

Shougang genera una alta contaminación sobre este espacio marino-costero. Hace un año, debido a que el transporte del concentrado producía mucho polvo que iba hacia la bahía de San Nicolás, la OEFA – el organismo fiscalizador del ambiente – ordenó que se paralizara esas operaciones. El 31 de julio pasado su subsidiaria Shauxin derramó relaves mineros altamente tóxicos. El documental “El Hierro y el Mar” cuenta bien esta historia, con bellas imágenes del paisaje y la biodiversidad, relatos de los esfuerzos de los pescadores por innovar y progresar y registros de la espantosa contaminación que se cierne sobre ellos.

La propia ciudad de Marcona, similar a lo que sucede en Cerro de Pasco, no puede lograr un desarrollo urbano debido a que la minería tiene concesionado el 78 por ciento del territorio del distrito. Cuando la Municipalidad Provincial de Nazca trató de promover la habilitación urbana II Etapa del AA.HH San Martin de Porres, fue impedida por la mina, razón por la cual la municipalidad ha denunciado a Shougang por usurpación agravada. Me impactó del documental las imágenes de una no-ciudad, precaria y desordenada, sin hospital y con escasez de agua porque Shougang no les abre el caño.

Nada de esto se debe, por si acaso, a que la mina tenga problemas económicos. Shougang tuvo utilidades, solo entre enero y setiembre del año pasado, por 740 millones de soles. Es decir, le alcanza y le recontra sobra para darle salud, seguridad y sueldos dignos a sus trabajadores, cuidar el ambiente y colaborar con el desarrollo urbano de una ciudad de la cual depende, ya que sin ella no habría trabajadores que contratar. También podría fácilmente pagar sus multas, que suman 15 millones de soles entre las aplicadas por SUNAFIL (laborales), OEFA (ambientales) y OSINERGMIN (seguridad).

NUEVA MINERÍA

En los últimos años hemos ido conociendo otras historias ambientales terribles de la minería peruana. La realizadora de “El Hierro y el mar”, Magali Zevallos, ya nos había contado una en su documental multimedia “La vida no vale un cobre” sobre la historia de contaminación en la provincia de Espinar, región Cusco. La contaminación producida en el pasado por Southern Copper es conocida por la población que por eso resiste con todo a la amenaza de Tía María, del mismo modo que el rechazo a Conga tenía su anclaje en el pésimo historial ambiental de Yanacocha: siembra vientos y cosecharás tempestades. El problema generado por Las Bambas en Cotabambas y Chumbivilcas con cientos de enormes camiones llenando de polvadera los pastos y sembríos de los campesinos de la zona es conocido; también en este caso se trata de una empresa china.

Para empeorar las cosas, el aporte económico de la minería al estado peruano se ha reducido sustancialmente. El impuesto a la renta pagado por la minería se ha reducido en 40 por ciento el año pasado. Sólo aportaron el 11 por ciento del total del impuesto a la renta recaudado, frente a más de 20 por ciento el 2018. Al mismo tiempo, recibieron 4,643 millones de soles por devoluciones de impuestos, casi 900 millones de soles más que el año anterior.

La necesidad de una nueva política y legislación minera salta a la vista. En setiembre del año pasado, frente al resurgimiento de la movilización social en el valle del Tambo cuando se otorgó la licencia de construcción a Tía María, el gobierno nombró una comisión consultiva para revisar la política y legislación minera. Ya la comisión entregó su informe hace más de quince días. Es tiempo de iniciar un debate sobre el tema; tenemos que asegurar que la minería se haga mejorando la vida de los peruanos y cuidando el ambiente, y donde no es así pues que no se haga.

Aún más importante, es urgente promover nuevos motores que empujen la economía peruana, en sectores como pequeña y mediana agricultura, turismo, servicios e industria, con innovación tecnológica y aprovechamiento sostenible de nuestra diversidad biológica y cultural. Seguir con una política que privilegia la minería confiando en que ésta saque a nuestra economía del estancamiento y nos traiga progreso social es absurdo; peor todavía cuando tenemos malas empresas como Shougang abusando con impunidad.

Odebrecht tiene la frescura de enjuiciar al Perú en tribunales internacionales a pesar de los miles de millones de ganancias indebidas que amasó en base a coimear a todos los ex – presidentes y muchos más. Su socia Graña y Montero dice que no le gusta su propio nombre y aunque pocos creen en su honestidad igual GyM se embolsica todo lo que pagamos en el Metro de Lima. Indecopi procesa a 35 empresas del “club de la construcción” por una repartija mafiosa de 112 obras por 13 mil millones de soles, pero igual todas ellas siguen postulando a licitaciones de obras públicas como si nada hubiera pasado. Algo está muy mal en la lucha contra la corrupción.

SI LA JUSTICIA ES LENTA EL EJECUTIVO DEBE ACTUAR

En el Perú, ningún dueño o gerente de empresa constructora corrupta, extranjera o nacional, está en la cárcel. Ya sabemos que nuestro país la justicia es lenta, que las investigaciones toman tiempo y luego vienen juicios que se hacen interminables. ¿No puede mientras tanto el presidente y sus ministros, o este renovado congreso, tomar medidas al respecto para que al menos no se sigan llevando nuestra plata?

Si usted pone su aviso y alquila un departamento a alguien y luego esta persona resulta acusada de robo, ¿renovaría el contrato de alquiler mientras el tipo apela una y otra vez? ¿lo contrataría para que le haga alguna obra? No, claro que no. Pero el estado sí lo hace.

Frente al escándalo de Odebrecht, el gobierno de PPK sacó el Decreto de Urgencia 003-2017, luego reemplazado por la ley 30737 aprobada con votos del fujimorismo, Apra, congresistas PPK y APP. El reglamento lo hicieron con participación de la AFIN, la “Asociación de Fomento de la infraestructura Nacional” que agrupa a las grandes constructoras y de la cual Jorge Barata de Odebrecht fue vicepresidente: como poner al gato de despensero. Pero estas normas no le dan armas de presión económica a los fiscales que persiguen la corrupción ni establecen medidas para impedir que estas empresas corruptas sigan contratando y cobrando del estado y el público. De las treinticinco empresas del “club de la construcción”, siguen funcionando como si nada, absolutamente nada, hubiera pasado. Apenas Odebrecht y sus tres socias peruanas (GyM, JJC e ICCGSA) tienen que separar una partecita de lo que nos cobran a un fondo destinado a la reparación civil y no pueden llevarse así nomás su dinero. Pero OAS, Andrade Gutiérrez, Galvao Engenharia y Camargo Correa que son las otras grandes brasileñas corruptas y las nacionales Cosapi, Aramayo, Obrainsa y demás empresas del “club de la construcción” siguen sin ninguna fiscalización especial o barrera legal. Encima, las coimas las hicieron pasar como gastos legales de tal manera de evadir IGV e impuestos a la renta, pero la SUNAT no muestra estar moviendo un dedo al respecto.

Ahora en los nuevos contratos de obras públicas se establece una cláusula anticorrupción, pero cuando el gobierno ha querido que esa cláusula se incluya en los contratos antes firmados, todas las empresas se han negado. Son campeonas para pedir renegociaciones a su favor y se llenan la boca diciendo que ahora sí son limpias y honestas, pero cuando el estado quiere que sus contratos se cancelen si se descubren actos de corrupción se niegan a firmar; su moralidad no llega hasta su billetera. Eso son ellos, pero ¿hasta cuándo seguiremos con un ministerio de economía que agacha la cabeza frente a las trasnacionales y grandes empresas en vez de ponerse firme contra la corrupción?

EL ARGUMENTO DE LOS DEFENSORES

Defendiendo la ley 30737, la entonces ministra de economía Claudia Cooper, sustentó que “necesitamos (…) darle predictibilidad a los agentes económicos para poder tomar decisiones que les permitan garantizar la cadena de pagos y sus inversiones” (sic). En otras palabras, no se trataba de detener la corrupción sino sólo de “garantizar inversiones”, aunque fueran del tipo de Odebrecht y Graña y Montero.

Para el ex – ministro Edmer Trujillo, “si las empresas del club de la construcción salen del país ¿con qué construimos?”, seguido de “Si sacas al ‘Club de la Construcción’ has acabado con todas las empresas del país. Así de simple es el tema”. Discurso muy parecido al ´roba pero hace obra´ esta vez en versión ´sólo los rateros pueden hacer obras públicas´. Trujillo salió después de decir estas frases, pero luego Vizcarra lo volvió a nombrar ministro.

Por su parte, Roberto Abusada, director de Graña y Montero que ha estado durante todos los años de corrupción y asociación con Odebrecht, lo que ha habido es un “manejo absurdo de la corrupción que destruye empresas, que son activos nacionales”. Pobre Graña y Montero, destruida (¿?) porque no nos dimos cuenta que era de toda la nación…aunque las ganancias, claro, eran para unos pocos. “El Comercio” sigue publicando a Abusada sin decirle a sus lectores el serio conflicto de interés que significa que el representante de José Graña en el directorio de GyM tenga espacio preferencial en el diario del que José Graña es el accionista número uno.

LA REPARACIÓN CIVIL Y LAS EMPRESAS

Será difícil tener las pruebas de todas y cada una de las coimas en esas 112 obras del “club de la construcción”. Estos tipos no son unos angelitos que confesarán todo sino unos rateros tratando de zafarse de la cárcel resguardando lo más posible lo robado. Pero además de robarnos han generado daños inconmesurables al país: ¿cuántos cientos de millones en elefantes blancos hemos pagado? ¿cuánta gobernabilidad hemos perdido con cinco ex – presidentes en cana o con limitaciones una su libertad? ¿cuánta desconfianza en el estado y delincuencia han provocado sus raterías? ¿cuántas empresas, gerentes y directivos se han contagiado del virus de la corrupción que han esparcido por todas partes?

Eso es lo que deben repararnos económicamente, y en mi opinión el daño es muy grande, quizás 10 o 20 veces más que el robo mismo. Lo que se ha pedido de reparación a Odebrecht no debe ser la medida; estos han sido rateros mayores pero también los primeros en cantar y dar mucha información para meter a corruptos a la cárcel y eso es muy valioso. Quienes se han resistido y se siguen resistiendo a colaborar, deben ser castigado más fuertemente, con penas mayores de cárcel pero también con mayores reparaciones económicas. Esta es una discusión crucial sobre cuánto valoramos la ética pública que la ciudadanía y el congreso debe acometer.

Siendo así, sospecho que muchas de estas empresas le deben a los peruanos bastante más que lo que es su patrimonio actual. Porque lo más seguro es que la mayor parte de los robos de José Graña y los demás señorones del “club de la construcción” está hace tiempo en alguna cuenta secreta en un paraíso fiscal.

Una reparación civil justa, que realmente empiece a compensar el enorme daño que han hecho a nuestra patria, podría llevar a que Graña y varios dueños de constructoras corruptas pierdan su propiedad, como lo hacen los accionistas de cualquier empresa que no puede pagar sus deudas. Esto no es una medida “socialista” ni nada por el estilo. En Estados Unidos la empresa Purdue de la familia Sackler sobornó a médicos para que engancharan a decenas de miles como drogadictos de Oxycontin, llevando a muchos a la muerte (hay 60 mil muertos por opioides al año en EEUU), han sido enjuiciada por 500 estados, condados y grupos sociales que buscan reparaciones. Purdue ya se declaró en bancarrota, la familia Sackler dejó el control de la compañía y han ofrecido pagar de su propia fortuna pagar 3 mil millones de dólares, suma que ha sido rechazada por insuficiente por varios de los estados demandantes. En esta meca del capitalismo a nadie se le ocurre decir que esto sería un “manejo absurdo que destruye empresas, que son activos nacionales”.

Es necesario también iniciar otras discusiones. ¿Por qué no hay una ley o decreto que realmente nos defienda de estos sinvergüenzas obligándolos a revisar arbitrajes trafeados y precios exagerados? ¿Qué tal si el que no quiere incluir la cláusula anticorrupción en los contratos anteriores tampoco puede postular a nuevas licitaciones? ¿Por qué no les ponemos como condición básica a todos estos investigados por la fiscalía y por Indecopi, que si quieren seguir postulando a licitaciones públicas deben aceptar un fiscalizador público al interior de las mismas empresas?

En todo el mundo, la idea que las empresas solo deben pensar en darle ganancias a sus accionistas está en retirada. En el propio Estados Unidos, la meca del capitalismo, el “Business Roundtable” que agrupa a 181 grandes empresas norteamericanas (similar a la Confiep) declaró a finales del año pasado que las empresas no deben solo velar por las ganancias de los accionistas sino también por el bienestar de los trabajadores, la sociedad y el ambiente. La ética ya la daban por descontada, algo que en el Perú no podemos hacer y que tiene que ser el punto de partida para un nuevo comportamiento empresarial. Pero si no empezamos por ponernos firmes y hacerles pagar caro el daño hecho, nada cambiará.

Odebrecht ha tenido la sinvergüencería de enjuiciar al estado peruano en un tribunal internacional. Parece que no tiene posibilidades de ganar. Hay que ser conscientes, sin embargo, que Odebrecht se está aprovechando de leyes y tratados vigentes que favorecen a muchas trasnacionales hasta el absurdo. Más allá de la coyuntura hay varias características colonialistas que tiene este arbitraje internacional que es indispensable cambiar.

LUXEMBURGO

Un primer asunto resaltante es que la filial de Odebrecht que firmó el contrato por el Gasoducto del Sur es una compañía establecida en Luxemburgo y ahora invoca el tratado que el Perú firmó con ese país. ¿Cómo? ¿Acaso Odebrecht no es una empresa brasileña y tanto el papá Emilio como el hijo Marcelo nacieron en Brasil y tienen esa ciudadanía?

Luxemburgo tiene menos habitantes que San Lurigancho, Ate-Vitarte o San Martín de Porras pero es rico porque es un paraíso fiscal usado por trasnacionales de todo el mundo para evadir impuestos. Un reciente estudio del FMI: “What is Real and What is Not in the Global FDI Network?”, muestra cómo los supuestos inversionistas de ese país no son realmente de ahí sino que sólo se registran en Luxemburgo para pagar menos tributos y ocultar sus negociados. Hay que anotar que Odebrecht no es la primera empresa corrupta operando con filiales en Luxemburgo. La empresa argentina Techint, a través de su subsidiaria Teneris domiciliada en Luxemburgo, ya fue acusada de sobornos. El Tax Justice Network coloca a Luxemburgo en el puesto 6 de los países que mayor secreto guardan cuando se trata de proteger evasores fiscales. No por gusto allí es donde Vladimiro Montesinos tenía 15 millones de dólares escondidos y Eliane Karp una cuenta oculta.

Adivinen de qué país pretendían evadir impuestos Odebrecht en este caso: ¡del Perú, obviamente!  Gracias a un convenio llamado “convenio de doble tributación”, pueden legalmente dejar de pagarnos impuestos al Perú si pagan allá. Fina cortesía del neoliberalismo y sus años de mantener la cerviz doblada para “atraer inversiones extranjeras” como dice en su hoja web.

Luxemburgo es realmente un paraíso fiscal, como revelaron los llamados #LuxLeaks el 2014 y establece un informe de Oxfam, pero como ese país es parte de la OCDE y su ex – primer ministro Jean-Claude Juncker fue presidente de la Comisión Europea, han conseguido que el Perú no trata legalmente a Luxemburgo como el paraíso fiscal que es. Otra clara señal de nuestra subordinación a los imperios económicos de occidente. Porque ni ellos hacen lo que nosotros hacemos: hace unos años un tribunal europeo encontró que Amazon estaba escudándose en ese paraíso fiscal de Luxemburgo para evadir impuestos y obligó a que pagara 250 millones de euros. ¡Aún así el Perú otorga beneficios especiales a las empresas que se registran en Luxemburgo!

¿Y QUIÉNES SON LOS JUECES?

Hay otro elemento importante en esta historia, algo que todos sabemos tiene una importancia decisiva en el resultado de cualquier juicio: quiénes son los jueces. ¿Acaso estos han sido designados por un cuerpo elegido democráticamente luego de un proceso transparente? ¿Corresponden a un cuerpo multinacional como las Naciones Unidas donde todos los países tienen igual voz y voto? ¿De alguna manera su designación recoge nuestros intereses nacionales? La respuesta es no, no y no.

Odebrecht ha interpuesto su demanda ante el CIADI, un organismo del Banco Mundial. El presidente del Banco Mundial y del CIADI designa a los árbitros que deciden los reclamos de las trasnacionales. En sus 70 años de existencia el Banco Mundial sólo ha tenido presidentes de una nacionalidad: los Estados Unidos. Todos ellos han sido hombres, ninguno afrodescendiente, latino o nativo originario.

La decisión de quién será presidente del Banco Mundial y del CIADI ni siquiera pasa por el Congreso de los Estados Unidos sino que es puesto a dedo por el presidente de esa potencia imperial. El actual presidente del Banco Mundial y del CIADI fue impuesto por Donald Trump; es David Malpass, miembro del Partido Republicano y antes funcionario de segundo nivel del gobierno Trump. Malpass años atrás había sido economista jefe del banco Bear Sterns hasta que éste colapsó en el 2008 con pérdidas billonarias que terminaron siendo cubiertas por el estado.

En resumen, ¿de quién depende a final de cuentas el resultado del juicio iniciado traicioneramente por Odebrecht? De un hombre de confianza de Trump. El gobierno de la potencia hegemónica más imperialista de décadas es quien decide. Esas son las condiciones que el Perú ha aceptado en un tratado firmado con Luxemburgo, y que se aplicarían a cualquier otra empresa trasnacional (o nacional) sinvergüenza que vaya a registrar su empresa allá. A similares condiciones estamos sometidos frente a inversionistas registrados en decenas de otros países.

Puede ser que en este caso, el juicio termine siendo ganado por el Perú. Pero ¿por qué en relación a un contrato del estado peruano con un privado, quien decide es un tipo designado por Donald Trump? El que ni siquiera sea un inversionista norteamericano termina siendo la cereza del pastel que celebra la total sumisión a esa potencia imperial. La otra cereza es que quien firmó el contrato con Odebrecht que permite esto haya sido el “nacionalista” Ollanta Humala, llevado de la (bien aceitada) mano de Nadine Heredia.

SOBERANÍA

Un tema más de fondo es el tema de soberanía y de derechos ciudadanos. ¿Por qué una empresa trasnacional tiene más derechos que un peruano y se le permite abrir juicios económicos contra el estado peruano fuera de la justicia nacional? Tome nota amigo lector que si usted o yo tuviéramos alguna controversia de dinero con el estado peruano, digamos que la SUNAT sostiene que debemos impuestos o que hay un contrato en disputa, podemos recurrir a los tribunales pero solamente al sistema de justicia peruano. Tenemos derecho a recurrir a un juez y luego seguir toda la cadena hasta la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, como ha sucedido varias veces, pero no podemos ir a un tribunal internacional. ¿Por qué entonces alguien que registra su empresa en algún paraíso fiscal para evadir impuestos sí puede hacerlo? 

El estado peruano tiene ya casi una veintena de juicios por parte de inversionistas en tribunales internacionales; tantos que se ha tenido que establecer un área especial del ministerio de economía y finanzas para defendernos pagando abogados que nos cuestan millones de dólares. Una investigación de Hiperactiva Comunicaciones encontró información que mostraba que el costo de las defensas de sólo 4 juicios era de más de 50 millones de soles.

Estos tribunales de arbitraje internacional se deben a cláusulas de Tratados de Libre Comercio o lo que se conoce como “Tratados bilaterales de inversiones”. Pero aunque en el papel implican un trato con ventajas hacia ambas partes ¿cuántos juicios hay de inversionistas peruanos en Luxemburgo, en Estados Unidos o en cualquier otra parte, con este mecanismo? Ninguno.

Se sostiene que estos tribunales y estas medidas deben aplicarse para dar confianza a los inversionistas. ¿Acaso cuando Estados Unidos, los países europeos, Japón o Corea del Sur estaban desarrollándose, aplicaron estas políticas? No. Acaso China que tanto ha crecido económicamente los últimos años tiene estas políticas? No, y tienen más de 2 trillones de dólares de inversión extranjera. Creer además que un tratado con el pequeñísimo Luxemburgo va a atraer inversiones de ahí, es ridículo. Pensar que una empresa registrada en un paraíso fiscal, donde las leyes están diseñadas para atraer sinvergüenzas, deba tener ventajas especiales basadas en un tratado para “atraerlas dándoles confianza”, es un despropósito completo. Eso solo se le pasa por la cabeza a quienes creen que toda empresa trasnacional es buena, limpia y positiva, como la Confiep y el MEF, pero vamos, la evidencia ya es demasiado contundente como para seguir sosteniendo esa idiotez colonialista.

Terminemos sacando algunas lecciones de política. La primera es que el estado peruano no debiera firmar contrato alguno ni permitir el ingreso de una empresa domiciliada en Luxemburgo o cualquier otro paraíso fiscal, ya que ninguna de esas empresas realmente opera físicamente en esos países, es solo una treta para pagar menos a la SUNAT y mantenerse operando sin la transparencia debida. Todos los contratos suscritos de esa manera deben ser revisados y modificados, antes que tengamos otra fea sorpresa como esta que nos ha propinado Odebrecht. La segunda conclusión es que el Perú no debía tener ningún convenio de “doble tributación” o de “protección de inversiones” con países que son paraísos fiscales; denunciar esos tratados sería un buen inicio del nuevo Congreso.

El gobierno ha decretado este año 2020 como el año de la “Universalización de la Salud”, tras haber sacado en noviembre un decreto con ese mismo objetivo. Salud para Todos es algo necesario para la vida, la justicia social, la democracia y el bienestar de los peruanos que ha sido tontamente postergado por siglos. Hay sin embargo un GRAN problema: este anuncio gubernamental no tiene presupuesto. Y aunque sería lindo que la salud no tuviera costos, la realidad es otra: profesionales, medicinas, hospitales y equipos cuestan, y bastante. Hasta el momento, sin embargo, el presidente Vizcarra olvida la verdad elemental de que no hay “lonche gratis” y la salud no es una excepción.

Aclaremos algo de entrada: el decir que la salud cuesta no significa, para nada, que ese costo deba ser cubierto por los pacientes en el momento de la atención. Los peruanos estamos mal acostumbrados a que tengamos que sacar de nuestros bolsillos fuertes sumas de dinero si queremos curarnos o tomar medidas preventivas, pero no tiene que ser así: en la mayor parte del mundo es el gobierno y/o la seguridad social quienes cubren esos costos. La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial establecen que un buen sistema de salud es aquél en el cual las personas no pagan en el momento de la atención y tienen el costo cubierto por seguros o gobiernos. Es lógico, una base necesaria para universalizar la salud es que los cobros no sean una barrera infranqueable para los pobres y enfermos. Es imprescindible reconocer que la salud cuesta justamente para que tengamos formas de enfrentar esa realidad que no sean el asalto directo a la billetera.

El dato sencillo

Por un lado, con el decreto de noviembre el gobierno ya ha afiliado 2 millones 500 mil personas al Seguro Integral de Salud, cifra que seguirá aumentando los próximos meses. Es obvio que si es necesario atender a 3 millones de personas más, incluso en las malas condiciones actuales es necesario mayor presupuesto para las medicinas, los insumos de laboratorio y el trabajo de los médicos y profesionales. Pero no hay: el presupuesto para el SIS ha disminuido de 2,274 millones el 2018 a 1,893 millones el 2020. ¿Cómo demonios creen que se puede atender a tres millones de personas adicionales sin dinero para medicinas, equipos y personal?

Por si acaso, si alguien cree que eso es porque ese presupuesto destinado no se ha gastado, como sucede en otros sectores, se equivoca: el año pasado el SIS ejecutó el 99 por ciento de su presupuesto, una de las instituciones con mayor porcentaje de gasto ejecutado en el país. Es que falta plata, pues, así que rascan la olla.

Tampoco sucede que el sector salud, el ministerio y los gobiernos regionales, tengan un presupuesto amplio, holgado o siquiera que llegue a lo mínimo necesario. El gasto público en salud es apenas 2,3 por ciento del PBI, es decir, de cada 100 soles de producción e ingresos nacionales solo 2 soles con 30 céntimos se destinan a la salud pública. El promedio latinoamericano es de 4 por ciento, Ecuador y Bolivia están en 4,5 por ciento, Colombia supera el 5 por ciento, Uruguay y Costa Rica están encima del 6 por ciento y Cuba supera el 10 por ciento. Estanos hasta las cangallas. Por cierto, la necesidad de dedicar más presupuesto a la salud con el objetivo de la universalización forma parte de un acuerdo regional auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud el 2014 llamado “Estrategia para el acceso universal a salud y cobertura universal de salud”, acuerdo que plantea destinar 6 por ciento del PBI a salud pública, algo a lo que el Perú ni se acerca.

Que el presupuesto de salud es insuficiente en el Perú pueden dar fe cada día miles de peruanos. Basta ir a cualquier centro de salud u hospital público y ver cantidad de gente que sale con su receta a buscar donde comprarla o busca algún sitio donde pueda tomarse unos rayos X, prueba de laboratorio, tomografía u otro examen porque en el hospital no hay o la espera es de semanas o meses.

La Universalización: Objetivo y Resultados Previsibles

Antes de la nueva política de “universalización” había unos 13 millones de afiliados al SIS según la información del Censo Nacional. Aunque los registros del gobierno arrojan cifras mayores, el Banco Mundial ha calculado que hay 3 millones de asegurados en el SIS que ni saben que tienen este beneficio. Este año el SIS llegará a unos 16 millones y pico, con un aumento del 25 por ciento de los afiliados; por cada 4 asegurados el año pasado, el 2020 habrá uno más.

Si no hay más presupuesto, ¿qué pasará? Será como echarle más agua a un caldo ya muy ralo. Si ya faltaban medicinas, aumentan los pacientes y el presupuesto no mejora, lo que sucederá es que habrá más gente “asegurada” en el SIS a la que no le darán los remedios que necesita. Si ya faltaban equipos, ahora faltarán más. Si ya había mucha espera para determinados exámenes o procedimientos, eso se agravará.

La letra chica por definirse

Hay una “letra chica” de la universalización de la salud que aún no está definida y que, según el decreto del gobierno, debe resolverse en este primer trimestre del año. Se trata de la lista de enfermedades, problemas de salud y tratamientos que van a estar legalmente cubiertos por el Seguro Integral de Salud y otros sistemas de seguros. El nombre técnico de esto es “Plan Esencial de Aseguramiento en Salud” y se le conoce en el sector por su acrónimo, “PEAS”. Es un asunto de gran importancia, igual que todos esos detalles que nunca leemos cuando contratamos un seguro privado pero que luego nos estallan en la cara: que tal cosa no está cubierta, que el seguro no lo considera porque ya venía de antes, que eso recomendado por el médico no está considerado en la póliza, etcétera, etcétera, etcétera.

La ley de hace una década dice que el PEAS debiéramos tenerlo todos los asegurados. Es lógico: es un plan “esencial”.  Y aunque la ciudadanía no lo sabe, ya existe un listado detallado de “PEAS” establecido por ley. Pero ¿sirve de algo? Para hacer este artículo, entré a la hoja web de Susalud, la supervisora de salud, a ver cómo era mi seguro: como profesor soy afiliado a EsSalud y en la universidad tenemos una aseguradora privada (EPS). Resulta que, según me informa Susalud, yo no tengo el PEAS. Ha pasado una década de la ley de aseguramiento en salud y un seguro privado todavía no cumple lo que dice la ley. Algo tan importante como el plan básico de salud parece que es simplemente letra muerta. En cuyo caso ¿para qué lo van a revisar y reformular ahora? Dicho sea de paso la ley de hace una década decía que el PEAS debía revisarse cada 2 años y nunca se ha hecho.  

Sin Estrategia

Terminemos señalando que otro problema principal de la “universalización de la salud” planteada es que carece de una estrategia integral en salud pública. Si queremos llevar salud para todos, lo que es un objetivo correcto e importante, tenemos que saber de dónde partimos y cómo hacerlo. Las enfermedades hoy prevalecientes son males crónicos como cánceres, diabetes, enfermedades del corazón, el esqueleto, el aparato nervioso y mentales, ya no tanto las trasmitidas por virus y bacterias. Hoy hay mucho más ancianos que antes requiriendo atención. Frente a estos males tenemos un presupuesto muy bajo pero también un sistema de salud mal planteado. Tenemos unos hospitales grandes e ineficientes junto a centros de salud que pueden resolver muy poco; este sistema debe modernizarse y reacomodarse en nuevas redes de atención. La prevención es hoy más importante que nunca pero ya no es solo cuestión de vacunar a los niños sino de mejorar la alimentación y evitar el sobrepeso, tener chequeos anuales y cuidar permanentemente nuestros riesgos de salud, y para todo esto las personas y familias necesitamos nuevos conocimientos y prácticas.

Si se planteara una estrategia que redujera obesidad, contaminación, estrés, violencias y accidentes, y un sistema de salud que tuviera médicos integrales de familia y una fuerte red de policlínicos para atención y seguimiento especializados y con equipos modernos de diagnóstico, se podría avanzar bastante en universalizar la salud y lograrlo con un aumento de presupuesto público a nuestro alcance. Porque recordemos que si el Seguro Integral de Salud- SIS tiene menos de 2 mil millones de soles de presupuesto anual, cada año las exoneraciones tributarias para la banca suman una cifra similar y se van otros 2 mil millones más para los dueños de las universidades-negocio (como Cesar Acuña y Pepe Luna de Podemos Perú) de un total de exoneraciones tributarias de 17 mil millones anuales. Está claro que plata hay, es cuestión de priorizar la salud y de usarla bien con una estrategia bien pensada.

La universalización es un gran objetivo, pero sin una estrategia sanitaria integral y un buen respaldo presupuestal, mucho me temo que haber nombrado el 2020 como el año de la “universalización de la salud” no pase de ser una de esas buenas intenciones de las que está empedrado el infierno. Para evitar el agravamiento de los males crónicos en la atención de salud se necesita más presupuesto, AHORA.