Con una segunda ola nacional que viene con tremenda fuerza, con las UCIs desbordadas y el contagio y la mortalidad subiendo a toda velocidad, el gobierno ha decretado cuarentena en Lima y varias otras regiones. La situación sanitaria es extremadamente crítica, estamos en alto riesgo de repetir una tasa de mortalidad de la primera ola que ya fue la mayor del mundo, y hay que empezar por reconocerlo. Pensar que se podía seguir como si nada pasara, como han hecho varios de los candidatos presidenciales, era tan inteligente como el avestruz que ante una amenaza esconde la cabeza bajo la tierra.

Es bueno que las medidas sean diferenciadas por regiones, dejando fuera de la cuarentena a quienes no están en situación tan crítica, y que se haya avanzado en definir las medidas para cada nivel de riesgo, definidos por unos semáforos de indicadores. Pero la pregunta crítica es ¿cómo demonios controlamos esta maldita epidemia?

En el sector salud, durante la primera ola hubo una rápida respuesta de ampliación de hospitales y camas, pero nuestro nivel de partida era realmente misérrimo y es poco lo que se puede hacer ahora en esta línea. Lo que necesitamos con urgencia es un rápido fortalecimiento de centros de salud de primer nivel y ampliar al máximo la telemedicina; los 9 mil establecimientos de salud deben funcionar, salir a hacer trabajo comunitario, usando pulsioxímetros para conocer quien realmente requiere oxígeno y atención hospitalaria, y tener fondos para el aislamiento voluntario en locales separados para quienes lo requieran. Eso, obviamente, requiere cumplir con los bonos y mejoras de condiciones de trabajo que ameritan médicos, enfermeras, profesionales y personal de salud. Hay que asegurar la implementación de plantas de oxígeno tanto permanentes como móviles, de tal manera que no exista ninguna región sin ellas; es inaceptable que de 100 millones de soles de presupuesto otorgados hace 8 meses, a la fecha todavía la ministra Mazzetti no haya podido establecer una sola planta de oxígeno operativa.  Y aclaremos las falsas salidas: la invermectina no funciona como prevención y un sistema de aislamiento de enfermos y seguimiento de contactos no ha logrado controlar la epidemia en ningún país de Europa o América, ni uno solo. La vacuna es nuestra mejor esperanza de mediano plazo, pero hasta que tengamos unos 15 a 20 millones de peruanos vacunados, se nos va el año completo.

Hay que insistir hasta el cansancio en el buen uso de mascarillas N95 (personalmente he dejado de usar las de tela buscando mayor seguridad) y protectores faciales, lavado de manos, distanciamiento físico y la máxima ventilación en todos los espacios. Esto último es clave y se ha informado poco. El riesgo aumenta mucho al estar tiempo prolongado, con varias personas, en espacios cerrados, sin mascarillas, hablando, gritando o respirando aceleradamente como en un gimnasio o fiesta. Por eso, hay que evitar al máximo las reuniones presenciales; el trabajo debe ser remoto siempre que posible, asunto sobre el cual el gobierno debe actuar con mayor firmeza. Si tenemos que reunirnos con alguien, apliquemos la receta de distancia, ventilación, espacio de la mayor amplitud, mascarilla, tiempo limitado; suena fácil decirlo pero emocionalmente muchas veces no lo es y exige un esfuerzo. Recuerden: las nuevas variedades del virus son mucho más contagiosas que las de la primera ola y posiblemente más mortales, eso es lo que tenemos que entender.

Está bien que los comercios tengan aforos reducidos, pero se debe añadir ventiladores que circulen el aire, porque así se puede evitar que los virus se queden flotando por horas, contagiando a muchas personas. Por lo mismo, cerrar parques mientras se abrían centros comerciales y casinos era un absurdo completo; por el contrario, busquemos evitar todo lo posible los lugares cerrados sin ventilación y más bien -si lo necesitamos- oxigenemos cuerpo y mente saliendo a relajarnos en espacios abiertos, con mascarilla y guardando distancia. Con la misma lógica, debieran abrirse las playas.

¿Será suficiente la cuarentena de dos semanas? Un primer problema es que la nueva variedad inglesa del virus es mucho más contagiosa, y la variedad sudafricana (y posiblemente la brasileña) afecta aún a los que ya tuvieron la enfermedad con anterioridad, dejando sin piso la idea de “inmunidad de rebaño por contagio”. La situación en Estados Unidos y Europa muestra que se nos viene una ola muy brava. Como país, además de la falta de información y la poca conciencia de los riesgos que sustentan comportamientos poco cuidadosos, nuestra trampa mortal es el transporte público apiñado; abrir todas las ventanas es esencial pero no asegura que una combi o bus interprovincial deje de ser punto de contagio. Por eso, una medida urgente es reducir el aforo en taxis y buses, para lo cual hay que instalar un sistema de subsidios como el que ya tienen el Metro de Lima y el Metropolitano.

SUBSISTENCIA SIN CALLE

Está claro, sin embargo, de la experiencia del año pasado, que no se puede pedirle a la gente que se quede en su casa si no se aseguran sus medios de subsistencia. La indecisión, lentitud e ineficiencia del gobierno de Vizcarra en repartir el bono de ayuda de emergencia fue, literalmente, fatal: empujó a que la gente saliera a la calle multiplicando los contagios y rompió el clima de respeto a las normas impuestas. Se podía; repitamos una vez más: hay bastantes fondos públicos, el dato oficial es que el gobierno tiene 72 mil millones depositados en los bancos peruanos y un bono nacional no cuesta ni la décima parte de esa suma (el aprobado por Sagasti, ni la vigésima parte). Pero se demoró, y luego se impidió que el Banco de la Nación fortaleciera sus capacidades y medios de entrega electrónicos, mientras se permitía que la banca privada se negara a colaborar como debía en esta prioridad nacional.

Ahora, con la desconfianza instalada, hay que empezar sin demora con la entrega de los bonos. No podemos esperar a que las familias estén sin tener qué comer; el riesgo no solo es de subsistencia de esas familias sino de que se rompa socialmente la cuarentena por quienes dicen “si me quedo en casa no como”. Hay además ya dos experiencias de entrega de bonos; fueron lentas por malas decisiones políticas y deficientes por problemas de gestión y falta de firmeza en darles prioridad, pero si ya se hizo antes, ahora se puede hacer muchísimo más rápido y mejor.

Los bonos debieran empezar a pagarse la próxima semana, no más; ya se tiene el listado de beneficiarios y el dinero puede fluir en muy corto plazo. No se puede volver a caer en el error de negarles el bono a muchas familias necesitadas buscando la “focalización perfecta” que no existe. De una vez hay que empezar a preparar una cuarta entrega en zonas extremas y un tercer bono en zonas de muy alto riesgo. Sería lógico entregar un monto mayor a quienes tienen niños y ancianos vulnerables, facilitando así que la gente se cuide quedándose en casa y reduciendo las aglomeraciones y posibilidades de contagio.

Para que el empleo no se vea tan afectado, la agricultura y la construcción son actividades donde se puede mantener, con protocolos sencillos, la distancia física, y que además tienen condiciones para ampliar la producción y el empleo con rapidez; por ello deben ser priorizadas con urgencia. La inversión pública, con un shock de 15 mil millones de soles adicionales y con un programa de pequeñas obras locales para dar empleo temporal, es la forma de empujar la construcción. Por otro lado, la estrategia de subsidiar la planilla y de entregar préstamos a baja tasas de interés mediante ReactivaPerú fue importante en la primera ola, pero dejó fuera a muchos microempresarios. Desde ya hay que programar una nueva etapa de este programa, siempre con tasas de interés del 1 al 2% anual, con especial énfasis en ampliar su cobertura al agro y a las pequeñas y microempresas, abriéndose a instituciones como cajas y cooperativas. El FAE-Agro debe relanzarse con todo. Sectores como los del turismo y artesanías, cuya demanda va a seguir muy deprimida todo el año, requieren especial apoyo para subsistir.

A mediano plazo, muchas más cosas hay que hacer para ayudar a los microempresarios: facilitarles crédito y tecnología, organizarlos en asociaciones y vincularlos a cadenas de valor, apoyarlos para que accedan a la seguridad social, simplificar los trámites pedidos para iniciar un pequeño negocio, combatir la corrupción que los chantajea, acercar el estado a sus realidades. También hay muchas cosas por hacer para mejorar los salarios y condiciones de trabajo de quienes tienen un empleo formal. Como país debemos enfrentar retos fundamentales que requieren cambios constitucionales y un nuevo modelo económico. Pero en estos momentos, como nunca antes, tiene vigencia la famosa frase de Keynes acerca de que “en el largo plazo todos estamos muertos”. Hay que enfocarse en la emergencia, sanitaria y social, con una buena respuesta en salud, asegurando los medios de subsistencia a todos los peruanos y facilitando el “quédate en casa”, para controlar la pandemia y salir lo antes posible de esta cuarentena tan fregada.

Hay dos miradas distintas del presente y futuro próximo de la economía peruana y el empleo, y dos recetas para enfrentarla. La primera mirada, que ha dominado la acción del MEF y el BCR en los últimos meses, considera que la economía se ha recuperado rápidamente, evolucionando en forma de V. El BCR, por ejemplo, resalta que el consumo de electricidad ya está casi al mismo nivel de hace un año e igual el nivel de PBI. Como además su diagnóstico de salud pública era que sin duda alguna había inmunidad de rebaño y por lo tanto no había ningún riesgo de rebrote ni mucho menos de segunda ola, solo necesitaban reabrir casinos y gimnasios y dar a las tiendas y restaurantes aforos mayores, para completar la recuperación económica. En esta visión se asume que no hay ni habrá problema alguno con la demanda, que la gente está comprando y seguirá gastando bastante con lo que el mercado logrará solito un próspero equilibrio de crecimiento continuo. Su receta, por lo tanto, es este año ajustar el gasto fiscal para reducir el déficit.

Esta visión tiene tres errores. El primer error es creer que las cifras macroeconómicas del PBI son iguales a las del empleo y economía popular. El segundo es creer que la demanda no importa o que está puede sostener un crecimiento en nivel alto sin importar que se corte el gasto social y los bonos. El tercer error, hoy el más obvio, ha sido considerar que no había riesgo alguno con el coronavirus. 

Un diagnóstico mejor es éste. Solo en Lima hay más de un millón de personas que estaban adecuadamente empleadas al 2019 y ya no lo están: 134 mil son subempleados porque no consiguen empleo de más de 30 horas a la semana aunque lo desean, 236 mil son personas que aunque trabajan a todo trapo no consiguen un ingreso mínimo, y 660 mil se han quedado totalmente sin chamba.

Este 1 millón 29 mil personas que han perdido sus empleos son casi un tercio (31%) de los 3.3 millones de trabajadores limeños que tenían empleos adecuados a fines del 2019. La ocupación adecuada de los trabajadores independientes (ambulantes, etc) cayó un 41%, siendo el grupo más golpeado, pero los empleos asalariados adecuados también cayeron 29% en las empresas grandes. Por rama de actividad económica, la ocupación adecuada cayó 30% en la manufactura, 25 % en la construcción, 29% en el comercio y 33% en los servicios. Por nivel de educación, la ocupación adecuada cayó 46% entre los trabajadores con primaria, 34% entre los trabajadores con secundaria, 29% entre los trabajadores con superior no universitaria y 25% entre los que tienen educación superior universitaria; es decir, los trabajadores menos calificados, que son los de menos ingresos, son los que más han sufrido con esta crisis.

A fines de 2020, los desocupados reales eran casi un millón de personas en Lima Metropolitana, es decir, un 19% de una PEA de 5.2 millones de personas. Y los subempleados eran otros 2 millones de personas.

No hay datos nacionales actualizados pero a ojo de buen cubero se han perdido unos 3 millones de empleos adecuados en todo el país. Es una cifra brutal. Estamos lejos de haber regresado al nivel de empleo, ingresos y pobreza del 2019, más allá de que la producción minera se haya recuperado. La cuestión es cuáles son los indicadores claves que debemos mirar, y para este pechito son el empleo y los ingresos de la gente.

Es verdad, sí, que estábamos peor, en términos de empleo, en abril-junio cuando había cuarentena y fue el peor momento de la crisis. Hay una recuperación, tan notoria como insuficiente, buena parte de la cual se ha debido a los escasos bonos y ayudas alimentarias, como al reparto de fondos de AFPs y CTS, que han soportado un poco la demanda, y con ello dando espacio a empresas y microcomerciantes a vender y tener ingresos. Pero sin eso, ¿todo seguiría igual?. La situación ahora se complica, además, porque ya estamos en una segunda ola del Covid-19, que está claramente al alza, y que va a detener restaurantes, aguantar más el turismo y afectar el consumo. Se perderán empleos y eso a su vez deprime la demanda.

AJUSTE FISCAL

Si, como dice el presupuesto 2020, no hay más bonos de ayuda a la gente ni ampliación fuerte de programas sociales y de empleo temporal, la demanda se vendría abajo, porque es gracias a ese dinerito que muchas familias han podido salir al mercado a comprarse carne luego de varios meses o a conseguirse un pantalón para reemplazar el raído que llevan.  Pero para el candidato Urresti “los peruanos no están satisfechos con recibir el bono…porque no se trata de hacer un hueco para llenarlo con otro” (tuiter 11 de enero). Totalmente equivocado, es justamente al revés: el dinero del bono va a tapar el hueco que tiene en su economía el que lo recibe y va a tapar otro hueco, el de la demanda que les falta a quienes están en la calle buscando vender alguito. Pero discutir eso es ocioso, el verdadero plan económico de Urresti es defender Telesup, el negocio-estafa de su jefe mafioso Pepe Luna, quien postula a congresista con ese objetivo esencial.

Pero más grave aún es lo manifestado por el jefe de plan de gobierno de Forsythe, y candidato su vicepresidente, Jorge Chávez Álvarez. Chávez ha dicho refiriéndose a “la entrega de bonos en dinero, alimentos y préstamos de disponibilidad inmediata” que “no puede ser que (..) se persista en ese tipo de medidas sin mayor impacto” (Otra Mirada, 22.09.2020).  Dice que “el Presupuesto Público 2021 lanza a la estratósfera el gasto”, cuando la realidad es totalmente opuesta: según las estimaciones del BCR el gasto público se reduciría este año en 3 por ciento del PBI, es decir unos 20,000 millones de soles. Chávez concluye que “Si no se pone coto a este presupuesto inflado, las consecuencias a mediano plazo serán nefastas”. Deja así clarísimo qué haría Forsythe de llegar al gobierno: una política de ajuste fiscal negando bonos y cortando programas sociales, similar a la que aplicó PPK al llegar al gobierno y se trajo abajo el escaso crecimiento que teníamos.

Para Chávez-Forsythe, “gastar más significa …ausencia de enfoque integral sostenible”, como si no estuviéramos en emergencia por la pandemia y el empobrecimiento masivo y como si no necesitáramos mejorar la salud pública, la educación y el transporte. Los “ajustadores fiscales” que quieren reducir el gasto público son más papistas que el papa; hasta la directora del FMI, Kristalina Goergieva, ha dicho que “algunos países todavía pueden hacer más: pienso, sobre todo, en México, Chile, Perú o Colombia, donde aún hay margen de acción fiscal. Y, en general, los países tienen que plantearse si sus sistemas fiscales son lo suficientemente progresivos.”

Al igual que en casi todos los países de Europa y muchos otros, en Estados Unidos Joe Biden prepara un plan de estímulo fiscal. Es enorme, sumando de 1,9 trillones de dólares; su ministra de economía Janet Yellen, centrista de enorme reputación, ya había señalado con anterioridad que en pandemia urge “apoyo fiscal extraordinario”. Medidas fiscales de apoyo a la gente cruzan el espectro político; el congreso norteamericano aprobó en diciembre darle a la gente 600 dólares mensuales, pero Trump quería dar a la gente 2,000 dólares mensuales, medida apoyada por el demócrata socialista Bernie Sanders. En esa misma línea, en el Perú, es necesario aprobar un tercer bono familiar desde ahora, antes que la crisis se agudice, para que la gente pueda cuidarse mejor, aislarse si se contagia y no exponerse por necesidad económica.

¿EL FISCO NO TIENE PLATA?

Frente a la necesidad de entregar más bonos de ayuda a la gente necesitada y de fortalecer los diversos programas sociales para la infancia, las madres, los comedores y dar empleo temporal, se repite como sonsonete que no hay fondos públicos para hacerlo. Es fácil de comprobar que eso es falso, basta entrar a la hoja web del BCR, buscar en las estadísticas económicas los cuadros de la nota semanal, y en el cuadro 8 se verifica que el estado peruano tiene depositado en los bancos nacionales la suma de 71,966 millones de soles. La entrega de un bono familiar no cuesta no la décima parte de esa suma. Hay ahorros fiscales y con ellos se puede fácilmente aplicar una política de gasto social que, además de ayudar a la gente necesitada, levante la demanda y apoye la reactivación, manteniendo el principio de que el tesoro público no recibe financiamiento del banco central. A eso se refiere Georgieva del FMI cuando dice que podemos hacer más porque tenemos margen de acción fiscal; pero el actual gobierno y algunos aspirantes al siguiente no quieren usarlas para derrotar al COVID-19.

El destino de nuestro país en el próximo decenio se está jugando, en buena parte, en este 2021, año del bicentenario y de cambio de gobierno. Quien entre a gobernar el 28 de julio recibirá una situación que, con alta probabilidad, seguirá siendo crítica en la salud y en la economía. Reaccionar acertadamente, con fuerza y rapidez, en esos dos ámbitos es extremadamente importante; será la diferencia para muchos entre la vida y la muerte, la pobreza y el progreso económico. Si vamos por el camino de la austeridad fiscal, de seguir retaceándole presupuesto a la salud, los programas y ayudas sociales y la educación, el futuro es sombrío. Necesitamos un fuerte empuje reactivador apuntalando economías populares, atención de salud y alimentación, con bonos y programas sociales. El tiempo es ahora y eso debiera estar en el centro del debate electoral.

Ya no queda duda que Perú registra una segunda ola de la pandemia. La ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos – UCI ha subido cinco semanas consecutivas y a este ritmo llegaría a su tope en 10 días; ya casi no hay disponibilidad en varias regiones. Las pruebas moleculares, que son las que miden el contagio activo, han pasado de menos de 5 por ciento positivas a 22 por ciento en los últimos dos meses. La mortalidad por Covid está en alza. La pandemia se ha acelerado fuertemente tras las fiestas de diciembre, con mucho riesgo en la costa y parte del centro. Aunque sea incierto el tamaño que esta ola pueda alcanzar, su velocidad y mortalidad, está claro que regresamos a una situación compleja y tenemos que analizar con cuidado como enfrentar este problema.

Recordemos como estábamos cuando Sagasti asumió la presidencia. En ese momento todavía no había indicadores claros de una segunda ola, aunque ya las señales empezaban a aparecer en el horizonte. La decisión política del gobierno fue continuar con la apertura, facilitar que las familias fueran a hacer sus compras y reuniones navideñas, relajar los aforos en locales cerrados. La argumentación subyacente era que la “inmunidad de rebaño” había hecho que el riesgo sanitario fuera inexistente y que la economía sólo necesitaba apertura, incluyendo casinos, gimnasios y otras actividades que, en pandemia, son de alto riesgo sanitario. Eso fue hace dos meses. Era una mirada discutible y riesgosa, pero posible. Ya no se puede sostener esa hipótesis. Empero, mirando al futuro próximo, ¿podría la vacunación parar esta segunda ola?

SEGUNDA OLA LLEGA ANTES QUE LA VACUNA

Dos dinámicas deben analizarse para tener una respuesta. Una se refiere a la segunda ola: ¿es esta lenta, limitada y sin mayores riesgos que se acelere? No, la etapa lenta ya pasó, y lo más preocupante es que ahora en el mundo se está difundiendo con rapidez la nueva cepa variante inglesa, técnicamente llamada la SARS-CoV-2 VUI 202012/01, que es mucho más contagiosa que la anterior, que ya está en el Perú y muy probablemente ya se está expandiendo masivamente (no sabemos cuántos casos hay por nuestra debilidad en haber pruebas genómicas que permitan identificar de qué variante del virus se trata en cada caso). Hay un riesgo importante de que la segunda ola agarre viada y nos golpee con mucha fuerza. La primera ola golpeó, y con eso generó inmunidad, a la mitad de sectores medios y populares de Lima y a un alto porcentaje en Iquitos y fue fuerte en otras ciudades grandes, pero habría afectado mucho menos a zonas rurales. Eso significa que son los pueblos pequeños y medianos los que ahora están en más riesgo; no deben ser menospreciados como ha acostumbrado hacer nuestro estado durante 199 años y medio.

La segunda dinámica es la de la vacuna. El punto esencial es que para detener la segunda ola debemos lograr la inmunidad de rebaño, y para eso, frente a esta cepa más contagiosa, se necesita tener un 80 por ciento de personas protegidas. Aun si partimos del 30 por ciento, unos 10 millones de peruanos, que ya tuvimos el Covid-19 y quizás (solo quizás) estemos protegidos, aún necesitaríamos vacunar a otros 15 millones. Es imposible lograr eso antes que llegue el pico de la segunda ola. Ni el gobierno chino puede vacunar a la mitad de su población en cuatro meses. Aún si este gobierno fuera exitoso y lograra que Sinopharm nos entregue varios millones de vacunas rápido, logre complementarlas con las negociaciones que dicen (ver para creer) hay avanzadas con Rusia y Johnson & Johnson, y las distribuya y aplique ágilmente, no llegamos a tiempo para detener la segunda ola.

RESPUESTA SANITARIA

¿Qué hacer ante esas circunstancias? Nuevamente sobre el tapete el cómo contener la pandemia y evitar el mayor número de muertes posible: cómo cambiar los comportamientos sociales, qué opciones tiene el sistema de salud y qué medidas de restricción de circulación personal y económica con qué costos se deben adoptar. Tremenda discusión, bastante compleja por cierto.

Partamos de este hecho: no, la invermectina no fue la solución la primera ola y no lo será la segunda, su efectividad no está comprobada, está aún estudiándose si ayuda un poco en pacientes hospitalizados, prácticamente descartada como medicamento preventivo. Hay algunos productos que mejoran la probabilidad de sobrevivencia de los casos graves, como la dexometasona, pero los cuidados intensivos con ventilación asistida siguen siendo un soporte indispensable para muchos. En resumen: un caso crítico hoy tiene más posibilidades de sobrevivencia que antes pero la tasa de letalidad es aún muy alta, pueden requerirse largas estancias en UCI y las secuelas pueden ser muy severas. Ser descuidado es de alto riesgo.

Debimos, como país, aprovechar los meses pasados para seguir levantando la capacidad de nuestro sistema de salud en cuanto a atención hospitalaria de casos graves: no lo hemos hecho, peor aún, llegamos a tener 1,700 camas UCI y hoy sólo hay 1,540. habrá que ampliarlas nuevamente. Debimos haber establecido un buen sistema de atención primaria de la salud, conectado a las organizaciones comunitarias, para promover comportamientos saludables, facilitar la aplicación de pruebas y aislar a los contagiados en casa con un oxígeno para monitoreo permanente: no lo hemos hecho, es urgente. Debimos haber entregado más bonos de ayuda económica a la población vulnerable, otorgando un monto mayor a los positivos y sintomáticos con la condición de que se queden aislados en casa: no lo hemos hecho, debemos hacerlo, necesitaremos dar un tercer y cuarto bono mejorado.

En uso de mascarillas, lavado de manos, permanencia en espacios cerrados con varias personas, apretujamiento en el transporte público, hemos retrocedido sustancialmente. Por eso han crecido los contagios. Muchos han creído que el Covid19 ya se había ido y que se podía actuar como antes. Grave error. Preocupa en particular las aglomeraciones; no sólo las fiestas clandestinas, también las tiendas con demasiada gente y sin que hayan mejorado la ventilación: ¡Toda tienda con ventiladores potentes, todas las ventanas de los micros y taxis abiertas todo el tiempo! Ventilación, ventilación, ventilación, es una de las formas importantes de combatir la pandemia que ha sido insuficientemente difundida.  Es absurdo que se prohíba ir a espacios abiertos como las playas, donde el aire fluye y el contagio es mucho menos probable, y se permitan casinos, tiendas y restaurantes sin circulación de aire.

El gobierno debe relanzar una fuerte campaña de comunicación con estos mensajes, y también debe reforzar y mejorar las regulaciones. Mantener omnibuses y micros abarrotados, casinos y gimnasios funcionado como si nada pasara, gente den demasía en tiendas y restaurantes, es una apuesta demasiado riesgosa. Permitir que algunas regiones se incendien sin tomar medidas drásticas aumenta el riesgo que el fuego de la pandemia se propague a nivel nacional. Ojo, que mientras más se demore el gobierno en tomar medidas y nosotros en reaccionar, más probable será que en unas semanas nos veamos entre la espada y la pared, entre la pandemia y la cuarentena.

POLÍTICA ECONÓMICA

Si la situación de la pandemia ha dado un giro, eso afectará la economía sí o sí. La teoría de escoger entre economía y salud, y de evitar medidas de control sanitario para que no caiga el PBI, no funciona. La pandemia ha regresado y golpeará la economía. Sacrificar la salud para proteger la economía no es una opción porque con la salud en crisis también se caerá la demanda y el PBI, como lo ha mostrado ya varios estudios hasta del FMI. Vean nomás los datos económicos de Estados Unidos del último mes con nuevo aumento del desempleo.

Hay que voltear la lógica: protejamos la salud y demos un soporte a la economía de la gente, que eso sostendrá la demanda, dando así mercado y opciones a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Si la economía va a sufrir con la segunda ola, en especial en servicios que requieren atención personal como restaurantes o turismo, entonces lo que hay que hacer es acelerar la inversión pública, otorgar más bonos de ayuda y ampliar programas de empleo temporal, todas medidas que aumentan la demanda y el empleo. Con una pandemia creciendo los bonos familiares no pueden fallar otra vez. Si fuera necesario, un nuevo programa de apoyo financiero, con garantías estatales y fondeo del BCR como fue Reactiva Perú, pero con amplio alcance y prioridad hacia las empresas pequeñas y medianas que son quienes más lo necesitan.

Hemos regresado a una situación de alto riesgo. Mejor actuar de una vez, reduciendo el peligro, a esperar a que las cosas se pongan más feas. Mientras más se deje crecer la ola, mayor será el daño a la salud y a la economía. La mejor política es la de proteger ahora mismo la salud y el empleo de los peruanos, con políticas fuertes al respecto.

Hernando de Soto ha tenido fama internacional y hoy postula a la presidencia. En este artículo revisamos las teorías que le dieron prestigio y los estudios que han revisado su validez y vigencia, y también damos una mirada a su actuación en la política peruana.

Hernando de Soto se hizo conocido por dos libros, “El otro Sendero” (OS) y “El misterio del capital” (MC). En el primero de ellos resalta el peso de la actividad informal, que según él se mantiene en la informalidad debido el alto costo de los trámites legalmente exigidos. Esta barrera afectaría posteriormente a los informales, ya que “La vida del empresario extralegal resulta mucho más costosa que la del empresario legal” (MC, pág 112). Así, según De Soto, los informales quisieran formalizarse, pero no pueden hacerlo porque pasar a ser formal cuesta demasiado. 

Me consta que muchas veces las demandas burocráticas para abrir un negocio son altas y realmente muy antipáticas, pero ¿es esta la principal barrera, o la principal, que genera la informalidad? Para saberlo, hace unos años un proyecto especial en Lima le planteó a un grupo de informales pagarles todos los trámites para su formalización, a ver qué sucedía. Resultó que penas uno de cada cuatro aceptó, según detalla un estudio de Miguel Jaramillo publicado el 2009. Se mostró, así, que la primera teoría de De Soto no se cumple. Otros estudios han mostrado que la mayor parte de informales aceptarían un empleo asalariado, el problema es que no lo encuentran y por eso deben ingeniárselas para subsistir como sea: más que emprendedurismo, es necesidad y falta de oportunidades. Además, el asunto no es sólo el costo de formalizarse, sino que ser formal exige pagar impuestos, cumplir las reglas de tránsito y cancelar las multas por violaciones al reglamento, tener condiciones de seguridad y sanidad, etc. Sólo actividades con un nivel mínimo de productividad, sustentado en avances técnicos, pueden lograr esas condiciones que son indispensables para el desarrollo. Simplificar trámites y reducir costos burocráticos es bueno si no se sacrifican salud, ambiente y derechos, pero aún así no son la solución de fondo a la informalidad.

En su segundo libro De Soto plantea lo que considera un “misterio de capital”: según él, los informales tienen equipos, tierras, viviendas, pero al no tener sus propiedades y negocios registrados legalmente, eso les impide conseguir un crédito que les permita crecer. Ese sería el gran problema del subdesarrollo y la pobreza. La solución Desotiana: otorgar títulos de propiedad a los pobres para que puedan tener acceso al crédito y así progresar económicamente. Nuevamente, siendo obviamente bueno que se otorguen títulos de propiedad, ¿basta esto para erradicar la pobreza? ¿será que al tener títulos de propiedad los infomales serán bien recibidos en los bancos que presurosos abrirán sus bóvedas para darles préstamos? La respuesta es negativa en tres estudios distintos para el Perú, hechos por Richard Webb y colaboradores (2006), Field y Torero (2006) y Morris (2004). Los propietarios de viviendas tituladas no reciben más créditos de bancos privados, no mejoran sus ingresos, no pagan más impuestos, sus viviendas no son mejores ni consiguen antes tener luz y agua. La realidad social no sigue los postulados de De Soto.

Además, el punto crítico de De Soto era que los pobres necesitan crédito para mejorar sus micronegocios y que no pueden tenerlo si son informales. Pero el premio nobel Muhammad Yunus creó las microfinanzas y demostró que sí se puede dar crédito a informales en forma masiva. El microcrédito ha despegado en Perú de la mano de cajas y cooperativas de ahorro y crédito, y siendo buen negocio los grandes bancos han entrado también al ruedo: un estudio del BCR muestra que ya el 2014 había 1 millón 800 mil informales con créditos del sistema financiero formal. Con el programa Reactiva, el gobierno ha apoyado que 26 mil millones de crédito lleguen a las pymes (y 28 mil millones a las grandes empresas). Si el problema es la falta de crédito, hay otras soluciones distintas a las propuestas por De Soto que ya han demostrado su eficacia.  Lo que falta es la decisión política de ampliar mucho más ese apoyo, y no sólo en emergencias.

AUGE Y DECLIVE DE DE SOTO

¿Por qué tuvo Hernando De Soto sus 15 minutos de fama? Resulta que estaba muy buen conectado al centro del poder e ideología neoliberal, a quienes les caía como anillo al dedo la a idea de que reforzar la propiedad privada resuelve el subdesarrollo, sólo hay que hacer que llegue hasta los pobres reduciendo barreras regulatorias (que producen informalidad) y otorgando títulos ((lo que es deseado por la población). Ambas medidas, además, hacen muy buena campaña política. Por eso, de Soto recibe tempranamente fondos millonarios del “Centro Internacional para la Empresa Privada” y de un multimillonario suizo, conectado a través de Friedrich Hayek. Otras grandes figuras intelectuales de esta corriente, como Milton Friedman y Mario Vargas Llosa, y políticos como Ronald Reagan y Vicente Fox, respaldan a De Soto en los años del auge neoliberal. Luego de eso, llega el apoyo financiero del Banco Mundial en los años 90, organismo siempre presidido por un norteamericano designado por el Departamento de Estado de los EEUU. Aunque los cálculos de De Soto sobre la informalidad ya habían sido refutados, en un artículo académico publicado en 1990 por el gerente general del BCR Renzo Rossini, nada de eso importa.

Siguiendo a De Soto, el gobierno de Alan García 1985-90 y luego el de Alberto Fujimori hicieron grandes proyectos de formalización de la propiedad. Inclusive se creó un organismo público exclusivo con ese fin, el Cofopri; quien lo dirigió fue Edgardo Mosquera, luego promovido a ministro de la presidencia de Fujimori. Fue priorizado desde 1998 para recibir 38 millones de dólares de préstamos del Banco Mundial, de tal manera de regalar miles de títulos de propiedad como una medida clientelista para ganar votos hacia la re-re-reelección de Fujimori.

En esos años De Soto hace buen negocio mediante su “Instituto Libertad y Democracia” (ILD), tanto en el Perú como en otros países adonde fluyen fondos de los EEUU y organismos internacionales bajo su influencia. Años después van saliendo a luz los resultados reales de esos proyectos.  La teoría de De Soto, aplaudida por todos estos adalidades del capitalismo desregulado, se confronta con la realidad: no resuelve la informalidad ni mucho menos la pobreza y el subdesarrollo. En esas condiciones, ya en este milenio De Soto pasa a decir que gracias a su proyecto es que en Perú se venció a sendero Luminoso y que dar títulos de propiedad es la forma de combatir al terrorismo internacional. Lo absurdo de sus afirmaciones añaden a su descrédito y el ocaso de su estrella pasa a convertirse en naufragio. Hoy en la escena internacional De Soto es un desvencijado recuerdo que mejor se barre bajo la alfombra: ya nadie le hace caso.

DE SOTO EN LA POLÍTICA PERUANA

De Soto ha tenido un largo y reiterado compromiso con dictaduras y gobiernos corruptos en Perú. En 1979, la dictadura de Morales Bermúdez lo nombró director del BCR, siendo cesado del cargo apenas regresó la democracia. Su rol más destacado en el Perú fue cuando, semanas después del autogolpe del 5 de abril de 1992, De Soto intermedió para que el dictador Fujimori fuera aceptado por los Estados Unidos y la OEA. Es en esa coyuntura que llamó “hijo de puta” a Mario Vargas Llosa, quien como parte de la argolla intelectual ultraliberal, había prologado su primer libro. Posteriormente su ILD sería beneficiario destacado de los fondos presupuestales de Cofopri. Obviamente, no dijo una palabra en contra de la re-re-reelección de Fujimori ni de Montesinos y la enorme corrupción de la época.

Su compromiso con el fujimorismo ha continuado: el 2011 manifestó su apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori, en esa campaña en la que la “china” recibió 360 mil dólares en maletines de Dionisio Romero y otros 2 millones de la Confiep. El 2016, De Soto volvió a apoyar a Keiko, en esa oportunidad apareciendo como integrante de su “equipo técnico”. Solo tras el declive de Keiko, decidió De Soto lanzar su propia candidatura.

Es curiosa la relación de De Soto con los derechos de propiedad, que en su teoría tienen el máximo valor posible. Por una nueva edición de su libro “El Otro Sendero”, fue multado por Indecopi al haber retirado la mención a sus coautores Mario Ghibellini y Enrique Ghersi, violentando su propiedad intelectual.

Ahora De Soto postula por el partido “Avanza País” con el que nunca había tenido relación; se trata de un partido ”vientre de alquiler” que cobijó en las pasadas elecciones municipales al ex- congresista fujimorista Julio Gagó y ahora se ha vendido a De Soto. Como la transacción se hizo tardíamente, no ha alcanzado a cambiar el símbolo del partido: un tren tipo metro, diseñado para la candidatura de Gagó a la alcaldía de Lima Metropolitana y que no guarda relación alguna con las ideas de De Soto. Nuestro histriónico personaje ha logrado controlar un partido, institución que por ley no puede ser propiedad privada, y que por eso mismo no puede arreglar a su medida. De Soto ha terminado en la misma situación de informalidad empobrecedora sobre cuya solución tanto predicó. Quizás ahora pretenda resolverlo legalizando partidos de propiedad privada.