Comentario para el Latin America Advisor

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PINOCHET Y EL PERU DE HOY

Esta semana se recordaron 50 años del golpe de Augusto Pinochet. Su dictadura duró 17 años, mató o hizo desaparecer a más de 3 mil personas, produjo 30 mil víctimas de tortura y otras violaciones de derechos humanos y 300 mil exiliados. Fue brutal.  El golpe tuvo el apoyo de los Estados Unidos, las grandes empresas trasnacionales y chilenas y medios de comunicación tradicionales muy cercanos a ellas como “El Mercurio”. El aplastamiento de cualquier protesta le permitió a Pinochet hacer una política económica neoliberal extrema, con la asesoría del gran gurú neoliberal Milton Friedman, eliminando derechos laborales, privatizando las pensiones con las AFPs y la seguridad social en salud, desregulando la economía y dando todas las facilidades a las trasnacionales y grandes grupos financieros.  

Hay varios parecidos en esta historia de Chile con la del Perú de ayer y hoy. Fujimori también dio un golpe que acabó con la democracia e implantó una dictadura que asesinó e hizo desaparecer cientos de personas. Gracias a su control militar pudo aplastar sindicatos y organizaciones populares, matando líderes como Pedro Huillca y Saúl Cantoral, recortar al mínimo los derechos laborales y los salarios reales, imponer su política neoliberal, eliminar el crédito agrario e, igual que Pinochet, promulgar una Constitución a su medida.

En el Perú de hoy, como en Chile, hay quienes justifican el golpe, la dictadura, los asesinatos y las violaciones de derechos humanos. Uno de sus argumentos fundamentales es que la economía estaba en crisis, iba por mal rumbo, y por eso dicen ellos que era y sigue siendo indispensable aplicar el neoliberalismo a rajatabla, así se acumulen daños ambientales, corrupción y descontento. Debido a que un gobierno matando gente se ve pésimo, algunos buscan separar las dos cosas, rechazan el golpe pero aplauden el neoliberalismo, o analizan la economía de manera aislada y se olvidan de la dictadura. Sin embargo, ambas historias muestran nítidamente que sin dictadura no habríamos tenido un neoliberalismo tan extremo y su Constitución, ni en Perú ni en Chile. En ambos países, también, aunque se ha recuperado la democracia, no se ha logrado un cambio de fondo del modelo económico ni de la Constitución; las dictaduras de Pinochert y Fujimori lograron que el neoliberalismo perdurara en el tiempo hasta mucho después que los pueblos los botaran del poder.

Los balances sobre el resultado de décadas de neoliberalismo también muestran discusiones similares en Chile y Perú. En ambos casos, el crecimiento económico fue importante pero con un alto grado de desigualdad y con derechos sociales a la educación, a la salud y a la seguridad social negados para muchos. Para algunos, el crecimiento es todo lo que importa y éste por si solo traerá todo lo bueno, solo hay que esperar con paciencia. Para otros, entre los que me cuento, la equidad y los derechos sociales, son imperativos éticos cuya atención no puede postergarse, y además su negación genera conflictos sociales crecientes y crisis de las democracias. Las protestas masivas en Chile hace pocos años y las de los peruanos contra este gobierno, tienen como base un similar rechazo a la desigualdad y la discriminación.

EL PERÚ DE HOY

Tanto en Chile como en el Perú dictaduras extremadamente autoritarias y corruptas lograron por varios años, en base al uso brutal de la fuerza, impedir toda protesta social.  A un sector de la clase empresarial, de las trasnacionales y los grandes capitalistas, eso les gustó mucho; contar con ´cholo barato´, bajos impuestos y contactos cercanos al poder para resolver cualquier traba les resultaba muy conveniente. Esto no es algo que sea ajeno al Perú de hoy, cuando matando sesenta peruanos han logrado generar miedo a protestar (¡como no tenerlo!), la represión sigue fuerte frente a cualquier movilización opositora, los derechos laborales se vuelven a recortar, los salarios reales se reducen y los privilegios de las grandes empresas se refuerzan.

Comenzando este año uno de los voceros oficiosos de la Confiep, Diego Macera, dijo “hay condiciones para que el 2023 sea un año bueno”, habiendo “una buena oportunidad para retomar indicadores de confianza”. Recordemos que para esa fecha ya el gobierno Boluarte – Otárola habían dejado varias decenas de muertos en diversas regiones del Perú, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de la OEA) tras un análisis in situ consideró que “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y calificarse como una masacre”. A este economista neoliberal le parecía que, luego que el régimen había herido y asesinado a decenas de compatriotas (varios por la espalda), la ‘confianza’ de los grandes inversionistas se recuperaría y por eso este sería un buen año para la economía. Es obvio que su pronóstico fue errado, pero vale la pena preguntarse ¿ese guión en el que tras tremendas masacres se ‘recupera la confianza empresarial’ no recuerda a unos dictadores sudamericanos cuyos apellidos empiezan con P y con F? 

Hoy Macera se ha visto obligado a reconocer que “Es muy difícil encontrar otro período en la historia económica nacional reciente en el que las expectativas hayan caído tan fuerte y tan rápido sin que medie una crisis financiera internacional, un fenómeno natural devastador o una pandemia.” Pasados estos meses, ya este sector podría empezar a darse cuenta que las masacres pueden haber generado una calma temporal pero ahondan la justa demanda histórica de nuestros pueblos oprimidos, erosionan la democracia y agravan la incertidumbre respecto a cómo será nuestro gobierno en los años venideros, afectando así la inversión y el crecimiento.  

Sin embargo, es notorio el respaldo de la derecha empresarial más dura, de la Confiep y la Sociedad de Minería, a la reciente ofensiva del fujicerronismo y la ultraderecha por controlar el Poder Judicial y los organismos electorales (JNE y ONPE) mediante la destitución de la Junta Nacional de Justicia. Su silencio total frente a este atentado a la democracia es un verdadero estruendo. El presidente de la Confiep en un artículo reciente no dice ni una palabra sobre como este Congreso repudiado está destruyendo el equilibrio de poderes al buscar destituir a la Junta Nacional de Justicia, como ya lo hizo antes al impedir la ´cuestión de confianza´ del Poder Ejecutivo ante el Congreso. Ese silencio también se puede ver diariamente en las primeras planas de sus diarios “El Comercio” y “Peru21”. La Confiep sigue dominada por los grandes exportadores de materias primas y no les importa el mercado interno, la industria nacional ni la construcción que están en profunda recesión gracias a este gobierno; solo quieren explotar nuestros recursos pagando los menores impuestos posibles.

Hasta el momento de escribir estas líneas, estos grandes empresarios apoyan una línea de ultraderecha que busca copar el poder, para así tener más políticas económicas en su favor. En este setiembre, a 50 años de que Salvador Allende ofrendara su vida en defensa de la democracia, ojalá puedan darse cuenta que apoyar violaciones masivas de derechos humanos y promover dictaduras es algo que carece de ética y que, por más balas que nos disparen, mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.

La política fiscal está en punto crítico. El déficit fiscal ha estado aumentando mes a mes durante todo este año y ha llegado ya a ser 2.5% del PBI, sobrepasando el tope del límite legal establecido por ley 31541, que dice que en este año el déficit no debe ser mayor a 2.4%. Sabemos además que, todos los años, en los meses finales se acelera la inversión pública y se pagan aguinaldos navideños, de tal manera que el déficit se amplía. El gobierno insiste que todo irá mejor los próximos meses, pero la trayectoria que vienen registrando las cuentas fiscales apuntan a que el gobierno termine el 2023 violando la ley. 

Simultáneamente, la economía está en recesión. La fuerte caída en el primer semestre de la producción industrial (menos 7. 7%) y de la construcción (menos 9%) se debe a la marcada retracción de la demanda interna. Uno puede ver muy nítidamente revisando la situación de las industrias de bienes de consumo masivo; por ejemplo la producción de fideos cayó 15.6%, los aceites y grasas se redujeron en 16.7%, se produjeron menos 20.7% menos prendas de vestir. En todos estos casos la producción se redujo aún más en el segundo trimestre, es decir, no sólo hay recesión sino que la tendencia es a la baja. ¿Por qué sucede esto? Porque las ventas han disminuido, y luego de unos meses de ver que los productos se quedan en sus almacenes sin salir, las empresas reducen su producción. Es la acción lógica desde el punto de vista empresarial. Pero ¿por qué se vende menos fideos y menos aceite? la respuesta obvia es “porque los hogares populares tienen menos dinero en los bolsillos para comprar”; ante el mayor desempleo y menores salarios e ingresos, se ven obligados a sacrificar hasta su alimentación. La última encuesta Ipsos muestra que 54% de peruanos dice que en los últimos doce meses sus ingresos han disminuido y apenas 7% que han amentado; frente a las posibilidades de encontrar empleo 72% considera que está peor y sólo 4% que está mejor.

                REACTIVACIÓN Y POLÍTICA MACROECONÓMICA

Frente a una recesión, la respuesta de cualquier libro de macroeconomía es que se debe hacer una política reactivadora de la demanda. Esa fue la gran lección que el mundo sacó de la gran recesión mundial de 1930, a partir del genial análisis de John Maynard Keynes. Sólo con mayor demanda interna, sectores claves como la industria, la construcción, el comercio y los servicios, que emplean a más del 90 por ciento de los trabajadores urbanos, podrán recuperarse. La política macroeconómica tiene dos brazos para mover la demanda interna. Uno es la política monetaria del BCR, expresada en su tasa de interés de referencia; cuando suben esa tasa de interés – como ha hecho los últimos dos años – el crédito total se frena y cualquier préstamo se vuelve más caro, lo que a su vez retrae el consumo y la inversión privada; teniendo que pagar mucho más en intereses muchas inversiones privadas pasan a tener una rentabilidad nula o negativa. El que la inversión privada haya caído 8.3 % el trimestre pasado tiene causas vinculadas a la inestabilidad política pero también ha sido claramente afectada por el alza de tasas de interés del BCR de 0,25% a 7,75%. El efecto negativo de tasas de interés más altas sobre la inversión es algo ya claramente establecido por investigaciones en el Perú y en el mundo, habiendo sido el propio BCR pionero en varias de esas investigaciones. La política monetaria que el BCR aplica de manera autónoma involucra otra discusión cual es la política anti-inflacionaria, análisis que dejamos para otra ocasión, pero que el alza de tasas de interés es causa importante de la caída de la demanda interna y la recesión es una verdad que no debe seguir siendo ocultada.

Hay otro brazo importante de política macroeconómica que influye sobre la recesión y/o reactivación de la economía, cual es la política fiscal. El control de la política de ingresos y gastos fiscales la tiene el gobierno, es decir el Poder Ejecutivo Boluarte-Otárola, en cogobierno con el congreso derechista basado en la alianza de Keiko Fujimori con Vladimir Cerrón, César Acuña y Renovación Popular de Rafael López-Aliaga. ¿Cuál ha sido la política fiscal realmente aplicada por este gobierno? Entre enero y julio, los datos oficiales muestran que la inversión pública ha caído, en términos reales, es decir considerando que ha habido un el alza de precios, en 2 por ciento. Cuando la inversión pública cae, se contratan menos trabajadores de construcción civil, lo que deprime el consumo, y se compra menos cemento y fierro, afectando a las industrias que los producen. Una reducción similar, del orden del 3 por ciento real, ha tenido en estos siete primeros meses del año el llamado “gasto corriente” del gobierno, en el que se registran los sueldos, los contratos CAS, los alimentos para Qali Warma y otros programas sociales y la multiplicidad de compras del estado como medicinas y equipos médicos. Al recortar estos gastos, la consecuencia es que se deteriora la atención en salud y se obliga a más pacientes a buscarse de manera particular sus propias medicinas o exámenes médicos, y para cubrir estos gastos esas familias tendrán que comprar menos fideos, aceite y ropa. En resumen, la política fiscal efectivamente llevada a cabo, la que muestran los datos y no la de los anuncios gubernamentales hechos con bombos y platillos pero escasa efectividad, es que hay menos inversión pública y menos gasto en servicios básicos, lo que deprime el consumo y la demanda, agravando la recesión.

¿Cómo así, entonces, si el gasto se ha reducido, el déficit se ha ampliado? ¿Si los gastos se reducen, no debiera haber menos déficit? La explicación está en la política tributaria, que es la otra parte de la política fiscal aplicada por la alianza fujicerronista. La medida clave en materia de impuestos de este periodo se concentra en la decisión del Tribunal Constitucional que perdonó 12 mil millones de soles a los grandes deudores tributarios. Se trata del TC que eligió la alianza Keiko-Cerrón y que actúa de acuerdo a sus mandatos. Su decisión regaló esta enorme cantidad de dinero a un puñado de grandes empresas, pero además generó un incentivo muy claro a estos sectores, ya que ahora está muy claro que más les conviene evadir impuestos y luego hacer un larguísimo proceso de reclamación judicial antes que pagar lo que deben al fisco. El resultado ha sido que los ingresos tributarios han caído en 6,700 millones de soles entre enero y julio de este año. Es por esos menores ingresos fiscales, de una gran magnitud, que ahora tenemos un déficit fiscal creciente. Mientras tanto, las utilidades de las empresas trasnacionales en este primer semestre del 2023 han sido de 8,157 millones de dólares; solo en el segundo trimestre ganaron 569 millones adicionales a sus ya granes utilidades del 2022, siendo 230 millones ganancias adicionales del sector minero. Como sabemos, este congreso se rehusó a establecer impuestos más justos a la minería y quienes tienen gran acumulación de capital cuando se propuso una reforma tributaria a fines del 2021, luego de lo cual los gobiernos de Castillo y Boluarte han archivado totalmente la necesidad de un sistema tributario más justo.

En resumen, vivimos una fuerte recesión causada por una demanda interna que ha disminuido 1.8% el primer trimestre y 3% el segundo trimestre, una caída aún mayor cuando las protestas sociales no fueron fuertes. Sesenta muertos impunes impiden que haya confianza en el gobierno por lo que una salida política democrática con adelanto de elecciones es indispensable para que la economía se levante, pero sin cambios en la política macroeconómica es improbable que los resultados sean muy distintos.