Urgente: fondos para la agricultura

Mucho se habla de la agroexportación y de sus 382 mil trabajadores, lo que es un gran logro, pero poco se menciona la mediana y pequeña agricultura de la que viven cerca de 8 millones de peruanos. En estos días, una de las políticas importantes para la promoción de este sector es discutida en el Congreso sin que se le preste mucha atención: la creación de un nuevo banco agropecuario que facilite un indispensable apoyo financiero para negocios y emprendimientos agrarios.

Como escribió años atrás un gran estudioso del agro peruano, Adolfo Figueroa, el crédito en el agro cumple una función muy importante, la de promover el avance tecnológico y el aumento de la productividad. Para quienes son pobres y tienen pocos recursos económicos, no hay otra forma de que aumenten su capital, mejoren su ganado y apliquen nuevas tecnologías con equipos e insumos más productivos, salvo que queramos regresar al puro “regalo” del estado que alcanza para muy pocos y trae muchos problemas de clientelismo y malos manejos. Por eso es particularmente penoso que al mismo tiempo que el Banco Agrario se mantiene en crisis, el estado mediante COFIDE haya prestado 316 millones de dólares a Odebrecht y Graña y Montero ¡qué tal injusticia! El financiamiento público debe focalizarse en quienes hoy no tienen acceso al crédito o deben pagar elevadísimas tasas de 40 por ciento o más, como son las pequeñas empresas.

Algunos señalan que como el estado lo ha hecho mal en el pasado, ya no debe sostener el crédito agrario; pero si fuera cierto que todo lo que el estado ha hecho mal debe cortarse definitivamente, pues debiéramos cerrar hospitales, acabar con la policía nacional y el sistema de justicia que, como bien sabemos, funciona muy mal. No es así. Es verdad que a veces la mejor respuesta a los fracasos es simplemente acabar definitivamente con lo que nos trajo problemas, pero en muchas otras ocasiones es mejor corregir los errores y seguir para adelante. Ese es el caso del crédito agrario, cuya ausencia frena el progreso de 8 millones de peruanos agrícolas, siendo precisamente ese un sector donde hay mucha pobreza y también potencial de desarrollo.

Por cierto, muchísimos estados en el mundo tienen bancos agropecuarios; el banco agropecuario de China es el octavo banco más grande del mundo con más de 13 trillones de yuanes en activos y más de 300 millones de clientes, mientras en Alemania existe el llamado Rentenbank que tiene 90 billones de euros entre préstamos e inversiones, por mencionar sólo dos economías muy distintas pero de notable desarrollo y que en ambos casos han logrado elevar la productividad de sus agriculturas.

A quienes la palabra “empresas públicas” les genera una alergia incontrolable, hay que recordarles que algunas de las empresas públicas exitosas del Perú son precisamente una especie de bancos, me refiero a las Cajas Municipales que han venido ampliándose con bastante solidez y sin recibir inyecciones de dinero del estado desde hace muchos años, creciendo sólo en base a reinvertir sus ganancias. Estas Cajas no son privadas sino públicas, perteneciendo a los gobiernos locales – no por gusto se llaman “municipales”. No creo que un banco agrario deba seguir el mismo esquema institucional de las Cajas, sino más bien debiera intentar canalizar fondos a distintas entidades financieras para que éstas lo presten al agro; pero el ejemplo de las Cajas muestra que sí puede haber empresas bancarias del estado funcionando eficientemente. Es cuestión de darles un buen marco legal e institucional.

EPPUR SI MUOVE

La mediana y pequeña agricultura peruana, aunque no haya merecido la atención de los medios masivos de comunicación, no ha estado parada las últimas dos décadas y media. Según ha estudiado Richard Webb, su productividad ha estado aumentando por encima del 4% anual, lo que ha permitido que la pobreza rural se reduzca de manera sustancial. Es el esfuerzo de los campesinos y agricultores, algunos con apenas una hectárea y otros con un poco más, lo que ha permitido ese logro. A la base de ese avance están la construcción de caminos rurales que permiten a los agricultores sacar sus productos con  más facilidad a los mercados, siendo éste una de los presupuestos que el gobierno debiera priorizar dentro de una política de aumento de la inversión pública que tanto se necesita en este momento para reactivar la economía nacional. Otro factor clave para el avance de la pequeña y mediana agricultura ha sido la ampliación de la educación pública al campo, que hoy ha permitido que prácticamente todos los niños y niñas rurales vayan a educación inicial (más del 90%) y primaria (casi 100%) y más del 80% a la secundaria, aunque la calidad de la misma aún tenga serias deficiencias.

La Reforma Agraria instituida por Velasco hace ya casi cuarenta años ha sido también fundamental para este logro, ya que el sistema de haciendas y servidumbre era una condena al atraso. Ha sido al tener la propiedad de la tierra que los campesinos adquirieron el incentivo para esforzarse, invertir e innovar, lo que solo despegó con los mayores niveles educativos y cuando acabó el periodo de conflicto armado interno. La Reforma Agraria quebró la base del poder oligárquico de los hacendados, produciendo una revolución política sin la cual hubiera sido imposible ampliar la educación al campo, ya que los hacendados se resistían a que hubiera colegios que educaran a los campesinos que los servían. Si siguiera el poder hacendado tampoco tendríamos municipios rurales ganados por alcaldes campesinos que hoy dan mantenimiento a los caminos rurales y apoyan a los pequeños agricultores.

Si esos han sido los factores que han permitido su avance, en lo que ha tenido muy poco de respaldo este sector pujante de la economía peruana, que viene de bien atrás y de bien abajo, es precisamente en fondos con los cuales invertir para mejorar su producción.

También ha faltado inversión en investigación e innovación tecnológica. El llamado INIA – instituto Nacional de Innovación Agraria tiene crónicamente muy bajo presupuesto. Este es un tema fundamental en el Perú dado que somos un país con una gran biodiversidad, con miles de variedades de papas y muchos productos nativos aún poco estudiados. Un grano andino como la quinua, por ejemplo, recién hace pocos años llegó al mercado internacional y hoy somos el primer exportador mundial; luego de unos años con precios que subieron hasta más de 6 dólares el kilo el precio bajó a algo más de 2 dólares el kilo a pesar de lo cual exportamos más de 100 millones de dólares provenientes de Puno, Ayacucho, Cusco, Apurímac y Junín. Pero todo ello no se ha debido mayormente a un esfuerzo nacional por colocar este grano andino tan valioso en la mesa mundial, sino más por casualidad, mostrando una vez más que en vez de ir nosotros mismos construyendo nuestro futuro es de afuera que vienen los impulsos que nos mueven.

No tiene por qué ser así. La cantidad de productos de nuestra sierra y selva que podrían mejorar su productividad y conquistar mercados nacionales e internacionales, en especial aprovechando condiciones de ser productos orgánicos o de tener denominaciones de origen como con el café y el cacao, es enorme. Incluso muchos productos podrían servir de base de productos más elaborados, para la belleza y el cuidado personal como ha hecho la trasnacional brasileña Natura, o con fines medicinales como la uña de gato y muchos otros. Además de investigar y ver cómo aprovechar lo que ya tenemos, también es necesario desarrollar nuevas semillas y nuevas técnicas pueden elevar muchísimo la productividad agropecuaria. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién en el mundo va a crear nuevas tecnologías para tierras encima de tres mil metros de altura, si en ningún país desarrollado hay extensiones importantes a esa altura? Lo tenemos que hacer nosotros, en esta área nuestras posibilidades de aprovechar tecnologías de otros países son limitadas (pero bien haría el gobierno en tener antenas bien paradas y encargar misiones en ese sentido).

KEIKO Y OLIVA

Está en manos del Congreso el proyecto de ley para relanzar el banco agrario, ahora con el nombre propuesto de Mi Agro. Pero el interés de la señora K no son los agricultores y campesinos sino las empresas petroleras a quienes se quiere beneficiar con regalías disminuidas, contratos extendidos a dedo por veinte años y menores regulaciones ambientales y de protección de pueblos indígenas. Por su parte, el ministerio de economía y finanzas debiera elevar el presupuesto para innovación agraria e ir poniendo los recursos para sostener una ampliación del crédito agropecuario en firme y no con un “sencillo” como parece que pretenden según las cifras trascendidas a la prensa. Estamos hablando de mejorar las economías de ocho millones de peruanos, lo que claramente debe ser una prioridad fundamental.

Mucho se habla de la agroexportación y de sus 382 mil trabajadores, lo que es un gran logro, pero poco se menciona la mediana y pequeña agricultura de la que viven cerca de 8 millones de peruanos. En estos días, una de las políticas importantes para la promoción de este sector es discutida en el Congreso sin que se le preste mucha atención: la creación de un nuevo banco agropecuario que facilite un indispensable apoyo financiero para negocios y emprendimientos agrarios.

Como escribió años atrás un gran estudioso del agro peruano, Adolfo Figueroa, el crédito en el agro cumple una función muy importante, la de promover el avance tecnológico y el aumento de la productividad. Para quienes son pobres y tienen pocos recursos económicos, no hay otra forma de que aumenten su capital, mejoren su ganado y apliquen nuevas tecnologías con equipos e insumos más productivos, salvo que queramos regresar al puro “regalo” del estado que alcanza para muy pocos y trae muchos problemas de clientelismo y malos manejos. Por eso es particularmente penoso que al mismo tiempo que el Banco Agrario se mantiene en crisis, el estado mediante COFIDE haya prestado 316 millones de dólares a Odebrecht y Graña y Montero ¡qué tal injusticia! El financiamiento público debe focalizarse en quienes hoy no tienen acceso al crédito o deben pagar elevadísimas tasas de 40 por ciento o más, como son las pequeñas empresas.

Algunos señalan que como el estado lo ha hecho mal en el pasado, ya no debe sostener el crédito agrario; pero si fuera cierto que todo lo que el estado ha hecho mal debe cortarse definitivamente, pues debiéramos cerrar hospitales, acabar con la policía nacional y el sistema de justicia que, como bien sabemos, funciona muy mal. No es así. Es verdad que a veces la mejor respuesta a los fracasos es simplemente acabar definitivamente con lo que nos trajo problemas, pero en muchas otras ocasiones es mejor corregir los errores y seguir para adelante. Ese es el caso del crédito agrario, cuya ausencia frena el progreso de 8 millones de peruanos agrícolas, siendo precisamente ese un sector donde hay mucha pobreza y también potencial de desarrollo.

Por cierto, muchísimos estados en el mundo tienen bancos agropecuarios; el banco agropecuario de China es el octavo banco más grande del mundo con más de 13 trillones de yuanes en activos y más de 300 millones de clientes, mientras en Alemania existe el llamado Rentenbank que tiene 90 billones de euros entre préstamos e inversiones, por mencionar sólo dos economías muy distintas pero de notable desarrollo y que en ambos casos han logrado elevar la productividad de sus agriculturas.

A quienes la palabra “empresas públicas” les genera una alergia incontrolable, hay que recordarles que algunas de las empresas públicas exitosas del Perú son precisamente una especie de bancos, me refiero a las Cajas Municipales que han venido ampliándose con bastante solidez y sin recibir inyecciones de dinero del estado desde hace muchos años, creciendo sólo en base a reinvertir sus ganancias. Estas Cajas no son privadas sino públicas, perteneciendo a los gobiernos locales – no por gusto se llaman “municipales”. No creo que un banco agrario deba seguir el mismo esquema institucional de las Cajas, sino más bien debiera intentar canalizar fondos a distintas entidades financieras para que éstas lo presten al agro; pero el ejemplo de las Cajas muestra que sí puede haber empresas bancarias del estado funcionando eficientemente. Es cuestión de darles un buen marco legal e institucional.

EPPUR SI MUOVE

La mediana y pequeña agricultura peruana, aunque no haya merecido la atención de los medios masivos de comunicación, no ha estado parada las últimas dos décadas y media. Según ha estudiado Richard Webb, su productividad ha estado aumentando por encima del 4% anual, lo que ha permitido que la pobreza rural se reduzca de manera sustancial. Es el esfuerzo de los campesinos y agricultores, algunos con apenas una hectárea y otros con un poco más, lo que ha permitido ese logro. A la base de ese avance están la construcción de caminos rurales que permiten a los agricultores sacar sus productos con  más facilidad a los mercados, siendo éste una de los presupuestos que el gobierno debiera priorizar dentro de una política de aumento de la inversión pública que tanto se necesita en este momento para reactivar la economía nacional. Otro factor clave para el avance de la pequeña y mediana agricultura ha sido la ampliación de la educación pública al campo, que hoy ha permitido que prácticamente todos los niños y niñas rurales vayan a educación inicial (más del 90%) y primaria (casi 100%) y más del 80% a la secundaria, aunque la calidad de la misma aún tenga serias deficiencias.

La Reforma Agraria instituida por Velasco hace ya casi cuarenta años ha sido también fundamental para este logro, ya que el sistema de haciendas y servidumbre era una condena al atraso. Ha sido al tener la propiedad de la tierra que los campesinos adquirieron el incentivo para esforzarse, invertir e innovar, lo que solo despegó con los mayores niveles educativos y cuando acabó el periodo de conflicto armado interno. La Reforma Agraria quebró la base del poder oligárquico de los hacendados, produciendo una revolución política sin la cual hubiera sido imposible ampliar la educación al campo, ya que los hacendados se resistían a que hubiera colegios que educaran a los campesinos que los servían. Si siguiera el poder hacendado tampoco tendríamos municipios rurales ganados por alcaldes campesinos que hoy dan mantenimiento a los caminos rurales y apoyan a los pequeños agricultores.

Si esos han sido los factores que han permitido su avance, en lo que ha tenido muy poco de respaldo este sector pujante de la economía peruana, que viene de bien atrás y de bien abajo, es precisamente en fondos con los cuales invertir para mejorar su producción.

También ha faltado inversión en investigación e innovación tecnológica. El llamado INIA – instituto Nacional de Innovación Agraria tiene crónicamente muy bajo presupuesto. Este es un tema fundamental en el Perú dado que somos un país con una gran biodiversidad, con miles de variedades de papas y muchos productos nativos aún poco estudiados. Un grano andino como la quinua, por ejemplo, recién hace pocos años llegó al mercado internacional y hoy somos el primer exportador mundial; luego de unos años con precios que subieron hasta más de 6 dólares el kilo el precio bajó a algo más de 2 dólares el kilo a pesar de lo cual exportamos más de 100 millones de dólares provenientes de Puno, Ayacucho, Cusco, Apurímac y Junín. Pero todo ello no se ha debido mayormente a un esfuerzo nacional por colocar este grano andino tan valioso en la mesa mundial, sino más por casualidad, mostrando una vez más que en vez de ir nosotros mismos construyendo nuestro futuro es de afuera que vienen los impulsos que nos mueven.

No tiene por qué ser así. La cantidad de productos de nuestra sierra y selva que podrían mejorar su productividad y conquistar mercados nacionales e internacionales, en especial aprovechando condiciones de ser productos orgánicos o de tener denominaciones de origen como con el café y el cacao, es enorme. Incluso muchos productos podrían servir de base de productos más elaborados, para la belleza y el cuidado personal como ha hecho la trasnacional brasileña Natura, o con fines medicinales como la uña de gato y muchos otros. Además de investigar y ver cómo aprovechar lo que ya tenemos, también es necesario desarrollar nuevas semillas y nuevas técnicas pueden elevar muchísimo la productividad agropecuaria. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién en el mundo va a crear nuevas tecnologías para tierras encima de tres mil metros de altura, si en ningún país desarrollado hay extensiones importantes a esa altura? Lo tenemos que hacer nosotros, en esta área nuestras posibilidades de aprovechar tecnologías de otros países son limitadas (pero bien haría el gobierno en tener antenas bien paradas y encargar misiones en ese sentido).

KEIKO Y OLIVA

Está en manos del Congreso el proyecto de ley para relanzar el banco agrario, ahora con el nombre propuesto de Mi Agro. Pero el interés de la señora K no son los agricultores y campesinos sino las empresas petroleras a quienes se quiere beneficiar con regalías disminuidas, contratos extendidos a dedo por veinte años y menores regulaciones ambientales y de protección de pueblos indígenas. Por su parte, el ministerio de economía y finanzas debiera elevar el presupuesto para innovación agraria e ir poniendo los recursos para sostener una ampliación del crédito agropecuario en firme y no con un “sencillo” como parece que pretenden según las cifras trascendidas a la prensa. Estamos hablando de mejorar las economías de ocho millones de peruanos, lo que claramente debe ser una prioridad fundamental.

Keiko Fujimori quiere que el Perú pierda US$ 800 millones

KEIKO BUSCA DAR MAS VENTAJAS A PETROLERAS

En medio de la tormenta política, Keiko ha estado insistiendo para que su mayoría en el Congreso apruebe una ley de hidrocarburos que beneficia sustancialmente a las trasnacionales. El proyecto regala cientos de millones de ingresos del estado a empresas petroleras y gasíferas, permite la prolongación de concesiones “a dedo” hasta por 20 años y agrava las serias deficiencias que hoy existen en cuanto a protección del ambiente y los derechos indígenas.

Hay  en juego miles de millones de dólares. El proyecto de ley presentado por PPK y defendido a muerte por Keiko y sus huestes establece que las regalías por la explotación de petróleo se reducirían del nivel actual que va entre el 16 por ciento y el 50 por ciento, a 5 por ciento. Solo en la costa norte que es la zona petrolera más antigua del Perú en producción por más de un siglo hay 110 millones de barriles de reservas probadas. Es decir, que ya están descubiertas y para las que no se necesita exploración de riesgo. Hoy el petróleo se cotiza en alrededor de 70 dólares el barril, así que ese petróleo vale unos 7,700 millones de dólares, y la reducción de las regalías por su explotación que quiere regalarles Fujimori no baja de 800 millones de dólares. Eso es lo que perderá el estado y se llevarán las petroleras con esta ley. Triste recordatorio de cómo en esta misma zona, conocida en nuestra historia como la Brea y Pariñas, la International Petroleum Company explotó petróleo por décadas dejando migajas al Perú bajo la complicidad de sucesivos gobiernos, hasta que el campamento petrolero fuera tomado por Velasco.

Quienes defienden este proyecto de ley dicen que solo así, dando mayores ganancias a las trasnacionales, es que se puede lograr mayor inversión en exploración petrolera. Pero claramente en esta zona eso no es en absoluto verdad, ya que en la década anterior, cuando los precios del petróleo estuvieron hasta en cien dólares el barril y los márgenes de ganancias de las petroleras  estuvieron elevadísimos, no hubo tal inversión en exploración y lo único que hicieron fue sacar más rápido el petróleo. En los Lotes VI y VII hubo apenas un pozo exploratorio contra 217 de producción.  Haciendo memoria podemos recordar que lo mismo había sucedido hace 35 años con la ley que Pedro Pablo Kuczynski promovió en 1980 cuando era ministro de energía y minas de Belaunde, asunto que Carlos Malpica y Humberto Campodónico investigaron independientemente y publicaron en sendos libros al respecto (titulados ”Petróleo y corrupción: la ley Kuczynski” y “
La política petrolera 1970-1985 : el Estado, los contratistas y Petroperú”). Se trata, por cierto, del argumento de siempre, el mismo con el que Ollanta Humala redujo el impuesto a la renta de las empresas en general: “hay que darle más rentabilidad a las empresas para que de esa manera inviertan”. Pero no funciona, porque sólo hay inversión cuando la productividad y competitividad aumentan y para eso se necesita mejor educación, infraestructura, salud y apoyo al desarrollo tecnológico, cuyo necesario sustento son en ingresos fiscales que es precisamente lo que estas leyes se traen abajo.

Por cierto, hay que recordar que el sector hidrocarburos (petróleo y gas) es uno de los beneficiados por exoneraciones tributarias, las que suman 3 mil millones de soles por década. Es decir, las petroleras ya tienen beneficios especiales pero quieren más. Tampoco están en una situación de precios internacionales difícil; a diferencia del cobre, el zinc y el oro que han caído de precio en el mercado mundial, el petróleo WTI que hace un año estaba en 50 dólares el barril ha subido hasta 70 dólares el barril. Las petroleras no están ajustadas ni mucho menos en pérdida,  les está yendo muy bien.

A DEDO

Lo que llama más a la sospecha es que esta ley de PPK-Keiko establece que las empresas que actualmente tienen concesiones petroleras pero cuyos contratos se acercan a su vencimiento, podrán mantenerse con la explotación veinte años más que lo establecido en el contrato firmado y encima pagando las regalías disminuidas. En otras palabras, aunque no hayan invertido en exploración, aunque no se comprometan a hacer esas inversiones, sin que haya competencia ni licitación alguna para ver quien ofrece mejores condiciones, las empresas petroleras que hoy tienen esos lotes se quedan veinte años más y con mayores beneficios. Desde luego en este caso ninguno de los medios neoliberales reclama por la tremenda inestabilidad jurídica de prorrogar así nomás los contratos por veinte años, aunque si el caso fuera el contrario estarían pegando el grito en el cielo.

Este es un proyecto de ley con nombre propio; en la costa norte se llama  SAPET, Graña y Montero, Pacific, Savia Petromont y CNPC-Perú. Están en la colada desde chinos (SAPET, CNPC) hasta Graña y Montero, sí, los mismos socios de Odebrecht que gracias a nuestro podrido sistema judicial salieron rápidamente de la cárcel a pesar de las evidencias de que pusieron parte de las coimas de la corrupta constructora brasileña.

¿Qué organismo del gobierno estaría autorizado a firmar esa prórroga de contratos con regalías rebajadas al piso? Hasta el día de hoy, los contratos de concesiones petroleras deben ser aprobados por decreto supremo. Ni PPK se atrevió a proponer cambiar eso. Pero cuando la comisión de energía y minas del congreso controlada por el fujimorismo discutió el tema, acogió letra por letra la propuesta que hizo la “Sociedad Peruana de Hidrocarburos” que no es otra cosa que el exclusivo club de las empresas petroleras en Perú, casi todas trasnacionales. La propuesta es que esos contratos y sus renovaciones por veinte años (no por unos meses, por dos décadas¡) ahora no requiera Decreto Supremo, es decir una evaluación y responsabilidad política de nivel ministerial sino que lo firme PeruPetro, un organismo de segundo nivel. Tremendo regalazo a las petroleras aprobado a dedo por funcionarios de segundo nivel: la receta perfecta para la corrupción. Eso es lo que defiende Keiko Fujimori.

AMBIENTE Y PUEBLOS INDIGENAS

El proyecto de ley petrolero de PPK – Keiko establece además varios cambios anti-ambientales. Según este proyecto cualquier medida que proponga el ministerio del ambiente, o que adopten los gobiernos regionales o las municipalidades en asuntos ambientales, puede ser vetada por el ministerio de energía y minas, algo insólito que ha sido rechazado tanto la Defensoría del Pueblo como por el MINAM. El que incluso el ministerio de energía y minas pueda vetar ordenanzas regionales y locales va claramente contra la descentralización y violenta las autonomías de los gobiernos subnacionales. Este proyecto de ley incluso va más allá, reduciendo los requisitos de regulación ambiental para las exploraciones sísmicas. Todo este atentado anti-ambiental incluso pone en riesgo el TLC con la Unión Europea, que ya ha llamado la atención al Perú por el incumplimiento de las cláusulas ambientales del tratado.

Ser más permisivos en asuntos ambientales con las empresas petroleras no tiene justificación alguna, dado su muy mal récord pasado en este tema. El colmo de los colmos es Pluspetrol, empresa que abandonó el lote 1 AB en la selva norte luego de 15 años de operación, dejando sin pagar  39 millones de soles por doce multas ambientales y otros 3 mil millones de soles por deudas tributarias. La contaminación en la zona es tan grande que el gobierno tuvo que declararla en emergencia ambiental hace varios años porque los ríos y lagunas están fuertemente contaminados, con terribles efectos sobre la salud y la vida de los pueblos indígenas que se alimentan de los peces de esas cuencas. Por cierto, aunque Pluspetrol dejó esa zona, la misma trasnacional sigue operando como si nada en Camisea, pero nadie ajusta cuentas con ella.

El proyecto de ley que Keiko viene presionando porque se apruebe va contra los derechos indígenas también de otras formas. Por ejemplo, aunque el convenio 192 de la OIT y la ley de consulta previa establece que los pueblos indígenas deben ser consultados cuando se afecte su territorio y sus recursos, este proyecto de ley permitiría que las petroleras derriben bosques y construyan sus trochas, campamentos y pozos son ninguna limitación luego que les han concesionado los lotes, algo que está totalmente fuera de la ley nacional e internacional.

KEIKO

Como hemos dicho, Keiko ha declarado públicamente su interés especial en esta ley. En sus entrevistas del 26 de agosto dijo muy claro que esta era una de las leyes importantes que habían venido trabajando en el Congreso e hizo un llamado a que el presidente Vizcarra ayudara en la “difusión” de las normas. En otras palabras pidió a Vizcarra que apoyara lo aprobado por su comisión de energía y minas – usamos el pronombre posesivo en singular porque ya está clarísimo que maneja el congreso como si fuera su chacra.

¿Por qué tanto interés de Keiko en regalar varas decenas de millones de dólares a media docena de grandes petroleras con nombre propio? ¿Tendrá algo que ver con su capacidad de comprarse un par de camionetazas por unos cien mil dólares? Digo nomás.

 

Ya Empezaron

El mensaje del presidente Vizcarra emplazando a la mayoría fujimorista del Congreso parece marcar un esfuerzo serio de lucha contra la corrupción. Frente a eso, parlamentarios fujimoristas como Lourdes Alcorta (elegida en el periodo anterior con PPK y antes con el PPC) han salido a decir que esta inestabilidad “le saldrá muy cara al Perú”. La misma posición tienen opinólogos defensores del neoliberalismo y la minería contaminadora como Jaime de Althaus.

Ya conocemos el rollo. La inestabilidad es muy mala. Se ahuyentan las inversiones. Vizcarra debe dialogar con Keiko para un gran acuerdo.

No es casualidad que en días pasados, en las varias entrevistas que dio Keiko Fujimori, pidió explícitamente que Vizcarra apoye el proyecto de ley de hidrocarburos (petróleo y gas) presentado por PPK y respaldado por su bankada, que rebaja regalías e impuestos a las trasnacionales petroleras, les alarga las concesiones por veinte años a dedo sin pasar por licitación y relaja aun más las normas ambientales y de defensa de los derechos de pueblos indígenas a la consulta previa. Hay amor a los chicharrones, y vaya que son sustanciosos estos chicharrones, ya que la explotación de gas y petróleo en el Perú suma miles de millones de dólares anuales. Eso es lo que quieren que Keiko acuerde con Vizcarra, eso es lo que no quieren que deje de aprobarse en el Congreso fujimorista.

Dentro de poco saldrán a resaltar los problemas del empleo y la caída de ingresos de los trabajadores, callando Alcorta, Althaus y sus amigos confiepistas que todos estos meses ellos han chillado insistentemente porque se elimine los escasos derechos laborales subsistentes. Dirán sin duda estos derechistas que el crecimiento económico se ha detenido por culpa de la gran inestabilidad política. Es mentira; como saben quienes siguen esta columna el empleo y los ingresos están en caída desde hace bastantes meses, desde el gobierno de PPK, y la causa es una mala política económica. Se ha continuado con una estrategia neoliberal, recortando la inversión pública y dando carta libre a las grandes empresas a pesar de que a varias de las principales se les ha encontrado con “las manos en la masa”, como socias de Odebrecht, conformando un club de la construcción” y saliendo a luz que han aportado a la “chanchita” pro-Keiko de 2 millones de dólares, lo que hoy sabemos por las declaraciones de Jorge Barata de Odebrecht. La falta de consideración con los jóvenes y desempleados peruanos al permitir que se les despida y reemplace por una tremenda ola de inmigrantes agrava una situación ya crítica.

Lo que causa los problemas económicos de las familias peruanas no es una supuesta “inestabilidad política”, que en cualquier caso es causada por la tozudez y defensa desesperada de la corrupción por parte de Keiko y su banda. La causa de los problemas de los trabajadores es una política económica neoliberal que apostó a una recuperación basada en que el cobre y los metales mantendrían un precio alto, lo que ya fue, ya es cosa del pasado, ya no es la situación. Enfrentar la corrupción es un primer paso para cambiar esta situación, pero que debe ser el inicio de un cambio mucho más profundo y que debe plasmarse en una nueva Constitución.

Entrevista en La República: “En todo el año los empleos no mejoraron y menos los ingresos”

Entrevista realizada por Israel Lozano, he corregido en esta versión algunas frases para que se entiendan mejor

 

El Gobierno ya publicó un gran número de decretos legislativos, muchos en materia tributaria. ¿Sus efectos serán inmediatos en la economía?

No son medidas que tengan algún efecto inmediato. Me parece bien que se elimine la exoneración a los casinos, pero en conjunto estas medidas no responden con la rapidez que se requeriría ante la caída de precios internacionales si es que se va a mantener el tema del déficit. El ministro Oliva la semana pasada dio un cálculo que por cada 15 centavos de caída del precio del cobre, el Estado pierde S/ 750 millones en recaudación. La cuestión es que el precio del cobre ha caído 60 centavos. O sea, el Estado está perdiendo S/ 2.500 millones en recaudación. Y la pregunta es si mantendrá la meta del déficit señalada. Ese es el gran tema de política económica que debe abordarse.

¿Hay espacio para ampliar el déficit?

Ahorita el déficit está en 2,1% anual y se ha reducido la meta (3%) para este año. Si mantienen esa idea tendrán que hacer un ajuste del gasto fuerte que a mi juicio es desaconsejable y negativo. Lo que conviene es que acelere la inversión pública y aceptar un déficit fiscal mayor. Recordemos que la ley que se aprobó a fin del año pasado con PPK permite un déficit de 3,5%. El país ya ha discutido y aceptó un déficit fiscal mayor. Desde el punto de vista legal, el MEF tiene un buen espacio necesario para mantener la inversión pública. No hay declaraciones del ministro Oliva en ese sentido.

 

Mucho optimismo de parte del MEF…

Sí. Claramente no se ve una respuesta de política concordante con el cambio de la situación internacional. Esto va a pasarle factura política al presidente Vizcarra que, sin duda, es algo que Keiko Fujimori está esperando que suceda. Por eso, parte de su estrategia de ganar tiempo en el Congreso es porque sabe que hay un problema en el terreno económico que se puede agrandar. Si Vizcarra no es consciente de que su ministro de Economía le sabotea su popularidad, estaremos en un problema. Creo mucho en la reforma judicial, pero no sé si es consciente que su ministro de Economía hace que el tiempo le juegue en contra.

La economía creció 2,31% en julio. ¿Es un crecimiento óptimo?

Es una cifra bastante menor de lo que fue en meses anteriores, pero ya se veía venir. Y yo creo que la cifra es bastante inflada. Los datos muestran que la situación es más complicada. El choque externo de la caída de los precios de los metales está sintiéndose no solo en Perú sino a nivel internacional. Y aquí hace falta un reajuste de política económica por parte del MEF.

¿Se logrará el 4% al término del año?

No. Muy probablemente dado la mala respuesta del Gobierno, del MEF y del BCRP, que ha decidido no apoyar la recuperación. Con la caída del precio de los metales, el mal comportamiento del gasto público y un posible ajuste fiscal, sin duda el crecimiento está bajando.

 

¿Realmente la demanda interna está sosteniendo el crecimiento?

Pero para que haya demanda interna, la base es que la gente tenga ingresos. Eso depende de que haya empleo y que los salarios mejoren. Precisamente, los datos de todo el año es que el empleo no ha mejorado y tampoco los ingresos. Entonces, ¿por qué aumentaría la demanda interna? La tasa de interés del BCRP que se pudo haber rebajado para empujar la inversión se ha mantenido. No hay razón para sustentar una mejora. Todo lo contrario. A mi juicio, es una justificación para ser optimistas.

La manufactura se está recuperando. ¿Es suficiente como para despertar los empleos de este sector?

El sector industrial acumula cuatro años de caída. Si lo comparas con el mismo mes del año pasado, sale un dato positivo. A veces dicen que estas son “mentiras estadísticas”. Todavía estamos produciendo muchísimo menos de lo que hacíamos hace cuatro años. No hay una recuperación industrial y el empleo así lo muestra. Si hubiera una producción significativa, se contratarían más trabajadores.

El camino es potenciar sectores económicos, pero siempre se habla de políticas para reducir costos y principalmente los laborales. ¿Qué nos dice la experiencia internacional?

Ningún país ha logrado desarrollar su industria bajo la idea del “cholo barato”. Crecen porque incorporan nuevas tecnologías, tienen crédito, nuevos mercados y porque los costos logísticos bajan y la infraestructura mejora. Esos son los temas centrales para prender otros motores. El Perú tiene oportunidades en el turismo. Requiere acciones conscientes y decididas del Estado para atender los problemas.

¿La situación económica de este año nos ayudará a reducir la pobreza?

Si no hay más empleo y mejores salarios, es difícil reducir la pobreza. El otro tema es la actividad independiente. En la agricultura, la inexistencia del Agrobanco es un factor crítico y el presupuesto destinado a la promoción de nuevas tecnologías en este sector es muy bajo; es difícil avanzar así. Por último, en las ciudades, el principal problema de la pobreza es de los ambulantes y hoy hay una competencia tremenda por la inmigración venezolana, por lo que en ese sector los ingresos caen. Veo que la pobreza no está con una tendencia favorable.

También hay un gran grupo de jubilados con pensiones injustas. ¿Por dónde debería ir la reforma previsional?

Importante es el tema de pensiones no asistenciales como Pensión 65 que deben ampliarse. Por otro lado, las medidas tomadas por el presidente Vizcarra con la ONP me parece bien. El Estado gasta millones en juicios y la gente no recibe su pensión, lo que muestra que se confunde totalmente el rol del Estado. Sí hace falta una reforma más global, donde se cambie el rol del sistema privado de pensiones, se regulen más las comisiones y que sea un sistema complementario junto a un sistema público repotenciado. Ahora, todo esto requiere financiamiento y ahorita con la recaudación tributaria que tenemos, es inviable.

Enfrentamos un Shock Recesivo

La semana pasada el ministro de economía Carlos Oliva presentó en el Congreso el presupuesto 2019 con cifras pésimamente sustentadas. Las proyecciones estaban calculadas en base a que el precio del cobre sería de 3.10 dólares la libra, cuando el metal rojo está debajo de 2.70 la libra hace más de un mes y los mercados apuestan a que a fin de año esté en apenas 2.62. Algo parecido sucede con el oro, que según la presentación de Oliva estaría en 1,300 dólares la onza, cuando está en 1,200 y el mercado no espera que suba de ese precio. Discrepo de sus políticas, pero esto va más allá, es simplemente torpeza, ineficiencia y mala gestión.

No es una cuestión menor.  Menos de una semana después de esta absurda presentación, el propio Oliva salió a decir que “el país no puede seguir dependiendo de la minería”, que “el precio del cobre es un riesgo para la economía” y que por cada 0.15 de caída en el precio el crecimiento del PBI cae también 0.15 y los ingresos del fisco se reducen en 750 millones. Para barajarla “El Comercio”, el diario preferido del MEF-Confiep, resaltaba que “el precio promedio del cobre en el año era 3.03”, ocultando tras la figura del promedio que ese precio en la primera mitad del año era mucho mayor de lo que ha venido siendo a partir de julio. Continue reading “Enfrentamos un Shock Recesivo”

El Ministro que dice Estupideces

El ministro de economía Carlos Oliva, casi desconocido por los peruanos, dio recientemente una exclusiva entrevista al diario preferido del confiepismo neoliberal. Fue un ejercicio de completo escapismo, un paseo por la Vía Láctea, un recreo escolar sin salida al patio, una novela entre aburrida y absurda, tanto por lo que dijo como por lo que fue materia de su olímpico desdén.

En este único pronunciamiento, Oliva no dijo nada acerca la caída del empleo total de -0,3% y del empleo industrial de -2,6% en julio (el más reciente dato publicado por el INEI), acumulándose 13 meses de pérdida de empleos. El titular del MEF tampoco dijo nada sobre la caída del precio de cobre en 11 por ciento y del zinc en 21 por ciento, lo que trae por tierra su apuesta a que el mercado internacional ponga viento en las velas de la economía peruana y recaudos en el cofre del tesoro público. No profirió una palabra sobre como las devaluaciones y crisis económicas agravadas de Argentina y Brasil quitarán mercado a nuestras exportaciones. Hizo silencio total sobre el abrupto final que ha tenido tras pocos meses de vida ha tenido el crecimiento económico, muerte verificada en julio con la minería y petróleo en menos 5%, la pesca en menos 17% en julio y las ventas de cemento (claves para la construcción) en apenas 2%. Nada dijo sobre la reciente subida del dólar. En resumen, los problemas claves de empleo y crecimiento fueron obviados por un ministro de economía al que no le interesa tomarle el pulso a la economía nacional y comunicárselo a los peruanos. Continue reading “El Ministro que dice Estupideces”

Propuesta para Enfrentar la Crisis del Empleo y la Inmigración

La situación del empleo en el Perú ha pasado de mala a pésima. Hace 4 años que la mala política económica ha paralizado la creación de empleos, y la cuesta abajo se ha agudizado los últimos meses con la masiva inmigración venezolana. Los peruanos tienen menos empleos formales y han perdido salarios e ingresos. ¿Qué hacer? Luego de repasar el diagnóstico, en este artículo presentamos una propuesta con cuatro medidas centrales.

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