KEIKO BUSCA DAR MAS VENTAJAS A PETROLERAS
En medio de la tormenta política, Keiko ha estado insistiendo para que su mayoría en el Congreso apruebe una ley de hidrocarburos que beneficia sustancialmente a las trasnacionales. El proyecto regala cientos de millones de ingresos del estado a empresas petroleras y gasíferas, permite la prolongación de concesiones “a dedo” hasta por 20 años y agrava las serias deficiencias que hoy existen en cuanto a protección del ambiente y los derechos indígenas.
Hay en juego miles de millones de dólares. El proyecto de ley presentado por PPK y defendido a muerte por Keiko y sus huestes establece que las regalías por la explotación de petróleo se reducirían del nivel actual que va entre el 16 por ciento y el 50 por ciento, a 5 por ciento. Solo en la costa norte que es la zona petrolera más antigua del Perú en producción por más de un siglo hay 110 millones de barriles de reservas probadas. Es decir, que ya están descubiertas y para las que no se necesita exploración de riesgo. Hoy el petróleo se cotiza en alrededor de 70 dólares el barril, así que ese petróleo vale unos 7,700 millones de dólares, y la reducción de las regalías por su explotación que quiere regalarles Fujimori no baja de 800 millones de dólares. Eso es lo que perderá el estado y se llevarán las petroleras con esta ley. Triste recordatorio de cómo en esta misma zona, conocida en nuestra historia como la Brea y Pariñas, la International Petroleum Company explotó petróleo por décadas dejando migajas al Perú bajo la complicidad de sucesivos gobiernos, hasta que el campamento petrolero fuera tomado por Velasco.
Quienes defienden este proyecto de ley dicen que solo así, dando mayores ganancias a las trasnacionales, es que se puede lograr mayor inversión en exploración petrolera. Pero claramente en esta zona eso no es en absoluto verdad, ya que en la década anterior, cuando los precios del petróleo estuvieron hasta en cien dólares el barril y los márgenes de ganancias de las petroleras estuvieron elevadísimos, no hubo tal inversión en exploración y lo único que hicieron fue sacar más rápido el petróleo. En los Lotes VI y VII hubo apenas un pozo exploratorio contra 217 de producción. Haciendo memoria podemos recordar que lo mismo había sucedido hace 35 años con la ley que Pedro Pablo Kuczynski promovió en 1980 cuando era ministro de energía y minas de Belaunde, asunto que Carlos Malpica y Humberto Campodónico investigaron independientemente y publicaron en sendos libros al respecto (titulados ”Petróleo y corrupción: la ley Kuczynski” y “
La política petrolera 1970-1985 : el Estado, los contratistas y Petroperú”). Se trata, por cierto, del argumento de siempre, el mismo con el que Ollanta Humala redujo el impuesto a la renta de las empresas en general: “hay que darle más rentabilidad a las empresas para que de esa manera inviertan”. Pero no funciona, porque sólo hay inversión cuando la productividad y competitividad aumentan y para eso se necesita mejor educación, infraestructura, salud y apoyo al desarrollo tecnológico, cuyo necesario sustento son en ingresos fiscales que es precisamente lo que estas leyes se traen abajo.
Por cierto, hay que recordar que el sector hidrocarburos (petróleo y gas) es uno de los beneficiados por exoneraciones tributarias, las que suman 3 mil millones de soles por década. Es decir, las petroleras ya tienen beneficios especiales pero quieren más. Tampoco están en una situación de precios internacionales difícil; a diferencia del cobre, el zinc y el oro que han caído de precio en el mercado mundial, el petróleo WTI que hace un año estaba en 50 dólares el barril ha subido hasta 70 dólares el barril. Las petroleras no están ajustadas ni mucho menos en pérdida, les está yendo muy bien.
A DEDO
Lo que llama más a la sospecha es que esta ley de PPK-Keiko establece que las empresas que actualmente tienen concesiones petroleras pero cuyos contratos se acercan a su vencimiento, podrán mantenerse con la explotación veinte años más que lo establecido en el contrato firmado y encima pagando las regalías disminuidas. En otras palabras, aunque no hayan invertido en exploración, aunque no se comprometan a hacer esas inversiones, sin que haya competencia ni licitación alguna para ver quien ofrece mejores condiciones, las empresas petroleras que hoy tienen esos lotes se quedan veinte años más y con mayores beneficios. Desde luego en este caso ninguno de los medios neoliberales reclama por la tremenda inestabilidad jurídica de prorrogar así nomás los contratos por veinte años, aunque si el caso fuera el contrario estarían pegando el grito en el cielo.
Este es un proyecto de ley con nombre propio; en la costa norte se llama SAPET, Graña y Montero, Pacific, Savia Petromont y CNPC-Perú. Están en la colada desde chinos (SAPET, CNPC) hasta Graña y Montero, sí, los mismos socios de Odebrecht que gracias a nuestro podrido sistema judicial salieron rápidamente de la cárcel a pesar de las evidencias de que pusieron parte de las coimas de la corrupta constructora brasileña.
¿Qué organismo del gobierno estaría autorizado a firmar esa prórroga de contratos con regalías rebajadas al piso? Hasta el día de hoy, los contratos de concesiones petroleras deben ser aprobados por decreto supremo. Ni PPK se atrevió a proponer cambiar eso. Pero cuando la comisión de energía y minas del congreso controlada por el fujimorismo discutió el tema, acogió letra por letra la propuesta que hizo la “Sociedad Peruana de Hidrocarburos” que no es otra cosa que el exclusivo club de las empresas petroleras en Perú, casi todas trasnacionales. La propuesta es que esos contratos y sus renovaciones por veinte años (no por unos meses, por dos décadas¡) ahora no requiera Decreto Supremo, es decir una evaluación y responsabilidad política de nivel ministerial sino que lo firme PeruPetro, un organismo de segundo nivel. Tremendo regalazo a las petroleras aprobado a dedo por funcionarios de segundo nivel: la receta perfecta para la corrupción. Eso es lo que defiende Keiko Fujimori.
AMBIENTE Y PUEBLOS INDIGENAS
El proyecto de ley petrolero de PPK – Keiko establece además varios cambios anti-ambientales. Según este proyecto cualquier medida que proponga el ministerio del ambiente, o que adopten los gobiernos regionales o las municipalidades en asuntos ambientales, puede ser vetada por el ministerio de energía y minas, algo insólito que ha sido rechazado tanto la Defensoría del Pueblo como por el MINAM. El que incluso el ministerio de energía y minas pueda vetar ordenanzas regionales y locales va claramente contra la descentralización y violenta las autonomías de los gobiernos subnacionales. Este proyecto de ley incluso va más allá, reduciendo los requisitos de regulación ambiental para las exploraciones sísmicas. Todo este atentado anti-ambiental incluso pone en riesgo el TLC con la Unión Europea, que ya ha llamado la atención al Perú por el incumplimiento de las cláusulas ambientales del tratado.
Ser más permisivos en asuntos ambientales con las empresas petroleras no tiene justificación alguna, dado su muy mal récord pasado en este tema. El colmo de los colmos es Pluspetrol, empresa que abandonó el lote 1 AB en la selva norte luego de 15 años de operación, dejando sin pagar 39 millones de soles por doce multas ambientales y otros 3 mil millones de soles por deudas tributarias. La contaminación en la zona es tan grande que el gobierno tuvo que declararla en emergencia ambiental hace varios años porque los ríos y lagunas están fuertemente contaminados, con terribles efectos sobre la salud y la vida de los pueblos indígenas que se alimentan de los peces de esas cuencas. Por cierto, aunque Pluspetrol dejó esa zona, la misma trasnacional sigue operando como si nada en Camisea, pero nadie ajusta cuentas con ella.
El proyecto de ley que Keiko viene presionando porque se apruebe va contra los derechos indígenas también de otras formas. Por ejemplo, aunque el convenio 192 de la OIT y la ley de consulta previa establece que los pueblos indígenas deben ser consultados cuando se afecte su territorio y sus recursos, este proyecto de ley permitiría que las petroleras derriben bosques y construyan sus trochas, campamentos y pozos son ninguna limitación luego que les han concesionado los lotes, algo que está totalmente fuera de la ley nacional e internacional.
KEIKO
Como hemos dicho, Keiko ha declarado públicamente su interés especial en esta ley. En sus entrevistas del 26 de agosto dijo muy claro que esta era una de las leyes importantes que habían venido trabajando en el Congreso e hizo un llamado a que el presidente Vizcarra ayudara en la “difusión” de las normas. En otras palabras pidió a Vizcarra que apoyara lo aprobado por su comisión de energía y minas – usamos el pronombre posesivo en singular porque ya está clarísimo que maneja el congreso como si fuera su chacra.
¿Por qué tanto interés de Keiko en regalar varas decenas de millones de dólares a media docena de grandes petroleras con nombre propio? ¿Tendrá algo que ver con su capacidad de comprarse un par de camionetazas por unos cien mil dólares? Digo nomás.
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