Queremos Paz, Democracia y Justicia. No más violencia y muerte, represión y dictadura, orientadas a sostener tanta injusticia unas décadas más. Queremos paz pero no la de los cementerios, señora Dina Boluarte, general Williams Zapata. En lo inmediato, hay que reemplazar la represión y la muerte, por escuchar al pueblo y permitirle que tome las decisiones que le corresponden con elecciones adelantadas y nuevo gobierno el 2023. Pero lo urgente no debe hacernos olvidar los problemas de fondo.

Les escribe un economista que busca entender nuestra sociedad, siendo consciente que es absolutamente insuficiente hacerlo solamente con el lente económico. Hoy se ve muy claro que pensar al Perú solamente desde la economía, sería mantener una ceguera que nos dirige al desbarrancadero. Hay colegas que insisten en pensar al país y proponer alternativas como si la economía no influyera en el malestar social y la política. Su postura en ese sentido es: “sólo importa el crecimiento y lo que necesita la economía peruana hoy es que los políticos arreglen la política”; incluso para alguno, “que la policía y las fuerzas armadas detengan la protesta como sea para que la economía vuelva a funcionar bien como antes”. Tremendo error y tremenda lavada de manos, como si la política económica no fuera una causa principal de la enorme desigualdad que molesta al pueblo peruano. Es la misma mirada de creer que la reforma agraria de Velasco estuvo mal porque hizo daño a la economía, una visión muy sesgada de una reforma que fue sobre todo política y social, una reivindicación del “indio” y una cancelación de la republica oligárquica.

No es sólo por una seguidilla de pésimas decisiones políticas que hemos vivido la desgracia de tantas muertes las semanas pasadas y de la terrible situación actual, aunque ellas tienen su gran cuota de responsabilidad. Estudiemos nuestra historia; que la gran necesidad de atender lo inmediato no nos impida miradas profundas de los acontecimientos políticos y sociales.

EL ANTERIOR CICLO DE PROTESTAS Y VIOLENCIA

Repasemos nuestra década de 1960s. El PBI peruano había registrado un gran crecimiento económico durante la década anterior gracias a que un nuevo Código de Minería había impulsado fuertemente esta actividad y entró en funcionamiento la primera gran mina de cobre de tajo abierto: Toquepala. Desde 1959, era premier y ministro de economía Pedro Beltrán, dueño de uno de los dos principales medios de comunicación entonces existentes (“La Prensa”), un ultra-liberal defensor de la oligarquía. Viendo apenas la macroeconomía y los intereses de los “Dueños del Perú”, se podría pensar que todo iba de maravillas.

Pero el descontento social reprimido por años empezaba a salir con fuerza. Habían pasado tres décadas desde que movimientos revolucionarios de los mineros del centro en 1930, y luego de Trujillo en 1932, fueron aplastados. La dictadura odriísta entre 1948 y 1956 había reprimido ferozmente, con torturas y ejecuciones extrajudiciales. Pero en 1960 se levanta un masivo movimiento universitario reclamando reformas como la del tercio estudiantil, que finalmente consiguen. Por otro lado, se inicia una oleada de movimientos campesinos en el centro andino y dos años después también en el sur. Belaunde gana las elecciones en 1963 pero luego no hace los grandes cambios prometidos. Pequeñas guerrillas surgieron, siendo rápidamente derrotadas. El ejército, sin embargo, veía que las condiciones de conflicto interno crecían. La década de los 60 termina con el golpe de Velasco da un golpe y la reforma agraria.

En la sierra sur la reforma agraria demoró varios años y llegó el golpe de Morales Bermúdez nuevamente a reprimir y matar, creándose así las condiciones sociales para que Sendero Luminoso pueda crecer. Siguieron por eso desde1980 doce años de terror y sesenta mil muertos, con masivas violaciones de derechos humanos por parte de los partidarios del sanguinario Abimael Guzmán pero también de parte de nuestras fuerzas armadas, algo espantoso. Pero como ha dicho el historiador Antonio Zapata “sin la Reforma Agraria, Sendero Luminoso hubiese sido más fuerte”; para Hugo Neira “si Velasco no hace la Reforma Agraria, ganaba la guerra Sendero Luminoso”.

Este ciclo de violencia se repite en el Perú cada cierto tiempo. Sangrientos enfrentamientos internos han regresado una y otra vez. Luego siguen periodos de paz interna, que en ese momento pueden parecer definitivos, pero que no lo ha sido. ¿Dentro de treinta años, como veremos este 2022? ¿Se parecerá a 1962 o a 1982, o quizás a 1932 o a 1948? ¿Será que podremos romper este círculo de destrucción, que como en el mito de Sísifo nos hace volver siempre atrás?

¿PORQUÉ AHORA? TRES NARRATIVAS

Primero tenemos que entender por qué pasa lo que pasa. La semana pasada recordaba una razón básica de la fuerte protesta: la tremenda desigualdad interna, el racismo y la discriminación. Nunca debemos perder de vista esta realidad. Sin embargo, la pregunta que queda flotando y que no ha faltado un crítico que la levante, es ¿si siempre hay desigualdad, por qué es ahora que tenemos tanta violencia y muerte, y no hace uno, cinco o diez años? Acá, hurgando más allá a los análisis de coyuntura política, tres narrativas posibles de los procesos sociales.

Uno: “La gota que rebalsa el vaso”. Muchas gotas entran en el vaso, hasta que una gota, que incluso puede ser de otro color u otra consistencia, hace que el vaso se rebalse. ¿Porque los cientos de gotas anteriores no produjeron ese efecto? Todos sabemos la respuesta: porque recién se llegó al tope. En palabras de Micaela Bastidas: “Ya no tengo paciencia para aguantar todo esto”. A muchos nos ha pasado en determinadas situaciones en nuestras vidas. En la sociedad peruana las injusticias son como las gotas que llenan un vaso, que se van acumulando hasta que se desbordan en una ola de protestas.

Dos: “El túnel sin vista de salida”. Imagínense que estamos avanzando en una carretera de dos carriles, hasta que entramos en un túnel del que no se ve la salida. En ese momento todo el tránsito se para, un fastidio. Luego el carril del costado empieza a avanzar y nos esperanzamos en que pronto seguiremos nosotros. Pero pasa el tiempo y seguimos parados. ¿Por qué los demás progresan y nosotros no? Esto nos molesta, peor si muchas veces antes hemos sido dejados atrás. Eso es lo que podría estar pasando en el Perú; millones vieron a los demás mejorar mientras ellos permanecían frenados atrás. En una de las mejores canciones de Los Prisioneros: “Había tanto sol sobre las cabezas, y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando piedras”.

Tres: “La procesión va por dentro”. Luego de cada ciclo de relativa paz, viene un periodo de protestas a las que se responde con represión. Se abre un tiempo de violencia interna, hasta que finalmente la muerte y la represión frenan las protestas. Miedo, miedo y miedo son “las tres razones del oidor” en una de las tradiciones de Ricardo Palma. Pero eso no acaba con el sentimiento de injusticia, al revés. La cólera se guarda, mayor todavía porque mataron y encarcelaron a los que reclamaban a tu lado, a tus hermanos, y saldrá más adelante, de una u otra manera.

Tenemos que cortar estos círculos viciosos, históricos, de injusticia y violencia. Necesitamos un camino democrático de eliminación de desigualdades, racismo y discriminación; porque la Paz es hija de la Justicia.

Indispensable empezar por un rechazo total, ético y político, tanto al golpe como a las acciones antidemocráticas del congreso, a las demasiadas muertes producidas incluyendo ¡un niño de quince años impactado por proyectil de la policía! y a las acciones de turbas de quema de locales y grupos realizando acciones de robo y saqueo. Lo que vemos en el día a día nos impacta y conmueve, llevándonos rápidamente a posturas diversas y muchas veces enfrentadas. Eso hace urgente trabajar en una reflexión profunda para acercarnos a entender lo que está pasando e iniciar un diálogo abierto sobre el futuro del Perú. Necesitamos interpretar la realidad para poder transformarla en un sentido positivo. Aunque esta situación por la que vivimos es en muchos sentidos única, también tiene antecedentes nítidos en nuestra historia y pensadores importantes han buscado entender sus raíces profundas.

ALGO DE HISTORIA

Nadie debiera sorprenderse de estallidos de violencia rebelde en las regiones peruanas, sobre todo andinas. Túpac Amaru II es la referencia obligada, pero la historia que nos enseñaron en el colegio la coloca como la última rebelión campesina, acaecida en el periodo colonial. Pero la República no trató a los indígenas como ciudadanos y, aunque ninguna de la magnitud de la encabezada por Túpac Amaru II, hubo muchas más rebeliones. Sólo refiero algunas pocas, de las más importantes. En 1867 la rebelión de Juan Bustamante en las provincias de Puno: había sido diputado, su programa era liberal y quiso lograr mediante una constitución que los campesinos no siguieran bajo el yugo de los gamonales y estuvieran bajo la ley común. No logró cambios reales, terminó de manera no planificada encabezando una rebelión campesina que tomó la ciudad de Puno, siendo fue finalmente derrotada con cientos de muertos. En 1885 la ciudad de Huaraz fue sacudida por la rebelión de Atusparia y Pedro Cochachín o “Uchcu Pedro”. Dominaron todo el callejón de Huaylas por varios meses. Finalmente fueron derrotados por un ejército. El 1915 la rebelión de Rumi Maqui (“Mano de piedra”) en Huancané y Azángaro, Puno, termina con 300 muertos. La toma de Trujillo en 1932, en la que tiene un rol directivo el partido aprista (en ese entonces revolucionario), se produce teniendo como base fundamental a los cañeros de las haciendo Laredo junto a algunos estudiantes. Entre 1959 y 1963 hay grandes movimientos campesinos violentos en Pasco por recuperación de tierras, retratados famosamente en “Redoble por Rancas” y otras novelas de Manuel Scorza. En 1962 se da el levantamiento de La Convención, acompañado por Hugo Blanco, que pasa de una protesta sindical a formas crecientemente violentas, frente al cual se dan las primeras medidas de reforma agraria.  En 1969, la lucha de Huanta por la gratuidad de la enseñanza recordada en la canción “Flor de Retama”. En 1974, un movimiento de tomas de tierras remueve la provincia de Andahuaylas porque la reforma agraria aún no llegaba allá.

Eran otros tiempos, sociedades mucho más rurales, haciendas dominantes, exclusión política total de los indígenas por ser analfabetos, poderes locales que imponían servidumbre. Pero todavía en 1987, comunidades campesinas de Puno toman un millón de hectáreas de tierras; cuando ya el Perú estaba convulsionado por Sendero Luminoso, sus acciones terroristas y el conflicto armado interno, este movimiento frenó el avance de Sendero como retrata bien José Luis Rénique en su libro “La batalla por Puno”.

ADOLFO FIGUEROA

Habiendo muchas e importantes miradas de los porqués de la protesta social, recuerdo acá a Adolfo Figueroa, un destacado economista recientemente fallecido por quien tenía especial afecto. Nació y estudió en un colegio en los andes ancashinos pero obtuvo un doctorado en Estados Unidos y escribió libros y artículos de especial relevancia para países como el nuestro. Extraigo acá frases de un texto suyo titulado “Desigualdad y Democracia”, escrito en la forma de una teoría general, pero que sin duda fueron escritos en base a su experiencia y lectura del Perú, y que treinta y tantos años después puede servirnos para entender lo que pasa en el Perú de hoy.

Empiezo reproduciendo una frase que me parece retoma vigencia en esta coyuntura: “Usualmente se escucha decir “en el Perú necesitamos un gobierno fuerte que ponga orden”. Pero, ¿por qué hay desorden? La teoría propuesta aquí predice que la desigualdad marcada está a la base de ese desorden social. Sociedades con un alto grado de desigualdad serán sociedades inestables y, por ello, autoritarias; sólo así se podría hacer funcionar la sociedad. La democracia será, en esos casos, muy frágil”.

¿Qué teoría propuso Adolfo Figueroa? “Limite de la tolerancia y crisis distributiva (..) Los individuos tienen umbrales de tolerancia a la pauperización absoluta y relativa, pasado los cuales los individuos reaccionan, es decir, se rebelan ante la “injusticia.”

“Ante cambios cuantitativos importantes en la distribución del ingreso se producirían cambios cualitativos también importantes en el funcionamiento de la sociedad. (Cambios que no serían precisamente de progreso social). (…) ¿Qué tipo de crisis es la crisis distributiva? Una crisis distributiva implicaría que las reglas institucionales, bajo las cuales opera la economía, serían cuestionadas, en particular la del derecho de propiedad. Las masas considerarían que la distribución del ingreso es injusta y se rebelarían contra el orden social. También se incrementarían las prácticas del ingreso no contractual, es decir, la corrupción. (…) Se generaría así la violencia social. La violencia social haría que la sociedad no pudiera ser gobernada por métodos democráticos. Debido a su incapacidad para regular la distribución del ingreso, la clase política, y no la clase capitalista, sería responsabilizada de la crisis distributiva y del caos, y perdería legitimidad. El autoritarismo sustituiría a la democracia. El contrato social se debilitaría. “

“Debido al mayor grado de incertidumbre que genera la crisis distributiva, las inversiones privadas disminuirían. Según las teorías más aceptadas, la lógica del inversionista, aquél que gasta en aquellos factores que dan lugar al crecimiento de la economía (capital físico, capital humano y tecnología), es evitar riesgos que impliquen pérdidas que vayan más allá de su capacidad económica de absorberlas. Y con la inestabilidad social, aumentarían estos riesgos. El premio Nóbel de Economía de 1993 lo ha propuesto con claridad: “Institutions exist to reduce the uncertainties involved in human interaction” (North, 1990; p. 25.). Debido a la inestabilidad económica y política, las consecuencias futuras de una acción tomada hoy se hacen más inciertas. Como resultado, los agentes económicos reducirían su horizonte económico. Luego, el nivel de la inversión tendería a caer. La estructura de la inversión también cambiaría: los capitalistas locales llevarían sus capitales fuera del país, acelerando la fuga de capitales, mientras que los inversionistas extranjeros, con mayor capacidad para absorber pérdidas, estarían dispuestos a invertir, pero sólo en sectores de alta rentabilidad esperada (sectores primarios y financiero). Así, la economía perdería en términos de crecimiento económico. “

¿Estamos ya en una “crisis distributiva” similar a la teorizada por Figueroa? Esperemos que no. Pero encuentro que algunas de las causas profundas de la situación actual y de los riesgos que conlleva, están bien descritos en esos párrafos. La situación actual, sin embargo, creo que es más compleja y requiere analizarla con más elementos sobre la mesa. En un próximo artículo hablaré sobre como los cambios tecnológicos, económicos y sociales de las últimas décadas pueden también ayudarnos a entender lo que está pasando.

Nuestro rechazo frontal a acciones antidemocráticas, de violencia y muerte no debe impedirnos pensar el por qué se producen éstas. Al revés. Si queremos cambiar el mundo y el Perú para mejor, es indispensable ampliar nuestro entendimiento lo más posible. Habiendo responsabilidades individuales, hay dinámicas sociales, sistemas políticos y económicos que transformar, y para ello, necesitamos entender.

Cuando se ataca a la democracia, no debemos dudar un instante en su defensa. Hoy Pedro Castillo está detenido, como corresponde tras su intento de autogolpe. El mensaje golpista de Castillo nos hizo recordar el del 5 de abril de 1992 de Alberto Fujimori y la larga dictadura que luego sufrimos.  El golpe felizmente fue extraordinariamente torpe, ratificando que nadie hizo más por su vacancia que el mismo Castillo, y eso que compite por ese primer puesto con una derecha abiertamente golpista desde el primer momento.

Ha asumido el poder la vicepresidenta Dina Boluarte, como indica la Constitución, y es la primera mujer presidenta en la historia del Perú, avances que deben saludarse. Su respuesta rápida a la situación difícil que atraviesa el país es muy importante para nuestro futuro y para la gobernabilidad democrática, así que resumamos los retos económicos centrales que debe afrontar.

El alza de precios ha afectado duramente a los sectores populares. Si bien la inflación es responsabilidad del Banco Central de Reserva, el gobierno debe dar una respuesta de apoyo a quienes sufren necesidad, tomar medidas para sostener los salarios y ampliar los programas de empleo. El hambre se ha incrementado y para ello los programas sociales y el apoyo a las ollas comunes deben ampliarse. Del mismo modo, la atención de salud tiene que asegurarse sea realmente gratuita y de amplia cobertura. No se puede continuar con un neoliberalismo indiferente al sufrimiento popular.

El sector agrario, en especial los campesinos de la sierra, están atravesando una situación muy difícil por la sequía. Eso se suma al alza de los fertilizantes y no solo afecta a los hogares rurales, sino amenaza con nuevas alzas de precios que agraven la pobreza y hambre urbanas.

Debido a que el BCR ha subido fuertemente las tasas de interés, un sector particularmente afectado es el de las micro y pequeñas empresas, que requiere crédito abundante y barato. Otros programas, como los de compras a pymes, en especial dentro de los diversos programas sociales y públicos del estado, puede impulsarse mucho más. Además, la destrucción de nuestra industria de confecciones por las importaciones asiáticas debe detenerse de inmediato.

Este conjunto de medidas para atender problemas críticos debe enmarcarse en una política macroeconómica de reactivación de la producción y el empleo. El alza de tasas de interés del BCR, que apunta a contener la inflación, trae consigo inevitablemente el retraer la inversión y el consumo, y de esa manera frena el crecimiento. La forma para al mismo tiempo controlar la inflación y mantener el crecimiento en el Perú es con una política fiscal activa que levante la inversión pública, generando así empleos directos en la construcción y además un fuerte efecto multiplicador positivo. Pensando en la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, ese esfuerzo debe ir de la mano de una reforma tributaria para que haya ingresos fiscales suficientes.

Dentro de esta política de reactivación, no puede obviarse la urgencia de resolver los diversos conflictos sociales que afectan la producción minera y petrolera. No podemos darlos el lujo de perder fuertes montos de exportaciones y recaudación fiscal en esta coyuntura; por el contrario, hay que garantizar esas operaciones.

¿ACABÓ LA INGOBERNABILIDAD?

Castillo abandonó en pocos meses las grandes promesas de cambios profundos que hizo durante la campaña y los indicios de corrupción en su entorno cercano fueron creciendo a partir de fines de noviembre del 2021. Luego, Castillo optó por reemplazar a la premier Mirtha Vásquez y al ministro Avelino Guillén, símbolo de la lucha anticorrupción, para poner a alguien que consideraba allegado como ministro del interior. Ese cambio era una señal fuerte de que Pedro Castillo dejaba de lado una actuación transparente y colaboradora de las investigaciones, para optar por obstaculizar la justicia, como cada vez más personajes que colaboraron en ese intento hoy lo testifican. Fue entonces que decidí renunciar al ministerio de economía y finanzas, a pesar del éxito al aprobar el presupuesto por consenso, abrir la negociación colectiva en el sector público, avanzar en el pago de pensiones a quienes han aportado 10 años, pagar deudas a los maestros y poner recursos para atender a quienes sufren por la contaminación con metales pesados. Los meses siguientes fueron de un desgobierno creciente que vivimos con desasosiego y pesar.

Se abre ahora una nueva etapa. La Constitución indica que Dina Boluarte debiera gobernar hasta el 28 de julio del 2026. Pero encuestas de opinión han persistentemente señalado que menos de 5 por ciento de ciudadanos favorecía una presidencia de Boluarte y más de 85 por ciento prefería elecciones adelantadas que incluyan la presidencia y un nuevo Congreso.

La crisis es de tal magnitud que para lograr un gobierno estable resulta indispensable que la ciudadanía sea nuevamente consultada. Además, es claro que las reglas políticas y electorales favorecen un alto nivel de corrupción en la política, el gobierno y el congreso, y que el arreglo de balance de poderes establecido en la Constitución favorece la inestabilidad, así que necesitamos arreglos de mayor envergadura que un cambio de timonel, aún si este fuera electo por votación en las urnas. Ha terminado el gobierno de Castillo pero no la crisis de gobernabilidad que vive el Perú.

“Monse” es como decimos en Perú a lo tonto o estúpido. Pero tiene un tono especial, añadido, de una acción inconducente sin perspectivas de éxito. Así ha sido el anuncio del ex-presidente Pedro Castillo el día de hoy de cerrar el congreso. No obtuvo ningún respaldo, sus ministros fueron renunciando uno tras otro, su abogado también, no sabemos exactamente en qué momento lo hizo su primera ministra. No controló la televisión del estado, ni la policía ni las fuerzas armadas. Terminó intentando huir y siendo llevado por los mismos policías que dirigían su vehículo, a un centro de detención.

El anuncio de Castillo nos hizo recordar a los peruanos el autogolpe de Fujimori el 5 de abril de 1992. Seguramente por eso, entre otras razones, su aislamiento fue tan grande: a los peruanos nos costó mucho recuperar la democracia y tuvimos que esperar hasta el año 2000, luego de que Fujimori fuera re-re-reelecto, para lograrlo.

Desde el inicio de su gobierno Castillo, electo tras una plataforma de cambio cercana a las izquierdas, enfrentó una oposición frontal y antidemocrática de quienes desde la derecha perdieron las elecciones. Clamaron fraude y llamaron a vacarlo desde antes que juramentara. Lograron controlar el Congreso y desde ahí no cesaron en atacarlo sin cesar mientras ellos mismos aprobaban leyes populistas y negociaban intereses. Apenas 10 por ciento de peruanos respalda actualmente al Congreso, según las encuestas de opinión.

La oposición del Congreso, los medios de comunicación masivos y la élite empresarial blanca hicieron que la situación nunca le fuera fácil a Castillo. Pero Castillo hizo un pésimo gobierno. Con fuertes acusaciones de corrupción hacia su entorno inmediato e incluso contra él, decidió enfrentarlas buscando obstaculizar la justicia antes que actuar de manera transparente y apoyando las investigaciones abiertas, ampliando así las sospechas sobre su participación en enriquecimiento ilícito. Los indicios al respecto se fueron acumulando entre noviembre 2021 y enero 2022, y cuando Castillo optó por reemplazar a la premier Mirtha Vásquez y al ministro Avelino Guillén, símbolo de la lucha anticorrupción, yo que venía ejerciendo como ministro de economía decidí renunciar también.

Castillo, además, dejó en el camino las grandes promesas de cambios profundos que hizo durante la campaña.  La propuesta que hicimos de una reforma tributaria similar a la aprobada recientemente en Colombia, no recibió su apoyo y fue rechazada por el Congreso. La llamada “Segunda reforma agraria” naufragó en medio de una escasez y carestía de fertilizantes frente a la cual las respuestas del gobierno fracasaron reiteradamente. La masificación del gas natural que poseemos salió de la agenda del gobierno. Luego de una vacunación muy exitosa, cuando era una gran oportunidad de una reforma de salud que apuntara al acceso universal en base a atención primaria, se canjeó ese ministerio por unos cuantos votos congresales. Los conflictos sociales, la tala ilegal, la inseguridad ciudadana, no fueron enfrentados con estrategia. En la educación, tan necesitada de un relanzamiento post- pandemia, se priorizó el clientelismo con los grupos de maestros allegados al presidente.

El gobierno Castillo ha estado caracterizado por una rotación de ministros tan alta, negociando cargos por votos y con tan poca capacidad de promover eficiencia, que la gestión pública ha sido muy mala. En los últimos meses, sin embargo, había logrado que su popularidad fuera recuperándose, en base a una campaña identitaria, paseándose por las regiones y pueblos del Perú con el mensaje de que él era como ellos, los excluidos de siempre, y que por eso los que siempre habían dominado al Perú no lo dejaban gobernar. Logró aumentar su popularidad en 6 puntos, sobrepasando el 30 por ciento, que no es bajo si se compara con anteriores gobiernos tras 15 meses de gestión. 

Con estas bases, enfrentaba una nueva moción de vacancia en el Congreso. Una nueva ofensiva de denuncias de corrupción en su contra salió a luz estos últimos días, como parte de esa campaña. A pesar de eso, no había ninguna seguridad de que fuera vacado y varios analistas indicaban que el Congreso no lograría los 87 votos (dos tercios del total de congresistas) para lograrlo. Es en estas circunstancias, el mismo día que debía darse ese voto, que Castillo hace su mensaje a la nación de lo que no puede considerarse sino un intento de autogolpe monse. No de disparó a los pies, se disparó – políticamente – al pecho. Hoy está, justamente, vacado y detenido.

¿Qué viene? Ha asumido el poder la vicepresidenta Dina Boluarte, como indica la Constitución. Es la primera mujer presidenta en la historia del Perú, algo que de por si es un avance a pesar de las circunstancias. La Constitución indica que ella debiera gobernar hasta el 28 de julio del 2026. Pero la situación no es fácil; Castillo a pesar de los severos cuestionamientos en su contra contaba con 30 por ciento de respaldo ciudadano, encuestas de opinión recientes indican que ante una salida de Castillo menos de 5 por ciento de ciudadanos favorece una presidencia de Boluarte y más de 85 por ciento quieren elecciones adelantadas que incluyan también la elección de un nuevo Congreso. La crisis es de tal magnitud que para lograr un gobierno estable parece indispensable que la ciudadanía sea nuevamente consultada.

El problema es que esa opción requiere una reforma constitucional, que debe ser aprobada por el propio congreso por 87 votos en dos oportunidades, o ser aprobada por mayoría simple en el congreso y someterse a referéndum. Es dudoso que el Congreso actual quiera irse anticipadamente, y menos bajo la actual regla que impide la reelección de congresistas. Ha terminado el gobierno de Castillo pero no la crisis de gobernabilidad que vive el Perú.

Aplauso y sana envidia: Colombia ya tiene una reforma tributaria progresista. Se calcula que con ella obtendrán 1.3 por ciento del PBI anuales, que acá en el Perú equivaldrían a unos 12 mil millones de soles, para con eso mejorar salud y educación e iniciar su reforma agraria. Parte también irá a la sostenibilidad de sus cuentas fiscales, ya que su deuda y déficit público están bastante altos, muy por encima de los peruanos. Nuestros congresistas que insisten, yendo contra la Constitución, en añadir gastos al presupuesto sin ingresos de respaldo, podrían aprender bastante de la experiencia.

Parabienes para el presidente Gustavo Petro, quien logró una amplia mayoría congresal que incluyó a varios grupos de la oposición. La semana pasada, hablando con el viceministro colombiano Gonzalo Hernández, él resaltó la lógica grande de la reforma: busca reducir la extrema desigualdad, cerrar las brechas sociales y de esa manera fortalecer la democracia.

QUE PAGUEN LAS EXTRACTIVAS CON SOBREGANANCIAS

La principal medida es un impuesto a las sobreganancias de quienes explotan carbón y petróleo. Los productores de petróleo serán gravados con un 5% extra cuando el precio del crudo fluctúe entre US$67 barril y US$75 barril, con 10% adicional si este oscila entre US$75 y US$82 y llegará a 15% más cuando el precio supere los US$ 82 (como lo ha estado casi todo este año). En total, según los cálculos de Ecopetrol, “se puede pensar que nuestra tasa impositiva efectiva ronda el 33-35% [antes de la reforma]. En un entorno de precios altos… la tasa impositiva efectiva será de 48-50%”.

Se puede hacer un paralelo con nuestra propuesta de reforma tributaria, sabiendo que mientras las principales exportaciones de Colombia son carbón y petróleo, las del Perú son cobre, oro y otros metales. En ambos casos, se quiere cobrar más por la extracción de nuestra riqueza natural, de la que hoy las grandes empresas sacan ingresos extraordinarios por los altos precios internacionales. En ambos casos, aplicando tasas mayores cuando los precios son altos pero sin elevarlas cuando los precios sean bajos, para de esa manera mantener competitividad. En ambos casos, la carga contributiva total máxima se aproxima al 50 por ciento sin rebasar esa cifra.

La reforma colombiana también aplica una sobretasa a los bancos. La tasa básica de impuesto a la renta para todas las empresas en Colombia es 5 puntos mayor a la del Perú, llegando al 35 por ciento. Con a reforma el sector financiero colombiano pagará 40 por ciento, comparado con 30 por ciento en Perú. Además, han establecido varios mecanismos para reducir la evasión, problema serio tanto allá como acá, incluyendo sanciones penales y nuevas estrategias para cobrar más rápido a los grandes deudores.

DUEÑOS DE GRANDES EMPRESAS Y FORTUNAS

La reforma tributaria colombiana tiene también medidas para los dueños de grandes empresas y fortunas. Similar a lo que planteamos nosotros, han considerado que quienes reciben dividendos por ser propietarios de empresas, que para los muy ricos pueden sumar millones anuales, estaban pagando muy poco. Allá han logrado que la tasa de impuestos sobre dividendos suba de 10 por ciento a 20 por ciento. En el Perú es apenas 5 por ciento, una de las más bajas de la región, y el Congreso se negó a subirla, para felicidad de algunos millonarios.  

El impuesto a la renta de las personas, que en Colombia suma las diversas rentas de capital, ahora tiene una tasa para las personas de muy altos ingresos que subió al 39 por ciento (en Chile es 40 por ciento mientras en Perú es 30 por ciento). Los ajustes a estos impuestos se hicieron en Colombia de tal manera que nadie con ingresos menores a 2 mil dólares mensuales se vea afectada.

Una medida importante de justicia tributaria aprobada ahora en Colombia es el impuesto a las grandes fortunas, como el que a nivel mundial propugna Thomas Piketty y en la campaña pasada propusimos con Verónika Mendoza, mientras Pedro Castillo rechazó. Fortunas colombianas superiores a medio millón de dólares pagarán 0,5 por ciento, desde un millón el 1 por ciento y por encima de 2 millones de dólares pagarán 1,5 por ciento anual.  Se suman así al número creciente de países que tienen este impuesto; de nuestros vecinos Argentina y Ecuador lo tienen hace varios años y en Chile es parte de la propuesta del presidente Boric hoy en discusión en su Congreso.

COMIDA CHATARRA E IMPUESTO AL CARBONO

Debido a que promueven la obesidad con severas consecuencias sobre la salud, muchos países están buscando frenar el consumo de comida chatarra. Una forma es poniéndole impuestos. En el Perú tenemos un impuesto a las gaseosas con tasas mayores a las que tienen más azúcar, pero no hay impuestos a otros alimentos ultraprocesados altos en grasas, sodio o azúcar, como se ha propuesto reiteradamente en resguardo de la salud pública. Logramos los octógonos informativos, pero nada más. En Colombia, ahora han establecido un impuesto no sólo a las gaseosas, sino también a carnes de hamburguesa, chocolates, cereales, salsas y pastelería. Por su posible impacto en los bolsillos populares quedaron fuera de este impuesto el pan, la leche, la miel y el salchichón.

Otra medida importante que han aprobado en Colombia es el impuesto al carbono, que es clave para enfrentar el cambio climático global, algo con lo que Gustavo Petro está muy comprometido. En la práctica funciona como un impuesto al consumo de los combustibles fósiles, muy similar al ISC peruano sobre gasolina y diésel. Pero allá es de espectro más amplio y las tasas están calculadas en función de cuanto carbono emite cada combustible, y en ese sentido es técnicamente mejor. Además, se ha abierto la puerta para que aquellas empresas que por distintos medios capturen esas emisiones de gases y logren ser “carbono neutrales” se les exoneraría del impuesto, lo que establece un buen incentivo para la reforestación y otros proyectos de captura de carbono o reducción de emisiones de gases.

MIENTRAS TANTO EN EL PERÚ

Mientras en Colombia se avanza, acá han aparecido serias amenazas a un sistema tributario más justo. La congresista Yarrow ha presentado un proyecto de ley para beneficiar a los especuladores de tierras urbanas e impedir que se les cobre impuestos por esas sobreganancias que obtienen, como establece la ley de desarrollo urbano aprobada hace un par de años. Decenas de otros proyectos rebajando impuestos están ahora en el congreso, como uno propuesto por la congresista Patricia Chirinos que podría terminar beneficiando a los casinos.

Al mismo tiempo, muchos congresistas en el debate presupuestal han planteado mayores recursos para obras en sus regiones, aumentos a trabajadores públicos y diversos otros fines. Pero el Congreso está impedido por la Constitución de tener iniciativa de gasto y es indispensable mantener el equilibrio y la sostenibilidad fiscal. Hay muchas necesidades de presupuesto bien justificadas; el año pasado sacamos apoyo presupuestal para personas con discapacidad, prevención y atención a contaminados por metales pesados, maestros, trabajadores de salud y pensionistas; este año una nueva iniciativa ciudadana exige presupuesto para resguardar la vida de los defensores ambientales. Requerimos más inversión pública en salud, educación, transportes e internet, y mayor apoyo a la agricultura y las pymes. La única forma de hacerlo de manera responsable, resguardando la salud macroeconómica, es que esos gastos tengan el respaldo de mayores ingresos fiscales. Dadas las enormes necesidades que tenemos, una reforma tributaria es indispensable para ello. En Colombia ya lo hicieron.

En la Ley de Presupuesto, la Comisión del Congreso incluyó varias demandas, eliminando la reserva de contingencia y sin respetar la Constitución. ¿Cómo se ha aprobado finalmente el Presupuesto 2023 superando este impasse?

100 millones para las ollas comunes – ahora salen del presupuesto de Qali Warma (DCT 65) recortando fondos de alimentación escolar.

50 millones para fonavistas – ahora salen del presupuesto de PCM, ¿pretenden recortar Reconstrucción con Cambios, atención a conflictos o qué? (DCT 66)

100 millones para el vaso de leche – ahora salen del presupuesto MIDIS (DCT 76), ¿recortarán Pension65, Foncodes, CunaMás?

Presupuesto para cáncer, atención a metales pesados – sale del presupuesto de Salud previamente establecido. No hay recursos adicionales. Apenas 195 mil soles en MINSA para atención a afectados por metales pesados (+ otros 6,6 millones en regiones).

Resumen: Las demandas sociales se trasladan sobre el Poder Ejecutivo en especial MIDIS y PCM, que tendrán que lidiar con esos sectores, ahora empoderados por ley del congreso.

Cuestión de Fondo: Sin reforma tributaria e ingresos tributarios mínimos, no hay solución a demandas sociales.