Aplauso y sana envidia: Colombia ya tiene una reforma tributaria progresista. Se calcula que con ella obtendrán 1.3 por ciento del PBI anuales, que acá en el Perú equivaldrían a unos 12 mil millones de soles, para con eso mejorar salud y educación e iniciar su reforma agraria. Parte también irá a la sostenibilidad de sus cuentas fiscales, ya que su deuda y déficit público están bastante altos, muy por encima de los peruanos. Nuestros congresistas que insisten, yendo contra la Constitución, en añadir gastos al presupuesto sin ingresos de respaldo, podrían aprender bastante de la experiencia.
Parabienes para el presidente Gustavo Petro, quien logró una amplia mayoría congresal que incluyó a varios grupos de la oposición. La semana pasada, hablando con el viceministro colombiano Gonzalo Hernández, él resaltó la lógica grande de la reforma: busca reducir la extrema desigualdad, cerrar las brechas sociales y de esa manera fortalecer la democracia.
QUE PAGUEN LAS EXTRACTIVAS CON SOBREGANANCIAS
La principal medida es un impuesto a las sobreganancias de quienes explotan carbón y petróleo. Los productores de petróleo serán gravados con un 5% extra cuando el precio del crudo fluctúe entre US$67 barril y US$75 barril, con 10% adicional si este oscila entre US$75 y US$82 y llegará a 15% más cuando el precio supere los US$ 82 (como lo ha estado casi todo este año). En total, según los cálculos de Ecopetrol, “se puede pensar que nuestra tasa impositiva efectiva ronda el 33-35% [antes de la reforma]. En un entorno de precios altos… la tasa impositiva efectiva será de 48-50%”.
Se puede hacer un paralelo con nuestra propuesta de reforma tributaria, sabiendo que mientras las principales exportaciones de Colombia son carbón y petróleo, las del Perú son cobre, oro y otros metales. En ambos casos, se quiere cobrar más por la extracción de nuestra riqueza natural, de la que hoy las grandes empresas sacan ingresos extraordinarios por los altos precios internacionales. En ambos casos, aplicando tasas mayores cuando los precios son altos pero sin elevarlas cuando los precios sean bajos, para de esa manera mantener competitividad. En ambos casos, la carga contributiva total máxima se aproxima al 50 por ciento sin rebasar esa cifra.
La reforma colombiana también aplica una sobretasa a los bancos. La tasa básica de impuesto a la renta para todas las empresas en Colombia es 5 puntos mayor a la del Perú, llegando al 35 por ciento. Con a reforma el sector financiero colombiano pagará 40 por ciento, comparado con 30 por ciento en Perú. Además, han establecido varios mecanismos para reducir la evasión, problema serio tanto allá como acá, incluyendo sanciones penales y nuevas estrategias para cobrar más rápido a los grandes deudores.
DUEÑOS DE GRANDES EMPRESAS Y FORTUNAS
La reforma tributaria colombiana tiene también medidas para los dueños de grandes empresas y fortunas. Similar a lo que planteamos nosotros, han considerado que quienes reciben dividendos por ser propietarios de empresas, que para los muy ricos pueden sumar millones anuales, estaban pagando muy poco. Allá han logrado que la tasa de impuestos sobre dividendos suba de 10 por ciento a 20 por ciento. En el Perú es apenas 5 por ciento, una de las más bajas de la región, y el Congreso se negó a subirla, para felicidad de algunos millonarios.
El impuesto a la renta de las personas, que en Colombia suma las diversas rentas de capital, ahora tiene una tasa para las personas de muy altos ingresos que subió al 39 por ciento (en Chile es 40 por ciento mientras en Perú es 30 por ciento). Los ajustes a estos impuestos se hicieron en Colombia de tal manera que nadie con ingresos menores a 2 mil dólares mensuales se vea afectada.
Una medida importante de justicia tributaria aprobada ahora en Colombia es el impuesto a las grandes fortunas, como el que a nivel mundial propugna Thomas Piketty y en la campaña pasada propusimos con Verónika Mendoza, mientras Pedro Castillo rechazó. Fortunas colombianas superiores a medio millón de dólares pagarán 0,5 por ciento, desde un millón el 1 por ciento y por encima de 2 millones de dólares pagarán 1,5 por ciento anual. Se suman así al número creciente de países que tienen este impuesto; de nuestros vecinos Argentina y Ecuador lo tienen hace varios años y en Chile es parte de la propuesta del presidente Boric hoy en discusión en su Congreso.
COMIDA CHATARRA E IMPUESTO AL CARBONO
Debido a que promueven la obesidad con severas consecuencias sobre la salud, muchos países están buscando frenar el consumo de comida chatarra. Una forma es poniéndole impuestos. En el Perú tenemos un impuesto a las gaseosas con tasas mayores a las que tienen más azúcar, pero no hay impuestos a otros alimentos ultraprocesados altos en grasas, sodio o azúcar, como se ha propuesto reiteradamente en resguardo de la salud pública. Logramos los octógonos informativos, pero nada más. En Colombia, ahora han establecido un impuesto no sólo a las gaseosas, sino también a carnes de hamburguesa, chocolates, cereales, salsas y pastelería. Por su posible impacto en los bolsillos populares quedaron fuera de este impuesto el pan, la leche, la miel y el salchichón.
Otra medida importante que han aprobado en Colombia es el impuesto al carbono, que es clave para enfrentar el cambio climático global, algo con lo que Gustavo Petro está muy comprometido. En la práctica funciona como un impuesto al consumo de los combustibles fósiles, muy similar al ISC peruano sobre gasolina y diésel. Pero allá es de espectro más amplio y las tasas están calculadas en función de cuanto carbono emite cada combustible, y en ese sentido es técnicamente mejor. Además, se ha abierto la puerta para que aquellas empresas que por distintos medios capturen esas emisiones de gases y logren ser “carbono neutrales” se les exoneraría del impuesto, lo que establece un buen incentivo para la reforestación y otros proyectos de captura de carbono o reducción de emisiones de gases.
MIENTRAS TANTO EN EL PERÚ
Mientras en Colombia se avanza, acá han aparecido serias amenazas a un sistema tributario más justo. La congresista Yarrow ha presentado un proyecto de ley para beneficiar a los especuladores de tierras urbanas e impedir que se les cobre impuestos por esas sobreganancias que obtienen, como establece la ley de desarrollo urbano aprobada hace un par de años. Decenas de otros proyectos rebajando impuestos están ahora en el congreso, como uno propuesto por la congresista Patricia Chirinos que podría terminar beneficiando a los casinos.
Al mismo tiempo, muchos congresistas en el debate presupuestal han planteado mayores recursos para obras en sus regiones, aumentos a trabajadores públicos y diversos otros fines. Pero el Congreso está impedido por la Constitución de tener iniciativa de gasto y es indispensable mantener el equilibrio y la sostenibilidad fiscal. Hay muchas necesidades de presupuesto bien justificadas; el año pasado sacamos apoyo presupuestal para personas con discapacidad, prevención y atención a contaminados por metales pesados, maestros, trabajadores de salud y pensionistas; este año una nueva iniciativa ciudadana exige presupuesto para resguardar la vida de los defensores ambientales. Requerimos más inversión pública en salud, educación, transportes e internet, y mayor apoyo a la agricultura y las pymes. La única forma de hacerlo de manera responsable, resguardando la salud macroeconómica, es que esos gastos tengan el respaldo de mayores ingresos fiscales. Dadas las enormes necesidades que tenemos, una reforma tributaria es indispensable para ello. En Colombia ya lo hicieron.
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