La película “La Revolución y la Tierra” sobre el gobierno de Velasco y la Reforma Agraria ha provocado debate. Aldo Mariátegui no ha visto la película pero dice que “lava cerebros”. Derechistas y economistas neoliberales han salido a decir que Velasco (1968- 75) tuvo la peor política económica de nuestra historia. Así que hace nos días busqué los datos y los puse en tuiter:  el crecimiento del PBI per cápita fue 2,1% anual en el gobierno de Velasco. Este crecimiento es mayor que el que hubo en el primer gobierno de Belaunde entre 1962 y 1968, cuando el PBI per cápita creció 1,8% en promedio. También fue mayor que el del segundo gobierno de Belaunde (1980-85) cuando fue negativo, -2,4% anual. Para quienes gustan de las reformas neoliberales de la dictadura de Fujimori, el crecimiento de la década 1990-2000 también fue menor que el que hubo con Velasco: el “chino” piurano también le gana al “chino” japonés.

EL AGRO TRAS LA REFORMA AGRARIA

He recibido furibundas respuestas. Víctor Andrés García Belaunde ‘Vitocho’ intenta negar la realidad remarcando que “hasta 1966 Perú creció más de 6%”. Pero los datos son los datos y las cifras son las puestas líneas arriba.  Ahora bien, ¿cómo conciliar unas cifras con otras? Lo primero que me llamó la atención es que ´Vitocho´ deja de lado los últimos dos años del gobierno de su tío. ¿Por qué? Una revisadita y encontré lo que era obvio: porque en 1968 la economía entró en recesión y en términos per cápita ese año retrocedió 3 por ciento.

García Belaunde insiste en que “económicamente la Reforma Agraria fue un desastre”. Mucha gente cree eso porque se repite una y otra y otra vez. Pero las estadísticas dicen otra cosa: entre 1968 y 1975 la producción agropecuaria peruana creció al ritmo de 2,5 por ciento anual, nuevamente más que el 2,3 por ciento que registró durante el primer belaundismo (y ese mismo ritmo del 2,3 por ciento se observó en promedio en los 18 años previos a la Reforma Agraria). Los datos indican que la reforma agraria, a pesar de la enorme falta de capital humano y gerencial entre los campesinos y de múltiples errores que se cometieron, no detuvo el crecimiento agrario.  Para quienes sí fue un desastre fue para los hacendados dueños de miles de hectáreas, pero incluso los empresarios entre ellos reinvirtieron los bonos que les dieron e hicieron nuevos negocios, caso del Grupo Romero.

La historia agraria del Perú, como en general de la economía nacional, es compleja y tiene muchas vueltas, atravesada por el desastre de la hiperinflación y el conflicto armado interno del periodo 1985-1992. Mirado desde cinco décadas después, sin embargo, la distancia permite ver la reforma agraria de Velasco ha sido un factor clave para que la pequeña y mediana agricultura haya crecido los últimos 25 años encima del 4 por ciento anual. Si no hubiera sido por la Reforma Agraria, ese espíritu emprendedor que han desplegado en las últimas décadas cientos de miles de campesinos y que ha permitido el aumento de la productividad agropecuaria y la disminución de la pobreza rural no hubiera sucedido; tal despegue ha sido posible porque los campesinos son dueños de sus tierras y pueden desarrollar sus propios negocios y porque sus ataduras de servidumbre y aislamiento comercial han sido rotas.

Otro elemento fundamental que ha permitido la reducción sustancial de la pobreza rural ha sido la educación, algo que muchos hacendados frenaban o prohibían hasta antes de Velasco. En las narrativas económicas estrechas no figuran los “cuentos feos” de la servidumbre, las torturas y la violencia que imponían los hacendados ni se presenta como los gamonales eran dueños de la política regional, de los jueces y de la policía, como relatan las principales novelas peruanas de la época. Fue Velasco quien rompió las cadenas de la servidumbre y también quien dio un enorme empuje a la educación peruana para que llegara a indígenas y campesinos. Es gracias a sus reformas que las comunidades y pueblos se han empoderado y hoy tenemos alcaldes campesinos y la fuerza política de base que ha conseguido los caminos, la electricidad y las telecomunicaciones en la mayoría de pueblos andinos.

LA MACROECONOMÍA

En 1975 se produjo una de las 4 grandes recesiones que la economía mundial ha tenido en los últimos 50 años según recuento del FMI. Este gran shock externo causó un fuerte déficit comercial que llegó al 80 por ciento de nuestras exportaciones, lo que fue el punto crítico de la economía velasquista. Luego de eso, ya tras la caída de Velasco, nuestra economía pasó por una profunda crisis entre 1976 y 1992, con una inflación que fue creciendo hasta convertirse en hiperinflación y con un PBI que tuvo varias caídas abruptas, en particular una de 13 por ciento en 1983 y otra de casi 30 por ciento entre 1988-89. ¡Culpa de Velasco! gritan por ahí. Ocultan que el derrumbe mayor, con una inflación que llegó al 7482 por ciento anual, fue 13 años después de terminado el gobierno velasquista. Fue el desastre sin límites de Alan García.

La verdadera responsabilidad de esa enorme crisis fueron las políticas económicas de ajuste; muy similares a las que acaba de intentar Ecuador y que aplicó recientemente el derechista Macri en Argentina con los resultados a la vista. Estos ajustes los empezó el gobierno de Morales Bermúdez con ministros de la élite empresarial peruana como Walter Piazza, cuya empresa Cosapi hoy se acoge a la “colaboración eficaz” porque está metida hasta el cuello en la corrupción del “club mafioso de la construcción”. En 1980-85 un aperturismo absurdo promovido por Manuel Ulloa y Roberto Abusada nos llevó a un déficit comercial severo, al que luego respondieron con un ajustón brutal justo, generando una crisis de gran proporción. El PBI cayó 13 por ciento en 1983, brutal. Si la inflación en el septenio velasquista fue 13 por ciento en promedio, con Belaunde 1980-85 fue de 21 por ciento.

EL FMI presionó por esos paquetazos económicos, como los llamábamos entonces, igual que lo ha hecho ahora en Ecuador. Había mejores alternativas; en esos años países asiáticos también tuvieron que ajustarse por la fuerte alza de precios del petróleo (que importaban como nosotros) y lo hicieron mucho mejor. Dani Rodrik y Joseph Stiglitz han escrito un par de buenos libros de crítica al FMI y resaltando otras propuestas.

En el frente de desarrollo productivo diversificador, los datos nuevamente muestran un resultado importante del velascato: entre 1968-75 la industria creció 41 por ciento. Si hubiéramos mantenido ese ritmo de crecimiento, nuestra producción industrial hoy sería más del doble de lo que actualmente es. Ningún gobierno ha repetido ese nivel de crecimiento y hubo varios retrocesos. Pero se prefieron políticas anti-industrialistas. La contrarreforma del periodo 1980-85 del segundo belaundismo significó que, luego de 5 años de gobierno, la industria nacional producía 11 por ciento menos que al inicio de su periodo. Todo un récord de ese gobierno dominado por banqueros y donde el ideólogo neoliberal de Confiep, Roberto Abusada, tuvo un rol destacado.

LA DESIGUALDAD, LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA

Los datos no muestran que la reforma agraria ni la política económica general de Velasco fueran malas, excepto para los grandes hacendados, las trasnacionales que fueron expropiadas y el ego de dueños de empresas que tenían que soportar a los obreros en las comunidades industriales. Durante el gobierno de Velasco los trabajadores recibían el 37 a 39 por ciento del PBI y luego de eso la parte de la torta que reciben los asalariados ha caído a 30 por ciento, pero en los años 60 había estado incluso entre el 39 y 40 por ciento. Velasco no redistribuyó ingresos masivamente hacia los obreros y la política de otorgarle una parte de las utilidades de las empresas a sus trabajadores se ha mantenido hasta la fecha.

La Reforma Agraria es un hito en la historia nacional, más que por redistribuir la riqueza, por ser un gran acto de dignificación del indígena. Sentó las bases para una ampliación de los derechos civiles y políticos hacia los hombres del campo. Solo así se pudo llevar la educación y el voto a las comunidades campesinas.

Quienes critican la reforma agraria debieran ver la película “La Revolución y la Tierra” y recordar que esa política era promovida por J.F. Kennedy. Su “Alianza para el Progreso” fue una forma de contener los vientos revolucionarios que venían desde Cuba pero también de alzamientos campesinos como los de La Convención 1960-65 (lean el reciente libro de Rolando Rojas “La revolución de los arrendires”).

DISCUTIENDO CON ECONOMISTAS

Décadas de malformación han llevado al mainstream económico a segregar la economía de la política y de la historia, a pensar la institucionalidad separada de la economía, a considerar la desigualdad como un resultado incómodo que mejor es ocultar y que no se relaciona con los problemas sociales y de gobierno.

Hoy, mirando a los países vecinos, hay que ser obtuso al extremo para no darse cuenta la profunda relación entre modelo económico, desigualdad, conflicto social y democracia. Volteen a Chile y verán el profundo descontento de amplios sectores sociales frente a la desigualdad y el maltrato. Giren hacia Ecuador donde un ajuste tipo FMI genera una reacción indígena de proporciones. Los que creen que haber disuelto un congreso mafioso trae inestabilidad económica ¿no ven como acá al costado nomás hay países que nos gritan que lo que genera inestabilidad política es profundizar el modelo neoliberal y agravar la desigualdad?

Entender el Perú hoy exige pensar esta conexión entre economía, política y sociedad. La Confiep defiende el modelo económico y el congreso fujimorista al mismo tiempo; José Chlimper tripletea como dueño de agroexportadora con exoneraciones tributarias, líder fujimorista y director del BCR; Roberto Abusada es al mismo tiempo director de la empresa hiper-corrupta Graña y Montero y defensor del “libre mercado” en las páginas del diario donde Don Graña es el mayor accionista.

 ¿Pensar la economía sin tener en cuenta como quienes concentran la riqueza y manejan las grandes empresas han estado bien juntitos del poder político y mediático para defender sus intereses? Eso es absurdo.

Por eso la discusión de la reforma agraria de Velasco es tremendamente actual. Muchos de quienes hoy defienden el fujimorismo congresal y el modelo neoliberal, son los mismos que critican una reforma agraria que cambió no solo la economía sino una sociedad y política peruanas profundamente discriminatorias y excluyentes. No es casualidad.

PD: RESPUESTA A ACLARACIÓN PEDIDA:
1. Digo que Velasco no distribuyó MASIVAMENTE, porque la parte del PBI que recibieron los obreros no aumentó, lo que indica que la norma de distribución de utilidades no fue tan efectiva; pero ojo, la reforma agraria fue sobre todo hacia campesinos no hacia obreros y redistribuyó propiedad antes que ingresos. Un análisis detallado de la redistribución de Velasco está hecha por Adolfo Figueroa, en el libro “La distribución de ingresos en el Perú” cuyo otro autor es Richard Webb, publicada a fines de los años 70

La nueva ministra de economía María Antonieta Alva ha señalado que en las críticas a su designación habría algo de machismo. Es probable que sea así. Personalmente pienso por el contrario que debemos felicitarnos de que, apenas por tercera vez, tengamos una ministra de economía mujer; y si bien la experiencia ayuda en muchos aspectos, la juventud también tiene sus ventajas, por lo que tampoco considero que el tema de los años sea definitorio. El asunto esencial, sin embargo, no es ni de edad ni de género, sino de la política económica que aplicará. Esa es, al fin y al cabo, la razón por la que considero que las gestiones de Mercedes Araoz como ministra de economía de Alan García y de Claudia Cooper como ministra de PPK me parecieron malas para el país. Alva llega con un pasado distinto donde el compromiso social y cívico destacan, pero la pregunta crítica sigue siendo ¿qué hará en el cargo ministerial más poderoso?

NO HAY ALTERNATIVA

En esta discusión de política económica, sin embargo, solemos enfrentarnos a una muralla: cualquier propuesta alternativa al neoliberalismo de las últimas décadas es atacada bajo el mote de ser un “modelo chavista-comunista”. Esos son los términos con los que Salvador Heresi, Rosa Maria Bartra, Héctor Becerril, el diario Expreso y Víctor Andrés Ponce han acusado a Martín Vizcarra, a pesar de que la línea económica del gobierno es esencialmente continuista y similar a la de los 27 años anteriores. Se trata de una mezcla de aguda ignorancia con mala propaganda para tratar de meter miedo, pero que a pesar de su torpeza logró convencer a la Confiep para que se pronunciaran en favor de Olaechea-Araoz.

El punto número 1 en la agenda económica del gobierno debe ser la reactivación económica. Las encuestas de empleo del INEI indican claramente que desde mediados del 2015 el empleo en Lima está estancado, lo que se debe esencialmente a que sectores claves como la industria y los servicios no crecen. La última estadística de empleo del INEI para el tercer trimestre del año sigue mostrando una caída del número de puestos de trabajo en empresas de la capital. Para las familias peruanas la situación económica se agrava con la competencia por el ingreso de 800 mil venezolanos y el abandono de la agricultura familiar campesina.

Revertir esta situación exige una política anticíclica, con el estado empujando la inversión y la demanda interna. Para poder acelerar la inversión pública la medida fundamental es aumentar el presupuesto. Por eso, la decisión primordial que debe tomar la nueva ministra Alva, la que definirá si la economía crece y cuál será el resultado de su gestión es esta: ¿abrir o no el caño presupuestal para que se construyan colegios, carreteras y otros varios miles de proyectos, se contraten decenas de miles de obreros de construcción, se dinamice así el mercado nacional y se reduzcan los sobrecostos logísticos?

En sus primeros 18 meses el gobierno Vizcarra con los ministros Tuesta y Oliva prosiguió poniendo el énfasis en “destrabar” los proyectos uno por uno, priorizando las privatizaciones vía Alianzas Público-Privadas (APPs). Esta había sido la política del gobierno PPK con los ministros Thorne y Cooper, para la que contaron con todo el apoyo del congreso aprofujimorista que en este terreno les aprobaron todas las leyes que quisieron. La razón de esa coincidencia que hoy parece extraña, entre PPK y el keikismo, fue el gran interés de la Confiep en esos negocios, y tanto PPK como Keiko han sido muy cercanos a los grandes empresarios de la Confiep.  Todo este tiempo, del 2016 al 2019, el ministerio de economía ha mantenido aguantada la inversión pública con el fin de abrirle espacio a los grandes negocios de las concesiones privatizadas, a pesar de que el primer gran problema de PPK fue precisamente el aeropuerto de Chinchero contratado con esa modalidad. Luego de más de tres años con “destrabe” y ajuste fiscal, es obvio que esta política no ha funcionado, pero la cerrazón ideológica del un MEF neoliberal amigazo de la Confiep llevó al ministro Oliva a presentar un “Plan Nacional de Infraestructura” insistiendo en lo mismo: concesiones privatizadas mediante APPs con reglas de juego que facilitan la corrupción.

Como dice muy claramente un lema, “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes” (frase que se atribuye erróneamente a Albert Einstein). Estando claro que no ha habido crecimiento del empleo, que la industria y los servicios están estancados y que la exportación de minerales no va a repetir el superciclo del periodo 2005-2013, la conclusión cae de madura: hay que hacer otra cosa.

Hasta el momento, lo que ha anunciado el gobierno son medidas para facilitar la ejecución de obras de municipalidades y gobiernos regionales que fueron iniciadas por gestiones anteriores y están cuestionadas. Es correcto que al mismo tiempo que se persigue a la corrupción y se fiscaliza con severidad, si a la obra le falta poco para concluir, lo mejor es terminarla de una vez (lo mismo debiera aplicarse a proyectos claves como el Gasoducto del Sur). Pero esta medida no tiene la capacidad de poner en marcha un plan masivo de obras públicas como necesitamos ahora. Seguir creyendo como Thorne y Oliva que micro-medidas de “destrabe” sacarán a la economía peruana del estancamiento es un profundo error. Aumentar fuertemente el presupuesto para que los distintos ministerios, gobiernos regionales y municipalidades inviertan, es la medida clave que debe tomarse.

La otra política fundamental es reducir las tasas de interés y facilitar el acceso al crédito de medianos y pequeños empresarios y agricultores. De esa manera se abaratan las inversiones y se promueve el consumo, dinamizando el mercado por el lado de la actividad privada. Eso depende fundamentalmente del Banco Central de Reserva cuyo actual directorio, con los fujimoristas Rafael Rey y José Chlimper, se rehúsa a una reducción fuerte y urgente de las tasas de interés. Lamentablemente según el art 84 de la Constitución la finalidad del BCR es exclusivamente “la estabilidad monetaria”, es decir, pueden zurrarse en la terrible pérdida de empleos, mientras en Estados Unidos, el país capitalista por excelencia de alto desarrollo, su BCR (la Reserva Federal o FED) tiene también como objetivos el lograr “el máximo empleo sostenible” y que hayan “tasas de interés de mediano plazo moderadas”.

REFORMAS

Hay otros cambios en la política económica que mejorarían la competencia y la equidad y favorecerían nuestro desarrollo económico. Pasan por establecer una relación más sana y equilibrada entre el estado y el mercado, entre las autoridades económicas y las empresas que legítimamente deben buscar ganancias para sus accionistas, algo muy lejos de una estatización generalizada “castro-chavista”. Un par de ellos están recogidos en proyectos de ley atracados en el congreso fujimorista y que hoy están en la cancha de Vizcarra y la ministra Alva.

Uno es la política frente a los monopolios. En nuestro país aún carecemos de una ley que limite la posibilidad de que unas empresas compren a otras con el afán de lograr una posición de dominio en el mercado. Eso hizo hace un par de años la cadena de boticas Inkafarma; hace pocos meses la cervecera Backus que ya tenía un cuasi-monopolio, lo reforzó comprando a la cervecería artesanal Bavaria. Su objetivo es obviamente para poder cobrar más a los consumidores. Resulta que frente a este tipo de comportamientos todos los países capitalistas desarrollados y la mayoría de latinoamericanos tienen disposiciones constitucionales o leyes para que haya un control previo estatal de estas fusiones.  Acá la Confiep, los gobiernos anteriores de Alan, Ollanta y PPK y muchos economistas neoliberales vinculados a grades empresas, se han opuesto durante años a un cambio en este sentido, cambio que buscaría preservar la competencia en el mercado y que no tiene nada de castro-chavista.

Los precios de los medicamentos son otro escándalo: dos décadas y media de neoliberalismo establecido por Fujimori han llevado a un sistema en el que los peruanos, inclusive pobres que se encuentran enfrentando una situación difícil ante una enfermedad grave como un cáncer, tienen que pagar precios exorbitantes por medicinas, precios mucho mayores que en otros países. La regulación de precios de las medicinas es algo común en muchas partes del mundo; hay iniciativas internacionales y regionales al respecto que no significan acabar con el mercado pero si promover la competencia y evitar los mayores abusos. ¿Es que la ley propuesta por Vizcarra al respecto y encarpetada por el fujimorismo en el congreso es comunista-chavista? Para nada, solo establece que los consumidores tengamos más facilidades de escoger productos más baratos obligando a las cadenas de boticas a que ofrezcan los llamados “medicamentos genéricos”. El estado debiera actuar incluso más enérgicamente en este caso, manteniendo las farmacias de hospitales y centros de salud bien abastecidas con medicinas genéricas de calidad que puede comprar más barato por el gran volumen que maneja, fiscalizando que los médicos receten con el nombre genérico incluido como dice la ley vigente, promoviendo una campaña de competencia con genéricos en el mercado y obligando a que las farmacias informen a los usuarios el precio de las marcas alternativas más baratas.

DECISIONES, TODO CUESTA

Necesitamos reactivar la economía, facilitar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, de nuevos negocios y de sectores productivos como el agro, los servicios, el turismo y la industria, y avanzar hacia una economía con menos monopolios y más competencia. Que la amenaza tonta del “chavismo comunista” no nos impida llegar al bicentenario abriendo una discusión plural de los cambios económicos que necesitamos.

PD: Luego de enviar este artículo para su publicación, salió en “El Peruano” el DU 004-2019 que aumenta en cerca de 2,500 millones el presupuesto de inversiones. Un buen comienzo de la nueva gestión; en pocos días hace lo que Carlos Oliva y David Tuesta no hicieron en año y medio.

ECUADOR EN CRISIS

Ecuador enfrenta una seria crisis política. Una enorme protesta popular atraviesa el país, llegando a la capital y obligando al presidente Lenin Moreno a huir de Quito, a pesar de haber decretado estado de excepción y reprimir a los manifestantes con más de 500 detenidos y varios muertos. Sin duda Moreno recuerda claramente como en Ecuador ha habido varios presidentes que fueron sacados del cargo por la protesta popular, siendo el último caso el de Lucio Gutiérrez el 2005.

¿Cuál es la razón de la protesta? El punto más fuerte es el gasolinazo. El 2 de octubre las gasolinas subieron 35% y el diésel subió 123%, una brutalidad. El gobierno sabía que esta medida era explosiva ya que meses atrás había aplicado un aumento pero sólo a la gasolina “súper”, la de más alto octanaje que usan los carros caros.  El alza de la gasolina y los pasajes golpea más a los indígenas que viven en comunidades rurales y cuya distancia para llegar a las ciudades es mayor, siendo ese el grupo donde la pobreza es mayor (43% frente a 16% en las ciudades) y el más activo en las movilizaciones.

El contexto político inmediato también es combustible para la protesta. Las medidas tomadas por el presidente Lenin Moreno vienen apenas una semana después que, el 23 de setiembre, el FMI anunciara que había revisado la política económica ecuatoriana y dado su visto bueno a este plan aunque mantuvo en secreto las medidas que habían acordado. La fuerza colonialista del FMI se basa en que Ecuador le ha pedido un préstamo de 4,2 billones de dólares; si no cumple las condiciones no les dan el dinero. El mismo 2 de octubre el FMI sacó un comunicado respaldando el paquetazo de Moreno.

VENTAJAS A LAS GRANDES EMPRESAS

El gasolinazo no es la única medida antipopular tomada. A todos los empleados públicos les han recortado la mitad de sus vacaciones; a los que tienen contratos temporales – digamos como los CAS en Perú – les han rebajado 20% de su sueldo; y en las empresas públicas los trabajadores les cortarán 3%.

Como para suavizar el golpe, Lenin Moreno anunció que el equivalente al programa Juntos, que en Ecuador se llama “Bono de desarrollo humano”, va a ampliarse a 300 mil familias más y sube en 15 dólares. Antes se daban entre 50 y 150 dólares, contrástese con el Perú donde solo se dan 30 dólares sin importar el número de hijos, la anemia o la discapacidad. Está claro, sin embargo, que el paliativo no convence a los ecuatorianos.

Sobre todo porque al mismo tiempo Moreno dictó varias medidas para favorecer a las grandes empresas y exportadores. Rebajó el impuesto a los grandes exportadores de banano (plátano), eliminó impuestos a materias primas importadas y propuso al congreso la “devolución automática de impuestos” a los exportadores (lo mismo que decretó acá PPK) y postergar el cobro del impuesto a la renta. A inicios de año ya se había eliminado el impuesto a las ganancias extraordinarias de las empresas mineras con el pretexto de reducir la “incertidumbre”.

Más importante aún, Lenin Moreno ha planteado una reforma laboral para recortar salarios y facilitar contratos temporales. Hasta ahora en Ecuador los contratos temporales deben ser pagados con un 35% de salario adicional y solo se pueden aplicar en circunstancias muy específicas; el FMI quiere acabar con esos derechos laborales. Eso afectaría las posibilidades de que los trabajadores defiendan su salario, instaurando lo mismo que impuso Fujimori en Perú, donde el predominio de contratos temporales hace muy fácil a los empresarios despedir a los trabajadores que reclama un trato justo y reemplazar a un peruano por dos venezolanos que ganen la mitad.

AJUSTE Y COMPETITIVIDAD

En los últimos años el crecimiento económico en Ecuador prácticamente se detuvo; este año será negativo. Ello se debe a que desde el año pasado el gobierno de Moreno viene aplicando una política de ajuste fiscal, despidiendo empleados públicos y subiendo de precio la gasolina. El ajuste ha sido fuerte, del orden de 4 por ciento del PBI, lo que como era previsible (Keynes sigue vigente) se trajo abajo la demanda interna, la industria y el crecimiento.

El origen del problema está en la caída de precio del petróleo en el mercado mundial, que al 2014 estaba en cien dólares el barril y cayó a la mitad. El petróleo es la principal exportación ecuatoriana y una fuente muy importante de sus ingresos fiscales. Debido a que la deuda pública externa había ya crecido hasta el 50% de su PBI y se estaban quedando sin fuentes para cubrir su déficit, tenían que hacer cambios en la política económica. Pero eso no justifica el gasolinazo contra el pueblo; siendo necesario reequilibrar las cuentas fiscales una pregunta esencial es en quién debe recaer este costo, no siendo justo que todo lo pague el pueblo mediante el alza de la gasolina y quienes concentran la riqueza encima saquen ventajas adicionales.

Ecuador tiene, además de su dependencia petrolera, otro problema estructural grave: la dolarización absoluta. Nuestro vecino del norte es un país raro porque ya no tiene una moneda propia sino sólo el dólar. Un par de décadas atrás ellos tuvieron una tremenda crisis financiera causada por unos banqueros ladrones e irresponsables y en ese contexto tomaron como una medida de emergencia la dolarización. El asunto es que con el paso del tiempo esta política de tener moneda propia genera dos problemas muy serios: impide que una devaluación sirva para reequilibrar las cuentas externas y rentabilizar las exportaciones, y corta las posibilidades de una política crediticia de apoyo a la producción.

En años anteriores el avance de la inflación fue elevando los costos internos, restando competitividad a la industria ecuatoriana. Debieron aprovechar el momento de bonanza para recuperar su soberanía monetaria y responder a esa presión competitiva, el no haberlo hecho ha sido a mi juicio el mayor error económico de Rafael Correa. Sin embargo ese gobierno estableció algunas políticas interesantes de diversificación productiva; una orientado a energías sostenibles en base a centrales hidroeléctricas y otro con la Universidad Yachay, una universidad de Investigación de Tecnología Experimental. Ambas iniciativas fueron implementadas tardíamente por Correa y frenadas por Lenin Moreno. Ahora a Ecuador le resulta muy difícil reactivar la economía, el actual gobierno carece de cualquier propuesta al respecto y sólo sigue la tradicional receta de ajuste brutal del FMI que ya ha demostrado reiteradamente su fracaso.

LA POLÍTICA

Lenin Moreno fue elegido como el sucesor de Rafael Correa. Fue candidato de su partido, con el apoyo de éste y hasta con un vicepresidente muy cercano a Correa. Sin embargo a poco de llegar al gobierno giró a la derecha y se enfrentó al ex – presidente.

Correa gobernó una década habiendo sido electo presidente tres veces. He visitado Ecuador varias veces en los últimos años y en julio pasado y se siente que tiene respaldo. Para un peruano, hay un contraste muy claro entre nuestras pistas atoradas, carreteras llenas de huecos y un aeropuerto abarrotado por falta de ampliación, y las amplias y buenas  autopistas del Ecuador y el nuevo aeropuerto de Quito. ¿Cómo lo hizo? Correa supo capturar buena parte de la renta petrolera cuando el precio del oro negro estaba muy alto y lo invirtió en inversión social e infraestructura; mientras la inversión pública en Perú apenas llegó a 5% del PBI en los mejores años, en Ecuador estuvo entre el doble y el tripe de esa cifra. Aunque allá también hay acusaciones de corrupción de Odebrecht, su infraestructura es notoriamente mejor.

¿Qué pasará ahora? En medio de una crisis aguda, es difícil saber si Moreno resistirá o no, a pesar de que tiene todo el apoyo de las grandes empresas, de una prensa igual de derechista y concentrada que acá y del FMI y los Estados Unidos. Pero aún si cae, nadie se plantea en Ecuador acabar con la dolarización y las opciones de retomar un crecimiento de mediano plazo sin esa reforma fundamental se ven muy escasas. Sospecho que la crisis ecuatoriana tiene todavía para un buen rato y varias vueltas.

LECCIONES PARA EL PERÚ

Resaltan un par de lecciones de la comparación de Ecuador con Perú. La de política económica: sigamos desdolarizando y nunca caigamos bajo el hacha del FMI, que en este año nomás ya suma dos desastres políticos en la región, habiendo empezado con Argentina. La de institucionalidad política: lo que realmente desestabiliza a los gobiernos es cuando atacan frontalmente los bolsillos populares de manera abiertamente injusta y no cuando se toman medidas anti-corrupción cerrando un congreso dominado por una mafia.

Este lunes estaba en la avenida Abancay celebrando junto a miles de peruanos que gritaban “Fuera Ratas” cuando supe del mensaje de la Confiep y su “enérgico rechazo a la violación de la Constitución y el régimen democrático que ha perpetrado el presidente Martín Vizcarra”. Los grandes empresaurios repetían los argumentos carentes de sustento de sujetos tales como Rosa María Bartra o Jorge del Castillo. Ningún pronunciamiento similar, desde luego, perpetró la Confiep en relación a la decisión de un grupo de congresistas de declarar la “suspensión temporal” de Vizcarra y nombrar a Mercedes Araoz presidenta, pisoteando todas las leyes y reglamentos que el propio congreso se había dado.

KONFIEP FUJIMORISTA

El contraste es también absoluto respecto de lo que hizo la Confiep cuando Alberto Fujimori dio un verdadero golpe de estado con tanques en las calles y expedientes siendo robados del Palacio de Justicia. En abril de 1992 la Confiep no dijo esta boca es mía, aprobando de manera fáctica el golpe. Pocos meses después el ex – presidente de la Confiep Jorge Camet asumió el ministerio de economía y finanzas. Se quedó en el cargo cinco años, incluyendo todo el periodo en el cual Fujimori hizo fraude en el referéndum sobre la nueva constitución y destituyó en forma ilegal a tres magistrados del Tribunal Constitucional, destruyendo la democracia hasta sus cimientos.

La cercanía de la Confiep con el fujimorismo ha continuado a lo largo de los años. Quien fuera candidato a vicepresidente de Keiko y hasta hace pocos meses secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, fue directivo de la Confiep. El anterior presidente de la Confiep 2017-2019 fue Roque Benavides, dueño de minas Buenaventura y socio de Yanacocha, quien no sólo es simpatizante fujimorista; su padre y fundador de la empresa también fue varios años director del BCR durante el fujimorato.

Para la campaña de Keiko del 2011, la Confiep hizo una reunión de emergencia para la segunda vuelta y juntó dos millones de dólares para apoyar a Fujimori, entre los aportantes estaban el propio Roque Benavides y “la crema y nata” de los grandes empresarios peruanos, incluyendo a grandes empresarios mineros, trasnacionales petroleras y capos de los conglomerados bancarios. Dentro de este grupo estaba Odebrecht, y ha sido gracias a las declaraciones de Jorge Barata que nos hemos enterado de esta bolsa de “dos palos verdes” pro-Keiko. El asunto era tan secreto que el entonces presidente de la Confiep trató de negar el asunto, hasta que Roque Benavides se vio obligado a reconocerlo insistiendo en el camuflaje de que fue una campaña “pro-inversión privada”.

El último episodio que revela la cercanía de la Confiep con el fujimorismo ha sido el nombramiento de María Isabel León, quien fuera parte del equipo de campaña de Keiko 2016, como presidenta de la Confiep. En 2017-2018 ella era lobista de los institutos superiores privados y promovió mediante Rosa María Bartra un nuevo intento de “ley pulpín” para que esos estudiantes hicieran prácticas sin pago alguno. Es León quien ha encabezado este último pronunciamiento en defensa del congreso corrupto; en la actual directiva de la Confiep la acompaña la representante de AFIN – Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, que defiende las grandes constructoras en privatizadas mediante APPs y en la cual por varios años fue vicepresidente nada menos que Jorge Barata de Odebrecht.

LA CONFIEP Y LA CORRUPCION FUJIMORISTA

Esta cercanía de los grandes empresarios de la Confiep con el fujimorismo no es solo cuestión de ideologías, es sobre todo una cuestión de intereses millonarios.

Jorge Camet, por ejemplo, fundó una empresa antes llamada J y J Camet, donde la primera J era por Jorge, y ahora se llama JJC, como disimulando el “Camet”. ¿Por qué lo quieren disimular? Porque J y J Camet era una constructora que pasó de contratar con el estado 1 millón anuales a 100 millones anuales mientras Jorge Camet era ministro. Tras la caída de Fujimori, Jorge Camet estuvo varios años en cárcel por corrupto, entre otras cosas benefició con más de 300 millones de dólares a las trasnacionales eléctricas con una injustificable exoneración tributaria que les permitía descontar dos veces de sus ganancias la depreciación de sus activos, algo insólito a nivel mundial y que fue puesto al descubierto por una comisión investigadora presidida por Javier Diez Canseco. Pero JJC siguió haciendo de las suyas como parte del “club de la construcción” que coimeaban a los gobiernos, hacían una “repartija de obras” y luego ganaban a doble cachete con los arbitrajes comprados.

La familia Benavides también tuvo una especial y muy ventajosa relación con Fujimori. Ellos crearon Minera Yanacocha, durante años la principal mina de oro en el norte del Perú, junto a dos socios, la americana Newmont y la empresa francesa BRGM. Luego BRGM quiso vender su parte de Yanacocha pero los Benavides lograron, en un pacto con Vladimiro Montesinos cuya intervención en el tema está registrada en uno de los famosos “vladi-videos”, despojar a BRGM de su propiedad que valía cientos de millones de dólares. Antes, por cierto, habían logrado de Fujimori una muy ventajosa ley de minería que les daba rebajas especiales de impuestos por muchos millones más.

José Chlimper, por su parte, fue ministro de agricultura luego de la ilegal re-re-reelección de Fujimori, consiguiendo la ley que les ha permitido a las grandes empresas agroexportadoras pagar menos impuestos, no dar gratificaciones en julio y diciembre y depositar CTS a sus trabajadores y dejar a la seguridad social de EsSalud sin dos tercios de las contribuciones. A la fecha, Chlimper sigue cobrando como director del Banco Central de Reserva y defendiendo una política monetaria que mantiene altas tasa de interés y abultadas ganancias para los bancos. Fue puesto allí por la mayoría fujimorista del ex – congreso como premio porque en la última campaña de Keiko intentó limpiar a Joaquín Ramírez de los cargos de narcotráfico usando audios trucados, cuando Ramírez era secretario general de Fuerza Popular y había puesto en esa campaña millones de soles robados a la Universidad Alas Peruanas.

El fujimorismo y las grandes empresas de la Confiep han mantenido el pacto en defensa de sus millonarios intereses estos últimos años en el ex – congreso. La industria de comida chatarra, por ejemplo, en la cual tienen grandes intereses el grupo Gloria y el grupo Romero que han sido fieles aportantes a las campañas de Keiko. La mayoría fujimorista hizo de todo, con ayuda de Heresi y Olaechea cuando eran parte de la bancada PPK, por traerse abajo los octógonos informativos, y Keiko incluso llegó al extremo de pedirle a Vizcarra que sacara del cargo a la ministra de salud por este negocio. Otro caso se vio la semana antepasada cuando aprobaron al carpetazo la prórroga por 10 años más de la ley Chlimper de privilegios a las grandes agroexportadoras, beneficiando de paso a la familia Olaechea y a la mafia azucarera de la que forman parte los hermanos Becerril.

OLAECHEA, ARAOZ Y LA CONFIEP

La Confiep es muy cercana a Olaechea y Araoz, con quienes tiene mucha confianza. Olaechea ha sido directivo de la Sociedad Nacional de Industrias en varios periodos hasta llegar al cargo de presidente y es parte del bloque de grandes empresarios desde hace muchos años. Aunque fue elegido por PPK se conoce de su cercanía con el fujimorismo, a quien su hermana le dio apoyo financiero. Ambos son dueños de una empresa heredada de la vieja oligarquía agraria. Del mismo grupo de grandes empresarios es su primo que trataron de elegir fraudulentamente al Tribunal Constitucional, Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, quien viene de ser árbitro de la Cámara de Comercio de Lima, otro gremio empresarial afín a la Confiep.

Mercedes Araoz, economista neoliberal, estuvo defendiendo los intereses de la Confiep desde que formó parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. en el gobierno de Alejandro Toledo. Ella consolidó su vínculo y representación de la Confiep cuando, siendo ministra de Alan García, salió en defensa de sus tesis del “perro del hortelano” para quitarle las tierras a las comunidades campesinas y nativas para dárselas a las grandes mineras y petroleras argumentando que, si no se hacía eso, el TLC corría riesgo. Eso se demostró totalmente falso cuando, luego de que tras esa amenaza se produjeran las masacres del “baguazo”, Alan García retrocediera dejando sin efecto los decretos legislativos que permitían el despojo de tierras a los comuneros. Al llegar a este congreso Araoz se dedicó a defender a capa y espada al corrupto PPK. Luego estuvo luchando contra la norma anti-elusión que permite cobrar impuestos y perseguir a empresarios sinvergüenzas, nuevamente como parte del coro de lobistas de la Confiep. El mismo sentido ha tenido su defensa de que Tía María salga como sea a cargo de la Southern, empresa de la que PPK fue director.

VIZCARRA DURMIENDO CON EL ENEMIGO

Siendo evidente que la Confiep juega para el fujimorismo corrupto, llama la atención que el presidente Vizcarra no se haya dado cuenta que por meses estuvo durmiendo con el enemigo en su ministerio de economía. Porque está clarísimo que Carlos Oliva es del equipo de la Confiep, al extremo de haber intercambiado halagos y saluditos con Pedro Olaechea.

Esperemos que ahora que Vizcarra ha tomado decisiones trascendentes contra la korrupción, recuerde que como ha dicho Indira Huillca, con ese pronunciamiento la Confiep defiende la toma de decisiones “torciendo la ley con prepotencia, a puerta cerrada y de espaldas al pueblo”.

PUBLICADO EN “PERÚ HOY 2019. UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA”, DESCO

SUMILLA

La Política Nacional de Competitividad y Productividad ha sido rechazada por los trabajadores porque plantea una reducción de derechos laborales como pedía la Confiep. Es verdad que hay un problema con la economía, ya que las empresas no crean empleos. Como consecuencia del retroceso de la producción industrial, en el primer trimestre 2019 en Lima el empleo ha vuelto a caer en 19 mil puestos de trabajo, que se suman a los 69 mil puestos perdidos el año pasado y los 18 mil del anterior.

La razón de esa pérdida de empleos es que este año la manufactura nuevamente ha retrocedido en cuanto a producción, estando ahora casi 10 puntos por debajo del 2012, y que la construcción también está estancada. ¿Por qué? Por una errada política económica que ha reducido la inversión pública del 5.5 por ciento del PBI en 2012-2014 a apenas 4.3 por ciento proyectada para este año: en vez del impulso fiscal que necesitamos, hay ajuste.

Para mejorar la situación económica de las familias peruanas, es urgente una promoción de la agricultura, industria, turismo y economías regionales diversificadas, inversión pública, facilidades crediticias a las pymes y agro, innovación tecnológica y presupuesto para educación y salud pública.

Hacia fines del año pasado hubo un importante debate económico y político en relación a la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Esta fue anunciada, primero, en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y luego promulgada mediante el Decreto Supremo n° 345-EF el 31 de diciembre, mismo día en que la ciudadanía protestaba contra la disposición del entonces fiscal de la nación Pedro Chávarry de remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso Lava Jato.

Si uno revisa el Decreto Supremo n° 345-EF encuentra un largo documento con nueve puntos, varios de los cuales tienen diagnósticos interesantes, pero con muy pocas medidas concretas, de tal manera que la relevancia de muchas de las declaraciones ahí incluidas es poca. Este documento ocasionó un gran rechazo entre los trabajadores porque incluyó una propuesta de política en la que desde hace varios meses vienen insistiendo la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y los economistas neoliberales desde las páginas del diario El Comercio: reducir derechos laborales.

En efecto, desde la derecha empresarial se viene presionando desde hace un buen tiempo por una política de «cholo más barato», expresándose esta en la «política de competitividad» que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) logró que Vizcarra presentara en el CADE, provocando la renuncia del entonces ministro de Trabajo, Cristian Sánchez. Alentado por este respaldo, luego del mensaje de Vizcarra en el CADE, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, insistió en plantear ajustes a las vacaciones a pesar de que el presidente había dicho que:

Este gobierno no pretende realizar una reforma laboral que recorte los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de quienes se incorporen al mercado laboral. El Consejo Nacional del Trabajo es un espacio clave de diálogo entre empresarios y trabajadores y el Estado, para que puedan consensuar y sugerir políticas de empleo. Porque el crecimiento debe ser en bene­ficio de todos, y no de unos pocos[1].

Como sabemos, estos llamados a espacios de diálogo no se respetaron, aprobándose la política de competitividad sin pasar por ellos, revelando la fuerza de la presión de la Confiep y el MEF. La respuesta popular no se hizo esperar y el 15 de enero las calles de Lima fueron testigos de la marcha sindical más grande en muchos años, lo que fue acompañado por protestas similares en más de una docena de ciudades del interior del país.

Lo que propuso el ministro Oliva como su fórmula más concreta dentro del plan de competitividad es que las vacaciones ya no sean de 30 días sino de 22 días calendario. Esta propuesta es un corte sustancial del derecho a las vacaciones, aunque uno podría pensar que en un mes de vacaciones hay necesariamente ocho días no laborables (sábados y domingos), por lo que en la práctica un mes equivaldría a tomar 22 días laborales de descanso vacacional. Pensar así es un error. Un mes de vacaciones no es igual a 22 días laborales de vacaciones por dos razones simples. La primera es que en el Perú la jornada legal de trabajo va hasta 48 horas y 6 días a la semana, régimen laboral aplicado sobre todo a obreros no calificados y que se observa en los obreros de construcción trabajando los sábados por la mañana en miles de obras por toda la ciudad. Así pues, para los obreros que están bajo ese régimen, cuando toman un mes de vacaciones en realidad están descansando 26 días laborales (se cuentan los sábados) y no solo 22. La segunda razón es que la enorme mayoría de trabajadores formales no toma un mes de vacaciones; quienes tienen un contrato a plazo fijo (que es la mayoría), terminado el contrato les pagan la proporción de vacaciones que acumularon como parte de su liquidación. Es decir, antes que tener días de descanso vacacional, reciben una suma de dinero a cambio. Por su parte, quienes trabajan con un contrato a plazo indeterminado, en su mayoría «venden» la mitad de sus vacaciones, porque dados sus bajos salarios prefieren el dinero al descanso (y solo se puede legalmente «vender» hasta la mitad de las vacaciones), de tal manera que por dos años de trabajo pueden vender un mes de vacaciones. Como hoy las vacaciones son de 30 días, se paga un sueldo mensual completo por ellas, pero si las vacaciones fueran de 22 días laborales por año, solo se pagaría ese número de días, quitándole a los trabajadores el pago de ocho días de trabajo. La idea que Oliva trataba de pasar era, claramente, reducir el pago vacacional y con eso disminuir los costos laborales.

Desde esta derecha antilaboral que domina el MEF, el pretexto para promover el recorte de derechos laborales es pretender que si se reducen los costos laborales se reduce la informalidad. Pero un trabajador peruano no cuesta ni siete mil dólares por año (equivalente a 1800 soles mensuales), mientras que un trabajador argentino cuesta 27 mil dólares al año, un chileno 15 mil y un colombiano nueve mil. En toda Latinoamérica el promedio del costo laboral total es de 9800 dólares, casi 50% más que en Perú, mientras que en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) supera los 50 mil dólares al año[2].

El verdadero problema de la informalidad y el empleo

El verdadero problema de la informalidad es que, con un bajo crecimiento y un estancamiento de sectores como la industria y la construcción, las empresas no crean empleos. Los resultados al primer trimestre indican que, aunque el MEF promete un crecimiento del 4.2 por ciento para el año, el primer trimestre el crecimiento apenas alcanzó el 2 por ciento. Este año la manufactura nuevamente ha retrocedido en cuanto a producción, estando ahora casi 10 puntos por debajo del 2012. También la construcción está estancada. Como consecuencia del retroceso de la producción industrial, en Lima el empleo también ha vuelto a caer en 19 mil puestos de trabajo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), sumándose a los 69 mil puestos perdidos el año pasado y a 18 mil el anterior. El problema es grave pues si a estas cifras sumamos los jóvenes que entran al mercado laboral peruano cada año con la inmigración venezolana, hay un millón más de personas buscando trabajo. Es obvio que si hay menos puestos de trabajo y hay muchos más jóvenes necesitando sustento, la resultante es que hay más gente buscando como sobrevivir en las calles.

En cuanto al argumento de que esta reducción de derechos laborales es para que se formalicen las pequeñas empresas, no es cierto ya que actualmente en ellas los trabajadores solo tienen derecho a  15 días de vacaciones e igualmente pagos recortados de gratificaciones, Compensación de Tiempo de Servicio (CTS), seguro y otros beneficios, sin que eso haya tenido impacto sobre su formalización como se había dicho.

Es una mala política económica la que ha hecho que el crecimiento en sectores fundamentales en generar empleo esté completamente detenido. Una razón central para ello es que la inversión pública se ha reducido del 5.5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) en 2012-2014 a apenas 4.3 por ciento proyectada para este año, lo que significa más de siete mil millones de soles de recorte presupuestal. En otras palabras, en vez de haber un impulso fiscal, hay un ajuste que afecta la demanda. Así pues, el MEF mantiene atracada la inversión pública porque prefiere regalar el dinero a grandes empresarios mediante exoneraciones tributarias, y luego insistir en la privatización vía Asociaciones Público Privadas (APP), a pesar del alto grado de corrupción en ellas. Por su parte, el Banco Central de Reserva (BCR) mantiene el crédito caro y difícil, frenando más la inversión privada, que en este primer trimestre del 2019 ha disminuido, con excepción del sector minero.

La competitividad olvidada de las provincias

Por otro lado, para generar empleos y mejorar la situación económica de las familias peruanas, es urgente una política de promoción de la agricultura, la industria, el turismo y las economías regionales diversificadas. Allí es donde pueden crearse cientos de miles de empleos. Hay que acelerar en serio la inversión pública en infraestructura, dar facilidades crediticias a las pequeñas y medianas empresas y al agro, apoyar la innovación tecnológica y mejorar en serio la educación y la salud pública con más presupuesto. El reducido énfasis que estos sectores y políticas tienen en el plan de competitividad del MEF es penoso.

El sector productivo en el que más gente trabaja en el Perú es, de lejos, el de los micro, pequeños y medianos empresarios. En provincias, los productores han logrado, aunque muchos no lo crean, ir aumentando su productividad; se han ido multiplicando los que sacan un producto orgánico logrando mejorar su precio con la calidad. Son todavía la minoría, pero ahí están, avanzando y luchando por seguir progresando, como los cafetaleros organizados en cooperativas y los productores de cacao que se articulan con pequeñas empresas chocolateras, dos productos en los que por gusto personal ando siempre buscando y encontrando mejores opciones nacionales. Podemos por eso decir que hoy el Perú tiene muy buen café y muy buenos chocolates, pero estas mejoras todavía no alcanzan a la mayoría de productores. Esos son solo dos ejemplos, pero las oportunidades que nos da nuestra biodiversidad y nuestra variedad ecológica son enormes, incluyendo nuevas frutas, plantas medicinales, hojas que sirven para infusiones, flores que se convierten en perfumes, jabones y otros productos de cuidado personal, y muchos más. Para ello se necesita de buen Internet para aprender de otras experiencias y conectarse a mercados amplios.

El turismo es otra enorme potencialidad que tenemos, en base a maravillas naturales de gran belleza escénica, patrimonio arqueológico y diversidad cultural y biológica. Y si bien vamos avanzando en esto, aún existe una enorme concentración de visitantes en Machu Picchu, algo entendible pero que tiene límites evidentes, tanto por la congestión, que ya se nota, como por la amenaza a la sostenibilidad de dicho patrimonio arqueológico. Así pues, es indispensable abrir muchos más lugares atractivos a los turistas internacionales. Sin embargo, sin una buena y amplia red de conexión a Internet es muy difícil avanzar. Podríamos, por ejemplo, promover lugares de alojamiento con vista a las cataratas de Gocta, maravillosas y en una localidad accesible, pero si los turistas internacionales no pueden reservar una habitación desde sus propios países, el mercado se achica enormemente. En todo el mundo la conexión directa entre el turista y el alojamiento es fundamental: la gente quiere saber de primera mano cómo son los cuartos, qué tan difíciles son las caminatas, asegurar una comida vegana o la atención a alguna discapacidad.   

Una conexión a Internet de alta velocidad y a precio accesible resulta hoy en día tan fundamental para la competitividad en provincias y pueblos como antes era tener un camino que lo conectara. Pero en nuestro país se desperdicia la Red Dorsal de Banda Ancha que nos costó 320 millones de dólares, la que favorecería que centenas de miles de pequeños y medianos empresarios de provincias puedan dar un salto en su competitividad. La Red Dorsal de Banda Ancha es como una carretera de la información moderna, de alta velocidad y gran capacidad, que conecta las distintas regiones del Perú, cuya inversión la pagó el Estado peruano, es decir, todos nosotros como contribuyentes. El gran problema es que dicha red se queda en las capitales departamentales, faltando la conexión a las provincias y distritos, con el agravante que ni siquiera se usa mucho en las capitales porque en ellas ya hay otras empresas privadas proveyendo el servicio. Esas mismas empresas privadas no quieren ir a las provincias y distritos porque dicen que ahí el mercado es muy pequeño, por lo que no les resulta rentable. Esa debiera ser responsabilidad del Estado, tal como lo es el mantener las carreteras y caminos regionales y provinciales, aunque el tráfico en ellas no alcance a autosostener su mantenimiento con un peaje.

El agro reclama con justicia  

Otro notorio olvido de la Política Nacional de Competitividad y Productividad del MEF es el sector agropecuario. El lunes 13 de mayo de este año, una amplia coalición de organizaciones de productores agropecuarios y campesinos protestó con un paro nacional agrario. Los agricultores tienen razón en protestar: no tienen ningún apoyo del Estado, mientras mediante  exoneraciones tributarias se dilapidan 16 mil millones de soles anuales y la evasión y elusión de las grandes empresas es enorme; se favorecen importaciones de alimentos por más de 2500 millones de dólares anuales de productos subsidiados, condenando así a los productores a recibir precios bajísimos; no hay crédito al agro mientras los bancos logran ganancias extraordinarias y se aprovechan de fondos públicos; entre otras disparidades.

Recordemos que cerca de un millón de familias peruanas vive de la agricultura familiar y que la población rural sufre una tasa de pobreza que sigue siendo el triple que la urbana, mientras tienen educación y salud de mala calidad, pésimos caminos y una nula o deficiente conexión de celulares e Internet. Es por ello un sector en el que es fundamental actuar para mejorar su competitividad. A pesar de eso, apenas el tres por ciento del presupuesto nacional se dedica al sector, lo que impide que se invierta en investigación e innovación agropecuaria, se promuevan nuevas tecnologías, haya un programa masivo de pequeñas irrigaciones y riego tecnificado en las laderas de los andes, se facilite la asociación de los pequeños productores en torno a productos orgánicos que pueden venderse a mayor precio, se mejore genéticamente al ganado (en especial llamas y alpacas), etc. Así pues, aunque han pasado ya cuatro años desde que se aprobó la ley n° 30355, de promoción y desarrollo de la agricultura familiar, no hay avances al respecto.

Cabe recalcar, además, que mientras la pequeña agricultura debe transportar sus productos por pésimas trochas con mucho riesgo y altos costos, con la política económica del MEF se facilita la importación de trigo, leche y arroz, lo que les quita mercado a los productores nacionales y deprime sus precios. Muchas de estas importaciones vienen subsidiadas por países desarrollados que destinan enormes sumas a ese fin. Por ejemplo, Estados Unidos aprobó a finales del 2017 una ley para apoyar a sus agricultores con 867 mil millones de dólares la próxima década, de tal manera que los agricultores peruanos enfrentan una competencia desleal.  En los últimos 12 meses el Perú ha importado 149 millones de dólares de arroz; en contraste, Japón, un país de altísimos ingresos donde no le falta empleo a nadie, promueve su producción agrícola nacional estableciendo altas barreras a la importación de dicho cereal. Nuestro país también importa 181 millones de dólares de leche en polvo desgrasada que luego es recombinada en el Perú y vendida como leche, incluso Gloria S.A. hace un par de años la mezclaba con grasa vegetal e igual la vendía tramposamente como si fuera leche «Pura Vida». Esto, junto a la importación de 76 millones en carnes, arruina a los ganaderos nacionales. Otras importaciones luego se transforman en productos industrializados altos en carbohidratos y grasas trans «malas» que promueven la obesidad. Es el caso de los 486 millones anuales de importaciones de trigo y los 958 millones de soya destinada a aceite. El gran beneficiario de esas importaciones es Alicorp S.A., empresa del Grupo Romero que tiene un amplio dominio sobre este mercado controlando más del 80% en rubros como harina, aceite y galletas (algo que la «ley de control de fusiones» no afrontará). El problema de esta política para los agricultores es que ingresan millones de toneladas de trigo a precio subsidiado, que se hacen pan y fideos, quitándole mercado y deprimiendo los precios de la papa, los tubérculos, granos andinos y los productos nacionales que sostienen a miles de familias campesinas, siendo además estos últimos más nutritivos y mejores para la salud.

Otra política negada por el MEF, a pesar de sus grandes efectos sobre la competitividad y productividad, es el crédito agrario. Un sistema de crédito permite que el productor y microempresario invierta teniendo incentivos a producir más y mejor: quien trabaje duro y sea eficiente ganará más. El crédito es esencial para que los agricultores compren nuevos equipos, tecnifiquen el riesgo de sus parcelas, mejoren su ganado y apliquen nuevas tecnologías, pero la banca privada considera que prestarle al agro es muy caro y riesgoso, desconfiando de los agricultores. Por eso muchos países tienen enormes esquemas de crédito agrario: el banco agropecuario de China es el octavo banco más grande del mundo con 13 trillones de yuanes en activos y más de 300 millones de clientes, mientras el banco agrario de Alemania Rentenbank tiene 90 billones de euros entre préstamos e inversiones. Lamentablemente en el Perú el Banco Agropecuario (Agrobanco) se mantiene en crisis y el MEF no quiere dotarlo de fondos, a pesar de que un ejemplo de empresas públicas exitosas del Perú son las Cajas Municipales, lo que demuestra que el Estado peruano, con todas sus deficiencias, es capaz de manejar bien un sistema de crédito a las Pequeña y Mediana Empresas (Pymes).

Los agricultores en su plataforma del paro nacional agrario reclaman que el MEF ponga 1500 millones de soles de capital para el Agrobanco, aunque quizás sea una mejor fórmula tener un solo gran banco de fomento a cuyo interior el agro tenga un fondo separado. Esos 1500 millones pedidos pueden compararse con las ganancias de los bancos privados el año pasado, que fueron de 8219 millones de soles gracias a que tienen una muy alta rentabilidad (18.4 por ciento anual), gozando de exoneraciones tributarias de 1700 millones de soles anuales. Por otro lado, el Estado peruano tiene 100 mil millones de soles depositados en bancos u otros instrumentos financieros, de los cuales bien podría reorientar una parte a préstamos agrarios: apenas el 1.5 por ciento de esos fondos alcanzaría para cubrir lo pedido por los gremios agropecuarios y campesinos.

2019: política económica, resultados y sus efectos políticos

Más que hacia una agresiva profundización neoliberal, como podía pensarse que anunciaba la «política nacional de competitividad», la protesta popular ha frenado esos ímpetus y la política económica se viene inclinando por un continuismo zonzo. La creciente falta de empleo debiera llevar a que se aplique una fuerte política de impulso al crecimiento de la industria y la economía interna; y en vez de eso, se mantienen altas las tasas de interés, se da poco crédito al agro y las Pymes, la inversión pública sigue aguantada, la industria continúa sin apoyo y sometida a competencia desleal, y la innovación tecnológica sigue ninguneada. La falta de presupuesto para la educación, la salud pública y la infraestructura debiera ser enfrentada recortando exoneraciones y demás privilegios en impuestos que tienen las grandes riquezas, pero se mantienen estas condiciones que hacen que el Estado peruano tenga una de las recaudaciones tributarias más bajas de Latinoamérica, y lejísimos de los estándares de la OCDE. El gobierno sigue con la política económica de la Confiep, el mismo exclusivo club lobista de grandes empresarios que juntó dos millones de dólares para apoyar a Keiko Fujimori el 2011, con aporte de Odebrecht incluido. Es la política de los monopolios y grandes conglomerados que explotan nuestros recursos naturales y a nosotros como consumidores sin ninguna mirada social, ambiental o de nación.

Esta política se mantiene a pesar de que, como hemos indicado, el primer trimestre del 2019 muestra malos resultados en términos de crecimiento y empleo. El problema es mayor puesto que estos malos resultados se han dado al mismo tiempo que, a nivel internacional, los principales indicadores evolucionaban favorablemente. Todas las bolsas de valores se recuperaron fuertemente en este primer trimestre. El crecimiento de Estados Unidos se mantuvo robusto y China, que parecía en algún momento iba a ralentizar su crecimiento por los conflictos comerciales, recuperó rápidamente el ritmo. A la base del resultado en las bolsas y en Estados Unidos ha estado el cambio en la política del banco central norteamericano, el Federal Reserve Board (FED), que retrocedió completamente en sus anuncios de alzas en las tasas de interés este año. Para nuestro país, esto significó que hubiera buenas condiciones de financiamiento con capitales entrando a tasas menores y que los precios de materias primas mantuvieran un nivel recuperado (por ejemplo, el cobre estuvo cotizándose en los primeros meses del año muy cerca de los tres dólares la libra, siendo ese un buen precio).

La coyuntura internacional, sin embargo, cambió rápidamente: la guerra comercial y tecnológica de Estados Unidos contra China, en vez de detenerse, se agrava. Las negociaciones programadas se convirtieron en choque y Estados Unidos ha subido sus aranceles, es decir, los impuestos a la importación de productos chinos, de 10 por ciento a 25 por ciento, afectando 200 mil millones anuales de ventas chinas. La bolsa de Nueva York cayó cinco por ciento en dos días. El precio del cobre cayó de 2.95 a 2.78 dólares la libra. Si la apuesta era a que las buenas condiciones internacionales provocaran una fuerte inversión minera, parece por el contrario que la economía internacional seguirá volátil los próximos años: el conflicto entre Estados Unidos y China no es coyuntural ni solamente comercial o económico, es más profundo.

Resumiendo, para el 2019 podemos esperar un contexto económico internacional poco favorable, presupuesto e inversión pública ajustados por el MEF y tasas de interés del BCR elevadas. En estas condiciones, lo más probable es que en cuanto a resultados sea un año con  cifras de crecimiento del PBI bajas y empleo formal reducido, lo que sumado a una masiva inmigración, indica que los bolsillos populares seguirán misios.

La gran incógnita es cuáles serán los efectos políticos de esa situación. Durante el 2018, el enfrentamiento a la corrupción que ha venido encabezando el presidente Vizcarra, con todas sus vacilaciones y debilidades, le ha permitido ganar un alto nivel de popularidad. Los problemas de empleo e ingresos, así como el continuo déficit en salud, educación e infraestructura pública, han permanecido como factores de descontento, pero que han estado cubiertos por esa gran esperanza de librarnos de una buena vez de toda esa lacra de corruptos que sigue resistiéndose a la justicia. ¿Seguirá siendo así?  ¿Veremos el 2019 una interrelación más dinámica entre la lucha contra la corrupción, los problemas y políticas económicas y sociales, el posicionamiento y popularidad del gobierno, y los distintos actores políticos? Esa es, a mi juicio, la gran interrogante que definirá cómo llegamos al bicentenario el 2021.

Una agenda mínima: empleos, justicia fiscal y mercado limpio

Para no quedarnos en el diagnóstico y la futurología, aprovecho para presentar algunas propuestas. En el contexto actual, tanto para generar empleo y bienestar como para sostener políticamente la lucha anticorrupción, es necesario girar la política económica. Propongo tres ejes de cambio: reactivación para la creación de empleos; justicia fiscal para tener educación y salud pública de calidad; y acabar con los lobbies para asegurar un mercado limpio de corrupción.

1.       Dar prioridad a la creación de empleos dignos

Hay igual número de empleos que hace tres años mientras hay un millón más de personas buscando trabajos, entre peruanos y venezolanos. Recortar vacaciones o facilitar despidos como quiere la Confiep solo reduciría el consumo cuando por el contrario se necesita reactivar el mercado interno.

Para ello debe aumentarse la inversión pública en 10 mil millones de soles anuales y reducirse la tasa de interés (responsabilidad del BCR) para incentivar la inversión privada. Hay que apoyar el agro con crédito, generar oportunidades descentralizadas con Internet para todos los pueblos poniendo en operación la Red Dorsal de Fibra óptica, poner en marcha el gasoducto del Sur, defender el mercado interno de importaciones subvaluadas y facilitar financiamiento a innovaciones productivas.

2.       Justicia fiscal para tener educación y salud públicas de calidad

La salud pública y la educación siguen sumamente débiles, dejando a muchísima gente sin servicios o con unos de bajísima calidad. Problema clave es que se tiene un bajísimo presupuesto mientras el Estado exonera de impuestos por 16 mil millones anuales a instituciones en estos rubros.

Es demasiada injusticia. Hay que enfrentar con firmeza la elusión y eliminar los privilegios que tienen las grandes empresas, los casinos y los más ricos en materia tributaria, para con esos recursos aumentar sustantivamente el presupuesto para educación, salud, niñez y lucha contra la violencia hacia la mujer.

3.       Acabar con los lobbies y la corrupción de malos empresarios

Si bien hemos visto avances en la lucha contra la corrupción, no debemos olvidar quiénes pagaban las coimas: los socios peruanos de Odebrecht y el «club de la construcción», las petroleras contaminadoras (que gracias a lobbies han logrado ver sus multas reducidas), las agroindustriales mafiosas (como el caso de Edwin Oviedo en Tumán y Pomalca), etcétera, dejando todas estas de pagar cientos de millones a la seguridad social, las cuales deben ser enfrentadas con firmeza. De igual modo, también debe revisarse el mecanismo de APP, el cual ha sido una puerta a abierta a la corrupción, como se vio en el caso de Chinchero.

Este «capitalismo de amigotes corruptos» no puede seguir. Se necesita acabar con los lobbies, controlar los monopolios de manera efectiva y enfrentar a las mafias desde el Poder Judicial y la Fiscalía. Debemos eliminar los privilegios de las APP, poniendo por delante un plan nacional de infraestructura y fortaleciendo los controles contra la corrupción.

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[1] Mensaje a la nación del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Lima: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 2018. Ver en: tiny.cc/s4ko7y

[2] Benítez, Juan Carlos et al. Impuestos sobre los salarios en América Latina y el Caribe (resumen). Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) – Centro de Desarrollo de la OCDE – Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), 2016. Ver en: bit.ly/2KUetuw