La nueva ministra de economía María Antonieta Alva ha señalado que en las críticas a su designación habría algo de machismo. Es probable que sea así. Personalmente pienso por el contrario que debemos felicitarnos de que, apenas por tercera vez, tengamos una ministra de economía mujer; y si bien la experiencia ayuda en muchos aspectos, la juventud también tiene sus ventajas, por lo que tampoco considero que el tema de los años sea definitorio. El asunto esencial, sin embargo, no es ni de edad ni de género, sino de la política económica que aplicará. Esa es, al fin y al cabo, la razón por la que considero que las gestiones de Mercedes Araoz como ministra de economía de Alan García y de Claudia Cooper como ministra de PPK me parecieron malas para el país. Alva llega con un pasado distinto donde el compromiso social y cívico destacan, pero la pregunta crítica sigue siendo ¿qué hará en el cargo ministerial más poderoso?
NO HAY ALTERNATIVA
En esta discusión de política económica, sin embargo, solemos enfrentarnos a una muralla: cualquier propuesta alternativa al neoliberalismo de las últimas décadas es atacada bajo el mote de ser un “modelo chavista-comunista”. Esos son los términos con los que Salvador Heresi, Rosa Maria Bartra, Héctor Becerril, el diario Expreso y Víctor Andrés Ponce han acusado a Martín Vizcarra, a pesar de que la línea económica del gobierno es esencialmente continuista y similar a la de los 27 años anteriores. Se trata de una mezcla de aguda ignorancia con mala propaganda para tratar de meter miedo, pero que a pesar de su torpeza logró convencer a la Confiep para que se pronunciaran en favor de Olaechea-Araoz.
El punto número 1 en la agenda económica del gobierno debe ser la reactivación económica. Las encuestas de empleo del INEI indican claramente que desde mediados del 2015 el empleo en Lima está estancado, lo que se debe esencialmente a que sectores claves como la industria y los servicios no crecen. La última estadística de empleo del INEI para el tercer trimestre del año sigue mostrando una caída del número de puestos de trabajo en empresas de la capital. Para las familias peruanas la situación económica se agrava con la competencia por el ingreso de 800 mil venezolanos y el abandono de la agricultura familiar campesina.
Revertir esta situación exige una política anticíclica, con el estado empujando la inversión y la demanda interna. Para poder acelerar la inversión pública la medida fundamental es aumentar el presupuesto. Por eso, la decisión primordial que debe tomar la nueva ministra Alva, la que definirá si la economía crece y cuál será el resultado de su gestión es esta: ¿abrir o no el caño presupuestal para que se construyan colegios, carreteras y otros varios miles de proyectos, se contraten decenas de miles de obreros de construcción, se dinamice así el mercado nacional y se reduzcan los sobrecostos logísticos?
En sus primeros 18 meses el gobierno Vizcarra con los ministros Tuesta y Oliva prosiguió poniendo el énfasis en “destrabar” los proyectos uno por uno, priorizando las privatizaciones vía Alianzas Público-Privadas (APPs). Esta había sido la política del gobierno PPK con los ministros Thorne y Cooper, para la que contaron con todo el apoyo del congreso aprofujimorista que en este terreno les aprobaron todas las leyes que quisieron. La razón de esa coincidencia que hoy parece extraña, entre PPK y el keikismo, fue el gran interés de la Confiep en esos negocios, y tanto PPK como Keiko han sido muy cercanos a los grandes empresarios de la Confiep. Todo este tiempo, del 2016 al 2019, el ministerio de economía ha mantenido aguantada la inversión pública con el fin de abrirle espacio a los grandes negocios de las concesiones privatizadas, a pesar de que el primer gran problema de PPK fue precisamente el aeropuerto de Chinchero contratado con esa modalidad. Luego de más de tres años con “destrabe” y ajuste fiscal, es obvio que esta política no ha funcionado, pero la cerrazón ideológica del un MEF neoliberal amigazo de la Confiep llevó al ministro Oliva a presentar un “Plan Nacional de Infraestructura” insistiendo en lo mismo: concesiones privatizadas mediante APPs con reglas de juego que facilitan la corrupción.
Como dice muy claramente un lema, “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes” (frase que se atribuye erróneamente a Albert Einstein). Estando claro que no ha habido crecimiento del empleo, que la industria y los servicios están estancados y que la exportación de minerales no va a repetir el superciclo del periodo 2005-2013, la conclusión cae de madura: hay que hacer otra cosa.
Hasta el momento, lo que ha anunciado el gobierno son medidas para facilitar la ejecución de obras de municipalidades y gobiernos regionales que fueron iniciadas por gestiones anteriores y están cuestionadas. Es correcto que al mismo tiempo que se persigue a la corrupción y se fiscaliza con severidad, si a la obra le falta poco para concluir, lo mejor es terminarla de una vez (lo mismo debiera aplicarse a proyectos claves como el Gasoducto del Sur). Pero esta medida no tiene la capacidad de poner en marcha un plan masivo de obras públicas como necesitamos ahora. Seguir creyendo como Thorne y Oliva que micro-medidas de “destrabe” sacarán a la economía peruana del estancamiento es un profundo error. Aumentar fuertemente el presupuesto para que los distintos ministerios, gobiernos regionales y municipalidades inviertan, es la medida clave que debe tomarse.
La otra política fundamental es reducir las tasas de interés y facilitar el acceso al crédito de medianos y pequeños empresarios y agricultores. De esa manera se abaratan las inversiones y se promueve el consumo, dinamizando el mercado por el lado de la actividad privada. Eso depende fundamentalmente del Banco Central de Reserva cuyo actual directorio, con los fujimoristas Rafael Rey y José Chlimper, se rehúsa a una reducción fuerte y urgente de las tasas de interés. Lamentablemente según el art 84 de la Constitución la finalidad del BCR es exclusivamente “la estabilidad monetaria”, es decir, pueden zurrarse en la terrible pérdida de empleos, mientras en Estados Unidos, el país capitalista por excelencia de alto desarrollo, su BCR (la Reserva Federal o FED) tiene también como objetivos el lograr “el máximo empleo sostenible” y que hayan “tasas de interés de mediano plazo moderadas”.
REFORMAS
Hay otros cambios en la política económica que mejorarían la competencia y la equidad y favorecerían nuestro desarrollo económico. Pasan por establecer una relación más sana y equilibrada entre el estado y el mercado, entre las autoridades económicas y las empresas que legítimamente deben buscar ganancias para sus accionistas, algo muy lejos de una estatización generalizada “castro-chavista”. Un par de ellos están recogidos en proyectos de ley atracados en el congreso fujimorista y que hoy están en la cancha de Vizcarra y la ministra Alva.
Uno es la política frente a los monopolios. En nuestro país aún carecemos de una ley que limite la posibilidad de que unas empresas compren a otras con el afán de lograr una posición de dominio en el mercado. Eso hizo hace un par de años la cadena de boticas Inkafarma; hace pocos meses la cervecera Backus que ya tenía un cuasi-monopolio, lo reforzó comprando a la cervecería artesanal Bavaria. Su objetivo es obviamente para poder cobrar más a los consumidores. Resulta que frente a este tipo de comportamientos todos los países capitalistas desarrollados y la mayoría de latinoamericanos tienen disposiciones constitucionales o leyes para que haya un control previo estatal de estas fusiones. Acá la Confiep, los gobiernos anteriores de Alan, Ollanta y PPK y muchos economistas neoliberales vinculados a grades empresas, se han opuesto durante años a un cambio en este sentido, cambio que buscaría preservar la competencia en el mercado y que no tiene nada de castro-chavista.
Los precios de los medicamentos son otro escándalo: dos décadas y media de neoliberalismo establecido por Fujimori han llevado a un sistema en el que los peruanos, inclusive pobres que se encuentran enfrentando una situación difícil ante una enfermedad grave como un cáncer, tienen que pagar precios exorbitantes por medicinas, precios mucho mayores que en otros países. La regulación de precios de las medicinas es algo común en muchas partes del mundo; hay iniciativas internacionales y regionales al respecto que no significan acabar con el mercado pero si promover la competencia y evitar los mayores abusos. ¿Es que la ley propuesta por Vizcarra al respecto y encarpetada por el fujimorismo en el congreso es comunista-chavista? Para nada, solo establece que los consumidores tengamos más facilidades de escoger productos más baratos obligando a las cadenas de boticas a que ofrezcan los llamados “medicamentos genéricos”. El estado debiera actuar incluso más enérgicamente en este caso, manteniendo las farmacias de hospitales y centros de salud bien abastecidas con medicinas genéricas de calidad que puede comprar más barato por el gran volumen que maneja, fiscalizando que los médicos receten con el nombre genérico incluido como dice la ley vigente, promoviendo una campaña de competencia con genéricos en el mercado y obligando a que las farmacias informen a los usuarios el precio de las marcas alternativas más baratas.
DECISIONES, TODO CUESTA
Necesitamos reactivar la economía, facilitar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, de nuevos negocios y de sectores productivos como el agro, los servicios, el turismo y la industria, y avanzar hacia una economía con menos monopolios y más competencia. Que la amenaza tonta del “chavismo comunista” no nos impida llegar al bicentenario abriendo una discusión plural de los cambios económicos que necesitamos.
PD: Luego de enviar este artículo para su publicación, salió en “El Peruano” el DU 004-2019 que aumenta en cerca de 2,500 millones el presupuesto de inversiones. Un buen comienzo de la nueva gestión; en pocos días hace lo que Carlos Oliva y David Tuesta no hicieron en año y medio.
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