Standard & Poor´s, una de las principales clasificadoras de crédito del mundo, rebajó la semana pasada la deuda del Perú: estamos a un peldaño de perder el grado de inversión y que los bonos peruanos sean catalogados como ´bonos basura´. Su evaluación de la perspectiva económico- financiera del Perú es como habernos rebajado la nota de 13 a 11: para los inversionistas internacionales estamos a un paso de salir jalados (para los peruanos, la gestión económica de este gobierno está bien jalado hace rato). Un congreso derechista y una presidenta defendida a capa y espada por la Confiep incluso después de saberse que recibió Rolex y joyas en señal clara de corrupción, nos ha llevado a esta situación.
La decisión de S&P de ponernos al borde del “jalado” se da cuando los precios del oro y del cobre han tenido un alza impresionante, lo que llena los cofres de las trasnacionales mineras y deja como ´chorreo’ una parte al tesoro nacional. Son fuertes vientos a favor del fisco, buena suerte que favorece la reducción del déficit fiscal. Pero eso no resulta suficiente porque el congreso derechista sigue regalando plata y se acumulan los problemas causados por este Tribunal Constitucional al regalar 12 mil millones de soles a las grandes empresas que han venido haciendo perromuerto por sus deudas tributarias. De esta manera, el déficit fiscal se ha empinado hasta 3.3 por ciento del PBI y el ministro Arista ha declarado muy suelto de huesos que este año incumplirá la ley que establece un déficit máximo de 2 por ciento del PBI. Hay un problema serio en una democracia cuando un ministro dice en público que piensa violar la ley y ninguno de los llamados a defenderla mueve un pelo. Queda claro que Arista es parte del pacto de cogobierno entre Boluarte y el congreso y está blindado por la ultraderecha, con quien tiene una relación desde que fue ministro en el gobierno golpista de Manuel Merino y ha colaborado cercanamente con el vocero económico de Keiko Fujimori en las elecciones pasadas, Luis Carranza.
SALIDAS AL DÉFICIT
El aumento del déficit fiscal es parte del fracaso de una política económica de extrema derecha, que carga además con la responsabilidad de la recesión y empobrecimiento actuales. Cuando desde la izquierda asumimos la gestión de economía y finanzas, con otro enfoque los resultados fueron muy distintos.
Los datos están a la vista. El 2023, primer año del gobierno de Boluarte, el déficit fiscal subió de 1.7 por ciento a 2.8 por ciento del PBI, sobrepasando el tope legal establecido que era de 2.4 del PBI. Frente a esta situación a inicios de año se anunció una política de austeridad y mediante Decreto de Urgencia se cortó el presupuesto a diversos sectores, incluyendo las universidades públicas, por lo que San Marcos se ha declarado en emergencia. Pero al mismo tiempo el gobierno Boluarte aumentó el presupuesto del congreso en 50 millones de soles (permitiendo que los congresistas se suban 3,300 soles mensuales con efecto retroactivo), entrega 100 millones de soles a Oscorima y facilita 1,400 millones de soles (adicionales a los 1,200 millones que ya había sacado) al alcalde López-Aliaga para que los use sin restricciones cuando quiera. Se trata de decisiones tan insostenibles que el ministro de economía ha buscado justificarse diciendo que “el gobierno es débil”. El resultado a marzo de 2024 es un déficit que ya subió hasta el 3.3 por ciento, casi el doble del que recibió Boluarte a fines del 2022.
Para comparar con una política de izquierda democrática, podemos contrastar los resultados con los que obtuvimos en nuestra gestión de economía y finanzas entre julio y diciembre del 2021. Revisemos las cifras oficiales del BCR. El año 2020 debido a la pandemia el déficit fiscal fue 8.9 por ciento del PBI. Logramos reducir el déficit del 2021 en más de 6 puntos. Dejemos claro que eso se logró en la segunda mitad de ese año; a fines del gobierno Sagasti la proyección del déficit auditada por el Consejo Fiscal era de 5.4 por ciento del PBI, pero en solo cinco meses rebajamos a menos de la mitad de esa cifra. Gracias a eso en noviembre del 2021 pudimos vender 1,000 millones de bonos en euros a una tasa de menos de 2 por ciento anual a quince años de pago; López-Aliaga nos hará pagar a los limeños 10 por ciento anual a diez años.
¿Cuál fue la fórmula para lograr este resultado? No fue quitarle presupuesto a la educación, la salud ni nada por el estilo; por el contrario, logramos que la vacunación contra el Covid tuviera amplia cobertura, la inversión pública ese año aumentara en 36 por ciento y la inversión privada batiera récords, se pagara 1,200 millones de soles a los maestros y se empezara a pagar pensiones a quienes habían aportado desde 10 años a la ONP. Lo que se hizo fue cobrar las deudas tributarias a las grandes empresas por 7 mil millones de soles, y junto a ello reactivar la economía, con lo que en total recaudamos ese año 48 mil millones más que el 2020 y 30 mil millones más que el 2019. La política fue más justicia fiscal, más recursos para la salud y la educación y más inversión, en vez de seguir permitiendo los abusos de los grandes evasores y acogotando a la educación pública.
El gobierno hoy propone cobrar el IGV a los servicios digitales del exterior, lo que se ha llamado popularmente ´impuesto Netflix´. Pero es una medida aislada que no cubriría ni para la décima parte del exceso de déficit que tenemos; lo que hace falta es una reforma tributaria consistente. Hoy con el cobre a 4 dólares con 60 centavos la libra y el oro encima de 2 mil dólares la onza, subir la contribución en 3 puntos para captar las sobreganancias de las grandes mineras permitiría contar con 4 mil millones de soles anuales adicionales para la educación, la salud y las obras públicas. Chile, Colombia y otros países ya subieron las tasas impositivas al sector minero, y en comparación el estudio del FMI nos permite estar seguros que no perderíamos competitividad. Otra reforma indispensable es subir el impuesto a las rentas de capital; hasta un organismo favorable al capital trasnacional como el FMI considera injusto un sistema tributario que exige a una mediana empresa o a un trabajador hasta 30 por ciento de sus ingresos, pero le pide apenas 5 por ciento de impuesto a quien heredó edificios o acciones y recibe por ello millones, como sucede en el Perú.
La derecha que nos gobierna es fiscalmente irresponsable y ahoga la educación pública mientras otorga generosas dádivas a los amigotes. Este camino solo agrava la crisis económica en que nos encontramos. Hay que abrir paso a una alternativa de justicia fiscal y reactivación de la economía de las mayorías populares.
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