“Invoco al expresidente de la republica [Martín Vizcarra] a hacer un llamado a los peruanos para que mantegan la calma y para evitar (sic) que políticos irresponsables azuzen a la ciudadanía que quieren sacarlos a las calles a protestas masivas en plena pandemia solo para ganarse alguito en las próximas elecciones”. Ese fue el pronunciamiento escrito que hizo Daniel Urresti, el candidato presidencial de PP – Perú Podemos, tras el golpe de Merino. Hoy lo tiene bien escondido, obvio, porque afirmar que los ciudadanos salimos a las calles masivamente porque fuimos azuzados como borregos sin cerebro es un insulto a millones. Frente al golpe ¡que se calme tu abuela!  

Urresti quería que no hubiera protestas contra Merino y por eso levantaba el cuco de la pandemia y de los políticos azuzadores buscando convencernos de no salir a la calle para hacer oir nuestra voz. Por si hubiera dudas de su apoyo a Merino, apenas después del golpe Urresti también publicó esto: “Exhorto también a acelerar el proceso de transición gubernamental en estricto cumplimiento del orden constitucional”. En otras palabras, que le dieran rápido y completo a Merino para que este pudiera mandar sobre la policía nacional; ya sabemos para qué sirvió eso.

Urresti había votado contra la vacancia presidencial, y hoy tras la masiva protesta antigolpista, quiere hacernos creer que eso fue todo. Pero no es verdad: apenas Merino juramentó ya estaba Urresti apoyándolo, llamando a la calma, acomodándose rápidamente al poder. Solo luego que la ciudadanía mostró su rechazo masivo ese sábado y se supo que la policía había asesinado a dos jóvenes, en la víspera de la renuncia de Merino, pasó a maniobrar buscando una salida que le favoreciera y afirmando que no votaría por cualquier alternativa distinta a la de su gusto.

VICEPRESIDENTA MAMADERA

No debe olvidarse tampoco lo dicho y actuado por quien postula a la vicepresidencia en la plancha de Urresti, doña María Teresa Cabrera, congresista de PP-Perú Podemos igual que Urresti. Los días en que estábamos en las calles protestando, Cabrera salió a los medios a decir que “Incendiarios causan daños contra la propiedad privada, como parte de la alteración al orden público. Resistencia a la autoridad, daños contra la propiedad privada, disturbios en la vía pública, daños contra el ornato público (…) ¿Qué les parece la gentita que ha hecho eso? ¿Quieren al Perú o no lo quieren? ¿O quieren seguir viviendo en una mamadera?”, mientras mostraba imágenes de la manifestación.

La actuación de Cabrera no quedó ahí. Días después, el lunes 16 de noviembre, cuando ya las masivas protestas callejeras habían forzado la renuncia de Merino y el congreso debía elegir una nueva mesa directiva, el bloque golpista presentó su propia lista. En esa hora crítica tenían posibilidades de ganarle a quienes consecuentemente se habían opuesto al golpe y hacerse ellos del poder. Postularon para la presidencia a María Teresa Cabrera, la candidata a vice de Urresti. ¿Se imaginan ustedes que tuviéramos de presidenta de la república a quien nos llamaba “gentita que quiere seguir viviendo de la mamadera”? Le falló la maniobra porque tuvo la desfachatez de incluir en su lista a alguien sin su consentimiento; por eso su lista se cayó y Sagasti fue elegido con amplia votación.

URRESTI Y SU BANCADA            

“La bancada de Podemos Perú la dirijo yo, por mí han pasado la valla”, dijo Urresti en febrero pasado, tras las elecciones. Esa bancada, completita con la única excepción de Urresti, votó por la vacancia. Ya habían votado así en el primer intento de vacancia, así que no lo agarraron de sorpresa, todo lo contrario, estaba bien avisado su voto. Es más: han sido de los principales conspiradores tras el golpe.

Urresti, quien gusta presentarse como “hombre fuerte” y con capacidad de mando, disimula y mira hacia otro lado cuando sus subordinados no le hacen caso. Pretende ser presidente de la república, cuando no puede dirigir ni media docena de congresistas de su bancada.

“La bancada de Podemos Perú ha sido elegida porque yo he sacado medio millón de votos”, dijo Urresti en aquella oportunidad, a inicios de año. Y tiene razón en eso. Es gracias a él que son congresistas Pepe Luna (hijo), María Teresa Cabrera y la bancada de PP – Podemos Perú. Su candidatura al 2021 es apoyada por PP – Podemos por la misma razón: necesitan una locomotora que jale sus candidatos al congreso, porque saben que sin eso no pasan la valla ni de a vainas.

Recordemos a quienes Urresti ha llevado al congreso y volvería a llevar, empezando por que su símbolo “PP” es por Pepe Luna, el dueño de Telesup. Disfrazan el PP como Podemos Perú, pero el nombre del partido en realidad es por decir “Pepe”.

El engaño de Telesup es conocido. Fue tan burdo que hasta la fachada era falsa, pretendían tener un edificio de ocho plantas pero cinco pisos eran simplemente un cartelón de triplay pintado para engañar a la gente. Esa no fue la estafa principal, sino el hecho de que la educación brindada era tan mala que no cumplía ni uno de los ocho grandes criterios de calidad de la Sunedu, ni uno solo. Tampoco pagan impuestos, gracias a las exoneraciones y esta constitución defendidas por sus congresistas, e incluso se quedan con los aportes a las AFPs de sus trabajadores. A pesar de eso, apenas dado el golpe de Merino, el mismo día en que Urresti llamaba a “acelerar la transición”, Telesup mandaba una carta amenazante a la Sunedu para que les permitieran reabrir su estafa. Tenían buena palanca para su chantaje: el abogado de Pepe Luna, que lo defiende en las acusaciones fiscales que enfrenta, es del estudio Antero Flores-Araoz, del fugaz primer ministro de Merino. Antero Flores-Araoz no había demorado ni un día tras su nombramiento en decir que estafas como Telesup debían seguir operando.

Pepe Luna, el PP del símbolo electoral de Urresti, tiene todo un prontuario como político corrupto. Se inició en los 80s como funcionario de Alan García y fue regidor de Lima por el Apra, y ahí se cambió de bando corrupto al de Luis Castañeda. Fue elegido congresista por Solidaridad Nacional el año 2000 pero rápidamente pasó a votar con el fujimorismo. Matilde Pinchi Pinchi, la principal colaboradora eficaz contra Vladimiro Montesinos, junto a Rafael Merino Bartet (hombre clave del SIN), otro empleado del SIN llamado Wilmer Ramos y el propio Montesinos testificaron que Luna fue uno de los comprados con una mensualidad de US$10 mil. Por eso se lo suspendió como congresista en mayo del 2002.

A pesar de eso, en las listas de Castañeda Lossio a quien financiaba profusamente con plata sucia, regresó al Congreso. En el 2015 se descubrió que PP Luna pagaba a asesores fantasmas y el pleno del Congreso lo suspendió por 30 días.

El 2017 PP Luna decidió hacer su propio partido: PP – Podemos Perú. Logró la inscripción gracias a que el jefe de la ONPE de entonces, Aldo Castillo, forzó que se aceptaran una enorme cantidad de firmas falsas que había presentado PP.  Fue tan mafioso que entre las firmas falsas había fabricado las de políticos de otros partidos y de futbolistas que negaron haber suscrito sus planillones, e incluso la Contraloría confirmó que hubo irregularidades en ese proceso. Esa corrupción la había orquestado un antiguo operador de Vladimiro Montesinos en los organismos electorales, José Cavassa. Por esos actos de corrupción, el poder judicial permitió el allanamiento de ocho locales incluyendo varios de Telesup, y dictaminó detención preliminar contra PP Luna y demás involucrados en el caso de “Los Gángsters de la Política” poco antes del golpe. Luna evitó la cárcel refugiándose tramposamente en una clínica, la misma maniobra practicada por Alberto Fujimori y otros corruptos. La revisión de la Sala Superior ratificó que había indicios suficientes de delitos aunque dejó libre a PP Luna.

Luna no hizo solamente esta trafa. Era uno de los intermediarios mediante los cuales Luis Castañeda Lossio lavaba los millones de coimas de Odebrecht y OAS, las constructoras brasileñas, según investigan los fiscales del caso Lava Jato.

Por ese partido con esos antecedentes, postuló Urresti a la alcaldía y al congreso. Como él mismo ha dicho, “La bancada de Podemos Perú ha sido elegida porque yo he sacado medio millón de votos”. Quieren repetirla. La estrategia es clara: Pepe Luna facilita la candidatura de Urresti en su partido PP para así poder llegar él mismo al congreso, tener inmunidad de sus crímenes y seguir haciendo sus fechorías. El propio abogado de Pepe Luna, Luis Alfonso Morey del estudio Flores-Araoz, ha declarado que Luna será candidato a congresista por Lima con el número 1. Dentro de poco veremos Lima inundada de afiches y pancartas de Pepe Luna prometiendo el oro y el moro, en la mayor de las demagogias, con el fin verdadero de escapar de la justicia y seguir robando al amparo de Daniel Urresti.

Hace meses escribí un análisis crítico de a propuesta de “devolución de aportes a la ONP”, que copio abajo.

Importante aclarar que no puede haber tal “devolución” porque los fondos ya se gastaron. Los aportes fueron a pagar cada mes a los jubilados, tal como sucede en todos los sistemas de seguridad social de pensiones del mundo, que funcionan con solidaridad intergeneracional. En seguridad social, quienes trabajan hoy sostienen a los jubilados; cuando los trabajadores de hoy se jubilen serán sostenidos por la siguiente generación.

Al introducirse, las AFPs rompieron ese mecanismo de solidaridad y por eso las pensiones son tan bajas y la ONP tan mezquina. Lo que necesitamos es una reforma integral de pensiones. Pero la “devolución” simplemente es destruir el sistema público de pensiones y regresarnos al siglo XIX.

Como no es posible la “devolución”, la propuesta solo quiere que el MEF pague 15 mil millones de soles. Eso es totalmente inconstitucional: el Congreso no tiene iniciativa de gasto, y por mas que disfrazen a su lobo con piel de cordero, sigue siendo un lobo.

Alguien de izquierda no puede apoyar esta medida demagógica, que profundiza el “sálvese quien pueda” neoliberal que hoy predomina. De acá a eliminar las contribuciones de las empresas a la seguridad social como quiere desde hace años la Confiep hay un mínimo paso. Porque si al final de cuentas sólo tenemos un sistema de ahorro forzoso abusivo como el de las AFPs y si tras unos años se van a devolver los aportes, ¿por qué mejor no nos dejamos de cuentos y eliminamos los aportes?

Políticamente, se trata nuevamente de imponer una campaña demagógica de lo peor del Congreso vacador: Pepe Luna y el Podemos con el que Urresti es candiato. Es otro intento de golpe, luego que fracasaron en el anterior. Termino recordando lo que dijo Urresti en el golpe: “políticos irresponsables azuzan a la ciudadanía, quieren sacarlos a las calles a protestas masivas en plena pandemia solo para ganarse alguito en las próximas elecciones”. Hoy, quien quiere ganarse alguito porque está colero, es él.

http://pedrofrancke.com/2020/09/05/liquidando-la-onp/

Iniciamos un gobierno de transición hacia las elecciones 2021, que esperemos nos dé tranquilidad tras una semana de golpe. La zozobra fue desatada por una ultraderecha aliada a mafias desalmadas, congresistas angurrientos y seudoizquierdistas que perdieron la razón. No debemos olvidar que el golpe de Merino estaba bien amarrado con los grandes empresarios: la gerente de Confiep juró como ministra de la mujer, quien presidía el Comité de Pesca de la SIN fue ministro de producción, una gerente de grupo Romero fungió de ministra de comercio exterior. La plana completa de economistas neoliberales encabezados por Roberto Abusada, director de la corrupta Graña y Montero, y Diego Macera gerente de su IPE, hacían llamados a la “estabilidad” y deban consejos al golpista Merino mientras jóvenes y otros no tanto protestábamos en las calles. Felizmente economistas jóvenes rescataron la dignidad de la profesión con un pronunciamiento contra el golpe que juntó miles de firmas en horas. Hay cosas de estos siete días que no debemos olvidar.

La agenda esencial del gobierno de transición es conducirnos a unas elecciones democráticas. Al mismo tiempo, los venenos que esta crisis ha dejado en el cuerpo social deben ser conjurados: los desaparecidos deben regresar y los heridos ser curados, los responsables de la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado deben ser enjuiciados y la lucha contra la corrupción debe continuar.

Además de estas tareas básicas de restauración democrática, hay otros dos grandes ámbitos de la vida nacional que demandan atención urgente: la economía popular y la salud pública.

POLITICA ECONOMICA

Aclaremos algo de entrada: este no es el momento para una política económica izquierdista, así Rocío Silva Santisteban hubiese sido presidenta. El Perú necesita enfrentar la gran inequidad económica y social, el atraso tecnológico y productivo y el extractivismo depredador, y por eso desde la izquierda proponemos cambios profundos en la economía: impedir que los evasores se amparen en paraísos fiscales y cobrar impuestos a las grandes fortunas, ampliar sustantivamente el gasto en educación y salud, reformar la seguridad social con un sentido público, frenar los abusos de los monopolios, transformar el sistema bancario para que haya más acceso a un crédito sin intereses abusivos, promover la industria y el agro incentivando la diversificación productiva, invertir masivamente en obras públicas revisando las “alianzas público-privadas” con las que nos han esquilmado todos esos años. Esos grandes cambios sólo se pueden acometer, sin embargo, con un gran respaldo ciudadano refrendado en un triunfo abrumador en las urnas. Cada momento político tiene su posibilidad y su sentido; el del periodo actual es la transición democrática en lucha contra la corrupción, que ya es una enorme tarea, y a eso hay que abocarse.

Siendo así, ¿no se puede hacer nada en política económica estos seis meses? Claro que sí, es indispensable, porque la economía popular está por los suelos. El desempleo real ha aumentado en 3 millones de personas y se puede reducir esa desgracia social con tres medidas de emergencia que no implican un cambio de modelo económico, ni mucho menos. La primera es ampliar la entrega de los llamados “Bonos” de ayuda de emergencia; el Perú está entregando recién un segundo bono cuando países vecinos como Chile y Colombia ya entregaron 5 bonos. Es urgente que esta ayuda llegue ampliamente a las familias empobrecidas por la crisis. Una medida así, además, serviría para impulsar la demanda y ampliar el mercado a los millones de microempresarios y comerciantes que luchan por sobrevivir. Esta ayuda social puede complementarse con un programa de empleo temporal, como el que ya está en marcha pero con más fondos, para que cientos de miles trabajen mejorando pistas y parques en todo el país. Finalmente, el programa ReactivaPerú ha funcionado para las empresas pero se necesita aliviar también la carga financiera de las familias y dar crédito a los agricultores para quienes el FAE-Agro no ha funcionado, algo indispensable ahora que cientos de miles de compatriotas se han ido a sus pueblos de origen buscando cómo sobrevivir.

Esta es por cierto la mejor forma de ayudar a la gente, no las medidas demagógicas de Pepe Luna y los mafiosos de Podemos con su candidato Urresti. Estos dueños de la universidad-engaño Telesup fueron los grandes armadores del golpe de estado para beneficio personal. Pusieron a Ántero Flores-Araoz fue Premier porque su estudio de abogados los asesoraba, al toque nomás el viejolesbiano anunció que reabriría universidades no licenciadas y Telesup mandó una carta amenazante a la Sunedu para que reabrieran su estafa con fachada de universidad. Fue Pepe Luna quien aceptó apoyar la primera elección de nueva mesa directiva del congreso para luego renegar su promesa y fue Podemos quien hizo una lista paralela con su congresista María Teresa Cabrera de candidata a presidenta de la república, la misma señora que había dicho que todos los protestantes “querían seguir viviendo de una mamadera”. Recordemos también que Pepe Luna está acusado y recibió mandato de detención porque inscribió a su partido coimeando en la ONPE. ¿Van a venir estos sinvergüenzas mafiosos a insistir en destruir el sistema público de pensiones con la demagogia de la “devolución de aportes” imposible? Fuera de acá.

SALUD PÚBLICA Y PANDEMIA

La salud pública es otro tema impostergable. En este momento la pandemia está casi inactiva: los niveles de mortalidad ya han regresado a su nivel pre-pandemia, hay más de 10 mil camas hospitalarias disponibles y 500 UCIs libres y la positividad de las pruebas moleculares es menor al 5 por ciento. No hay ninguna señal aún de una segunda ola, y entre el verano y la inmunidad de manada adquirida al costo de 85 mil muertos, lo más probable es que no venga por varios meses. Pero, ojo, lo más probable no quiere decir que sea algo seguro y la inmunidad que adquirimos los humanos con el Covid se va perdiendo con el tiempo. Una segunda ola podría ser peor que la primera, y ya la primera fue devastadora en términos de vidas, educación y economía. No podemos correr ese riesgo.

Hay buenas noticias internacionales sobre las vacunas, ahora que una segunda empresa, Moderna, ha tenido buenos resultados en las pruebas clínicas. Ayuda además que esta vacuna necesita menos refrigeración y dura más a temperatura ambiente que la que hemos comprado, la de Pfizer, que necesita estar a menos 80 grados en equipos especiales. Dentro de poco terminarán las pruebas de otras vacunas, como la inglesa de Oxford/AstraZeneca y la china de Sinopharm. Pero, y este es una enorme dificultad, la producción de vacunas irá primero a cubrir a Estados Unidos, Europa y China; para que podamos vacunarnos todos los peruanos va a demorar hasta el 2022. Así que el estado peruano, desde ahora y con continuidad hasta el siguiente gobierno, debe trabajar por tres grandes objetivos: conseguir vacunas para proteger al personal de salud y grupos vulnerables, establecer un sistema eficaz de pruebas-seguimiento de contactos-aislamiento, y reforzar el sistema público de salud y la salud comunitaria. La lucha contra la pandemia debiera ser un tema en el cual el gobierno de transición concerte un gran acuerdo nacional, con los principales candidatos presidenciales, los gobiernos regionales y municipalidades y las organizaciones cívicas, sociales y empresariales, para que tengamos una política sostenida desde ahora hasta todo el 2021.

LO URGENTE Y LO DE FONDO

Pocos recordamos que el gobierno de transición de Valentín Paniagua abordó el tema de la reforma constitucional nombrando una comisión especial de estudio del tema. El problema fue que lo hizo muy tardíamente, cuando ya estaba de salida, y tuvo muy poco impacto. Esta crisis política ha mostrado el fracaso del esquema político de la constitución fujimorista, que se suma a lo sesgado de su régimen económico neoliberal y a su tono privatizador que niega derechos sociales. Verónika Mendoza ha propuesto que la ciudadanía decida en referéndum, junto a las elecciones presidenciales, si se convoca a una asamblea constituyente. Es una buena fórmula, de profundo talante democrático, que pone la responsabilidad de la decisión en la ciudadanía y no en el gobierno.

Mientras tanto, lo que podría ir haciendo el gobierno de transición es abrir el debate, sentando las bases para un posterior proceso constituyente. Replantear la Constitución no es cosa de juego, de apuros o sectarismos, es más bien asunto de reflexión profunda y discusión alturada, que no por ello debe hacerse entre cuatro paredes y cerrada a “expertos”, sino que debe convocar a esos jóvenes que masivamente han demostrado la fuerza de su convicción ciudadana. Organizar y promover debates abiertos sobre una nueva Constitución del Bicentenario sería una bonita iniciativa de parte del gobierno que ahora inicia sus funciones.

Buscando soluciones más de fondo, esta vacancia golpista deja en claro las graves falencias de la actual Constitución. Desde la izquierda hemos criticado hace años la Constitución impuesta por Fujimori en 1993 porque blinda el modelo neoliberal en la economía, privatiza la educación y permite el remate de nuestros recursos naturales y nuestro ambiente. Los últimos años han revelado que esa Constitución ha favorecido la captura del estado por la Confiep y los grandes intereses económicos, mediante su infiltración corrupta en el sistema político, los partidos, candidatos presidenciales y congresistas. En la pandemia, se ha sumado la convicción de los problemas que trae un sistema de salud y seguridad social debilísimo, a cuya base está una Constitución negadora de derechos sociales y su régimen tributario. También las fórmulas de la descentralización necesitan ser revisada a la luz del Covid-19. La vacancia muestra además que el sistema de poderes, con un semi-presidencialismo que adolece fallas estructurales y un Tribunal Constitucional capturado en su mayoría por conservadores y mercantilistas, necesita reforma. Añade al problema este esquema de partidos sin alma ideológica ni programática que dan origen a congresos fragmentados y dominados por intereses particulares.

En suma, todo el esquema político de gobierno de la Constitución de Fujimori ha mostrado ser desastroso. Atender esto ya no se puede postergar más; bajo la figura de la vacancia por “incapacidad moral” el país es ingobernable: cualquier presidente puede ser vacado en cualquier momento por el congreso, que se impondrá sin contar con las reglas que requiere un régimen parlamentario ni el sistema de partidos que le debe dar sustento. Por eso el próximo gobierno debe convocar a una Asamblea Constituyente y viabilizar el proceso de aprobación por referéndum de una nueva Constitución.

(esto escribí la semana pasada, en medio del golpe, como parte de mi artículo que salió en Hildebrandt en sus Trece el pasado viernes 13 de noviembre)

QUE ESPERAR Y COMO SALIR DE ESTA

Un nuevo gobierno acaba de instalarse a la mala. Es el resultado de una suma de sinvergüenzas, trepadores e irresponsables pocas veces vista y su capacidad de hacer un buen gobierno es nula.  No permitiremos de ninguna manera que atrase las elecciones ni dure más allá de 28 de julio.

INTERESES Y SUS EXPRESIONES

La coalición de intereses que le dio el golpe a Vizcarra tiene como clara prioridad defender sus bolsillos y evitar la cárcel por latrocinios anteriormente cometidos. Pepe Luna, papá e hijo, uno con mandato de detención, el otro aún no por ser congresista, luchan por congelar el proceso en su contra y para que su universidad-estafa Telesup vuelva a abrir. Los mismos intereses tienen los fujimoristas, que ha tenido financiamiento y candidatos de estas universidades y cuya lideresa Keiko afrontará pronto un juicio. Ellos seguramente exigirán que tengamos un ministro de educación que acabe con Sunedu, pero el próximo gobierno en agosto 2021 deberá cerrarles otra vez y tirarse abajo la fachada falsa de cartón de Telesup.

Luego están los que quieren llegar al estado para robar de manera directa. De Omar Chehade ya sabemos que no anda derecho desde que negoció como vicepresidente de Humala en favor del grupo Wong contra los trabajadores azucareros, implicando incluso a la policía. César Acuña lo regresó al congreso, a dirigir la bancada de APP para este golpe tan artero, luego de que el propio Acuña dijo claramente que su bancada no apoyaría la vacancia. Cuando parecía que Acuna no podía caer más bajo luego de copiar su tesis, ha logrado la hazaña de sumergirse aún más hondo en la podredumbre.

La suma de porquerías sigue con Edgar Alarcón, el ex-contralor acusado de robo, elegido por haberse coligado con el asesino Antauro Humala, quien piensa que ahora lo liberarán aunque es probable que termine siendo nada más que un tonto útil. Y finalmente los supuestos radicales  Fernandez Chacón, Marco Arana, antauristas y Frepap, que participaron en el golpe unidos a los fujimoristas y otros grandes corruptos. ¿Qué creerán que están haciendo? ¿No se dan cuenta que quienes salen ganando con esto son Chehade y Alarcón, que Keiko Fujimori está saltando en una pata de felicidad porque ahora le deben favores que los va a cobrar de cara a sus procesos judiciales, y que gobernará un Acción Popular derechista? Arana dijo luego que “no van a hacer concesiones” al nuevo gobierno; cuando ya se les dieron nada menos que el control del Poder Ejecutivo ¿es posible una tontería más grande?

Borrachitos de poder cual Nadine Heredia cualquiera, muchos congresistas se sienten importantes sin tener idea de cómo dirigir un país, mientras tratan de ganarse alguito mientras friegan al país. Merino y Acción Popular son sus capitanes y han aglomerado a una banda de pirañitas. Vayan sabiendo que no olvidaremos el enorme daño que le están haciendo a nuestra patria.  

LA SITUACIÓN

¿En qué circunstancias empieza este gobierno? La epidemia ha terminado su primera ola y el Covid-19 tiene ahora una muy baja tasa de enfermedad y muerte.  No vivimos una segunda ola como Europa y Estados Unidos. ¿Por qué no? Por dos razones: clima e inmunidad de rebaño. Como sucede siempre con estos virus, desde la epidemia de gripe española de 1920 hasta las recurrentes influenzas, el contagio es fuerte en invierno y no en verano. Por esa razón, en todo Sudamérica la epidemia está en bajada, pero en el Perú ha disminuido mucho más que en otros países. ¿Por qué? Algo ayuda la altura de la sierra y el uso de mascarillas, pero la explicación básica es que la epidemia ha sido tan brutal que muchos hemos desarrollado una respuesta autoinmune. Sólo que no sabemos cuánto dura esta inmunidad; es probable que se vaya perdiendo y que una segunda ola nos pueda amenazar hacia el segundo trimestre del próximo año. Las vacunas podrían protegernos de ese peligro, pero primero se vacunarán los gringos, europeos y chinos, así que quien sabe cuándo llegará al Perú en los millones de dosis que necesitamos. Lograrla rápido es una prioridad que difícilmente será lograda con un gobierno inepto como el que ingresa y un nuevo cambio de gobierno a mediados del 2021. Para el recuerdo: las repetidas frases de julio pasado del dirigente de Confiep, líder de su “comando vacuna” y acusado de corrupción, Raúl Delgado Sayán, asegurando que la tendríamos en octubre 2020.

La economía de la gente sigue fregada. El PBI, la minería, la electricidad y la venta de cemento, se han recuperado casi totalmente, pero en Lima se han perdido más de un millón de empleos. Es que las actividades de las cuales viven muchísimos en las ciudades, como servicios, turismo, restaurantes y comercio, siguen paralizadas o recesadas. Así que vivimos una “bonanza macroeconómica con malestar microeconómico” en la genial frase de Jürgen Schuldt. Cientos de miles de peruanos han regresado a sus pueblos de origen pero el agro no ha recibido apoyo del gobierno, y como además los llamados bonos para las familias han salido tarde, mal y nunca, su situación económica está muy afectada. Los congresistas han aprobada varias medidas demagógicas como la llamada “devolución de fondos de la ONP”, que es inviable, deja fuera a toda la población rural e informal y no aporta nada a la reactivación de las microempresas y la agricultura familiar. ¿Un nuevo gobierno de Merino atenderá estos problemas? No lo creo. Dudo mucho que haya una política económica alternativa, a lo más harán algunos parchecitos demagógicos, siempre contra el arca fiscal y jamás tocando a las grandes fortunas y monopolios. Además, la inestabilidad golpea fuerte las posibilidades de recuperación macroeconómica.

Un tercer tema esencial es la lucha contra la corrupción, terreno en el cual se ha avanzado mucho y poco a la vez. Por un lado, desalojar a la mafia aprofujimorista, sacar a Chávarry y proteger a los fiscales Vela y Pérez era clave. Por otro lado, los grandes juicios no se inician, Keiko, los Humala  y otros corruptazos están libres y sobre los empresarios del club de construcción, Graña y sus amigotes, nada de nada. Para emporar las cosas, nuevos corruptos han entrado al congreso y Vizcarra está seriamente investigado. En el terreno de la política, no se ha resuelto bien el tema del financiamiento oscuro y seguimos con ´vientres de alquiler´ alojando a candidatos principales como Forsythe, que hasta le cambió el nombre al partido, y De Soto que, firme creyente de la propiedad privada, se ha comprado un partido. Ni qué decir que el nuevo gobierno, con Chehade y Alarcón metidazos en el golpe junto al fujimorismo, no augura nada positivo en este terreno, y encima quieren enyucarnos un Tribunal Constitucional de repartija entre ellos.

ELECCIONES Y NUEVA CONSTITUCION

La clave inmediata para salir de este desastre son las elecciones de abril: no podemos retroceder un milímetro respecto que se hagan en la fecha pactada y con las reglas ya establecidas. Merino ha dicho que así será, pero si pudiera quedarse lo haría, no lo plantea porque sería echarle mucha gasolina al fuego de las protestas. Los ciudadanos no debemos permitirle ni un asomo de duda en este aspecto.

Buscando soluciones más de fondo, esta vacancia golpista deja en claro las graves falencias de la actual Constitución. Desde la izquierda hemos criticado hace años la Constitución impuesta por Fujimori en 1993 porque blinda el modelo neoliberal en la economía, privatiza la educación y permite el remate de nuestros recursos naturales y nuestro ambiente. Los últimos años han revelado que esa Constitución ha favorecido la captura del estado por la Confiep y los grandes intereses económicos, mediante su infiltración corrupta en el sistema político, los partidos, candidatos presidenciales y congresistas. En la pandemia, se ha sumado la convicción de los problemas que trae un sistema de salud y seguridad social debilísimo, a cuya base está una Constitución negadora de derechos sociales y su régimen tributario. También las fórmulas de la descentralización necesitan ser revisada a la luz del Covid-19. La vacancia muestra además que el sistema de poderes, con un semi-presidencialismo que adolece fallas estructurales y un Tribunal Constitucional capturado en su mayoría por conservadores y mercantilistas, necesita reforma. Añade al problema este esquema de partidos sin alma ideológica ni programática que dan origen a congresos fragmentados y dominados por intereses particulares.

En suma, todo el esquema político de gobierno de la Constitución de Fujimori ha mostrado ser desastroso. Atender esto ya no se puede postergar más; bajo la figura de la vacancia por “incapacidad moral” el país es ingobernable: cualquier presidente puede ser vacado en cualquier momento por el congreso, que se impondrá sin contar con las reglas que requiere un régimen parlamentario ni el sistema de partidos que le debe dar sustento. Por eso el próximo gobierno debe convocar a una Asamblea Constituyente y viabilizar el proceso de aprobación por referéndum de una nueva Constitución.

Una reciente encuesta ha puesto a la Confiep y sus amigos neoliberales al borde un ataque de nervios: la población quiere que el estado domine una serie de actividades, y no la empresa privada como sucede hoy. En el caso de los fondos de pensiones, hoy capturados por las AFPs, 64 por ciento las quiere en manos del estado frente a solo 25 que sean empresas privadas. Los bancos, donde casi no hay actividad estatal en el Perú luego de que el fujimorismo acabó con la banca de fomento, 60 por ciento quiere al estado al mando frente a 30 por ciento que prefiere el predominio de empresas privadas.

La ciudadanía también quisiera que la minería y las farmacias sean mayormente estatales. En el caso de la minería, donde actualmente no hay ninguna presencia del estado, apenas 8 por ciento de la población quiere que sigan como hasta ahora en manos totalmente privadas, 16 por ciento quiere que haya presencia estatal minoritaria y 65 por ciento quisiera que fuera totalmente o mayoritariamente estatal. Luego de décadas en las que las grandes empresas mineras nos han repetido machaconamente que debemos darles facilidades para que saquen nuestros minerales sin importar que contaminen y paguen pocos impuestos, el pueblo peruano quiere algo distinto. Podríamos decir que quiere regresar a la política de Velasco, que nacionalizó buena parte de la minería, no toda ni cerca de eso, como Southern o la familia Benavides (la de Roque) bien pueden atestiguar. En una referencia más contemporánea, los peruanos parecen querer un Evo Morales.

EL MODELO Y LA CONSTITUCIÓN

La encuesta mencionada salió justo días después de que César Acuña declarara que el modelo económico no debe cambiarse. No es de extrañar, siendo precisamente uno de quienes más se ha beneficiado de la privatización de un servicio básico como es la educación, siendo dueño de varias universidades aunque plagió su tesis doctoral. También sobre este sector 73 por ciento cree que la educación debe ser total o principalmente del estado, frente a 21 por ciento que cree que, como sucede hoy con la educación universitaria, debe ser mayoritariamente privada. Acuña ha hecho plata como cancha, y encima no paga impuesto a la renta ni IGV como cualquier otro pequeño empresario o comerciante.

Acuña es el primero en haber salido a defender el modelo económico, pero ya sabemos que eso mismo plantean Keiko Fujimori y Julio Guzmán. No es solo cosa de palabras, por cierto; sus bancadas en el Congreso han votado a favor de mantener exoneraciones tributarias especiales a mineras, banco y agroexportadoras, por ejemplo, y se oponen tajantemente a que se revise el capítulo económico de la Constitución que, según ellos, es la causa del “gran éxito económico” de los últimos 30 años. Les tengo una noticia: la misma encuesta dice que el 56 por ciento está de acuerdo con una nueva Constitución, duplicando al 27 por ciento que se manifiesta en contra. Quienes se oponen en su gran mayoría lo hacen porque no creen que los congresistas puedan hacer algo mejor, apenas 2 por ciento lo hacen porque no quieren que el estado intervenga más en la economía y apenas un tercio de un 1 por ciento, en realidad tan poco que es insignificante, dice que es porque la actual Constitución está bien.

Aclaremos que la opinión pública no está por una estatización total, lo que me parece está muy bien, así como el neoliberalismo ha fracasado, pienso que Cuba y Venezuela han ido demasiado lejos en cuanto a estatizar empresas y restringir empresas privadas, afectando sus economías. 71 por ciento cree que la inversión privada se necesita para crear empleos pero solo el 47%, menos de la mitad, considera que la empresa privada es el motor del crecimiento económico, lo que explica que quieran que en el sector financiero y minero haya fuerte presencia estatal. La gente quiere empresas privadas pero sin abusos; cuando preguntan si las grandes empresas pagan todos los impuestos que deben, cobran precios justos o se preocupan por el medio ambiente, los críticos son el doble de quienes apoyan a los empresarios al respecto. Las pequeñas empresas son preferidas a las grandes, siendo las trasnacionales las que más recelo generan. El 77 por ciento de peruanos está de acuerdo con controles de precios y 79 por ciento quiere que el estado participe como empresario para que bajen los precios. Está clarísimo que ni el actual modelo económico ni el capítulo económico de la Constitución gozan del respaldo ciudadano.

¿Y COMO SE HACE?

Así como el neoliberalismo ha fracasado en resolver los problemas sociales y traernos un progreso económico sostenido y de ancha base, igualmente hay que reconocer que la actividad económica de nuestro estado ha tenido problemas muy serios. Una buena parte de ellos ha sido agravada por las mismas políticas neoliberales. Por ejemplo, en pensiones, la ONP presta muy mal servicio porque el MEF la orienta a negar pensiones, EsSalud tiene falta de presupuesto porque las últimas dos décadas los agroexportadores han tenido exoneraciones por dos terceras partes de la tasa de contribución, al Banco de la Nación y el Agrobanco la poderosa banca privada les ha hecho la guerra y el MEF neoliberal ha puesto innumerables trabas a los proyectos del Gasoducto del Sur y la masificación de gas natural que Bolivia sí ha implementado. Eso debe acabar.

Pero también es cierto que en las empresas y entidades públicas han abundado nombramientos de favor político o de collera empresarial, donde entraba profesionales incapaces o cuyo mayor interés era ver como favorecerse, en amarre con los empresarios corruptos. El 59 por ciento piensa que la gran empresa paga coimas para obtener lo que quiere, pero si ellos pagan es porque alguien recibe. Necesitamos una estructura de empresas y entidades públicas que tenga alta calidad técnica en su gerencia, estabilidad en sus directorios y mucha transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía. Los directores deben ser nombrados de manera transparente con sus currículos presentados previamente a la opinión pública para que los medios los escudriñen, y deben tener nombramientos fijos que se traslapen entre sí y no terminen todos con los periodos de gobierno, para que no sean pasto de demagogos y repartijas. Los gerentes deben ser nombrados tras un concurso público en base a sus capacidades, para lo cual debemos establecer un cuerpo especializado en ayudar a su selección, y deben ser evaluados bianualmente en función de sus resultados de gestión. En algunos casos, hacer alianzas estratégicas con entidades internacionales para mejorar la gestión puede ser efectivo, sobre todo cuando se trata de sectores altamente especializados.

Cada 5 años deben revisarse las orientaciones estratégicas en cada sector y empresa, ajustando indicadores y metas, y las universidades deben aportar a esto. Hay que tener una buena propuesta de la interacción entre estado, las empresas privadas y el mercado, algo que no es obvio en los tiempos actuales donde nuevas tecnologías revolucionan nuestras formas de hacer las cosas y amplían radicalmente la frontera de posibilidades. En muchos sectores el estado puede tener un rol regulador, y en algunos casos una participación directa le puede servir para tener más inteligencia sobre las condiciones económicas, tecnológicas y sociales, necesaria para sus planes y normativas. Tiene que haber una acumulación progresiva de capacidades estatales, sin sobreestimar lo que tenemos pero sin descuidar una mirada de futuro. A la base tiene que haber un buen sistema de información, algo que hoy la tecnología facilita.

POLITICA Y CORRUPCIÓN

Siendo necesario un esfuerzo importante de redefinir la acción pública y su relación con el mercado, el nudo gordiano es el de la corrupción y su nexo con la política. El neoliberalismo en el Perú ha traído monopolios y un “capitalismo de amigotes”, en el que abundan corruptos operando bajo el lema “no me des, ponme donde hay”. La corrupción es un mal muy arraigado en nuestra nación, y se presenta como una hidra de cien cabezas, capaz de mutar de forma y de movimiento.

La principal respuesta tiene que ser, necesariamente, política. Se necesita un liderazgo presidencial que enfrente con firmeza a todos los grupos de poder y mafias acostumbradas a aprovecharse del estado, llevarse nuestros recursos y abusar de los consumidores. El gran objetivo debe ser  fortalecer el sistema anticorrupción. Hemos pasado dos años con grandes enfrentamientos buscando limpiar un Poder Judicial y Ministerio Público que estaban dominados por corruptos conectados al fujimorismo y su congreso. Pero hay pocas sentencias condenatorias. Además, cortarle algunas cabezas a la hidra de la corrupción no impide que surjan nuevas cabezas amenazantes. Sin un combate permanente, múltiple e inteligente a ese gran mal que es la corrupción, no hay forma de consolidar un estado-nación que es esencial para nuestro bienestar y desarrollo.

Las AFPs han lanzado una campaña de miedo contra una posible reforma del sistema de pensiones que, según ellos dicen, atentaría contra la propiedad privada. “Que el estado no le meta mano a tus fondos” dicen. Pero los primeros que meten sus manos en nuestros bolsillos son precisamente las AFPs, que todos los meses se llevan 12 por ciento de nuestro sueldo. Quien nos obliga a darles nuestra plata, por cierto, es ese mismo estado que a los neoliberales defensores de AFPs les encanta denigrar. Que eso sucediera al mismo tiempo que Fujimori imponía la Constitución de 1993 no es pura casualidad.

Tras este discurso anti-estatista, que como hemos visto es muy hipócrita, nos quieren vender la idea de que sólo un sistema privatizado de pensiones es compatible con una economía mercado. Pero un sistema público de pensiones es el que predomina en todos los países desarrollados, en Europa, Japón y hasta en Estados Unidos, la meca del capitalismo ultra-individualista. Si este sistema de quitarle parte del salario a los trabajadores para dárselo a empresas financieras es tan bueno, ¿por qué ninguno de los países desarrollados ha cambiado su sistema de seguridad social por uno de AFPs? Ninguno, ojo, ni uno solo de los países industrializados ha hecho eso, como tampoco China, Taiwán, Corea del Sur, Vietnam ni ninguno de los países asiáticos que hoy destacan por haber contenido la pandemia del Covid-19.

Remarcan las AFPs que “el dinero sigue siendo de propiedad privada de los afiliados”. Pero, ¿acaso puede considerarse uno propietario de un dinero cuando no puede disponer de él y cuando sobre ese dinero no podemos ni opinar en qué se invierte? Ni siquiera sabemos en donde está puesto nuestro dinero ni qué comisiones pagamos por tener una parte en fondos mutuos en el exterior.

POSTURA INTERESADA

“El Comercio” dedicó su editorial del domingo pasado, su día estelar, a discutir este tema.  Lo hizo sin informar, como correspondía, que el mayor accionista del grupo El Comercio, don José Graña Miroquesada, coimero confeso que ha hecho sobreganancias enormes en contratos con el estado, obtuvo financiamientos por cientos de millones de las AFPs para su empres Graña y Montero.  Esos millones de nuestro dinero incluso han sustentado que en esa empresa fuese director José Chlimper, el ex- secretario general del fujimorismo, como representante de los trabajadores afiliados a las AFPs, llegando incluso a presidir el comité de auditoría del Graña y Montero en los mismos años en los que GyM pagaba millones de dólares de coimas.

El ilustradísimo director de “El Comercio” Juan Garrido editorializa que “si de diseñar un sistema de pensiones adecuado se trata, empezamos con un serio problema…el alto grado de informalidad laboral”. No le preocupa que tres cuartas partes de peruanos mayores de 65 años carezcan de pensión ni que las proyecciones anteriores a la pandemia sean que aun 70% no las tendrían al 2050. Esa terrible realidad ni siquiera le parece un tema de interés. Curiosamente, el mismo día en ese periódico Carlos Ganoza, asesor de la Asociación de AFPs, escribe ¡como columnista! que “cualquier propuesta de reforma debe cumplir dos requisitos básicos: no empeorar la informalidad y ser viable fiscalmente”. Tampoco para Ganoza es importante que se paguen pensiones dignas, se reduzca la pobreza en la vejez o se evite que una persona se quede sin medios de vida a los 80 años. No, nada de eso es para él un “requisito básico” de una reforma pensionaria.

¿Por qué resaltan la informalidad en el diario estrella de la Confiep? Están en campaña en contra de que las empresas también contribuyan a la seguridad social en pensiones. Ganoza resalta que “crear nuevas contribuciones a cargo del empleador son medidas que pueden penalizar el empleo formal”. Me encantan estos tipos: sufrimos hace casi 30 años un sistema de AFPs que penaliza a los trabajadores quitándonos 12 por ciento de nuestro sueldo todos los meses, pero jamás han criticado eso. Lo que sí defienden con ardor es que ni un solcito lo paguen los empleadores.

Además de defender el bolsillo de las grandes empresas, Garrido establece que “lo ideal, sin duda, es que cada trabajador aporte un porcentaje de sus ingresos a un fondo que sea parte de su patrimonio”.  Traducción: lo “ideal” es un sistema idéntico al que tenemos ahora con las AFPs, sin aporte del empleador y bajo la figura del ´patrimonio individual´ de tal manera que bajo la ficción de la propiedad nuestro dinero lo tenga un conglomerado financiero. Por más que el director de “El Comercio” intente de vestir al mono de las AFPs de seda, como mono se quedan.

LA REFORMA DECONOCIDA

¿Seriamos los primeros en revisar este esquema de forzar a los trabajadores a dar su dinero a las AFPs? Lejos de eso: son ya 18 los países que han revertido la privatización de sus sistemas de pensiones. En Europa: Bulgaria (2007), Eslovaquia (2008), Estonia, Letonia y Lituania (2009), Hungría (2010), Croacia y Macedonia (2011), Polonia (2011), Rusia (2012), República Checa (2016) y Rumania (2017). Quien revise con cuidado esta lista verá que no es sólo cuestión de gobiernos progresistas, sino que varios de centro y de derecha lo ha hecho también. En Latinoamérica: Venezuela (2000), Ecuador (2002), Nicaragua (2005), Argentina (2008) y Bolivia (2009). Es muy probable que Chile sea el siguiente tras el referéndum aprobando que se haga una nueva Constitución, algo que sale luego de intensas protestas en años anteriores uno de cuyos ejes fue precisamente el rechazo a las AFPs, y eso que ellos ya desde hace años han reformado su sistema para añadirle un componente social y solidario mucho más fuerte.

Todavía desconocemos la propuesta de reforma del sistema de pensiones que propondrá la comisión especial del Congreso. Hay algunos aspectos claves, sin embargo, que han aparecido repetidamente cuando se ha analizado antes este tema, por el Banco Mundial en la primera década de este siglo, en una publicación del experto Javier Olivera el 2010, en la propuesta recogida en “La Gran Transformación” bajo la dirección de Félix Jiménez, por la Comisión de Protección Social nombrada por PPK y más recientemente los informes publicados sobre el tema del BID y la OECD.

Un asunto que sale en todas las propuestas es la necesidad de pasar a un sistema de pensiones conocido como ´multipilar´ en el que exista una pensión universal básica y un importante componente de solidaridad hacia los más pobres. Esto va de la mano con la necesidad y conveniencia de establecer un ente recaudador central, en vez de que los privados tengan separadamente su propio aparato de cobranza para llevarse nuestro dinero. Esta propuesta ahorita está bajo intenso ataque de los neoliberales defensores de AFPs, aunque la defienden el Banco Mundial, el BID y la OECD, todos organismos internacionales de claro perfil pro-capitalista. Quienes defienden la oligarquía financiera de las AFPs ni se toman el trabajo de actualizarse en las discusiones al respecto.   

En lo medular, en la reforma de pensiones se juega un tema de visión del país, un interés económico de las AFPs y una cuestión política de fondo. Hay en primer lugar una polémica abierta con quienes pensando nuestro futuro en este Bicentenario menosprecian la solidaridad y prefieren el individualismo extremo con una ´ídeología Trump´ que en estos tiempos de epidemia resulta totalmente fuera de lugar. Más allá de la pérdida de vigencia de esos puntos de vista, las AFPs quieren agarrarnos de tontos con ese cuento de la propiedad privada de los fondos de pensiones, para seguir quitándonos nuestro dinero y forzarnos en contra de nuestra voluntad a pagarles comisiones abusivas. Eso ya no puede seguir.

Hoy que el tema de una nueva Constitución se ha puesto sobre el tapete tras el ejemplo chileno, la base política de las AFPs no puede ser olvidada. En Chile, fue Pinochet quien impuso las AFPs y la Constitución que las sostiene. En Perú, Fujimori hizo exactamente lo mismo. Su ministro de economía de entonces, Carlos Boloña, aprobó la ley de AFPs y de partida se convirtió él mismo en accionista de una de ellas. En el año 2000 Boloña sería premiado regresando como ministro de Fujimori, promoviendo que le dieran un maletín con 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos. La asociación del fujimorismo con las AFPs no terminó, sin embargo, en los años 90. Entre las AFPs destaca una que es parte del grupo Romero. ¿Se han preguntado por qué el sistema de AFPs, que hace años sabemos es un verdadero robo, sigue en pie? Bueno, recuerden que Dionisio Romero, presidente del grupo Romero, entregó 3 millones 650 mil dólares, equivalentes a más de 10 millones de soles, a Keiko Fujimori. Se los dio en sus propias manos en maletines llenos de dinero, de la misma forma como recibió Vladimiro Montesinos esos 15 millones el año 2000.

Ponerle fin a las AFPs y restablecer la seguridad social para la vejez es, así, una necesidad social, una cuestión de romper grandes intereses económicos y también una medida de higiene política.