Las ganancias del Banco de Crédito sumaron el año pasado 4,480 millones de soles.  El año 2010, antes de las elecciones en las que Dionisio Romero le entregó los 3 millones 650 mil dólares en maletines a Keiko, eran 1,803 millones: la “inversión” en comprar fujimoristas resultó muy rendidora. A Carlos Rodríguez Pastor, otro aportante destacado, no le ha ido nada mal: las ganancias de Interbank fueron de 1,364 millones de soles el 2018.

Los bancos se embolsan enormes cantidades porque cobran altísimas tasas de interés en tarjetas de crédito y a micro y pequeños empresarios, que puede ser de 40 por ciento o 60 por ciento anual, mientras nos pagan por nuestros ahorros unas tasas ridículamente bajas (ni 1 por ciento). Apenas cuatro bancos controlan el 80 por ciento del mercado de crédito, entre estos el Banco de Crédito que dirige Dionisio Romero e Interbank de Carlos Rodríguez-Pastor. Las altas tasas de interés tienen una razón de ser y son las ganancias de estos destacados donantes a la campaña de Keiko.

“El sistema financiero peruano exhibe además bajos niveles de eficiencia en comparación con el resto de países de América Latina y de la OCDE. Uno de los indicadores que refleja esta característica es el elevado spread de tasas de interés. De acuerdo con el Global Financial Development Report 2018 del Banco Mundial, la diferencia entre las tasas de préstamos y depósitos en el Perú asciende a 14,4%, superando notoriamente al promedio exhibido por los países de América Latina (8,7%) y de la OCDE (3,3%). Según el Banco Mundial (2015), este nivel incluso es el más alto entre los países con similar grado de profundización del crédito… el sistema financiero del Perú es uno de los más costosos no solo en América Latina, sino en el mundo… en el Perú las microempresas pueden llegar a pagar tasas de interés anuales que en promedio son 4,5 veces superiores a las que pagan las grandes empresas”: así dice el documento oficial de la Política Nacional de Competitividad. Pero el MEF neoliberal no mueve un dedo para ajustar a los bancos y defender a la gente de sus abusos.

Para poder cobrar altas tasas de interés mantienen escaso el crédito. Apenas 5 por ciento de las microempresas peruanas y 43 por ciento de las pequeñas empresas logran tener acceso al financiamiento. El porcentaje de microempresas con acceso a financiamiento ha caído de 5,6% a 4,6% entre 2013 y 2017 según el Global Findex del Banco Mundial. Según el Índice de Competitividad Global 2018 estamos en el puesto 82 en cuanto a cantidad de crédito al sector privado y en el 95 respecto a créditos a pequeñas y medianas empresas.

El crédito es un área en la cual desde las reformas neoliberales de Fujimori se ha permitido un oligopolio abusivo de unos pocos bancos. Los defensores del modelo, “El Comercio” y los medios concentrados en manos de la Confiep nunca dicen que el 33,5 por ciento de empresas no pide créditos porque los intereses son muy caros y otro 11 por ciento porque los trámites que piden los bancos privados son demasiado pesados; aunque siempre resaltan el peso de la “tramitología” del estado nunca hablan de cómo los oligopolios privados no nos hacen nada fácil la vida a los consumidores.

El costoso para el país es enorme. Ante la falta de crédito para poder avanzar sus inversiones y modernizar su tecnología, a las empresas pequeñas y medianas se les hace muy difícil salir adelante. Las que logran obtener un crédito, les sale carísimo, lo que desde luego tiene unas grandes ganadoras, que son los grandes bancos que dominan el mercado.

HAY ALTERNATIVAS DE MERCADO

¿La única opción sería controlar las tasas de interés como quien controla precios, con una política “chavista” como la usada de pretexto por Dionisio Romero? La respuesta clara es No. El gobierno tiene a mano potentes instrumentos de mercado para enfrentar este oligopolio.

En primer lugar, el estado peruano tiene un gran montón de dinero depositado en los bancos privados sin sacar mayor provecho de ello. El total de dinero del gobierno en manos de la banca, sumando el tesoro público y las empresas públicas, asciende a fines de setiembre a 96 mil millones de soles, una enorme suma que podría usarse para el desarrollo nacional en vez de alimentar las ganancias del oligopolio bancario.  

Por otro lado tenemos diversas instituciones públicas que facilitan financiamiento a sectores productivos. Está Cofide, concentrado en darles fondos baratos a la banca privada para que ellos presten y que a lo largo de diversos gobiernos ha andado de tumbo en tumbo, con crisis a las que los lobbies y corruptelas no han sido ajenas. Está el Agrobanco, que languidece tristemente al ver su financiamiento bloqueado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Está el Banco de la Nación, que tiene la red de oficinas con la mayor cobertura geográfica y un enorme mercado con los miles de trabajadores públicos y pensionistas a quienes paga todos los meses, pero que no da préstamos productivos. El problema es que son empresas financieras débiles y dispersas, al extremo que nadie piensa en ellas como una posibilidad de financiamiento. Si se articularan e integraran esas diversas instituciones y se les otorgara un buen respaldo financiero, las micro y pequeñas empresas podrían tener más crédito en condiciones menos onerosas.

No se trata, por cierto, de soltar el dinero irresponsablemente sino de dar crédito para el desarrollo productivo, haciendo además que el mercado financiero sea más competitivo y controlar los abusos del oligopolio dominante. El objetivo debe ser la diversificación productiva promoviendo empresas privadas; muy lejos de una propuesta “comunista” o “chavista”. En todo el mundo los bancos públicos tienen prestados la friolera de 38 trillones de dólares, un 20% de todos los préstamos bancarios del mundo alcanzando el 48% del PBI global. En Europa alcanzan 30% del total. Alemania tiene, además de la conocida KfW, otros 16 bancos de desarrollo. El despegue industrial de Corea en los 70s estuvo apoyado por hasta 50% de crédito orientado por planes nacionales. China además de tener un sistema bancario casi totalmente estatal, tiene el China Development Bank con 1,6 trillones de dólares en préstamos. Las experiencias de bancas públicas apoyando el desarrollo son múltiples y de larga historia. Pero en el Perú desde Fujimori y el neoliberalismo, no tenemos un banco público de fomento productivo porque Romero y Rodríguez-Pastor no quieren que haya competencia.

Acá el discurso neoliberal y los intereses monopólicos se dan la mano. Por un lado, está el discurso sobre la importancia de dejar al “mercado libre”, de que el estado no intervenga porque eso sería el desastroso “chavismo”, bla, bla, bla. Por el otro, hay cuatro grandes bancos que controlan el mercado y nos imponen los cobros más altos del mundo, al decir del Banco Mundial. En el medio, los banqueros tienen exoneraciones tributarias especiales por 838 millones anuales, sostenidas legalmente por Keiko y PPK, a su vez comprados por maletines llenos de fajos de dólares.

LA POLÍTICA MONETARIA

El gobierno podría usar SU dinero y poner su propia banca para enfrentar estos bancos abusivos. Pero el estado tiene una herramienta aún más potente.

En todo el mundo los bancos centrales pueden subir o bajar las tasas de interés. ¿Cómo lo hacen? Como el BCR controla los soles en circulación, puede bajar las tasas poniendo más dinero en circulación. Así lo hacen la Reserva Federal estadounidense, el Banco Central Europeo y el Bank of Japan, los tres más poderosos del mundo, así como los bancos centrales de Chile, Colombia, México o Brasil, por mencionar algunos de los vecinos. Desde luego, si hubiera más crédito y menores tasas de interés, se facilitaría la inversión productiva; con un banco de desarrollo ese empuje llegaría más a los pequeños y medianos empresarios, a la industria, las nuevas tecnologías y el agro.

Estados Unidos, Europa y Japón desde hace años tienen políticas monetarias que buscan mantener la inflación baja y que se logre el crecimiento potencial y el pleno empleo. Para eso desde la crisis financiera de 2008-2009 redujeron la tasa de interés y la mantienen muy bajita, lo que promueve la inversión y el consumo. No es algo nuevo, la Reserva Federal gringa ha reducido sus tasas de interés las últimas tres recesiones que han enfrentado.

Lamentablemente eso no es lo que hace el BCR peruano. El BCR ha mantenido altas las tasas de interés aunque la falta de demanda ha frenado la economía urbana.  La industria produce y contrata menos que hace 4 años, en un contexto en el que 300 mil jóvenes entrar cada año a buscar chamba y tenemos más de medio millón de venezolanos saliendo a la calle para ver como subsistir. ¿Quiénes han decidido esa política? Un directorio en el que destacan, además de su presidente neoliberal muy amigo de los banqueros, los fujimoristas José Chlimper y Rafael Rey. ¿Será que esa política que mantiene frenado el crédito y altas tasas de interés en beneficio de los grandes bancos, no se relaciona a los maletines llenos de dinero recibidos por doña Keiko Fujimori?

El 2011 Dionisio Romero entregó 3 millones 650 mil dólares en billetes metidos dentro de maletines, directamente y personalmente a Keiko Fujimori. Dionisio Romero dice que esos millones eran sólo para “evitar el chavismo” y no pensaba obtener nada a cambio. No le creo.

LA HISTORIA POLÍTICA

Hay más elementos en esta historia. Una importante es que el 2016 también entregó otros 650 mil a Keiko Fujimori y a PPK, cuando no había ninguna candidatura “chavista”. ¿Y por qué puso dinero en dos candidaturas al mismo tiempo? Sólo e puede explicar con el objetivo de, llegado el momento, poder pedirle favores a quien fuera presidente cuando había dudas de quien saldría ganador.

Es interesante también revisar quien fue el “contacto” en cuya casa se entregaban los maletines llenos de dólares. Martín Pérez fue congresista electo por el PPC en el mismo periodo en que Keiko era congresista y fue también ministro de Alan García. Pérez no sólo era “muy amigo” de Dionisio Romero como éste ha dicho; había sido también director y gerente de varias empresas del grupo Romero. Para ponerlo de otra manera, este funcionario en la planilla de Dionisio Romero fue electo congresista por el PPC y, a pesar de que Alan García había derrotado a Lourdes Flores dos veces llamándola la “candidata de los ricos”, se hizo su ministro. ¿Era acaso Martin Pérez un gran político, un excelente candidato, una atracción para las multitudes? No, claro que no. Estaba allí para llevar, primero el congreso y luego al gabinete, la voz de los dueños del Perú. Falta saber cuánta plata puso Dionisio Romero en la campaña del PPC y del APRA el 2011 para que le consiguieran esos puestos.

El año anterior a las elecciones 2016 Dionisio Romero había conseguido que Martin Pérez fuera presidente de la Confiep, seguramente aliado a la familia de su esposa, una de las familias billonarias del Perú, los Baertl. No se trata de gente ajena a poner juntos los millones y el poder político. Augusto Baertl, la cabeza de ese grupo familiar, fue nombrado presidente de Petroperú por PPK y ahora es presidente de Graña y Montero, la mega empresa constructora corrupta, en otra muestra de cómo se mezclan las decisiones políticas con los negocios millonarios de las “mejores” familias del Perú.

¿DE QUIEN SON ESOS MILLONES?

Según ha declarado Dionisio Romero, los 3,65 millones entregados a Keiko son de Credicorp. Es decir, no son de él sino de una empresa que tiene cientos de miles de accionistas; aunque Romero sea uno de los principales no tiene más del 15 por ciento del total (pero al ser un accionariado difundido logra controlar la mayoría de votantes al elegirse el directorio de la empresa). Credicorp es el gran holding o “empresa madre” que es dueña del Banco de Crédito, la AFP Prima, Seguros Pacífico, Mi Banco y una docena de empresas financieras más. Credicorp está constituida en el paraíso fiscal de Islas Bermudas, lugar conocido por facilitar la evasión del pago de impuestos e impedir la fiscalización tributaria; de hecho es en ese país donde la contabilidad de los US$ 3,65 millones está registrada y será difícil para los fiscales peruanos obtener la información requerida. Pero las acciones de Credicorp se venden en la bolsa de valores de Nueva York desde 1995, la época de mayor poder de Alberto Fujimori, y en Estados Unidos deben someterse a la fiscalización de la SEC, la poderosa Security Exchange Commission.

Para entender por qué esta fiscalización es importante hay que hacerse una pregunta clave: ¿de dónde salieron los US$ 3,65 millones? En su origen, de todas las ventas del grupo, ya sean cobros de intereses por los créditos otorgados o primas de seguro. Esos millones fueron contabilizados como gastos, es decir, redujeron las ganancias de Credicorp. Como se trata de una empresa de accionariado difundido, eso quiere decir que cada uno de los accionistas de Credicorp, peruanos y extranjeros, recibimos menos dividendos y vemos disminuido el valor de las acciones. Uso la primera persona del plural, “nosotros”, porque un grupo de accionistas importantes de Credicorp son los fondos de los trabajadores manejados por las AFPs. Ese dinero, que nos han descontado de nuestro sueldo y que debe sustentar nuestra pensión de jubilación, se ha destinado a comprar acciones de Credicorp, las mismas que han perdido valor debido a estos aportes a Keiko y PPK.

La empresa Credicorp enfrenta ahora la posibilidad de que en Estados Unidos tenga problemas legales por esta razón. Esto también debiera ser posible en el Perú: han regalado mi dinero sin que eso tenga nada que ver con la razón de ser la empresa ni habiendo informado a sus accionistas que lo harían y tengo derecho a reclamar. Con el agravante de que, por ser una plata que debe sustentar nuestras pensiones, debía haber sido resguardada con especial cuidado.

INTERCAMBIO DE FAVORES

Dionisio Romero regalaba la plata de todos los accionistas de Credicorp pero parte de los favores que luego recibió de Keiko fueron para la empresa de la familia Romero, Alicorp. Alicorp es el gran monopolio de los alimentos industrializados en el Perú, con ventas de 8,459 millones el 2018. Vende marcas como fideos Don Vittorio, salsas Alacena y Nicolini, galletas Tentación, Casino y Victoria, panetón Milano, margarina Sello de Oro y caramelos Sayón. Todas esas marcas hoy llevan octógonos advirtiendo de su alto contenido de azúcar y/o grasas, algo que nos lleva a ser más conscientes y a reducir el consumo lo que a Alicorp no le convenía. La ley de alimentación saludable que establecía que debían ponerse estas advertencias obligatorias había sido aprobada el 2012, pero el gobierno Humala-Heredia vendido a la Confiep la metió en la congeladora y frenaron su aplicación. Lo mismo hizo PPK, al punto que cinco años de aprobada la ley no se aplicaba. Clara demostración de las debilidades de nuestra democracia bajo la Constitución de 1993 de Fujimori.

El problema se puso álgido cuando PPK cayó. En su reunión secreta con Vizcarra, Keiko le pidió al flamante presidente que siguiera manteniendo los octógonos en la congeladora y sacara a la ministra de salud que los defendía. En ese momento crítico de la historia nacional Keiko no discutió la agenda nacional, tampoco se preocupó por apoyar a sus aliados homofóbicos y anti-equidad de género. No. Keiko hizo cuestión de estado en defender los intereses de Alicorp, la empresa de Dionisio Romero quien en varios maletines el 2011 le había llevado US$ 3.65 millones de Credicorp y otros 450 mil el 2016.

Posteriormente, el congreso fujimorista aprobó un proyecto de ley matando los octógonos antes de que se aprobara el reglamento para efectivizar su implementación. Movieron a sus congresistas y contaron con el apoyo del APRA y de los voceros de la bancada PPK de ese entonces, Pedro Pablo Olaechea y Salvador Heresi, este último ahora candidato en la lista llamada “Contigo”. US$ 3.65 millones permiten comprar bastantes congresistas.

El congreso dominado por Fujimori y con el apoyo de la bancada PPK también ha mantenido las exoneraciones tributarias a los bancos que suman 838 millones de soles, a las AFPs que llegan a 215 millones y a los seguros por otros 593 millones de soles, sectores en los cuales son prominentes las empresas de Credicorp.

LATINOAMERICA Y EL MODELO

La desigualdad genera protestas en Chile y toda Latinoamérica. Sucede que la concentración de la riqueza no corresponde a emprendedores esforzados, genios que sacan nuevas tecnologías o constructores del futuro. Nada de eso. Los multimillonarios que tenemos acá dirigen monopolios que abusan de los consumidores, mineras que contaminan impunemente, bancos que nos bolsiquean sin asco, AFPs sin competencia que nos cobran groseras comisiones, grandes constructoras que coimean millones a presidentes.

¿Y cómo sostienen sus negocios? La clave está en que, cada cinco años, entregan maletines cargados de dólares a los candidatos amigos con posibilidades. A todos ellos. Su principal habilidad es “invertir” en el poder político y sacarle el jugo a esas “inversiones”. Ese truco lo aprendió Dionisio Romero Paoletti, el actual, de su padre Dionisio Romero Seminario.

En el papel y en los discursos tenemos un modelo económico de “libre mercado” donde se alaba la competencia. En realidad lo que hay es la concentración de la riqueza en manos de unos pocos monopolios, los que a escondidas mueven a los líderes políticos “anti-chavistas” a su favor. Estamos hartos de estos sinvergüenzas. Simplemente hartos.

En la región parece haber crisis políticas por todas partes, pero sin que haya un mismo patrón. Las protestas masivas en Ecuador y Chile junto a la derrota de Macri muestran el fracaso de la derecha y su retorno al ajuste fiscal, el FMI y el neoliberalismo. Al mismo tiempo los gobiernos de Correa en Ecuador y Bachelet en Chile se recuerdan críticamente mientras Maduro preside un país en ruinas. La situación en Bolivia y una probable derrota del Frente Amplio en Uruguay pasado mañana ratifican que las izquierdas no la tienen toda consigo. Hay crisis política para todos los gustos.

Si vemos en Latinoamérica media docena de países con crisis políticas y giros fuertes, pero sin un patrón izquierda / derecha claro ¿cómo podemos explicar lo que está sucediendo? Hace dos semanas escribimos sobre dos claves económicas para entender estas crisis: la extrema desigualdad en países como Chile y el problema generado por nuestras economías que, bajo gobiernos de izquierda o de derecha, crecieron con el boom de precios de las materias primas para detenerse después. Añado ahora más elementos para entender como los perfiles de nuestras economías deben ser parte importante de la explicación de estas crisis.

Permítanme insistir en la cuestión del crecimiento económico. Los más recientes estimados de la CEPAL indican que este año 2019 Latinoamérica tendrá un crecimiento negativo. Muy distinto al promedio de 6 por ciento de Asia emergente, donde sólo China e India juntan 2,500 millones de personas. Muy distinto también al promedio sudamericano de 5,5 por ciento anual durante el periodo 2003-2011, casi una década de crecimiento acelerado. Estamos mal por seguir un modelo basado en el extractivismo de materias primas sin mayor industrialización ni avance tecnológico y por no haber sabido aplicar políticas anticíclicas.

Esto trae fuertes consecuencias de inestabilidad política. Luego del acelere vino el frenazo así que la gente está llena de expectativas frustradas; los jóvenes hoy no tienen muchas oportunidades de empleo. La excepción es Bolivia, el país de la región que con mayor éxito guardó reservas en las épocas de vacas flacas y las usó para mantener el crecimiento en los tiempos de vacas flacas del 2014 en adelante. No por gusto Evo Morales obtuvo un 47 por ciento de los votos. Pero ojo, el desbalance fiscal acumulado por varios años en Bolivia obliga a un ajuste el próximo año, esté quien esté en el gobierno (lo que augura nuevos episodios de crisis).

EXTRACTIVISMO, REDISTRIBUCIÓN FISCAL Y POLÍTICA

El modelo extractivista tiene una segunda característica: cuando los precios del cobre, el petróleo o la soya están altos, las arcas del tesoro público se llenan. Mientras más utilidades hay más impuestos se pagan, aunque el cuánto depende de las políticas aplicadas. Ecuador y Bolivia fueron los países de la región más firmes en lograr que ese dinero, que les llovía del cielo a las trasnacionales, entrara al estado para mejorar su infraestructura, su educación y su salud. Pero todos los demás países también lo hicieron. En el Perú Humala les sacó un pelo de impuestos al lobo de las mineras (pero solo un pelo) y lo destinó a Pensión 65, Beca 18, Qali Warmal y el MIDIS y a educación bajo la gestión de Jaime Saavedra, el hombre del Banco Mundial consentido del MEF.

Para quienes pensamos que el desarrollo humano es lo más importante y no nos quitan el sueño las ganancias de las trasnacionales, lograr más ingresos públicos para invertirlos en carreteras y capital humano es una gran cosa. Pero esta opción tiene serios riesgos políticos a mediano plazo: permite postergar una reforma tributaria crucial para darle sostenibilidad al fisco y le da a los gobiernos grandes posibilidades de la reelección lo que la hace muy tentadora. ¿Alguien dijo Evo Morales?

Es una paradoja que mientras más dinero capture el estado de las rentas de los recursos naturales, más podrá gasta en educación salud y carreteras, pero al mismo tiempo facilita la reelección, generando inestabilidad a largo plazo. La historia reciente de Ecuador y Bolivia puede verse bajo este lente, pero también, en otras claves, la de Brasil y Argentina (otros recursos naturales y mayor tamaño de países) y la de Chile y Perú (gobiernos más neoliberales y menos redistribuidores), aunque cada uno bajo sus propias reglas institucionales.

CORRUPCIÓN

Gobiernos con dinero fácil son también propensos a la corrupción, como muestran diversos estudios internacionales vinculando modelos extractivistas con gobiernos rateros. Pero el eje de la corrupción en la región es también complejo: Lula sale de la cárcel luego de que hace meses se haya develado claramente que hubo un complot político de jueves en su contra, aunque la amplia corrupción de Odebrecht, OAS y demás constructoras no está en cuestión. Aunque esas raterías preceden al gobierno de Lula (en Perú hay coimas de Odebrecht desde los 80s), no podemos obviar que mediante esa conexión se aportaron varios millones a la campaña electoral 2011 de Humala. El ex – presidente ecuatoriano Rafael Correa parece estar sufriendo también una persecución político-judicial, aunque las evidencias de corrupción contra altos personajes de su gobierno no son asunto menor. Hay corrupción y hay el llamado “law-fare” o guerra legal, al mismo tiempo.

Los gobiernos de derecha no son ajenos a grandes esquemas de corrupción. En el Chile de Piñeira hay también casos sonados de corrupción, y se suman evidencias de que Bolsonaro ha estado cercano a asesinatos de opositores. La corrupción de gobernantes de derecha la tenemos muy presente en el Perú, ya sabemos que PPK cobró millones por favorecer a Odebrecht y quiso hacer una movida similar con Kuntur Wasi en el aeropuerto de Chinchero, mientras Alberto Fujimori está condenado por corrupción y su hija Keiko recibió millonarios aportes de Odebrecht y la Confiep quienes a cambio recibieron leyes que los favorecieron.

Hoy el Perú tiene el gran reto y oportunidad de lograr un avance grande en este terreno si logramos meter a todos esos ladrones en la cárcel y afirmarnos en reformas políticas y judiciales profundas. Aunque las capturas de Edwin Donayre y Félix Moreno nos dan esperanzas, falta mucho pan por rebanar. Pero no debemos dejar de ver que hay un problema económico estructural que facilita la corrupción cuando hay tanto dinero de por medio en la explotación de minerales que, según nuestra Constitución, le pertenecen a la nación y no a la empresa china MMG en las Bambas o a Southern en Tía María. Si las trasnacionales basan sus negocios en aprovecharse de nuestros recursos y tener monopolios abusivos como el de la cerveza, en vez de concentrarse en traer avances tecnológicos, se generan modelos rentistas de los cuales la corrupción es la otra cara de la medalla.

COLONIALISMO

Las economías basadas en la extracción y exportación de recursos naturales tienen una larga historia en nuestra región, con una fuerte raíz colonial. La dominación española tuvo como eje económico la extracción de la plata, que salía de Potosí (hoy en territorio boliviano) pero para extraer la cual se sacaba mercurio de Huancavelica y se mandaban miles de indígenas cuasi-esclavos mediante la llamada “mita”. Si bien la mita se terminó en 1804, el modelo económico no cambió con la independencia de nuestros países ni se hizo más democrática la relación con las poblaciones indígenas. En Latinoamérica colonialismo y extractivismo van de la mano.

Una característica fundamental de los sistemas económicos modernos basados en minerales y petróleo, es que esas riquezas naturales requieren pocos trabajadores para ser extraídas del subsuelo. En nuestros países eso deja a la enorme mayoría de la población sin otra opción que subsistir en base a pequeñas chacras de media hectárea o en microcomercios cuya baja productividad obliga a la informalidad.  El sistema económico primario-exportador genera exclusión en el empleo, dejando a millones permanentemente fuera del mercado de trabajo. No se pueden entender nuestras inestabilidades políticas sin ver el océano de trabajadores desocupados subsistiendo como pueden con las justas ni la causa profunda de esa situación.

Sin mayores oportunidades alternativas, los distintos grupos sociales luchan, a menudo violentamente, por una porción de la riqueza natural. Ese es el origen económico de decenas de conflictos sociales en Perú, como en Cotabambas, Chumbivilcas y Espinar en Cusco alrededor de Las Bambas y otras minas, conflictos agravados por los efectos ambientales negativos de esa mega-minería. También es parte sustancial de la historia de Bolivia, Chile y Ecuador, donde predominan conflictos y cambios sociales de escala nacional. No se puede entender a Evo Morales y Rafael Correa, o a Salvador Allende, sin considerar sus políticas de apropiación estatal de riquezas naturales ni la reacción de los grupos afectados por el cambio.

El modelo económico extractivista que privilegia las ganancias de las trasnacionales y reproduce el colonialismo, se sustenta en algunas ideologías políticas. Una es la del “cholo barato”, la idea de que nuestra economía se basa en salarios bajos y en rechazar cualquier mejora del salario mínimo aunque quien lo diga sea, como el presidente del BCR Julio Velarde, alguien que gana 41,000 soles mensuales pagados por el estado. Junto a ello, está la idea de una supuesta “incapacidad nacional” de desarrollarnos tecnológica y productivamente, por lo cual no nos queda otra sino mantener la dependencia del capital extranjero. Esta idea se mantiene a pesar de que ahora tenemos en nuestro suelo grandes empresas chinas, coreanas y vietnamitas, producto de desarrollos autónomos en esos países como alternativa a la “opción única” de origen europeo. Nuestro espíritu de colonia sobrepasa las evidencias más presentes.

De trasfondo ideológico está el racismo, la afirmación de una supuesta supremacía o mayor valor de los “blancos” y de la “cultura occidental”, un tema muy presente hoy que la usurpadora “presidenta de Bolivia” afirma que costumbres aymaras son “satánicas”. Es obvio que se trata de una reacción frente a quien fuera el primer presidente indígena tras casi dos siglos de independencia de un país con mayoría de población quecha y aymara, algo que es claramente indicativo de la profundidad de este problema.

Esta combinación de contradicciones de clase, nación y raza sigue siendo una explicación fuerte estructural, de las crisis políticas latinoamericanas. A su base económica está el modelo extractivista. Por ello, no es muy sensato confiar que el Perú sea inmune a las crisis políticas.

COMPLEJIDADES EN TIEMPOS DISTINTOS

La frase “Todo lo sólido se desvanece en el aire” se aplica bien a Latinoamérica hoy y nos obliga a reflexionar profundamente el sentido de los cambios que estamos viviendo.

La explicación de la actual seguidilla de crisis políticas en Latinoamérica no es fácil y no se limita a lógicas que vienen de la economía. Sin duda hay otros elementos, políticos e institucionales, detrás de estas crisis: cargamos con una historia de colonialismo; tenemos democracias poco consolidadas y profundas; han salido a luz grandes escándalos de corrupción; emergen nuevas agendas de cambio bajo el influjo feminista y de la diversidad sexual; crecen reacciones conservadoras intolerantes bajo el manto de iglesias evangélicas no exentas de corrupción.

Vivimos además una nueva época donde la conectividad acelerada y las redes sociales han trasformado el cómo nos comunicamos y formamos nuestros puntos de vista sobre la sociedad y la política, espacios también sujetos a mucha manipulación y fake news.  En este cúmulo de posibles factores, no olvidemos la fuerza de la economía.

PD: Esta versión del artículo tiene una sección adicional a la publicada en Hildebrandt en sus Trece, la que tiene como subtítulo “Corrupción”

A nuestra propia realidad de desempleo y estancamiento económico de los últimos cinco años, se suma ahora el espejo de Chile para darnos un claro mensaje: hacen falta cambios urgentes para combatir la desigualdad y darle esperanzas al pueblo. Vizcarra no parece darse cuenta y ha sacado medidas muy limitadas, mientras que la política macroeconómica sigue sin cambios. Serio error.

DOS DECRETOS DE URGENCIA

La semana pasada salieron dos decretos de urgencia de relevancia: uno sobre medicamentos genéricos y otro referido al control de las compras de empresas competidoras para formar monopolios.

El problema de las medicinas es duro para mucha gente: a menudo el Seguro Integral de Salud o EsSalud no las tienen y mandan a los asegurados a que las compren. En las farmacias nos enfrentamos a precios elevados; yo mismo lo he comprobado porque mi esposa necesita tomar permanentemente levotiroxina (ella es hipotiroidea) y ese remedio lo he comprado en Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y hasta en Cambodia a la mitad del precio que en Perú. Abusan de nosotros dos jugadorazos, las grandes trasnacionales farmacéuticas y la cadena de boticas monopolizadas cuyo dueño es el mayor billonario del Perú, Carlos Rodríguez Pastor. Es un negocio de 2 mil millones anuales.

El gobierno presentó en junio un proyecto de ley para que todas las farmacias estuvieran obligadas a vender medicinas genéricas que son mucho más baratas, proyecto que el congreso fujimorista encarpetó. Ahora el gobierno lo ha sacado por decreto de urgencia pero severamente recortado. Hay más de 900 medicamentos esenciales pero las cadenas de boticas sólo deberán tener 40 remedios genéricos. Esta obligación solo se impondrá entre marzo y diciembre 2020, apenas nueve meses, y eso con multas por incumplimiento con un tope de 8 mil soles que al monopolio de Inkafarma no le hace ni cosquillas. No se levanta el monopolio que hoy imponen patentes de medicinas para el VIH/SIDA y el cáncer por las que pagamos precios exorbitantes. El lobby realizado por las farmacéuticas a través del Ministerio de Economía y Finanzas ha sido efectivo.

El otro decreto de urgencia establece que cuando una gran empresa quiera comprar a otra para conformar un monopolio, el estado pueda frenarlo. En Estados Unidos una ley similar, la ley Sherman, existe desde el siglo XIX. Casi todos los países desarrollados y la mayoría de países latinoamericanos tienen una ley anti-monopolios. Durante años la oposición de la Confiep y del neoliberalismo enquistado en el MEF lograron frenar su discusión y aprobación; en mayo pasado cuando estaba por aprobarse en el congreso quien saboteó su aprobación fue Miguel Ángel Elías, congresista fujimorista entonces presidente de la “comisión de defensa del consumidor”.  Elías ya tenía su prontuario: el ex gobernador fujimorista de Ica Fernando Cillóniz lo señaló como corrupto y su hermano (que fue congresista fujimorista antes que él) es dueño de una de esas universidades–estafa que carecen de licenciamiento de Sunedu pero igual están exoneradas de pagar impuestos. Es un avance que se haya promulgado esta ley, pero su gran limitación es que no se aplica a los monopolios ya existentes, como los de la cerveza, la leche evaporada y las cadenas de boticas, por ejemplo, que pueden seguir abusando de los consumidores.

LA MINISTRA, SU VERDAD Y SUS CONTRADICCIONES

El problema principal es que, a pesar de que se agrava la falta de empleo y el estancamiento de la industria y la producción en general, va a continuar la misma política económica. Eso queda muy claro de la entrevista a la ministra María Antonieta Alva publicada este domingo, en la cual insiste en una política de ajuste fiscal que mantendrá aguantada la inversión pública.

Cuando a Alva le preguntan si “es momento de grandes reformas”, responde que el “tema importantísimo es la consolidación fiscal”, el nuevo eufemismo para los ajustes fiscales que dejan sin fondos a las diversas dependencias públicas. Cuando le recuerdan que el presidente Vizcarra anunció el 28 de julio pasado que el Seguro Integral de Salud sería para todos los peruanos, lo que evidentemente requiere un fuerte aumento presupuestal, Alva responde que “al SIS ya se le dio un incremento de presupuesto…el monto del presupuesto ya está cerrado”. Al insistírsele sobre la promesa de Vizcarra sobre el SIS que tiene ya más de dos meses de formulada, ella responde que “en el caso del SIS, estamos trabajando en la propuesta. Todavía no está cerrada como Ejecutivo”. Si juntamos ambas frases, queda claro que el presupuesto para el SIS está cerrado y que el anuncio presidencial de 28 de julio es sólo “una propuesta” que “todavía no está cerrada”. Es evidente que se trata del mismo MEF que se siente todopoderoso y que en aras de mantener restringido el gasto social no se frena en desmentir al propio presidente.

La gran promesa de Alva, nada nueva, es que aumentará la recaudación fiscal, es decir que entrará más dinero al fisco. Pero no dice una palabra sobre ponerse firme frente a las exoneraciones y beneficios tributarios especiales que tienen las empresas mineras, petroleras, bancos, universidades-negocio y agroexportadoras, a quienes incluso el gobierno considera extenderles el privilegio que tienen de pagarle menos no solo al tesoro público sino incluso de recibir un subsidio cruzado de los trabajadores afiliados a la seguridad social – EsSalud. En un contexto de desaceleración de la economía internacional y de caída del precio del cobre y otros minerales, es iluso pensar que el estado cobrará más impuestos sin tomar medidas fuertes ante los grandes sinvergüenzas de siempre. No es de extrañar que las proyecciones oficiales del BCR, de apenas un mes atrás, sean que el 2020 tendremos el mismo nivel de presión tributaria que el 2019, en franca contradicción a los anuncios periodísticos de la ministra de economía.

Tras insistir en la “consolidación” – léase ajuste – fiscal, Alva dijo que “nuestra meta de crecimiento de la inversión pública el próximo año es 9%”, pero a esta tasa hay que descontarle la inflación para verla de manera real. Para el BCR la inversión pública el 2020 sería apenas 0,1% del PBI mayor que este año, no alcanzaríamos ni al 4,3% del PBI del 2018, tasa que ya fue muchísimo menor que el 5,5% que tuvimos unos años atrás. Es un aumento raquítico. Para esa meta ridícula, ¿qué sentido tiene anunciar un paquete de medidas para un supuesto “destrabe” de las inversiones, los mismos que ya han sido anunciados cantidad de veces en los últimos tres años y medio? ¿De qué sirve un pomposo “Plan nacional de infraestructura” si el manejo presupuestal asegura que muchas obras seguirán durmiendo un profundo sueño hasta que algún consorcio empresarial de dientes afilados promueva una “Alianza Público-Privada” en la que luego podrá sacar jugosos arbitrajes a su favor para saquear el tesoro público? 

De manera tristemente contradictoria la ministra Alva también ha dicho que “lo que tenemos como margen de maniobra ahora como gobierno es la inversión pública”. En esto tiene razón y le da sentido a su anuncio de que “ahora estamos tratando de dar celeridad a la ejecución de la inversión pública”. Pero como ya escuchamos ese mismo discurso varias veces somos bastante escépticos al respecto. No es un asunto de capacidad y no hace falta escudriñar los currículums y desempeños de la ministra Alva y del gabinete en general. Es un asunto de política. Porque si el gobierno se tomara en serio lo de acelerar las obras públicas ¿Por qué no aumenta fuertemente el presupuesto de inversiones? La ministra Alva sabe, porque es cuestión de una simple suma, que si mantiene las exoneraciones tributarias y hace un ajuste fiscal, no hay forma de aumentar el gasto de inversión pública, que no nos tome por tontos. 

TODOS LOS PERUANOS SÍ VALEMOS LO MISMO

Nada de esto ha sido resaltado por los medios y analistas que han puesto el foco en la frase de la ministra Alva diciendo que: “El problema del Perú es que todavía la gente no vale lo mismo”.  A mí no me parece una frase feliz, porque yo creo que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, como dice el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O como dice la primera frase de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 “Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Todas las personas valemos lo mismo, ahora y siempre, aunque algunos no lo reconozcan.

Quiero pensar optimistamente, sin embargo, que María Antonieta Alva quiso recalcar que la sociedad peruana mantiene discriminaciones e inequidades inaceptables. Muy bien que recuerde ese tremendo y profundo problema nacional. Lo que no puedo convalidar es que la ministra de economía resalte las desigualdades persistentes y al mismo tiempo impida que el Seguro Integral de Salud pueda dar atenciones básicas para todos. Lo que me parece incongruente es que haga presente las inequidades existentes mientras facilita que las trasnacionales lobbistas y el mayor billonario del Perú sigan cobrando precios abusivos por las medicinas.  Lo que no atraco es que se afirme que todos debemos valer lo mismo pero la falta de empleo y los salarios bajos no sean considerados un problema a enfrentar con urgencia. 

Chile en llamas y con millones en las calles pidiendo la renuncia de Piñeira.  Junto con Macri y PPK eran el trío de “gobiernos de lujo” neoliberales, con millonarios en la presidencia; ahora los tres están políticamente muertos. Pocas semanas atrás Ecuador estaba con miles en las calles, las carreteras tomadas y su presidente en fuga; Lenin Moreno logró calmar las aguas pero es otro gobierno zombi. ¿Qué está pasando? ¿Podría repetirse en el Perú?

DESIGUALDAD

La enorme desigualdad y medidas económicas que la agravan son explicaciones claves de lo que pasa en Chile. De todos los países del mundo Chile es en el cual los billonarios acumulan un porcentaje más alto del PBI: 25%. En este ranking el Perú va puesto 3 en Latinoamérica, los billonarios acumulan 13% del PBI.

Algunos economistas neoliberales tratan de negar el claro impacto de la desigualdad en Chile, usando estadísticas del Banco Mundial que indican que la desigualdad en Chile se habría reducido en las últimas décadas. Están recontra equivocados, usan datos que, aunque parezca increíble, no consideran a los multimillonarios que están en la punta de la pirámide de ingresos. De Ripley. Los estudios de Thomas Piketty y del “world inequality database” muestran lo contrario. Chile es uno de los países más desiguales de Latinoamérica y del mundo. En el Perú, mientras que las estadísticas oficiales indican una desigualdad medida por el Gini de 0.35, estimaciones hechas por Germán Alarco indican que es el doble de esa cifra. El 40% de la riqueza peruana está en manos de apenas 4,500 personas, el 0,1% de la población nacional; en el otro extremo  se necesitan más de 24,000,000 de peruanos para juntar el 50% de la riqueza nacional.

Habría que añadir que la desigualdad en Chile se expande a la educación donde las universidades son mayoritariamente un negocio privado, a un sistema de salud que deja que se mueran quienes no tienen dinero, a unas AFPs donde las jubilaciones de los trabajadores son una lágrima, a un mundo del trabajo donde a los jóvenes les toca “el baile de los que sobran” y donde a los obreros “los echaron les dijeron que no vuelvan más”. En el Perú muchas de esas desigualdades y exclusiones son peores que en Chile.

TRAS EL BOOM PRIMARIO EXPORTADOR

Nada de esto generó explosiones sociales masivas en años anteriores porque entre 2004 y 2013 vivimos los años de las vacas gordas con altos precios de las materias primas que exportamos. Petróleo en Venezuela y Ecuador, gas en Bolivia, cobre en Chile, cobre y otros metales en Perú, soya y carne en Argentina, soya y hierro en Brasil.

Eso tuvo dos efectos económicos y sociales. El primero fue que todos los países de la región tuvieron años de buen crecimiento económico y tuvieron más ingresos fiscales para invertir en obras y crear programas sociales. Cuando Ollanta Humala puso en marcha Pension65 sólo estaba copiando lo que antes hicieron Brasil y Bolivia, de la misma forma que programas como Juntos que dan dinero a las madres pobres (200 soles bimestrales en Perú) los hay en México, Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia. Los gobiernos de izquierda capturaron más de esa riqueza que venía de los mayores precios del petróleo o la soya para dársela a la gente, pero los gobiernos de centro y derecha también lo hicieron.

Luego cayeron los precios internacionales y las cosas se pusieron feas. Como varios gobiernos rojos y rosados llevaban ya varios años en el poder, acumulaban un desgaste fuerte. Escándalos de corrupción, en gobiernos de derechas y de izquierdas, salieron a luz tras el caso Lava Jato en Brasil. Si estos dos problemas ya eran gordos, una variable clave fueron las políticas macroeconómicas. Caso de éxito en la izquierda: Bolivia. Habían acumulado fuertes reservas fiscales y monetarias, aplicaron una política anticíclica, han seguido creciendo. Caso de éxito revertido: Ecuador. Correa hizo como Evo, pero salió, fue reemplazado por Lenin Moreno, aplicó un ajuste tipo FMI y ya vemos cómo terminó. Caso de torpeza completa con giro a la derecha: Dilma Rouseff aplicó un programa de ajuste tipo FMI y se fue por el caño. Caso complejo: la peronista Cristina Fernández vio cómo su economía se tambaleaba y aplicó políticas heterodoxas que tuvieron sus costos, pero la alternativa neoliberal de Macri fue claramente peor. Caso de torpeza completa por la izquierda: Venezuela. No habían guardado reservas, ahogado su industria y agricultura y golpeado a su gallina de los huevos de oro que es su producción petrolera; sufren una crisis continuada. Chile y Perú éramos los sobrevivientes, ambos seguimos modelos  neoliberales con un ligero tono social puesto tardíamente por Humala y Bachelet, guardamos reservas en los años de vacas gordas pero estúpidamente no las usamos en estos años de vacas flacas y por eso estamos parados.

Luego del boom de precios 2004-2013 llevamos ya más de un quinquenio sin que se repita el ciclo anterior. Para Perú y Chile no es que el precio del cobre sea desastroso, a 2,50 dólares la libra todavía está bastante por arriba de los costos de las minas peruanas (alrededor de 1 dólar la libra) y chilenas (cuyo costo es de 1 dólar 20), pero aun así es bastante menos que el 3,50 que tuvimos. Para Venezuela y Ecuador el petróleo cayó de 100 a 25 dólares el barril, algo brutal, y ahora en 50 sigue siendo la mitad de antes.

Esta realidad económica ha generado, en los gobiernos que giraron a la derecha, una presión que los ha acabado. Ecuador, Argentina, Chile, el propio Brasil, han seguido sin crecer económicamente. Hoy que nos vemos en el espejo de Chile, este es el segundo elemento clave que explica las protestas: su estancamiento. Desigualdad más estancamiento conforman el “síndrome del túnel”: ¿Cómo se sentiría usted si está en un túnel del que no se ve la salida, hay dos filas de carros y la otra fila empieza a avanzar mientras la suya sigue parada? La teoría del “síndrome del túnel” dice que en un primer momento contento, esperanzado porque dentro de poco usted avanzará, pero luego de un rato estará muy molesto porque los demás avanzan y usted sigue parado. Es lo que pasa en economías muy desiguales con estancamiento económico, donde para muchos la situación es particularmente dolorosa porque no ven salida hacia un futuro mejor.

Es por esa misma razón que en Estados Unidos los obreros están tan molestos y votan por Trump contra la globalización: mucha desigualdad y cero mejoras en dos décadas. Visto desde el lado opuesto, ¿por qué el pueblo chino no protesta a pesar de una desigualdad creciente? Una respuesta es: porque hay progreso para casi todos. Si volvemos la mirada a este pequeño país que habitamos, queda claro que la realidad del Perú está mucho más cerca de Chile que de China.

Por cierto, esta misma dificultad macroeconómica no le da respiro a Venezuela y va a generarle muy serios problemas a Evo Morales y a los Fernández en Argentina. Bolivia ha venido gastándose su “chanchito” para sustentar una política anticíclica que les ha permitido seguir creciendo, pero su alcancía se está agotando. Las opciones tampoco son fáciles para el nuevo gobierno argentino que hereda una economía en crisis y escaso margen de acción.

Chile y Perú podrían hacer otra cosa: aplicar un fuerte programa de reactivación, con inversión pública que genere empleo y presupuesto para educación, salud y derechos sociales. Hay los fondos públicos para eso y se podría empezar a redistribuir la riqueza que se ha dejado acumular en pocas manos. No nos lo impide la falta de recursos sino la ceguera neoliberal y la ideología del ajuste tipo FMI de quienes nos gobiernan. Quizás Chile, nuevamente, sea quien abra trocha.

UN MUNDO NUEVO

Una vez más vemos que economías basadas en la exportación de materias primas tienen pies de barro. Dicen que destacamos en crecimiento a nivel de la región pero en el Asia hay 3 mil millones de personas, cien Perús, avanzando mucho más rápido. Más que contentarnos por encabezar el pelotón de los rezagados debemos preocuparnos por alcanzar el grupo que va adelante.

Mientras exportamos piedras una nueva revolución tecnológica que empieza con el 5G, el internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial nos agarra al garete. Seguimos pasivos esperando a ver cómo desembarcan nuevos conquistadores a nuestras costas y que rol nos asignan. Para muestra un botón: ahí están las nuevas apps de transporte y reparto en bicicleta y moto, explotando jóvenes  y añadiendo riesgo a un tránsito desordenado, mientras no se piensa cómo aprovechar la masiva cantidad de datos acumulada por esos aplicativos para mejorar el tránsito.

Somos críticos de un modelo neoliberal centrado en que las trasnacionales se lleven nuestros recursos naturales y nos abusen como consumidores. Algunos creen que cualquier cambio es peligroso y que debemos proseguir con las políticas económicas de Fujimori. El miedo los paraliza. Pero el cambio ya está aquí; seguir con la misma política de ajuste fiscal y de “dejar hacer dejar pasar” es hacer como la avestruz que esconde la cabeza bajo tierra buscando tontamente evadir la realidad. En lo inmediato debemos reactivar la economía y ponerle presupuesto fuerte a los derechos sociales, pero es indispensable que tengamos un nuevo norte estratégico para nuestro aparato productivo, uno que aproveche la nueva revolución tecnológica para crear empleos, empleos y más empleos.