A nuestra propia realidad de desempleo y estancamiento económico de los últimos cinco años, se suma ahora el espejo de Chile para darnos un claro mensaje: hacen falta cambios urgentes para combatir la desigualdad y darle esperanzas al pueblo. Vizcarra no parece darse cuenta y ha sacado medidas muy limitadas, mientras que la política macroeconómica sigue sin cambios. Serio error.
DOS DECRETOS DE URGENCIA
La semana pasada salieron dos decretos de urgencia de relevancia: uno sobre medicamentos genéricos y otro referido al control de las compras de empresas competidoras para formar monopolios.
El problema de las medicinas es duro para mucha gente: a menudo el Seguro Integral de Salud o EsSalud no las tienen y mandan a los asegurados a que las compren. En las farmacias nos enfrentamos a precios elevados; yo mismo lo he comprobado porque mi esposa necesita tomar permanentemente levotiroxina (ella es hipotiroidea) y ese remedio lo he comprado en Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y hasta en Cambodia a la mitad del precio que en Perú. Abusan de nosotros dos jugadorazos, las grandes trasnacionales farmacéuticas y la cadena de boticas monopolizadas cuyo dueño es el mayor billonario del Perú, Carlos Rodríguez Pastor. Es un negocio de 2 mil millones anuales.
El gobierno presentó en junio un proyecto de ley para que todas las farmacias estuvieran obligadas a vender medicinas genéricas que son mucho más baratas, proyecto que el congreso fujimorista encarpetó. Ahora el gobierno lo ha sacado por decreto de urgencia pero severamente recortado. Hay más de 900 medicamentos esenciales pero las cadenas de boticas sólo deberán tener 40 remedios genéricos. Esta obligación solo se impondrá entre marzo y diciembre 2020, apenas nueve meses, y eso con multas por incumplimiento con un tope de 8 mil soles que al monopolio de Inkafarma no le hace ni cosquillas. No se levanta el monopolio que hoy imponen patentes de medicinas para el VIH/SIDA y el cáncer por las que pagamos precios exorbitantes. El lobby realizado por las farmacéuticas a través del Ministerio de Economía y Finanzas ha sido efectivo.
El otro decreto de urgencia establece que cuando una gran empresa quiera comprar a otra para conformar un monopolio, el estado pueda frenarlo. En Estados Unidos una ley similar, la ley Sherman, existe desde el siglo XIX. Casi todos los países desarrollados y la mayoría de países latinoamericanos tienen una ley anti-monopolios. Durante años la oposición de la Confiep y del neoliberalismo enquistado en el MEF lograron frenar su discusión y aprobación; en mayo pasado cuando estaba por aprobarse en el congreso quien saboteó su aprobación fue Miguel Ángel Elías, congresista fujimorista entonces presidente de la “comisión de defensa del consumidor”. Elías ya tenía su prontuario: el ex gobernador fujimorista de Ica Fernando Cillóniz lo señaló como corrupto y su hermano (que fue congresista fujimorista antes que él) es dueño de una de esas universidades–estafa que carecen de licenciamiento de Sunedu pero igual están exoneradas de pagar impuestos. Es un avance que se haya promulgado esta ley, pero su gran limitación es que no se aplica a los monopolios ya existentes, como los de la cerveza, la leche evaporada y las cadenas de boticas, por ejemplo, que pueden seguir abusando de los consumidores.
LA MINISTRA, SU VERDAD Y SUS CONTRADICCIONES
El problema principal es que, a pesar de que se agrava la falta de empleo y el estancamiento de la industria y la producción en general, va a continuar la misma política económica. Eso queda muy claro de la entrevista a la ministra María Antonieta Alva publicada este domingo, en la cual insiste en una política de ajuste fiscal que mantendrá aguantada la inversión pública.
Cuando a Alva le preguntan si “es momento de grandes reformas”, responde que el “tema importantísimo es la consolidación fiscal”, el nuevo eufemismo para los ajustes fiscales que dejan sin fondos a las diversas dependencias públicas. Cuando le recuerdan que el presidente Vizcarra anunció el 28 de julio pasado que el Seguro Integral de Salud sería para todos los peruanos, lo que evidentemente requiere un fuerte aumento presupuestal, Alva responde que “al SIS ya se le dio un incremento de presupuesto…el monto del presupuesto ya está cerrado”. Al insistírsele sobre la promesa de Vizcarra sobre el SIS que tiene ya más de dos meses de formulada, ella responde que “en el caso del SIS, estamos trabajando en la propuesta. Todavía no está cerrada como Ejecutivo”. Si juntamos ambas frases, queda claro que el presupuesto para el SIS está cerrado y que el anuncio presidencial de 28 de julio es sólo “una propuesta” que “todavía no está cerrada”. Es evidente que se trata del mismo MEF que se siente todopoderoso y que en aras de mantener restringido el gasto social no se frena en desmentir al propio presidente.
La gran promesa de Alva, nada nueva, es que aumentará la recaudación fiscal, es decir que entrará más dinero al fisco. Pero no dice una palabra sobre ponerse firme frente a las exoneraciones y beneficios tributarios especiales que tienen las empresas mineras, petroleras, bancos, universidades-negocio y agroexportadoras, a quienes incluso el gobierno considera extenderles el privilegio que tienen de pagarle menos no solo al tesoro público sino incluso de recibir un subsidio cruzado de los trabajadores afiliados a la seguridad social – EsSalud. En un contexto de desaceleración de la economía internacional y de caída del precio del cobre y otros minerales, es iluso pensar que el estado cobrará más impuestos sin tomar medidas fuertes ante los grandes sinvergüenzas de siempre. No es de extrañar que las proyecciones oficiales del BCR, de apenas un mes atrás, sean que el 2020 tendremos el mismo nivel de presión tributaria que el 2019, en franca contradicción a los anuncios periodísticos de la ministra de economía.
Tras insistir en la “consolidación” – léase ajuste – fiscal, Alva dijo que “nuestra meta de crecimiento de la inversión pública el próximo año es 9%”, pero a esta tasa hay que descontarle la inflación para verla de manera real. Para el BCR la inversión pública el 2020 sería apenas 0,1% del PBI mayor que este año, no alcanzaríamos ni al 4,3% del PBI del 2018, tasa que ya fue muchísimo menor que el 5,5% que tuvimos unos años atrás. Es un aumento raquítico. Para esa meta ridícula, ¿qué sentido tiene anunciar un paquete de medidas para un supuesto “destrabe” de las inversiones, los mismos que ya han sido anunciados cantidad de veces en los últimos tres años y medio? ¿De qué sirve un pomposo “Plan nacional de infraestructura” si el manejo presupuestal asegura que muchas obras seguirán durmiendo un profundo sueño hasta que algún consorcio empresarial de dientes afilados promueva una “Alianza Público-Privada” en la que luego podrá sacar jugosos arbitrajes a su favor para saquear el tesoro público?
De manera tristemente contradictoria la ministra Alva también ha dicho que “lo que tenemos como margen de maniobra ahora como gobierno es la inversión pública”. En esto tiene razón y le da sentido a su anuncio de que “ahora estamos tratando de dar celeridad a la ejecución de la inversión pública”. Pero como ya escuchamos ese mismo discurso varias veces somos bastante escépticos al respecto. No es un asunto de capacidad y no hace falta escudriñar los currículums y desempeños de la ministra Alva y del gabinete en general. Es un asunto de política. Porque si el gobierno se tomara en serio lo de acelerar las obras públicas ¿Por qué no aumenta fuertemente el presupuesto de inversiones? La ministra Alva sabe, porque es cuestión de una simple suma, que si mantiene las exoneraciones tributarias y hace un ajuste fiscal, no hay forma de aumentar el gasto de inversión pública, que no nos tome por tontos.
TODOS LOS PERUANOS SÍ VALEMOS LO MISMO
Nada de esto ha sido resaltado por los medios y analistas que han puesto el foco en la frase de la ministra Alva diciendo que: “El problema del Perú es que todavía la gente no vale lo mismo”. A mí no me parece una frase feliz, porque yo creo que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, como dice el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O como dice la primera frase de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 “Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Todas las personas valemos lo mismo, ahora y siempre, aunque algunos no lo reconozcan.
Quiero pensar optimistamente, sin embargo, que María Antonieta Alva quiso recalcar que la sociedad peruana mantiene discriminaciones e inequidades inaceptables. Muy bien que recuerde ese tremendo y profundo problema nacional. Lo que no puedo convalidar es que la ministra de economía resalte las desigualdades persistentes y al mismo tiempo impida que el Seguro Integral de Salud pueda dar atenciones básicas para todos. Lo que me parece incongruente es que haga presente las inequidades existentes mientras facilita que las trasnacionales lobbistas y el mayor billonario del Perú sigan cobrando precios abusivos por las medicinas. Lo que no atraco es que se afirme que todos debemos valer lo mismo pero la falta de empleo y los salarios bajos no sean considerados un problema a enfrentar con urgencia.
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