Es esencial tener un Estado que responda a las necesidades de la población y que promueva eficazmente el desarrollo nacional. Lo mejor no es un “Estado mínimo” como propugna el neoliberalismo. Requerimos derecho a la salud, a la educación y a la seguridad social, una buena infraestructura de transportes, comunicaciones y energía, promoción de la competencia y un sistema financiero inclusivo, desarrollo científico y tecnológico, regulaciones que cuiden el ambiente y un buen sistema de justicia.

Afrontar estos retos requiere presupuesto y para eso es necesaria una reforma tributaria. Hay neoliberales que, cuando se trata de los derechos sociales, insisten en que el Estado puede darnos servicios de calidad sin los recursos necesarios. Debemos recordarles a su gurú Milton Friedman: No hay lonche gratis; se necesita presupuesto. Claro que es igualmente necesaria una buena gestión pública para lograr “calidad del gasto”. Todo parece indicar que, a ese respecto, en este momento vamos como el cangrejo.

MERITOCRACIA Y TECNOCRACIA

El diagnóstico compartido es que el estado peruano es bastante ineficaz. Sin embargo no todo es malo. Se han logrado “islas de excelencia” en el estado y reformas importantes como en educación universitaria. Desde hace varios años se vienen dando luchas contra la corrupción con el equipo de fiscales “Lava Jato”. El año pasado nuestro sistema de salud, con todas sus deficiencias estructurales, llevó a cabo una campaña de vacunación contra al Covid con buenos resultados, evitando que la tercera ola tuviera el efecto devastador de las dos primeras. Haber logrado un crecimiento del 13,3% y 400 mil empleos formales nuevos creados en cinco meses es también un logro relevante, en el que la política económica y la gestión fiscal han jugado un rol. Sin embargo, por intereses partidistas y personales el cerronismo, el fujimorismo y sus aliados desconocen estos avances importantes que debemos mantener, bajo una supuesta crítica a los “caviares”.

En otras áreas, los déficits de gestión pesan mucho. Para hacer los cambios esperados, necesitamos en puestos de responsabilidad a personas comprometidas y calificadas. La experiencia adquirida en décadas de trabajo y en intensos meses de lucha contra el Covid no puede sustituirse fácilmente. Es un grave error “tirar al bebé junto al agua sucia de la bañera” y peor si es parte de una nefasta repartija que privilegia intereses personales y de grupo a los intereses nacionales. Esto no es un cambio, es más bien la repetición de lo peor de nuestro pasado, simplemente a cargo de otros actores.

Por el contrario, para hacer las reformas debemos recoger las capacidades acumuladas en el estado.  En mi gestión en el ministerio de economía y finanzas, por ejemplo, de las once direcciones generales sólo pedimos la renuncia a dos de ellos, los cuatro viceministros anteriores siguieron trabajando en el sector, cambiamos apenas a uno de los seis jefes de organismos adscritos y a ninguno de las empresas vinculadas. El actual ministro Oscar Graham, por ejemplo, ha sido director general varios años y continuó siéndolo durante mi gestión; en diversas políticas podemos discrepar pero trabajamos bien juntos en el área de su especialidad. Alex Contreras, a quien nombré viceministro de economía, venía de ser director de política macroeconómica del MEF en las tres gestiones anteriores. Una de las principales iniciativas que tomamos, la referida a la reforma tributaria – que el Congreso paró – la elaboramos con un director y un equipo muy capaz que tiene más de una década en el MEF, al que reforzamos con un grupo de asesores. Aprovechar la experiencia acumulada y la capacidad profesional existente es fundamental.

¿Esto impide los cambios? La propuesta de reforma tributaria que presentamos es muy sólida precisamente porque se basa en un trabajo profesional de años. Al revés, el nombramiento de personas no calificadas lleva a errores y retrocesos, como se ha visto estas semanas en el ministerio de salud y su impacto en la vacunación. Si hay personas que frenan reformas necesarias, claro que amerita cambios, pero siempre asegurando una alta calificación en los cargos directivos.

Cuando optamos por hacer cambios, buscamos profesionales altamente calificados. Un par de ejemplos: Gustavo Guerra-García, el viceministro de hacienda, había trabajado antes en el MEF, tuvo un cargo de viceministro y es un experto reconocido en finanzas públicas, reformas sectoriales y proyectos de inversión. En el BCR, junto a la ratificación de su presidente Julio Velarde, nombramos tres directores altamente calificados al directorio. De esta manera, buscamos que en la política fiscal y en la política monetaria, los dos temas esenciales de la política macroeconómica, tuviéramos la mejor gestión posible.

En el caso de las empresas públicas, el esfuerzo debe ser mejorar su gobernanza, que en toda empresa moderna pasa por un buen directorio y una gerencia independiente de éste. Este principio fue violentado en el caso de Petroperú con la designación por parte del directorio de Hugo Chávez como gerente general, lo que junto a irregularidades y la resistencia a una auditoría independiente, amerita el cambio de todo el directorio. En FONAFE, el organismo del Sector Economía encargado de supervisar las empresas públicas, mantuvimos la política que se viene aplicando hace algunos años de nombrar directores independientes, es decir no designados directamente por algún ministro, en base a una selección de los más capaces, lo que les da profesionalismo y estabilidad a los directorios.

El reemplazar funcionarios capaces por “gente de confianza” sin la formación necesaria no sólo es un retroceso en calidad de gestión; muchas veces además esos nombramientos están al servicio de redes de corrupción. Hemos visto reiteradas veces en nuestra historia como, cuando un presidente o ministro quiere robar, se apoya en incondicionales que convocan licitaciones amañadas, acomodan las normas y firman los contratos a su conveniencia. Desde luego, este riesgo es mayor cuando se nombran personas cuyo currículum está manchado; el pretexto del cambio, la lealtad política o la “confianza” no justifica nunca esas designaciones. Hay demasiada deshonestidad en el aparato público y por eso debemos atesorar a los funcionarios probos.

LOBBIES Y CAPTURA DEL PODER

También existe la captura del poder, por lobbies y cerradas redes de personas vinculadas a grandes intereses. Francisco Durand ha documentado con minuciosidad estos mecanismos. Hemos visto personas que pasan de ser directores, abogados o gerentes de empresas a dirigir los organismos que las regulan. Cabe dudar, legítimamente, de si en esa transición defenderán el interés nacional o el de sus pasados – y posiblemente futuros- empleadores. Hasta se ha comprobado que hubo decretos elaborados en estudios privados de abogados y en la empresa Coca-Cola.

Este tipo de comportamientos no se limita al Poder Ejecutivo, también está presente en el Congreso. Los legisladores que buscan traerse abajo la reforma universitaria son los dueños o contratados por esas universidades-bamba. Cuando la bancada keikista tenía mayoría en el congreso durante los años 2016-2018, trabajó arduamente para frenar leyes que afectaban a sus financistas; un caso notorio es el de Dionisio Romero: como él entregó 3 millones 700 mil dólares en maletines a Keiko, ella se fajó con su bankada para impedir que salieran los octógonos informativos que golpeaban el negocio de Alicorp, monopolio de Romero. La bancada fujimorista ha sido en estos meses pasados la mayor opositora a que los millonarios mineros paguen impuestos justos y coincidentemente han sido también quienes recibieron cientos de miles de dólares de Roque Benavides.

Frente a la corrupción y a poderosos intereses, no podemos oponer incapaces pero tampoco una tecnocracia encerrada en una torre de marfil. La democracia no son sólo elecciones sino también que las decisiones públicas respondan a los derechos humanos y a la voluntad de la población, para lo cual se necesita la participación de la ciudadanía. Cuando en el MEF recibimos directivas sindicales y alcaldes de distritos rurales, o fuimos directamente a Purús o Caballococha, había sorpresa: no se esperaba que un ministro de economía saliera de su cerrada oficina, desde la cual– dicen algunos – debía imponer “sensatez” a todos los demás ministros, congresistas y poderes del estado. Me congratulo de haber puesto un granito de arena por abrir el MEF al diálogo con diversos sectores, algo en lo que insistí tercamente. Sólo así se ha pido abrir las puertas a nuevas políticas como la negociación colectiva de los trabajadores estatales y defender junto a los alcaldes la inversión pública descentralizada.

IZQUIERDA Y BUENA GESTIÓN PÚBLICA

Hemos visto esta semana al cerronismo, que se considera la “verdadera izquierda”, defender la mala gestión y falta de transparencia en Petroperú. Han buscado encubrir su defensa de cuotas de poder personal, acusando de neoliberales a quienes criticamos una pésima gestión en Petroperú. Para quienes queremos un mejor estado defensor de los intereses nacionales, es muy negativo que supuestos izquierdistas busquen ocultar su incapacidad y corrupción bajo falsas banderas ideológicas.

Promovemos que haya un mejor Petroperú porque queremos un Estado eficiente. En materia energética el Estado tiene un rol importante que jugar, para dejar de estar a merced de Repsol y el Consorcio Camisea. Necesitamos avanzar en soberanía energética, masificar el gas peruano de tal manera que llegue a bajo precio a la mayoría de hogares del país y acelerar la producción de energías limpias. Estas políticas, hoy que tenemos un precio internacional del petróleo al alza y un cambio climático galopante, son más urgentes que nunca. Por eso mismo, no debemos cejar en la lucha por una gestión pública absolutamente honesta y de alta capacidad.

Hoy salió publicado el informe del FMI sobre algunas medidas claves de la Reforma Tributaria que necesita el Perú. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/03/21/Peru-Technical-Report-Proposals-for-the-2022-Tax-Reform-Mining-Sector-Fiscal-Regime-Capital-515496. ABRO HILO CON FRASES SELECCIONADAS, traducción propia

SOBRE LA NECESIDAD DE LA REFORMA TRIBUTARIA

“La recaudación es comparativamente baja en relación a otros países en la región… Esto limita la expansión de la infraestructura y de programas de desarrollo social.. Aumentar la recaudación mejorando la progresividad parece ser la orientación correcta”

IMPUESTOS A LA MINERIA

“Perú es un país atractivo a la inversión extranjera en minería”. “El régimen permite un espacio (moderado) para aumentar la carga tributaria sobre el sector sin perder competitividad internacional”

“Modificar los tramos y tasas de las Regalías y el Impuesto Especial a la Minería hace posible escalar los cambios en los parámetros manteniendo la posición competitiva del régimen fiscal en Perú” “Los parámetros sugeridos.. mantendrían el retorno a los inversionistas en nivel atractivos” “Este aumento en la carga tributaria mantendría al Perú en el rango medio de otros países mineros, ya que su posición relativa no se modificaría”

Nota: los cálculos han sido hechos para un precio del cobre 3,50 la libra y del oro de 1,550 la onza, precios ampliamente superados los últimos meses.

INGRESOS Y GANANCIAS DE CAPITAL

“Los ingresos  ganancias de capital en Perú están muy concentrados en los de mayores ingresos… Menos del 1 por ciento de contribuyentes gana el 75 por ciento de ingresos de 1ra y 2da categoría.. El impuesto en estos ingresos es regresivo por diseño”

“La intención del gobierno de elevar (y estandarizar) la tasa sobre ingresos y ganancias de capital al 10% (como máximo) puede justificase por equidad y (aunque marginalmente) para elevar la recaudación”

ALQUILERES

“Una opción de política es alinear los ingresos de alquileres a los ingresos por trabajo. Si se aplicara a los alquileres las tasas que pagan la 5ta categoría, la recaudación se duplicaría a potencialmente 1,150 millones de soles. ..el efecto sería progresivo porque la recaudación adicional vendría de los grupos con ngresos de 15-20 UITs y más, con 80% del aumento proveniendo de personas con ás de 80 UITs (que son menos del 0,5% del total de contribuyentes). ..tanto en Mexico como en Chile, los ingresos de alquileres se añaden al ingreso total al que se le aplica las tasas progresivas aplicables a personas naturales.

Recomendaciones: Enmendar el sistema actual plano de tasas para alquileres, para hacerlo progresivo aplicando la misma tasa que a rentas del trabajo (4ta y 5ta categoría).

Recomendación: elevar la tasa a dividendos recibidos por individuos y extranjeros hasta un máximo de 10% (la tasa mínima acordada en Tratados)

Han pasado dos años desde el inicio de la pandemia y nuestro país ha acumulado 250 mil muertos, aunque hemos finalmente logrado una amplia vacunación. La economía y el empleo formal se fueron al piso el 2011 pero lograron recuperarse plenamente el segundo semestre del año pasado; la pobreza sin embargo sigue fuerte sobre todo en esa amplia mayoría de informalidad y sobrevivencia económica en el autoempleo. Estamos finalmente regresando a clases presenciales, no sin dificultades y arrastrando nuestros niños y niñas serios problemas y déficits educativos. La inseguridad ciudadana y el transporte caótico han regresado, pareciera con ánimos recargados de hacernos la vida más difícil.

En todo este tiempo, las enormes desigualdades e injusticias sociales que laceran nuestra patria se han manifestado con crudeza. Acceder a oxígeno o a una cama UCI, y por lo tanto a mantenerse con vida, en muchos casos sólo fue posible si se pagaba sumas exageradas, que no estaban al alcance de todos y revertían en beneficio de unos pocos. La pérdida de empleos e ingresos fue muy dura para los más pobres, los informales y los que no han podido asegurar sus derechos laborales por diversas razones. Los niños y niñas en muchos poblados rurales no tenían tabletas o no tenían internet para acceder al ´Aprendo en Casa´. Los créditos de apoyo tampoco llegaron a muchos microempresarios que lo necesitaban, debido a que tenemos un sistema financiero poco inclusivo.

La vacunación universal gratuita, la entrega de bonos de una manera amplia, los programas de empleo temporal, las medidas en favor de controlar la evasión y elusión tributaria, el cobro de más de 6,500 millones a grandes deudores del fisco, el apoyo a las instituciones de microfinanzas y el permitir el factoring para las pymes, la entrega de pensiones a quienes han aportado 10 y 15 años, han sido algunas acciones realizadas el año pasado que van en el sentido de la igualdad. Pero la mayoría han sido apenas medidas de emergencia, claves ante la situación vivida, pero no podemos quedarnos ahí; hace falta mucho más.

Sucede además que nuevos problemas no paran de venir, y no son sólo los derrumbes y desastres que en esta temporada, como todos los años, azotan diversas localidades del país. Me refiero a la guerra de Rusia contra Ucrania que, aunque beneficia a las grandes empresas mineras con mejores precios internacionales, golpea a la enorme mayoría de peruanos con alzas de los combustibles, el pan y el aceite, cuestión frente a la cual el gobierno no puede dejar de responder con un sentido social. Si se suma a esto el alza de tasas de interés del Fed (el BCR estadounidense), tenemos en marcha un golpe recesivo que requiere ser contrarrestado con una lógica macroeconómica de generación de empleo. Hay que estar muy alerta también frente a una cuarta ola del Covid, que tiene una nueva alza fuerte de casos en China y en Europa, posiblemente asociada a la variante Omicron B2, situación que resalta la gran importancia de seguir poniendo todo el énfasis en completar la tercera dosis, o dosis de refuerzo, que tiene aún coberturas muy bajas en muchas regiones del país, y también de ir preparando la cuarta dosis.

VOLVER AL PASADO

Frente a esta situación hay quienes quieren dicen que la política económica de los últimos treinta años fue buenísima, como si la escasez de presupuestos para salud no tuviera nada que ver con la falta de médicos, hospitales y oxígeno, y tampoco tuviera nada que ver con los privilegios y ventajas tributarias otorgadas a las grandes mineras ni con la evasión y elusión tributaria de quienes poseen grandes fortunas. Como si el haber sido permisivo con los monopolios y los abusos de empresas privadas no estuviera atrás de la falta de oxígeno y las facturas elevadísimas por camas UCI. Como si la corrupción no se hubiera dado con todos esos presidentes neoliberales y Odebrecht no hubiera tenido como socia preferida a Graña y Montero, en cuyo directorio de sentaba quien fuera ministro fujimorista otorgador de exoneraciones tributarias a la agroexportación y luego secretario general del partido fujimorista.  Como si las AFPs fueran la gran maravilla.

Una política donde lo ´social’ de la ‘economía social de mercado’ que establece la Constitución no vale un cobre, como ha pasado en décadas anteriores, tendría consecuencias negativas sobre la desigualdad este año. Porque esa política de libre mercado quiere decir que nuestra economía bailará al son de las tendencias internacionales. Los mejores precios del cobre, el oro y el zinc, servirán principalmente para engordar los bolsillos de las mineras que en el último año ya han percibido 17 mil millones de dólares de ingresos extraordinarios, que les han caído del cielo cual lotería sin que hayan tenido que invertir un sol más, relegando al fisco y las necesidades de salud pública, educación y obras regionales. Por otro lado, el alza en el precio mundial del petróleo, ya en 130 dólares el barril, aumenta el precio de los combustibles – ya la gasolina y el diésel subieron el 10 de marzo pasado en 12 por ciento – afectando a los transportistas y empujan la inflación a lo largo de toda la cadena logística. También la subida del precio del trigo ya hizo que el pan pase de 5 panes por sol (20 céntimos cada uno) a 4 por un sol o hasta 30 céntimos la unidad; se suma a eso el alza del maíz y el pollo, y de los aceites, y tenemos un fuerte golpe a las economías populares. Se benefician pocos, se afecta la mayoría. La desigualdad aumenta. Y este golpe a los pobres viene cuando todavía no se han recuperado del golpe del Covid, cuando el empleo formal se ha recuperado pero los ingresos informales no, y cuando una caída en la economía mundial afectará a nuestras exportaciones no tradicionales y el turismo, sectores importantes en la generación de empleos.

Ya sabemos la respuesta ideológica ante esta situación: la desigualdad no importa, el sufrimiento de muchas familias no importa, debemos dejar que las mineras se lleven todas las sobreganancias extraordinarias obtenidas de pura suerte por una guerra que nadie previó, porque sólo así vendrá la inversión privada. Pura ideología: no hay estudio alguno que la respalde; lo que sí sabemos es que cuando los precios de los metales suben la inversión privada, minera y no minera sube, lo cual no debe llamar la atención a nadie porque su rentabilidad sube. De hecho, el 2021, el año en que la derecha y la Confiep bramaban contra un supuesto gobierno comunista, la inversión minera creció fuertemente, y la no minera también. Como está a la vista, y las propias empresas mineras lo dicen, el principal problema que afrontan no son los impuestos sino la conflictividad social, que es adonde hay que poner el foco. Y en términos de comparación internacional, un estudio encargado al FMI dice claramente que el Perú puede subir impuestos a la minería sin perder competitividad frente a otros países.

Vale aclarar que no es cierto que los impuestos sean una especie de expoliación; son nada menos que la base del Estado de Bienestar. Esas sobreganancias mineras en su mayoría no se quedan en el Perú sino que se van al exterior, ya sea como remesas de las trasnacionales, ya sea porque los grandes grupos de poder económico nacionales prefieren llevarse sus riquezas a algún paraíso fiscal. Por eso, cuando se pone un impuesto a las sobreganancias mineras no es cierto que la economía nacional pierde dinero y se frena; más bien con esos recursos el estado puede invertir en salud y educación y así ampliar el mercado nacional.

El asunto de fondo, en términos económicos, es este: ¿es mayor el crecimiento cuando hay una enorme desigualdad, los trabajadores son explotados, las empresas pagan mínimos impuestos y las ganancias se quedan en pocas manos? La respuesta de la ciencia económica es la inversa: los países crecen más cuando la desigualdad se reduce, sobre todo cuando se logra que haya salud y educación para todos y se aumenta así el capital humano, y donde hay un sistema de seguridad social y de pensiones de cobertura universal que nos brinde seguridad económica y permita a todos invertir sin jugarse la vejez en una timba. Para que eso suceda, el estado debe poder cobrar más impuestos a quienes concentran la riqueza y asignarlo a la inversión social. El asunto es que de esta manera no sólo podemos avanzar en los dos objetivos de redistribuir y crecer de manera independiente; ambas políticas se refuerzan y tendríamos una mejor distribución aceleradora del crecimiento.

GOBERNABILIDAD Y CAMBIOS

No es sólo en economía, por cierto, donde se ve como aumenta desigualdad y los poderes económicos refuerzan su dominio. Un fallo del Tribunal Constitucional pone en cuestión el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. El desastre ambiental de Repsol fue hace más de dos meses y ni el gobierno ni el Congreso ni la justicia han respondido con la fuerza necesaria. Con tal de quedarse en el cargo, el ministro de salud lanza elogios al responsable de haber esterilizado forzosamente a miles de mujeres. La remuneración mínima vital sigue sin subir cuando estamos ya por terminar el tercer mes del año.

En favor de ese “libre mercado” como un río revuelto donde ganan los más pillos están en acción grandes fuerzas: la ultraderecha congresal, la repartija, la corrupción y el desgobierno. Es tiempo de que la ciudadanía vuelva a alzar fuerte su voz. Hay que mantenernos firmes en la lucha por los cambios que el Perú necesita, para que la justicia social con oportunidades para todos se abra camino y donde el crecimiento y la reducción de desigualdades vayan de la mano.

Hoy, a invitación del ministro Graham, nos reunimos en el MEF con algunos ex-ministros y él, para hacerle llegar nuestras opiniones y consejos.

Sobre la economía, señalé que me preocupa el alza en los precios de los combustibles, el pan, fideos y aceites, afectados por los precios internacionales producto de la guerra, que tienen un efecto empobrecedor y recesivo. A eso se suma el riesgo de una cuarta ola del Covid, dado el aumento de casos en varios países europeos y China las últimas semanas.

Dado lo incierto de la situación internacional y los múltiples retos que esta nos plantea, hay que tener mucha flexibilidad y capacidad de respuesta frente a estas nuevas amenazas. Necesitamos tener recursos para una mejor respuesta a las necesidades sociales y de salud que se han vuelto más acuciantes, en especial para recuperar un fuerte ritmo de vacunación, y al mismo tiempo seguir actuando con responsabilidad fiscal. Para ello, dado el aumento simultáneo de precios del cobre y otros metales, insistí en la conveniencia y justicia de un aumento en los impuestos a la minería, habiendo espacio para hacerlo sin afectar la competitividad de acuerdo al informe hecho al respecto por el FMI.

Consideré necesario también resaltar la muy delicada situación de ingobernabilidad, que afecta la confianza de los inversionistas y el crecimiento, lo que considero se ha agravado con el reciente fallo del TC de liberación de A. Fujimori que va contra criterios básicos de justicia.

Agradezco la oportunidad de intercambiar opiniones y hacer llegar propuestas necesarias.

La guerra es un monstruo grande y pisa fuerte sobre la gente. La guerra de Rusia contra Ucrania es execrable, como lo han sido todas las invasiones con afán imperialista. En este artículo, sin embargo, vamos a concentrarnos en sus consecuencias de corto plazo para la economía peruana y las respuestas posibles.

Esta guerra viene impactando sobre los mercados internacionales de materias primas. Primera mala noticia: el precio del petróleo, que el año pasado había subido de 60 a 80 dólares el barril y este año había vuelto a subir a 90 el barril, ya superó los 110 dólares el barril y algunos pronostican puede llegar a 150. Esa alza eleva el precio interno del diésel y las gasolinas, golpeando fuerte a los transportistas y dando un nuevo empujón inflacionario sobre todos los precios de consumo. También sube el precio del gas, afectando el precio del GLP, es decir, los balones de gas que consumimos en nuestros hogares. Mala noticia 2: el precio internacional del trigo, con cuya harina hacemos pan y fideos, que también había subido de 550 a 700 al inicio de este gobierno, ahora está en 1,200 y subiendo. También están subiendo fuertemente el precio del maíz (insumo principal para la producción de pollos y huevos) y de los aceites vegetales. La razón de estas alzas es que Rusia es un gran producir y exportador mundial de petróleo y gas, y que sumando Rusia y Ucrania exportan el 29 por ciento del trigo, el 18 por ciento del maíz y el 78 por ciento de aceite de girasol, la mayor parte por el mar Negro vía puertos en la zona en guerra. Todo esto suma un impacto grande sobre los precios de los consumidores, cuya duración es incierta pero puede ser bastante larga dados los escenarios de conflicto y las sanciones económicas aplicadas contra Rusia. Otro grupo afectado serán los agricultores, ya que los precios de la urea y los fertilizantes nitrogenados, que ya habían subido muy fuerte, van a subir aun más ya que Rusia abastece cerca de una sexta parte del mercado mundial.

Hay, sin embargo, una buena noticia: también suben los precios de los metales- El precio del cobre, que antes de la pandemia estaba debajo de 3 dólares la libra con lo que todas las empresas mineras hacían buenas ganancias, luego subió hasta encima de 4 dólares con 30 centavos y ahora ya superó los 4 con 80 centavos, debido a que Rusia es también importante productor de cobre. El precio del oro, que antes de la pandemia estaba en 1,500 dólares la onza ahora está cerca de 2,000, debido a que ante el miedo la gente siente es un refugio de valor. También el zinc, otro metal que exportamos bastante, bate récords en el precio.

SE PUEDE EQUILIBRAR CON POLÍTICAS ADECUADAS

Puede pensarse que si se pierde por un lado y se gana por el otro, no hay tanto problema. El asunto es que cuando los precios de los metales suben, las ganancias se concentran en las grandes empresas propietarias de las minas, muchas de ellas trasnacionales. Sólo una parte minoritaria, alrededor del 40 por ciento, revierte al estado peruano en forma de regalías e impuestos. Por otro lado, el alza de precios del petróleo, el pan, el pollo y el aceite golpea con mucha fuerza a quienes están en pobreza o cerca de ella. Unos pocos ganarán mucho, la gran mayoría y los pobres sufrirán.

Estos efectos ya los vimos en los meses pasados. ¿Cómo se puede responder a esta situación? Para las familias, la mejor política son los llamados “bonos”, transferencias directas de dinero a quienes más lo necesitan; una medida complementaria son programas de empleo temporal, muy eficaz en contextos de recesión y alto desempleo. En el Perú, donde la salud es tan costosa para los pobres por los grandes déficits de la salud pública, asegurar una buena atención y medicinas gratuitas quitaría una gran carga económica a las familias más vulnerables.

La opción de un subsidio generalizado para que la gasolina no suba hace que, aunque los transportistas evitan costos mayores y el pasaje urbano puede aguantarse un poco, se benefician más quienes tienen carros de lujo, 4 x4 o yates, que no son precisamente pobres.  Si se asigna fondos para que la urea no suba de precio, quienes más se benefician son los grandes agroexportadores y productores, que usan mucho fertilizante, y llega muy poco el campesino pobre que usa más abono orgánico. Además, los subsidios promueven que se use más algo que es caro, mientras que con los bonos las familias buscan gastarlo en lo que es más barato para que les rinda más. Sin embargo, en determinados contextos políticos, algunos subsidios usados con cuidado pueden ayudar.

Además de todo el proceso de identificación y pago, otorgar bonos, empleo temporal o medicinas gratuitas para ayudar a los más necesitados requiere algo fundamental: presupuesto, y para ello, se necesitan más ingresos públicos. ¿De dónde podrían salir? Si hay un sector, como la minería, que viene recibiendo ingresos extraordinarios, como quien se saca la lotería sin haber invertido montos adicionales para ello, sería justo que ellos aporten más. Ya antes de esta última alza de los metales, las empresas mineras habían logrado 17 mil millones de dólares de ingresos extraordinarios, y los impuestos que pagan al estado peruano según un estudio del FMI, están por debajo de muchos otros países que son principales productores de cobre como el Congo, Brasil y Chile. Por eso insistimos en la necesidad de mejorar los impuestos a la minería como parte de una Reforma Tributaria. El nuevo gobierno de Chile está en la misma dirección.

Puesto en simple, si ante una situación excepcional unos pocos billonarios ganan y muchos en situación vulnerable pierden, puede hacerse que los primeros compensen a los segundos y hay formas más eficientes de hacerlo.

EL REACOMODO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

La guerra viene generando otros cambios en la economía mundial. Aunque el desenlace del conflicto es aún incierto, el escenario principal apunta a reforzar una gran redefinición geopolítica hacia un mundo bipolar EEUU-China, con grandes consecuencias de mediano y largo plazo sobre los flujos de comercio, financieros y de inversiones a nivel mundial.

Este año y el siguiente el crecimiento se va a ralentizar en Europa y Estados Unidos, dadas las sanciones económicas contra Rusia y su efecto sobre el petróleo y gas. En todo el mundo, nuevamente algunas cadenas de suministros se verán afectadas. A ello se suma la probable alza de tasas de interés del banco central norteamericano, conocido como la ´Fed´ (por “Federal Reserve”). La guerra, además, atiza los miedos en una población europea que estaba saliendo de la pandemia y empezando a viajar nuevamente por el mundo. Esta situación hace que, sin que se espere una caída dramática, las oportunidades para nuestros confeccionistas y otras industrias tenderá a ser menor, mientras que la recuperación del turismo puede demorar más.

Para el Perú, mantener un mercado interno dinámico resulta, nuevamente, fundamental para el crecimiento, y la combinación de ayuda a las familias con mayor inversión pública, mejores servicios de salud y educación, financiadas con más impuestos a las mineras, muy necesaria. No se debe menospreciar el golpe inflacionario y recesivo de esta nueva alza del precio del petróleo y los granos, y de un contexto mundial menos favorable para nuestras exportaciones no tradicionales.

EL ESTADO NEOLIBERAL

La guerra nos recuerda algo más profundo. No hubo “fin de la historia”. Aunque sueño como John Lennon en una hermandad humana y a toda la gente compartiendo todo el mundo, no veré esa bella imaginación hecha realidad. Los estados nacionales siguen siendo fundamentales. La idea de que simplemente debemos dejarnos llevar por las corrientes de la economía mundial, confiar a ciegas en el “libre” comercio internacional y abandonar cualquier margen de soberanía económica, como nos vendió el neoliberalismo, no funciona.

Veamos el caso de los fertilizantes. Rusia ya decidió prohibir cualquier exportación de esos productos, porque su agricultura los necesita, pero de esa manera genera una gran escasez mundial. México y Bolivia tienen sus propias plantas estatales de fertilizantes que los defienden. Brasil se apresta a lanzar un plan nacional de producción mientras el secretario de agricultura de los Estados Unidos ya ha puesto una alerta y llamado a que sus productores nacionales no suban los precios ¿No debemos los peruanos contar con una estrategia nacional al respecto, teniendo en nuestro territorio los fosfatos de Bayóvar que la trasnacional que los explota vende al exterior sin pensar un segundo en el mercado nacional?  

Más importante: la energía. Seguimos siendo altamente dependientes del petróleo importado, el que llega en su gran mayoría a la planta de Repsol en Ventanilla, sí, esa misma del derrame. Por otro lado, tenemos bastante gas como fuente de energía, pero permitimos que se exporte bajo un contrato cuyas condiciones reducen las regalías que recibimos, y no se masifica su uso interno. Como señalé, el GLP subirá de precio, pero no el Gas Natural de Camisea (que se vende como GNV para los carros o en conexiones domiciliarias en algunos barrios de Lima y unas pocas ciudades más) dado que tiene precio regulado. El problema es que muy pocos pueden acceder a él: urge masificar el uso del gas peruano. Sobre este tema en los meses pasado colaboramos desde el MEF en un buen informe de las políticas a seguir (publicado en internet), hace falta que el ministerio de energía y minas se ponga las pilas y saque adelante los contratos de las inversiones necesarias. El aprovechamiento de energías renovables, área en la que tenemos mucho potencial, es otra política de soberanía necesaria en el marco de una transición energética para mitigar el cambio climático.

Hay varias otras áreas importantes donde una estrategia nacional dirigida por el estado es indispensable y urgente. Debe haber un rumbo claro de mediano y largo plazo. Pero mientras la corrupción campee y los intereses personales dominen en medio de repartijas y enfrentamientos estériles, seguiremos como nave al garete, que a veces avanza cuando las corrientes le son favorables, pero retrocede mucho ante vientos encontrados y corre riesgo de hundirse cuando vienen tormentas.   

YA NO MÁS “CHOLO BARATO”

Uno de los cambios necesarios en el Perú es la reinstauración de derechos laborales y de una política destinada a mejorar el empleo y los salarios, ambos ausentes desde que el fujimorismo destruyó los sindicatos y se trajo abajo los sueldos reales. Para los defensores de este sistema, que se ha mantenido por tres décadas, cualquier cambio de la política del “cholo barato” espantaría inversiones. Eso no es cierto y lo hemos visto muy recientemente: cuando a inicios del año pasado se modificó la ley de agroexportación aumentando en este sector el salario mínimo y reestableciendo algunos derechos, los empresarios del sector y sus allegados dijeron que se perderían 200 mil empleos y todas las inversiones se irían a países vecinos. La realidad es que el año pasado las agroexportaciones aumentaron en 1,335 millones de dólares y se crearon 100 mil empleos, todo lo contrario a la catástrofe anunciada.

Aún así, han habido intentos de dar marcha atrás: la presidenta del Congreso Maricarmen Alva presentó proyectos de ley para que los trabajadores dejen de recibir gratificaciones en julio y diciembre y para ampliar los contratos temporales que impiden que los trabajadores defiendan colectivamente sus derechos. De haberse aprobado estas leyes, tres empresas vinculadas a su esposo Eduardo Farah iban a ser beneficiadas: Agrícola Huarmey, Desarrollo Agrícola y Frusan Agro.

LA URGENCIA DEL EMPLEO

El gran reto en nuestro país es la generación de empleo digno. La gran informalidad que tenemos se debe en buena parte a la escasez de puestos de trabajo, ante la cual la gente para subsistir tiene que ingeniárselas con el autoempleo, que eufemísticamente las estadísticas llaman “microempresas”.

En agosto pasado, aún en la segunda ola del Covid y en recesión, promover la generación de empleos requería vacunar a la población, ir reduciendo con cuidado los controles y toques de queda e impulsar con fuerza la demanda. Era necesario darles sostén económico a las familias, golpeadas por la pandemia, el desempleo y la inflación, y con eso al mismo tiempo generar demanda que permitiera que la economía se reactive. Para eso el bono Yanapay de 350 soles a 13 y medio millones de peruanos, 200 mil empleos temporales a un costo de 700 millones de soles, apoyo a pequeños agricultores con 426 millones y una bonificación de 350 soles a los pensionistas. Esta política ha sido esencial para reactivar la economía, creciendo 13 por ciento y creándose 400 mil empleos formales al fin del 2021 que significan ya la recuperación de los niveles pre-pandemia. Los salarios reales en el sector privado el 2021 han aumentado 3 puntos por encima de la inflación. Estos logros se obtuvieron a pesar que hoteles, restaurantes y otros servicios estaban todavía afectados por la pandemia; el fin de la tercera ola y el paulatino regreso del turismo a nivel mundial nos ayudarán este año en esos sectores.

La falta de empleos es, sin embargo, un asunto estructural. Lograda la reactivación de corto plazo, hay que mantener esa dinámica y ampliar el crecimiento hacia nuevos motores productivos que generen puestos de trabajo. La agroexportación debe seguir, con irrigaciones como Majes Siguas pero sobre todo incorporando a millones de pequeños agricultores a nuevas tecnologías y productos de mayor valor, como ha venido sucediendo con la palta, el café, el cacao y otros productos. Nuevos sectores, como la forestería sostenible y la acuicultura, tienen un gran potencial y por eso otorgamos incentivos a su desarrollo y pusimos especial atención a resolver las trabas que los frenan. La industria de proveedores mineros también muestra oportunidades, por lo que instalamos una Mesa Ejecutiva de relacionamento con las empresas mineras para que los insumos que ellas necesitan se produzcan en el Perú; personalmente visité una planta de máquinas perforadoras tuneleras, ubicada en Huachipa, que hoy vende en todo el mundo. Hay mucho todavía por hacer en la diversificación productiva para la generación de empleos.

SALARIOS Y DERECHOS LABORALES EN ESTA COYUNTURA

Recordemos que la pandemia nos golpeó justo cuando el mercado laboral peruano estaba especialmente saturado por la sobreoferta que trajo la inmigración venezolana. Los migrantes salieron a las calles a disputar las ventas con los informales peruanos y, lamentablemente, también fueron explotados por empresarios inescrupulosos que los han hecho trabajar largas jornadas por salarios bajos. Si a eso añadimos la debilidad del Estado y sus políticas laborales, hemos tenido varios años en los cuales las condiciones han favorecido un mayor abuso sobre los trabajadores.  Ahora que salimos de la pandemia y la recesión, es el momento para recuperar los derechos y salarios perdidos.

Hacia agosto pasado, todavía la economía no se había recuperado y muchas empresas estaban sobre terreno financiero frágil, había que esperar un poco antes de priorizar medidas que significaran aumentar sus costos. Pero los salarios habían caído en términos reales y debíamos seguir impulsando la demanda, y por eso se otorgó un bono de 210 soles, pensado como 70 soles durante tres meses que llevaran el ingreso mínimo de los trabajadores a mil soles. Hoy, la reactivación económica ha permitido que las empresas salgan adelante; sabemos que apenas 1,3 por ciento de los créditos Reactiva se encuentran morosos, gracias a que una economía que crece 13 por ciento es también una en la que las empresas tienen buenas ventas y se recuperan. Estamos ya en otro momento económico.

Ahora es un buen momento para elevar la Remuneración Mínima Vital. Hay espacio para aumentar el salario mínimo, lo que ayudaría a los hogares peruanos a enfrentar los aumentos que se vienen en los combustibles, el pan y el pollo afectados por la guerra entre Rusia y Ucrania, así como a mantener una demanda interna dinámica. Sectores como el del turismo, particularmente afectados por la pandemia, podrían recibir a cambio un apoyo en el pago de sus contribuciones a la seguridad social. Este reajuste ya no debe demorar más; se beneficiarían un millón de trabajadores, los de menores ingresos y con menor capacidad de reclamo colectivo.

Entre 2011 y 2012 cuando era ministro de economía Luis Miguel Castilla el sueldo mínimo subió 175 soles. En abril de 2016 cuando, en ese mismo gobierno de Ollanta Humala, era ministro de economía Alonso Segura, subió 100 soles más. En marzo 2018 bajo el premierato de Meche Araoz y la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski subió 80 soles.

Desde la última alza, los 930 soles del sueldo mínimo ya han perdido 11 por ciento de capacidad de compra. Solo por inflación, la RMV debiera aumentarse en 120 soles para acercarnos al nivel que nos dejó PPK, a lo que debe añadirse la mejora de la productividad: el PBI del cuarto trimestre del año pasado es 8,5 por ciento superior al de cuatro años antes. Si se tomara como referencia la inflación total y el aumento de la productividad media del trabajo, partiendo de los 930 soles de PPK, el sueldo mínimo debería ser de 1,090 soles.

DERECHOS LABORALES, EFICIENCIA Y TERCERIZACIÓN

En estas décadas varias empresas han impedido derechos laborales recurriendo al truco de subcontratar a otra empresa, “de servicios”, a nombre de la cual se contrata a trabajadores, de tal manera que éstos no pueden ser parte del sindicato, la negociación colectiva y la igualdad salarial de la empresa principal ni reciben parte de sus utilidades. “Malditas services” las llamó un candidato demagogo años atrás. Es verdad que en algunos casos la eficiencia del funcionamiento empresarial hace que sea conveniente subcontratar a una empresa especializada en determinado rubro, pero una empresa no puede ser apenas un cascarón de media docena de gerentes y tampoco la explotación de una mina, que es el núcleo del negocio, se debe poder hacer con subcontratistas. Un nuevo decreto pone coto a estos abusos, como sucede en la mayor parte de países latinoamericanos y europeos.

Esta es una medida que, junto a la fiscalización laboral, promovería relaciones laborales más justas. Todo buen empresario debiera saber que tener trabajadores motivados y comprometidos con el progreso de largo plazo de una empresa es clave para aumentar la productividad y avanzar tecnológicamente, como hacen las corporaciones y países más exitosos.   El “cholo súper-explotado” no es la solución.

EN EL SECTOR PÚBLICO

Al interior del Estado peruano, la política de anteriores gobiernos ha violado sistemáticamente un derecho esencial de los trabajadores consagrado en múltiples convenios internacionales: el derecho a la negociación colectiva, es decir, a presentar sus demandas y sentarse a una mesa donde sean escuchados y puedan dialogar en búsqueda de mejores condiciones de trabajo. En nuestra gestión en el MEF nos sentamos con las principales centrales de trabajadores estatales y en base a ese diálogo, facilitado por la congresista y dirigente sindical Isabel Cortez, en la ley de presupuesto 2022 se incluyó un artículo que abrió las puertas a este derecho laboral. Posteriormente aprobamos un reglamento con los mecanismos para esta negociación, incluyendo criterios presupuestales que aseguran que este proceso se dé dentro de un marco de responsabilidad fiscal. Esperemos no se frustre la reinstauración de este derecho fundamental injustamente negado.

Ha habido otras violaciones serias de derechos laborales; a los maestros por ejemplo desde el fujimorato se les negó un pago – aprobado legalmente- por preparación de clases. Se ha acumulado por este concepto una deuda grande, que a fines del año pasado avanzamos pagando 1,000 millones de soles a decenas de miles de profesores activos y jubilados. Otro caso son las grandes desigualdades en el pago del Cafae, que buscamos paliar con un aumento base de 200 soles.

Siguen pendientes sin embargo reformas de fondo en el trabajo de servicio público. Hay un gran desorden en los niveles de sueldos y conceptos remunerativos en el sector público, junto a una multiplicidad de regímenes, que suman los llamados del DL 276, del DL 728, CAS que subsisten, contratos por servicios que enmascaran relaciones laborales, regímenes especiales, etc. Es un verdadero caos en el cual el autoritarismo y la corrupción encuentran terreno fértil. La última reforma de fondo intentada, la del régimen del servicio civil, apenas alcanza a menos del 1 por ciento de empleados públicos habiendo pasado ya casi una década desde que se aprobó. Reordenar el empleo público, con el objetivo de mejorar la eficiencia y calidad en el servicio a los ciudadanos, resguardando la justicia y la democracia en las relaciones laborales, es uno de los temas que el gobierno y el MEF deben mantener en su agenda.