Fernando Cillóniz defiende púbicamente eliminar salario mínimo en el agro peruano. No les ha sido suficiente a los grandes agroexportadores que todos los trabajadores del Perú les estemos pagando sus contribuciones a la seguridad social. Luego de cincuenta muertos, los hacendados quieren sus pongos de regreso. Cillóniz, quien fuera gobernador de Ica por el fujimorismo y es ahora candidato presidencial de ultraderecha es su vocero. Pero el gobierno de Boluarte está en la misma línea con sus ministros de economía y de trabajo argumentan nuevamente que “no es el momento” para subir el salario mínimo. ¿Cuándo lo sería? No lo dicen. Para el neoliberalismo defensor de grandes fortunas nunca lo es. Dina Boluarte dijo el 28 de julio pasado en su mensaje presidencial que “pronto podamos anunciar al país el incremento del Sueldo Mínimo Vital, que mejore las condiciones de vida de nuestras trabajadoras y trabajadores”, pero traicionar compromisos es característica de su gobierno.

El congreso que gobierna tampoco ha movido un dedo para lograr que los trabajadores tengan un salario más justo. A los congresistas de Keiko, Porky, Acuña, Cerrón y compañía eso les importa un bledo. Que los trabajadores podamos acceder a una partecita de lo que es de nuestra propiedad, los fondos en las AFPs y en la CTS, no es una solución. Tal medida reconoce que los salarios son demasiado bajos, pero no hace nada por mejorarlos. Vistos en la coyuntura política, la entrega de fondos de la CTS en el cien por ciento evidencia que se equivoca Arista cuando dice que el gobierno es débil, lo que le falta entender es que quien gobierna con fuerza es el congreso derechista y no el ejecutivo genuflexo.

Revisemos las condiciones de los salarios en el Perú. Nos referiremos a lo que pagan a sus trabajadores las empresas formales, las grandes corporaciones a las cuales utilidades no les faltan. El ingreso real promedio del sector privado en los primeros meses de este año era 3 por ciento menos que en el 2022 y 6 por ciento menos que el 2019, cinco años atrás. La inflación se ha carcomido la capacidad de compra de unos salarios que se quedan atrás. El escaso dinamismo de los salarios en el Perú es tan notorio que mientras una discusión central en la macroeconomía de Estados Unidos y Europa es si los salarios suben más que los precios o no, para así analizar si pueden significar una presión inflacionaria, en el Perú ningún macroeconomista discute eso porque es obvio que los salarios están estancados.

Entre el 2018 y el 2023 México mejoró su salario mínimo real en 83 por ciento, Chile en 16 por ciento y Colombia en 10 por ciento. Perú es el único país de la Alianza del Pacífico que ha ido como el cangrejo: el 2023 nuestro salario mínimo fue en términos reales, es decir en cuanto a su capacidad de compra, 9 por ciento menos que cinco años antes. Comparado con el salario promedio formal privado, el salario mínimo es sólo una tercera parte, nada elevado en relación a otras partes del mundo. En cuanto al argumento ideologizado de que lo mejor es el ‘libre mercado’, en el caso del trabajo esta teoría ya hace muchos años está totalmente desacreditada en la ciencia económica. Los trabajadores no somos cosas, el esclavismo ya acabó. Tenemos derechos y somos personas con sentimientos y voluntad. Prácticamente no hay país del mundo sin salario mínimo; quienes dicen que es una tontería tenerlo deben pensar que estadounidenses, canadienses, franceses y alemanes tienen todos gobiernos estúpidos sin interrupción por muchas décadas.

Estadísticas internacionales (presentadas amigablemente en “OurWorldInData”) indican que en Perú los trabajadores reciben el 45 por ciento del producto bruto interno. En Chile ese porcentaje es el 65 por ciento, en Brasil es 63 por ciento, en Colombia 59 por ciento del PBI va para los trabajadores. Si los trabajadores peruanos recibiéramos el porcentaje del PBI que logran en Colombia, ganaríamos unos 150 mil millones de soles más cada año. ¿Y si ese dinero no lo obtienen los trabajadores, quien lo hace? Pues los grandes empresarios, claro. La principal razón de esta enorme diferencia contra los trabajadores en Perú respecto a otros países vecinos es la facilidad con que se despiden trabajadores y de esa manera se impide el funcionamiento de sindicatos en nuestro país. Más de tres de cada cuatro trabajadores formales tiene contrato a plazo fijo, de tal manera que si se organizan y reclaman, simplemente se vence su contrato y chau, incluso la empresa puede cortarles antes el contrato a su gana. Cero derechos a reclamar. El porcentaje de trabajadores formales con “contrato indeterminado”, no a plazo fijo, se ha reducido los últimos veinte años de 38 a 23 por ciento, son cada vez menos.  Esta realidad rige también en sectores donde predominan empresas enormes de miles de millones de dólares de capital y exportaciones. Por ejemplo, la gran minería opera mediante las llamadas “contratas”, con lo cual incluso cuando hay un accidente laboral la empresa principal se desentiendo de su responsabilidad. La OIT ha señalado que la ley peruana viola los principios de la libertad sindical desde hace treinta años, cuando la impuso la dictadura fujimorista – pero el neoliberalismo y su congreso mantienen el agravio. Por eso la tasa de sindicalización en el sector privado en el Perú es de apenas 5 por ciento, bajísima, muy por debajo de países vecinos – en Chile es el triple, en Canadá 6 veces más. El 2021 reinstauramos el derecho de los trabajadores públicos a la negociación colectiva que había sido negada por varios años violando convenios internacionales y la propia Constitución, pero con Boluarte cada año se recorta más el espacio fiscal para que pueda reamente darse este derecho.

Los salarios bajos, además de ser injustos, agravan la pobreza y la desigualdad. Afectan nuestro desarrollo de largo plazo, porque bajo esas condiciones, les es más difícil a los trabajadores poder capacitarse e incrementar su capital humano. Sin ninguna estabilidad, además, pierden su inversión en conocimientos especializados, cuando los dejan en la calle cualquier día que luchen por mejores condiciones de trabajo. Con menos dinero a fin de mes se le hace más difícil a las familias populares dar una buena educación para sus hijos y asegurar su salud. Los trabajadores con bolsillos vacíos hacen que el mercado sea chico, haciendo que los peruanos que salen a hacer su microempresa se enfrentan a una ‘calle’ muy dura.

Salarios misérrimos no son buenos para el progreso de un país. Los únicos que ganan con estos salarios de miseria son los dueños de grandes agroexportadoras y mineras llenos de avaricia. Son esos bolsillos los que Cillóniz defiende, sin ningún proyecto nacional. Solo quieren que el ‘cholo barato´ siga siendo barato, y cuando los trabajadores reclaman, piden que les metan bala, como cuando los trabajadores de Ica y La Libertad han salido a protestar. Por eso han aplaudido los asesinatos de Dina. Derecha Bruta y Asesina. Así estamos.

Standard & Poor´s, una de las principales clasificadoras de crédito del mundo, rebajó la semana pasada la deuda del Perú: estamos a un peldaño de perder el grado de inversión y que los bonos peruanos sean catalogados como ´bonos basura´. Su evaluación de la perspectiva económico- financiera del Perú es como habernos rebajado la nota de 13 a 11: para los inversionistas internacionales estamos a un paso de salir jalados (para los peruanos, la gestión económica de este gobierno está bien jalado hace rato).  Un congreso derechista y una presidenta defendida a capa y espada por la Confiep incluso después de saberse que recibió Rolex y joyas en señal clara de corrupción, nos ha llevado a esta situación.

La decisión de S&P de ponernos al borde del “jalado” se da cuando los precios del oro y del cobre han tenido un alza impresionante, lo que llena los cofres de las trasnacionales mineras y deja como ´chorreo’ una parte al tesoro nacional. Son fuertes vientos a favor del fisco, buena suerte que favorece la reducción del déficit fiscal. Pero eso no resulta suficiente porque el congreso derechista sigue regalando plata y se acumulan los problemas causados por este Tribunal Constitucional al regalar 12 mil millones de soles a las grandes empresas que han venido haciendo perromuerto por sus deudas tributarias. De esta manera, el déficit fiscal se ha empinado hasta 3.3 por ciento del PBI y el ministro Arista ha declarado muy suelto de huesos que este año incumplirá la ley que establece un déficit máximo de 2 por ciento del PBI. Hay un problema serio en una democracia cuando un ministro dice en público que piensa violar la ley y ninguno de los llamados a defenderla mueve un pelo. Queda claro que Arista es parte del pacto de cogobierno entre Boluarte y el congreso y está blindado por la ultraderecha, con quien tiene una relación desde que fue ministro en el gobierno golpista de Manuel Merino y ha colaborado cercanamente con el vocero económico de Keiko Fujimori en las elecciones pasadas, Luis Carranza.

SALIDAS AL DÉFICIT

El aumento del déficit fiscal es parte del fracaso de una política económica de extrema derecha, que carga además con la responsabilidad de la recesión y empobrecimiento actuales. Cuando desde la izquierda asumimos la gestión de economía y finanzas, con otro enfoque los resultados fueron muy distintos.

Los datos están a la vista. El 2023, primer año del gobierno de Boluarte, el déficit fiscal subió de 1.7 por ciento a 2.8 por ciento del PBI, sobrepasando el tope legal establecido que era de 2.4 del PBI. Frente a esta situación a inicios de año se anunció una política de austeridad y mediante Decreto de Urgencia se cortó el presupuesto a diversos sectores, incluyendo las universidades públicas, por lo que San Marcos se ha declarado en emergencia. Pero al mismo tiempo el gobierno Boluarte aumentó el presupuesto del congreso en 50 millones de soles (permitiendo que los congresistas se suban 3,300 soles mensuales con efecto retroactivo), entrega 100 millones de soles a Oscorima y facilita 1,400 millones de soles (adicionales a los 1,200 millones que ya había sacado) al alcalde López-Aliaga para que los use sin restricciones cuando quiera. Se trata de decisiones tan insostenibles que el ministro de economía ha buscado justificarse diciendo que “el gobierno es débil”. El resultado a marzo de 2024 es un déficit que ya subió hasta el 3.3 por ciento, casi el doble del que recibió Boluarte a fines del 2022.

Para comparar con una política de izquierda democrática, podemos contrastar los resultados con los que obtuvimos en nuestra gestión de economía y finanzas entre julio y diciembre del 2021. Revisemos las cifras oficiales del BCR. El año 2020 debido a la pandemia el déficit fiscal fue 8.9 por ciento del PBI. Logramos reducir el déficit del 2021 en más de 6 puntos. Dejemos claro que eso se logró en la segunda mitad de ese año; a fines del gobierno Sagasti la proyección del déficit auditada por el Consejo Fiscal era de 5.4 por ciento del PBI, pero en solo cinco meses rebajamos a menos de la mitad de esa cifra. Gracias a eso en noviembre del 2021 pudimos vender 1,000 millones de bonos en euros a una tasa de menos de 2 por ciento anual a quince años de pago; López-Aliaga nos hará pagar a los limeños 10 por ciento anual a diez años.  

¿Cuál fue la fórmula para lograr este resultado? No fue quitarle presupuesto a la educación, la salud ni nada por el estilo; por el contrario, logramos que la vacunación contra el Covid tuviera amplia cobertura, la inversión pública ese año aumentara en 36 por ciento y la inversión privada batiera récords, se pagara 1,200 millones de soles a los maestros y se empezara a pagar pensiones a quienes habían aportado desde 10 años a la ONP. Lo que se hizo fue cobrar las deudas tributarias a las grandes empresas por 7 mil millones de soles, y junto a ello reactivar la economía, con lo que en total recaudamos ese año 48 mil millones más que el 2020 y 30 mil millones más que el 2019. La política fue más justicia fiscal, más recursos para la salud y la educación y más inversión, en vez de seguir permitiendo los abusos de los grandes evasores y acogotando a la educación pública.

El gobierno hoy propone cobrar el IGV a los servicios digitales del exterior, lo que se ha llamado popularmente ´impuesto Netflix´. Pero es una medida aislada que no cubriría ni para la décima parte del exceso de déficit que tenemos; lo que hace falta es una reforma tributaria consistente. Hoy con el cobre a 4 dólares con 60 centavos la libra y el oro encima de 2 mil dólares la onza, subir la contribución en 3 puntos para captar las sobreganancias de las grandes mineras permitiría contar con 4 mil millones de soles anuales adicionales para la educación, la salud y las obras públicas. Chile, Colombia y otros países ya subieron las tasas impositivas al sector minero, y en comparación el estudio del FMI nos permite estar seguros que no perderíamos competitividad. Otra reforma indispensable es subir el impuesto a las rentas de capital; hasta un organismo favorable al capital trasnacional como el FMI considera injusto un sistema tributario que exige a una mediana empresa o a un trabajador hasta 30 por ciento de sus ingresos, pero le pide apenas 5 por ciento de impuesto a quien heredó edificios o acciones y recibe por ello millones, como sucede en el Perú.

La derecha que nos gobierna es fiscalmente irresponsable y ahoga la educación pública mientras otorga generosas dádivas a los amigotes. Este camino solo agrava la crisis económica en que nos encontramos. Hay que abrir paso a una alternativa de justicia fiscal y reactivación de la economía de las mayorías populares.